COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 12 / No. 487/ lunes 22 de agosto de 2016 / Producción: Beatriz Alonso
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HOY:
Argentina
1) El cupo fue pensado como un piso y se usó como un techo
2) Tres de cada diez jóvenes no recibió Educación Sexual Integral
Brasil
3) Lo que el público, olímpicamente feliz, no conoce.
Chile
4) Marta Ugarte y el horror de los cuerpos lanzados al mar
El Salvador
5) La misma sombra de la clandestinidad
México
6) Hace tres años me encarcelaron por alzar la voz y evidenciar la corrupción: Nestora Salgado
Uruguay
7) Jornada ganada
8) Migrantes: Dando batalla
9) Como informar sobre violencia machista
10) Ocho años del Festival de Cine Documental Globale.
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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Argentina
1) El cupo fue pensado como un piso y se usó como un techo
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Muchas mujeres participaron de la Revolución Francesa. Marianne es el símbolo de una revolución que prometía libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, cuando Olimpia de Gouges intentó incluir a las mujeres en la Declaración de Derechos del Hombre obtuvo el extraño privilegio de ser la primer mujer decapitada.
Ahora no nos guillotinan, pero la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo más formal que real; tanto en las instituciones públicas como en la vida cotidiana.
Las mujeres ya probamos luchar por nuestros derechos desde la base. A fuerza de coraje y de ser pioneras fuimos rompiendo barreras y límites e ingresamos al mundo del trabajo, a las universidades y a otros ámbitos que, hasta hace poco, nos eran vedados.
En 1952 las argentinas votamos por primera vez, nos propusimos como candidatas al Congreso Nacional y logramos la representación parlamentaria más alta del mundo.
En 1991 la Argentina fue el primer país en el mundo que reformó su legislación electoral sancionando una cuota mínima obligatoria de candidaturas femeninas para todos los partidos.
Pasaron más de dos décadas. Aflojamos la marca y nos estancamos y, en muchas provincias, retrocedimos. Un tercio de las bancas ocupadas por diputadas era un logro importante hace veinte años. Sin embargo, hoy ya no es motivo de celebración. El cupo del 30 por ciento pensado como un piso terminó siendo un techo.
Por estos días se debate la reforma política y su incidencia en las mujeres. El proyecto presentado (por el oficialismo) no contempla ninguna mejora que aumente la participación política femenina. Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia una medida definitiva como la paridad electoral. Es decir, que las listas sean conformadas un 50 por ciento por mujeres y otro 50 por ciento por hombres de manera alternada y secuencial.
Aumentar la representación femenina en el Congreso Nacional incrementa las posibilidades de darle visibilidad a la enorme cantidad de problemas muy serios que enfrentan las mujeres en la Argentina y de que se generen políticas públicas que se ocupen de bajar la mortalidad materna y el embrazo adolescente, que den respuesta a la violencia de género, a la desigualdad de salarios a igual tarea y capacitación, al trabajo en negro y el desempleo femenino que duplican y triplican al masculino, al desarrollo de programas de cuidado de niños y ancianos a nuestro cargo… en definitiva, de construir una sociedad más justa y más amable para las mujeres.
La paridad trasciende lo estrictamente político, ya que busca transformar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres al interior de la sociedad y del hogar.
Paridad significa construir un nuevo modelo de convivencia, en el que, como en el poema de (Mario) Benedetti en la calle codo a codo seamos mucho más que dos.
COMCOSUR MUJER Nº 487 – 22.08.16
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2) Tres de cada diez jóvenes no recibió Educación Sexual Integral
La ley de Educación Sexual Integral (ESI) se sancionó hace diez años. Es un derecho de chicas y chicos recibir información científica válida, adecuada a la edad, desde el nivel inicial hasta el medio. Sin embargo, un tercio de las y los alumnos no recibió ninguna clase de ESI. Y decir que sí, en muchos casos, es un chiste, ya que solo tuvieron dos horas en todo un año lectivo. Incluso cuando se habla se dejan de lado temas centrales como la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la prevención de la violencia machista, el respeto a la diversidad sexual y la prevención de situaciones de acoso y abuso sexual, según una investigación, realizada por Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en julio del 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre 200 jóvenes, de 18 a 25 años.
La Coordinadora de la investigación es la educadora Laura Velasco, representante Mumalá en Parlamento de Mujeres de la Legislatura porteña y referente de Libres del Sur. Ella apunta: “A diez años de la sanción de las leyes de Educación Sexual Integral, en la Ciudad de Buenos Aires uno de cada tres adolescentes no tuvo ESI en su secundaria y el resto sólo cursó en promedio dos horas al año, mayormente en clases de biología cuando debería ser transversal a todas las materias. Los escasos contenidos de ESI que se imparten en las escuelas porteñas tienen una orientación biologicista. Un 82 por ciento de las/os adolescentes no recibió prevención de violencia hacia las mujeres, un 89 por ciento no tuvo prevención de abuso y acoso, un 78 por ciento no trabajó respeto a la diversidad sexual y un 59 por ciento no abordó igualdad entre varones y mujeres. Estos datos son alarmantes. A un año del #NiUnaMenos seguimos perdiendo tiempo en desplegar una herramienta estratégica como es la ESI para un cambio cultural urgente”.
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Brasil
3) Lo que el público, olímpicamente feliz, no conoce.
El pasado sábado, 20/08, en el Boulevard Olímpico se lanzó una campaña organizada por habitantes de las favelas contra el genocidio del pueblo negro, pobre y de favela.
La acción se llevó a cabo para que el público olímpicamente feliz conozca la dura realidad que los barrios pobres viven durante los juegos. Si bien fue organizada inicialmente por habitantes de favela, la idea es que se extienda a más gente.
Se exhorta a quienes quieran aportar a l campaña envíen información a @Mutirao Rio2016, y usa el hashtag #HambreDeVivir.
Transcribimos a continuación el texto de la campaña:
Muchas favelas de Río de Janeiro fueron sorprendidas con el aterrador aumento de las operaciones policiales con violaciones de derechos durante los juegos olímpicos.
Impulsado por los megaeventos y con la excusa de la guerra a las drogas, el estado realiza un excelente entrenamiento a su brazo armado para exterminar al pueblo negro, pobre y de favela.
Las denuncias de operaciones policiales violentas con allanamientos sin orden judicial en domicilios, agresiones físicas y verbales, entre otras violaciones, llegan por todos lados.
Los principales responsables de este genocidio son los batallones más sanguinarios: policías de la UPP (Unidad de Policía Pacificadora), BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) y Batallones de Policía Militar 3°BPM, 9°BPM, 22° BPM y 41°BPM. Este último considerado el batallón más mortal de Río de Janeiro: responsable de 10 de las 40 ejecuciones en el mes de mayo de este año, es decir 1 de cada 4 muertos en el período ocurrieron en las manos de este batallón que actúa en la favela de Acarí y que sigue el modelo del 9ºBPM que actúa en la favela Serrinha.
Es de conocimiento de toda la población de favelas que la militarización de la vida local genera muchos más problemas de los que soluciona. Así, es perceptible la falencia, previsible, del proyecto de la UPP.
Las favelas que más han sufrido en las manos del estado genocida son: Acari, Borel, Cantagalo, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Del Castilho, Manguinhos y Serrinha.
Ellas se están uniendo en la lucha contra el derramamiento de sangre de su pueblo.
Militantes locales comenzaron una huelga de hambre el día 20 de agosto a las 15hrs. en el Boulevard Olímpico con exigiendo el fin inmediato de las operaciones, el fin al uso de carros y helicópteros blindados y la reparación de los estragos causados por las operaciones
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4) Chile
Marta Ugarte y el horror de los cuerpos lanzados al mar
“Marta no volvió, la echo de menos”
Hace un par de semanas, se dictó sentencia contra 28 agentes de la dictadura implicados en el secuestro y homicidio de Marta Ugarte Román. En 1976, su cuerpo fracturado emergió del mar y fue la constatación de la forma en que el régimen hacía desaparecer a sus opositores. Sus hermanas y sobrinas relatan los 40 años en que exigieron justicia, los dolores que arrastran y cómo el crimen de Marta definió toda su vida.
El 12 de septiembre de 1976, un pescador encontró el cadáver de una desconocida en la playa La Ballena, en Los Molles: su piel estaba quemada, de sus brazos y cuello colgaban alambres, los huesos de su cuerpo estaban rotos. La prensa informó que se trataba de una veinteañera que había sido asesinada por su amante.
Dos semanas después, Hilda y Berta Ugarte Román reconocieron el cuerpo en un mesón del Servicio Médico Legal. Era su hermana, Marta. Tenía 43 años; su crimen era político, no pasional; llevaba más de un mes secuestrada por los organismos represores.
Hilda y Berta observaron que el brazo izquierdo, desgarrado por un corvo, apenas se sostenía en su sitio, que las manos no tenían uñas y que le faltaba una parte de la lengua. La autopsia reveló otras brutalidades: tenía la columna quebrada, estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho.
El martirio a Marta, militante comunista y jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO durante el Gobierno de Salvador Allende, fue, según reveló el informe forense, hecho en vida.
Ugarte, junto a otros cientos de ejecutados políticos, había sido lanzada al mar por los militares. Le habían inyectado una sustancia letal para asesinarla y la habían puesto, tras múltiples torturas, dentro de un saco, pero, contra todo pronóstico, ella seguía viva cuando iban a arrojarla al agua. Entonces sus captores decidieron cortar uno de los alambres que ataban un trozo de riel para hundir su cadáver y con ello la estrangularon. El helicóptero Puma dejó caer el cuerpo. Marta no se hundió.
Los agentes de la Brigada Purén lo relataron así en el proceso judicial del caso: “Fue llevada a un sector eriazo de Peldehue, bajada de una camioneta e inyectada, a pretexto de ser vacunada, sustancia que no la mató inmediatamente, por lo que tuvieron que abrir el saco entre todos y ahorcarla con un alambre, amarrarla e introducirla a la fuerza a un saco que fue subido al helicóptero, para posteriormente ser lanzado desde las alturas a alta mar”.
Pasaron cuarenta años y recién, hace algunas semanas, 28 uniformados que participaron de su crimen -entre ellos Carlos López Tapia, Ricardo Lawrence Mires y Pedro Espinoza Bravo-, fueron condenados a penas de entre 12 años y 61 días de cárcel por el secuestro y asesinato de Marta. Se ordenó además al fisco indemnizar a la familia con $100 millones por el daño moral.
Hilda y Berta pasaron esas cuatro décadas exigiendo justicia. Los primeros días, recorrieron centros de detención con la fe improbable de encontrar viva a Marta, y luego, cuando conocieron el espanto, denunciaron una y otra vez su homicidio.
Hilda (78) recuerda obstinadamente cada detalle, en un duelo sin tregua.
Berta (76), afectada por demencia senil, ha olvidado todo, pero cada cierto tiempo repite una frase:
-Marta no volvió, la echo de menos.
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El Salvador
5) La misma sombra de la clandestinidad
Pagina12
La historia de Belén puede rastrearse dolorosamente en otros casos de la región, como el de María Teresa Rivera. Presa durante cinco años en El Salvador por un aborto espontáneo, expone las consecuencias nefastas de la prohibición total que rige en ese país desde 1998. Se estima que unas 35 mil salvadoreñas abortan cada año en condiciones precarias y cada 21 minutos una adolescente de entre 10 y 19 años queda embarazada. La mayoría fueron violadas.
María Teresa Rivera despertó esposada a la camilla del Hospital: no sabía cómo había llegado ahí. Menos entendía por qué la policía le preguntaba por un bebé si ella no estaba embarazada. Su único hijo, Óscar David, ya tenía seis años. El último recuerdo nítido de Teresa tenía la forma del dolor. Un malestar intenso en la panza que la había despertado en la madrugada. Después, todo era incertidumbre. No sabía que se había desmayado y que el ruido de su cuerpo contra el piso había despertado a su suegra, que la encontró inconsciente y sangrando. Estaba tirada junto a la fosa séptica que hacía de inodoro en su casa de paredes de lámina del barrio Mejicanos, en San Salvador. Teresa no podía imaginar que la acusarían de aborto y luego la condenarían por el asesinato de un bebé que ni siquiera sabía que existía. 40 años de cárcel: el castigo más severo dictado por la Justicia salvadoreña ante complicaciones obstétricas. Aquel 24 de noviembre de 2011 Teresa seguía esposada a la cama. La única certeza que tenía era que le correspondía un abogado, porque algo no estaba bien.
En el país más pequeño de Centroamérica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas son tan estrechos como sus límites geográficos. Las embarazadas son rehenes de sus propios úteros: si sus fetos nacen muertos, ellas sufren abortos espontáneos o cualquier complicación, se convierten en sospechosas de un delito. No hay presunción de inocencia y la única ley que rige es ser madres a como dé lugar.
El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para lxs profesionales de la salud. La prohibición obliga a lxs médicxs a continuar con embarazos ectópicos, es decir, fuera del útero. Esperan que el corazón deje de latir mientras las mujeres temen que la trompa de falopio les explote.
Cuando la figura de aborto no está en la baraja de delitos aplicables, lxs efectores de Justicia echan mano a la carta de homicidio agravado, que tiene una pena de hasta 50 años de cárcel. Esa fue la que jugaron contra Teresa cuando la condenaron en 2012. En el juicio no se comprobó si ella tuvo un parto a término y el feto murió o tuvo un aborto espontáneo esa madrugada en la que se desplomó. Ella no sabía que estaba embarazada: no vio crecer su barriga, ni dejó de menstruar. El juez no le creyó. Y basó la condena en los dichos de una compañera de trabajo que contó que Teresa creía estar encinta. El comentario lo había hecho once meses antes del episodio que investigaban. ¿De qué manera pudo mantener en el vientre un bebé todo ese tiempo?
Como si este panorama no desbordara injusticia, el último 11 de julio legisladores de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidieron al Congreso aumentar las penas para las que abortan: quieren que de 2 a 8 años pase de 30 a 50. Amnistía Internacional ya advirtió que esta propuesta es “escandalosa, irresponsable y va en contra de los estándares de derechos humanos”.
Las feministas salvadoreñas son como los volcanes que pueblan esas tierras: están siempre en actividad. Gracias a la militancia, después de casi cinco años encerrada, Teresa recuperó su libertad. El último 20 de mayo el juez Martín Rogel revisó la condena y la anuló. Reconoció que se habían basado en errores periciales: no había prueba directa para demostrar que ella había provocado la muerte del feto que la policía y los bomberos encontraron flotando en la fosa séptica. Según la autopsia del Instituto de Medicina Legal murió por “asfixia perinatal”, que puede ocurrir por causas naturales.
El caso de Teresa no es el único. Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos. 26 de ellas fueron declaradas culpables. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico llegó a estas cifras después de revisar cientos de expedientes. En 2014, junto a Colectiva Feminista lanzaron la campaña “Las 17” para visibilizar esa cantidad de casos entre los que está el de Teresa. Con la difusión, conocieron más historias calcadas. Tuvieron que cambiar el nombre a “Las 17 y más”. Lograron la libertad de Teresa y el indulto de otras dos. Todavía hay unas 25 mujeres encerradas con penas altas.
“Teodora del Carmen, una mujer muy valiente. Mayra, que tiene 13 años de estar en prisión y entró cuando tenía 18. Cinthia Maricela, Alba Lorena, Sarita, Cindy, Kenia… Son muchas”, dice María Teresa a Las 12 sentada en la Casa de Todas, el lugar donde funciona la Agrupación que logró su libertad. Las conoció detrás de los barrotes de Ilopango, un penal de mujeres que aloja a 3.600 presas, desbordado cuatro veces en su capacidad. El primer año Teresa durmió en el suelo. “Nosotras, Las 17, aprendimos a convivir de una manera especial. Sin juzgarnos, sin criticarnos. Nos dábamos fuerzas”, cuenta. El mismo discurso que las juzga por no haber podido ser madres afuera, atraviesa los muros del penal: las otras presas las llaman las “comeniños”.
Aquella madrugada de 2011 fueron los médicos del Hospital los que la denunciaron por “indicios de haber abortado”. Más de la mitad de las mujeres presas por complicaciones obstétricas son denunciadas de esta forma: no hay secreto profesional. Cuando a Teresa la trasladaron a la dependencia policial, los custodios la hostigaban. “Si yo te hubiera agarrado te hubiera sacado todas las tripas”, le decían. Le quitaron los medicamentos que le habían dado para soportar el dolor y tampoco le pasaban comida. “Mi suegra me llevaba alimento y ellos no me lo daban”, cuenta. Comía porque otras detenidas le compartían su propia comida. Consiguió la representación de la Agrupación Ciudadana gracias a una vecina, Ana, que fue testigo del despliegue de Bomberos y policías la noche que se la llevaron.
Ahora, Teresa cocina en una tienda improvisada comidas típicas para ganarse unos dólares: papitas, churros preparados. La fiscalía apeló a la decisión judicial que la devolvió a la calle pero ella ya solo piensa en la libertad. Proyecta el futuro de su hijo. “Quiero que sea un profesional, que nadie me lo engañe. Ha sido muy difícil pero tengo que luchar para sacarlo adelante. Nada ni nadie me va a detener”, dice con la potencia de una maternidad deseada y elegida.
COMCOSUR MUJER Nº 487 – 22.08.16
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México
6) Nestora Salgado Hace tres años me encarcelaron por alzar la voz y evidenciar la corrupción:
Desinformémonos.
Un lugar montañoso y calmado acoge a la luchadora social Nestora Salgado luego de haber salido de prisión. Hoy, acompañada de su esposo, hijas y nietos reconstruye su vida y trata de “recuperar” el tiempo perdido, tras 2 años 7 meses de prisión.
¿Qué recuerdos tienes de aquel 21 de agosto de 2013?
El 21 de agosto será un día marcado en mi vida por muchas razones, para mi fue un día normal, por la mañana estuve en la casa, subí un rato al rancho, estuve al pendiente de la Policía Comunitaria. Por la tarde me hablaron para informarme que había un problema en Tlatlauquitepec. Con toda la intención de ir a apoyar a la comunidad les hablé a los compañeros para que se alistaran y fui a cargar gasolina, nunca me imaginé que ya había un operativo en contra de nosotros y que iba a ser detenida en el camino.
¿Cómo fueron esos primeros momentos?
Me topé con un retén militar frente al Tecnológico de Olinalá, ahí inició la pesadilla. Sinceramente yo estaba muy confiada porque sabía que no había hecho nada malo, que todo mi trabajo era legal y respaldado por la Ley 701 del estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria de Olinalá, llevaba mi credencial como Coordinadora de la Policía Comunitaria, pensé que en Chilpancingo se iba a aclarar todo, pero de pronto me di cuenta que todo estaba muy sucio y me espanté, no me imaginé lo grave del asunto.
¿De qué te percataste?
De entrada pensé que me iban a llevar al Ministerio Público y pedir mi declaración, que iban a decir de qué me estaban acusando pero no sucedió así. Esperamos mucho tiempo en el lugar, todavía tuve oportunidad de avisar a mis compañeros que me estaban deteniendo, llamé a la gente de las comunidades, a los normalistas de Ayotzinapa. No sabía qué era lo qué estábamos esperando, minutos más tarde me di cuenta que era a la Marina, quienes habían llegado por mi para llevarme primeramente a Chilpancingo. Fue el mando de la marina quien me dijo que estaba arrestada pero nunca me enseñó una orden de aprehensión, al lugar también llegó la policía municipal y estatal que fueron cómplices del operativo que se había orquestado en mi contra.
¿Cómo fue tu traslado hacia Chilpancingo?
Primero nos íbamos rumbo a Tlatluquitepec pero los compañeros ya habían cerrado la carretera, tomamos el camino rumbo a paso Morelos, el traslado fue muy rápido pues esa gente quería salir lo más pronto de la montaña antes de que los compañeros cerrarán las otras vías. En el camino platiqué con el mando de la marina con quien meses antes había coordinado acciones para resguardar a mi comunidad, le dije oiga comandante usted ¿cómo ve esto? y él me respondió: Sabe que señora, yo lo único que le puedo decir es que esto apesta.
Llegando a Chilpancingo me trasladaron en helicóptero a Acapulco, llegamos como a las dos de la mañana y me llevaron a una casa aislada, no era ninguna instancia del gobierno ni nada, era una casa en donde había una camilla, en ese momento pensé que me iban a matar y que ya no la iba a contar.
¿Cuál fue tu reacción en ese momento?
Saqué los documentos de Estados Unidos que constatan que soy ciudadana americana, los votaron y se empezaron a reír, me dijeron que eso ahí no servía. Al otro día me levantaron a las seis de la mañana. A pesar de que les exigí que me permitieran llamar a un abogado, llevaron a uno de oficio que me confesó estar confundido y sorprendido de que a esas horas de la mañana hubiesen ido por él para que tomara mi declaración.
Él ni siquiera estaba escuchando mis respuestas, no tenía ningún interés por defenderme, él estaba ahí porque quienes me detuvieron necesitaban cumplir con un requisito para mantenerme en prisión, minutos más tarde me trasladaron a Tepic en un avión privado del gobernador Ángel Aguirre.
La gente que me llevaba se la pasaba tomándose fotos conmigo como si fuera una estrella de televisión o un botín recientemente logrado, me preguntaron cómo me sentía y les dije que estaba tranquila. Cuando me preguntaron si tenía miedo les respondí preguntándoles a qué le tenía que tener miedo. Con firmeza les aseguré que no tenía miedo porque no había hecho nada malo, y que si el gobernador estuviera buscando paz para Guerrero no estaría deteniéndome, a lo que ellos confesaron que todo ya estaba bien planeado y previsto.
¿Cómo fueron para ti los primeros momentos en Tepic?
Cuando llegamos al aeropuerto ya estaba esperándome la policía federal, al entrar al penal fue como entrar a la boca de un monstruo, un monstruo que come gente. Sentí temor ante la presencia de mujeres rudas y bruscas que iban a realizarme la ficha, me pusieron ante las cámaras y me preguntaron: ¿delito? Yo dije: ninguno. Con voz más alta otra repitió: ¿delito? Yo con la voz igual de alta respondí de nuevo: ninguno.
Que diga usted de qué se le está acusando. Más serena respondí que ni siquiera sabía de qué se me estaba acusando, que yo no había cometido ningún delito, pues fungía como policía comunitaria. Fue en ese momento cuando la directora se sorprendió y me dijo: a ver véngase para acá. Me cuestionó y, ya de otra manera, me dijo que me estaban acusando de secuestro. Le aseguré que yo no había secuestrado a nadie y le expliqué el funcionamiento de la policía comunitaria, pero a pesar de que muy en el fondo me entendió, me dijo que oficialmente me estaban acusando de secuestro, así que eso era lo que tenía que responder. Por cuarta vez me pusieron frente a las cámaras y cuando me preguntaron ¿delito? Fue secuestro, le respondí.
¿Qué experiencias recuerdas de la cárcel?
Adentro me di cuenta de que había entrando a un lugar con gente que trabaja para el sistema, gente que no se tienta el alma para hablar con la verdad, sino que solamente hace lo que necesita para hacerte ver como una criminal. A los pocos días de prisión me aislaron en una celda que estaba llena de polvo, arañas, nidos de pájaros, todo seco, un cuadro sin luz, donde a veces se olvidaban de darme de comer. Yo empecé a ver a gente cuando comencé a salir a los juzgados.
Recuerdo que a mi familia la autorizaron verme hasta dos meses después de haberme encarcelado, por lo que la experiencia fue más difícil aún, psicológicamente fue muy fuerte, hubo momentos en los que pensé que no iba a salir viva de ahí. Llegó el momento en que decidí hacer la huelga de hambre, por una parte en protesta por cómo me estaban tratando, y por como estaban tratando a mis otros compañeros policías presos. Vivir en la cárcel es fuerte y vivir aislada y torturada psicológicamente fue peor. 21 meses después, el 29 de mayo de 2015, me trasladaron al penal de Tepic, donde pude tener contacto más frecuente con mi familia y con la gente que me apoyó y me dio ánimo para seguir.
A tres años de lo ocurrido ¿cuáles piensas que fueron los motivos de tu detención?
Para mi es muy claro que fue para desarticular a la policía comunitaria de Olinalá, que en poco tiempo había tenido grandes logros contra la delincuencia en la comunidad. Ahora sé que nos veían como adversarios y que no vieron con buenos ojos la organización del pueblo, de otra manera no me explico porque tanta saña. Por otra parte, gente del gobierno vio afectados sus intereses en Olinalá específicamente con el narcotráfico y la trata de personas, lo digo con toda responsabilidad, pues la criminalización se dio luego de que fuimos nosotros quienes teníamos pruebas: videos, fotos, testimonios de lo que estaba pasando en la región. Yo creo que estas pruebas pusieron en alerta a las personas que están detrás de esto y estás personas estaban vinculadas al gobierno, por eso la fabricación de los expedientes a modo de perjudicarme totalmente.
¿La criminalización continúa?
Sí, las personas apelaron las órdenes de libertad otorgadas a mi favor, sin embargo confío plenamente en que pronto saldremos de esto. Estoy plenamente segura de que no he cometido ningún delito y que mi actuar y el actuar de la policía comunitaria es legal y legítimo, pues lo único que hemos hecho es ejercer la autonomía, la creación de nuestros propios sistemas de justicia y la libre determinación de nuestros pueblos. De casi 60 supuestas víctimas, ninguna se presentó, aún cuando yo misma ofrecí pagar un camión para su traslado. Los supuestos peritajes realizados por la PGR se vinieron abajo cuando pude comprobar que yo había estado en una conferencia de prensa el mismo día en que me acusan de haber asesinado a cientos de kilómetros del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, existen testimonios, videos y las notas de prensa que constatan mi presencia en otro lugar.
La comunidad nacional e internacional jugó un papel fundamental para logar tu liberación ¿Qué mensaje les envías?
Lo único que podría decirles es que agradezco infinitamente su apoyo y que va a ser imposible estar frente a frente con cada uno, no me va a alcanzar la vida, pero quisiera extender mi agradecimiento infinito. Quiero decirles que puedo mirarlos a los ojos, que tengo la convicción de seguir trabajando para el pueblo, porque yo vengo de un movimiento del pueblo. Que no esperen a una profesional porque no lo soy, pero que lo que hice y sigo haciendo es un movimiento del pueblo.
Yo era una ama de casa, no tengo experiencia política ni mucho menos, ni experiencia en movimientos, fue la necesidad que tuvimos en Olinalá lo que me llevó a ser lo que soy, la necesidad de la gente fue la que me obligó a dar la cara. Hoy seguiré dándola por la gente, abrazando luchas que nos necesitan, seguiré alzando mi voz con mi llamado a la unificación, a la unidad.
Quiero decirles que sigo con la cara en alto porque busco hacer las cosas de la mejor manera con el pueblo organizado. Lo que yo quiero es que salgamos juntos en búsqueda de justicia, seguridad y el respeto a la dignidad de nuestra gente. Con mi experiencia les aseguro que lo que necesitamos de manera urgente es un pueblo organizado, tenemos que dar el paso juntos o cada quien desde su espacio, pero organizados. Yo le pido a toda la gente que en su momento creyó en mi y que me apoyó, que se organice en sus colonias, en sus estados. Unificar a nuestros pueblos y organizarnos es la única opción que tenemos.
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7) Uruguay
Jornada ganada
La Diaria
Hoy se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica: feriado pago no laborable. El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo ayer en conferencia de prensa que el salario real del sector aumentó 106% desde 2007, y aseguró que de las 100.000 mujeres que se calcula que trabajan como domésticas hay cerca de 72.000 registradas en el Banco de Previsión Social; es el único sector que aumentó la cantidad de puestos registrados en la seguridad social durante el último año. El ministro también indicó que desde 2005 estas trabajadoras han accedido a beneficios básicos, como licencia por enfermedad, seguro de paro y jubilaciones, y recordó que desde 2014 tienen derecho al seguro por accidentes de trabajo. “Este es un sector con una siniestralidad importante, lo que hace que este beneficio sea muy valorado”, concluyó.
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No podrán salir “al aire” mujeres con sobrepeso en Egipto
Desinformémonos / Prensa Latina
Ocho presentadoras de televisión en Egipto no podrán salir “al aire” durante las emisiones de sus programas por ser consideradas con sobrepeso, anunció un comunicado de la Unión de Radio y Televisión Egipcia (ERTU).
Las ocho mujeres tienen un plazo de un mes para que reduzcan su peso a través de dietas y ejercicio, entre otros métodos, indicó el organismo rector de la radiodifusión oficial del país.
El Centro de Orientación y Sensibilización legal de la Mujer (WCGLA) rechazó la medida impuesta por las televisoras, y aseguró que se trata de una violación a la Constitución egipcia por ser discriminatoria y una forma de violencia psicológica.
Según la Unión, las afectadas recibirán sus salarios y bonificaciones, durante los 30 días de separación, fecha en que será reevaluada su imagen ante las cámaras de televisión. Ante esto, el WCGLA exigió la revocación de la suspensión.
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Migrantes
8) Dando batalla
La Diaria
Familia siria que vive en el Prado cuenta sus dificultades de inserción: trabajo y costo de vida son los mayores obstáculos.
Son de Idlib, una ciudad ubicada al noroeste de Siria, a 60 kilómetros de Alepo. La guerra civil en su país comenzó en 2011 y al año siguiente se desató en su ciudad. Un avión tiró una bomba a 500 metros de su casa; se exiliaron en Líbano. En agosto de 2014 fueron entrevistados por una delegación oficial en la Embajada uruguaya en Líbano, y dos meses después llegaron a nuestro país junto a otras cuatro familias de refugiados sirios. La familia Alkassem está compuesta por el padre, la madre y 11 hijos. Viven en el Prado de Montevideo, pero no saben qué pasará en poco más de un mes, cuando se cumpla la fecha prevista para que el Estado uruguayo deje de apoyarlos. Al día de hoy, un solo integrante de la familia tiene trabajo; cobra 15.000 pesos y trabaja en negro.
Son muy cálidos, y al recibir a las visitas se apresuran a decir “bienvenidos” en un español que muestra el esfuerzo por hablar nuestra lengua. Nos invitan a sentarnos, pero los asientos no alcanzan para todos, así que varios de ellos se quedan de pie. Un día invitan un té; otra tarde Fátima, la mamá, nos prepara falafel -algo así como croquetas de garbanzo- que sirve con salsa de yogur, pan de pita (también elaborado por ella), un relleno de carne y tomates cortados en cubos. Un despliegue delicioso.
Los padres apenas hablan español. El mayor de los hijos tiene 24 años y el más chico, un año y medio; lo presentan como “el uruguayo”, porque nació aquí. Quienes entienden más y les traducen lo que se habla alrededor son sus hijos. Safa, de 16 años, Sofi, de 20, Basel, de 22, y Mohamad, de 24, oficiaron de traductores en el diálogo con la diaria.
La familia llegó a Uruguay por el Programa de Reasentamiento de Personas Sirias Refugiadas en Territorio de la República Libanesa, que gestó el gobierno del ex presidente José Mujica a mediados de 2014. El programa, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, se planteó inicialmente albergar a 120 familias de refugiados que estuvieran residiendo en Líbano, un país del tamaño del departamento de Lavalleja que albergaba a 1.200.000 refugiados sirios, explicaba por entonces Javier Miranda, responsable de la Secretaría de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) avaló la propuesta y se ocupó de hacer una preselección de familias; el gobierno uruguayo había puesto como requisito que 60% de las familias estuvieran integradas por niños. Una misión oficial entrevistó a los preseleccionados. El 9 de octubre de 2014 llegaron 42 personas y el Estado se comprometió a darles, por 24 meses, apoyo financiero (que incluye la subvención de la vivienda), técnico (con el acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales), servicios de intérpretes y clases de español. El gobierno de Tabaré Vázquez dilató la llegada del segundo contingente y en enero de 2016 confirmó que no vendría.
Carestía nacional
La familia Alkassem vivió casi dos meses en un hogar de los hermanos Maristas. Mientras el programa tramitaba una vivienda, estuvieron diez días en Parador Tajes y luego se radicaron en el Prado. La casa es fría y la única calefacción que tienen es una estufa a gas, con un solo panel encendido; por costumbre, todos calzan chancletas. ¿Les gusta Uruguay? “La gente, sí”, responde el padre. Sin mucho preámbulo, dan cuenta de las limitaciones que viven. Relatan que en la entrevista en Líbano les habían anunciado que los sueldos de aquí eran de 1.000 a 1.500 dólares; “nos dijeron que iba a haber trabajo para mi padre y mis hermanos, y acá no hay trabajo y todo es caro”, lamenta Sofi. “En Líbano vivíamos mejor que acá”, expresan. Pronto hallaron que la mayoría de los salarios son inferiores y que el costo de vida es alto: de energía eléctrica tienen que pagar 5.000 pesos y de agua, alrededor de 2.000. El alquiler de la casa cuesta 30.000 pesos y es costeado por el programa. El primer año recibieron un apoyo económico de 100.000 pesos por mes y el segundo, 70.000 pesos.
“Estamos buscando trabajo pero no encontramos. Es difícil para los uruguayos; para nosotros, más”, cuenta Basel, de 22 años. Naser, el padre, tenía una fábrica de bloques en Siria. Allí tenían un buen pasar y, en comparación con Uruguay, era barato vivir. Basel cursaba abogacía en su país; acá no quiso seguir y estudia Administración de Empresas en el Universitario Crandon. Ha trabajado pintando paredes y en un parking. El único que tiene trabajo es su hermano Mohamed, de 24 años, que es empleado de un parking, donde está en negro y cobra 15.000 pesos (previamente había trabajado en Tacurú haciendo limpiezas). Sofi, de 20 años, tampoco ha podido conseguir empleo. Su padre no ha trabajado aquí y su madre se dedica a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. En Siria “el salario de una persona es suficiente para una familia grande”, compara Basel.
Consultado por la diaria, Miranda derivó las consultas a Jimena Fernández, coordinadora técnica del programa. Ella detalló que se le ofreció trabajo (y capacitación) a los tres hombres adultos en una empresa constructora y que lo rechazaron, en 2014 y en 2015. Naser y Basel explicaron que el padre estaba mal de salud cuando le hicieron la propuesta la primera vez. Además de no quedarles claro que la capacitación llevara a una oportunidad laboral, la propuesta de la formación era de noche, lo que coincidía con el estudio de Basel.
Fernández agregó que en 2016 se le ofreció un trabajo en buenas condiciones a uno de los hijos y que no lo pudo sostener y concurrió un solo día. Basel explicó que la propuesta era para trabajar en el aeropuerto, para empaquetar. El salario era de 12.000 pesos, pero debía tomarse dos ómnibus para ir y dos para volver, por lo que a las ocho horas de trabajo debía sumarles tres de traslado; la oferta resultaba incompatible con el estudio.
La coordinadora del programa agregó que se trabajó con la familia en torno a “varias posibilidades de pequeños emprendimientos empresariales, sobre los cuales no terminaron de tomar una decisión”. Los Alkassem contaron que uno de esos proyectos consistía en abrir un restaurante de comida árabe; les hicieron la propuesta, en octubre de 2015, tres integrantes del programa y tres de la Intendencia de Montevideo, con el dinero que aportaría un inversor. Les aseguraron éxito, pero que no podrían abrir durante el verano, cuando baja la cantidad de gente en Montevideo. Para que realmente rindiera el negocio debían vender alcohol, algo que tendría que hacer otra persona, porque su religión no se lo permite a ellos. Según la familia, seis meses después les dijeron que el inversor se había conseguido otro socio; el restaurante sigue sin abrir. Otra propuesta consistía en vender ropa, y para ello tendrían que comprarla en el “barrio de los judíos”, donde no son precisamente bienvenidos. Varias de las propuestas son para limpiar, algo que no les gusta; por lo que contaron, los varones no suelen limpiar y las mujeres lo hacen en sus casas. Explican que están dispuestos a trabajar en cualquier cosa pero no en la limpieza, y se preguntan si no hay otros trabajos.
En julio de 2015 Miranda compareció a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. “Por supuesto, nadie desconoce que mantener una familia de 12 o 14 personas con dos salarios -que precisamente no son de gerentes de banco, por decir algo- es muy difícil, y por eso la inserción es complicada. En realidad, creo que esa es una de las cosas que deben reverse, ya que la composición familiar es una variable fundamental para las posibilidades de inserción”, consideró, cuando todavía se pensaba traer el segundo contingente. Miranda recordó que Mujica había reclamado: “Yo pedí campesinos y no me trajeron ninguno”, y reprobó que tres familias vivieran en Montevideo: “Insertar una familia de 14 personas en la capital es muy difícil en términos laborales y de autosustento”, reconoció.
Vida cotidiana
La casa es pequeña: no tienen lugar ni muebles para sentarse todos juntos a comer. Hay tres dormitorios; en uno duermen los padres con los dos niños más chicos, en otro los tres mayores y en el más grande hay seis camas, pegadas una a la otra. “¿Para qué Mujica quería familias grandes, para tenernos así?”, pregunta Sofi, mientras señala las camas y la humedad del ambiente. Si pudieran, volverían a Siria, pero no quieren hacerlo mientras dure la guerra. Acusan que “el programa no es justo” y que Miranda les dijo que no tenían futuro en Uruguay.
Aun con las carencias de la vivienda, no quisieran irse de allí. Han establecido lazos con los vecinos, ubican los comercios y puestos de las ferias con mejores precios y todos los hijos que tienen entre cinco a 18 años concurren a escuelas y liceos de la zona, donde, de a poco, han ido haciendo amigos. El apoyo en idioma español ha sido escaso. Mientras estuvieron en el hogar de los Maristas tuvieron clases de español de lunes a viernes; luego pasaron a tener dos veces por semana, pero sólo los padres y Sofi, que no estudia, y en julio dejaron de tener clases, contaron.
La inserción escolar no ha sido sencilla; en 2015 comenzaron cuando el año ya estaba muy avanzado y en 2016 los tres liceales lo hicieron semanas después, porque no estaba aceitado el mecanismo interinstitucional. “La van remando como pueden”, contó una adscripta, señalando las dificultades con el idioma. “El programa pretendía que se insertaran para socializar más que para lo académico pero en algún momento había que encontrarles la inserción académica, porque necesitan y quieren estudiar; Marwa dice ‘yo quiero ser médica’”, explicó la docente. Muchas de las calificaciones están relacionadas con el enorme esfuerzo que ponen los estudiantes, valoró. Señaló, además, las diferencias culturales; puso como ejemplo que les llamaba la atención la “falta de conducta de los chiquilines, las contestaciones, cómo se tratan, cómo se pegan”. “Son realidades totalmente distintas. Ellas decían que [en Siria] entraba el profesor a la clase y se paraban, nadie le contestaba, mientras que acá ven volar papelitos. Es súper loable el esfuerzo”.
No saben qué ocurrirá en octubre. Fernández comentó que “todas las familias tendrán la vivienda asegurada”, aunque no dijo cómo ni dónde. Señaló que el programa se encuentra “en pleno rediseño” y que analizarán “en qué casos es necesario que continúen teniendo apoyo y en qué casos no”.
Amanda Muñoz
COMCOSUR MUJER Nº 487 – 22.08.16
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9) Como informar sobre violencia machista
Medio a Medio/ Tribuna Feminista
La editorial Cátedra publica “como informar sobre violencia machista”, un libro del periodista Jose Mª Calleja, que se convertirá en libro de referencia para los estudios de periodismo que de verdad quieran analizar cómo se informa sobre una violencia excesiva, vicaria y simbólica.
Estamos ante un texto que deben leer todos los profesionales de la información, periodistas y gráficos, independientemente del medio o el lugar en el que desarrollen su labor informativa. Pero también para, quienes al otro lado, somos receptores de los relatos.
La importancia de la conceptualización adecuada
Jose Maria Calleja analiza exhaustivamente la problemática de la violencia de género desde muchos ámbitos y comienza analizando la importancia del lenguaje. Él trabaja con la palabra y conoce la importancia de la conceptualización adecuada a la hora de informar, por eso no rehúye el debate en torno a la utilización del concepto violencia de género, que sufre un ataque inmerecido, pero lógico, dado el trasfondo de lo que por sí mismo explica.
Calleja nos desmenuza la implicación que tiene el uso de unos u otros conceptos y nos introduce en el análisis de los marcos léxicos que construyen el mundo para dejar claro, ¡que si!, que el lenguaje es también un instrumento para transmitir la idea patriarcal de superioridad del hombre.
El capítulo tercero del libro muestra algo más que la vocación periodística de Calleja. Aquí el periodista se posiciona y lo hace de manera declarativa en el primer párrafo de ese capítulo:
Los periodistas no podemos ser neutros ni neutrales. Debemos buscar la verdad, contar lo que pasa, ser profesionales y honestos. Debemos ser rigurosos, pero no podemos mostrarnos equidistantes de víctimas y victimarios. No cabe equidistancia con respecto a un hombre que asesina y una mujer que es asesinada, con respecto a un hombre que humilla, pega, maltrata durante meses o años y una mujer que vive aterrorizada por su pareja o expareja, que es humillada, maltratada o asesinada. No cabe bisetriz moral entre un maltratador y una maltratada, entre el que aterroriza y la aterrorizada, ente un criminal y una víctima. (J.M.CALLEJA)
Calleja reclama ética periodística en el tratamiento de estas informaciones y deja claro que “informar bien no significa igualar opiniones o testimonios que no pueden ser equiparables”. Reniega del relato de la violencia contra las mujeres como sucesos, desmenuza y ejemplifica y -como profesor que es- apela a los periodistas para que renieguen de hacer relatos que parecen deducir las razones, y por tanto justificaciones, que impulsan a los hombres a esos crímenes. No se puede desde los relatos periodísticos armar simbólicos que justificarán acciones injustificables.
La estructura del libro toca todos los elementos de interés en la construcción de la noticia incluida las informaciones sobre las denuncias previas a un asesinato y como se puede influir en un relato periodístico para animar a las mujeres a dar pasos positivos para salir de la violencia.
El libro se sirve de referencias reales y se mete de lleno en la respuesta de la Justicia a esta violencia. Enfoca la esquizofrenia que supone que los relatos periodísticos tracen como sospechosas a las mujeres y muestra la necesidad de un acuerdo social y mediático similar al que se gestó contra el terrorismo etarra.
Como los ejemplos abundan, nos pone frente a uno de los casos más terribles de 2015 donde una justicia miope y prejuiciosa consintió que un individuo, durmiese en el hospital con su víctima, tras haberla agredido brutalmente. Aquella miopía institucional hizo, en palabras de Calleja, que aquel individuo la matase dos veces.
¿La TV muestra bien la realidad?
Los dos últimos capítulos están dedicados al acoso impune contra mujeres y activistas en la red, y a la TV como el medio de credibilidad inherente.
Calleja describe a las imágenes como “algo inapelable” porque una imagen es percibida como verdad y hace reflexiones inquietantes, porque nos descubre al principal medio para construir simbología.
Desmenuza aquel eslogan de CNN “esta pasando lo estás viendo” para animarnos a reflexionar sobre como se monta, como se seleccionan y como se construyen los relatos audiovisuales, y deduce que incluso lo que estás viendo es interpretable, porque una cámara muestra un trozo de realidad y poniendo el foco en un aspecto oscurece o invisibiliza otro. Todo eso se hace, como se queja Calleja, “sin seleccionar, estructurar y jerarquizar” como se supone que exige el periodismo.
Calleja se compromete profesionalmente para acabar con la normalización del maltrato. Este libro solo lo podría haber escrito alguien con sentido ético del periodismo y con un sentido claro de las relaciones entre los géneros. Solo lo podía escribir quien conoce los mecanismos de construcción de la noticia y nos anima a diseccionarla para que ninguna supuesta neutralidad esconda el dolor y ponga el foco en la barbarie como un reclamo para obtener beneficios.
Estos son los periodistas que nos reconcilian con una profesión que está repensándose y con un periodismo que reclama a lectores y espectadores capacidad crítica para renegar de comprar y ver basura informativa.
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10) GLOBALE 2016
Del 31º de agosto al 16 de setiembre se realizará en Montevideo y Canelones, por octava vez consecutiva el Festival de Cine Documental Globale.
El Festival Globale propone a través de la difusión del cine documental, espacios de información, debate y encuentros de ideas e iniciativas sociales, con el fin de contribuir a la construcción de un pensamiento crítico sobre las consecuencias del proceso de globalización capitalista. Es una iniciativa sin ánimo de lucro, independiente, auto gestionada y no competitiva, con entrada libre y gratuita.
En esta edición destacamos especialmente la participación de diversos invitados extranjeros, entre ellos: Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) y Pablo Haddad (del equipo de realización del documental «Pañuelos para la historia»), que estarán presentes durante la proyección en el Sindicato de Artes Gráficas (SAG ) el viernes 9/9, así como la realizadora del documental «Tierra Golpeada», Celeste Helmet, en la proyección del día 7/09 en el Servicio Ecuménico Solidario (SES).
Durante el Festival, diversos artistas expondrán sus obras. Escultura, pintura, fotografía, diseño y música, son algunas de las disciplinas que participarán. Además, se incluirá en dos proyecciones, una en Montevideo y otra en Canelones, cortometrajes para niños y niñas, que serán acompañados al cierre de cada proyección, con talleres de expresión y merienda para compartir.
También destacamos que este año habrá proyecciones Post Festival en Colonia, los días 24 y 25 de setiembre.
En 2016 los audiovisuales seleccionados tratan distintas temáticas: arte como herramienta de emancipación, iniciativas alternativas y auto gestionada por las comunidades, impactos de la globalización capitalista en los sectores más desposeídos y vulnerables; violencia de género y patriarcado, y resistencia de los pueblos a mega proyectos que pretenden imponer y legitimar situaciones de opresión.
En adjuntos, listado de películas 2016, mayor información sobre el Festival, contactos, afiches y programación detallada.
www.festivalglobale.org
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de
quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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