Entradas de agosto de 2017

JÓVENES Y ESTUDIANTES DE PAYSANDÚ TOMAN LA PALABRA

1) Jóvenes y estudiantes de Paysandú toman la palabra
2) Parlamento ignora decisión de la CIDH sobre transparencia en designación para la SCJ /Walter Pernas
3) Consumo privado y festival del crédito /José Antonio Rocca
4) En Argentina también lavaron las coimas de Odebrecht a través de Uruguay /Pablo Alfano y Fabián Werner
5) Justicia de Brasil indaga si Petrobras pagó "propinas" al comprar compañía del gas /Pablo Alfano y Fabián Werner

COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1834 – jueves 17.08.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) JÓVENES Y ESTUDIANTES DE PAYSANDÚ TOMAN LA PALABRA

Lamentamos las declaraciones públicas realizadas por el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el cual relata los hechos basándose únicamente en el parte policial.

Intergremial de estudiantes de Paysandú, 15 de agosto del 2017

En la madrugada del 15 de agosto, alrededor de la 1:30 horas, en la Plaza Artigas de la Ciudad de Paysandú se generó un hecho en donde efectivos policiales procedieron a reprimir a un grupo de jóvenes, mayoritariamente estudiantes y trabajadores, que se encontraban en el lugar.

Algunos de estos jóvenes previamente fueron partícipes y organizadores de una actividad estudiantil en el marco de la conmemoración del Día de los Mártires Estudiantiles, en donde se realizó una marcha por 18 de julio, desde Zorrilla, doblando en 19 de abril, continuando por Florida, culminando en un evento artístico frente al Centro Universitario de Paysandú, en calle Montevideo entre Uruguay y Florida, contando con las habilitaciones pertinentes. El evento se lleva a cabo con total normalidad, finalizando alrededor de las 0:00 horas.

Luego de finalizada la presentación cultural, este grupo de 15 jóvenes aproximadamente se dirige a la Plaza Artigas, un espacio público, a distenderse antes de retornar a sus casas. Los jóvenes llevaron una pelota de futbol con la que jugaron a los pases, y además estaban compartiendo un vino mientras conversaban sentados en una ronda cerca de la fuente. Cabe aclarar que no todos estaban bebiendo alcohol, sino solo algunos de ellos, lo cual queda demostrado en la espirometría efectuada con posterioridad. Los jóvenes que estaban bebiendo alcohol tenían conocimiento de la normativa vigente, respecto a su ingesta en los espacios públicos.

Siendo la 1:30 horas, un patrullero se detiene en la plaza, y se baja uno de los dos efectivos policiales que abordaban el automóvil, para comunicarle al grupo de jóvenes que no estaba permitido jugar a la pelota en la plaza ni tomar alcohol. Uno de los jóvenes le pregunta por qué no se puede jugar allí de forma tranquila, a lo que el efectivo policial le responde “en 5 minutos paso por acá y si no se fueron los llevo presos”. El efectivo policial vuelve al patrullero, y dos minutos después llegan dos motos y una camioneta con refuerzos, visualizándose también algunos patrulleros merodeando la plaza. Cabe especificar que los jóvenes no estaban generando ruidos ni perturbando el silencio necesario para el buen descanso de los vecinos, no hubo gritos, no hubo música y no se jugaba un partido de fútbol sino que estaban jugando a los pases a una distancia considerable de dos metros aproximadamente. A pesar de esto ante el pedido de los policías se detuvo el juego, aun considerando absurda y desmedida esta petición, para no tener problemas.
Al llegar los refuerzos, se agrupan y se dirigen al grupo de jóvenes, algunos policías con rostros cubiertos, diciéndoles que “los femeninos se retiren”. Cuando una de las jóvenes le pregunta por qué deberían dividirse, el oficial de radiopatrulla los agrede a empujones. Los jóvenes le reiteran que no tienen por qué dividirse, ante lo cual el oficial encargado del operativo agarra del cuello a uno de ellos para detenerlo. Cuando esto sucede, una compañera abraza al joven para intentar protegerlo (a partir de aquí se pueden visualizar los hechos en el video que circuló por las redes sociales).

A partir de allí se desencadena una serie de forcejeos violentos por parte de la policía, mientras los jóvenes les intentaban pedir explicaciones y tener un diálogo con ellos, sin obtener resultado satisfactorio. Por el contrario, los efectivos policiales se dirigieron a los jóvenes con improperios, insultos y descalificaciones como “falopero”, “marronsito”, etc. Un comentario a destacar es el que le dice una policía femenina a uno de los jóvenes ante la petición de éste de que le cambien las esposas de atrás para adelante para poder firmar lo que se le solicitaba: “con que no te gusta por atrás, te gusta por adelante” (por citar solamente alguna de las varias descalificaciones que recibieron).

Otra cosa a destacar es que más de un efectivo policial tenía armas largas en el momento del hecho, cargando las mismas para intimidar. Ante eso los jóvenes les dicen que están desarmados y que no amerita ese tipo de intervención (esto consta de forma muy clara en el video). El forcejeo sigue y termina con un efectivo policial masculino que aparta a una de las jóvenes a los sinchones, la tira arriba de un cantero tomándola de los pelos y golpeándola. En el video se puede apreciar claramente esto, con repetidas peticiones por parte de los jóvenes de que las dejen tranquilas, instando al dialogo y a llegar a un acuerdo en paz. Cuando la joven está siendo golpeada en el piso, otra joven se acerca a intentar proteger a su compañera, cuando un efectivo policial le pega en la zona de las costillas con la punta de la cachiporra, generándole lesiones. Estas lesiones no fueron constadas por salud pública ya que en ningún momento la revisaron. Siendo esto una omisión por parte de las funcionarias de salud pública.

También sucede esto con otro joven, que tenía la frente visiblemente lastimada. Ante la omisión de la funcionaria de salud pública a revisarlo, él le reclama que lo revise, a lo que la funcionaria le responde “eso queda a criterio de la policía”. Estando en una sala de emergencias del HEL, un policía comienza a revisar el celular de uno de los jóvenes. Uno de ellos le solicita que no lo haga ya que para eso necesita la orden de un juez. El policía le responde de modo irónico “cállate la boca, vos no me vas a venir a aplicar la ley a mí”. Luego de un largo rato allí, le hacen un inventario de lo que poseen los jóvenes, los dirigen a la seccional segunda y los meten en el calabozo, permaneciendo allí hasta las 6 de la mañana.

La presente declaración es la primera y única versión oficial de los hechos por parte de las víctimas de los hechos relatados. Por lo que se considera de total irresponsabilidad las publicaciones efectuadas por algunos medios desvirtuando totalmente los hechos, basándose en información inexistente.

Lamentamos las declaraciones públicas realizadas por el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el cual relata los hechos basándose únicamente en el parte policial.

Se entiende que este hecho no fue un caso aislado, sino que la represión policial ocurre periódicamente con los jóvenes en la ciudad de Paysandú, sin tomar demasiada notoriedad pública, como sí lo hizo este hecho por la viralización de un video de jóvenes que se encuentran organizados. Desde el año 2014, la Intergremial de Estudiantes de Paysandú constata que se han sucedido hechos de forma similar en reiteradas ocasiones. Como por ejemplo en movilizaciones del “No a la baja” se les ha requisado brochas y baldes. Más grave aún, en una ocasión en la que los jóvenes se encontraban en el salón de Afempay (donde organizaban sus asambleas), se detiene un patrullero a cinco minutos antes de empezar la misma, en la puerta del sindicato, para poner contra la pared a los estudiantes, por procedimientos “de rutina”. En ocasión de las movilizaciones por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hubo un intento por parte de la policía de frenar la movilización, sucediéndose malos tratos y requisas, que terminaron con quejas en la mesa interinstitucional departamental (MIPS) y con un encuentro en Casa Joven con el Jefe de Policía, donde se plantearon los hechos.

Esta organización de estudiantes, ante los repetidos sucesos de abuso policial, se han contactado en su momento con organizaciones de derechos humanos para asesorarse sobre los procedimientos de actuación policial y sobre lo que pueden hacer y sobre lo que no. De manera que son jóvenes que están informados de las reglas de convivencia, leyes y protocolos.

Ante todo le expuesto en el presente documento, la Intergremial de Estudiantes de Paysandú repudia absolutamente estos hechos que atentan contra los derechos de los jóvenes a participar en la vida y del espacio público, sin molestar a nadie y sin perturbar en ningún momento el orden público. Se rechaza de forma rotunda el modo de proceder de la policía, reprimiendo y haciendo abuso de poder antes de intentar un diálogo para llegar a un acuerdo.

Se entiende y se aclara que este fue un hecho particular, pero que forma parte de una creciente presencia policial en la ciudad. Esta organización expresa una profunda solidaridad con los compañeros violentados y golpeados, y convoca a la sociedad a estar atentos, y a no ser indiferentes ante este tipo de situaciones.

¡Le decimos basta a la criminalización de la juventud. Basta ya de represión y maltrato!

Intergremial de estudiantes de Paysandú
COMCOSUR INFORMA Nº 1834 – 17/08/2017
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2) PARLAMENTO IGNORA DECISIÓN DE LA CIDH SOBRE TRANSPARENCIA EN DESIGNACIÓN PARA LA SCJ

Poder Legislativo negoció en secreto el nombramiento de una ministra, en un paquete político. Vulnera el estándar interamericano y desoye el último informe de la Comisión sobre Uruguay

Walter Pernas/ Sudestada, 09/08/2017

El Poder Legislativo volvió a desconocer las recomendaciones y exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los procesos de selección de las máximas autoridades del Poder Judicial, al negociar a puertas cerradas la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De esta manera, ignora de manera reincidente el Informe “Garantías para la Independencia de los y las Operadores de Justicia” que la CIDH elaboró en 2013, y desconoce las recomendaciones específicas que la Comisión realizó el pasado 27 de junio para el Estado uruguayo.

En este último “Informe sobre Audiencias Públicas del 162 Período de Sesiones” la Comisión Interamericana respaldó a las organizaciones de la sociedad civil que “denunciaron que el proceso de selección” parlamentaria de ministros y ministras de la SCJ “tiene como eje principal la negociación política partidaria”.

Delegadas que representaron a 27 organizaciones uruguayas –como Cainfo, Serpaj, Ielsur, Amnistía, Mujer Ahora, Cotidiano, entre varias– indicaron ante la Comisión que tal proceso de designación “está viciado por secretismo y falta de transparencia, que no está previsto ningún proceso de participación ciudadana, no está garantizado el derecho al acceso a la información en el proceso de selección, y no existe la posibilidad de rendición de cuentas posterior”, señala la CIDH en su Informe.

“La Comisión Interamericana recuerda el estándar interamericano en la materia, que indica que para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de las y los operadores de justicia, es prioritario brindar una oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo”, afirma el Capítulo Uruguay del Informe.

Y añade que “tal como se indica en el Informe ‘Garantías para la Independencia de los y las Operadores de Justicia’, los Estados deben emitir de manera previa y pública las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos en el poder judicial”.

La Comisión considera “positivo que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos”.

La CIDH sostiene que lo antedicho “resulta fundamental cuando se trata de la designación de las y los operadores de justicia de las más altas jerarquías y el procedimiento y selección se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo o Legislativo”.

“De igual manera, la Comisión Interamericana considera que para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del Poder Judicial, resulta conveniente incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo”, establece el Informe en su capítulo específico dedicado al Estado uruguayo.

Pero nada de esto se cumplió en el proceso parlamentario que terminó por designar a la ministra Bernadette Minvielle como nueva integrante de la SCJ.

Walter Pernas / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1834 – 17/08/2017
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3) CONSUMO PRIVADO Y FESTIVAL DEL CREDITO

Por José Antonio Rocca /Segunda quincena agosto 2017

Basta prender la TV para visualizar una catarata de propaganda ofreciendo dinero a los consumidores. Facilidades, sorteos, premios de todo tipo. Hasta abrazos.

El “atraso del tipo de cambio y el “liberalismo importador” complementan el escenario significando la otra cara de la moneda. Góndolas y publicidad incentivan el consumo fomentando el creciente endeudamiento ya sea para llegar a fin de mes o para acceder a mercancías atractivas en una dinámica de funcionamiento que procura constantemente confundir tener con ser.

El negocio es muy lucrativo para los prestamistas. Incluye dos segmentos de mercado diferenciados. Los Bancos atienden directamente a los sectores de ingresos altos y medios (i) mientras que otras empresas financieras que frecuentemente son sus satélites realizan préstamos a los usuarios de ingresos medios y medio-bajo (ii) que representan el 84% de la población del país.

Si bien todas las tasas de interés son elevadas, las relativas a las casas bancarias causan asombro. Deudores que reciben $ 10.000 terminan pagando entre $ 15.000 y $ 20.000 en cuotas que comienzan a pagarse casi inmediatamente. Con índices de precios al consumo (IPC) que según predicciones oficiales ronda el 5% anual los rangos de las tasas de interés generalmente superan claramente el 40% y pueden llegar a ubicarse en entornos del 100% anual.

El tema asume importancia relevante cuando los estudios de mercado revelan que el segmento abastecido por las financieras se encuentra endeudado en su enorme mayoría “el porcentaje de personas con algún tipo de endeudamiento en esta medición se sitúa en 81%” (iii) Hay que destacar por otra parte que los datos de estas estadísticas no cubren deudas hipotecarias, ni relativas a la compra de automóviles y otros bienes duraderos.

Además, cada persona tiene en promedio 2,1 créditos vigentes y aumenta el número de casos que declara tener entre dos y tres. (iv) No es casual entonces que aumente la morosidad pese a que frecuentemente las empresas prestamistas cobran directamente de las nóminas salariales.

Los datos desnudan la crisis negada por la conducción económica al exponer las causas que dificultan el pago de deudas. “La mora ha estado al alza los últimos meses y las explicaciones de los usuarios son mayoritariamente por pérdida de empleo, dificultad para conseguir nuevo puesto de trabajo, disminución de la cantidad de horas trabajadas” (v)

A esto se suma la expansión de la bancarización obligatoria de cobro de salarios y jubilaciones. Una documental que filme la realidad exhibiría la ampliación de una imagen en que la “patria financiera” ahoga la economía real. El dinero de trabajadores y jubilados debe pasar por un intermediario que lo recibe en una ventanilla de manera gratuita mientras que del otro lado del mostrador cobra intereses de usura por prestarle ese dinero incluso al mismo asalariado. Los banqueros además obtienen mejores instrumentos para facilitar el cobro directo de sus préstamos.

Por si todo esto fuera poco el sistema financiero cobra comisiones por el uso de tarjetas mientras “jinetea” algunos días el uso del dinero de las compra-ventas y promueve la mayor concentración de los mercados mediante acuerdos con el comercio más poderoso.

Para que no queden dudas sobre para quien es el negocio, la reducción de sucursales del Banco República, aumenta la tajada de los privados.

Mientras tanto la conducción económica habla de país productivo y de equidad.

Gotitas de economía

La empresa ADVICE que monitorea el mercado laboral uruguayo registra para el primer semestre de 2017 un descenso de 8% en la demanda de fuerza de trabajo respecto al mismo lapso del año anterior. En el segundo trimestre la caída fue de 10.2%. En julio fue de 6.1%. Ellos dicen que los datos son auspiciosos porque la brecha se acorta. En mi perspectiva descenso sobre descenso, deprime más el mercado y crece el número de trabajadores que pierden su empleo.

Las cifras oficiales del INE registran para los siete primeros meses del 2017 un incremento del IPC de 4.7%. El rango meta es de 5% para todo el año. Además las cifras y la “sensación térmica” parecen alejarse más.

Los datos oficiales en Argentina registran incremento de 1.8 % en julio de 2017 respecto al mes anterior. En los primeros 7 meses los índices rondan el 14%. (vi)

Estadísticas de la OCDE sobre distribución del ingreso, ubican a Chile y México como los de mayor desigualdad en datos de 2015. Con un índice de Gini (vii) de 0.45. Seguidos por Turquia con 0.39. La menor diferenciación la registra Islandia con 0.22. (viii)

The New York Times informa que Estados Unidos elabora una serie de medidas comerciales contra productos chinos. Estudia incrementos de impuestos a mercancías de ese origen. Avanza el proteccionismo en el mundo a la par que los manuales de economía que hablan de “globalización”.
En los primeros 6 meses de 2017 las fusiones y adquisiciones en Europa crecieron 13%. (ix) A la par que los manuales de economía “venden” hermosos y sofisticados “modelitos econométricos” con el supuesto de competencia perfecta. (x) Y hay muchos “compradores”.

Notas:

(i) Las estadísticas dividen la población en 5 estadios o quintiles de ingreso desde el A al E. Generalmente los Bancos atienden desde el A al C1 que constituyen los de mayor poder adquisitivo.
(ii) Los denominados quintiles de ingreso C2,D y E.
(iii) Monitor de Mercado de crédito al consumo abril-junio 2017 de la financiera Pronto.
(iv) Idem
(v) Idem
(vi) Tomado de Sudestada.com.uy artículo de Fabián Werner 1/8/2017.
(vii) Indice que mide el grado de desvío respecto a una distribución igualitaria.
(viii) Tomado del sitio Resumen latinoamericano.
(ix) Finanzas.com
(x) Es decir infinidad de pequeños oferentes y demandantes, de similar poder de mercado, sin barreras de acceso y salida de los mercados, información perfecta de los competidores y productos totalmente uniformes definiendo cada mercado. Si alguien conoce un mercado de este tipo por favor que que me avise que tengo curiosidad por verlo.

José Antonio Rocca /La economía de a pie COMCOSUR INFORMA Nº 1834 – 17/08/2017
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4) EN ARGENTINA TAMBIÉN LAVARON LAS COIMAS DE ODEBRECHT A TRAVÉS DE URUGUAY

Desde dos guaridas fiscales transfirieron al menos USD 11 millones de Odebrecht a empresa uruguaya instalada en Zonamérica. Además exfuncionario del gobierno usó una SA fantasma

Pablo Alfano y Fabián Werner (*) / Sudestada, 06/08/2017

La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). A cambio obtuvo jugosos contratos para construir un sistema de potabilización en Parana y el Soterramiento del Ferrocarrill Sarmiento en Buenos Aires.

En el primer caso, el de AYSA, lo hizo utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda que, a su vez, trasegaron ese dinero a la SA uruguaya Sabrimol Trading. Esta sociedad fantasma funcionaba en Zonamérica, la zona franca de Montevideo, en el kilómetro 17.500 de ruta 8, según la documentación oficial que obtuvo Sudestada.

Esta empresa fue creada el 6 de diciembre de 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador y con un capital inicial de 2,1 millones de pesos. En el Banco Central del Uruguay figuró al menos hasta 2013 como una sociedad anónima emisora de acciones al portador.

Hasta ahora no se sabía nada de esta empresa creada por el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien cesó su actividad laboral a fines de 2014, justo cuando el escándalo de Lava Jato estaba metiendo tras las rejas a una buena parte del sistema político y empresarial en varios países latinoamericanos.

Sabrimol Trading SA operó con el RUT número 215997030012 durante cerca de siete años, aunque ahora figura como “contribuyente clausurado” por la Dirección General Impositiva.

Uno de los "doleiros" que se acogió al beneficio de la delación premiada en Brasil, Olivio Rodrigues Junior, más conocido como "Gigolino", comenzó a explicar a la Justicia de su país una intrincada red de sociedades fantasmas. Así fue cómo se llegó a Sabrimol Trading SA, una de las empresas uruguayas que era la destinataria del dinero para el pago de coimas de la constructora Odebrecht.
En la mayoría de los casos el dinero que los "doleiros" (cambistas ilegales en la jerca brasileña) trasegaron desde Panamá y Antigua y Barbuda hacia Sabrimol se hizo a través de la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay.

Pablo Alfano y Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1834 – 17/08/2017
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5) JUSTICIA DE BRASIL INDAGA SI PETROBRAS PAGÓ "PROPINAS" AL COMPRAR COMPAÑÍA DEL GAS

Mientras la petrolera brasileña anuncia juicio al Estado uruguayo, en Brasil se investiga si el negocio pagó sobornos a tres intermediarios. Dos de ellos están imputados por corrupción

Fabián Werner y Pablo Alfano / Sudestada, 16/08/2017

El anuncio de Petrobras del inicio de una demanda millonaria contra el Estado uruguayo por los perjuicios sufridos en el negocio de compraventa de la compañía del gas tiene una turbia historia detrás.

Néstor Cerveró, el ex gerente del área Internacional de Petrobras, que hoy se encuentra preso en Brasil por cobrar sobornos para entregar licitaciones a varias empresas constructoras, relató a la Justicia de su país cómo se dio ese proceso de negociación, que fue muy desventajoso para la estatal brasileña.

El documento que obtuvo Sudestada es el “Termo de Colaboração N°21” que firmó Cerveró con la Justicia de Brasil, en el marco de su acuerdo de colaboración refiere a la “Compra de compañías de gas en Uruguay 2006/2007”, en referencia a la actual Montevideo Gas y a Conecta.

Cerveró relató en su testimonio que en los años 2006 y 2007 Petrobras había culminado con el proceso de compra de las estaciones de Shell en Uruguay y Paraguay en el marco del proceso de expansión de la estatal en la región.

El entonces ministro de Industria Jorge Lepra le planteó a Cerveró si no existía interés por parte de la empresa de adquirir también las dos compañías de gas (en aquel momento Gaseba, propiedad de Gaz de France, y Conecta). “La gente de la dirección internacional de Petrobras, de forma de solucionar un pleito del gobierno uruguayo, inició negociaciones y compró Gaseba a Gaz de France”, narró Cerveró.

Relató también que “pensando en el crecimiento del mercado de gas en Uruguay Petrobras compró también una pequeña empresa, Conecta, que tenía el derecho de vender en todo el país, excepto en Montevideo”.

Petrobras pagó 8 millones de dólares por Gaseba y un monto menor (que no precisó) por Conecta. Al concretar esta compra, “en verdad Petrobras ‘assumiu un mico’”, dijo Cerveró, utilizando una expresión coloquial que en portugués quiere decir que hizo un negocio ruinoso.

Al fundamentar esta afirmación, el exgerente dijo que “Gaseba había comprado la compañía en la época de las privatizaciones en aquel país” y que “tenía problemas laborales gigantescos” y una “red de distribución muy antigua”.

“Posteriormente el gobierno ayudó en la resolución de los problemas laborales”, recordó Cerveró, y concluyó que “la compra de esas dos compañías fue una decisión de cuño político para atender un pedido del gobierno uruguayo”.

Quien hizo posible el negocio, explicó Cerveró en su testimonio, fue Luiz Carlos Moreira, quien por aquella época se desempeñaba como gerente ejecutivo de Nuevos Negocios del área Internacional de la petrolera brasileña. También participaron Atan de Azevedo Barbosa, a quien definió como “un antiguo operador del mercado nacional, un intermediario de negocios, ligado con Shigeaki Ueki (expresidente de Petrobras), primo de Nelson Jobim (exministro de Defensa de Lula) y fue director de Interbras, una empresa de comercialización internacional de Petrobras”.

La tercera persona ligada a las negociaciones fue el uruguayo Eduardo Irigaray, a quien Cerveró, sin dar más detalles, calificó como “un operador del mercado uruguayo”.

Consultado sobre la eventual “irregularidad” que Cerveró podría señalar en esta operación, el exejecutivo de Petrobras señaló “la posibilidad de que Luiz Carlos Moreira, Atan Barbosa y Eduardo Irigaray se hayan beneficiado personalmente con esos negocios” pero negó estar en condiciones de “afirmar que eso haya ocurrido”.

En lenguaje corriente, Cerveró decidió denunciar el cobro de coimas como una simple “posibilidad” pero se negó a aportar las pruebas de su insinuación.

Pablo Alfano y Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1834 – 17/08/2017
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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EL MODELO VA A TENER QUE CAMBIAR

MUMIA:

1) 8 de agosto DE 1978 por Mumia Abu-Jamal

2) EEUU viene por Evo Morales

3) Kenia elige la violencia.

4) “El modelo va a tener que cambiar, nos guste o no”


COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 833/ Miércoles 16 de agosto de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) 8 de agosto DE 1978 por Mumia Abu-Jamal
Desde la nación encarcelada
(Amig@s de Mumia, México / Rebelión=

Era temprano por la mañana… la hora de descanso, calma y reposo.
El 8 de agosto de 1978 sólo se oía el trajinar de los pájaros en busca de alimento, cuando apareció una banda de policías fuertemente armados. Atacaron la casa comunal de MOVE*, Powelton Village, en el oeste de Filadelfia. Cientos, tal vez miles, de balas impactaron en la casa. ¿Cómo podríamos determinar la cantidad de balas? Porque antes del anochecer, la casa quedó destrozada –arrasada y nivelada con el suelo oscuro y húmedo.

Con cañones de agua inundaron la casa vaciando en ella cientos de galones de agua. El objetivo era expulsar a los integrantes de MOVE de su propio hogar comunal.

Cuando, por fin, los hombres, las mujeres y los niños emergieron de las aguas turbias para escapar de la muerte por asfixia o por bala, se enfrentaron a decenas de policías que les apuntaban diabólicamente con rifles y pistolas. Instintivamente levantaron los brazos para demostrar que no llevaban armas y evitar que la camarilla enfurecida de policías les dispararan.

Delbert África logró salir por una ventana del sótano con las manos en alto y con la espalda y el pecho desnudos. Le dieron culatazos y golpes con un casco policial hasta que cayó, luego lo apalearon y patearon una y otra vez en la cara y la cabeza. Varias horas después, cuando se presentó en el tribunal para la lectura de cargos, su ojo izquierdo parecía una pelota de golf. La saliva le corría por la barbilla debido a la fractura de mandíbula.

Casi todos los hombres recibieron golpizas, ¿y qué les pasó a las mujeres? Las llevaron en coche a las orillas del río Delaware, donde escucharon a los policías discutiendo entre sí. Uno decía: “Vamos a violarlas y luego las echaremos al agua”. Finalmente las trasladaron a la Casa de Correcciones, una prisión del condado, para ser enjuiciadas.

Lo que les pasó a estas mujeres y a estos hombres ese 8 de agosto –la lluvia infernal de balas, golpes, amenazas de violación y encarcelamiento– no fue nada comparado con lo que tuvieron que enfrentar en los tribunales de Filadelfia. Allí les negaron todos sus derechos, incluyendo el supuesto derecho a la autodefensa. Fueron golpeados nuevamente por negarse a participar en su propio linchamiento legal.

Y el colmo de los colmos fue la condena: Una sentencia colectiva dictada por el juez Edwin Malmed de un mínimo de 30 años y un máximo de cien. ¡¿Por homicidio en 3er grado!? Malmed, en una llamada telefónica que hice al talk show de Frank Ford en la radio WWDB FM (donde el juez estaba invitado) respondió a mi pregunta sobre quién asesinó al policía diciendo: “No tengo la menor idea”. Nueve personas. Nueve hombres y mujeres. ¡Nueve integrantes de MOVE con condenas de 30 a 100 años!

Hoy, 8 de agosto de 2017, los integrantes de MOVE cumplen 39 años en prisión. De los nueve, sobreviven siete. Merle y Phil África han retornado a la Fuente** en circunstancias sospechosas. Otro hecho: Ninguna de las hermanas de MOVE fue acusada de portar armas. Además, Eddie África nunca fue acusado de homicidio. ¿De qué le acusaron? De tentativa de asalto. No, no estoy bromeando. Los integrantes de MOVE siguen en prisión hoy en día por una sola razón: por formar parte de MOVE… y nada más.

De lo único que son culpables es de haber resistido a un sistema racista, brutal y corrupto. El mismo sistema que generó el encarcelamiento masivo a una escala jamás vista en el mundo.
Estas sentencias son una abominación.
¡Libertad para Delbert, Eddie, Mike, Chuck, Janine, Janet y Debbie África!

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

Notas de Rebelión:
*MOVE: Es el Movimiento por la Liberación Negra, que originalmente se llamó Movimiento Cristiano por la Vida. La mayoría de sus integrantes eran afroamericanos y estaban a favor de una forma de vida en armonía con el medio ambiente. Su fundador fue John Africa, quien adoptó su apellido como homenaje al continente madre. Los miembros del grupo vivían en una casa comunal.
**Merle Africa murió en la cárcel en 1998; Phil Africa murió en la cárcel en 2015 por «causas naturales», según el escueto informe del penal. En ambos casos, los militantes de MOVE expresaron dudas sobre las verdadera causa de la muerte de sus líderes encarcelados.

–©’17maj 31 de julio de 2017 Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org – Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com – Traducción Amig@s de Mumia, México – Editado para Rebelión por Silvia Arana.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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2) EEUU viene por Evo Morales
Hugo Moldiz Mercado (Rebelión)

El Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, -un experto en temas de subversión ideológica-, se ha encargado de “avisarle” al presidente Evo Morales que “Ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela”. La respuesta del líder indígena no se dejó esperar: “Bolivia ni Venezuela son patio trasero de nadie”.

Ha pasado algo más de tres años para que el encargado de Negocios de los Estados Unidos, Peter Brennan, terminara de confirmar, este 10 de agosto, el carácter de la misión política, encubierta y desestabilizadora, que se le ha encomendado para Bolivia desde el Departamento de Estado, las agencias y los servicios secretos estadounidenses.

En circunstancias aparentemente no extraordinarias, el hombre que está al frente de la embajada de EEUU desde junio de 2014, aprovechó una actividad pública para hablar con la prensa y lanzar, de manera natural, un mensaje injerencista de múltiples propósitos. “Ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela”, fueron las palabras del diplomático estadounidense.

Organizada o no la pregunta de la prensa, Brennan, quien es un experto en subversión ideológica, en su contacto con los periodistas giró entorno a tres aspectos puntuales: la crisis de Venezuela, la posición de respaldo de líderes de izquierda al gobierno y lo que podría pasarle a Bolivia si opta por el mismo camino.

Las declaraciones del responsable de la embajada de EEUU en Bolivia podrían interpretarse como una provocación y un globo de ensayo que forma parte de la estrategia que Washington está desarrollando para desgastar al proceso de cambio y evitar que el presidente Evo Morales se presente en las elecciones generales de diciembre de 2019. En todo caso, no se trata de palabras improvisadas ni mucho menos lanzadas al azar sin esperar efectos políticos dentro y fuera de Bolivia.

¿Cuáles son los objetivos que persigue Brennan?

En primer lugar, incidir aún mas en las voces políticas, mediáticas y de sectores de la sociedad civil –todas de oposición-, que critican las diversas manifestaciones de apoyo y solidaridad del presidente Evo Morales con la revolución bolivariana, el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente.

Las palabras de Brennan son coherentes. La estrategia imperial contempla aislar a Venezuela de la mayor parte de la comunidad internacional, un objetivo que no ha logrado en meses a pesar de contar con la complicidad del incansable secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no pudo reunir un total de dos tercios de votos de los estados miembros del organismo regional para activar la Carta Democrática Interamericana. En Cancún, México, alcanzó a 20 y en el encuentro de Lima, convocado por el presidente peruano, Pablo Kuczynski –similar a Sánchez de Lozada en su fisonomía, la manera de hablar y su forma de pensar-, se aprobó una declaración con 17 países.

Contra Venezuela se ha lanzado una estrategia de injerencia de amplio espectro que contempla elementos y medidas políticas, económicas, militares y mediáticas que tiene por objetivo la destrucción de la revolución Bolivariana a partir de una implosión interna y, si fuera necesario, una intervención militar por “razones humanitarias” como ha advertido el viernes pasado Trump.

En segundo lugar, utilizar la pésima imagen que el aparato mediático ha logrado instalar en el imaginario colectivo de sectores sociales permeables a la estrategia estadounidense para disuadir al gobierno de Evo Morales de no seguir respaldando a Maduro. Se juega con los sentimientos de la gente –el miedo, la indignación y el odio, propias de la denominada guerra de cuarta generación-, para fortalecer certezas en la gente alineada política y culturalmente en contra de los procesos de cambio y construir dudas en algunos sectores que forman parte, en la base social y en niveles de dirección, de estas experiencias revolucionarias elevadas a la categoría de Estado. Es decir, se busca sembrar dudas en alguna gente cercana a Morales.

Por eso, el que “ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela” no puede tomarse como una imprecisa reflexión política. No cuando viene de la boca de Brennan. En realidad apuntala el discurso de políticos, analistas y comentaristas que buscan sembrar temor en la gente sobre un hipotético “futuro negro” de la economía boliviana, la cual, para sorpresa no admitida de la oposición, es la que mejor comportamiento experimenta en la región sudamericana y que cuenta con una estructura productiva diversa que disminuiría los efectos de cualquier guerra económica.

En tercer lugar, es una señal de advertencia a Evo Morales y a los movimientos sociales si persisten en la línea del último congreso del MAS, en diciembre de 2016, cuando se aprobó cuatro caminos para garantizar la continuidad del proceso de cambio con la dirección del líder indígena campesino hacia el 2025. Es decir, Morales candidato en diciembre de 2019.

La advertencia al gobierno del presidente Morales fue suave pero no por ello menos profunda. Hay que leer textualmente lo que dijo ante la pregunta de si Bolivia no estaría recorriendo el mismo camino de Venezuela al desconocer los resultados del 21 de febrero de 2016, cuando el NO se impuso por cerca de un punto en el referéndum convocado para marchar hacia la reforma constitucional que posibilitara la participación del binomio Evo-Álvaro en las elecciones generales de 2019. «No voy a opinar o especular sobre la situación de Bolivia, sobre la situación política interna que es algo para los bolivianos para resolver; pero ojalá que Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela en este momento porque es deplorable y muy lamentable”.

¿Un exabrupto o una línea de acción?

Para responder a la pregunta es mejor referirse a la lógica con la que Estados Unidos viene actuando contra el proceso de cambio desde enero de 2006, cuando Evo Morales se alzó con una contundente victoria en diciembre de 2005 al obtener el 54% de la votación.

La estrategia estadounidense para derrocar a Morales se activó desde el principio. Estados Unidos envió al país en 2006 a un embajador experto en la organización de batallas de confrontación abierta: Philip Golberg, quien adquirió fama por su papel en la división de la ex socialista república de Yugoslavia. De hecho, el diplomático apostó por la salida violenta del líder indígena en 2008, cuando la oposición no democrática optó por acciones de hecho como la toma de instituciones públicas, el cerco a la Asamblea Constituyente, el acoso físico de autoridades y dirigentes del proceso de cambio y el magnicidio de Morales. La revolución se plantó, la DEA fue expulsada en junio de 2008 por hacer espionaje político y Golberg en septiembre corrió la misma suerte por intervenir en asuntos internos (reuniones sistemáticas con la oposición no democrática en Santa Cruz).

Después de Golberg, la conducción de embajada de Estados Unidos fue asumida en su condición de Encargado de Negocios por Larry Memmott, quien a pesar de priorizar la línea política tuvo que cargar varias veces con las huellas dejadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones realizadas contra el gobierno de Morales. Al diplomático tampoco le fue bien y junto a su segundo hombre, Mitchel Ferguson, tuvo no más de diez días para abandonar el país. No fue Evo quien lo expulsó, sino el Departamento de Estado que se lo llevó sorpresivamente.

Entre Memmott y Peter Brennan hubo pocos meses de transición a cargo de otro Encargado de Negocios, Aruna Amirthanayagam, cuya tarea única y fundamental fue “limpiar” la casa dejada por el primero, para garantizar una actuación predominante de las agencias para la subversión y la inteligencia a cargo del segundo. Fue necesario apenas dos meses para cumplir esa tarea.

Para muestra, basta tres casos

En la gestión Brennan al mando de la embajada de los Estados Unidos, hay tres acciones abiertas y encubiertas contra el proceso de cambio y el presidente Morales.

La primera, la participación de Brennan en el caso Zapata. Ahí está en encuentro del Encargado de Negocios con Carlos Valverde (el que lanzó la denuncia) en el Hotel Los Tajibos, actualmente de propiedad del empresario Samuel Doria Medina, poco antes de que esa “bomba” fabricada y mediática fuera lanzada en plena campaña por la modificación de la Constitución Política del Estado. Pero también está la llegada de técnicos en informática para apoyar la misma operación.

Segunda, al festejar el día de la independencia de su país, en julio pasado, Brennan sostuvo en la ceremonia, donde curiosamente no estaba ninguno de los jefes de la oposición, lo siguiente: “la libertad; la libertad de prensa y expresión; un poder judicial independiente, no partidista y seleccionado mediante un proceso justo y transparente; ser libres de sufrir persecuciones; la protección de las minorías; y el carácter inaceptable del encarcelamiento, la represión o el hostigamiento de los opositores políticos y de aquellos que no se ajustan a la línea de un partido (…) son ideales, principios, intereses comunes y valores universales en los que nosotros en los Estados Unidos creemos firmemente y que, estoy seguro, también compartimos con la gran mayoría de los bolivianos”.

Tercera, una acción permanente y típica de subversión encubierta en algo que a simple vista no desvela nada: la llamada “diplomacia de pueblo a pueblos” como dijo en su discurso. Con este método se ha llegado a comunidades de la provincia Omasuyos, particularmente Achacachi, y de Los Yungas de La Paz, donde “extrañamente” han brotado voces contra las políticas públicas del gobierno.

Pero la injerencia de Brennan se encontró, cuando no, con la posición firme de Evo Morales, quien dijo a través de su twitter: “EEUU nos amenaza y olvida que hemos expulsado a su embajador por injerencias parecidas. Bolivia ni Venezuela son patio trasero de nadie”.

El perfil de Brennan y los Wikileaks

Brennan –ideal sustituto de Memmott por su perfil- llegó a La Paz en la etapa previa a la recta final de la campaña electoral de diciembre de 2014, cuando Washington esperaba que la oposición conformara un solo frente para enfrentar las aspiraciones reeleccionistas de Morales, quien pasará a la historia por liderar la revolución más profunda de Bolivia y por haber recibido el caudal de votos que la democracia del país no registra antecedentes (el 54% en las elecciones de 2005, el 64% en las elecciones de 2009 y 62% en las últimas).

Brennan, por su experiencia le venía al pelo a los estrategas de Estados Unidos, pues contaba con el conocimiento y la práctica suficiente para llevar adelante la estrategia del “golpe suave”, la nueva modalidad de desestabilización que Washington lleva adelante. Venezuela es la mejor prueba.

El designado como Encargado de Negocios desde julio de 2014 ha desempeñado como segundo al mando en Costa Rica y Nicaragua un papel duro en la injerencia de Estados Unidos, según da cuenta los cables revelados por Wikileaks y otras noticias procedentes de ambos países. En 2007 Brennan presionó al gobierno costarricense de Oscar Arias para que policías de ese país (ante la falta de Fuerzas Armadas) se entrenaran “discretamente” en la academia del Comando Sur.

Durante el gobierno de Enrique Bolaños en Nicaragua, Brennan también jugó un papel de abierta injerencia. En marzo de 2003, el diplomático estadounidense le informó al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, que quedaba suspendida la ayuda militar anual a ese país –estimada en 2.3 millones de dólares- hasta tanto no se destruyeran todos los misiles y la capacidad de defensa militar que el gobierno sandinista montó en casi una década de revolución.

La experiencia de Brennan, al igual que Brown, en lo que USAID y la NED denominan “iniciativas democráticas”, se volcó también en múltiples acciones subversivas contra Cuba: el 13 de enero de 2011, junto a tres altos funcionarios del Departamento de Estado, el diplomático que está en Bolivia aprovechó una visita a La Habana para tratar temas migratorios para reunirse clandestinamente con un grupo de disidentes cubanos cuyas acciones de subversión son organizadas y financiadas por el gobierno de EEUU, según se ha encargado de probar frecuentemente el gobierno socialista.

El diplomático estadounidense, que era uno de los responsables de garantizar estabilidad política para los militares de su país en Pakistán y de promover el viaje de jóvenes de ese país a los EEUU para abordar temas alrededor de “iniciativas democráticas”, fue bastante activo desde su condición de “Jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos” en Washington pues impulsó una serie de acciones para lograr la libertad de Alan Gross, un agente contratado por USAID para instalar una red ilegal de telecomunicaciones en Cuba.

Con Brennan a cargo de la “oficina Cuba” las acciones estadounidenses contra el gobierno socialista se incrementaron. No sería nada raro que el hace poco descubierto programa “Zunzuneo” –un programa de “Twitter cubano” para conectar a la disidencia-, haya tenido sus orígenes en la gestión del que será encargado de Negocios de EEUU en Bolivia a partir de julio.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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3) Kenia elige la violencia.
Guadi Calvo (Línea Internacional).

Kenia, una vez más parece deslizarse a una matanza poselectoral, sin un triunfador claro, tras elecciones del pasado 8 de agosto, el actual presidente y candidato por el Jubilee Party of Kenya, Uhuru Kenyatta, se auto proclamó ganador por un 54% frente a la opositora “Súper Alianza Nacional” (NASA), encabezada por Raila Odinga con un 45%.

Odinga, por su parte, a pesar de que el viernes a última hora la Comisión Electoral confirmaba el triunfo del actual presidente, ha denunciado fraude por el hackeo del sistema de conteo electoral. Según el opositor, los resultados fueron manipulados y denunció que los conteos de su partido, mostraban que estaba ganando por un millón de votos. La comisión electoral dio la victoria al actual presidente solo con un 74% de votos escrutados, con una ventaja de 10 puntos sobre Odinga.

La acusación adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el martes 31 de julio, después de tres días de desaparición, Chris Msando director de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Comisión Electoral Independiente (IEBC) fue encontrado muerto en un bosque cercano a Nairobi. Msando tenía un brazo cercenado y claras señales de tortura. Al enrarecido clima electoral, por el asesinato de Msando, hay que agregar la extemporánea expulsión del país de todos los asesores de campaña contratados por la oposición.

Tras el anuncio de la Comisión Electoral, los seguidores Odinga, ganaron las calles de las barriadas populares de Nairobi como las de Mathare Kibera o Dandora, y las ciudades del occidente con mayor presencia de la oposición Homa Bay, Kisumu, Migori y el distrito de Siaya, donde se produjeron las mayorías de las 120 muertes de manifestantes, al tiempo que los comercios debieron cerrar por los saqueos.

La compleja estructura étnica y tribal de la sociedad keniata, ha tenido históricamente en la vida independiente del país un peso determinante. Desde la declaración de independencia de Reino Unido en 1964, el juego de poderes entre las tribus ha marcado el rumbo de la política con diferentes alianzas. Lo que ha permitido que desde su independencia hasta hoy solo haya tenido cuatro presidentes Jomo Kenyatta, quien es considerado el padre de la patria (1964-1978), Daniel Arap Moi (1978-2002) Mwai Kibaki (2002-2013) y el actual, Uhuru Kenyatta, hijo de Jomo; que desde 2013 ocupa el cargo y al parecer pretende perpetuarse en el poder. De todos ellos solo Moi pertenece a la etnia kalenjin, la tercera en población, que representa un 14% de los 45 millones de kenianos, mientras que los otros tres pertenecen a la etnia kikuyu la más importante del país que constituye el 21% de las 42 tribus que componen el espectro total de la población.

En el año 1991, tras lo que se consideran como las primeras elecciones multipartidistas Arap Moi, para mantenerse en el poder y así evitar el ascenso de una alianza opositora compuesta por tres etnias, los luo, luhya y kikuyu , inició una represión que se saldó con 1500 muertos y 300 mil desplazados. Lo mismo volvió a suceder en 2007 con cerca de 1200 muertos y 600 mil desplazados. Por aquellas matanzas Kenyatta y William Ruto, su ahora vicepresidente, fueron llevados a la Corte Penal Internacional por su rol en aquellos hechos, aunque finalmente fueron sobreseídos por falta de pruebas.

El actual tironeo electoral, no solo es una disputa entre dos etnias, sino también entre dos hombres del establishment, que sin duda no cambiaran los destinos del país donde más del 50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.

El presidente y aparente ganador en las elecciones Uhuru Kenyatta, quien había prometido renunciar si era derrotado, es el favorito de los Mercados y de Occidentes, sin duda beneficiado por su educación en el Amherst College de Massachusetts, una escuela de economía liberal, por los que sigue a pie juntillas las disposiciones del FMI y el Banco Mundial. Kenyatta es además según la revista Forbes, es el hombre más rico de país. El reciente acto electoral ha recibido el beneplácito del ex Secretario de Estado norteamericano John Kerry, jefe de la misión de observadores electorales del Centro Carter, quien habló de la transparencia y diligencia del proceso electoral, en ese mismo sentido la Unión Europea, no ha dado cabida a los reclamos de la oposición.

Raila Odinga, de la etnia Luo, que con su 12 % representa la cuarta etnia más importante del país, es un veterano de la política que ha ocupado diferentes cargos los gobiernos que se han sucedido. Este es su cuarto intento por logra la presidencia, con sus de 72 años, adjura de su pasado marxista.

Esta nueva estafa electoral vuelve a repetir el cuadro de las elecciones de 2013, cuándo Odinga enfrentaba al actual presidente y fue despojado del triunfo, a pesar de que las encuestas previas había llevado una gran ventaja a Kenyatta y estaba liderando el conteo final, por lo que la misión de observación electoral de la Unión Europea, se vio obligada a reconocer que: “La falta de transparencia y el número de irregularidades hacen dudar de la exactitud del resultado”. Semanas antes de la elección, el analista político y experto anticorrupción, John Githongo había declarado: “seguramente vaya a haber violencia, el tema es cuanta”

El vector somalí.

El grupo fundamentalista al-Shabaab, la franquicia somalí de al-Qaeda, opera con cierta frecuencia en territorio keniata, provocando en ocasiones golpes dramáticos como el asalto al Centro Comercial Westgate en Nairobi en septiembre de 2013 o la toma de la universidad de Garissa en abril de 2015 que se saldaron con un total de cerca de 200 muertos. Además son docenas de ataques y tomas que se ejecuta contra poblaciones cercanas a la frontera.

La acciones de al-Shabaab en Kenia son empujados fundamentalmente como respuesta a la participación del ejercito de Kenia en la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) que intenta controlar, con poco éxito, los avances de la banda wahabita que desde hace más de una década asola al país. Esta realidad hace vital para quien gobierne Kenia, que pueda solucionar las permanente operaciones del terrorismo en su frontera. Las elecciones en Kenia no pasaron desapercibidas para la banda fundamentalista ni los candidatos obviaron referirse a sus objetivos frente al terrorismo, como punto a considerar en sus campañas.

Por su parte al-Shabaab, que había prometido interferir en las elecciones, atacó la noche del lunes las instalaciones eléctricas del condado de Lamu, dejando sin suministros durante 14 horas a unas 100 mil personas. El mismo día de las elecciones muyahidines de al-Shabaab atacaron un bus en una carretera matando a tres personas y robaron tres vehículos en el distrito de Mandera próximo a la frontera entre ambos países.
Mientras, que el presidente Kenyatta mantendría las tropas la AMISOM, su contendiente había declarado que iba a sacar de Somalia a las tropas kenianas, aunque el mismo había fue quien dispuso el envió en 2008, durante sus funciones como Primer Ministro del presidente Mwai Kibaki. El resultado de las elecciones a una semana de los comicios siguen siendo incierto, al tiempo que se cree puedan volverse a repetir protestas y sus consiguientes represiones que como queda dicho en Kenia suele ser una opción electoral.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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4) “El modelo va a tener que cambiar, nos guste o no”
Santiago Sáez (La Marea)

Entrevista al filósofo australiano Ted Trainer, especialista en decrecimiento.

“La crítica en mi trabajo no es hacia las energías renovables, sino hacia la tesis de que pueden alimentar una sociedad de alto consumo energético como la que tenemos ahora”.

El pasado 2 de agosto fue el conocido como Overshoot Day, o día en que los humanos empezamos a vivir de prestado sobre la Tierra. A partir de ese día, el consumo de los humanos excede la capacidad para renovar los recursos el mismo año. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático recuerdan a diario que la humanidad está consumiendo demasiada energía.

Ante la crisis energética y de recursos, un retorno a un modo de vida más simple. Esa es la propuesta de Ted Trainer, filósofo nacido en Australia en 1941. Durante décadas, Trainer ha construido su alternativa al modelo de crecimiento basado en el libre mercado: Un sistema basado en pequeñas comunidades autosuficientes, cooperativas y que eviten el exceso de consumo que hoy está presente en los países ricos.

Trainer, que se confiesa admirador de las iniciativas anarquistas y ecorrurales españolas, tanto durante la Guerra Civil como en la actualidad, habló por teléfono con La Marea de la importancia de este momento histórico, la imposibilidad de que las renovables sustituyan a los combustibles fósiles y el error de pensar que la tecnología nos salvará.

—¿Qué ha cambiado desde que escribió La vía de la simplicidad en 2012? ¿Hay lugar para el optimismo, viendo como está el mundo hoy?
—Creo que las cosas están cambiando rápido, y eso trae buenas y malas noticias. El sistema, por supuesto, está cada vez peor y trata peor cada vez a más gente. Es obvio que esto ha supuesto el aumento de apoyo que Trump necesitaba, así como olas de insatisfacción política tanto en Europa como en Australia.
Creemos que esto no es del todo malo, porque significa que la gente está empezando a darse cuenta de que el sistema no les va a proteger, y no podemos avanzar en el desarrollo de alternativas hasta que un número importante de personas se de cuenta de ello.

—¿Cómo podemos avanzar hacia un modelo de vida más simple?
—Obviamente, no podemos avanzar en la dirección que queremos a no ser que una gran cantidad de gente esté de acuerdo en que es la mejor manera de salvar el planeta. Hasta entonces, no podemos hacer más que trabajar en la idea.
Por supuesto, los recursos del planeta no permiten que este modelo de abuso continúe, así que va a tener que cambiar, nos guste o no. La buena noticia, creemos, es que la simplicidad será un modelo mucho más satisfactorio, menos propicio para el estrés y los problemas derivados de la escasez y el desempleo.
Una de nuestras mayores tareas es conseguir que la gente lea los argumentos que presentamos, los evalúe, y decida si realmente podríamos gozar de una vida mucho más relajada y gratificante, si nos salimos de este modelo.

—¿Qué puede hacer una persona antes de decidirse a adoptar un modelo de vida más simple?
—Hablar. Hablar tanto como pueda. Visibilizar las contradicciones que encuentre en su día a día. No estoy diciendo que no haya otras formas de avanzar, pero nada es tan importante en este momento como ayudarnos a cambiar la conciencia de la gente.
No todos podemos tener un nivel de abundancia como el de los países ricos, pero la gente, como es natural, es lo que quiere. Es lo que han aprendido del sistema. Si en países como Grecia, en el que el ciudadano medio se ha empobrecido terriblemente por culpa del sistema, quieren volver al punto de partida, ¿por qué no querrían en otras naciones?
Nuestro trabajo a medio plazo es ayudarles a entender que esto no es posible, pero hay una alternativa: una vía de simplicidad basada en comunidades cooperativas que, siendo autosuficientes, se apoyen unas a otras. Esto puede proporcionarnos a todos una mayor calidad de vida.
Todo el mundo puede ayudar. No tienes que ser rico, ni tener gran elocuencia, ni contactos. Simplemente tienes que usar cada oportunidad, cada día, para mantener la exposición de estas contradicciones en la agenda: que la vía de la abundancia no es viable, pero que hay otra manera. Si conseguimos que cale este mensaje, entonces podremos plantearnos la revolución que necesitamos.
Por supuesto, para alguna gente, no para todos, hay otras maneras de participar, construyendo experiencias piloto y sistemas alternativos. Un buen ejemplo es el movimiento de las Comunidades de Transición, e involucrarse en ellas también ayuda mucho.

—Llama la atención en su trabajo la crítica a una transición a un 100% de energías renovables. ¿Por qué?
—Nuestra postura en cuanto a las energías renovables es muy fácil de malinterpretar. Estamos completamente a favor de las energías renovables. Queremos que haya una transición hacia un 100% de energías renovables tan rápido como sea posible. Tenemos que salirnos de los combustibles fósiles ya.
La crítica en mi trabajo no es hacia las energías renovables, sino hacia la tesis de que pueden alimentar una sociedad de alto consumo energético como la que tenemos ahora.
Muchas personas bienintencionadas, preocupadas por el estado del planeta y el clima, asumen que podemos simplemente pasarnos a placas solares y aerogeneradores y seguir viviendo como vivimos ahora. Eso es lo que creo que no es verdad.
No digo que mi punto de vista sea el correcto, porque seguimos tratando de calcular el potencial y los límites de estas tecnologías. Sin embargo, por los estudios y análisis que tenemos, parece que está bastante claro que no nos podemos permitir el suficiente equipo material para reemplazar todo el consumo de combustibles fósiles que tenemos ahora, y seguir viviendo en la abundancia energética.
No criticamos las energías renovables, ¡al contrario! Lo que decimos es que, a no ser que avancemos hacia un modelo más simple que no requiera tanta energía como usa una persona media en un país rico hoy, no podremos vivir bien de las renovables.

—¿Puede salvarnos la tecnología?
—No. Esto es algo sobre lo que tenemos gran cantidad de análisis y argumentos sólidos. Es muy poco probable que algo así ocurra.
Para mediados de siglo se espera que la Tierra tenga unos 9.000 millones de habitantes. Si queremos satisfacer sus necesidades, y atendiendo a las proyecciones de crecimiento económico, para entonces, tendríamos que estar produciendo entre 10 y 20 veces más productos de consumo que los que fabricamos ahora.
Al mismo tiempo, los recursos cada vez son más escasos: minerales, pesca, agua… así que estaríamos asumiendo que la producción seguirá creciendo, al tiempo que la demanda de recursos se reduce dramáticamente. No sólo es ridículo asumir esto, sino que si miras la relación histórica entre producción y demanda de recursos, verás que están muy relacionadas.
Algunos optimistas hablan de separar la producción económica del uso de recursos, a través de la tecnología. Pero la realidad es que esa separación debería ocurrir a una escala enorme. En los últimos 20 o 30 años, no hemos visto prácticamente ninguna separación, así que consideramos extremadamente improbable que la tecnología pueda aportar nuevas maneras de producir cada vez más, al tiempo que reducimos el impacto sobre el planeta.

—¿Cómo es la “vía de la simplicidad”? ¿Cómo sería la vida diaria de un ciudadano medio en su modelo?
—Invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo tratando de esbozar cómo podrían ser las cosas. Hay muchas alternativas y el rango de tiempo en que podríamos alcanzar tal modelo también varía, pero intentaré dar alguna idea.
Para empezar, nuestro estilo de vida tendría que ser materialmente mucho más simple, desde el punto de vista del uso de recursos. También sería menos intensivo energéticamente. El sistema económico convencional no hace otra cosa sino aumentar la producción constantemente, así que necesitaríamos uno prácticamente nuevo.
Tendríamos que vivir en comunidades cooperativas pequeñas, autogestionadas y prácticamente autosuficientes. La principal tarea sería cooperar para construir economías locales para satisfacer las necesidades locales a partir de recursos locales. Y aún necesitaríamos una pequeña cantidad de grandes industrias centralizadas, para producir ciertos bienes a escala masiva, como por ejemplo acero.
Hay mucho margen dentro de estas comunidades para la propiedad privada y para que algunas funciones las lleve a cabo el mercado. Pensamos que, en los primeros pasos de este modo de vida, las funciones económicas no deben ser alarmantes o revolucionarias, ni suponer violencia. A medida que el modelo avance podremos decidir lo que queremos hacer y en qué dirección ir. En 10 o 20 años tendremos la experiencia para ampliar o reducir las fuerzas de mercado o la propiedad privada.
Es importante que no seamos demasiado dramáticos, porque en las próximas dos décadas vamos a vernos obligados, por la escasez de recursos, a tomar decisiones sobre la economía global. Tenemos tiempo de construir estas alternativas de manera global y así explorar lo que queremos hacer.
Lo importante, al final, es que el objetivo de la vida no será ganar dinero o tener éxito, sino vivir de manera segura en una comunidad cuyo objetivo principal será cuidar los unos de los otros, y no trabajar tanto para comprar casas y bienes de lujo. La consecuencia directa es que no tendrás que trabajar más que un par de días a la semana, y el resto del tiempo podrás dedicarlo a tus aficiones, o a tu jardín, o a tomar el sol si lo prefieres. Suena a utopía, pero ya hay gente que lleva décadas viviendo así.

—Al menos desde Georgescu-Roegen en los 1970, numerosos académicos han defendido la vía del decrecimiento, pero nunca ha sido debatida como un argumento central en el discurso económico. ¿Qué le hace pensar que la situación puede cambiar ahora?
—La situación ya ha cambiado. Es totalmente diferente ahora. El mundo nunca ha tenido un periodo de abundancia tan pronunciado como el que empezó tras la Segunda Guerra Mundial. El modelo empezó a tener problemas en los 1970 y los 1980, pero todavía podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la mayoría de la gente en los países ricos puede ir a los supermercados y comprar productos. No ha habido muchos incentivos para hablar de estas cosas.
La situación, no obstante, está cambiando rápidamente. No sólo hay una escasez creciente de recursos, incluyendo el petróleo, sino que la economía mundial ha demostrado ser extraordinariamente frágil. Es muy probable que entremos en otra crisis financiera global en los próximos años, porque el crédito está de nuevo por las nubes.
Mucha gente va a darse cuenta muy pronto de que el sistema actual no va a mantenerlos. No sólo no va a hacerles más ricos, sino que los hará más pobres. Podrán ver entonces los ejemplos que tenemos en marcha, y valorar los incentivos que el modelo de la simplicidad puede ofrecerles.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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QUE LAS NUEVAS GENERACIONES SEPAN QUE HUBO RESISTENCIA

1) Liliana Pertuy: “Que las nuevas generaciones puedan saber que hubo resistencia”
2) Venezuela: Terroristas travestidos en demócratas /Aram Aharonian
3) Por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos
4) La Telenovela Errante Sergio Ferrari
5) SCJ señala "represión indebida" a detenidos por Amodio Pérez pero se niega a indagarlo /Walter Pernas
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1833 – martes 15.08.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) LILIANA PERTUY: “QUE LAS NUEVAS GENERACIONES PUEDAN SABER QUE HUBO RESISTENCIA”

Romina Verrua /MuMe /10 Agosto, 2017

El lunes 14 de agosto se instalará una placa en Treinta y Tres, en homenaje a las resistencias de estudiantes y docentes reprimidos durante la última dictadura militar. Será a las 16 hs en el Liceo Nº 1 de dicha ciudad (Juan Antonio Lavalleja 1065). Entrevistamos a Liliana Pertuy, una de esos estudiantes y también una de las impulsoras de la colocación de la placa.

Aunque es de Treinta y Tres, Liliana Pertuy hace años que vive en Montevideo. Fue una de las detenidas entre el 12 y 13 de abril de 1975 en su ciudad natal. En esos dos días 38 jóvenes, de los cuales 29 tenían entre 13 y 17 años, fueron detenidos ilegalmente, torturados psicológica y físicamente durante semanas. El 30 de abril de 1975, el diario El País publicó un comunicado de prensa en el que el Comando General del Ejército culpabilizaba a estos adolescentes por no cumplir con las buenas costumbres, sostenían: “Marxismo: única meta de la destrucción moral” y “Descubren campamento: prostituían a más de 60 jóvenes”.

Si pensaron que recuperarían sus vidas cuando los dejaron en libertad, también se habían equivocado. A partir de entonces pesaba sobre ellos la prohibición de seguir estudiando en cualquier institución del país. Además, algunas familias fueron obligadas a irse del lugar. Fue el caso de la familia de Liliana, la historia de cómo llegó a vivir a la capital nacional.

Mientras estaba detenida, cuenta, cumplió 16 años. Después de mudarse a Montevideo, su relación con Treinta y Tres venía cargada de sentimientos contradictorios, sin embargo, este parece ser uno de los momentos que dejará una sensación de reencuentro.

¿Entre quiénes y cómo surge la idea de la colocación de la placa en el Liceo Nº1 en Treinta y Tres?

A lo largo de estos 42 años, desde lo que pasó, hemos hecho varias cosas entre todos los que estuvimos detenidos. Esta idea surge de cuatro compañeras de Treinta y Tres, que son: Beatriz Silva, Sandra Díaz, Mabel Fleitas y yo. De alguna manera hemos acompañado la colocación de placas en otros lugares, sobre todo del interior, y dijimos “bueno vamos a pedir una para nosotros”.

Es una cosa muy sencilla en realidad. Realizamos la solicitud al MEC hace como un año, y hace unos meses nos comunicaron que se había aprobado. Nosotras le planteamos que no queríamos una placa en la puerta del Cuartel, en general se colocan en esos lugares. Nosotras sí queríamos una placa en un lugar que era el centro de acción, concentración, socialización de todo lo que hacían los jóvenes, el Liceo Departamental en aquel momento. La inmensa mayoría de nosotros íbamos ahí, teníamos entre 13 y 20 años; pero 29 éramos menores, teníamos entre 13 y 17 años.

Además pensando que esto es memoria para las nuevas generaciones, que diga “en este Liceo pasó tal cosa”, que puedan preguntar y documentar. Que puedan saber que hubo resistencia. En la solicitud argumentamos que en el Cuartel verían la placa los soldados que van a trabajar, pero esta placa tenía el sentido de la lucha, resistencia, libertad, que fue lo que nos empujó y nos inspiró a luchar contra la dictadura. Queríamos rescatar ese espíritu.

Se aceptó que sea el Liceo. En pocos días comenzamos junto con el MEC y con personas en Treinta y Tres, a organizar esta movida.

Treinta y Tres fue un departamento de una represión brutal. Siempre digo que hubo tantos presos y detenidos como votos tuvo el FA en la elección de 1971. Es terrible. La represión empezó con los Tupamaros, y continuó. Siguió con nosotros que éramos la inmensa mayoría de la Juventud Comunista. La fecha elegida, el 14 de agosto, nos pareció pertinente por ser el Día de los Mártires Estudiantiles; nosotros no somos mártires pero sí fuimos parte de la resistencia.

¿Cómo piensas que va a ser recibida la instalación de la placa en Treinta y Tres?

Yo no tenía una buena relación con mi pueblo. Porque fue muy horrible nuestro caso, porque nos echaron del pueblo. La gente nos tenía miedo, nuestras compañeras y compañeros del liceo cruzaban de vereda. Sobre nosotros no solo inventaron toda esa patraña de que éramos “marxistas-leninistas-come niños crudos”, también -y lo peor para el pueblo me parece a mi- dijeron que hacíamos orgías y todo eso. Yo tenía 16 años, cumplí 16 en el medio de la tortura, a esa edad imaginá lo que es que tus amigas y amigos, que tus compañeros del barrio no te saluden. Además nos echaron del pueblo, me vine a Montevideo, y tuve que rehacer mi vida. La mayoría hicimos eso, salvo algunos que se quedaron y la pasaron muy mal.

Siempre tuve una sensación de “este pueblo tan retrógrado”. En los últimos tiempos eso ha cambiado. Aunque no voy a sacarle peso a la justicia uruguaya, que es nefasta y que no existe para nuestro caso; pero de alguna manera existen otros casos de justicia como esta: que tu comunidad te rinda, no sé si homenaje, pero sí tributo, reconocimiento. Es una manera de hacer justicia.

Yo les decía a ellos (en Treinta y Tres) el día que se presntó el libro de (Mauricio) Almada, con más de 300 personas, que me emocionó ese encuentro.

Les conté de mi relación contradictoria, y que les agradecía por haber tendido este puente que me permitía ver a mi pueblo y ciudad con otra mirada. Siento que ellos han tendido un puente y que una puede cruzar ese puente, volver de otra manera. Allá hay un grupo de jóvenes que trabajan sobre memoria, me invitaron a marchar con ellos el pasado 20 de mayo, y fui. Hay puentes muy fuertes con esta nueva generación, y nosotras estamos apoyándolos fuertemente.

Entre quienes compartieron esta experiencia de detención masiva, contabas que algunos se siguen reuniendo. ¿Qué características tiene ese espacio? ¿Pudieron hablar alguna vez de lo que vivieron, sirve para organizar tareas?

En realidad nosotros nunca nos juntamos para hablar entre nosotros sobre los que había pasado. Es decir, sí de lo que nos pasó, hablar del caso. Pero nunca en la vida nos contamos, por ejemplo, la tortura. Ni siquiera con mis amigas de toda la vida que también compartimos ese espacio. Nunca nos contamos lo que nos habían hecho a cada una, digo a cada una porque somos muchas mujeres. Con los varones menos, creo que son más herméticos en estas cosas. Empezamos a saber lo que nos habían hecho a cada una leyendo el libro de Mauricio Almada hace tres años.
Entonces hay una cosa de no contar lo sucedido, la tortura en realidad. Nosotras las que somos amigas no nos juntamos porque estuvimos juntas ahí, sino porque éramos amigas desde antes.

Sin embargo, nos hemos juntado los 38 porque de verdad hay una cosa fuerte. Nos juntamos para hacer la denuncia, para hacer cosas concretas en Treinta y Tres. Hay una cosa fuerte que se mantiene cuando nos reencontramos, perdura el afecto, porque lo vivido fue tan fuerte y en una edad tan particular que yo creo que eso nos marcará para siempre..

¿Cómo fue rearmar la vida después de esta experiencia siendo tan jóvenes y sin poder estudiar?

También colocar la placa en el Liceo tiene mucho que ver con eso de la prohibición de estudiar. A esa edad es como que te matan civilmente, qué vas a hacer a los 15 años, siendo estudiante. En el caso de mi familia, directamente la llamaron a mi madre y le dijeron que nos teníamos que ir del pueblo. Fue un destierro, a veces no se habla de eso, bueno en este país no se habla de muchas cosas (risas). A veces pienso que se habla de exilio, pero no de que también hubo destierros adentro del país. Imagínate que nosotros éramos gurises y gurisas bien del interior. Treinta y Tres era un pueblo de campaña prácticamente, que te conoces con todos, vas a bailar, al río.

Más allá que militábamos, teníamos conciencia, leíamos, decidimos enfrentar la dictadura, luchar por la democracia y las libertades; fue muy duro irnos porque fue muy dura la vida en dictadura, que también es de las cosas que no se habla en este país. ¿Cómo vivía la gente en esos 12 años de dictadura? Horrible vivíamos, todos los uruguayos y uruguayas. Este país era oscuro, miedoso.
Por ejemplo, si en una ciudad muy grande instauras el nazi fascismo es más fácil escabullirte, esconderte. Pero acá no, acá somos los que somos y todos se conocen. Eso dificulta muchísimo vivir en períodos de dictadura.

Montevideo para nosotros fue la ciudad luz, nos dio aire, nos dio oxígeno. Tuvimos que trabajar inmediatamente, nuestros padres fueron destituidos, echados. Eso significó desarraigos múltiples, rehacer vidas. Yo también empecé a trabajar a esa edad, no para pagarme mis gustos, sino para ayudar a la familia, parar la olla, alquilar dónde vivir, empezar la vida nueva.

A mi Montevideo me encantaba, iba al cine, al teatro. Yo siempre digo “conmigo no pudieron”, digo tendré veinte mil rayes, pero siempre fui zafando. Apenas nos mudamos, con otra compañera, nos inscribimos clandestinas en una UTU de arte. Pasamos todo el año. Ella hacia cerámica y yo hacía serigrafía. Había como intersticios, y una decía por acá me cuelo, por acá respiro, por acá hay libertad. Eso fue muy importante.

Nosotras siempre seguimos militando, más allá de todas las amenazas, porque nosotras fuimos procesadas por la justicia militar, siendo menores de edad, por atentado a la Constitución en grado de conspiración. Además les quitaron la patria potestad a nuestros padres. Si caíamos presas no solo íbamos nosotras, ellos también, mientras fuéramos menores. Junto a otros más fuimos de los que seguimos militando clandestinamente toda la dictadura, milité en la Juventud Comunista hasta 1990. Después me fui del partido.

Esa fue la vida después, pudimos hacer cosas pero es como quedarse entre paréntesis. Porque te hicieron perder 10 años de tu vida, de tu vida de verdad, donde acumulas. Siempre tuve la sensación de “estar atrasada”. Inclusive fui de las pocas que hizo una carrera universitaria, con un hijo chico, me divorcié y decidí hacerla porque era mi asignatura pendiente.

La hice, con mucho esfuerzo y sacrificio, todos los demás me llevaban ventaja, yo era extra edad, con un hijo, tenía que trabajar. Me recibí en 2004, empecé a estudiar en 1997 y hacía de a una materia, pero era mi asignatura pendiente. La sensación el día que me recibí fue: lo logré, los milicos no pudieron conmigo. Después encima pude trabajar de socióloga, así que felicidad completa.

¿Cuál es la situación legal de la causa en la actualidad?

Nosotros hicimos la denuncia de Treinta y Tres en octubre de 2011. Fue una denuncia colectiva, fuimos 20 de los 38. Nos citaron a todos los denunciantes y todos fuimos a declarar. Cuando empezaron a citar a los denunciados, a los torturadores, a los militares; Díaz Agrelo, el médico, torturador, que además era profesor nuestro de biología, antepuso un recurso y la Corte hizo lugar y lo tranca. Desde ahí no llaman a ningún otro. Los argumentos que hemos viste en el expediente son: “no se encontró la dirección”, por ejemplo. ¿En Uruguay? ¿En Treinta y Tres? Es como “no quiero investigar, no voy a investigar”. Acá hay un pacto, estoy convencida de eso.

Hago todo esto, primero, porque creo en construir la memoria en estos pequeños actos de justicia. Segundo, porque creo que en Uruguay va a pasar lo que pasa en España, por ejemplo, los nietos, los bisnietos, van a decir “quiero saber qué pasó con la loca de mi abuela, de mi bisabuela”, que tengan esas nuevas generaciones de dónde agarrarse para hacer la investigación. ¿Es pesimista esta mirada? No, yo voy a joder como la piedra en el zapato.

Mientras tenga fuerzas y vida, voy a denunciar, tocar puertas, decir que está mal. Pero también pienso que hay que denunciar, hacer libros, escribir, poner placas, hablar, que quede para las nuevas generaciones porque lamentablemente mi paisito en esto es muy lamentable. A esta altura han pasado todos los gobiernos, todos los partidos, y tampoco ha pasado nada. Mi valoración también con mi gobierno del FA en este tema es malísima.

¿O sea que la denuncia quedó ahí?

Nunca llamaron a un torturador a declarar. Nosotros ampliamos la denuncia con el libro de Mauricio Almada, porque es muy buena investigación. Y nada, absolutamente nada.

¿Cómo sería tu sueño de justicia en relación a la represión sufrida durante el terrorismo de Estado en Uruguay?

Mi sueño sería que los gobiernos del FA dijeran “vamos a investigar de verdad, vamos a hacer que la justicia funcione, que se sepa la verdad”. Que los que están vivos sean juzgados. Con todas las libertades de la ley, las que no tuvimos, las que no tuvieron los desaparecidos ni los niños robados. Ahora, no creo que pase, ¿sabes? No es de pesimista.

El otro, el plan B, es a todos los que vivieron estas cosas les digo: escriban, hagan cosas, para que las nuevas generaciones tengan de dónde partir. Van a necesitar saber su historia, en algún momento las sociedades tienen que sanear, esta es una herida muy terrible para los pueblos, en algún momento van a necesitar. Nosotros no pudimos, que puedan los que vengan. Que digan: la abuela murió y encontré esto grabado, escrito a mano, un casette ¿cómo lo escuchamos? (risas).

¿Pensando más en relación a la sociedad, al pueblo uruguayo, cuáles son las deudas pendientes en relación a Memoria, Verdad y Justicia?

Yo sufrí horrible la derrota del voto verde. Estaba embarazada de mi hijo, me acuerdo patente de esa madrugada, me había tocado ir a Pando cuando perdimos la primera vez (el plebiscito) contra la Ley de impunidad en abril de 1989. Me dolió y más allá de todas las explicaciones posibles y del miedo, yo soy víctima, son de esas cosas que no me voy a olvidar jamás.

La peor fue esta segunda vez (del plebiscito para la anulación de la Ley de Caducidad), con mi hijo ya militante. Eso también me dolió, no por mí ya sino por ellos. Porque una y otra vez, con 20 años de diferencia, este pueblo no quiere saber la verdad. Eso es brutal.

Si todos los sectores del FA hubieran puesto la papeleta, se hubiera ganado. Quiere decir que lo más triste y doloroso es que hay sectores de la izquierda, dentro del FA, que tampoco quieren que se sepa la verdad, mucho menos que se haga justicia. Porque si sabes la verdad, vas a hacer justicia. Para mí, que soy militante frenteamplista hasta ahora, es muy doloroso.

La colocación de la placa, el próximo lunes en Treinta y Tres, se enmarca en lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Otro acto de justicia, que queda corto, pero contribuye a la construcción de memoria colectiva a lo largo y ancho de todo el país.

*Fuente sobre el caso: “El Goyo Álvarez fue un torturador de niños”
“Menores Presos durante la Dictadura en Uruguay”

Entrevista y contenidos: Romina Verrua /MuMe
COMCOSUR INFORMA Nº 1833 – 15/08/2017
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2) VENEZUELA: TERRORISTAS TRAVESTIDOS EN DEMÓCRATAS

Por Aram Aharonian

Los principales partidos de la variopinta oposición venezolana vienen anunciado su eventual participación en los procesos electorales regionales previstos para diciembre de este año, luego de participar activamente en violentos actos desestabilizadores y terroristas por cuatro meses, una vez se produjeran discretas conversaciones de su dirigencia y representantes del gobierno.
El anuncio más llamativo vino de la mano de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, integrante de la cúpula que activamente ha promovido la violencia en los meses recientes.

Ha señalado al "camino electoral" como la alternativa para consagrar los objetivos del antichavismo en Venezuela. No obstante, hay que revisar estos anuncios desde una perspectiva más amplia, pero no por eso menos detallada.

Es evidente la incongruencia de la narrativa de la oposición. Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Acción Democrática e incluso Voluntad Popular transitarán ahora los caminos electorales, después de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, lo que no garantiza que abandonen los caminos de la violencia. El partido Vente Venezuela de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, han sido tajantes en no participar.

Pero el pragmatismo es evidente: la posibilidad de conquistar gobernaciones y alcaldías le daría a la oposición no solo presencia y poder territorial sino acceso a presupuestos. Y hoy no hay forma de predecir cuáles –o cuántas- gobernaciones o alcaldías quedarán en manos de la oposición.
Los dirigentes de la oposición –quizá por estar sobreexpuestos a la información de la prensa internacional- sobrestimaron su propia fuerza y credibilidad, subestimaron la conciencia del pueblo chavista y leyeron en inglés qué significa ser combativo (o sea el estado de ánimo de la gente). Y eso trae primero pase de facturas, cambios, huidas y cambios de posiciones, dentro de una dirigencia de clase alta lejana (siempre) a la realidad y con directivas emanadas desde el exterior.

Y quedaron atrapados en sus propias redes (las sociales), confundiendo la pos verdad (las mentiras que ellos lanzaban sobre la radicalización de la población) con la realidad y la verdad, y en la especulación del derrame de los cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero hete aquí que ésta se mantuvo firme.

La oposición desconoció el resultado, la realidad-real, pero igual debió asumir el golpe, lo que obligó a un cambio de táctica –incuso poner en duda el tan cacareado “empate” entre oficialistas y opositores- y de estrategias sobre la marcha: ahora participarán en las elecciones regionales comandadas por el mismo Consejo Electoral al que acusaron de ilegítimo, ilegal, fraudulento, manipulador…

Travestidos de demócratas

Acuden a elecciones tras el fracaso estrepitoso de su estrategia abierta del desplazamiento violento del gobierno, a través de movilizaciones, trancas, paros, plantones, guarimbas y violencia articulada y paramilitarizada, que dejaron más de un centenar de muertos y más de 1.500 heridos en cuatro meses, que tratarán de barrer debajo de la alfombra ante el electorado. Tampoco puede descartarse que la violencia –reducida- continúe, pero ya sin responsables políticos visibles…

Las inscripciones de candidaturas a gobernaciones expirarán el 17 de agosto. No se sabe si las candidaturas de la oposición serán unitarias o si los partidos de la MUD irán separados desmembrándose electoralmente. Las pugnas internas son entre los partidos que promovieron activamente la violencia (Voluntad Popular y Primero Justicia) y los que no (Acción Democrática, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo), considerados como ala moderada de la oposición.
Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática (AD), criticó a aquellos sectores que pretenden salir del gobierno, pero “obstaculizan los mecanismos de participación” o los que se escudan en los “caídos durante las manifestaciones”, para no participar en el proceso electoral. “Si no inscribimos un candidato, más rápido que inmediatamente, el gobierno hace esas elecciones y se llevan las 23 gobernaciones y nos quedamos sin oposición”.

AD es el agrupamiento socialdemócrata histórico, que acompañó la escalada de violencia, pero que apuesta al desgaste del gobierno, sobre todo por el efecto de los ataques económicos. Tiene representatividad en casi todos los estados y intenta ganar gobernaciones y alcaldías acumulando en votos el descontento popular.

En el otro extremo están los grupos alineados en la “resistencia” que rechaza la traición de los dirigentes que aceptaron ir a las elecciones, junto a la reivindicación de las acciones de violencia, Se mueve a través de redes sociales, muchas de ellas manejadas desde Miami. Algunos analistas señalan que no es más que otro nombre de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que los habilita a transitar por ambos caminos: el del terror y el de la democracia a la vez…

Episodios similares al ataque al fuerte Paramacay y/o el bombardeo del helicóptero robado a instituciones públicas, pueden repetirse, pero ya estaríamos hablando de hechos más profesionales y paramilitarizados. Incluso en este escenario electoral, la violencia beneficia a la MUD, pero sobre todo a aquellos que financian la desestabilización que lleve a una intervención extranjera en busca de las riquezas nacionales.

Y quedaron descolocados al consolidarse la Asamblea Nacional Constituyente sin participación de la oposición, por decisión propia. Es más, la MUD ya había anunciado que no participaría de las elecciones regionales y la revocatoria de esa decisión que pone nuevamente en el camino civilizado a una masa opositora que fue convencida de que la aventura violenta sería exitosa.
La narrativa sigue siendo incoherente y difícil de rearmar. Gastaron tiempo, esfuerzo, presiones, desestabilización para deslegitimar a nivel nacional –pero sobre internacional- tanto al Consejo Nacional Electoral como al proceso electoral constituyente, sin lograrlo. Es más, legitimando a ambos, algo bastante difícil de explicar a la masa opositora, que no entiende tanta consigna contradictoria. Los medios han sobrepasado ampliamente la canalización de la información, para extenderse a la misma producción de acontecimientos políticos, hasta convertirse en los principales movilizadores y operadores políticos.

Los ataques económicos e internacionales

De todas formas, este análisis quedaría cojo si no se tienen en cuenta otras dos “fuerzas” de la derecha, la desestabilización económica y el frente internacional-diplomático. Pero la desestabilización sigue y desde el exterior el primer frente de ataque sigue siendo el económico, inflando desproporcionadamente el valor del dólar, tratando de recrudecer el ciclo de malestar popular. Junto al frente económico, el internacional -con Donald Trump como comandante en jefe- no logra sumar triunfos, pese a la ferviente coordinación de México y Colombia de los gobiernos subordinados de la región.

La nueva ofensiva del Dolar Today, precedida por un acoso particularmente agresivo por el establishment estadounidense y sus repetidores locales, piensa cosechar en diciembre los resultados de una hiperinflación en puertas, de no producirse un cambio en la política financiera, en medio de un creciente intento de aislamiento internacional, comandado por Donald Trump desde Washington y Juan Manuel Santos desde Bogotá, y bloqueo financiero que afectan las fuentes de abastecimiento. En estas circunstancias, en Caracas sorprende el cambio de canciller, pese a los buenos resultados de Samuel Moncada.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravaría el cuadro de crisis política en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas unilaterales, concertadas o no con otros países.

Declaraciones, congelación de haberes y prohibición comercial para altos funcionarios (como hizo Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupación o de condena por la realización de la constituyente. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y un nutrido grupo de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa asamblea constituyente. Perú convocó a una nueva reunión de gobiernos americanos sobre el tema Venezuela, y fue un nuevo fracaso.

La mayoría de las críticas del exterior se centraron en el “carácter corporativista” de la elección, pues los nuevos asambleístas fueron electos sobre una base territorial (364 asambleístas), con un representante por municipio, lo que implicó una sobrerrepresentación de zonas poco pobladas donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e indígenas.

El proceso regional

Los partidos autorizados para participar en los próximos comicios son Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Independientes Por el Progreso (IPP), Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaros), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC) y Movimiento Primero Justicia (MPJ).
A ellos hay que sumar Avanzada Progresista (AP), Voluntad Popular (VP), Movimiento Al Socialismo (MAS), Por la Democracia Social (Podemos), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Copei, Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

En las elecciones del 10 de diciembre están convocados a participar un total de 18 millones 094.065 venezolanos. En estos comicios no estarán incluidos los votantes de Distrito Capital, por poseer un régimen especial de gobierno que no prevé la elección de gobernador o de consejo legislativo, ni los venezolanos residenciados en el exterior. Por ello, la data de votantes es menor al total de inscritos en el Registro Electoral, que son 19 millones 854.437 personas.

Rehacer la cultura democrática

Hoy, con una votación de 8 millones, el chavismo es nuevamente la mayoría electoral del país, pero los resultados del 30 de julio derrotaron la violencia y la lógica de confrontación permanente. Desde el mismo día siguiente se abrieron las compuertas del diálogo, tímido aún, entre gobierno y oposición, para atender los problemas urgentes de la sociedad. Hoy por hoy no hay convicción –me atrevería a decir en ninguno de los lados- de la necesidad del entendimiento político.

Antes se debiera avanzar en el respeto mutuo y en la construcción de consensos mínimos y de una agenda común; que reencauce una cultura política para el fortalecimiento de la democracia. Difícil lograrlo mientras desde Washington se insiste en derrocar al gobierno (ya sin preguntarle a los opositores) e imponer sanciones a funcionarios, ahora por el delito de apoyar la Constituyente.
Detrás de esa desesperación están los fondos de inversión, la banca trasnacional, y las corporaciones trasnacionales mineras y petroleras como ExxonMobil, representada por el secretario de Estado estadounidense. Los intereses en el suelo y subsuelo venezolanos están plenamente expresados en la política del senador Marco Rubio y del presidente Trump contra Venezuela. Ellos siguen apostando por la continuidad de la violencia para desestabilizar el panorama político venezolano.

Aram Aharonian
COMCOSUR INFORMA Nº 1833 – 15/08/2017
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3) POR UNA LEY DE SALUD MENTAL EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS

¡A las barras!

En el día de hoy (8 de agosto), a partir de las 15hs, nos convocamos para concurrir a las barras del Parlamento, para seguir luchando por una Ley de Salud Mental justa, inclusiva y humanizadora.
El proyecto de ley de Salud Mental tiene media sanción aprobada por la cámara de senadores y sufrió modificaciones pertinentes en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, pero sin llegar a ser un proyecto de ley que proponga un verdadero cambio de paradigma. Hoy, con algunas modificaciones, se vota en la Cámara de Diputados. Las organizaciones sociales que conformamos la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de derechos humanos, ingresamos a las barras para hacernos sentir.

Queremos una ley que no estigmatice con denominaciones como “trastorno mental”, que establezca un órgano de contralor independiente del MSP, como sugieren las organizaciones internacionales. Este proyecto de ley tampoco incluye la disminución, ni prohibición de “terapéuticas” invasivas como la micronarcosis, las medidas de “contención” y la sobre medicación.

Queremos abordajes interdisciplinarios, integrales e interinstitucionales para que se garanticen todos nuestros derechos como: el derecho a la vivienda, a la salud, la educación, la cultura y la libre expresión. Así como también queremos que se garantice nuestra autonomía en los procesos vitales, en la atención en salud, en los procesos jurídicos y en la independencia económica.

Por todo esto los convocamos a que nos acompañen en esta nueva instancia de lucha, Uruguay aún tiene la oportunidad de legislar desde una perspectiva de derechos humanos en materia de Salud Mental. Porque si queremos un cambio de paradigma, aún nos tenemos que hacer oír, para que se introduzcan las modificaciones necesarias.

¡Nos encontramos en las barras!

Heber, Gabriel, José, Michel, Horacio, Ernesto, Rubén, Gabriela /Boletín Informativo de Radio Vilardevoz
COMCOSUR INFORMA Nº 1833 – 15/08/2017
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4) LA TELENOVELA ERRANTE

Radiografía social chilena resucitada 27 años después

Por Sergio Ferrari*, desde Locarno, Suiza

Radiografía trágico-cómica del Chile post-dictatorial, La telenovela errante, filmada por Raúl Ruiz en 1990 y completada por Valeria Sarmiento en 2017, se estrenó en la competición internacional del 70 Locarno Festival.

La película 121 del director chileno – que había conquistado el Leopardo de Oro en Locarno en 1969 con Tres Tristes Tigres- tiene tanto de valor cinematográfico como de milagro y resurrección. Y ve la luz del día casi seis años más tarde, día por día, de la muerte de su autor.

Los materiales originales de la filmación que realizó Ruiz al regresar a Chile poco tiempo después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet estaban desparramados por el mundo. Una parte en la misma Cineteca Nacional de Chile. Otra, en la universidad norteamericana de Duke, donde el director había enseñado. Y una copia del guion se encontraba en un armario de su antigua vivienda en París, a donde el cineasta había llegado exilado tras el Golpe Militar de septiembre de 1973.

A iniciativa de los profesionales cinematográficos Chamila Rodríguez y Galut Alarcón, se realizó en los últimos meses la resurrección/montaje de la película, bajo la dirección de Valeria Sarmiento, realizadora, guionista, actriz y viuda del cineasta. En octubre próximo inaugurará la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Una semana, día por día

En sketchs separados por capítulos que estructuran el filme de una semana, van sucediéndose velozmente pincelazos de la vida cotidiana local con el toque propio de la comicidad surrealista.
Arranca con “La Gente nos mira” –tres personajes actuando en una telenovela- que mezcla una relación amorosa salpicada de reflexiones sobre la vida política chilena de ese momento. Y concluye con un sugestivo “Si te portas mal en esta vida, en la próxima vuelves como chileno” con facetas muy propias de la idiosincrasia del país sudamericano. Chile fértil país; El inglés en las zonas sensibles; Las cosas con “H”; Alma C. Ríos Guzmán y Más allá de las montañas completan la estructura de La Telenovela Errante describiendo desordenadamente ese “país maldito”, del cual hablaba Raúl Ruiz. Refiriéndose de esta forma a esa compleja etapa política de transición pos-dictatorial que aparece con tanto énfasis en ese entramado reconstruido cual un rompecabezas en esta producción “post-morten” del director trasandino.

La historia como telenovela

“Toda la realidad chilena es vista bajo el prisma de la telenovela que actúa como filtro revelador de esta misma realidad”, señalaba en los noventa el propio director para describir su obra en gestación.

Esas reflexiones, retomadas hoy en el catálogo oficial del Locarno Festival, explican “que el filme se mueve en torno al concepto de telenovela. Su estructura reposa sobre la hipótesis que la realidad chilena no existe pero que consiste en un conjunto de telenovelas”.

“Las imágenes – casi 4 horas de materiales fílmicos originales- se realizaron en 1990 en un taller pedagógico para actores y directores”, explica Valeria Sarmiento que colaboró regularmente con su marido y que realizó sus propias obras, entre ellas Amelia López O’Neill (1991) seleccionada en Berlín o Líneas de Wellington (2012), proyectada en Venecia. “El apoyo de fondos públicos para la cultura fue decisivo para concretar este proyecto”, enfatiza a este corresponsal.

El material, finalmente reducido, editado y montado en su actual versión de 80 minutos, “implica una especie de resurrección de Raúl”, enfatiza Sarmiento. Quien subraya una enorme cantidad de elementos visionarios y premonitorios que integran el film, como imágenes de una telenovela turca anticipando lo que sería la actual realidad sureña con significativa presencia de ese tipo de productos.

“Abundan también los elementos políticos, críticos”, completa Chamila Rodríquez, quien colaboró con Raúl Ruiz en diversas esferas durante una década y jugó un rol motor en este proyecto.

“Regresando del exilio tenía una mirada sarcástica del Chile que encontró. Un país con las huellas visibles de esa tremenda dictadura, que había calado tan hondo en la sociedad y donde se respiraba una atmósfera extraña”, subraya.

Locarno, un horizonte estimulante

Prevista para concluirse recién en el 2018, el trabajo y los tiempos se aceleraron en los últimos meses para que pudiera ser presentada en este Festival, bajo el estímulo de la respuesta positiva que recibieron de Locarno a la primera versión todavía no concluida del film. “Un muy interesante festival internacional de Cine de autor, que no le teme a presentar obras que contienen un lenguaje extremo”, explica Valeria Sarmiento, sin olvidar la importancia que tuvo para su marido haber recibido el principal galardón locarnés en 1969.

La presencia de La telenovela errante en esta 70 edición “es un regalo significativo para Locarno de parte de uno de los realizadores más importantes, no solo de Chile sino a nivel internacional, un verdadero maestro del surrealismo”, explica Carlo Chatrian, director del festival.

Es un film que viene del pasado pero que habla del presente, reflexiona. Y que demuestra que Ruiz era un gran visionario, que veía anticipadamente cosas que luego se concretarían, concluye
.
*En colaboración con swissinfo.ch

Nota final: La brutal dictadura

Filmar en 1990 las escenas de La Telenovela Errante “fue un proyecto tan pedagógico como lúdico… que lo hicimos prácticamente sin un guión detalladamente definido”, recuerda Liliana García Sosa, una de las actrices que participan en la película. Aunque uruguaya de nacimiento, García Sosa ha realizado su brillante carrera artística tanto en Uruguay como en Chile. Esa espontaneidad en la actuación y en la dirección buscaba dar rienda suelta a “las capacidades propias de cada uno de los que participamos. Fuimos muy libres en nuestra interpretación. Reíamos y nos tomábamos el pelo entre nosotros”, recuerda. “Aprendimos y compartimos mucho en ese ejercicio con Raúl Ruiz”, agrega.

García Sosa, reconocida también por su activa militancia cultural, asociativa y política en Sudamérica, actualiza en su recuerdo el propio compromiso político de Raúl Ruiz. “Trataba de entender esa transición que vivía Chile después de tantos años de horrorosa dictadura”. Nueva etapa, completa, que si bien se consideraba *democrática*, incorporaba en sí misma todo los corolarios, estigmas, funcionamientos, y comportamientos que impuso durante tantos años a la sociedad chilena ese régimen brutalmente represor, concluye.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA Nº 1833 – 15/08/2017
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5) SCJ SEÑALA "REPRESIÓN INDEBIDA" A DETENIDOS POR AMODIO PÉREZ PERO SE NIEGA A INDAGARLO

Corporación admite actos de “coacción ilícita funestos” pero desoye a la Corte Interamericana al omitir investigar de oficio por esos hechos al ahora absuelto colaborador de los militares

Walter Pernas /Sudestada, 11/08/2017

Con los votos de tres ministros de la SCJ que evitan considerar crímenes de lesa humanidad los cometidos durante el periodo del Terrorismo de Estado (1968-1985), fue absuelto Héctor Amodio Pérez, tupamaro devenido en colaborador de los militares entre 1972 y 1973 para la detención y posterior sometimiento a interrogatorios bajo tortura de sus ex compañeros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

María Helena Martínez, Jorge Chediak y Eduardo Turell firmaron el jueves 10, la sentencia que desestimó el recurso de casación presentado por la Fiscalía a fin de que Amodio fuera responsabilizado por reiterados delitos de privación ilegítima de la libertad especialmente agravados.

El fallo sostiene que el colaborador de las Fuerzas Armadas no puede ser penalmente responsable por haber ayudado a detener a militantes revolucionarios porque tales detenciones fueron “legítimas” en el marco del estado de guerra interno, la creación de delitos de lesa nación (Ley 14.068) y las Medidas Prontas de Seguridad aprobadas por el Poder Legislativo en aquella época.
“En definitiva, el marco normativo descripto, dictado durante los años de privación de libertad objeto de enjuiciamiento, pasó a ser entonces el instrumento legal con el que los organismos de seguridad nacional pudieron combatir a los grupos clandestinos que asolaban el país”, subraya la SCJ.

Por lo tanto, continúa, “en el período democrático anotado, la jurisdicción militar era legítima, desde que su respaldo normativo estaba dado por el Parlamento a través de las leyes referidas y/o por el Poder Ejecutivo a través del dictado de los decretos reseñados, constituyendo, en ese momento, el marco legal vigente que habilitaba las detenciones por parte del personal militar”.

“No pueden caber dudas, entonces, acerca de que la jurisdicción militar y las detenciones eran legítimas, más allá del juicio de valor, oportunidad o conveniencia, que cada uno pueda formular al respecto. El propio Parlamento Nacional confirió a los militares la potestad y obligación concreta y directa de detener a quienes aparecían como responsables de la subversión”, apuntó la Corte.
La jueza Julia Staricco procesó a Amodio en setiembre de 2015, pero un año después el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno revocó el fallo de primera instancia, por las mismas razones que ahora asume la Suprema Corte.

En su momento, la magistrada argumentó que si bien las detenciones se realizaron bajo las disposiciones legales aprobadas en aquella época, “lo que sí es ilegal, es proceder a detenciones de ciudadanos con la finalidad de someterlos a interrogatorios que en ningún momento fueron autorizados por ley ni por decreto. Pues los mismos violaban cualquier norma constitucional (…) El agravio (de) que las detenciones fueron dentro de un marco legal, no merece mayor análisis. Obviamente que así lo fueron, pero ello no implica que se hicieran para someter a los detenidos a distintos apremios físicos”, afirmó.

Pero la Corte sostiene que “si las 23 detenciones fueron ‘legítimas’, por responder al marco legal vigente en el momento, no se entiende por qué entonces el acusado debiera ser enjuiciado por un delito (el de privación de libertad) cuya acción típica antijurídica, en su descripción legal particularizada, no contiene referencia alguna a conductas posteriores como las relevadas por la señora jueza”, las que, “a la postre, no le fueron siquiera imputadas al señor Amodio Pérez”.

“En este enfoque –alega la SCJ–, los actos posteriores a la privación de la libertad, serían ajenos al tipo penal. De adosarlos, se infringirían los principios de legalidad, reserva de la ley, certeza y seguridad, que tan celosamente gravitan en el Derecho Penal”, se excusó.

La corporación argumentó entonces que, “naturalmente, tal aserto lo es sin perjuicio de los eventuales otros delitos que, en el caso, se hubieran podido cometer a partir de la conducta desplegada con posterioridad a la inicial privación lícita de libertad, delitos que no lo fueron imputados en esta causa al señor Amodio Pérez”.

“Por lo tanto, a criterio de este Colegiado, las detenciones fueron legítimas, aunque la prisión posterior hubiera resultado abusiva, acompañada de una represión indebida y de una coacción ilícita, actos todos tan funestos como execrables”, valoró el máximo órgano del Poder Judicial, que como tal conoce sus obligaciones con respecto a las convenciones internacionales de Derechos Humanos y las decisiones de sus órganos naturales como la Corte Interamericana de derechos Humanos.

A la luz de la protección universal en la que se consagran los Derechos Humanos, la dura valoración que realiza la SCJ de los actos represivos que padecían los detenidos con la delación de Amodio, no atiende ni da respuesta eficaz al reclamo de las víctimas de la tortura, ni a los familiares de los que resultaron asesinados en ese período en el que el tupamaro arrepentido vestía de militar y se hacía llamar “Sargento G”.

Al alertar tales crímenes de lesa humanidad –que lo son aunque la corporación uruguaya se niegue a afirmarlo con todas las letras– la Corte tiene el derecho, pero sobre todo el deber de actuar para que esos actos delictivos “funestos y execrables” no queden impunes.

Advertir, por toda acción de la Magistratura, que la Fiscalía no ha pedido el procesamiento de Amodio por la “represión indebida” que sucedió a partir de la detención de las personas a las que delató, no condice con las verdaderas potestades de una Suprema Corte de Justicia.

Sobre todo cuando en el expediente del caso consta que Amodio, haciendo de “Sargento G” participó de los interrogatorios en los que se torturaba y actuó en la detención de una persona que terminó asesinada por las fuerzas represivas.

La jueza Staricco sostuvo en el fallo de primera instancia que “se ha reunido la semiplena prueba para entender que el indagado Héctor Amodio Pérez participó en diversas detenciones de civiles, los cuales eran llevados al Batallón Florida, siendo sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos, como submarino seco o el tacho, la picana, plantones. Incluso hasta llegar a la muerte como fue el caso de Eduardo Ariosa, alias “el pajarito”, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener”.

La magistrada aclaró que “a esta conclusión no se llegó solo con la declaración de aquellos compañeros del MLN que tuvieran cierto ánimo de venganza, como argumenta la defensa, sino también por los militares que declararon”, así como “otros que no eran” tupamaros.

Staricco añadió que Amodio “en reiteradas oportunidades (y) vestido de militar, salió a patrullar junto a militares, entre ellos con Orosmán Pereyra, y ‘marcar gente’, incluso lo llamaban 'Sargento G.', lo que surge probado más allá de la negativa del indagado”.

“El propio Pereyra expresó que en los patrullajes se salía de la unidad, saliendo oficiales, personal subalterno y Amodio Pérez; que las personas que eran detenidas se las interrogaba. Y quien interrogaba era Amodio Pérez en el propio Batallón”, subraya el fallo.

Pereyra dijo desconocer cómo Amodio hacia los interrogatorios, pero declaró que “la información se la daba al capitán Camacho”, y agregó que el ex tupamaro era el encargado de escuchar las respuestas de los interrogados –que se encontraban en sesión de tortura– y “reformular las preguntas”.

De acuerdo a lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (interprete última de la Convención Americana), con todos estos elementos reseñados la SCJ debería requerir “de oficio” que se investigue si Amodio Pérez es responsable de diversos crímenes que se cometieron en aquellos interrogatorios
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Walter Pernas /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1833 – 15/08/2017
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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RECLAMOS, DENUNCIAS, CAMPAÑAS

1) Argentina: Reclamo por cupo laboral trans
2) Argentina: ¿Cómo terminar con la guerra de conquista permanente?
3) Centroamérica: comunidades LGBT demandan el cambio de identidad en la cédula
4) México: Original campaña contra el acoso a las mujeres en el metro
5) México: Lanzan campaña contra la Trata de Personas
6) México: En dos años Morelos suma 170 casos de feminicidio
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 527 / Lunes 14 de agosto de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) Argentina: Reclamo por cupo laboral trans
Pagina12

El 7 de agosto, día de San Cayetano, se realizó un reclamo, frente al Congreso de la Nación, para exigir la reglamentación de la ley de cupo laboral trans para que pueda ser implementada en la Provincia de Buenos Aires, con una pegatina y un manifiesto. “En el día de San Cayetano preferimos no pedirle a un santo el trabajo sino al Estado para que se regule la ley cupo laboral trans que ya está sancionada”, alzaron la voz lxs manifestantes en forma de oración política. La norma fue impulsada por Diana Sacayan, la dirigente víctima de un travesticidio en octubre del 2015, e impulsa la obligación del Estado de dar trabajo a las personas trans.

“Muchas personas travestis ytrans viven en estado de emergencia desde que nacen hasta buena parte de sus vidas. Seguir reproduciendo esa realidad, cuando la desigualdad es tan pronunciada, hace que se vuelva inalcanzable cualquier objetivo que no sea permanecer en la desigualdad. Lo único que resta es el cupo”, subraya Valeria Licciardi hacedora de múltiples actividades ya que cocina, actúa, escribe y –también– abre la puerta para ir a jugar.

La actriz Vanesa Strauch, integrante del elenco de “Persona”, también se sumó a la manifestación. “Apoyo una forma de activismo que potencie la diversidad entendiendo que es siempre un valor. Las personas no transexuales, a lo mejor, ni siquiera percibimos la importancia de estas rupturas. Por eso apoyo el respeto a la autopercepción oponiéndome a la normativa binaria del género constituida en el patriarcado.El machismo no se limita a la opresión de las mujeres. Ha formado una sociedad heteronormativa que, día a día, continúa diciéndonos que hacer con nuestro cuerpo, donde trabajar, donde temer.Apoyo construir la posibilidad de un continuo de géneros, de sexos, de roles y de deseos”, resaltó Strauch.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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2) Argentina: ¿Cómo terminar con la guerra de conquista permanente?
Entrevista a Rita Segato
FM La Trubu

Invitamos a la antropóloga y escritora Rita Segato a participar de un plenario con todos los programas de la radio. Una instancia interna de formación e intercambio. Queremos compartir parte de lo que dijo, tanto por su potencia como por la urgencia de sus conceptos.

Para hablar de la pedagogía de la crueldad hay que hablar de dos proyectos de mundo. Uno es el proyecto de las cosas, donde somos consumidores. El otro es el de los vínculos, el proyecto que produce comunidad.

En el mundo de las cosas, los valores son la productividad, la competitividad, el cálculo de costo-beneficio, la acumulación y la concentración.

Sin embargo, en simultáneo conservamos los vínculos, la amistad, que es una característica muy fuerte de la Argentina. Todavía se invierte en la institución de la amistad. En otros países la conversación es una pérdida de tiempo.

La pedagogía de la crueldad es la que convierte la vida en cosa. La que nos enseña todo el tiempo que los cuerpos y la naturaleza son cosas. Es la pedagogía que nos lleva progresivamente hacia el proyecto del consumo.

Esa batería de gestos de la pedagogía de la crueldad tiene como correlato una disminución de la empatía, de la sensibilidad hacia el sufrimiento de los otros. Esta escalada es una característica que se ve como nunca en este tiempo.

Un ejemplo es lo que ocurre con la película “La Naranja Mecánica”: fue prohibida en su momento porque se la consideraba la más violenta de la historia y hoy es una comedia. Es un termómetro de cómo ha cambiado nuestra piel, nuestra sensibilidad a la crueldad. Hoy, sus escenas más violentas nos hacen reír.

Hay otra educación que es contraria a la pedagogía de la crueldad que te dice que en el lugar de esa persona puedo estar yo. Eso es un enunciado que está ausente hoy. Cada persona tiene su lugar y esos lugares no son conmutables.

Cámaras rapiñadoras

¿Cómo tratar mediáticamente el feminicidio? Hoy la lente mediática muestra al agresor como un monstruo. El monstruo es un sujeto potente. Y del lado del mandato de la masculinidad la potencia es el principal valor. Es un mandato de exhibición, de espectacularización de potencia. Y eso genera una gran convocatoria para ocupar ese lugar. Hay una identificación con esa figura que reinstala la jerarquía patriarcal a través de la violencia extrema. Es un doble discurso de los medios.

¿Qué hace la cámara de Tinelli? Es una cámara rapiñadora. Llama al público y le dicen que se encuentran del mismo lado que el ojo. Los convoca a la posición del ojo que mira a través de la lente. Pero los engaña: el público está del lado del cuerpo rapiñado. Es una ilusión de estar del lado del poder que escrutinia los cuerpos, los rapiña, los captura, los devora. Pero eso es mentira. ¿Sos la basura o estás del lado del que maneja las riendas de la cámara? Esa es la pedagogía de la crueldad. Enseñar a gozar con el sufrimiento del otro. Es muy afín a la pedagogía militar.

La corporación masculina

El debate sobre la prostitución es muy difícil. Pero, ¿qué es la prostitución en la era de la industrialización de los cuerpos? Es la primera pedagogía que enseña el cuerpo-cosa. Hace poco participé de una mesa con una referente sindical de las meretrices. Yo la respeto, no me gusta la censura. Respeto siempre y cuando se haya reflexionado de manera amplia sobre el tema. Porque la prostitución tiene una historia. A lo largo del tiempo ha cambiado su significado, su papel. Mantener a la prostitución a salvo de su captura como pedagogía de la dirección del proyecto histórico de las cosas hoy es prácticamente imposible. Al mismo tiempo creo que es imposible dejarla protegida de los adueñamientos.

Cuando se levanta la prohibición de la prostitución en Argentina, se vuelven a abrir los burdeles en las inmediaciones de los cuarteles. Cuando llega un recluta a trabajar a un pozo petrolero de la Patagonia, lo primero que hacen es llevarlo a un burdel. Lo mismo ocurre en la zona de los valles calchaquíes con los emprendimientos mineros. Las empresas compran casas en barrios pobres para instalar burdeles.

El sentido común dice “es por la libido masculina”. Es un verso. Entrevisté muchísimos violadores y el tema del deseo sexual surge muy poco. El burdel es la pedagogía necesaria para aprender a ver un ser humano como cosa. Es la pedagogía de la crueldad por excelencia. Además crea alianza masculina. Genera corporación. La corporación masculina se consolida mediante una víctima sacrificial, que es esa persona transformada en cosa.

Hay que ser conscientes de que la radio genera algo muy distinto a la corporación. La corporación no es una comunidad. Es lo opuesto a la comunidad. En la comunidad existen los grupos corporados, se trata de una categoría antropológica en la que las personas pueden hacer una minga; pueden cooperar en una misma tarea. Pero cuando se hace la transición a un a sociedad de masas, ese grupo corporado se transforma en una corporación. Una corporación es una entidad donde surge un familismo amoral, donde surge la idea de que la principal lealtad es la corporación y esa lealtad a la corporación se encuentra por encima de cualquier otra lealtad o cualquier otro valor.

La masculinidad es una corporación, hay que demostrar merecer el título de la membresía de esa corporación y ahí entra la exhibición de una capacidad de crueldad. Esa es la base del mandato de masculinidad. El mandato de género también se realiza dentro de las propias jerarquías de la masculinidad. La jerarquía de la masculinidad tiene una estructura afín con la estructura militar y policial. ¿Dónde encontramos la punta del hilo para deshacer esa madeja?

La guerra neurobélica

Este año estuve en Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, donde se está haciendo un complejo portuario de tres puertos y un complejo hotelero para hospedar a los empresarios que iban a negociar el tratado transpacífico. En ese lugar, vive una población negra que tiene derecho constitucional a habitar esa región. Para sacar a esa población de ahì hacen atrocidades, para que la gente abandone sus lugares ancestrales. así aparece el fenómeno de “desplazados”. Asustan a la gente para tomar sus territorios. ¿Cómo se termina con la guerra? No se termina con un pacto entre las FARC y el gobierno colombiano, porque es otro tipo de guerra. es una guerra de conquista permanente. Es falsa la idea de que la conquista se cerró, la conquista está en curso. ¿Cómo se termina con esta guerra? Hay que pensarlo, pero no de una forma que nos haga llegar a tomar decisiones autoritarias.

Últimamente hablo mucho del autoritarismo y de la utopía. No uso la palabra utopía, porque la utopía es un diseño de futuro que tiene que ser así. No tiene que ser una idea cerrada de futuro la que guíe nuestra acción. El camino tiene que ser visto desde lo que ya sabemos, desde la historia y desde donde estamos. Si hay una utopía viva es que la historia es impredecible, es puro acaso, es incontrolable. La libertad es la imprevisibilidad de la historia.

Para responder esa pregunta sobre cómo se para esa guerra, la respuesta es “desmontando el mandato de masculinidad”. Porque es el mandato de masculinidad que ofrece mano de obra bélica, que deja a los niños y jóvenes hombres preparados para ser contratados de manera informal o formal y “programados neurobélicamente”.

La programación neurobélica prepara a sus recursos humanos para las guerras del presente, que no tiene límite porque no son guerras formales. Ninguna de las leyes de la guerra actúa contra ello. Son profesionales bélicos contratados por empresas que se encuentran en un limbo legal, pues no obedecen ni a la justicia humanitaria que pone límites sobre cómo un ejército puede actuar en una guerra, ni obedecen al estado. Esa mano de obra bélica existe porque existe un mandato de masculinidad, porque existe una manera en que las familias, las escuelas, los barrios, la vida cotidiana forma a los hombres y esa obligación de masculinidad implica abdicar algunas formas de la sensibilidad; volverse insensible tanto del cuerpo propio como del cuerpo ajeno. Es una preparación que luego se continúa cuando el sujeto masculino entra en el espacio bélico, sea por la vía del estado o por la vía de un espacio para estatal que se expande en América Latina. La esfera paraestatal se encuentra en expansión en América Latina.

En nuestro tiempo muchos hombres se van evadiendo del mandato de masculinidad. El hombre en su obediencia al mandato de masculinidad y con la característica narcisista de la psique masculina no tiene acceso al espejo que le habla de su propia crianza, de su propia carencia, de su propia abdicación a tener formas de la felicidad. Es un sujeto poco espejado, poco reflexivo y que no toma conciencia de su propio sufrimiento. Con esto no justifico a los hombres, lo que estoy diciendo es que uno de los caminos es informar a los hombres que están siendo obedientes a un mandato que los victimiza también, que les exige suprimir aspectos importantísimos de la vida. Formas de felicidad que las mujeres conocemos y ellos no pueden conocerla. Por eso los hombres mueren antes en todos los países del mundo.

Otro tema es que estamos frente a un espectáculo de crecimiento del fundamentalismo cristiano. Hay que usar esa palabra, porque nos enseñaron a condenar el fundamentalismo islámico, pero hay que usar esa misma expresión de fundamentalismo para lo que se está instalando entre nosotros de México a Argentina.

El miedo al espacio público es un miedo nuevo y es muy parecido al miedo en la sociedad fundamentalista islámica. La fundamentalista es la forma más occidental de todas las formas del islam, porque clausuró todas las formas de debate interno y afirma una verdad única. El problema de la verdad única es el problema del presente y esa verdad única, esa justicia única, está colonizando nuestro continente, que no tiene en el pasado una inclinación a posturas fundamentalistas.

Fundamentalismo y guerra son ideas muy afines.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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3) Centroamérica: comunidades LGBT demandan el cambio de identidad en la cédula
Nodal

Promotores de derechos humanos vinculados a organizaciones de juventudes y al grupo LGTBI de la región centroamericana se han dado cita en Nicaragua, para participar de un espacio de análisis sobre la situación de violación de derechos humanos a estos grupos vulnerables en los países del istmo.

William Hernández, de la Asociación de Derechos Humanos Entre Amigos de El Salvador, destacó en este encuentro que el derecho a tener una ley de identidad ciudadana que les permita a las personas del grupo LGTBI cambiarse el nombre de acuerdo a su género, ha sido una de las problemáticas más sentidas por este sector a nivel regional.

De acuerdo a datos del INIDE, tres de cada 10 adolescentes y jóvenes en Nicaragua están fuera del sistema educativo, una realidad que no dista mucho a la de otros países de la región como el vecino Honduras.

Las causas del abandono escolar es otra temática que preocupa a los defensores de derechos humanos, pues son los grupos vulnerables los más afectados.

Esta red de promotores de derechos humanos también está interesada en aportar propuestas e incidir desde diversas acciones para disminuir los índices de violencia y discriminación que sufren jóvenes y grupo LGTBI en la región.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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4) México: Original campaña contra el acoso a las mujeres en el metro
Infobae

La editorial Larousse, conocida por la edición de los diccionarios que llevan el mismo nombre, lanzó una campaña para detener el acoso contra las mujeres en la Ciudad de México bajo los hashtags #AcosoNo #NoEsloMismo.

La campaña se desarrolla a través de las redes sociales y con letreros en los trenes del metro capitalino en los que se muestra el verdadero significado de las palabras que a veces se usan para acosar a las mujeres.

Un ejemplo es la palabra «Bombón», la que especifica que se trata de un dulce de azúcar y no una mujer.

En el país, nueve de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en el camino de su casa al trabajo o en el de regreso de su empleo al hogar, lo que obligó a que las autoridades capitalinas designarán los primeros vagones de cada tren del metro para uso exclusivo de mujeres.

Estas acciones se han complementado con la puesta en marcha de autobuses del transporte público exclusivos para mujeres. Sin embargo, el acoso no termina.

El objetivo de la empresa editorial no es sólo concientizar a los hombres sino a las usuarias del metro, para que no tomen como normales ciertas agresiones a las que ya están acostumbradas y las denuncien.

Esta es la segunda campaña que se lanza en el año en contra del acoso a las mujeres en el metro. La primera fue una iniciativa de ONU Mujeres que bajo la etiqueta #NoEsDeHombres creó un asiento en el metro «exclusivo para hombres» con un pene descubierto al descubierto para crear conciencia sobre la que sienten las mujeres cuando son molestadas.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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5) México: Lanzan campaña #AQUIESTOY contra la Trata de Personas
Redtamaulipas

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lanzaron hoy la campaña Corazón Azul México: #AQUIESTOY contra la Trata de Personas.

La campaña #AQUÍESTOY contra la trata de personas tiene como propósito prevenir la trata de personas entre los grupos poblacionales que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y promover la denuncia ciudadana, reafirmando el compromiso del Estado Mexicano y de la UNODC para erradicar este delito.

#AQUIESTOY, sustentada en el Corazón Azul como símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, está dirigida a la población migrante retornada, a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a las mujeres, y a la niñez y juventud con acceso a Internet, así como al sector turístico en el país.

La campaña Corazón Azul México: #AQUIESTOY contra la trata de personas contó con el aporte financiero del Programa Iniciativa Mérida de los Estados Unidos de América, y fue realizada por la UNODC a solicitud de la Secretaría de Gobernación.

Con la finalidad de desarrollar una iniciativa de comunicación incluyente y acorde con las necesidades del público meta, la Secretaría de Gobernación y la UNODC realizaron, a lo largo de 2016, 11 mesas trabajo en diversas ciudades de la República Mexicana. Como resultado de estas mesas, se obtuvieron insumos para la creación de mensajes, línea creativa y ejes rectores de #AQUIESTOY.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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6) México: En dos años Morelos suma 170 casos de feminicidio
Cimacnoticias

El pasado 10 de agosto se cumplieron dos años desde que está vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de Morelos, sin embargo en un balance realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) se sustenta que los casos de feminicidio no cesan en la entidad: 170 mujeres fueron asesinadas desde que se activó la alerta.

La CIDH, organización peticionaria de la AVG para Morelos, señala en su informe del segundo aniversario del mecanismo que estas cifras son indicadores de la omisión del gobierno estatal, “así como de una inexistente política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y garantizar sus Derechos Humanos”.

Muestra de ello, precisan en el reporte, hasta julio de este 2017 suman 46 casos de feminicidio y 2016 se posicionó como el año más violento para las morelenses, cuando la Comisión registró 97 asesinatos violentos de mujeres.

El municipio de Cuernavaca, uno de los ocho en los que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo de emergencia, registró el mayor número de casos de feminicidio, desde agosto de 2015 a julio de 2017, sumo 43, es decir, el 26 por ciento de los 170 ocurridos en dos años.

Otras de las localidades detectadas por la Comisión Independiente como “focos rojos” son: Temixco (13 asesinatos), Jiutepec (11), Tlaltizapán (9) y el municipio de Cuautla, Ayala, Jojutla, y Yautepec, que suman ocho casos de feminicidio cada uno en el mismo periodo.

“Si el feminicidio crece es porque no se aplica adecuadamente las medias de la AVG”, sentencia la organización en el documento y agrega “que es responsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad civil, preservar la vida la de las mujeres”.

CIDH RECOMIENDA ACCIONES

A partir del análisis que la agrupación hizo a dos años de la AVG, propusieron tres recomendaciones puntuales de temas que debe atender el Gobierno de Morelos: la restitución integral del daño a las víctimas de violencia de género, acceso pleno a la justicia y las garantías efectivas de no repetición.

En su reporte, la CIDH propuso al Gobierno estatal que se conformen mesas de trabajo con las autoridades de los municipios que tienen la declaratoria de la AVG. En las que participen de manera coordinada las organizaciones civiles y las dependencias del gobierno dedicadas a la atención de la violencia contra las mujeres, con el fin de dar un seguimiento puntual de las acciones que deben desarrollar.

Asimismo planteó que trabaje con el Tribunal Superior de Justicia para revisar los casos de feminicidio que están sin sentencia y actualizar las capacitaciones de los funcionarios para que juzguen desde la perspectiva de género.

La agrupación también consideró que la Coordinación Estatal de Seguridad Pública local debe realizar una investigación para detectar las zonas de riesgo para las morelenses, y en base a ello, generar políticas de seguridad pública.

También exhortó al Gobierno a crear la Base Estatal de Datos sobre Feminicidio y aplicar los protocolos especializados de investigación de los asesinatos violentos de mujeres.

La Comisión Independiente concluyó que las 16 medidas de acciones urgentes que tuvo que realizar el estado por la AVG, sólo una se cumplido en su totalidad, la reparación simbólica del daño a los familiares de víctimas de feminicidio.

Lo reportado por la CIDH contrasta con las declaraciones que dio en abril de este año el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, quien indicó que la Segob ya “había levantado” la Alerta en un 80 por ciento, luego de que el gobierno entregó tres informes de cumplimiento. Cabe mencionar que el reglamento del mecanismo no fija que se pueda retirar una Alerta.

COMCOSUR MUJER Nº 527 – 14.08.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora se puede seguir a Comcosur también en Facebook
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LA DOBLE EXPOSICIÓN

AL DÍA:
¿FUE CORRECTO HACER PÚBLICOS LOS ARCHIVOS BERRUTTI?
Vania Markarian, Nicolás Duffau, Carla Larrobla e Isabel Wschebor.


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2138 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 11 de agosto de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

¿FUE CORRECTO HACER PÚBLICOS LOS ARCHIVOS BERRUTTI?
(La Diaria)

El viernes 28 de julio, el semanario Brecha anunció que había liberado los llamados “archivos Berrutti”: aproximadamente 14.000 documentos elaborados por los servicios de inteligencia que prueban que los militares siguieron espiando a centenas de ciudadanos aún después de la restauración democrática. Los documentos, que fueron colgados en un servidor abierto, exponen los nombres de las personas espiadas, pero no la de los agentes que los espiaban. Entre otras polémicas desatadas por la decisión de Brecha de difundir información considerada secreta, hubo diferencias entre los académicos dedicados al trabajo con archivos del pasado reciente. Aquí, las visiones de los historiadores Vania Markarian, Nicolás Duffau, Carla Larrobla e Isabel Wschebor.

1/ Por qué sí, pero así no
Nicolás Duffau

Se llamaba Manuel Mena y fue tío de Javier Cercas. Formaba parte de los Tiradores de Ifni, un grupo de elite del autodenominado ejército “nacional” durante la Guerra Civil española. No llegó a cumplir 20 años. Murió en la batalla del Ebro. Es el personaje principal de El monarca de las sombras, última novela de Cercas. En Ibahernando, pueblo del que Mena era originario, se recuerda que era falangista; así figura en los pocos documentos (escritos y fotográficos) que se preservan.

Sin embargo, Cercas demuestra que la biografía de Mena es más compleja. Que la historia de los que fueron y han sido acusados de “rojos” o “fachas” no resulta tan lineal como parece. Cercas toma los pocos testimonios que mencionan a Mena y no revive los acontecimientos, no intenta mostrar la historia tal cual ocurrió, sino que hace lo que haría cualquier historiador: problematiza una situación y para ello desconfía de los documentos, plantea que todo lo que allí figura es una construcción de quienes elaboraron ese material e intenta conocer la procedencia de esa información. En los documentos Mena seguía siendo un falangista, esa marca era indeleble sólo por figurar en documentación histórica.

Fue inevitable pensar en la historia de Mena cuando leí la noticia de la publicación por parte de Brecha de 14.000 de los tres millones de documentos que formarían parte del llamado “archivo Berrutti”, buena parte de ellos generados en contextos de espionaje, delación o seguimiento de personas. Ni bien esos documentos estuvieron en línea me resultó imposible resistir la “tentación del archivo” y pasé horas leyendo. El criterio de poner en línea ese enorme volumen de documentación (pero ínfimo en relación con lo que sería todo el cuerpo documental) acarrea algunas dificultades.

La publicación de 14.000 documentos sin una explicación mínima (sin saber cómo el semanario accedió a las microfilmaciones), sin un contexto capaz de advertir quién generó esa información, por qué y para qué, poco ayuda a entender e interpretar los acontecimientos. Estoy de acuerdo con que esa documentación sea, en algún momento, pública, pero no con la divulgación masiva de información sensible sin un criterio mínimo que permita explicar la “biografía” de esos documentos. Porque allí aparecen nombres de personas cuyas vidas fueron espiadas, cuyas prácticas fueron escrutadas y se les atribuye prácticas, conductas, formas de pensar, que eventualmente no tuvieron. Como Mena, pueden portar una marca indeleble, un mero rótulo.

Sin embargo, esta divulgación masiva de documentos es una extraordinaria oportunidad para comenzar a debatir acerca de los archivos en Uruguay y en particular sobre la situación de la información del pasado reciente. Y cuando me refiero a la situación, aludo directamente a la cuestión política del archivo, a las políticas de archivo o a su ausencia. La preservación y el acceso a determinada documentación es, claramente, un problema técnico, pero es, al mismo tiempo, político: una política de archivo (o su ausencia) es también una de memoria, la legitimación de un relato histórico.

Jacques Derrida sostuvo, en un trabajo en el que reflexionaba sobre los arcontes y la construcción del archivo, que la calidad democrática de una sociedad se podría medir por el acceso que esa misma sociedad tiene a los documentos históricos. En Uruguay las políticas de archivo con relación al pasado reciente han estado matrizadas por la negativa al acceso, por el silencio, por una suerte de secretismo.

Los documentos que publicó Brecha constatan el espionaje político en democracia. Pero 14.000 de tres millones de documentos no ayudan a entender, porque faltan 2.986.000 folios que también colaborarían a explicar un contexto. ¿Qué pasa si esa misma documentación entra en contradicción? ¿Qué pasa si en la información que publicó Brecha, y que se usa para una nota de prensa, se dice algo que luego se desdice en otro informe? ¿Qué ocurre si hay errores en esa documentación? ¿Qué pasa si alguien queda asociado a una corriente, figura como informante o tiene una conducta que hoy podríamos considerar condenable? Mucho peor aun si tenemos en cuenta que buena parte de esa documentación pudo haber sido utilizada para presionar a las personas involucradas.

Se ha planteado que la decisión de Brecha de publicar esta información radica en visibilizar la producción de información en forma ilegal, pero una cosa es denunciar esa situación (algo que comparto) y poner la información a a disposición de quienes quieran consultarla, y otra distinta es hacerla accesible sin establecer criterios transparentes para esas consultas o sin corroborar la verificabilidad de esas fuentes y aportar a la reparación del daño a esas víctimas. Si no fuera así, no colaboraría a entender por qué hay grupos militares (o policiales o civiles) que espían a personas o colectivos en democracia.

Si la decisión de publicar estos documentos abre un debate sobre el acceso a los archivos en Uruguay y contribuye a la generación de criterios transparentes sobre el paradero y acceso a información sensible, bienvenida sea. Por el contrario, estamos en una situación muy delicada y esa misma información puede disparar notas de color que expongan a víctimas a situaciones que las revictimicen, puede favorecer que la información sea utilizada con cualquier propósito y no contribuya en nada a explicar un contexto histórico.

El problema sobre el acceso a los archivos y la necesidad de contar con protocolos sin resentir el derecho de los ciudadanos al conocimiento de documentación que es pública o los menciona no se va a saldar subiendo a la web en forma masiva los mismos documentos que han permanecido ocultos. Ante esta situación el objetivo sigue siendo fijar criterios comunes entre todos los interesados en este tipo de documentación para darle un tratamiento adecuado que permita su accesibilidad. Es un problema del patrimonio documental, de los archivólogos, de los historiadores, pero también de la ciudadanía y, por ende, un problema de nuestra vida democrática.

2/ Brechaleaks: La culpa no es sólo del chancho
Vania Markarian

No puedo defender esta forma de dar difusión a documentos que contienen información sobre la vida privada de cientos de personas. Pero trataré de analizar cómo llegamos a esta situación.

1. Los rollos. En 2006 se localizó, por gestión de la entonces Ministra de Defensa Azucena Berruti, una serie de armarios con rollos de microfilm en una sede militar. No los llamaré “archivo Berruti” para no ofender a la ex ministra, seguramente la de actitud más clara y valiente con respecto a la documentación producida por esa cartera durante la última dictadura. Aunque el procesamiento se realizó casi en total secreto y sin dar conocer sus criterios básicos, poco a poco se fue filtrando que se trataba principalmnte de materiales generados o recolectados por agencias de inteligencia militar durante el período autoritario.

2. Su amparo. En 2009, por previa decisión de la misma Berruti, los rollos de microfilm y su versión digital fueron trasladados para custodia al Archivo General de la Nación (AGN), manteniéndose copia en el Ministerio de Defensa. En 2011, el AGN puso los documentos bajo reserva por quince años. Esto quiere decir que, por ese lapso, los mismos estarían disponibles para los directamente involucrados mediante pedido expreso de ellos, sus familiares o apoderados y permanecerían abiertos sin restricciones para la justicia y otras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Estas decisiones se ampararon en el marco normativo vigente y se tomaron mediante consulta formal a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) dependiente de la Presidencia de la República.

3. Otra copia digital. Bajo ese mismo amparo, otra copia de esos documentos fue entregada a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, también dependiente de la Presidencia, donde trabajaba un equipo de investigadores contratado por convenio con la Universidad de la República. En ese momento, el grupo se dedicaba a atender pedidos de información originados en causas judiciales. Para ese entonces, era claro que las fechas extremas de la documentación trascendían ampliamente el tramo autoritario.

4. Más cajas. Por otro lado, en 2015 se incautó, en el contexto de una causa por desaparición forzada, un gran volumen de documentación en el domicilio del militar fallecido Elmar Castiglioni. Todavía se sabe poco sobre el contenido y la procedencia exacta de esos documentos, que permanecen en el ámbito del Poder Judicial. En 2016, luego de varios trascendidos sobre el tenor de los materiales incautados, se creó una comisión investigadora parlamentaria para dilucidar sus orígenes e implicancias y, fundamentalmente, establecer responsabilidades por lo que parecían revelar respecto al mantenimiento de un sistema de espionaje ilegal luego del fin de la dictadura.

5. Una comisión investigadora. Hasta donde entiendo, esa comisión no pudo hasta el momento acceder a los mismos documentos que motivaron su creación. En aras de avanzar con su mandato, solicitó y obtuvo del AGN un informe detallado sobre el contenido de los rollos de microfilm antes mencionados (los que me rehúso a llamar “archivo Berruti”). Los legisladores pensaban, supongo, que ese insumo podría ayudarlos a comprender las actividades ilegales de vigilancia y control social en democracia, aparentemente registradas en el “archivo Castiglioni” (el nombre vale, en este caso, porque se trata de quien recolectó los documentos).

6. El periodista. Paralelamente, comenzaron a aparecer (primero en el semanario Brecha con la firma de Samuel Blixen y luego en otros medios) notas que hablaban de la documentación microfilmada y transcribían fragmentos sin referencias claras sobre su procedencia. Su selección e interpretación corría por cuenta de los firmantes de los artículos. Muchos los acusaron de tendenciosos y sensacionalistas. En el caso de Blixen, las quejas derivaron en una suerte de ventilación de renovadas querellas internas de la izquierda. Lo cierto es que, sin poder contrastar públicamente sus conclusiones, la operación de difusión fragmentaria se parecía bastante a una campaña de denuncia sobre el manejo posiblemente arbitrario de la información por parte de quienes habían accedido hasta entonces (i.e. el equipo de universitarios que trabajaba en Presidencia). En ese contexto, el semanario decidió la semana pasada publicar en la web toda la documentación que el periodista decía poseer. Lo hizo sin ningún filtro ni tachadura y, de nuevo, sin dar cuenta de la forma de obtención de la misma.

7. La polémica. La verdad es que el asunto no despertó el revuelo que podía esperarse, si exceptuamos las diatribas y alegatos que se publicaron en las redes sociales. Me atengo en esto a lo que dicen quienes siguen esos foros. A La Diaria, por ejemplo, le llevó una semana entera dar cuenta del asunto. No sé las razones de esta omisión. ¿Crítica basada en lo que se asume como ética periodística y manejo de las fuentes? ¿Defensa de lo actuado hasta entonces en el ámbito del Estado? ¿Desconocimiento sobre las derivaciones del asunto en términos de acceso a la información pública?

8. Los historiadores. No puedo responder a esas preguntas. Quiero si decir un par de cosas sobre este asunto ubicándome en el campo académico de la historia reciente, con todas las indefiniciones y tensiones propias del cruce que le es consustancial entre las reglas de un oficio centenario y sus implicancias políticas en el presente. En nuestro país, como he analizado en otras ocasiones, ese campo se terminó de conformar en estrecha relación con las políticas de “verdad y justicia” implementadas por los gobiernos del Frente Amplio a partir de 2005. Esto no es un defecto ni una virtud. Es la historia de la consolidación de unas prioridades de investigación y unos espacios institucionales que no siempre se desmarcaron de los reclamos de las víctimas y las urgencias políticas de diversos grupos de interés. En ese marco, algunos historiadores aportaron (aportamos) información útil para causas judiciales y políticas de memoria, mientras otros buceaban (buceábamos) en los repositorios documentales para ir generando preguntas e interpretaciones dirigidas a la comprensión global de ese pasado en relación al estado de nuestro desarrollo historiográfico.

9. Los archivos. En ambos sentidos, vale la pena aclarar que los archivos no deberían concebirse como tributarios de ciertas agendas académicas, políticas o periodísticas y mucho menos habilitarse como cotos de caza para unas pocas determinadas causas, por más nobles que parezcan. Los archivos, no sólo los del pasado reciente, son artefactos culturales complejos: son el resultado de procedimientos técnicos normalizados por especialistas y el producto de procesos sociales contingentes de selección y valoración. Por lo tanto, no contienen “la verdad”, sino una forma de la misma: la de las condiciones de producción de cada documento y las de su consignación como materiales de archivo. En el caso que nos convoca, estas condiciones son, simple y llanamente, las del espionaje ilegal de ciudadanos por parte de un Estado democrático mediante procedimientos asentados prolijamente en miles de hojas conservadas en un edificio militar. Es un crimen grave.

10. El chancho. Es imprescindible y urgente que las autoridades competentes se ocupen de esta situación y garanticen la integridad y la transparencia del manejo de la documentación oficial. Sin eso, seguiremos asistiendo a procedimientos como el que estamos analizando. Estaremos también comprometiendo la función esencial y más perdurable de los archivos públicos que no es otra que permitir la recreación crítica de las memorias y las historias que cada nueva generación recibe como legado de las anteriores. Por eso, lo del título: en esta ocasión, como en tantas otras, la culpa no es solamente del chancho sino también de quienes le rascan el lomo.

3) Detrás de los “Berrutti Papers”
Isabel Wschebor Pellegrino

Hace varios años, el periodista Samuel Blixen denunció la existencia de archivos de la inteligencia militar montados a partir de un sistema de informantes. La publicación de la semana pasada constituiría, entonces, la confirmación de sus hipótesis. En los meses previos, Blixen había publicado diversos artículos en los que hacía referencias fragmentarias a estos hechos. Tanto en los artículos con informaciones parciales como en el caso de los materiales puestos en línea la semana pasada, se trata de documentos producidos por el Estado, que se encuentran en situación de reserva y, por ese motivo, tampoco conocemos cuál fue el mecanismo de acceso por parte del periodista.

Otro de los asuntos denunciados por Blixen desde hace varios años refería a la existencia de otro archivo en la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni, cuestión que también fue confirmada en octubre de 2015 tras su incautación por la Justicia. En cualquiera de los dos casos, se trata de asuntos denunciados por este periodista mucho tiempo atrás y que siempre generaron ciertos niveles de suspicacia en buena parte de la comunidad implicada con dichas investigaciones.

Los motivos de intriga y confusión están posiblemente asociados a que los mecanismos de acceso establecidos por el Estado desde mediados de la década de 2000 son de carácter discrecional. Esto genera un ambiente de opacidad y falta de transparencia que se traduce en la forma en que estos son utilizados en publicaciones de diverso tipo.

Me permito, entonces, realizar algunas aclaraciones sobre ciertos términos que vulgarmente se utilizan de manera equivocada y que refieren a la actividad de identificación y puesta en acceso de los archivos públicos.

Como bien lo aclara el semanario, estos documentos son las copias de una porción de las digitalizaciones del archivo. Se trata de copias que este medio obtuvo por fuentes no conocidas públicamente. Por lo tanto, si bien pueden ser de gran utilidad para el conocimiento del pasado más reciente, develando aspectos de la vida institucional que no precisamente nos enaltecen como país, su utilización ante la Justicia debe contar con la debida legalización por parte de los organismos que efectivamente son custodios de esta documentación en la actualidad.

Se trata entonces de una pequeña porción del archivo lacrado y trasladado a pedido de la ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti en 2006, desde los dependencias de la inteligencia militar a la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional. Con el traslado de este archivo, se produjo –hace una década– la primera sistematización de documentos producidos en dependencias militares, referidos a actividades de inteligencia y seguimiento de las personas durante el pasado reciente.

Hasta el momento en que Berrutti identificó este acervo documental, todas las autoridades habían insistido en que los archivos habían sido destruidos y quemados, no siendo posible contar con documentación sobre el período en este tipo de dependencias.

Se trataba de rollos de microfilms con copias de documentos producidos por diferentes dependencias de la inteligencia militar desde los inicios de la década de 1970 hasta la década de 1990. Por orden de la ministra, la documentación fue digitalizada en forma íntegra. Los trabajos culminaron durante el mandato de su continuador, José Bayardi, quien en 2008 entregó los materiales tal y como se había programado.

La colección completa de materiales analógicos fue trasladada al Archivo General de la Nación, junto con una copia del archivo ya digitalizado para su conservación en una bóveda específica. Otra copia quedó bajo custodia del Ministerio de Defensa Nacional y la tercera fue entregada a Presidencia de la República para el cumplimiento de las actividades de investigación encomendadas a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Estos fondos documentales permanecieron bajo reserva debido a los mecanismos de acceso discrecional establecidos por el Poder Ejecutivo mencionados anteriormente. No se trata de archivos que estén comprendidos en la legislación amparada por la Ley de Protección de Datos Personales, porque la recolección de informaciones sobre personas fue hecha de forma ilegal e ilegítima.

Como la desclasificación de documentos de archivo en Uruguay constituye un asunto de orden general y no refiere específicamente a los archivos producidos en el pasado reciente, me permito citar comentarios de José Pedro Barrán en 2001, en relación a un proyecto sobre los archivos del movimiento sindical, dirigido por Rodolfo Porrini y del cual fui partícipe. Si bien Barrán celebró la iniciativa, con su espíritu crítico indoblegable nos aclaró que probablemente uno de los principales archivos para conocer a los trabajadores organizados era el de la Policía. Eran los documentos que mostraban al “otro”, considerado peligroso para el orden público, pero también brindaban informaciones sobre su existencia en el pasado y su significación para quienes construían un sentido común de lo que era el “orden público”.

La hipótesis del profesor en relación al interés de los servicios de inteligencia por seguir a los trabajadores organizados se ha confirmado de forma sistemática con las desclasificaciones parciales conocidas en los últimos años. En aquel momento, el catedrático del Departamento de Historia del Uruguay, uno de los historiadores más prestigiosos en el país, comentó humildemente, en aquel subsuelo de la Facultad de Humanidades, que desde hacía muchos años solicitaban el acceso a los archivos de la Policía, principalmente los referidos a la década del 40, y los denegaban de forma sistemática. Señalo, por mi parte, que 17 años después los archivos de la DNII producidos en la década de 1940 siguen teniendo un acceso restringido.

En aquella oportunidad, el profesor Barrán también comentó que los archivos privados de personas con responsabilidades públicas constituyen en sí mismos documentación de interés para comprender diferentes dimensiones de la vida social en las que lo público y lo privado suelen confundirse. Mencionó en aquel entonces que el archivo personal de José Batlle y Ordóñez, el presidente de la República que había promovido las primeras medidas institucionales y legislativas a favor de las clases trabajadoras, se encontraba en poder de la familia y solo había sido consultado por un investigador extranjero. Aquellas palabras del profesor sobre los archivos privados de interés público y los archivos públicos que refieren a personas u organizaciones privadas resuenan en mi cabeza desde el viernes de la semana pasada.

También por aquellos años, 2005 o 2006, el ministro del Interior, José Díaz, había declarado la intención de convertir el archivo de la DNII en un archivo histórico, como señal política de que este tipo de seguimientos de las personas formarían parte de una etapa superada de la vida del país. Sería bueno retomar la discusión en estos términos.

4 / ¿Buenas prácticas?
Carla Larrobla

Durante diez años formé parte del equipo de historiadores que llevó adelante las investigaciones sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado. Podría decirse que el equipo tuvo un acceso privilegiado a determinados fondos documentales, ya que se trabajaba bajo el régimen de confidencialidad al tiempo que la investigación se enmarcaba dentro de Presidencia República en convenio con la Universidad de la República.

Fue en ese contexto que tuve mi primer acercamiento a la documentación que se califica de “sensible”. Si bien consultamos diversos archivos y fondos documentales, los más reveladores fueron aquellos producidos por los organismos de inteligencia del Estado uruguayo. Se trataba de diversos informes, fichas personales, actas de interrogatorios elaborados y difundidos por estos organismos. El objetivo de la revisión de esos documentos se orientaba a la reconstrucción de los operativos represivos que provocaron la desaparición o muerte de cientos de uruguayos, así como la confección de fichas personales que pudieran recuperar la trayectoria biográfica de la víctima y los caminos que se gestaron en torno a la búsqueda de verdad y justicia.

El acceso que tuvimos a lo que hoy se ha popularizado como el “archivo Berrutti” fueron los rollos que nos entregaron en formato de DVD y que contenían información sobre detenidos desaparecidos; en dichos casos eran informes que ya habíamos visto en el archivo de la DNII y que solían ser distribuidos entre distintos organismos militares y policiales. La novedad, en nuestro caso, fueron las fichas patronímicas o prontuarios confeccionados por el SID y por OCOA. No accedimos a todos los rollos, que quedaron en manos del Archivo General de la Nación; por lo tanto, en mi caso, desconocía los documentos que fueron difundidos por el semanario Brecha.

No es el asunto de esta nota dar cuenta de los criterios de trabajo que se desarrollaron para poder procesar la información y para poder divulgar documentación. Pero este se realizó teniendo presente el cuidado de datos nominativos y la normativa vigente. De todas formas, el acceso del equipo de historiadores a distintos fondos documentales ha sido objeto de críticas y polémicas, y más allá de la posición que cada uno pueda tener frente a este asunto, lo que se pone en el centro de la escena es la problemática que genera el acceso y la información que contienen los “archivos sensibles”.

La cuestión es que las condiciones, formas y criterios de acceso a la documentación sensible han sido objeto de diversos seminarios, encuentros, debates. Han opinado archiveros, historiadores, cientistas sociales, políticos, periodistas, agentes de la sociedad civil, víctimas de la represión. Se han promovido diversas instancias de discusión para llegar a consensos o criterios comunes. Sin ir más lejos, a fines del año pasado se realizó el seminario “Archivos y derechos humanos: aportes para las buenas prácticas”, con el objetivo de realizar una puesta a punto de la situación de los archivos y poner sobre la mesa, nuevamente, la discusión en torno al acceso a la documentación sensible en aras de lograr consensos que permitieran elaborar un protocolo nacional de acceso a la información. El seminario finalizó sin que esto pudiera ser posible, dando cuenta de las dificultades que representa este asunto y de las múltiples posiciones que existen al respecto.

De todas formas, más allá de mi opinión personal, existen organismos y leyes que se encargan de controlar la documentación y de determinar su accesibilidad. Y ellos deberán pronunciarse –o no– con respecto a este nuevo escenario que se abre frente a la divulgación masiva de documentos.

Qué control

Uno de las primeros interrogantes que se me plantean cuando veo “los rollos del MDN” colgados en la web, es cómo fue que se accedió a esa información. Porque más allá del impacto que genera el contenido, no puedo dejar de pensar en cómo alguien pudo atravesar la vigilancia de los “custodios del pasado” para obtener copias de esos rollos casi sagrados. No se trata de que se revele la fuente, se trata de que los criterios de seguridad que se suponían que existían en torno a determinada documentación han fallado.

Quizás esto sea una oportunidad para replantearnos, una vez más, pero en otro escenario, cómo podemos acceder todos a esa información. Porque el acceso, si se piensa como tal y en términos de democratizar la información, no puede darse a través de un medio de prensa y por medio de la voluntad de un periodista, y sin ningún tipo de criterio ni cuidado. Es eso último lo que me hace ruido y me conduce a pensar en que se trató de una práctica irresponsable.

Estoy convencida de que los archivos del Estado deben estar a disposición de los ciudadanos, y en muchos casos bajo la órbita de organismos que no sean los productores de dicha información. Si ya existen criterios legales que indican cuándo se puede hacer pública una documentación estatal y que establecen normas para el cuidado nominativo de los implicados, es hora de hacerlas cumplir. Y si están mal y obstaculizan, demos la discusión cuántas veces sean necesarias para modificarlas.

Hacer accesible una información no es simplemente “colgar” miles y miles de documentos en la web. El exceso de información sin un ordenamiento primario, sin una mínima precaución sobre qué y cómo se hace disponible no significa democratizar nada.

¿Para qué se han discutido leyes, condiciones de acceso, etcétera, si simplemente alcanza con difundir masivamente los documentos? ¿Por qué no lo hemos hecho antes, entonces? Todos los que accedimos, de una forma u otra, a este tipo de documentación, ¿por qué no la difundimos masivamente? Si aplaudimos esta práctica de divulgación, ¿qué nos pasó antes?

Varios hilos parecen cruzarse en esta madeja. En primer lugar, creo que hay un acuerdo medianamente consensuado acerca de que deben existir políticas claras para el acceso a la información. Que en el caso de aquella documentación considerada sensible debe generarse un equilibrio entre el derecho a su acceso y la protección de las personas involucradas. Que no se trata de un tema sencillo, pues no se han logrado acuerdos que permitan la elaboración de un protocolo general entre las diversas instituciones interesadas e involucradas.

O sea que se trata un problema que, hasta el momento, ninguno de los actores involucrados ha logrado resolver de una forma transparente y mucho menos que satisfaga a todos.

La vida de los otros

Otra cosa es lo que develan los documentos que fueron publicados. No sé si es una novedad, pero queda al descubierto cómo la red de vigilancia y control de la dictadura siguió operando en tiempos de democracia, y cómo debe seguir operando ahora, de forma más fluida, quizás, gracias a las tecnologías digitales y las redes sociales.

Estamos vigilados. No es una sorpresa. No sólo los sistemas totalitarios tienen la pretensión de poder absoluto sobre sus ciudadanos-súbditos. Nos dejamos vigilar, claro. Pero el asunto no es ese, no es descubrir que somos vigilados. Es constatar que quien nos vigilaba era un espía, era un infiltrado, era parte de la policía secreta. Era mi compañero, mi amiga, mi tío, era mi prima o aquel tipo que seducía a la audiencia con su encendido discurso. Estaba a mi lado, yo le di información. Y era un espía. Era un espía en democracia, ese era su trabajo, el tráfico de información.

Y estos documentos nos permiten espiar nuevamente a la víctima. Es abrir la puerta de “la vida de los otros”, es leer la vida privada ventilada en un documento perdido entre miles de documentos. Y ahí me surge la pregunta sobre si eso aporta. ¿A quién le aporta? ¿Este es un camino para acercarse a la “verdad”? ¿Qué verdad?

Podría revisarse todo el proceso que se llevó adelante con el archivo de la Stasi alemana. En dicha experiencia hay líneas interesantes de trabajo que pueden orientarnos sobre cómo trabajar con el desmantelamiento del espionaje estatal, sobre cómo proteger a las víctimas.

No me queda claro si la divulgación de esta documentación en las condiciones en que se realizó es democratizar la información, si es hacer accesible algo. No me queda claro si eso nos ayuda a avanzar en el conocimiento. No lo sé.

Insisto, los documentos deben ser públicos. Se deben buscar los mecanismos y protocolos para asegurar el acceso, pero también la protección de quienes fueron y vuelven a ser víctimas. Y para eso se ha legislado, mal o bien, pero existe normativa. Podemos eludirla claro, pero el tema es para qué.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017
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