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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL
REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
AÑO 13 – Nº 654 / Lunes 16 de Diciembre de 2013
Producción: Andrés Capelán
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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HOY:
1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.
2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA
3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA
4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO
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“El mundo no necesita alternativas de desarrollo sino alternativas
al desarrollo.
El mundo no precisa aprovechar “mejor” el capitalismo, sino
transformarlo.”
. Renée Ramírez Gallegos
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1) LA DÉCADA KIRCHNERISTA – LAS VIOLACIONES DE DD.HH.
(Plataforma 2012)
En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina
F. de Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la
elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones,
tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central.
Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como «el gobierno de
los derechos humanos», promocionando con ello la idea de que su
política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido
tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de
los que disienten con el conjunto de la política del gobierno
nacional tienden a naturalizar este enunciado.
Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser
cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y
aspectos muy importantes de la realidad.
Por un lado, la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor
Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones
de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como
producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como
el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio
abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos
humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy
en día existen elementos importantes que dan cuenta de la
persistencia de la impunidad. La desaparición de Jorge Julio López,
testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de
septiembre de 2006, es el ejemplo paradigmático de esa persistencia.
Por otro lado, desde Plataforma 2012 consideramos que, a pesar de su
obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última
década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el
entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de
los derechos humanos en el país mediante políticas de
criminalización de las luchas sociales. De este modo, se ha ido
consolidando una política de judicialización de la protesta y de la
pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos
sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado
número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.
Así, la década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de
militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta
social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por
salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios y
campesinos.
La nómina de los asesinados con motivo de la protesta social en
defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones
originarias desde 2003 es la siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera
(2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) – Esteban Armella
(2004, Jujuy)- Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte
(2008, Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar
(2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010,
Bariloche, Río negro)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) – Mariano
Ferreyra (2010, CABA)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)-
Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez
(2010, Parque Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez, Félix Reyes y
Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires Lopez (2011, Chaco)- Cristian
Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011,
Avellaneda, Pcia Bs. As)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y
Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí
(2012, Escobar, Pcia Bs. As)- Miguel Galván (2012, Santiago del
Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)-
Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013,
Formosa).
Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río
Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011.
Asimismo, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la
política de criminalización y judicialización, entre ellos:
-Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento
de militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de
desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de
derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos
políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales:
Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de
ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal);
Imputación de usurpación (contra pueblos originarios y campesinos),
Imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art.
230 del Código Penal); Imputación del delito de intimidación
pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la
autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión;
Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio,
entre otros.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad
exclusiva de la represión y criminalización a los gobiernos
provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con
la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un
gobierno «unitario» en su estilo de conducción política), sino
también porque aquellas están ligadas a la implementación de
modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son
sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado.
Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de
la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta
y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores
económicos.
Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia
política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una
construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su
historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el
gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre
el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia
política ejercida desde el aparato represivo estatal. Este es uno de
los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, resumido en la fórmula del «Nunca más», que con el correr
de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de
la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma
de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio
político de los ciudadanos.
Desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de
esta representación social -el rechazo a la represión abierta y
selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y
apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese
a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista
abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia
entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes
acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está
dispuesta a tolerar y permitir.
En suma, pese a la defensa del derecho de protesta, la
criminalización de la protesta social se ha multiplicado y
consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra
prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta
línea, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de
manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y
muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de
las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas
por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general
César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves
acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última
dictadura militar. A esto hay que sumar el nombramiento de Alejandro
Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados
en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La
propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el
Plan de Espionaje X y la utilización del ejército para la represión
en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto
valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos
(servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los
negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la
corrupción también mata y por lo tanto también termina violando
derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los
reclamos salariales -en los más diversos ámbitos- han derivado, en
varios casos, en el asesinato de militantes. La política de
criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de «gatillo
fácil» hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio
nacional, a lo cual se suman situaciones de «nuevo conflicto social»,
ligadas al avance del trabajo esclavo, la trata de personas y el
narcotráfico. Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede
obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que
cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de
poder (político, económico, judicial, policial).
Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la
megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el
avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales
(fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta
pública ni licencia social, segando el camino de territorios y
cuerpos sacrificables. Desde la lógica de esos modelos excluyentes,
ya no son -como sucedía en los `90- los desocupados la «población
sobrante» (para ellos el poder político prevé planes sociales
masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas
y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un
obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión
del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos,
tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a
lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y
profundización de una política de violación de los derechos
individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
En el siguiente resumen enunciamos los temas que son desarrollados en
el documento principal.
I – Un recorrido por la década (pag.2)
– La persistencia de la impunidad (pag.4)
II. El derecho a la Protesta (pag.5)
– La legislación represiva desde 2003 (pag 6.)
– Las leyes Antiterroristas (pag.6)
III. La criminalización y represión de la protesta (pag.9)
– El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos
(pag.11)
– Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados (pag.13)
– Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios.
(pag.16)
– Protesta en reclamo por tierra y Vivienda (pag. 21)
IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales
(pag.21)
– Precariedad, corrupción y crímenes sociales (pag.23)
A modo de síntesis (pag.24)
Lea el documento completo.
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR
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2) DESCOMPOSICIÓN SOCIAL EN ARGENTINA
Saqueos y policías, a 30 años de democracia: ¿cuál es la bomba de
tiempo?
(La Vaca)
¿Cómo entender lo que está ocurriendo desde abajo, desde los
barrios? ¿Cómo juega lo político? ¿Y la inflación? ¿Cuál es el
combustible del accionar policial? ¿Cómo pensar este momento y el
futuro? Las miradas del padre Pepe, en la villa cercana al CEAMSE;
Carlos Núñez de la Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario; el Vasco
René Irurzun, de los movimientos sociales de Cipolletti, Río Negro;
Lalo Paret de los barrios construidos sobre la basura en José León
Suárez en el conurbano. De qué manera juegan lo social, lo
sistémico, y lo personal, en pleno cumpleaños democrático
(Argentina).
Desde abajo
La sorpresa es la reiteración. Diciembres desquiciados, angustiantes,
violentos. ¿Cómo los entienden los que viven en esos territorios
calientes, pobres y criminalizados? Primer pantallazo:
“A veces cuesta opinar, porque parece que uno está a favor o en
contra de un partido o gobierno, cuando lo que uno intenta es entender
lo que está pasando”, reflexiona José María Di Paola, el padre
Pepe, desde la villa bonaerense La Carcova.
“Hay deudas democráticas. Uno ve fuertes avances en estos 30 años
de democracia, pero los sectores que no tenían trabajo siguen igual,
o se repiten situaciones que le impiden a la gente dignificarse”,
dice Carlos Núñez, director de la Biblioteca Pocho Lepratti, de
Rosario.
“Lo que se consolida es el poder de descomposición. Es un tema
local y global. Pero estos saqueos y acciones policiales que estamos
viendo no son una tragedia, son una comedia, una payasada que trae
Papá Noel sin nada reivindicable, salvo para una política que domina
a todos: lograr que la que mande sea una derecha, más allá de que el
que gobierne diga que es de izquierda”, plantea René Vasco Irurzun,
del Movimiento Dignidad, de Cipolletti.
“El control, el poder de movilización y acción, no lo tiene la
política ni los partidos. Lo tiene la policía. La gestión sólo
parece consistir en contener a la gente. Pero todos se la pasan
hablando de si es bueno el que saqueó harina, malo el que saqueó el
plasma. Canal 13 y Canal 7 hacen la misma. Mientras no hablemos de los
temas de fondo, todo esto es puro entretenimiento”, supone Ernesto
Lalo Paret, vecino de José León Suárez, motor de fábricas
recuperadas, cooperativas de reciclado y proyectos comunitarios en
esos barrios construidos sobre los basurales.
Observa el Vasco sobre la actualidad territorial algo que podría ser
una nueva lección para los estudios políticos del presente:
“Descompone y reinarás”. De lo que percibe Lalo, se desprende
otra lección: “Gobernar es contener”.
Inflación, soja y policía
El padre Pepe Di Paola es el primer cura que se instaló a vivir en la
villa La Carcova, en el partido de San Martín. Colocó al Gauchito
Gil junto a la Virgen de Luján. En la capilla hay fotos del papa
Francisco en la puerta, y del padre Carlos Mugica adentro. “Hay una
diferencia grande entre la situación actual y el 2001, pero hay
huellas más profundas que los índices económicos. Hay un descenso
muy grande de lo social, chicos criados en comedores, achicamiento del
sector productivo, avance de la soja, expulsión de gente del campo,
cantidad de cosas que impactan la vida social, y que con el agregado
de la droga que impacta muchísimo en sectores juveniles”.
Más lejos, desde Cipolletti, el Vasco René Irurzun (generador de los
Movimientos de Trabajadores Desocupados de la zona de Río Negro, y
del actual Movimiento Dignidad) plantea el siguiente mapa: “Sobre
las dificultades de la situación social, lo que estamos viviendo es a
una policía que cobra autonomía con respecto al Estado y la
política, y ha generado un poder autosuficiente gracias a una fuente
de recursos inagotable: el narcotráfico. El Estado se muestra
impotente frente a eso. Hacen negocios por su cuenta y en vez de
avanzar sobre la democratización de la policía, la institución se
pervierte cada vez más. Y el Poder Judicial no es ajeno a eso. Sumale
la inflación sin control, y la incapacidad del modelo que crea cada
vez más necesidades para gente cada vez más empobrecida, y eso
genera una psicosis como la actual, que se repite en cada diciembre,
donde parece que cualquier cosa es posible”.
Los sospechosos de siempre
En Rosario Carlos Núñez propone este panorama: “Hay mucha
angustia, año tras año, pero se ve que está todo muy armado por una
policía cuya vinculación con el narcotráfico ya no es una sospecha
sino una certeza comprobada. Y justo antes del aniversario de la
democracia, aparece toda esta situación extorsiva. Pero claro, te
hace pensar en las deudas fuertes de la democracia. La cuestión de la
seguridad comunitaria, participación de sectores sociales y no que
terminen siempre favoreciendo a estas fuerzas represivas”.
Carlos reconoce un dilema. “Se dice que los policías también son
trabajadores, pero nunca dejamos de pensar que es la misma policía
que mató a Pocho Lepratti”. En diciembre de 2001 lo mataron cuando
subió al techo del comedor barrial a gritar que no dispararan porque
allí había chicos. Lo mataron de un tiro en la garganta.
“Mataron a Pocho, pero asesinaron también a cientos de chicos y esa
es una deuda pendiente con toda la comunidad”, dice Carlos. “No es
lo mismo que salgan los docentes. ¿Qué te van a tirar? ¿ Tizas?
Pero comprendiendo eso, no podés dejar de ver que la situación de
las familias excluidas del trabajo sigue siendo la misma. La
situación estructural no cambió, y los avances que uno reconoce no
llegaron a transformar lo que sigue presente como demanda”.
La nueva pobreza
Irurzun propone comprender que la política tiene siempre resultados
en la subjetividad, en lo que llevamos como bagaje de ideas,
sentimientos y miradas. “Un modelo de rapiña, de saqueo de recursos
naturales, un modelo que privilegia a las corporaciones
multinacionales, genera una subjetividad de rapiña, saqueo y
privilegios, en la cual todo el mundo cree que puede tomar lo del otro
o hacer cualquier cosa”.
Para el Vasco no se trata de pobreza económica, solamente, sino de
algo más nuevo: “Hay una pauperización mental, una pauperización
de los sentidos. Siempre hay que sacar una tajada. Claro: si el jefe
de Drogas Peligrosas tiene autos de lujo y vive en la opulencia y es
jefe del narcotráfico, ¿qué puede pensar incluso un policía? Todo
lleva a la legitimidad de rapiñar”.
Medios, miedos y Pichiruchi
Los medios son parte del problema y no de la solución, sugiere
Irurzun: “Porque son hacedores de esa subjetividad. Exacerban el
consumo, y la violencia. Al hablar de inseguridad y violencia generan
situaciones de miedo. El miedo lleva a muchas personas a encerrarse,
pero a otras las empuja a no quedarse afuera de la rapiña, y a
salvarse de cualquier modo. Clarín ataca a tal o cual funcionario,
pero es mugre superestructural. La situación de fondo es idéntica y
de descomposición”.
Mientras las pantallas destilan tales contenidos, la policía es la
que tiene “una capacidad delictiva totalmente desarrollada para
incentivar situaciones como las actuales: es una autonomía delictiva,
no controlada por el resto del Estado”. El poder de esas fuerzas,
sostiene Irurzun, proviene de su relación con fenómenos económicos
como el narco “al cual el gobierno está lejísimos de controlar, o
de tener un interés político de hacerlo, y menos a nivel provincial.
Un gobernador es un Pichiruchi que no tiene la capacidad ni el poder
de la policía”.
Ayer militares, hoy policías
Lalo Paret cree que la política como la conocemos está agotada en
los territorios. “Lo único que moviliza en términos de orga es la
policía, que además le dice al que gobierna: ¿Viste lo que te puede
pasar si yo no controlo la situación?”
Si el siglo 20 estuvo signado por “el problema militar” en la vida
política argentina, los últimos 30 años muestran la evaporación de
ese “problema” para la gente, reemplazado por el “problema
policial”. Es la policía la que controla, disciplina, reprime,
corrompe y se enriquece a costa de la sociedad. “Y parte de la
sociedad cobija todo esto. Yo creo que por eso va a haber más efectos
de este tipo. Pero el problema de fondo es otro. La raíz es que
después de la dictadura, y profundizado en democracia, no se
modificaron cuestiones de pobreza que no tienen que ver con la
Asignación Universal por Hijo. Lo que digo es que si no soy sujeto de
verdad, si no tengo posibilidad real de acceder a la salud, la
justicia o la escuela, soy peor que antes”.
Gestión + contener – corpiños
Paret sostiene que la situación está yendo para atrás. “No se
piensa a gran escala, en qué va a pasar de aquí a 20 años. Todo es
el efectismo. Cambian un colorcito, una banderita. El tema no es
transformar o mejorar, sino contener. La gestión es contener,
armonizar, todo pegado con moco, pero que siga para adelante. Lo ves
en Santa Fe. ¿Eso es socialismo? Ahí están contando la plata de la
soja delante de los pobres”.
El poder está miope y soberbio, dice Lalo, “y hay gente que te
habla de Duhalde. Che, ¿Duhalde andará por La Carcova? Es no tener
noción de lo que pasa en el territorio. Mientras tanto sí se
comprende que la harina está a 11,60 y que la inflación desquicia
todo”. Padre Pepe: “Produce un enojo porque la gente ve que todo
sale el doble. Pero no por eso piensa en saquear”. Lalo: “Pero
cuando se da la situación, la señora del 7° que no tiene problemas,
se suma al saqueo y se afana un corpiño. Es como un ánimo, y no sé
cómo explicarte: lo toman como una venganza justa. El ánimo social
está así”.
Saqueos motorizados
Un detalle interesante observado por el Vasco Irurzun es que los
saqueos no se organizan con celulares. “Porque la policía sabe que
ahí deja pruebas. Se manejan en motos, los propios policías o los
que trabajan para ellos, pueden cortar calles, avisar dónde y cuándo
habrá un saqueo, y esa es la metodología que se ve desde hace
rato”.
Otra noción: “Es una etapa de fuerte descomposición de las
relaciones sociales, de la conviviencia. La Presidenta dice que la
democracia es el otro, pero eso no existe. Existe el sálvese quien
pueda”. ¿A quién puede atribuirse eso? “A la política del
gobierno. Porque vos tenés el plan social, la bolsa de comida de la
provincia, el reparto de droga, o trabajar para la policía. Y muchas
veces todo eso junto. El común denominador es que la vida ha pasado a
no tener valor. Cualquiera se vende, se compra, se corrompe. Hay pibes
en las esquinas que establecen pactos de convivencia. ¿Sabés cuál
es? No violar a las hermanas de los otros. Hasta ahí llegan”.
Remar contra la descomposición
Pero frente a eso se ven cantidad de situaciones diferentes, de
construcción social, de cuidado ambiental y comunitario, de
realización productiva, de defensa y ampliación de derechos: “Por
supuesto. Son las luces que reman contra la corriente. Pero esta es la
corriente, y en todo caso ponemos las mejores esperanzas en que esas
luces sean las que nos muestren como salir de la descomposición y la
decadencia”.
Cree que el problema no es sólo local sino global: “El poder está
muy lejos de la Casa Rosada y de los partidos políticos. Hoy son
capitales y dinámicas de poder real, que funcionan a partir de la
descomposición social. Hoy no se puede gobernar en este esquema si no
es descomponiendo”. En ese rubro contabiliza el Vasco la
desaparición de movimientos sociales en las entrañas políticas y
económicas del actual Estado. “Y las democracias no como formas de
libertad, sino como formas de dominación”.
Definición: “Lo que se percibe es una descomposición globalizada
de lo humano, que es la forma de sostener lo que hacen los gobiernos y
corporaciones del mundo. Por eso creo que los cambios, esas luces que
mencionábamos antes, nacen fuera del Estado y del mercado”.
¿Qué representan? “Lo expresaría así: representan que la vida
sigue presente, sigue desenvolviéndose. Todos podemos caer en la
descomposición, o seguir viviendo y respirando un aire distinto.
Digno. No contaminado por estas cuestiones. Los que querramos hacer
eso, seguiremos haciendo cosas. Lo otro es la pudrición, en el
sentido más llano, cuando se pudren los sentimientos, los sentidos,
las virtudes de lo humano y de la vida. En ese punto hay que decidir
si seguís con la corriente o te largás a remar en contra de la
descomposición”.
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR
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3) REBELIÓN POLICIAL SACUDE DEMOCRACIA ARGENTINA
Miguel Graziano (IPS)
La confusión y la violencia que vivió Argentina en los últimos 10
días, con la rebelión de los cuerpos policiales de una veintena de
las 23 provincias y la muerte de 15 personas, demostraron que las
fuerzas de seguridad pueden poner de rodillas a la población y al
gobierno.
Este viernes 13 llegaban a acuerdos las policías de dos provincias:
Salta, en el noroeste, y Entre Ríos, en el noreste. Continúan los
conflictos en La Pampa, centro, y en la austral Tierra del Fuego.
Todo empezó el 3 de diciembre en la central provincia de Córdoba,
cuya policía se acuarteló en demanda de un aumento de sueldos y
dejó el territorio sin vigilancia, lo que derivó en una ola de
saqueos y un muerto.
El periodista cordobés Tomás Méndez usa chaleco antibalas desde
hace tres meses, cuando puso al descubierto un escándalo de
narcotráfico en su provincia. Una decena de integrantes de la cúpula
policial están detenidos y las responsabilidades podrían llegar
incluso al gobierno cordobés, si bien por ahora solo perdió su cargo
el ministro de Seguridad, Alejo Paredes.
Para Méndez, “el autoacuartelamiento surgió por el
narcoescándalo, que desnudó la impunidad de los altos jefes y
mostró a la policía como una organización delictiva, con
autorización del gobierno y complicidad de la justicia”.
“Desmotivados y con problemas económicos por haber perdido la caja
de la droga, con la mira de la justicia sobre las demás
reparticiones, con la sospecha de que reproducían la estructura
corrupta en otros negocios, los efectivos policiales se propusieron
cambiar algunas cosas”, dijo Méndez a IPS.
Cuando el gobernador José Manuel de la Sota, que estaba en América
Central, regresó y dio una respuesta positiva al reclamo, otras
fuerzas policiales iniciaron sus propias protestas, en un efecto
dominó que se extendió por una veintena de provincias de este país
sudamericano.
Se sucedieron saqueos, que algunos vecinos resistieron con barricadas
y uso de armas, y murieron 15 personas. La presidenta Cristina
Fernández condenó “la extorsión a una sociedad por quienes portan
armas y liberan zonas para que vaya gente a cometer delitos”.
En Córdoba, “el primer mensaje que se mandaron por (la red de
mensajería móvil) WhatsApp up decía ‘basta de corrupción, basta
de mafias, aumento salarial’, es decir que el aumento salarial era
uno de los reclamos, pero no el más importante. Y mucho menos para
que se convirtiera en lo que se convirtió: casi una extorsión”,
agregó Méndez.
El salario mensual de un agente cordobés pasó de 2.600 pesos
argentinos (424 dólares) a 8.000 (1.273 dólares), lo que
envalentonó a las demás fuerzas policiales.
Para el periodista, el hecho de que los policías consiguieran un
aumento de 220 por ciento demuestra que no se trató de una puja
salarial. “Dio sus frutos porque activaron a los delincuentes para
que salieran a saquear y se notara su ausencia en la calle”,
denunció. Pero Méndez no cree que mejores salarios logren abatir la
corrupción.
“Tiene que ocurrir un cambio cultural, por más que le pagues
100.000 pesos esto no va a cambiar. Hay casos de fiscales federales
que cobran 50.000 pesos y van a reducir (revender) lo secuestrado por
la policía a las joyerías del centro de Córdoba. Necesitamos un
nuevo contrato social”, sostuvo.
Lo ocurrido estuvo planificado y se repetirá, explicó a IPS el
defensor general de la central provincia de La Pampa, Eduardo Luis
Aguirre. “Debemos analizar las responsabilidades políticas futuras
porque obviamente estas situaciones están lejos de ser
episódicas”. La policía pampeana fue la última en alzarse.
Para Aguirre, estos incidentes son parte de “los intentos de
desestabilización que se dan contra gobiernos autonómicos
provinciales de la región y que han incorporado distintas
variables”. Pero en Argentina, “estas expresiones de grupos
fácticos no reconocen una sola matriz”, estimó.
El 10 de este mes se cumplieron 30 años de restauración de la
democracia.”Tenemos una deuda pendiente en la construcción de
mecanismos de democratización efectivos de las fuerzas de
seguridad”, dijo Aguirre. “Es necesario que las policías dejen de
comportarse como brazo armado de las expresiones más retrógradas de
la sociedad”, opinó el abogado.
Aguirre cree que la policía debe discutir sus remuneraciones en
negociaciones paritarias. “Y hay que pagar salarios acordes a las
tareas que realizan, pero no puede haber ninguna discusión si se
provoca el caos y se apuesta a generar alarma y miedo”, añadió.
También se requieren, argumentó, “estrategias proactivas” para
que los nuevos agentes accedan a una formación de calidad y a
orientación ideológica, cultural y política “para transformar la
policía de corte militar en una de cercanía o de vecindad, con otra
matriz, otra mirada del otro, de lo distinto, de lo diverso”.
El jurista sostuvo que “la mayor circulación de riquezas ha
recompuesto el mapa social de muchos estados provinciales.
Indudablemente, la policía debe ser observada como reproductora de un
determinado orden social. El fondo del conflicto es la distribución
de la riqueza”.
Fuentes del gobierno federal dijeron a IPS que se estudia apoyar a las
provincias que decidan hacer cambios profundos para democratizar las
fuerzas policiales. Entre esas reformas se menciona el control civil,
la selección de comisarios por voto popular y la exigencia de
calificación psicológica y académica para portar armas.
El gobierno pidió a los fiscales que investiguen si hubo delitos
contra el orden constitucional. Según el fiscal general de Mar del
Plata, Daniel Adler, “el acuartelamiento de personas pertenecientes
a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un
alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido en la ley
penal”.
Uno de los portavoces de los agentes rebeldes en la ciudad de Mar del
Plata fue Carlos Pampillón, del ultraderechista Foro Nacional
Patriótico y denunciado por organizaciones judías a raíz de su
participación en un video, que reproduce el saludo nazi y una marcha
del nacionalsocialismo alemán.
Pampillón, quien se define en su cuenta de Twitter como “Patriota
ARGENTINO”, ganó notoriedad en octubre por amedrentar a un grupo de
estudiantes secundarios que habían cometido destrozos en un templo
católico.
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR
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4) ARGENTINA: LAS GRIETAS DEL DOBLE PACTO
La expansión narco pone en jaque a la regulación policial del crimen
Marcelo Fabián Sain* (Le Monde Diplomatique)
Desde la recuperación de la democracia en 1983, el poder político
delega en la policía el control de la inseguridad, y la policía
regula a las organizaciones ilegales. Los recientes escándalos de
narco-policías en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba demuestran que
este sistema está crujiendo.
En agosto de 2011, dos meses antes de las elecciones presidenciales,
en el marco de un ajuste de cuentas entre grupos narcos de San
Martín, en la provincia de Buenos Aires, se produjo el secuestro y
asesinato de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años. La
policía bonaerense, bajo la supervisión directa de sus jefes
superiores y de las propias autoridades ministeriales, construyó una
presunta banda criminal a la que le imputó el hecho. Lo hizo
utilizando testigos de identidad reservada vinculados al mundillo
criminal de baja estofa o que eran informantes de la propia policía.
Ello fue posible porque el fiscal dejó en manos policiales la
conducción de la investigación y consintió, junto al juez de
garantías, el armado de la causa.
El objetivo era ocultar las extendidas relaciones construidas desde
hace más de una década entre la policía y los grupos narco que
operan en San Martín. En septiembre de 2012, la Comisión Especial de
Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol
Rodríguez, creada en el Senado provincial, confirmó la vinculación
del crimen con el narcotráfico. Los legisladores no se anduvieron con
eufemismos: “Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus
vinculaciones con el narcotráfico y referenciados de una u otra
manera en la causa, son narco-policías que cobran a las bandas
locales para que operen libremente”.
En octubre de 2012, el jefe de la Policía de Santa Fe, comisario
general Hugo Tognoli, fue detenido sospechado de proteger a grupos
narco que operaban desde hacía mucho tiempo en las grandes ciudades
de la provincia. A partir de entonces, fueron detenidos numerosos
jefes y oficiales acusados de formar parte de emprendimientos narco o
de tener algún tipo de vínculo con ellos. En junio de este año la
justicia federal imputó a Tognoli, junto a otros policías, como
partícipe necesario del comercio de estupefacientes agravado por su
rol de funcionario público.
En septiembre pasado, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas
de la Policía de Córdoba, incluyendo al jefe, fueron detenidos. En
el marco de la causa judicial y a través de los sucesivos testimonios
que se conocieron y de los eventos que ocurrieron desde entonces
–entre ellos los supuestos asesinatos de dos policías que fueron
presentados como suicidios–, se supo que, desde mucho tiempo antes,
los policías cordobeses, de estrechísima relación con la Drug
Enforcement Administration (DEA) estadounidense, protegían narcos y
regulaban el negocio a cambio de dinero y drogas.
Los tres casos confirman la idea central de este artículo: el Estado,
a través de las prácticas ilegales de sectores activos y poderosos
de sus policías, no sólo forma parte del narcotráfico, sino que ha
sido el factor determinante de su expansión y configuración actual.
El tema es tanto más grave cuanto que la clase política, sea de
derecha, centro o izquierda, lo rehúye, y para ello apela a gambetas
discursivas: algunos dirigentes han señalado que los poli-narcos son
funcionarios deshonestos institucionalmente aislados que no
comprometen al resto de la organización ni, muchos menos, a sus
responsables políticos. Otros indicaron que los policías implicados
son víctimas inofensivas de operaciones mediáticas de la oposición.
Unos pocos dan cuenta del problema pero no comprenden su envergadura
institucional. La mayoría guarda un activo silencio.
Lo que se intenta ocultar es que el involucramiento policial en el
narcotráfico es la consecuencia inevitable de una modalidad de
gestión del crimen inscrita en un doble pacto de gobernabilidad de la
seguridad pública que se impuso en Argentina desde los años 80. Este
doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la
seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las
cúpulas policiales (pacto político-policial). Y, por otro lado, el
control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por
parte de la policía a través de su regulación y su participación
(pacto policial-criminal). Este doble pacto está en la base del
problema actual.
El doble pacto
Desde la recuperación de la democracia en 1983, la política
argentina se desentendió de la seguridad pública. Se impuso, casi
unánimemente, el desgobierno político de la seguridad y, junto a
ello, la gobernabilidad policial de la seguridad, lo que se tradujo en
la delegación de la gestión de la seguridad a las cúpulas de las
instituciones policiales y en la conducción autónoma de éstas.
Esta delegación se explica por dos razones. Por un lado, la
consideración en el mundo político de que las instituciones
policiales, aun conservando las mismas bases funcionales, orgánicas y
doctrinarias que se establecieron cuando fueron creadas hace medio
siglo, y aun reproduciendo casi las mismas prácticas represivas y
corruptivas del pasado, constituyen el principal instrumento
institucional para el control del crimen y la gestión de la
conflictividad social. Y, por otro lado, la tradicional apatía e
incapacidad con que los sucesivos gobiernos abordaron los asuntos de
la seguridad pública, y fundamentalmente las cuestiones policiales y
las problemáticas criminales.
En los 90, cuando el tema se convirtió en un asunto de relevancia
para la opinión pública, el pacto político-policial no sólo se
mantuvo indemne sino que resultó funcional a la lógica por medio de
la cual los gobernantes intentaron surfear los problemas derivados de
la inseguridad. Mientras las autoridades gubernamentales desplegaban
discursos y acciones tendientes a atenuar los efectos políticos y
sociales de la ola de inseguridad, sobre todo en tiempos de campaña
electoral, las policías abordaban la problemática procurando impedir
que dichas cuestiones originaran escándalos o dieran lugar a
situaciones de crisis institucional. En suma, se trataba menos de
enfrentar el delito que de evitar sus efectos políticos
desestabilizantes.
En el contexto de este pacto político-policial, los sucesivos
gobiernos consintieron –casi siempre de manera tácita pero también
a veces de forma manifiesta– la regulación policial del crimen. Lo
importante no era la ilegalidad de la actuación policial y, en ese
marco, la reiteración sistemática de prácticas abusivas y
corrupciones, sino la ausencia de problemas que enturbiaran la
gestión oficial o la situación política. Todos callaron –y, por
ende, avalaron–que el Estado controlara el crimen mediante el
crimen.
Dicho de otro modo: la política argentina acordó que los asuntos
criminales son de incumbencia policial y que su control bien puede
implicar la participación de la policía en su regulación ilegal y
la estructuración de un dispositivo estatal paralelo, siempre que
ello no dé lugar a coyunturas críticas que pongan en tela de juicio
la legitimidad y estabilidad de los gobernantes o de algunos de sus
ministros o secretarios de Estado. En este sentido, la policía
gestionó las problemáticas delictivas más complejas y de mayor
rentabilidad interviniendo en ellas (1).
Mercados ilegales y policías reguladores
La regulación policial ha sido la condición fundamental para la
formación y expansión de los mercados ilegales de bienes y servicios
más diversificados y rentables: el de las drogas ilegales; el de los
autopartes y repuestos obtenidos del desguace de automóviles robados,
y el de los servicios sexuales provistos a través de la explotación
de personas.
Durante el período constitutivo, los grupos criminales se movieron
buscando la consolidación del emprendimiento delictivo y la
estabilización de las relaciones con la policía, así como con los
clientes y otros actores económicos clave. Peter Lupsha (2) denomina
esta fase como “etapa predatoria”: los actores delictivos procuran
el dominio exclusivo sobre un área, vecindario o territorio que
resulta fundamental para el desarrollo de sus actividades o para la
expansión de las mismas, garantizando dicho dominio mediante el uso
de la fuerza o la violencia “defensiva” a los fines de “eliminar
enemigos y crear un monopolio sobre el uso ilícito de la fuerza”,
siempre persiguiendo la obtención de “recompensa y satisfacción
inmediatas” más que detrás de “planes u objetivos a largo
plazo”. En esta fase inicial, el grupo criminal mantiene una
relación de subordinación a los actores políticos y económicos
brindándoles fondos o sirviendo para eliminar o extorsionar a grupos
disidentes o enemigos de éstos. “La pandilla criminal –afirma
Lupsha– es sirviente de los sectores políticos y económicos y
puede ser fácilmente disciplinada por éstos o sus agencias de ley y
orden.”
En el caso argentino, el actor clave que garantizó la estabilidad del
ambiente, la clandestinidad del negocio y los medios para consolidarlo
como emprendimiento económico fue la policía. El amparo y la
protección de los “representantes de la ley” a los grupos
criminales han sido, en este nivel inicial, la principal condición de
desarrollo de los mismos. Por cierto, sin la protección policial en
Argentina habría, sin dudas, narcotráfico, robo de autos o trata de
personas. Pero el significativo aumento de estas modalidades
criminales –y, en particular, la rápida estructuración de los
mercados y las economías ilícitas vinculados a ellas– ha
encontrado en la regulación policial un enorme impulso. Y ello fue
así porque, hasta ahora, la envergadura del negocio criminal no ha
hecho posible la autonomización delictiva respecto de la ordenación
policial.
Como destaca Matías Dewey, el éxito de los grupos criminales no se
fundó apenas “en su destreza o capacidad logística sino en que han
logrado relacionarse con ciertos sectores de un socio muy exclusivo:
el Estado”. La protección policial constituyó el eje de la
articulación entre agentes estatales y miembros de organizaciones
criminales. Como explica Dewey, nadie la necesita más que un criminal
y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal
(3). En suma, la policía ha sido la verdadera “autoridad de
aplicación” de las reglas de juego del negocio criminal. Y ello
sólo ha sido posible porque, aun con deficiencias e imperfecciones,
logró mantener el control efectivo de los territorios y de sus
poblaciones.
Esta regulación supone una modalidad particular de protección
estatal al emprendimiento delictivo. A diferencia del patrocinio
efectuado por los grupos mafiosos italianos o rusos, que no ha
implicado ninguna forma de asociación con el Estado, en Argentina la
regulación policial del crimen apuntó básicamente a evitar que las
reglas formales sean efectivas, es decir, suspender la aplicación de
la ley y crear espacios con una “regulación interna sui generis”
que resulten propicios a los emprendimientos criminales (4). Pero esta
falta de acción no equivale a no hacer nada. Al contrario, implica
una serie de operaciones activas que no se limitan a crear zonas
liberadas, sino que también conllevan la detención y la liberación
de personas y la protección de informantes, entre otras cosas.
Así, la venta de protección va más allá de ciertas modalidades de
corrupción tendientes solamente a obtener ganancias o generar fondos
para el autofinanciamiento ilegal de un sector de la policía. Se
trata, en realidad, de una transacción ilegal estructurante del
propio negocio criminal. En otras palabras, un arreglo derivado del
manejo por parte de la policía de un conjunto de dispositivos y
destrezas informales mediante las cuales ha sido capaz de brindar
estabilidad y seguridad a la trama criminal y, con ello, garantizarle
una relativa previsibilidad. La policía, explica Dewey, construyó
“un ambiente relativamente seguro y predecible para ciertos
intercambios económicos”, lo que la convirtió en parte de la
empresa criminal.
Todo esto con dos objetivos fundamentales. Por un lado, obtener
fondos. Y, por otro lado, ejercer un cierto control del delito
mediante su regulación efectiva. En el marco del pacto
político-policial, el compromiso político de la policía estuvo
orientado a garantizar una gobernabilidad de la seguridad pública y
gestionar las problemáticas criminales sin notoriedad social ni
escandalización. De este modo, la tutela policial a los embrionarios
grupos narco fue la condición necesaria para la expansión y
estabilización del mercado ilegal de drogas, en la medida en que
permitió tanto el dominio territorial como la clandestinidad que los
hicieron políticamente viables. Pero todo cambia.
Las grietas
La posición dominante de la policía ante los grupos criminales
operó como la principal condición de reproducción del crimen. En
Argentina, a diferencia de otros países de la región, la envergadura
y diversificación de los emprendimientos criminales aún es acotada
desde el punto de vista de su densidad económica así como también
en su incidencia sobre sectores y actividades legales. Hasta ahora,
las actividades del narcotráfico –y de las otras manifestaciones
criminales organizadas– eran llevadas a cabo por grupos que no
poseían autonomía respecto del Estado y, en particular, de las
fuerzas de seguridad que los han protegido, favorecido, moldeado y
alentado. Estos grupos no han detentado una capacidad de cooptación o
control directo de porciones del sistema institucional de persecución
penal –fiscales, jueces y policías– ni de las estructuras de
gobierno encargadas de la seguridad pública. Tampoco cuentan con la
capacidad para llevar a cabo estrategias de contestación armada
contra el Estado. Hasta ahora, dependían del Estado, de sus
dispositivos paralelos, de la policía. El doble pacto era eficaz.
Pero ya se ven grietas. El caso Candela, así como las detenciones de
narco-policías en Santa Fe y Córdoba, son una manifestación
elocuente. Y ello porque implicaron el quiebre de la capacidad
policial de regulación eficaz del crimen y, por ende, el fin de la
invisibilidad política y social del entramado policial-criminal y del
involucramiento político más o menos directo en esa modalidad de
gobernabilidad de la seguridad. Estos casos revelan el paulatino
desfasaje entre ciertos emprendimientos del narcotráfico y el sistema
policial de regulación.
La causa hay que buscarla en la transformación del narcotráfico en
nuestro país. En la última década, el crecimiento sostenido del
consumo de drogas ilegales, en particular de cocaína, en las grandes
ciudades argentinas favoreció la formación paulatina de un mercado
minorista creciente, diversificado y altamente rentable, cuyo
abastecimiento fue provisto mediante una diversificada estructura de
menudeo. Esta expansión se explica por una serie de condiciones y
disposiciones culturales y económicas pero también por un factor
fundamental: la proliferación de “cocinas” en las que se comenzó
a producir localmente cocaína. La adquisición en países limítrofes
de pasta base y su traslado transfronterizo, el fácil acceso a los
precursores químicos necesarios y el aprendizaje para la elaboración
del clorhidrato de cocaína les brindaron a los grupos narco locales
la oportunidad de convertirse en productores.
Esto cambió todo. No sólo se diversificó el emprendimiento criminal
en cuanto a su estructuración espacial y organizacional sino que se
amplió significativamente la disponibilidad y oferta de cocaína en
el mercado interno. “Empezaron a aparecer las cocinas, en las
cuales, en un pequeño espacio y con un par de bidones de precursores
se elabora la droga”, explica el sociólogo Enrique Font (5). Eso
hizo que se diversifique territorialmente la producción y que se
multipliquen las personas vinculadas a la venta de drogas
reproduciendo un sistema parecido al de la economía informal.
Esta novedosa vinculación directa de la producción con la venta
minorista de cocaína amplió la envergadura del negocio, que se hizo
más complejo y rentable. Pero también favoreció la competencia
entre grupos criminales por el dominio de ciertos territorios o
circuitos de producción y comercialización de drogas, lo que derivó
en ajustes de cuentas mediante el accionar de sicarios o
enfrentamientos armados. Todo esto, sumado a la intromisión de alguna
que otra policía no vinculada al negocio y dispuesta a desarticular
el pacto bajo el amparo de algunos pocos jueces y fiscales, comenzó a
horadar poco a poco la eficaz clandestinidad, que le garantizaba
estabilidad y discreción al emprendimiento narco.
Las incógnitas
El desarrollo del negocio narco y, en ese contexto, la
diversificación y el fortalecimiento organizacional de los grupos
criminales que lo llevan a cabo se conjuga con las cada vez más
evidentes incompatibilidades entre el dispositivo legal del Estado y
el esquema paralelo creado por la policía, que genera confrontaciones
por la protección del crimen. Esto está contribuyendo a
inviabilizar, política y socialmente, la regulación policial del
crimen.
Los grupos criminales que consiguen afianzarse en un determinado
ámbito geográfico, ampliando sus negocios y conexiones, comienzan a
entablar relaciones de creciente paridad con los actores
institucionales –entre ellos la policía– y económicos, mediante
la combinación de una destreza empresarial dirigida a satisfacer la
demanda de bienes y servicios ilícitos. Con el tiempo, van
fortaleciendo su capacidad corruptiva mediante acciones sistemáticas
de soborno y la inversión en actividades económicas lícitas o,
directamente, en el financiamiento de la política, de algún
gobernante o de algún candidato. Se trata del período que sigue a la
etapa inicial de penetración, lo que Peter Lupsha denomina “etapa
parasitaria”, en la que el grupo criminal desarrolla una
interacción corruptiva con los sectores del poder. “La corrupción
política que acompaña la provisión de mercancías y servicios
ilícitos –explica Lupsha– proporciona el pegamento necesario para
unir los sectores legítimos de la comunidad y las organizaciones
criminales del bajo mundo”, posibilitando que el grupo criminal
adquiera una significativa incidencia sobre la economía, la política
y la institucionalidad locales. Esto, a su vez, le permite quebrar la
posición de subordinación que mantenía con la policía y la
justicia.
Así, la expansión del grupo criminal lo ubica en una relación de
“mutualidad” con los sectores económicos, políticos e
institucionales y hasta de subordinación de los mismos, en un
contexto signado por un creciente control de las estructuras
gubernamentales. “El anfitrión, los sectores políticos y
económicos legítimos, se vuelve ahora dependiente del parásito, los
monopolios y las redes del crimen organizado, para sostenerse a sí
mismo”. Se pasa así a una etapa simbiótica, en la que el crimen es
dominante: “Los medios tradicionales del Estado para hacer cumplir
la ley ya no funcionan, pues el crimen organizado se ha vuelto parte
del Estado; un Estado dentro del Estado” (6).
La incógnita pasa por saber si la política tendrá la voluntad y la
capacidad para abandonar esta modalidad de gestión del crimen o si,
en su defecto, insistirá en su reproducción, incluso al riesgo
cierto de que la transformación del fenómeno criminal termine
quebrándola. El panorama es poco alentador. Luego de destapado el
caso Candela, el oficialismo se impuso cómodamente en las elecciones
de gobernador de la provincia de Buenos Aires de octubre de 2011. Lo
mismo sucedió en las elecciones legislativas de 2013 con las
victorias oficialistas en Córdoba y Santa Fe. Estos triunfos se
produjeron a pesar de las evidencias de que sus gobernantes habían
consentido el doble pacto, lo intentaron ocultar cuando se hizo
público y lo continuaron, aggiornándolo apenas, después, lo cual
confirma que la incidencia electoral de estos desmadres es menor. Todo
esto, en definitiva, alimenta el letargo gubernamental y refuerza el
riesgo de que derive en una peligrosa reproducción caótica del doble
pacto.
1. Marcelo Fabián Sain, “La policía, socio y árbitro de los
negocios criminales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur,
Buenos Aires, julio de 2010.
2. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional versus la
Nación-Estado”, Revista Occidental, Instituto de Investigaciones
Culturales Latinoamericanas, Tijuana, Año 14, Nº 1, 1997, pp. 27 y
28.
3. Matías Dewey, “Al servicio de la comunidad… delictiva”, Le
Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2011.
4. Matías Dewey, “Illegal Police Protection and the Market for
Stolen Vehicles in Buenos Aires”, Journal of Latin American Studies,
Cambridge, Volumen 44, noviembre de 2012, p. 687.
5. La Capital, Rosario, 28 de septiembre de 2011.
6. Peter Lupsha, “El crimen organizado transnacional…”, op.
cit., pp. 28 y 29.
* Diputado provincial por Nuevo Encuentro, director del Núcleo de
Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo.
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013 – COMCOSUR
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ideas
dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante
en
la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual
dominante, la
clase que controla los medios de producción intelectual, de tal
manera que
en general las ideas de los que no disponen de medios de producción
intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos
Marx
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