1) Juez Fernández Lecchini: La Ley de Caducidad fue fruto de “violencia” –
2) Observatorio Luz Ibarburu preocupado por traslados de fiscales –
3) Oscar Bottinelli: «Los camiseteros del Frente son los más críticos» –
4) Pereira: “El gobierno nos anunció un conflicto por cadena de radio y televisión” –
5) Hoenir Sarthou: Tabaré Vázquez: ¿El principio del fin?
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2062 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 4 de Marzo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Juez Fernández Lecchini: La Ley de Caducidad fue fruto de “violencia”
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini afirmó que la Ley de Caducidad fue votada bajo coacción y con una amenaza que “sobrevolaba” por parte de un grupo “con mucho poder”.
“La ley 15.848 (Ley de Caducidad) fue fruto de la violencia ejercida sobre el sistema político y un acto jurídico tal no adquiere validez conforme los principios generales del derecho”. Con este argumento, el juez Penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, rechazó un incidente de prescripción interpuesto por la defensa de un militar, en el marco de una investigación por actos de tortura durante la última dictadura.
Fernández Lecchini tramita una denuncia penal presentada por una ex presa política, por la tortura sufrida en dependencias militares durante su detención en dictadura. En este marco, las abogadas Rossana Gavazzo y Estela Arab presentaron un recurso, bajo el argumento de que todos los delitos cometidos en la dictadura están prescriptos.
Sin embargo, el magistrado rechazó este planteo y valoró que el crimen debe investigarse, ya que la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos. En este sentido, Fernández Lecchini sustentó su postura en base a profusa jurisprudencia internacional en materia de investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en las actas de las sesiones de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes en que se aprobó la polémica norma.
En cita a la profesora en Derecho Penal de Argentina, Matilde Bruera, el magistrado consideró “inaceptables” las leyes de amnistía y perdón contrarias a la normativa de gentes, aprobadas en los gobiernos posteriores a la restauración democrática, que aseguraron la impunidad de los responsbles de crímenes de lesa humanidad, ya que las mismas ponen en duda “la existencia de un estado de derecho”. “Esta referencia doctrinaria es importante y especialmente aplicable a Uruguay donde, desde 1985 a 2005 se opuso la ley 15848 a efectos de impedir las investigaciones”, afirmó el magistrado.
En este sentido, “el despacho no cree en la validez del relajamiento de las garantías individuales. Cree en que el derecho logrado con violencia, con extorsión, como el de la ley 15848 (tal cual surge de la discusión parlamentaria y del propio texto legal) no habilita la producción de las consecuencias jurídicas normales del paso del tiempo, entre las que está la prescripción. Esto sin perjuicio de lo polémico que se ha tornado esta problemática. Polémica conocida y apoyada por enjundiosas argumentaciones”, valoró Fernández Lecchini, según el fallo publicado en la página web del Observatorio Luz Ibarburu, al que accedió Caras y Caretas Portal.
El magistrado reconoció que la doctrina internacional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura pueden ser criticables “a la luz de los principios de no retroactividad y legalidad”. “Por ello muchos las pondrían en tela de juicio. Pero existe un principio general del derecho que nadie pondrá en duda. La violencia vicia los actos jurídicos”, lo cual es una derivación del principio de libertad consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República y al que refieren diversas normas del Código Civil y del Código General del Proceso.
En este sentido, “de la propia redacción de la ley 15848 y particularmente de su discusión en las cámaras surge que este texto fue arrancado al parlamento, por el poder de turno. Que se había retirado de los cargos de gobierno más altos pero conservaba la tutela sobre el poder civil. De modo que una pretendida prescripción en base a la aplicación de esta norma no es argumentable. Visto desde otro ángulo el problema, el Estado ha procurado su impunidad y la impunidad de sus agentes mediante esta norma. Este intento no puede ser validado, desde la plataforma de los principios generales del derecho”, expresó Fernández Lecchini.
El magistrado destaca que el artículo 1 de la Ley 15.848, “sostiene que a diciembre de 1986 no existía la plena vigencia del orden constitucional”, y refiere a la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, como forma de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional.
En este marco, “no es posible admitir que una fuerza social conculcatoria de la constitución imponga y logre la consagración efectiva de normas cuya aprobación ha sido lograda por la amenaza de la fuerza y por el desacato de las citaciones judiciales, cual ocurrió en la época que se menciona”. “Al aplicar el principio de que la violencia invalida los actos jurídicos, no se atenta contra el principio de legalidad sino que se lo consagra. Porque violencia y legalidad son conceptos no compatibles. No se puede fundar la legalidad en la violencia, aunque todo régimen injusto ha tratado y tratará de hacerlo”, afirmó Fernández Lecchini.
“El texto de la ley reconoce que su aprobación fue fruto de la imposición de un grupo social poderoso. Reconoce el texto de la ley, implícitamente, que si no se otorga esta solución legal a este grupo poderoso no se podrá transitar hacia la plena vigencia del orden constitucional. Es necesario profundizar, yendo a la historia fidedigna de la sanción de la ley”. “De la historia fidedigna surge que esta ley fue arrancada por la coacción, por la amenaza a las propias instituciones democráticas”, agregó.
Esta valoración, según Fernández Lecchini, surge plenamente al leer los antecedentes del debate parlamentario que derivó en la aprobación de la norma. “Se puede apreciar de las intervenciones de los Senadores que aun el golpe de Estado sobrevolaba como amenaza de un actor social que tenía aun mucho poder y que coaccionaba, obligaba al voto; de lo contrario la violencia podría sobrevenir, el quiebre institucional nuevamente”. Por todo esto, el magistrado consideró que la Ley de Caducidad no puede aplicarse para computar el plazo de prescripción y que la Sede debe seguir adelante con la investigación de los ilícitos cometidos durante la dictadura.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE MARZO DE 2016
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2) Observatorio Luz Ibarburu se reunirá con fiscal de Corte para manifestar preocupación por traslados de fiscales penales.
(La Diaria)
El Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, le solicitó una entrevista al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para plantear su preocupación “ante los traslados de fiscales penales que afectan el proceso de justicia de las causas por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, según informó la institución ayer en un comunicado. El observatorio establece en la nota que “los cambios anunciados el año pasado y otros ya materializados en el correr de este año constituyen, para las citadas causas y para la recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos, un elemento más que se suma a otros ya denunciados a otros niveles del Estado, que en nada contribuye a que el proceso de justicia cumpla con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Justicia”.
Raúl Olivera, vocero de la institución, informó que serán recibidos por Díaz el jueves. Señaló como uno de los casos más patentes el de la fiscal penal de 2º Turno María de los Ángeles Camiño, que fue trasladada a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de 2º Turno, en sustitución del fiscal Juan Gómez. Camiño tenía a estudio más de 30 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado, pero, además, había sido designada por el propio Díaz para integrar la Unidad Especializada en Derechos Humanos que asesora al Ministerio Público en las investigaciones de delitos de lesa humanidad. Según Olivera, el pasaje de Camiño de la órbita penal a la de crimen organizado implica que deba dejar la unidad asesora.
“No hay ningún cuestionamiento a los fiscales, ni a los que van, ni a los que vienen. Los traslados pueden tener sus razones fundadas, pero, si la política es seguir haciendo cambios, eso atenta contra la eficacia de los procesos”, opinó Olivera. El observatorio advierte que los traslados implican la pérdida de la información y la experiencia acumulada por un fiscal y significan “nuevamente una batalla contra el tiempo”, ya que los fiscales que asumen deben disponer de tiempo para tomar conocimiento de las causas. “Podrá venir un fiscal tan bueno o mejor que el que estaba, pero ponerse al día con los casos lleva tiempo. Ésa es la preocupación”, explicó.
De rutina
Consultado al respecto por la diaria, Díaz recordó que el traslado de Camiño fue anunciado el año pasado públicamente y en ese momento se dijo que se haría efectivo este año. “Y en ningún momento ninguna organización hizo ningún planteo sobre el traslado”, agregó.
El fiscal de Corte señaló que Camiño pasó a la órbita del crimen organizado porque allí “no se podía mandar a cualquier fiscal, y se optó por mandar a Camiño, que tiene experiencia en la materia”. Indicó que en lugar de Camiño queda el fiscal Carlos Negro, que también tiene experiencia en el tema derechos humanos.
Por otra parte, Díaz dijo que “no habría impedimento” para que Camiño siguiera como asesora en la Unidad Especializada en Derechos Humanos, pero “habría que estudiar si vale la pena”. “Probablemente a esa unidad se integren el doctor Negro y otros fiscales que estén trabajando en el tema”, afirmó.
En relación con la rotación en las fiscalías, Díaz valoró que “las instituciones siguen funcionando” y se van tomando decisiones a raíz de las necesidades del servicio. Recordó que Camiño se desempeñaba en la fiscalía penal de 2º Turno desde hacía cuatro años.
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3) Oscar Bottinelli: «Los camiseteros del Frente son los más críticos»
(El País)
En entrevista con El País TV, el politólogo Oscar Bottinelli analizó el primer año del gobierno de Tabaré Vázquez. Afirmó que la aprobación ronda el 35%, y que al presidente se le cuestiona desde su propia fuerza política el querer «instaurar un gobierno personalista» sin tener en cuenta al Frente Amplio.
—¿Qué se cuestiona?
— Querer instaurar un gobierno personalista sin atender a todo el Frente Amplio. Eso, que requiere una conducción muy fuerte, fue acompañado por una conducción muy débil. Conducir es convencer a la gente para que la siga, marcar un rumbo, ordenar el equipo. Y Vázquez no está acostumbrado porque su primera presidencia era muy fácil; él tenía un poder absoluto dado orgánicamente por el Frente Amplio, que le entregó un cheque en blanco para nombrar y remover ministros y votar las leyes. Ese cheque en blanco no existió ahora. Él tenía (en ese entonces) a todos los cabezas de lista del Frente en el gobierno. Hoy es solo Sendic, que está golpeado, y Astori, que se refugia en el equipo económico; por lo tanto no tiene el apoyo político del primer gobierno. Y además tiene a un expresidente al lado (Mujica) al que le responde el 60% de la bancada frenteamplista. Hay una falla estructural del gobierno.
—¿Pagó el costo de la esencialidad en educación?
—Él pagó el precio de que le dio la imagen de que no conducía. Empezó queriendo borrar cosas de Mujica como la marihuana, Fondo de Desarrollo, Antel Arena y rápidamente dio una marcha atrás parcial o total. Después vino el TISA y lo último fue lo de la esencialidad de la enseñanza.
—Da la sensación de que Vázquez se dio cuenta.
—Yo creo que con la enseñanza él se dio cuenta que toda la estrategia que venía, que era ningunear a Mujica, tenía un límite, que tenía que pactar y que en la enseñanza, por más que él estuviera convencido de una reforma, políticamente por ahí no era el camino. En el tema Ancap ha quedado el Frente Amplio de un lado y Vázquez del otro. El Frente entendió que la gestión de Ancap había sido correcta y no un descontrol como lo había dicho el equipo económico. Vázquez hace un gran silencio sobre eso y lo que dice es no me temblará la mano en remover el direc- torio; envía la ley de capitalización y no aparece un gesto de él que se pueda decir que respalda la gestión.
—¿Se deberían esperar niveles mayores de aprobación para el resto del período?
—Va a tardar; un remonte serio a 45% o 50% no es esperable en lo inmediato y el tema no es comunicacional sino que él asuma una actitud de mayor conducción de gobierno que puede implicar pactos con Mujica. Políticamente el Frente Amplio está ferozmente desestructurado después que llevaron al cese a Mónica Xavier.
—¿El humor del electorado de centro puede cambiar?
—Hoy no. El área que puede componer la oposición no de izquierda está numéricamente inferior a la que votó. El Frente también está bastante inferior a lo que votó y hay un área de gente expectante por encima del 10%. Uruguay hoy necesita tanto del oficialismo como de la oposición un reposicionamiento de proyectos, mensajes sobre lo que se quiere para el país.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE MARZO DE 2016
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4) Pereira: “El gobierno nos anunció un conflicto por cadena de radio y televisión”
(180.com)
La ronda 2016 de Consejos de Salarios será «incluso peor» que la de 2015, dijo a No toquen nada el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, tras la cadena nacional de Tabaré Vázquez.
El presidente Vázquez informó en cadena nacional este lunes que «es necesario mantener los lineamientos salariales diseñados en 2015, especialmente en lo relativo a evitar los mecanismos automáticos de retroalimentación y entre precios y salarios, como un elemento más para disminuir las presiones inflacionarias».
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo que este anunció lo dejó «totalmente sorprendido». «El gobierno nos anunció un conflicto por cadena de radio y televisión», señaló.
«La ronda del año 2015 naturalmente fue dura y conflictiva. Buena parte de la conflictividad estuvo vinculada a los lineamientos que colocó el gobierno. El anuncio de Tabaré Vázquez es una declaración de conflicto del gobierno al movimiento sindical», expresó.
«Estamos convencidos, y nuestros técnicos así nos han informado, que de mantenerse esos lineamientos para la negociación 2016 en algunas casos se va a mantener el poder de compra y en otros casos se va a perder poder de compra. Para salarios -que muchos de ellos rondan los 15.000 pesos líquidos o menos- el poder de compra se ve afectado por la inflación pero también se ve fundamentalmente impactado por los pocos recursos que se tienne para vivir del salario», agregó.
«¿Cómo alguien se puede parar adelante de las trabajadores domésticas y decirles que no van a recibir ningún crecimiento salarial? Su salario por ocho horas de trabajo es algo más de 9.000 pesos líquidos», ejemplificó Pereira.
Según el presidente de la central sindical la ronda 2016 de Consejos de Salarios será «incluso peor» que la de 2015 porque «empieza con un porcentaje de aumento salarial nominal un 1% menor, y la inflación no ha sido controlada».
Hay trabajadores «que podrían llegar a tener pérdida salarial», aseguró. «Como el correctivo no está en el primer año, sino en algunos casos a los 18 meses y en otros a los 24, en el momento que se recupere lo perdido, van a haber pasado 24 meses», explicó.
«Me parece que es algo que no se le puede pedir a los trabajadores. No tiene nada que ver con la política salarial que el Frente Amplio aplicó en los últimos 10 años», afirmó.
«Nosotros entendemos la desaceleración y entendemos el tema inflacionario, pero obviamente que no afecta lo mismo la inflación en el salario de 150.000 o en el hacendado o en el empresario, que en el que tiene salario de 15.000 pesos. Ese trabajador gasta todos sus recursos en poder vivir más o menos… Si uno piensa en lo que vale un alquiler o alimentar una familia, aunque dos personas en el hogar tengan trabajo, con esos salarios no alcanza», dijo Pereira.
«Nadie piensa que una ronda de Consejos de Salarios se van a resolver todos los problemas de la humanidad ni de los salarios, pero continuar con la brecha de crecimiento es un objetivo del movimiento sindical que está basado en que el país, a pesar de todas sus dificultades, va a tener un mínimo crecimiento, y debe verse reflejeado en el bolsillo de los trabajadores, sobre todo en el de los menos pudientes», añadió.
Además, Pereira dijo que le «llama la atención» que «todos los convenios que se votaron, los votaron empresarios y gobierno». «Pretendo que el gobierno favorezca en la negociación al más débil», señaló.
Desde el PIT-CNT entienden que el gobierno se equivoca al señalar al salario como causal de inflación. «El salario poco tiene que ver con la inflación: en 2015 el salario tuvo un crecimiento muy austero pero la inflación creció más que el año anterior», ejemplificó.
«Colocar la responsabilidad exclusiva en los salarios a mí me alarma. Siempre he escuchado al ministro Astori decir que el salario no es ni de cerca la principal variante para que la inflación suba», agregó.
«Si el año 2015 fue conflictivo por estas pautas salariales, no hay nada que explique que este año no vaya a ser conflictivo. No es yo lea la bola de cristal como Ana Clara; conozco lo que piensan mis compañeros y sé que no van a renunciar a dar pelea por mejorar su condición de vida, sobre todo en aquellos salarios por debajo de 15.000 pesos», dijo Pereira.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE MARZO DE 2016
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5) Tabaré Vázquez: ¿El principio del fin?
Hoenir Sarthou (Voces)
El discurso de Tabaré Vázquez, el martes de noche, me dejó una sensación extraña. No es tanto que esté en desacuerdo con lo que dijo. Va bastante más allá que eso. Es, más bien, la vaga sensación de que habló de otro país, que no es en el que vivimos.
Todo el Uruguay está sorprendido por la situación ruinosa de ANCAP, y –aunque es un tema bastante menor- por las contradictorias declaraciones del vicepresidente Sendic respecto a su licenciatura. Sin embargo, Tabaré Vázquez no dijo una palabra sobre esos asuntos, aunque el de ANCAP era un tema ineludible.
Entre otras cosas, habló sobre educación, sobre políticas sociales y sobre inseguridad pública.En educación, anunció la construcción de varios edificios y la apertura de centros de estudio de doble horario y de horario extendido. No hizo ningún comentario sobre la renuncia de sus hombres de confianza en el Ministerio de Educación y Cultura, ni tampoco mención al anunciado –y al parecer olvidado- cambio de ADN de la educación. Ignoró olímpicamente la deserción, por la que casi tres de cada cuatro uruguayos jóvenes no terminan secundaria.
Sobre políticas sociales, dijo que mantendría el gasto en el rubro, y, en materia de seguridad pública, anunció más cámaras, reformas en la policía y nuevos sistemas de vigilancia.
Lo preocupante es que no ligó los tres temas. Separar a la seguridad pública de la educación y de las políticas sociales es un error o un engaño. Porque no son tres problemas aislados, sino tres aspectos de un mismo problema. Si las políticas sociales se basan en la transferencia de dinero y no en la inserción educativa, la enseñanza decae y la marginalidad cultural aumenta. Y con ella aumentan los delitos, la violencia y la inseguridad pública.
En materia económica, reiteró el mantra neoliberal del “progresismo”: cuidar el grado inversor, combatir la inflación y apostar a los proyectos de participación público-privados. Nada nuevo por ese lado. Al parecer, la función del Estado sigue siendo la de fiador (por cientos o miles de millones de dólares) de la “inversión” privada. Es lo que se hizo en PLUNA y en la regasificadora, con los resultados que conocemos y otros que todavía no conocemos.
El discurso presidencial tuvo otros “profundos y prolongados silencios”, por ejemplo respecto a la contaminación del agua y al daño causado a la tierra como consecuencia de las indiscriminadas inversiones agroindustriales que hemos conseguido cuidando nuestro “grado inversor”. O respecto a la enorme deuda pública –en dólares de valor al alza- que grava a las generaciones presentes y futuras. Todo lo dicho no son más que ejemplos de algo más general, que se respiraba en la atmósfera del discurso del martes.
Tabaré Vázquez habló de un país de estadísticas. La reducción de la indigencia en un tanto por ciento, y de la pobreza en otro tanto por ciento, la mejora de las matrículas de la enseñanza en no sé qué otro porcentaje, la ubicación del Uruguay en vaya uno a saber qué puesto de nivel de vida entre los países de América. Porcentajes y estadísticas. No realidades vitales. El optimismo de Vázquez, ese tono pretendidamente “para arriba”, tiene poco que ver con la experiencia y con la “sensación térmica” de quienes vemos y vivimos el Uruguay desde el llano, en el día a día de la convivencia ciudadana.
Las estadísticas se construyen. Y, cuando se quiere, se las amaña seleccionando datos y cifras, eligiendo qué números y en qué momento serán tenidos en cuenta. Pero la experiencia real de vivir en la sociedad es otra cosa.
Sin importar qué digan los números oficiales y los “rankings” de las consultoras internacionales, muy pocos uruguayos sentimos el optimismo que sintió o fingió el Presidente durante su discurso. Por el contrario, muchos sentimos que vivimos en una sociedad fragmentada y con una marginalidad cultural (que no es lo mismo que la pobreza) creciente, una sociedad un poco degradada. Una tibia degradación que viene de lejos y que no se debe sólo a la gestión del Frente Amplio ni al reciente enfriamiento de la economía, ni tampoco a una eventual crisis en el horizonte, sino a algo más profundo.
Todos sabemos que en un futuro ya muy cercano nos esperan las consecuencias de unas políticas educativas y sociales profundamente equivocadas. Bastante más de la mitad de la población juvenil no ha alcanzado ni alcanzará los niveles educativos necesarios para insertarse en la vida adulta y en la actividad laboral en forma aceptable. Eso inquieta, aunque no nos lo digamos en voz alta.
Por otro lado, en la otra punta etaria, el destino de la generación que se acerca a la jubilación está muy comprometido, por obra de los tres partidos que han gobernado. El sistema de las AFAP determina que muchas decenas de miles de uruguayos recibirán jubilaciones miserables, equivalentes a la tercera o cuarta parte de sus salarios de actividad. Probablemente el problema más grave no sea estrictamente económico, sino cultural.
El modelo “progresista”, después de once años, ha perdido la capacidad de generar esperanza, entusiasmo y solidaridad. El consumismo, la pasiva apuesta a la inversión extranjera y las reivindicaciones corporativas no son banderas capaces de entusiasmar profundamente a nadie. Cuando a ello se suman señales inequívocas de corrupción (no sólo en ANCAP), el desmoronamiento parece inevitable. Es cuestión de tiempo.
La necesidad de un proyecto colectivo, en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo político, es más importante de lo que nos suele hacer creer la ideología neoliberal que hoy predomina en el mundo. Los seres humanos somos capaces de soportar enormes privaciones y de asumir enormes esfuerzos cuando nos alienta la esperanza. En cambio, todo resulta hueco , gris y sin sentido cuando faltan la confianza y el entusiasmo. Tal vez me equivoque, pero sentí que el discurso de Tabaré Vázquez era vacío, que pretendía vanamente ocultar el agotamiento, la resignación del rumbo y la falta de respuestas.
¿Estamos viviendo el principio del fin del ciclo “progresista”? Es difícil decirlo, sobre todo porque no hay alternativas a la vista. El agotamiento de los partidos tradicionales fue anterior y muy grande. Por eso, es posible que el Frente Amplio sobreviva por cierto tiempo a la muerte de su propia mística. Algo así le ocurrió al Partido Colorado, con la diferencia de que, cuando su desgaste llegó al límite, estaba el Frente Amplio para sustituirlo.
Hoy esa alternativa no existe. A lo sumo podría ocurrir que alguna alianza de blancos, colorados y algún “outsider” de la política se postulara para ganar las elecciones. Pero para gobernar no basta con ganar las elecciones. Es necesario tener cierta incidencia estructural e ideológica en la sociedad, en las organizaciones sociales y en el Estado, que hoy ninguna otra fuerza política parece tener. Por eso es de temer que la decadencia del Frente Amplio arrastre consigo al país.
Por lo pronto, cunde en la sociedad uruguaya un clima de apatía y descreimiento. Salvo quienes encuentran trabajo en el sistema político y quienes ganan mucho dinero con el modelo “progresista” (que los hay), es como si los demás estuviéramos hartos de nuestros defectos colectivos y, a la vez, nos resignáramos a que el sistema político los reprodujera ampliados e institucionalizados. Es un problema que supera en mucho el juego político electoral y que no puede resolverse sólo mediante un cambio de gobierno. Es un problema cultural, en el más hondo sentido de la palabra.
En todo caso, para quienes no queremos rendirnos a la apatía y al descreimiento (descuento que es el caso de quienes nos hemos formado en la izquierda) es necesario alzar la mirada, abrir las cabezas y repensar muchas, muchas cosas. Pensar no en partidos y fórmulas electorales (eso siempre viene después, porque es consecuencia y no causa de los cambios culturales), sino pensar sin prejuicios en el mundo en el que estamos insertos, en los objetivos de la vida personal y colectiva y en las formas de vivirla. Si es verdad que las crisis son también oportunidades, quizá nos encontremos ante una enorme oportunidad.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE MARZO DE 2016
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