1) Corte Electoral apañó violaciones en las donaciones a partidos políticos –
2) “Muy grave y explosiva situación de violencia interna” en el Compen –
3) Crisis de la basura: ¿qué está pasando en la Intendencia de Montevideo? –
4) La capilla instalada en el Hospital Militar reflota un viejo debate sobre la laicidad del Estado –
5) Legisladores del FA partidarios de derogar las AFAP
–
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2071 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 6 de Mayo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
_______________
«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
_______________
1) Corte Electoral apañó violaciones en las donaciones a partidos políticos
(Sudestada)
La corporación archivó denuncia contra aportes ilegales de los grupos Techint y Eurnekian con argumentos que contradicen la ley, datos oficiales de Presidencia y de las propias empresas involucradas
La Corte Electoral archivó la denuncia sobre financiamiento irregular de los partidos políticos que Uruguay Transparente presentó en agosto de 2014. La organización concurrió ante la corporación con la información publicada en una investigación de Sudestada a partir de los datos que surgen de “Quién paga”, aplicación que puso a disposición de la opinión pública los nombres de los donantes de los partidos en la campaña electoral de 2009.
A través de varias publicaciones, Sudestada reveló la existencia de donaciones irregulares de empresas inhabilitadas para aportar a las campañas electorales debido a su calidad de contratistas de obra pública con el Estado, según establece la ley 18.485.
Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), mientras que su sobrino Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos. Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del Partido Nacional (PN), y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.
Por su parte, Tenaris Global Service SA –subsidiaria de la megaempresa Techint– repartió el dinero en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar la elección: 416 mil pesos para la del FA y la misma cantidad para la del PN (Lacalle-Larrañaga).
Luego de la elección tanto Puerta del Sur (Grupo Eurnekian), como Tenaris y Techint fueron beneficiadas con exoneraciones fiscales por decenas de millones de dólares, según pudo comprobar Sudestada. Y los grupos de Eurnekian y Rocca volvieron a ganar jugosas licitaciones públicas en diversos rubros que les reditúan sustanciosas ganancias.
Sin considerar la relevancia que tuvo la publicación de los datos y la presentación de la queja formal, la Corte Electoral nunca divulgó la decisión de archivar la denuncia –acto que tuvo lugar el 23 de setiembre de 2015 – ni los argumentos de la resolución, a pesar de tratarse de un asunto de notorio interés público y donde está en juego la transparencia del financiamiento de los partidos políticos.
De acuerdo a la decisión de siete páginas, a la que accedió Sudestada, la Corte Electoral descartó la existencia de violaciones a la ley por parte de los partidos políticos, aceptando los argumentos que estos esgrimieron cuando evacuaron la vista que les fue concedida en el proceso. El organismo ni siquiera consideró necesario dar vista del expediente a las empresas involucradas, y no analizó las eventuales consecuencias (sanciones) que deberían afrontar las sociedades anónimas de los grupos Techint y Eurnekian.
En este último caso la Corte Electoral argumentó que los partidos recibieron dinero de los “seres humanos” Eduardo y Martín Eurnekian, no de las empresas que conforman el Grupo Eurnekian. Y que eso es legal, a pesar de que los donantes sean los principales accionistas del holding que mantiene varios contratos de obra pública con el Estado.
La corporación no tuvo en cuenta que el artículo 45 de la ley 18.485 (financiamiento de partidos) prohíbe las donaciones para campaña electoral que se realicen “directa o indirectamente” por sociedades adjudicatarias de obra pública.
Para el caso de Techint, la Corte sostiene que “no ha sido probada ni surge de la prueba recabada” la existencia de “un grupo económico conformado entre Techint y Tenaris Global Services”, la subsidiaria que donó el dinero a los partidos.
El sitio web oficial de Techint publica –para quien quiera saberlo– que Tenaris es una de las empresas del grupo económico junto a otras sociedades. Para ser exactos, el 60,45 por ciento del paquete accionario de Tenaris pertenece a Techint Holdings, grupo al que han sido adjudicadas diversas licitaciones de obra pública.
Por su parte, el Instituto Uruguay XXI, que depende del Poder Ejecutivo y está presidido por el canciller Rodolfo Nin Novoa, reconoce en su página web a Tenaris como «empresa del Grupo Techint».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
_______________
2) “Muy grave y explosiva situación de violencia interna” en el Compen exige “acciones urgentes”, señala informe de Petit.
ADLS (La Diaria)
La violencia institucional en los módulos 8, 10 y 11 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Compen, ex Comcar) hacen que “la privación de libertad pierda su sentido”, dice el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, en el informe “extraordinario” y “urgente” sobre la unidad de Santiago Vázquez que entregó a la comisión de seguimiento de la situación carcelaria de la Asamblea General el jueves. Un mes antes, el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, había dicho a la diaria que hay violencia institucional según la “perspectiva” de quién lo señale o cuestione. Entiende que preguntar sobre las “debilidades” institucionales es “capcioso”, porque también hay “debilidades de la población carcelaria para poder adaptarse al régimen”, que de por sí es “complejo”.
La integrante de la oficina de subdirección administrativa del INR, Gabriela Pereira, aseguró que “no es tan simple afirmar que porque hay encierro hay muerte. Se entretejen muchas cosas en el medio” que escapan a tal declaración. Está el otro extremo, dijo, en el que “demasiada libertad” también conlleva “resultados de mucha muerte”. “En alguna medida el encierro controla”, sostuvo. Respecto de la violencia del sistema que el comisionado parlamentario señaló en el informe sobre el Penal de Libertad a raíz de una denuncia de represión policial en marzo y en diversas declaraciones realizadas a la prensa, Pereira señaló que es muy difícil establecer “el nivel” de esta (cuestión que dependerá del “estigma” y “mirada” que se tenga sobre el asunto) y que también existe en otras instituciones públicas. Por ejemplo, en la escuela: “Si no tenés moña [no te dejan entrar], eso también es violencia institucional”. Belarra acotó que la violencia “tendrá un poco más de nivel” en las cárceles.
Incongruente
En su informe, Petit señala la “muy grave y explosiva situación de violencia interna” en los módulos mencionados y pide al gobierno “acciones urgentes” ante ese “cuadro sombrío y preocupante”. El comisionado se refiere a los cuatro asesinatos de personas privadas de libertad y diversos hechos violentos que se constataron en los primeros cuatro meses del año. El jueves 28 de abril, de tarde, asesinaron a José Enrique Gorgoroso Rodríguez, de 35 años, de una puñalada en la axila. Estaba recluido en el quinto piso del Penal de Libertad. El día antes, en el módulo 8 del Compen, mataron a Carlos Trasante Rodríguez, también de 35 años, de una puñalada. El jueves 21, en el módulo 10 del Compen, algunos internos rompieron las rejas de las ventanas de su celda y salieron a la parte trasera del módulo, y fueron baleados con perdigones por la guardia externa de la cárcel; uno de ellos tuvo que ser internado en un hospital porque una de las balas le dio en la cara. Una semana antes, en el módulo 4, hubo un tiroteo entre presos, con un saldo de dos heridos que tuvieron que ser hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente. Aún no se ubicaron las armas que utilizaron. El fin de semana del 9 de abril también se constataron episodios violentos en el módulo 8 entre los reclusos, que tuvieron como saldo un internado por las “múltiples heridas” recibidas. El módulo 11 también estuvo movidito. El miércoles 30 de marzo también hubo peleas, y un recluso tuvo que ser hospitalizado por “una importante herida en la cabeza”. El lunes anterior, en el 8, murió un joven de 25 años. El día antes, antes del horario de visita, fue en el 11 donde hubo sangre. Ese día mataron a puñaladas a Santiago Rodrigo Velázquez Ojeda, un muchacho de 18 años, en un descampado tras el módulo, donde se acumula basura.
Petit sostiene que los episodios de violencia de las últimas semanas y la situación actual de los módulos son una “atronadora señal de alarma de que los logros alcanzados no sólo no están profundizándose y ampliándose a todo el sistema, sino que están en riesgo de desvanecerse”.
Además, Petit señaló al Parlamento que hay varias denuncias por requisas en las celdas y módulos que “no estuvieron ajustadas a las normas”, y se registraron “roturas”, “fricciones” y “malos tratos”. A esto se le agregan las “frecuentes” denuncias y testimonios de familiares de personas privadas de libertad que manifiestan su “desesperación al ver el deterioro progresivo de sus familiares” y su “preocupación por las muy malas condiciones en que van a volver a la sociedad una vez cumplida la pena”.
Desborde
El Compen tiene capacidad para recluir a 2.648 personas, pero allí están encerradas 3.449, según los datos del INR de marzo. En su mayoría son jóvenes menores de 25 años que están presos por haber cometido delitos contra la propiedad. En los módulos 8 y 11 están encerradas 1.302 personas. El perfil de esa población se caracteriza por no tener estudios completos, “muy poca formación laboral”, “gran vulnerabilidad social”, y frecuentemente, familias numerosas a cargo, según el relevamiento que hizo la oficina del comisionado el 4 y 6 de abril. Tienen interés en “fortalecer sus relaciones familiares y obtener apoyos para las mismas, terminar estudios primarios y secundarios, participar de grupos informativos o terapéuticos sobre adicciones, contar con apoyo psicológico, capacitación laboral y utilizar el tiempo de privación de libertad de manera útil”. Pero en ninguno de los módulos existen tratamientos de adicciones, asistencia social, trabajo en grupos, emprendimientos productivos o laborales, programas de desarrollo de capacidades, actividades culturales, orientación familiar, prevención de la violencia o programas de desarrollo personal. Petit concluye que menos de 10% tiene actividades.
Incluso la atención médica es “inconstante”. Las policlínicas que deberían realizarse semanalmente no cumplen con esa frecuencia, lo que genera “acumulación de consultas y gran ansiedad”. Todo ello produce un “clima de convivencia totalmente inadecuado”: “traumático y explosivo”. Al efecto de la privación de libertad, entonces, se suma un contexto que genera “relaciones interpersonales violentas, generando constantes cuadros de depresión, agresividad y ansiedad totalmente contrarios a los intentos de socialización que se busca emprender”.
Hay más
Otro de los puntos que se señala en el informe es la “violencia que se constituye” por el sistema de ingreso de las visitas. Aproximadamente 1.000 personas van por día a ver a sus familiares y allegados al Compen. El puesto donde se revisa los objetos, comida y cuerpo de las personas es “inadecuado” por el “gran volumen de visitantes”: muchos esperan al aire libre varias horas para poder ingresar, acampando incluso desde la madrugada anterior a la visita. No existe protección alguna contra las condiciones climáticas, ni baños o lugares de espera adecuados. Otra complicación es la información sobre las condiciones de la visita: no está difundida por escrito entre los familiares, lo que genera “constantes malos entendidos sobre qué alimentos, ropas u objetos se puede entrar”. Los criterios sobre el ingreso, “a falta de normas estrictas, protocolizadas y difundidas”, generan un “margen variable de aplicación para cada guardia encargada”.
A esto se le suma el hecho de que una vez dentro, se debe caminar varias cuadras acarreando bolsos con comida para los familiares presos, cuando muchas veces los visitantes son personas mayores. Petit señala que se solucionaría este último punto con “carritos” o instaurando un sistema interno de almacén. Por otro lado, afirma que el lugar es “totalmente inhóspito” para niños y adolescentes, y constituye “una muy negativa señal” para ellos, ya que pueden “identificar sufrimientos innecesarios para ellos y sus familiares en el dispositivo y el contexto”. A su vez, los salones para las visitas son “desmotivantes”: no hay suficientes baños, sillas ni mesas, y los que hay están en “malas condiciones”. Todas estas “penurias” a la hora del ingreso repercuten en el ánimo del interno, sumándose a los factores de tensión ya existentes, sostiene.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
_______________
3) Crisis de la basura: ¿qué está pasando en la Intendencia de Montevideo?
(Subrayado)
Hay 3,000 contenedores sin levantar. Director del servicio se fue. Daniel Martínez quiere implementar drásticos cambios y niega discrepancias
El Ministerio de Salud Pública monitorea el estado de la ciudad por la acumulación de basura de los últimos días. La emergencia sanitaria todavía no está en carpeta y la Intendencia por el momento no convocará al Ejército, como ha ocurrida en otras ocasiones. La comuna de Montevideo está intentando hacer un drástico cambio en el sistema de limpieza urbana. Pero en medio de la basura acumulada en la ciudad por falta de camiones recolectores, este miércoles se anunció la salida del director de división, Néstor Campal.
Campal se va a ocupar la dirección de Minería que deja vacante Leda Sánchez. Según Búsqueda, Campal deja la Intendencia por profundas discrepancias con el intendente Martínez sobre los cambios que este quiere implementar en la División Limpieza Urbana. También Leda Sánchez deja Minería por discrepancias con la ministra Carolina Cosse. Campal, quien es geólogo de profesión, considera que este nuevo cargo se adapta más a sus destrezas y conocimientos. «Es el mejor cargo al que podía aspirar», ratificó al diario El País.
Precisamente ese fue el argumento que el intendente dio a conocer este jueves como razón de la renuncia de Campal a su cargo. Negó, además, que haya habido las discrepancias que se deslizaron en los medios por parte de allegados a Campal. Todos los diarios informaron acerca de las diferencias conceptuales entre el intendente y el exfuncionario.
Según Búsqueda, Campal criticó al jefe comunal en un encuentro de Asamblea Uruguay, el sector al que pertenece, en un encuentro desarrollado el 29 de abril. Allí, el técnico dijo que los problemas de limpieza de Montevideo requieren de la cooperación de algunos ministerios y otros organismos del Estado.
Por su parte, Martínez está determinado a cambiar la estructura del servicio. Comprará unos 20 camiones recolectores nuevos, los primeros de los cuales llegarán en un mes o dos. El resto llegarían a fin de año. Mientras tanto echará mano a empresas privadas y a ONGs para superar esta crisis que se arrastra ya desde hace varios años, y se agudiza con los conflictos con ADEOM.
La crisis en números indica que se necesitan 24 camiones por turno en Montevideo, y apenas están saliendo 10. Montevideo tiene 11.000 contenedores de basura. Muchos de esos contenedores ya están fuera de su fecha de vida útil. Campal llegó al servicio de Limpieza luego de pasar por Saneamiento con Ricardo Ehrlich y asumir en Movilidad Urbana durante la administración de Ana Olivera.
De hecho la intendenta anterior le pidió que oficiará como «bombero» de la crisis de plan de Movilidad urbana , que quedó estancado luego de los graves problemas suscitados en el Corredor Garzón y que determinaron el cese del director Gerardo Urse
El exdirector entiende que el intendente hizo «demasiados cambios» en poco tiempo en espacios estratégicos. Por ejemplo echó al gerente operativo de Limpieza Daniel Nogueira y lo sustituyó por Eduardo Parra. En setiembre de 2015 cambió al gerente de Mantenimiento Pablo Escalante por Federico Lluveras.
Campal dijo además que no mejoraba las cosas la escasa relación que tenía con el intendente, lo que le habría impedido manifestar sus «discrepancias con franqueza». Fuentes políticas dijeron a Búsqueda que había también cuestiones de estilo por los que ambos estaban en distintas veredas. El intendente de Montevideo Daniel Martínez pidió a todos sus jerarcas que salieran mucho a la calle, a hablar con vecinos y funcionarios.
Em cambio, sostiene Búsqueda, en base a fuentes propias, que Campal era considera un «buen técnico» pero que casi no salía de su oficina. Allegados a Campal aclararon que se fue «en los mejores términos». El superior inmediato a Campal, el director de Desarrollo Ambiental de la intendencia, Oscar Curutchet, fue el encargado de dar a conocer el egreso.
Él es el encargado de la Comisión de Seguimiento especial para la recolección de basura instalada por Martínez en el mes de marzo y en la que participan varios departamentos de la Intendencia de Montevideo. Una de los desafíos que tiene por delante la Intendencia es nombrar a un director de Limpieza urbana capaz de llevar adelante estos cambios.
Ese cronograma apenas ha comenzado. Se instalaron 8 cámaras en basurales endémicos como prueba de que se buscará la sanción de los infractores, en especial de comercios e industrias que incumplan la normativa municipal.
En el fideicomiso del Fondo Capital -el más ambicioso de los proyectos del intendente- hay una obra de 90 millones de dólares que está orientada a cambiar la estructura de la limpieza urbana. Se trata de la construcción de un centro de transferencia y compactación de residuos.
Según Búsqueda, otros de los proyectos es mover los centros logísticos de operaciones de basura de la zona Este para ubicarlos en la planta de disposición final de Felipe Cardozo. En Montevideo hay unos 3.000 contenedores de basura que siguen llenos que la basura y que la Intendencia, por ahora, no puede atender.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
_______________
4) La capilla instalada en el Hospital Militar reflota un viejo debate sobre la laicidad del Estado
Ignacio Díaz (SdR Julio Castro)
El Hospital Militar de Montevideo, es una dependencia de las FFAA, constitucionalmente subordinadas al presidente por medio del Ministro de Defensa.
El capítulo 3, art. 5º de la Constitución nacional marca que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, pero que el Estado no sostiene religión alguna. A su vez que le reconoce a la Iglesia Católica el dominio de los templos que hayan sido construidos total o parcialmente con sus propios fondos, con excepción de las capillas ya sea en asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos.
Nadie debería sorprenderse de éstos conceptos ya que datan de principios del siglo pasado, introducidos en el recordado gobierno de José Batlle y Ordóñez.
Sin embargo, desde el 23 de Setiembre del año pasado, funciona en el Hospital Militar una capilla, a cargo del capellán Genaro Lusararian (ex coronel, actual sacerdote y amigo personal del comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos). Aquél día fue inaugurada por el arzobispo de la ciudad de Montevideo, monseñor Daniel Sturla, en una ceremonia que tuvo a decenas de militares en actividad y retirados, y la presencia entre otros de María Auxiliadora Delgado, primera dama y connotada católica, como su esposo, el presidente Dr. Tabaré Vázquez.
Paralelamente se inauguraba la capilla, Manini Ríos creaba para nuestras fuerzas armadas la unidad de Asuntos Religiosos dentro de la Sanidad Militar, y nombraba al frente de la misma a Genaro Lusararian, no queda clara la finalidad de esa unidad, ni mucho menos la razón para poner un sacerdote a cargo de ella. No parecen posturas para nada acordes a la laicidad las del Ministerio de Defensa, enviadas a través de Manini Ríos, con la venia de Fernández Huidobro (ministro de Defensa) y no podemos olvidar a Vázquez, al que ambos responden en el orden jerárquico, el único orden para los militares. Los tres son católicos, pero eso probablemente no tenga nada que ver, ¿o no?
Más allá de lo inconstitucional de la capilla, todo esto deja en una posición incómoda o hasta vulnerable a los soldados que no compartan esa inclinación religiosa, que seguro hay muchos y se atienden en ese mismo hospital. Pero siguiendo la lógica jerárquica que los organiza, probablemente no les conviene levantar la voz en éste tema al ver la postura que tienen sus altos mandos porque eso podría perjudicarlos.
El Diálogo Interreligioso Uruguayo naturalmente no ve esto con buenos ojos y emitió un comunicado manifestando sus discrepancias, alegando que se está violando la laicidad, y no hay razón para poner la fe católica sobre las demás. A esto se sumó la Masonería que también mediante un comunicado expresó ideas similares, (¿en qué lugar queda Vázquez en ese choque Iglesia/ Masonería?)
Otros lugares han despertado en el último tiempo discusiones sobre las figuras religiosas en el espacio público, recordar la polémica generada por la propuesta de instalar una imagen de la Virgen María en la Rambla del Buceo (sobre la que aún no hay resolución). La Rambla a varios kilómetros de allí tiene también una estatua de Iemanjá que no debería estar, siguiendo con el mismo criterio. No olvidemos la cruz gigante de Bulevar Artigas, aunque por ser conmemorativa de la visita del Papa, nuestra normativa la toma como legal.
Si bien la constitución marca que las cárceles deben estar también libradas de religión, algo más plural y heterogéneo es lo que sucede en el COMPEN, ex cárcel COMCAR, donde hay doce religiones distintas que gestionan un centro interreligioso. En el Uruguay existen más de sesenta cultos distintos, probablemente doce sean insuficientes pero uno es muy poco.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
_______________
5) Legisladores del FA partidarios de derogar las AFAP, por no cumplir objetivos de rentabilidad e inversión en desarrollo.
Natalia Uval (La Diaria)
“El objetivo de esta etapa debe ser arrancar las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional] y que volvamos al sistema de BPS [Banco de Previsión Social]”, dijo el domingo el dirigente del PIT-CNT Daniel Diverio, durante su discurso por el Día de los Trabajadores. De esta manera puso nuevamente sobre la mesa un debate que se inició antes de la aprobación del régimen previsional mixto y continúa hasta hoy. Pero la discusión tiene en la actualidad elementos adicionales, porque es posible hacer un balance, a 20 años de implementada la reforma del sistema de seguridad social.
El economista Hugo Bai, del Instituto Cuesta Duarte del PITCNT, publicó una columna en el sitio Razones y Personas y en la diaria en la que analizó la evolución de la rentabilidad de las AFAP. En ella, Bai advirtió que cuando las empresas difunden sus resultados de rentabilidad, no incorporan el indicador de la inflación y, por lo tanto, el cambio en el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, recordó que las administradoras se quedan con 13,3% de lo aportado por el trabajador por comisión de administración, lo que representa 100 millones de dólares anuales por ese concepto. Bai concluye que, mientras que en los primeros diez años la rentabilidad acumulada por las AFAP en Unidades Reajustables (UR) fue de 225%, en los últimos diez años fue nula. Hace notar que en los primeros diez años, cuando el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) -constituido por los aportes de los trabajadores y la rentabilidad obtenida por las AFAP- era relativamente pequeño, la rentabilidad fue alta, pero a partir de 2005, cuando se amplió, “la rentabilidad fue significativamente más baja”. “Con esta metodología, el rendimiento promedio del sistema expresado en UR se ubica por debajo de 3% anual, cifra sensiblemente inferior a la manejada habitualmente por las administradoras”, indicó Bai. Y agregó: “Si proyectamos estos niveles de rentabilidad a futuro, un trabajador que actualmente gana 20.000 pesos y cotiza a la AFAP por la mitad de su sueldo durante 30 años, a los 60 años no llegará a cobrar 3.000 pesos a precios de hoy”.
El caso de los cincuentones
El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, es uno de los “cincuentones” que aportan a las AFAP y fueron perjudicados en el cálculo de la jubilación. En esta situación están cerca de 30.000 personas que fueron obligadas a afiliarse al régimen mixto y cobrarán una jubilación menor (en algunos casos, hasta 30% menor) que quienes, teniendo más de 60 años, se pueden jubilar por el régimen de transición que administra únicamente el BPS. Ayer el diario El País informó que el directorio del BPS aprobó por unanimidad un anteproyecto de ley para modificar el artículo 27 de la Ley 16.713. Dicho artículo, que es el origen del problema, establece un tope a la hora de determinar el monto de las jubilaciones hasta el primer nivel del sistema mixto (de 5.000 pesos cuando se votó la ley), con lo que se ven perjudicados los trabajadores que aportaban por encima de esa franja. La modificación, propuesta por el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, establece que “serán computables por su totalidad aquellas asignaciones mensuales que hubieran sido percibidas con anterioridad a la vigencia” del régimen, informó El País. Este cambio beneficiará sólo a algunos “cincuentones”: aquellos que tuvieron sus mejores años de aportes antes de 1996, y que aun así no alcanzarán a equiparar la jubilación que tendrían por el BPS, dijo al matutino Ruiz.
Los diputados del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade (Partido Comunista) y Daniel Placeres (Movimiento de Participación Popular) son partidarios de derogar las AFAP. “Tenemos que sacar el régimen de capitalización privada. Hay que eliminar el lucro de la seguridad social, porque de lo contrario termina transformándose en una timba financiera, en la que te puede ir bien o mal y cuyos vaivenes son acalambrantes: termina generando un margen de incertidumbre muy grande”, opinó Andrade. Consideró que el sistema es “medio perverso: el Estado les presta plata a las AFAP, las AFAP compran bonos de deuda del Estado y le cobran intereses por una plata que era del Estado hasta el día anterior a que se la cediera”. El legislador también cuestionó el hecho de que las inversiones de las AFAP estén dirigidas mayormente a la “especulación financiera” y no a promover proyectos productivos.
El diputado afirmó que la situación “dramática” en materia de seguridad social que se vivía antes de la aprobación del régimen mixto no se debía al sistema, sino a la “lógica clientelar que existió por décadas, con jubilaciones que salían a dedo”. Señaló que incluso podría pensarse en un camino intermedio y mantener la lógica de ahorro individual con capitalización, pero que el encargado de la gestión sea el Estado, no un privado. Andrade sostuvo que el programa del FA “establece ir hacia un sistema de seguridad social solidario, sin fines de lucro”, y que este tema debe plantearse, “sobre todo en momentos de dificultades”.
En el mismo sentido, Placeres planteó que hay que derogar las AFAP porque “el sistema no ha cumplido con las expectativas”. “Hay muchas quejas, gente que ha calculado qué pasaría si el BPS le liquidara la jubilación, y ha llegado a la conclusión de que hay diferencias entre lo que liquidan las AFAP y lo que hubiese liquidado el BPS, que hubiera sido un porcentaje mayor”. Recordó que junto con el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, hicieron “campaña contra las AFAP”. El diputado agregó que si no puede modificarse radicalmente el sistema, al menos debería pensarse en un plan estratégico “de fondos de inversión”, teniendo en cuenta la “catástrofe” climática que está enfrentando el país, y las dificultades económicas.
El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, considera que el sistema debería derogarse, pero entiende que el debate debe ser “orgánico para que pueda dar frutos”. Valoró que un buen ámbito para discutir este punto puede ser el Diálogo Social convocado por el gobierno.
Otro balance
Dolores Benavente, presidenta de la Asociación Nacional de AFAP, sostuvo que “más que emitir una opinión, hay que mostrar números”. Señaló que de acuerdo con las cifras que el Banco Central publica todos los meses, la rentabilidad de las AFAP en 20 años ha sido de 8% anual por encima del Índice de Precios al Consumo, y en los últimos diez años fue de 4% por encima de la inflación. Además, consideró que para evaluar si el sistema ha sido exitoso no debe perderse de vista el punto de partida. “Teníamos un BPS con un déficit de 4,5% del Producto Interno Bruto”, señaló, y agregó que esto sucede porque “se tornan insostenibles los regímenes de reparto” cuando “la gente vive más y tiene menos hijos”.
Benavente indicó que el sistema se planteó tener, al cabo de 30 años, “una rentabilidad parecida a lo que la gente aportó” y que eso “ya se logró ahora, a los 20 años”. Afirmó que en general se proyecta que la gente se jubilará, al cabo de 30 años de aportes, por 65% o 70% de su salario nominal. “Eso es irrefutable, son datos oficiales. El sistema es totalmente transparente”, insistió.
Respecto de las inversiones, Benavente afirmó que 56% se invierte en valores estatales -“es mejor: ya que el Estado tiene que endeudarse, que sus intereses los cobren los trabajadores”, acotó- y 44% se invierte en el sector productivo y en certificados de depósito. “Hay 1.200 millones de dólares invertidos actualmente en el sector productivo. Y ese monto se podría duplicar sin problemas cuando aparezcan los proyectos de PPP [participación público-privada] en carreteras, escuelas, liceos. El dinero lo tenemos, tienen que venir proyectos que sean rentables y seguros, porque administramos dineros que no son nuestros”, afirmó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
_______________
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________