1) Testimonios en Roma siguen comprometiendo a Tróccoli –
2) Propuesta del Ejército para “educar en valores democráticos” –
3) IMM insiste en que el Hotel Carrasco le debe plata –
4) Sindicato de la vestimenta rechaza afirmaciones de Bonomi –
5) URSEC viajó a París invitada por los empresarios que debe controlar
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2076 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 10 de Junio de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Testimonios en Roma siguen comprometiendo a Tróccoli y a otros represores con desapariciones en Uruguay.
Nadia Angelucci (La Diaria) desde Roma, Italia
En el día en que se cumplen 40 años del secuestro de Gerardo Gatti y 17 de que un grupo de mujeres -Cristina Mihura, Aurora Meloni, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Marta Casal de Gatti y Claudia Allegrini- presentaron la denuncia que dio impulso al juicio sobre la Operación Cóndor, que se está realizando en Roma, Uruguay presentó cinco testigos.
“Permítanme decir que deseo profundamente que el capitán Tróccoli exprese ante ese tribunal la información relativa a los restos de los compañeros, que sin duda tiene, y que familiares, amigos y todos los uruguayos esperan desde hace 40 años para entender la historia real y construir la historia posible. Mis últimas palabras serán para nombrar simple pero emocionalmente a esos 26 desaparecidos de ese período”. Martín Ponce de León, primer testigo de la jornada, concluyó su declaración leyendo los nombres de las 26 víctimas de Tróccoli que son parte de este juicio. A lo largo de su declaración presentó dos láminas, que él mismo construyó, para exponer a la Corte la cronología, entre 1974 y 1980, de los varios cargos del imputado Tróccoli dentro de la Armada y para analizar más en detalle el período noviembre 1977-mayo 1978, los viajes de Tróccoli a Buenos Aires y la andanada de secuestros que se realizaron durante su estadía en Argentina.
“El legajo de Tróccoli -dice Ponce de León- está lleno de evaluaciones positivas sobre su actuación y habla de sus contactos con OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y con la ESMA [Escuela Superior de Mecánica Armada] de Buenos Aires”. Según la reconstrucción de Ponce de León, Tróccoli, en abril de 1976, tres meses después de haber sido designado S2 (oficial de inteligencia), fue nombrado oficial de enlace con la OCOA. Permaneció allí tres meses pero conservó ese vínculo durante toda su carrera, como testimonia su legajo. El 15 de octubre del mismo año viajó a Argentina para visitar unidades de infantería de marina y recopilar datos y información; su comandante expresó que al regreso presentó un informe con ideas constructivas y de posibles acciones. “Probablemente aquí surge la idea de la Computadora [“la Computadora” era una oficina instalada en las dependencias de los Fusileros Navales, Fusna, a la que los prisioneros eran llevados y presionados para que colaboraran en trabajos de inteligencia, como elaboración de fichas de detenidos y organigramas de organizaciones] copiando la Pecera de la ESMA”, siguió Ponce de León.
En junio de 1977, Tróccoli realizó un nuevo viaje a Argentina, dándole continuidad e impulso a la relación; “podemos ver que ya en 1978 pasará a operar instalado en Argentina y allí quedará por dos años”. El relato siguió con la narración del vuelo del 20 de diciembre 1977 en el que viajaron a Buenos Aires Tróccoli con José Uriarte y Ricardo Dupont (el abogado Galiani avisó a la Corte que sobre ese vuelo hay documentación depositada en las actas de juicio que se refieren a la Oficina de Migración uruguaya). “El día siguiente a la llegada de Tróccoli, y por dos días, hasta que él regresa a Uruguay, se desata la ola de secuestros que incluye compañeros de los GAU [Grupos de Acción Unificadora] y de otros sectores políticos vinculados en Buenos Aires a los GAU en la Unión Artiguista de Liberación. Hoy sabemos que los secuestrados fueron llevados al Centro de Operaciones Tácticas I Martínez y torturados durante los primeros diez días. Al pasar los días se encomienda a las mujeres detenidas preparar la comida para los presos.
Ese hecho, que parece menor, permitió conocer la orden de preparación de sándwiches y milanesas para cinco detenidos que iban a ser trasladados por lancha, entre ellos Castro Gallo y Julio D’Elía. Sobre el caso de D’Elía no tenemos pruebas, pero podemos fundamentarlo apoyándonos en algunos hechos: primero, D’Elía era un alto dirigente de los GAU en Argentina, y en todas las declaraciones nadie lo vio en centros de detención clandestina; segundo, a los pocos días de su secuestro, un oficial de la Marina, amigo de los padres de D’Elía, les dijo que su hijo había sido trasladado a Uruguay, y después de 48 horas reapareció en el domicilio de la pareja rogándoles que no repitieran ese hecho y que se olvidaran de lo que les había dicho; tercero, un funcionario de la embajada estadounidense en Montevideo, Gordon, dijo a los padres de D’Elía que Julio había sido muerto en Uruguay y que eso lo supo de un integrante del aparato represivo de la Armada”.
La declaración de Ponce de León siguió con el relato de los días alrededor del 16 de mayo de 1978 y del viaje del comandante Juansolo y del entonces S2 Larcebeau a Buenos Aires, que coincide con el gran traslado de uruguayos del Pozo de Banfield a destino desconocido. El abogado defensor de Tróccoli, Guzzo, preguntó a Ponce de León si había tenido relaciones personales con su imputado y si, en caso positivo, Tróccoli se había mostrado disponible a contactarse; Ponce de León dijo que tuvo algunas ocasiones de encontrarlo y que siempre estuvo disponible pero, subrayó, era muy claro que él era un oficial de inteligencia.
El caso Chávez Domínguez
El abogado Zaccagnini, que defiende a los imputados Mato Narbondo, Maurente Mata y Chávez Domínguez, le preguntó a Ponce de León sobre sus asistidos. Surgió una larga discusión sobre las responsabilidades de Chávez Domínguez en el Fusna, en el período correspondiente a los hechos del juicio. Ponce de León recordó que Chávez Domínguez estuvo en el Fusna por un período no muy largo y que siempre estuvo asignado a tareas de logística, hasta que pasó a trabajar en el SOMA [Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada]. La fiscal Tiziana Cugini quiso detallar cuáles son las tareas que cumple un oficial de logística, y Ponce de León confirmó que son actividades técnicas de soporte de operaciones militares, como el suministro de alimentos a todos los presentes en la estructura y de medios de transporte para las tareas de servicio.
Otros testigos
El argentino Jaime Dri, sobreviviente de la ESMA, contó su larga historia y sus innumerables traslados entre Uruguay, Argentina y Paraguay. Rubí Baltasar Véliz Galeano era marinero en la Prefectura del puerto de Nueva Palmira. Hacía patrullaje en el río, y en febrero de 1978, durante una recorrida con el capitán Martínez Siboldi, vio entre los árboles una lancha de la que estaba desembarcando gente. “Habían bajado tres personas; un hombre todavía estaba en la proa y una mujer lloraba. En ese ínterin aparecieron unos oficiales en medio de los árboles, que ordenaron a Siboldi retirarse porque estaban haciendo un procedimiento. Siboldi dijo que se encontraban en su jurisdicción, y ellos le contestaron que iban a hacer su informe y enviarlo al Esmaco [Estado Mayor Conjunto].
El oficial que habló con Siboldi estaba vestido con el uniforme de faena de la Marina y yo supuse que tenía un grado más alto que Siboldi, porque le dio una orden. Eso pasó en el puente que divide Nueva Palmira y Carmelo”. Véliz Galeano relató también que escuchó hablar de Tróccoli como la persona que estaba comandando un grupo que estaba haciendo ejercicios de supervivencia con el que él se cruzó durante un operativo de relevo de personal de la Armada en el invierno de 1975-1976. Véliz Galeano, delante de la Corte, negó tener datos acerca de restos de desaparecidos, algo que, según contó el abogado Galiani a la diaria, había afirmado en otras ocasiones.
Oscar Chiminelli fue detenido en noviembre de 1977 y llevado al Fusna. Después de días de tortura pasó a colaborar con los represores y fue llevado a la Computadora, donde conoció a otros prisioneros que trabajaban allí, como Gallo y Patrone. En el Fusna tuvo la ocasión de reconocer a algunos represores, como Juansolo, un tal Ricardo que después se enteró que era Zapata, un colaborador de Lacerbeau, Gustavo El Chiqui, además de personal de inteligencia del Ejército. A principio de 1978, según relató, llegó un listado con los nombres de más de diez personas, aunque él recuerda sólo los de Bosco, Dossetti, D’Elía y García, que tenían que ser agregados en la lista de los desaparecidos.
Wilson Falero fue detenido por primera vez en 1972, cuando todavía era menor de edad, y después en abril de 1978. “En 1978 yo había vuelto a Uruguay desde Argentina. Vivía en La Paz y me detuvieron para investigarme por un hurto que se había producido, pero que no tenía nada que ver conmigo. En la comisaría empezaron a deletrear mi nombre y desde la mesa de radio de comunicaciones dijeron que estaba requerido en Argentina y por lo tanto requerido por OCOA. A partir de ese momento cambió todo. Me sacaron la campera y la usaron como capucha; empezaron a golpearme y torturarme allí. Luego me trasladaron a Canelones, a un lugar de detención clandestina, y allí me torturaron, me golpearon, me dieron picana y me sometieron a interrogatorios. Me preguntaban qué relación tenía con Ary Severo Barreto, a quien yo conocía desde hacía tiempo por haber militado juntos”.
Falero dijo que le llamó la atención que en los interrogatorios los represores describían la casa donde vivía Ary. “Me interrogaban dos personas: el vicecomisario El Turco y un hombre muy joven, muy siniestro, El Charleta, que luego reconocí como Jorge Guldenzoph. Un día estaba en el baño y los dos entraron sin darse cuenta de que yo estaba allí, y los escuché decir que Ary Severo era un hombre duro, que no le sacaban nada a pesar de la tortura”. Falero habló también de un tercer personaje, un uruguayo al que llamaban El Pibe o El Gurí, que viajaba a menudo a Buenos Aires; esa fue la misma persona que hizo pasar a Falero por simulacros de fusilamiento y que un día le dijo que había “hecho boleta al Negro Tatú [Ary Severo]”. Falero relató también que años después, en el centro de Montevideo, mientras trabajaba vendiendo diarios, vio a El Gurí paseando con su esposa y sus hijos, y que siempre le dio mucho terror encontrarse con esa persona, de la cual desconoce el nombre.
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2) Propuesta del Ejército para “educar en valores democráticos” a los “ni ni” cuenta con el aval del Ministerio de Defensa.
(La Diaria)
El Ejército ocupa los primeros lugares en el ranking de cantidad de propuestas presentadas al Diálogo Social convocado por el gobierno, junto a la iglesia católica y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. La más notoria de ellas trascendió a raíz de declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, a El Espectador el 26 de abril. En esa instancia, Manini Ríos explicó que se propone “llevar a las unidades militares” a “todos aquellos ciudadanos” que “no están trabajando ni estudiando” y “darles en ellas una educación cívica, darles cierta disciplina, normas de higiene, enseñarles oficios, darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen”. Agregó que el Ejército podría proveer entre 700 y 800 plazas y que la idea “no sería formar soldados, sino formar voluntarios de protección civil, o como se les quiera llamar”. Dijo también que sería “bueno darles algún estímulo, algún viático; en nuestra propuesta hablamos de darles 50% de lo que es la remuneración de un soldado”.
Ayer Manini Ríos, acompañado del subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, asistió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para dar detalles de esta iniciativa. Al comienzo de la reunión, Menéndez dejó en claro que “el Estado uruguayo está detrás de este planteo” y que la propuesta cuenta con el completo aval del ministerio, informaron a la diaria los diputados Constante Mendiondo (Frente Amplio) y Gonzalo Novales (Partido Nacional).
Se aclaró que no se estaba planteando una instrucción militar ni que los jóvenes utilizaran armas, sino que el Ejército colaborara con impartir una “educación en valores democráticos y republicanos, y sobre todo de convivencia, porque gran parte de la gente hoy los ha perdido”, explicó Novales.
Mendiondo informó que el Ejército dejó en claro que se trataba de un ofrecimiento, tanto de oficiales que podrían encargarse de la propuesta pedagógica, como de instalaciones y logística para llevarla a cabo, pero que no querían “vulnerar las responsabilidades de otras instituciones”. “Aclararon que si las instituciones educativas aportaban los docentes, mucho mejor”, acotó.
“Es un aporte que se hace desde un lugar para un colectivo de muchachos que están con dificultades, no nos olvidemos de que en muchas ciudades del interior la gente con más dificultades ingresa al Ejército porque es su única posibilidad laboral”, reflexionó el diputado frenteamplista. Novales, en tanto, valoró que la iniciativa es “muy positiva, muy ambiciosa, y ojalá se pueda llevar adelante”. “No tiene nada que ver con un servicio militar obligatorio. Es nada más que un aporte por parte del Ejército Nacional o del Ministerio de Defensa Nacional [MDN] para tratar de mostrar una voluntad de superar un momento muy complicado para mucha gente joven. Hay preocupación porque hay cosas que no están funcionando bien con cierta parte de la juventud”, dijo el legislador nacionalista, y puso como ejemplo lo sucedido en el barrio Marconi.
Ideas más
La propuesta del Ejército, presentada con la intención de “mejorar la situación de seguridad pública”, no es la única remitida al Diálogo Social. En total son ocho las iniciativas que partieron de instituciones y centros del MDN.
Una propuesta del Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército apunta a “profundizar el conocimiento histórico militar nacional” para el “afianzamiento cultural del país” en una sociedad “cada vez más globalizada”. Sugiere estudiar aspectos de la historia como la constitución de Uruguay como una frontera entre los imperios portugués y español, y las luchas de la independencia con el artiguismo. “Posteriormente, las luchas internas contra la subversión, así como el accionar de las fuerzas militares del país en el exterior en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, dejan como consecuencia una historia militar cuyo estudio puede contribuir a afianzar una visión histórica nacional general y una visión integral de la identidad uruguaya”, continúa la propuesta.
Se ofrecen para elaborar y difundir “investigaciones de carácter histórico militar” y para colaborar en la organización de talleres, exposiciones y conferencias de orden histórico, de modo de difundir “el ideario artiguista como factor de definición de la nacionalidad oriental”.
Hay también una propuesta de la Brigada de Ingenieros N° 1 para utilizar sus capacidades para “dar respuesta a problemas en la infraestructura”. Otra propuesta del Ejército consiste en desarrollar un sistema informático que permita la integración de organismos estatales en el acceso a la información para el control del comercio, registro de armas y actividades de turismo cinegético (de caza) en el país. Una iniciativa del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del MDN propone realizar un análisis de la afectación del cambio climático a la defensa nacional, el Instituto Militar de Estudios Superiores propone dictar cursos de preservación del medioambiente y el Servicio Geográfico Militar presentó la idea de implementar un observatorio nacional del nivel medio del mar.
El Calen remitió otra propuesta para analizar las condiciones de seguridad que garanticen el desarrollo del país, como “la neutralización de amenazas a la integridad territorial, la protección de líneas de comunicaciones en los espacios terrestre, marítimo y aéreo, la protección de los recursos naturales y la infraestructura estratégica del país”.
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3) IMM insiste en que el Hotel Carrasco le debe plata
Rechazó recurso presentado por concesionaria del casino.
Andrés López Reilly (El País)
La Intendencia de Montevideo rechazó un recurso interpuesto por Carrasco Nobile S.A. empresa a la que en abril intimó a que le pague una deuda acumulada de más de US$ 1.300.000.
La concesionaria del Hotel Casino Carrasco señaló que de acuerdo a lo «pactado» con la comuna, lo que se le pide que pague no integra el canon de la concesión. Entiende que la diferencia que se le reclama radica en que la IMM toma como «ingreso» montos que no se encuentran en su balance por tratarse de ventas a crédito.
De acuerdo a la impugnación presentada por la empresa, los «ingresos» que deben ser tomados en cuenta para el pago del canon no incluyen las ventas a crédito o la nueva modalidad de juego implementada para clientes vip, «que no es más que una forma de financiamiento o la concesión de una línea de crédito que el casino ofrece al cliente para la adquisición de fichas en base al monto apostado, mediante la suscripción de un título de valor».
La Intendencia respondió que estas herramientas son utilizadas por el casino «a efectos de atraer su clientela», pero aclaró que «no tienen relación» con el pago que debe hacerse de acuerdo al pliego del llamado a licitación. «Una vez perfeccionada la venta de fichas, el importe de tal venta es el que ha de computarse mes a mes a efectos del cálculo (…), con prescindencia de la fecha en la que la concesionaria reciba efectivamente el pago de parte del cliente o del tercero que actúe como sujeto titular del crédito concedido para la adquisición de fichas», sostuvo la IMM.
La Intendencia entiende que la venta de fichas constituye un negocio entre el casino y el cliente, «que se perfecciona con el acuerdo de voluntades entre ambos: el apostador acepta el precio y al abonarlo, mediante la forma de pago habilitada por el casino (contado o crédito) recibe las fichas y queda habilitado para utilizarlas en los juegos».
Según la IMM, «esta relación jurídica vincula exclusivamente al casino con su cliente y es un negocio en el que la administración resulta ser un tercero ajeno a éste. Las herramientas comerciales que utilice la empresa con el propósito de atraer o fidelizar su clientela resultan totalmente ajenas a la relación concesionaria-Intendencia».
La deuda
A comienzos de abril, el intendente Daniel Martínez resolvió intimar al Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa por el incumplimiento del canon de vencimiento anual, cuyo plazo de pago había vencido el 7 de marzo. La Intendencia sostuvo entonces que el monto del pasivo ascendía a $ 44.700.040 (algo más de US$ 1.300.000), cifra que «se ha incrementado por adeudos generados en el mes de enero y de febrero». La intimación y los plazos de pago están previstos en el pliego del llamado a licitación, por el cual fue adjudicado el hotel en junio de 2009.
El director de Desarrollo Económico de la Intendencia, José Saavedra, dijo entonces a El País que se trata de la primera vez que la empresa se atrasa en el pago del canon.
En tanto, el gerente del Hotel Casino Carrasco, Ignacio García, aseguró a El País que la empresa «técnicamente ha pagado el 100%» de sus deudas y que lo que se estaba negociando era «el nuevo modelo de negocio». También indicó que la firma tiene depositada una garantía de US$ 4 millones, que puede ser ejecutada por la Intendencia en caso que corresponda.
«Hay una diferencia de interpretación sobre el canon variable. El canon fijo y el de las máquinas (el que se paga por ganancia del casino) lo tenemos 100% en regla y al día. Lo único que existe es una pequeña diferencia, dentro de la liquidación variable, por el desarrollo del modelo VIP», indicó García.
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4) Sindicato de la vestimenta rechaza afirmaciones de Bonomi
(Caras y Caretas)
Los trabajadores de la vestimenta están molestos con Bonomi por las razones para comprar uniformes en China.
Bajo la consigna “Costura a cielo abierto” el Sindicato Único de la Aguja (SUA-Vestimenta) realizará una original movilización frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la cual confeccionará uniformes en público.
Por otra parte, el SUA envió carta abierta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al sub secretario, Jorge Vázquez, en la cual se rechazan sus afirmaciones en cuanto a que “no existe capacidad productiva en Uruguay para proveer de 27.000 uniformes al Ministerio del Interior (MI).
Señala la nota que “no es cierto que el Estado se ahorro cuatro millones de dólares” con la compra realizada en el exterior”. Agregan que “no hubo en esta oportunidad un llamado a licitación, ni solicitud de precios de esos productos a ninguna empresa nacional, por lo que desconocemos qué precios fueron tomados como referencia para establecer el mencionado ahorro estatal”.
El SUA-Vestimenta sostiene que “sin duda los compañeros textiles podrán hacer cálculos similares sobre los 27.000 buzos de lana (que se ofrecen en plaza al mismo precio que los importados), los compañeros del calzado sobre los 32.000 pares de botas y 1.800 de zapatos, y nosotros completar el análisis en cuanto a camperas, mamelucos, casacas, gorros, etc. No somos economistas ni ingenieros, pero somos trabajadores que sabemos lo que hacemos. Y tenemos opinión”.
Texto completo de la carta a Bonomi:
Carta Abierta a los Sres. Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez
Señor Ministro, Señor Sub Secretario:
Partiremos del supuesto que las declaraciones públicas por ustedes formuladas en torno al Decreto 252 del 16 de Febrero del 2016, fueron en base al asesoramiento de Ingenieros Industriales con amplia y vasta experiencia en la industria de la Vestimenta. Solo así podría sustentarse con argumentos sólidos, la categórica definición en cuanto a que “no existe capacidad productiva en Uruguay para proveer de 27.000 uniformes al Ministerio del Interior”.
Nos gustaría conocer además, el nombre del Economista que realizó el cálculo por el que se asegura que “el Estado ahorró 4 millones de dólares” con esta compra. Con gusto polemizaríamos con estos asesores, ya que desde nuestro empírico conocimiento del sector sustentamos opiniones diametralmente opuestas.
Recordemos que el mencionado Decreto habilitó la modalidad de COMPRA DIRECTA de uniformes por un valor total de US 4. 175.750 a los que se debe sumar US 83.515 por concepto de gastos de importación. Este cálculo fue hecho en base a una única cotización de todos los productos solicitados, por parte de la empresa CHINA XINXING.
No hubo en esta oportunidad un llamado a licitación, ni solicitud de precios de esos productos a ninguna empresa nacional, por lo que desconocemos qué precios fueron tomados como referencia para establecer el mencionado ahorro estatal.
En cuanto a la capacidad productiva nacional, no tenemos por cierto la capacidad de la empresa XINXING que cuenta con 180.000 trabajadores y son en realidad 54 empresas con tecnología de punta. Pero si nos lo solicitan, podríamos asesorar (sin títulos académicos y por tanto sin costo alguno) en cuanto a plazos de entrega y calidad de las prendas, en base a nuestra experiencia de trabajar todos los días en la confección de productos similares.
En la compra referida, los productos solicitados en mayor cantidad refieren a camisas y pantalones por lo que, a modo de ejemplo, tomaremos estos dos productos, sin perjuicio de que, si así se dispone podremos ampliar el análisis a todos los productos.
El total de camisas solicitadas asciende a 53.500. El total de pantalones es 32.000. La producción de este tipo de prenda insume 40 minutos de confección aproximadamente. Por este cálculo es sencillo suponer que un taller de 80 trabajadoras/es trabajando normalmente, serían capaces de realizar en una jornada diaria de 9 horas 36 minutos con media hora de descanso y dos intermedios de 15 minutos, 1020 camisas (516 minutos dividido 40 por 80 trabajadores). Por lo cual el total solicitado podría ser confeccionado en un plazo máximo de tres meses. Otro tanto insumiría la confección de la totalidad de los pantalones, por lo que podríamos sustentar 160 puestos de trabajo durante ese lapso, solo con estos dos productos. Nos preguntamos entonces Sr Ministro ¿donde está la incapacidad productiva? Por cierto, ya que el Ministerio conoce que se cambian grifas en talleres clandestinos, solicitamos se crucen esos datos con el Ministerio de Trabajo a los efectos que corresponda.
Sigamos: esos mismos 160 trabajadores ganan en promedio unos $16.000 mensuales (como ustedes conocen, seguimos entre los salarios sumergidos) por lo que generarían una masa salarial durante tres meses de $ 7.680.000.
Esa masa salarial, usted sabe, los trabajadores la volcamos íntegramente al mercado interno, pero suponiendo que solo el 50% genera IVA podría calcularse en US 25.600 dólares que el Estado renuncia recibir. Además, genera a su vez aportes obrero patronales por un valor aproximado de $ 2.534.400 (US 76.800) que se volcarían también al Estado (BPS, DGI, Fonasa, FRL, etc).
Por nuestro conocimiento de anteriores licitaciones, las empresas nacionales cotizaron las camisas de manga larga 2 dólares por encima de la cotización china, y 7,5 dólares por encima en los pantalones. Por tanto la diferencia de precio a favor de los productos importados en estos dos productos, es de US 346.000. Pero … si la compra se hubiera realizado en la industria nacional y con los precios nacionales, habrían regresado al mismo Estado por la vía de pago de IVA US 76.120
Es muy probable que esos 160 trabajadores/as son una parte de los 1800 aproximadamente que hoy están en Seguro de Paro, y que con esta compra importada continuarán en él. Tres meses de Seguro de paro de 160 trabajadores implican un gasto del Estado de aproximadamente $ 3.840.000 (US 116.363)
Es fácil entender entonces, al menos para nosotros, que el mismo Estado que “ahorró” U$ 346.000 por un lado, por otro lado gastó o renunció recibir US. 294.883. A nosotros la diferencia nos da U$ 52.000. Nos preguntamos entonces ¿Dónde está el ahorro de 4 millones Sr. Vázquez? Y la otra…vale la pena?
Reiteramos, este análisis es apenas sobre dos de los productos solicitados. Sin duda los compañeros textiles podrán hacer cálculos similares sobre los 27.000 buzos de lana (que se ofrecen en plaza al mismo precio que los importados), los compañeros del calzado sobre los 32.000 pares de botas y 1800 de zapatos, y nosotros completar el análisis en cuanto a camperas, mamelucos, casacas, gorros, etc. No somos Economistas ni Ingenieros, pero somos trabajadores que sabemos lo que hacemos. Y tenemos opinión.
También escuchamos al Sr. Ministro manifestarse dispuesto a dialogar sobre estos temas, y por supuesto también estamos dispuestos a hacerlo cuando lo estime conveniente. Siempre que el objetivo sea preservar nuestros orientales puestos de trabajo. No en Oriente, en Uruguay. Con el mayor de los respetos, saluda
Dirección Nacional del Sindicato Único de la Aguja PIT CNT
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5) URSEC viajó a París invitada por los empresarios que debe controlar
(Sudestada)
Directores Nicolás Cendoya y Silvana Olivera viajaron a la capital francesa invitados por Certal, una organización integrada por los empresarios uruguayos que violan la Ley SCA
Mientras en Uruguay los televidentes no pueden asistir a los partidos de la selección uruguaya por televisión abierta, en abierta violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los directores de la Unidad de Servicios de Comunicaciones (URSEC) Nicolás Cendoya y Silvana Olivera compartieron unos días en la primavera europea con legisladores nacionales y empresarios privados de los medios de comunicación. En realidad, lo hacieron gracias a los empresarios, ya que fueron estos los que les pagaron el viaje a la ciudad luz.
Según pudo confirmar Sudestada con invitados a otros eventos organizados por Certal, es habitual que este centro de estudios organice actividades en el exterior e invite empresarios y autoridades públicas para hablar de temas vinculados a los medios de comunicación. En todos los casos, según se explicó, Certal se hace cargo de los gastos del viaje.
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal) se define como “un centro de investigación independiente y sin fines de lucro” y entre sus miembros se encuentran los tres canales privados de televisión abierta uruguaya, sus respectivos canales de cable y la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), entre otros.
Este centro dedicado al “lobby” en el área de las telecomunicaciones a nivel regional, asegura que su misión es “impulsar el debate y propuestas de política pública regulatorias, como así también las estrategias empresariales que propendan a la innovación, y la incorporación de tecnología con el fin de contribuir a un desarrollo armónico de nuestros países”.
Su presidente ejecutivo es Pablo Scotellaro, un empresario de los medios que se ha hecho famoso en los últimos meses por su presencia en varias radios de Montevideo (alquila las mañanas de CX 30 y administra Nuevotiempo) y por las emisiones de televisión por internet de su “Canal U”. Su directiva está integrada además por el abogado Oscar Brum, el gerente general de la Cámara Uruguaya de TV para Abonados Daniel Gago, el presidente de la Asociación de Radios del Interior (RAMI) Miguel Ángel Pose y el ex presidente de Andebu Rafael Inchausti.
“En estos momentos estoy en el exterior”, respondió Silvana Olivera, directora de URSEC, cuando Sudestada intentó consultarla sobre la carta que la ministra María Julia Muñoz le había enviado al organismo para pedir que se emitieran los partidos de Uruguay por televisión abierta. Olivera se negó gentilmente a opinar del asunto por este motivo, y con la misma gentileza se negó a decir en qué parte del mundo se encontraba.
Quizás le pareció demasiado admitir que se encontraba en París, junto a su compañero de directorio Nicolás Cendoya, ambos invitados por un centro de investigaciones integrado y financiado por los empresarios privados que se supone deben controlar. Junto a Olivera y Cendoya, la delegación uruguaya estuvo integrada además por las senadoras Constanza Moreira (Frente Amplio) y Verónica Alonso (Partido Nacional), el senador Leonardo De León (Frente Amplio) y el diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) y el asesor de ANTEL Juan Piaggio.
En la foto compartida por Certal en su página web también aparece el ex subsecretario de Industria Edgardo Ortuño, quien luego de dejar su cargo en el Poder Ejecutivo asumió como director ejecutivo de este centro de investigación “sin fines de lucro”.
En su web, el Certal sostiene que la transparencia corporativa es una política establecida por su Directorio para informar a la sociedad sobre sus actividades comerciales y financieras, su gestión, sus resultados y su aporte a la sociedad a través de la Responsabilidad Social Empresarial.
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