1) Masacre homófoba en EE.UU. –
2) Las mujeres trans, las olvidadas de Pakistán –
3) Honduras: Comunidad LGBT bajo ataque mortal –
4) La Universidad no está exenta de la violencia de género
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 12 / No. 478 / Lunes 13 de Junio de 2016 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) Masacre homófoba en EE.UU.
(Página/12)
Entrevistas a Darío Kosovsky (Red de Desarme) y a César Cigliutti (Comunidad Homosexual Argentina)
Falta de límites
El ataque de Omar Saddiqui Mateen fue el más trágico en la historia de Estados Unidos como resultado del uso de armas de fuego. Y se suma a más de 130 incidentes de menor gravedad del mismo tipo en lo que va del año y unos 325 en 2015. El del Bar Pulse suma más víctimas al debate sobre la necesidad de imponer controles a la venta de armas. “Es una nueva manifestación de las consecuencias que puede tener el uso indiscriminado de armas de puño”, dijo a Página/12 el abogado Darío Kosovsky, integrante de la Red Argentina para el Desarme.
“Debemos discutir formas de resolver tolerancia y respeto a la diversidad, porque el regado masivo de armas de fuego se aborda así y acaba mal. El conflicto de fondo es la discriminación, el fascismo, el autoritarismo desde una visión cultural machista: la cultura del ganador –sostuvo Kosovsky–. Pero el problema lo tienen muchos que no encajan en el sueño americano, por lo que con tanta proliferación de armas de fuego es probable que este tipo de hechos no se detenga”.
Precisamente sobre la recurrencia de tiroteos masivos en Estados Unidos, el abogado sostuvo que “la falta de límites al acceso de armas en Estados Unidos tiene que ver con un proceso histórico que va de la mano del ‘sálvese de quien pueda’. Si se tiene disposición para comprar armas y municiones, es factible que la situación termine en violencia contra terceros”.
Y en un ejercicio de comparación sobre violencia armada en aquel país y la Argentina, Kosovsky afirmó que “tenemos cosmovisiones distintas; aquí se dio una batalla cultural contra el uso indiscriminado de armas que lleva más de una década y con un enfoque muy profundo, donde el Estado le transmite a nuestra población un mensaje muy contundente: ‘No te armes’. En cambio, en Estados Unidos hay un mercado muy fuerte de armas de fuego y se hace lobby para evitar reformas, por lo que la solución no depende sólo del aspecto judicial sino que debe ir acompañada de un verdadero cambio cultural”.
En esa línea, Kosovsky remarcó que “los grupos de menores recursos toman el arma de fuego como factor identitario para ser vistos y escuchados. Los sectores vulnerables son los que más mueren por armas, y también los que más las usan. El arma termina siendo la soga que ahorca cualquier posibilidad de cambio de abajo a arriba, por lo que acaban matándose entre pobres. Para cortar con esa lógica individualista se necesita una profunda reforma cultural. Pero lamentablemente al statu quo y a los sectores conservadores no les interesa tener un cambio social. Es un tema muy complejo: a los núcleos de poder les conviene enmarcar el atentado como ‘terrorismo’, sencillamente porque una democracia no debería tener crímenes de odio”.
Reacción de la CHA
Políticas inclusivas
Mientras la organización norteamericana a favor de los derechos de los homosexuales Glaad afirmó estar “absolutamente devastada” tras el ataque a la disco gay Pulse en la que murieron 51 personas, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) reclamó a los gobiernos “políticas públicas, inclusivas y de protección a la vida y los derechos de nuestra comunidad”. Asimismo se celebró ayer el Desfile del Orgullo Gay en Los Angeles con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la masacre de Orlando y un despliegue reforzado de seguridad. El alcalde de esa ciudad californiana aseguró “todos somos Pulse, todos somos Orlando y todos somos estadounidenses”.
Sobre el atentado del domingo, César Cigliutti, presidente de la CHA, dijo a este diario que “hay que correrse del lugar de la víctima con más militancia, exigir nuevamente el establecimiento de políticas públicas en favor de la diversidad de nuestra comunidad LGBT y la modificación de la Ley Antidiscriminatoria en nuestro país. Porque en Orlando fueron asesinadas 50 personas homosexuales, con lo que sin lugar a dudas se trata de un crimen de odio”. El activista remarcó que “una verdadera política pública sería que acá todos los funcionarios estén a favor de la diversidad. Y en los ataques filonazis de Mar de Plata, por ejemplo, los funcionarios tardaron mucho en pronunciarse. Por eso hay que promulgar leyes con urgencia para que esa gente tan ligada a discursos del pasado deje de intimidarnos y de ejercer violencia sobre nosotros”.
Ante la presunción de que el atentado haya tenido connotaciones religiosas, Cigliutti dijo que “la causa de este tipo de violencia siempre es la homofobia. Hay que cargar las tintas en el discurso del Vaticano y de algunos grupos islámicos, concretamente cortar con la contradicción de horrorizarse por lo que pasó en ese boliche y, no obstante, seguir considerando la homosexualidad como una enfermedad”.
En esa línea, Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, aseguró que “producen mucho dolor las muertes y la expresión de esta violencia que nos mata y es promovida por el fundamentalismo, por la cultura de odio y la exclusión en el mundo. Es tiempo de ponerle fin, promoviendo educación y políticas públicas por la igualdad, la justicia y la diversidad”.
Por último, Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, manifestó su alarma y preocupación por este tipo de hechos, y concluyó que “lesbianas, gays, bisexuales y trans son uno de los grupos que más sufre la violencia, persecución y discriminación, que incluso se expresa con la pena de muerte, por parte de los grupos radicalizados tales como el Estado Islámico”.
COMCOSUR MUJER Nº 473 – 13.06.16
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2) Las mujeres trans, las olvidadas de Pakistán
Alec Forss y Humaira Israr (IPS)
En un mercado del distrito de Mehmoodabad en Karachi, Bindiya Rana, de 35 años, comienza su jornada de trabajo como vendedora de ropa. Para ella y para muchos de los habitantes de una de las zonas más pobres de la austral ciudad portuaria de Pakistán, la supervivencia es una lucha diaria.
De complexión fuerte, con el pelo teñido y muy maquillada, las dificultades que Rana y otras como ella padecen son mucho mayores que las de la mayoría.
Integrante de la comunidad transgénero o hijra, el estigma social y la discriminación la convierten en una paria en la conservadora sociedad paquistaní. Aunque no existen cifras oficiales sobre el número preciso de personas trans en Pakistán – o del tercer género, como se conocen en este país de 200 millones de habitantes – se calcula que existen entre 80.000 y 500.000.
De una familia de clase media baja, Rana tomó conciencia de su identidad en la infancia. En público se vestía como un varón, pero sola en su dormitorio se ponía ropa de niña y lápiz labial. Tras fugarse de su casa durante dos meses, sus padres gradualmente llegaron a aceptar su identidad.
La mayoría no tiene tanta suerte. Rechazadas por sus familias, muchas no tienen más remedio que unirse a las comunidades hijra, que son sumamente unidas y están dirigidas por lideresas que asumen el papel de guardianas y les ofrecen protección.
Pocas terminaron la educación formal, por lo que sus oportunidades de empleo son limitadas. Muchas tienen que soportar el ridículo y bailan en la calle o en bodas para ganarse la vida, o simplemente recurren a la mendicidad. Otras se dedican al trabajo sexual, aunque tienen escasa educación sobre el sexo seguro y los peligros del VIH.
Vulnerables ante el abuso físico y verbal, también tienen que soportar la humillación a la que las someten la policía, los médicos en los hospitales y los funcionarios públicos, se queja Rana. Las denuncias de palizas y otras formas de violencia contra ellas son habituales.
El 25 de mayo, una persona trans llamada Alisha ingresó a un hospital de Peshawar, en la noroccidental provincia de Jiber Pajtunjwa, con heridas de bala y murió porque, según se alega, el personal demoró en atenderla cuando otros pacientes se quejaron por su presencia y los médicos discutían si le correspondía estar en la sala de hombres o de mujeres. Fue el quinto caso de violencia contra personas transgénero denunciado en la provincia en lo que va del año.
“A la luz de la actitud apática y su justificación por las autoridades del hospital, no sería descabellado concluir que en Pakistán impera una forma aberrante de mentalidad del apartheid por la que las personas trans provocan tal desprecio que a su vidas no se les da ni un ápice de valor”, denunció un editorial del diario Daily Times.
Las hijras batallaron durante muchos años para ser aceptadas como ciudadanas con igualdad de derechos ante la Constitución. En 2012, una decisión histórica de la Corte Suprema decretó que se les emitieran documentos nacionales de identidad, con lo cual, por primera vez, se reconocía oficialmente su existencia como un tercer género. “Estábamos en la gloria”, comentó Rana sobre la decisión que les concedía los mismos derechos que a los demás ciudadanos, como el voto, la propiedad y la herencia.
Sin embargo, la Autoridad Nacional de Base de Datos y Registros, encargada de expedir las tarjetas de identidad a través del Ministerio del Interior, en un principio demoró la implementación de la medida y solicitó que las personas interesadas se sometieran primero a exámenes médicos humillantes. “Salimos a las calles en protesta y logramos revertir la decisión”, explicó Rana.
Sin embargo, más de cuatro años después, muchas de ellas aún carecen de la tarjeta de identidad. Uno de los principales obstáculos es que estas solo pueden expedirse a quienes tienen padres biológicos o que fueron adoptadas oficialmente con la debida documentación.
Eso resulta imposible para las trans que fueron expulsadas por sus familias o simplemente no saben nada de ellas, por haberse unido a las comunidades hijra siendo muy jóvenes. Las autoridades no tomaron medida alguna para remediar la situación, lo que significa que muchas aún están privadas de sus derechos civiles, así como de la inscripción en el Programa Benazir de Apoyo al Ingreso y el Programa Nacional de Salud, ambos gratuitos.
Otros intentos de mejorar la situación de las hijras mediante políticas de empleo y otras oportunidades también resultaron insuficientes, mal remunerados e incluso inadecuados. La oficina regional de Hacienda en Karachi decidió emplear mujeres trans para el cobro de deudas, con el fin de que bailaran frente a las casas de los deudores y así, mediante la vergüenza social, los obligaran a pagar. “Era muy humillante para nosotras”, observó Rana.
A pesar de los avances, Rana se queja de la falta de apoyo y las actitudes hostiles. Una de las cinco candidatas trans en las elecciones generales de mayo de 2013, la primera vez en la historia del país en que se pudieron postular, ella perdió como candidata independiente para integrar la Asamblea Provincial de Sindh. “En vez de apoyarme, la gente se burlaba de mí de todas las maneras posibles”, subrayó.
Decidida a mejorar la situación de las hijras de Karachi, fundó su propia organización no gubernamental en 2009, llamada Alianza de Género Interactiva de Pakistán, dedicada a brindar vivienda, empleo, formación vocacional básica e incluso un servicio de atención telefónica. “Somos las personas olvidadas, pero lucharé por la igualdad hasta el final”, aseguró.
Traducido por Álvaro Queiruga
COMCOSUR MUJER Nº 473 – 13.06.16
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3) Honduras: Comunidad LGBT bajo ataque mortal
Más de 200 asesinatos después del golpe de 2009
Giorgio Trucchi (Rel-UITA)
El asesinato de René Martínez, presidente de la comunidad LGBT de San Pedro Sula, es solamente el último de una serie infinita de ataques mortales contra este sector de la población hondureña, y se enmarca en un contexto de creciente violación a los derechos humanos y de criminalización de defensores y defensoras
René Martínez desapareció el pasado 1 de junio tras salir de su casa acompañado por una persona no identificada. El siguiente día, su cuerpo fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula con signos evidentes de estrangulamiento y tortura.
Además de liderar el colectivo LGBT en la capital industrial hondureña, Martínez coordinaba un Centro de Alcance y era activista del oficialista Partido Nacional. Una de sus aspiraciones era alcanzar algún cargo político para luchar a favor de los derechos de la comunidad LGBT.
Esta enésima tragedia que ha enlutado a Honduras no es algo esporádico, sino parte de un patrón bien definido de violencia contra defensores y defensoras, especialmente cuando se trata de los derechos de la comunidad LGBT. Organizaciones y movimientos globales que defienden los derechos humanos a nivel mundial han lanzado su grito de alerta, cada vez más preocupados por la situación que se ha generado en Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
La escalada homicida. Homofobia en Honduras
En su reportaje para la revista Index on Censorship[1], el periodista Duncan Tucker revela que 215 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en Honduras entre 2009 y 2015. Los efectos del golpe cívico-militar sobre la escalada homicida son aún más evidentes cuando se hace una comparación con el periodo anterior.
Los datos de la ONG Cattrachas muestran que un promedio de 2 personas LGBT fueron asesinadas cada año entre 1994 y 2008. Según la Asociación Arcoíris, tras el golpe de 2009 esa cantidad subió vertiginosamente a una media de 31 asesinatos al año. La persecución contra la comunidad LGBT hondureña se manifiesta también a través de ataques múltiples contra sus miembros.
“Arcoíris denunció 15 incidentes de seguridad contra sus miembros durante la segunda mitad de 2015, incluyendo vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, atracos, robos, amenazas, agresión sexual. Otros activistas LGBT han experimentado desahucios, cargos falsos, difamación, desapariciones forzadas y restricciones del derecho de reunión”, señala Tucker en su reportaje. El 92 por ciento de los asesinatos permanecen impunes.
Vergonzosa impunidad. Reacción internacional
La total impunidad es lo que más preocupa tanto a las organizaciones nacionales e internacionales, como a la comunidad internacional. En un comunicado, la Alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió una “investigación exhaustiva” para hallar a los responsables del asesinato de René Martínez. Asimismo, dijo que se deben garantizar “pasos urgentes y decisivos para proteger a los defensores de los derechos humanos en Honduras”, para así “poner fin a la impunidad y la violencia”.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[2], exigió a las autoridades hondureñas “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables del asesinato”, al tiempo que instó a “poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento” contra la comunidad LGBT.
También pidió “adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica de todos los defensores de los derechos de las personas LGBT, y en general de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”.
A pesar de la difícil situación, Danny Reyes, coordinador de Arcoíris, dijo a Index on Censorship que la necesidad de un cambio drástico es lo que le da la fuerza para seguir luchando contra la discriminación. “Necesitamos encontrar una Honduras libre de violencia y homofobia. Creemos que es nuestra responsabilidad luchar por eso, para que las próximas generaciones tengan un espacio donde vivir en un mundo mejor”, indicó.
Al menos 1.700 personas transexuales fueron asesinadas en el mundo de 2008 a 2014 en 62 países. La homosexualidad todavía está penada en 79 países[3] y se castiga con la muerte en 7 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán y Yemen.
Notas
1 https://www.indexoncensorship.org/2016/04/magazine-homofobia-honduras-lgbt-espanol/
2 Programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
3 http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad
COMCOSUR MUJER Nº 473 – 13.06.16
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4) Entrevista con Alejandra, Consejera Directiva de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Mario Hernandez (Rebelión)
«La Universidad no está exenta de la violencia de género; es un ámbito más donde se reproducen estas prácticas»
-M.H.: Con Alejandra, Consejera de la Facultad de Ciencias Sociales. Hace unos días atrás, previamente a la movilización del viernes bajo la consigna “Nos queremos vivas, a todas” se produjo un intento de secuestro en la plaza Houssay, donde están las facultades de Medicina, Ciencias Económicas y Sociales, un hecho que no fue una novedad, recordemos que en la Facultad de Ciencias Económicas hay una estudiante desaparecida desde hace más de diez años: Florencia Penacchi. Y recordemos también que hace unos años tuvimos una situación muy delicada en la sede de la Facultad de Psicología en la calle Hipólito Yrigoyen en el barrio de Once, y luego hubo denuncias también en el IUNA por este tipo de situaciones. También en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero, se han sucedido una serie de hechos de violencia y acoso contra las estudiantes que me gustaría que nos comentes.
-A.: Efectivamente, lo que estás enumerando son hechos que atraviesan a la Universidad de Buenos Aires y como manifestamos desde nuestra organización y en cada facultad donde intervenimos, la Universidad no está exenta de la violencia de género sino que es un ámbito más donde se reproducen estas prácticas que afectan cotidianamente al conjunto de las mujeres.
Como bien dijiste, en la Facultad de Psicología tenemos el antecedente de hace algunos años cuando hubo una red de trata operando en el barrio de Once, es una manera que tienen de accionar, merodean facultades, colegios, lugares donde hay una gran concentración de estudiantes mujeres. En la facultad de Psicología en esa oportunidad fueron las estudiantes y docentes las que se organizaron para denunciar el accionar de la red de trata, se movilizaron a la comisaría, lograron incluso que se traslade del cargo al comisario que estaba aparentemente implicado, también denunciando las responsabilidades políticas del Estado, porque sabemos que las redes de trata operan en complicidad y con el amparo de distintos sectores del Estado como la justicia, la policía y el poder político.
En Sociales el año pasado tuvimos una situación similar, varias compañeras a partir de una estudiante que hizo una publicación en los grupos de la facultad en Facebook contando cómo un tipo se le acercó a las 11:00 de la noche, cuando salía de la facultad y le propuso un trabajo de promotora, algo muy extraño; a partir de esa publicación otras compañeras comentaron que habían pasado por la misma situación y ese es el modus operandi de una red de trata, un tipo, de noche, merodeando el barrio de Constitución ofreciendo trabajos de mucho dinero para lo que significaba la tarea, incluso a una compañera este tipo llegó a forcejearla intentando meterla en el auto. Ahí también fuimos los estudiantes los que nos movilizamos para hacer llegar a las autoridades la situación.
Esto nos trae a este caso que pasó en Plaza Houssay. La estudiante de Medicina relata en un audio, cómo un tipo la agarró amenazándola de muerte, la intentó meter en un auto y gracias a alguien que pasó por ahí que distrajo al hombre, pudo escaparse y salir corriendo a pedir ayuda.
Somos las estudiantes las que sufrimos este tipo de situaciones y estamos totalmente desprotegidas por los responsables que son las autoridades de las facultades, que son quienes deberían ocuparse de que los estudiantes cursemos en condiciones, de que los trabajadores también y proteger la integridad física de cada uno de los y las compañeras que asistimos a las distintas facultades. La policía consume, fomenta, ampara y permite que las redes de trata funcionen como un kiosquito más
-M.H.: Frente a estos hechos, ¿qué actitud han adoptado las autoridades de la Universidad, las fuerzas de seguridad? Porque en el caso de Florencia Penacchi incluso en algún momento se involucró a un personaje que después apareció en una foto con el actual Presidente de la Nación y su señora en Cancún. Situación que nunca se aclaró, me estoy refiriendo a Martins, siendo que Florencia Penacchi también era empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-A.: Vengo de la Facultad de Sociales, donde tuvimos un intercambio con las autoridades sobre otro caso de violencia que ocurrió allí. Pero concretamente sobre este caso de las redes de trata operando sobre Plaza Houssay, las autoridades de Medicina, de Económicas y de la UBA en general, no dieron ningún tipo de respuesta, de hecho es una de las exigencias que marcamos constantemente cuando surge algún caso de violencia donde hay alguna compañera que sufre algún tipo de ataque. Las autoridades deben garantizar la integridad de las personas que asisten a las casas de estudios, sin embargo, hacen oídos sordos y no ofrecen ningún tipo de salida.
Esto de la seguridad es interesante plantearlo, porque nosotros no creemos que la solución sea más policía, de hecho la policía como institución son los que consumen, fomentan, amparan y permiten que las redes de trata funcionen como si fuesen un kiosquito más. Muchos de los prostíbulos donde hay pruebas de que hay mujeres víctimas de la explotación sexual a partir de las redes de trata, funcionan con la complicidad del Gobierno de la Ciudad, de la Policía y sectores judiciales. Los Centros de estudiantes de Económicas y Medicina que están dirigidos por la Franja Morada, que es el sector político que dirige la UBA, fue a pedir más policía, pero nosotros entendemos que esa no es la salida porque son los mismos sectores implicados.
-M.H.: ¿Qué proponen?
-A.: Lo que nosotros remarcamos es que el Consejo Superior a partir de lo que fue la primera movilización de “Ni una menos”, en el Rectorado se aprobó un Protocolo de intervención en casos de violencia de género. Esto pasó a fines del año pasado y hasta hoy no fue implementado. Los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado
-M.H.: Dejando de lado que apañaron y cubrieron a un violento, como el decano de Ciencias Económicas, denunciado por su mujer y que luego tuvo que renunciar, lo que es de resaltar es un avance importante en la conciencia, la valentía de parte de las mujeres. La movilización del viernes pasado fue una demostración cabal de eso. Pero desde el lugar de las autoridades nacionales, se ve una actitud parecida a la de las autoridades universitarias, porque el presupuesto con el que cuenta el Consejo Nacional de la Mujer es ridículo, el 0,0055%, o sea 4,50 pesos por mujer, por otro lado, la Ley de patrocinio jurídico gratuito que propuso el senador Abal Medina y fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado, jamás se implementó. Esto sabiendo que la denuncia en la comisaría es el inicio de un oneroso proceso judicial que debe ser costeado por la propia víctima que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
Otro proyecto que tampoco avanza es la llamada Ley “Brisa”, que prevé una asignación para los hijos de las mujeres asesinadas. Así podríamos seguir. Veremos si Fabiana Túñez, responsable del Consejo Nacional de la Mujer, presenta como dice, un Plan nacional contra la violencia de género y marca una tendencia para empezar a concretar algunas de estas cuestiones. Porque claramente se ha avanzado en concientización y valentía pero en el terreno concreto no se ha avanzado y los femicidios han aumentado, 225 el año pasado y en lo que va de éste ya se relevaron 235, esto deja en claro que desde el punto de vista concreto no se está a la altura de las circunstancias.
-A.: La movilización del año pasado del 3 de junio fue una reacción popular ante un flagelo social que sufren las mujeres constantemente. La movilización puso en agenda los reclamos de las mujeres. Del año pasado a éste, ni el gobierno anterior y mucho menos éste dieron una salida a esta problemática. Miles y miles nos movilizamos en todo el país y, efectivamente, los casos aumentaron, se visibilizó aun más y los femicidios son moneda corriente. Y queremos remarcar que los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado. Y hay que remarcar las responsabilidades políticas, y cuando hablamos del Estado hablamos de cada una de sus instituciones y sus representantes, no es una cuestión de un gobierno sino que reproducen una lógica de relación cultural que necesita tener a las mujeres con la cabeza gacha y por eso en la Universidad pasa lo mismo.
Esto de las leyes es un punto importante, hay distintas leyes presentadas por distintos sectores políticos, que algunas tienen más limitaciones que otras. Hoy en día, por ejemplo, la Comisión de la Cámara de Diputados que debería tratar proyectos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer o cualquier reclamo de las mujeres, que es la Comisión de mujer, niñez, adolescencia y familia no funciona, estamos a mitad de año y la comisión no se ha reunido nunca. Y está presidida por Julián Dindart, que fue asignado por el bloque del radicalismo y avalado por todos los sectores políticos, que es conocido porque cuando fue Ministro de salud de la provincia de Corrientes estuvo en contra del aborto no punible en dos casos de niñas que habían sido violadas y habían quedado embarazadas, eso entre otras declaraciones homofóbicas. Ese personaje es quien encabeza la Comisión de mujer en la Cámara de Diputados.
-M.H.: Además una Comisión de mujer presidida por un hombre y con estos antecedentes es algo bastante raro. Ya que tocaste el tema del aborto, no quiero dejar pasar el caso de Belén, la chica tucumana, porque es un caso que ilustra la criminalización del aborto y la falta de una perspectiva de género en los fallos judiciales. Porque como mencionaste, el otro eslabón importante es la justicia, una justicia misógina y machista.
-A.: No solo es misógina, machista y patriarcal, sino que es clasista, porque la justicia opera para un sector social en particular, Belén es el nombre ficticio de una joven tucumana que hace dos años llegó al hospital de Clínicas de Avellaneda de la Provincia de Tucumán con una hemorragia interna y en vez de recibir la asistencia que necesitaba porque se estaba desangrando, fue acusada de matar a su hijo, le pusieron un feto en la cara al que nunca se le hizo un ADN para saber si era de ella.
Es un caso que tiene una serie de irregularidades, ella sufrió maltratos de todo tipo, esto sucedió hace dos años, bajo el gobierno de Alperovich, y durante ese tiempo Belén esperó su condena presa, a diferencia de otros casos como, por ejemplo, el de Marita Verón, donde todos los acusados esperaron su condena en libertad y encima después fueron absueltos en primera instancia.
Belén estuvo en una cárcel durante dos años y hoy el gobierno de Juan Manzur y la justicia tucumana decidieron darle ocho años más simplemente por tener un aborto espontáneo, que ni ella sabía que lo tenía. Es un caso, como bien dijiste, de criminalización del aborto pero hacia un sector en particular, es la regimentación, el disciplinamiento y la criminalización de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras.
Hoy el aborto para muchos sectores es un tema polémico que quizás no habría que debatir, pero el aborto es una realidad y cientos de mujeres jóvenes y niñas mueren por realizarse abortos clandestinos. Insisto en el tema del sector social, porque la mujer que tiene los recursos puede acceder a una clínica privada y practicarse un aborto en condiciones óptimas, las que no pueden hacerlo se mueren. Es una pelea de las organizaciones de mujeres y que particularmente nosotras venimos dando hace años, el proyecto que presenta la Campaña nacional por el aborto que lleva diez años siendo presentado constantemente para que por lo menos se discuta, ha sido cajoneado por todos los gobiernos que pasaron.
Además, en cuanto a lo de la justicia, otro caso reciente es el de una niña wichí en Salta, de doce años que padece un cuadro de desnutrición, retraso mental, que fue violada por 8 personas, quedó embarazada y la justicia y el Estado de Salta le negaron el aborto no punible, incluso incumpliendo el fallo F.A.L de la Corte Suprema que establece el aborto no punible y lo único necesario era la declaración de una mujer para poder practicárselo y que no sea penalizada.
Provincias como Tucumán y Salta incumplen este fallo y tienen protocolos restrictivos, por ejemplo, en Tucumán hay un protocolo que establece que solo la mujer que fue víctima o algún pariente muy cercano son los únicos que pueden efectivamente hacer el pedido del aborto, pero en un plazo de doce semanas.
Este caso es significativo también porque esta niña fue violada en noviembre del año pasado y esto está saliendo a la luz ahora, se le negó el aborto no punible, se le practicó una cesárea porque el feto tenía malformaciones craneanas, incluso con el riesgo de que afecte su vida porque tiene una afección pulmonar. Los propios médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vida. Esto también demuestra como la justicia actúa para un sector en concreto y que criminaliza y regimenta a las mujeres trabajadoras constantemente.
-M.H.: ¿Querés agregar algo más?
-A.: Sí, en relación a Julián Dindart, quien preside la Comisión de mujer de la Cámara de Diputados, nosotras desde el FIT y el PO, con nuestra diputada por la provincia de Mendoza que es Soledad Sosa, hicimos un pedido al Presidente de la Cámara de Diputados para que se lo remueva de su cargo porque entendemos que un tipo con estas características, que está totalmente en contra de los intereses de las mujeres, no puede presidir esa Comisión.
Ese pedido no fue escuchado y es por eso que esa Comisión hoy no se reúne y no discute estas problemáticas. Mientras que en la segunda movilización por “Ni una menos”, en su primer aniversario, fuimos nuevamente miles y miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, niñas y hombres que salimos a la calle porque entendemos que motivos nos sobran.
Nosotros, si bien damos la batalla institucional, en las facultades, en el Congreso, en los distintos ámbitos, entendemos que la única forma de que los reclamos de las mujeres se lleven adelante o de conseguir las conquistas que estamos reclamando va a ser a partir de la organización independiente de las mujeres, del Estado y la Iglesia que son los principales responsables en todo caso de violencia de género.
COMCOSUR MUJER Nº 473 – 13.06.16
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quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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