1) Bayce: “En seguridad, lo importante es cerrar la canilla” –
2) MPP no quiere indagar espionaje en democracia –
3) Jueza cita a exjefe de Inteligencia por posible complot contra Ferreri –
4) Asesores en debate del Plan Nacional de Aguas discrepan sobre los efectos que tendría la Ley de Riego –
5) La realidad distorsionada que viven los empleados de McDonald’s
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2102 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 28 de Octubre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Bayce: “En seguridad, lo importante es cerrar la canilla”
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)
El sociólogo Rafael Bayce afirmó que el Frente Amplio no ha logrado promover un discurso de izquierda en materia de seguridad pública.
El homicidio de Heriberto Prati, en Carrasco, generó una reacción en parte de la sociedad, que decidió manifestarse públicamente con caceroleos y pedidos de renuncia de las autoridades del Ministerio del Interior. Se trata, al decir del sociólogo Rafael Bayce, de una reacción que tiene tres partes: “Una reacción de clase, una reacción política y una parte, natural, de reacción familiar y vecinal ante una situación que ocurrió en su entorno”.
En este marco, Bayce aseguró que los pedidos de renuncia al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que varios actores de la oposición impulsaron tras este crimen, tienen por detrás una “intencionalidad política”, ya que el éxito o el fracaso de una política de seguridad no puede medirse porque se logre alcanzar o no la “criminalidad cero”. “El Ministerio del Interior nunca podrá solucionar la criminalidad […] porque no solucionará nunca las causas de la criminalidad”, enfatizó Bayce.
Pero, sobre todo, valoró que, desde su punto de vista, se debe “defender” al ministro Bonomi –con quien tiene diferencias de fondo en materia de la política de seguridad pública– en relación al planteo de que la gente no reaccione cuando es víctima de un asalto porque eso puede implicar un riesgo mayor para sí mismo o las otras personas involucradas.
“No es que no se apiade de la familia, sino que está actuando como ministro. Está preocupado del orden público, de la seguridad pública y tiene que decir lo que le parece que tiene que recomendar para que situaciones como estas no se multipliquen. No está diciendo que no le importa el crimen ni que no perseguirá el crimen, es obvio que sí. Quizás no fue oportuno, pero un ministro no sabe cuánto le van a editar de lo que dice. A lo mejor decía que lo sentía mucho por la familia y no lo ponían”.
“El ministro tiene que enfatizar su rol de ministro y tiene que decir y lo acompaño: ‘Si usted está siendo asaltado, no salga con un cuchillo atrás de un tipo que tiene un arma, no lo insulte y, si lo encañonan, no le diga cagón, a que no tirás’. Porque eso está provocando una reacción, y nadie ganó con eso; ni el país, ni él [Prati], ni su familia, ni el vecindario, ni la persona asaltada, absolutamente nadie ganó con eso, por el contrario, perdieron él y muchos más. Un ministro que se preocupa del orden y la seguridad pública tiene que decirle a la gente que no haga lo que hizo el señor Prati, que no lo haga, porque es probable que a quienes lo hagan les pueda ir de la misma forma, y no es bueno que pase eso en el país, que se provoque una reacción que lleva a un crimen mayor que el que hubiera ocurrido sin esa intervención”.
—¿Por qué las personas tienen esas actitudes al momento de ser asaltadas?
—A veces son reacciones temperamentales, a veces son reacciones instintivas. Era claro que el señor Prati era un hombre de reacciones temperamentales, un hombre valiente interpersonalmente, que había sido fusilero naval y que tenía ciertos reflejos de actitudes fuertes. El propio esposo [de la víctima de la rapiña] declara que era un hombre de temperamento fuerte. En este caso, actuó como temperamental y murió como temperamental. El ministro advierte que actuar de esa manera no es ser cómplice del crimen, sino evitar que una situación criminal derive en una situación criminal más grave. El ministro tiene que advertir eso. Y la advertencia la hace como ministro, pero también como persona de sentido común. Yo haría la misma recomendación.
—¿Esa postura no puede derivar en la apatía y el “no te metas”?
—Puede ser. Pero en definitiva la gente tiene que calcular qué es lo que está bien, qué es lo que sirve. Naturalmente, la reacción de uno como varón, amigo, persona con capacidad física, puede ser tratar de impedir un asalto contra un persona amiga, vecina, mujer, indefensa; intentar protegerla. Pero uno tiene que pensar rápidamente qué puede pasar con su intervención, que puede ganar ella, que puedo ganar yo y que puede perder el otro, y decidir sobre la base de ese resultado, no sobre la base de lo que siento como vecino, hombre y ciudadano. Hay que pensar cómo se actuará para no generar una cosa peor, porque si todos actuamos de forma temperamental y empeoramos la situación de la seguridad pública, nadie gana. No ganan las víctimas ni el entorno vecinal, y no gana la sociedad. Hay que reflexionar sobre todo el proceso en lugar de quedarse en la reacción inmediata, que es comprensible, que es natural, que en algunas personas es más fuerte que en otras, que a veces hacen catarsis.
—¿Existe intencionalidad política al pedir la renuncia del ministro Eduardo Bonomi tras estos hechos?
—Totalmente. Nadie puede pedir la renuncia de un ministro porque mataron a una persona o porque balearon a tres en Santa Lucía. Si un ministro sólo puede ser aprobado cuando no sucede ningún crimen en la sociedad, ningún ministro en la historia del mundo hubiera quedado en su lugar y ninguno quedará en su lugar en el futuro. Ni blanco, ni colorado, ni frentista, ni novickista ni independiente.
—La oposición plantea que el pedido de renuncia es parte de un proceso de acumulación y de deterioro de la seguridad pública.
—No hay un deterioro de la seguridad pública que lo puedan probar con números. Además, el deterioro de la seguridad pública es un problema mundial que tiene relación con causas gruesas en las que nadie entra. El Ministerio del Interior no es responsable de las causas del crimen, lo que tiene que hacer es eliminar los efectos, que son las tareas policiales: prevención inmediata, vigilancia, disuasión y represión como auxiliar de la Justicia. El MI nunca eliminará las causas de la criminalidad porque no puede, porque no está diseñado para eso. Ni este Ministerio del Interior, ni este ministro ni ningún Ministerio del Interior de ningún país del mundo solucionará nunca las causas de la criminalidad porque no está hecho para eso. Pedirle al MI que solucione el problema de la criminalidad es un error básico, que sucede en todo el mundo. No tienen herramientas, conocimientos ni atribuciones para solucionar las causas de la criminalidad que son lo más importante. Sin atacar firmemente las causas nunca jamás vamos a eliminar la criminalidad por mejor que actuemos con los efectos de la criminalidad.
—¿Por qué la discusión se focaliza en la gestión del ministro Bonomi?
—Porque la seguridad es un talón de Aquiles de todos los gobiernos, porque existe esa creencia equivocada de que los ministerios del Interior son capaces de terminar con la criminalidad. Reitero, es un error básico en el que todo el mundo concuerda y que hace que le pidan peras al olmo. Jamás lo podrá hacer. Utilicemos una analogía. Hay un pérdida de agua y la gente seca con un paño, baldea e intenta vaciar el agua, pero después se dan cuenta de que hay una canilla abierta y otra rota. El asunto entonces no es seguir baldeando, mejorar los baldeadores, hacer cursos para que la gente baldee más rápido y tener paños que absorban más el agua –todo eso sirve para evitar el derrame–, pero si no cerrás la canilla… no se arregla con mejores paños, más baldes y más baldeadores. Con la criminalidad es lo mismo. Los ministerios del Interior, los ministros del Interior, son baldeadores y trapeadores de inundaciones y de pérdidas y no tienen herramientas para cerrar la canilla, para ubicar de dónde sale el agua. El debate sobre seguridad está equivocado; totalmente equivocado. Orina fuera del tarro. ¿Por qué Bonomi no es responsable de lo que pasó en profundidad? Porque esa persona –un violador, un rapiñero, un asaltante– tiene una causalidad criminal que es muy anterior a Bonomi, a lo mejor hasta muy anterior al Frente Amplio [FA]. Esa persona se volvió criminal por una cantidad de causas con las que no tiene nada que ver Bonomi y, con suerte, el FA. De su niñez, de su adolescencia, del contexto en que se crió, de su familia, de una pobreza crónica, de una humillación diaria, de una explotación general y una falta de oportunidades. La Constitución dice que las diferencias entre los hombres son los méritos y las virtudes; toda la mentira democrática y liberal que existe, que la gente se la cree hasta que está del otro lado y se da cuenta de que no, que es verso, que no tienen las mismas oportunidades.
—¿Los discursos de mano dura pueden dinamitar o afectar el sistema democrático?
—Si son demasiado rigurosos se convierten en un régimen autoritario, pero además seguimos sin atacar ninguna causa. Esas medidas, todas, no atacan ninguna causa. No estoy diciendo que no haya que tomar medidas para las consecuencias. Tiene que haber una legislación punitiva, pero no creernos que con eso solucionamos la criminalidad. La idea de que los ladrones son 600 y si los pongo a todos adentro [de la cárcel], no habrá más hurtos en Uruguay es una imbecilidad increíble. Voy a tener 600 nuevos. Si no se cierra la canilla, seguirá saliendo agua. Las causas son lo más importante para la reproducción eterna de la criminalidad, que siempre hubo y seguirá habiendo.
—¿La sociedad uruguaya se ha “derechizado” en materia de seguridad?
—Sí. Porque ese discurso se ha difundido cada vez más. El problema no es de la opinión de la gente, sino de la difusión de ese discurso. En la medida que se difunde la opinión conservadora y de derecha, más gente lo recibe y termina adhiriendo por acumulación y porque no sabe bien qué hacer. Es un problema de derechización de la opinión pública, pero a partir de la exagerada difusión que los medios hacen de un tipo de opinión, que se termina generalizando. Eso está muy estudiado. En el mundo moderno los medios son fundamentales para la constitución de ese discurso.
—¿Por qué es más fácil que la gente adopte propuestas de “mano dura” que propuestas de corte más progresista?
—Porque esas propuestas aparecen cuando sucede algo que impresiona a la opinión pública. En ese momento, cuando la gente está entristecida, cuando está asustada, vienen las propuestas y la gente adhiere a ellas. Hay una combinación.
—¿Existe una sociedad del miedo?
—Se llama así hace poco, pero existe hace muchísimo.
—¿Por qué tras diez años de gobierno del Frente Amplio no se logró cambiar esos discursos?
—Porque uno de los peores problemas gubernamentales que la izquierda ha tenido es que no ha sabido cambiar la cabeza de la gente, y ha dejado que la derecha y el centro político, los medios de comunicación y las empresas transnacionales marquen la agenda comunicacional y la agenda ideológica. El FA no ha sido capaz de generar que la gente lo evalúe por logros de izquierda. Se ha hecho evaluar por logros de derecha: cuántos 0 kilómetros y cuántas motos nuevas hay en la calle. Que son criterios de centroderecha, de pequeños burgueses, de clase media. La izquierda se ha olvidado del concepto de alienación, de falsa conciencia, de violencia simbólica. Eso no existe más, existían cuando gobernaban otros. No hay más interpretación de la realidad de izquierda, y tampoco se le sugiere a la gente que interprete el mundo de acuerdo a la izquierda. Entonces la gente tiene un gobierno de izquierda, pero piensa como la derecha, quiere como la derecha, siente como la derecha y se traga todas las pastillas que la derecha le ofrece, entonces el resultado es que el FA tiene que correrse cada vez más al centro y a la derecha para sintonizar con la opinión pública.
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Una calle bisagra
La calle Acosta y Lara en Carrasco es un “lugar bisagra” en materia de seguridad pública. Por la forma en que se dio el proceso de urbanización de la zona, es un lugar donde viven juntos, “están en contacto directo”, personas de sectores acomodados y personas de “sectores muy carentes”. “Eso, para el sentido común, y en cualquier parte del mundo, ocasiona más problemas y más delitos que en otros lugares donde están distanciados […] Si tolerás una ciudad que tiene esa estructura, tenés que vigilar especialmente esos lugares”, afirmó Rafael Bayce.
“Es el problema de las favelas céntricas de Río de Janeiro, que están a cuatro cuadras de los hoteles cinco estrellas de Copacabana, de la playa a las que van los turistas”, señaló. Si bien en todos los barrios de Montevideo –en todas las ciudades del mundo– conviven personas de distinto poder adquisitivo, en ningún lado ese fenómeno “es tan marcado” como en esa zona. “Ese contacto no debería haberse permitido, pero cuando pasa, hay que controlarlo. Hay que intentar que la planificación urbana no termine en eso, pero si la planificación urbana no llegó a tiempo y no fue controlada, hay que tener un especial cuidado con ese lugar, porque es un lugar donde hay mayor probabilidad de delitos que en otros”, expresó Bayce.
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La represión no elimina el delito
—¿Qué opinión tiene de la actual política de seguridad?
—Defiendo del ministro Bonomi lo que ha hecho al interior de la Policía: ha mejorado sus sueldos, la comunicación, el transporte, la organización interna, la atención en las comisarías, la posibilidad de investigar corrupción interna, un sistema de intento de respuesta rápida y de identificación por GPS de los vehículos; ha hecho muchas cosas que están muy bien. Pero discrepo con su política macro, con su manera de entender el delito. Bonomi sigue pensando, aunque él no puede hacer otra cosa porque es ministro del Interior, que lo fundamental es atacar las consecuencias de la criminalidad, el delito. Eso es política de derecha. Porque una política de izquierda es que, sabiendo que hay atacar el delito, no puedo hacerle creer a la ciudadanía ni dejar que la ciudadanía crea que con lo que hago desde el Ministerio del Interior estoy eliminando la criminalidad ni que la voy a eliminar en un futuro. Eso es falso. Una de las peores cosas que hay en el mundo es creerse que con represión se elimina la criminalidad.
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2) MPP no quiere indagar espionaje en democracia
Para sector mayoritario del FA no hay pruebas contundentes
Valeria Gil (El País)
El Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió al resto del Frente Amplio dejar en suspenso la presentación del pedido de una comisión investigadora por supuestos espionajes militares en democracia al entender que "no hay pruebas contundentes". El Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) había propuesto la conformación de una comisión investigadora sobre las denuncias de espionaje militar e infiltración de sindicatos en democracia a partir del 1° de marzo de 1985.
Un informe publicado por el semanario Brecha dio cuenta que archivos del exmilitar Elmar Castiglioni permitieron comprobar la exhaustiva y diversa actividad de espionaje de los servicios de Inteligencia que alcanzó a personalidades políticas de diversos partidos y también a sindicatos. En una reunión de coordinación de bancada del pasado 4 de octubre, el Frente resolvió impulsar una comisión investigadora sobre espionaje en democracia y conformar un grupo de trabajo sobre el tema. Desde el MPP se advirtió al resto de la coalición que "las pruebas a presentar en la preinvestigadora deben ser contundentes".
Los comunistas y el PVP presentaron una copia fotografiada de un informe sobre los contenidos del archivo incautado a Castiglioni y un escrito de la exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos, Isabel Wschebor. Según entendió el MPP, este informe "no aporta elementos que justifiquen la existencia de irregularidades o ilicitudes", señala el documento al que accedió El País.
En conclusión, el sector del expresidente José Mujica entiende que "de ninguno de los documentos aportados surgen elementos de pruebas contundentes sobre espionaje por parte de organismos del Estado sobre partidos, personas u organizaciones gubernamentales que aclararan este tema". Para el MPP, "es importante comprobar la veracidad" de las pruebas y "adelantar hasta las conclusiones esperadas de una investigadora". El sector contrapone esta posición a la del PVP que —según afirma— sostiene "el criterio de que se investigue y después vemos".
Para solicitar la suspensión de la conformación de la investigadora, el MPP citó la opinión de sus asesores legales, quienes afirman que corresponde investigar cuando "se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes". En ese marco, sugieren que se evalúe la presentación ante la Justicia de los documentos y artículos de prensa sobre el tema para que se determine si corresponde o no la investigación.
Por su parte, el PVP sostiene que es necesaria la instalación de una comisión preinvestigadora al entender que la documentación indica que hubo "espionaje militar", lo que constituye un hecho de "enorme gravedad contra la democracia y la libertad". La denuncia se funda básicamente en información difundida por la prensa. Consultado por El País sobre las consideraciones del MPP, el diputado Luis Puig (PVP) se limitó a afirmar que hace varias semanas la bancada resolvió impulsar la investigadora.
El legislador sostuvo que el próximo martes 2 de noviembre se definirán los mecanismos para realizar la investigación. "No se dará marcha atrás porque la bancada ya resolvió impulsar la investigadora sobre espionaje militar en democracia", advirtió. De todos modos, el MPP es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio y puede llegar a solicitar que se reconsidere la decisión de investigar. "Hasta ahora no se ha planteado reconsiderar el asunto de la investigadora, así que el martes pienso que va a estar pronto el cronograma", dijo Puig en referencia a la fecha en la que se piensa tramitar el pedido de investigadora ante la presidencia de la Cámara Baja.
Por su parte, el Partido Independiente pidió se realice una investigación parlamentaria por espionaje militar en democracia. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó que la "aparición del archivo del coronel Castiglioni puso al descubierto una situación de enorme gravedad".
Batlle y Vázquez.
El material incautado por la Justicia deja ver acciones de seguimiento de diversas formas al expresidente Jorge Batlle y a sus colaboradores inmediatos en plena crisis de 2002, o la infiltración de sindicatos como Sutel o el Untmra años antes, en 1992, hasta incluso en organizaciones políticas como el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional, informó el semanario Brecha. El archivo permite concluir que la red de informantes era extensa. Un caso indica que a principios de los años de la década del 90, dirigentes de Adeom trabajaban para los servicios informando sobre las rutinas del entonces intendente Tabaré Vázquez.
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3) Jueza cita a exjefe de Inteligencia por posible complot contra Ferreri
(El Observador)
José Colman, exdirector de la Dirección General de Información e Inteligencia, será citado a declarar en calidad de testigo en el marco de una causa que investiga un supuesto complot contra el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informaron fuentes judiciales a El Observador. En agosto, el exsubcomisario Leonardo González, que estaba a cargo de la investigación policial sobre una organización que lavaba dinero para una organización de narcotraficantes peruana, denunció ante la Justicia que en junio de 2014, en medio de la campaña electoral, recibió "la orden" de parte de "jerarcas de detener al contador Ferreri y vincularlo a los hechos".
Ferreri era entonces el director de la Dirección General Impositiva (DGI) y había trabajado como contador en un cambio cuyo propietario fue procesado por lavado de dinero en esta causa. El jerarca debió declarar en la sede de Inteligencia pero nunca fue citado a dar su testimonio en el juzgado. La jueza Fanny Canessa citó a Colman como testigo por la denuncia de González, luego de recibir las declaraciones por escrito del juez Néstor Valetti y del fiscal Juan Gómez, que participaron de la investigación de lavado de dinero.
Los informantes aseguraron que ambas declaraciones presentan contradicciones con la versión dada por Colman en un informe que elevó sobre el tema al entonces director de la Policía Nacional, Julio Guarteche. "En el mes de agosto irrumpió en mi despacho el subcomisario González (…) y nos anuncia el inminente procesamiento de Ferreri como integrante de la organización que estaba investigando", expresaba Colman en el informe. El exdirector de Inteligencia aseguró en agosto a El Observador que la denuncia presentada por el exoficial es "delirante".
"Es algo insólito decir que existe un complot contra el entonces director de la DGI. ¿El complot de quién sería? ¿Del gobierno contra su propio director? ¿Con qué finalidad el gobierno acusa a un funcionario de altísima categoría? ¿Qué ganaría yo con eso? Enemistarme con el propio gobierno", se preguntó y respondió Colman. "Yo soy apolítico; absolutamente profesional. Para esos juegos políticos nunca me presté ni me presto", agregó el exdirector, que fue relevado del cargo en enero de 2015 y desde entonces se dedicó a emprendimientos privados. El exoficial González fue removido de Inteligencia.
El viaje a Perú
Para demostrar que la intención de involucrar a Ferreri en actos delictivos no fue suya sino ajena, González relata que, después de que fuera separado del cargo, dos oficiales de Inteligencia se reunieron en Lima con el fiscal de Perú que investigó al grupo de narcotraficantes. "Como consecuencia de la actuación de los subcomisarios enviados a Perú, la fiscalía peruana envió un exhorto a la Justicia uruguaya solicitando explicar la situación del contador Ferreri (…) y su relación con el lavado de activos procedente de la organización de Montesinos (Vladimiro, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori), a sabiendas de que del procedimiento judicial en nuestro país no había surgido elementos para involucrar a Ferreri, como consta en el expediente judicial", sostiene González en la denuncia. Los dos oficiales también serán citados a declarar como testigos en las próximas horas. l
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4) Asesores en debate del Plan Nacional de Aguas discrepan sobre los efectos que tendría la Ley de Riego
(La Diaria)
El fin de semana se reunirán por primera vez los 15 integrantes del “panel ciudadano” de la “Deliberación Ciudadana sobre el Agua”, (Deci Agua), que discutirá la propuesta del Plan Nacional de Aguas. Se trata de personas de entre 26 y 73 años, de diversas ocupaciones -docentes, empleados privados y públicos, peones de tambo, pequeños productores rurales, pequeños empresarios, artistas, estudiantes- que fueron seleccionados de un total de 184 postulantes. Seis integrantes son de Montevideo, dos de Canelones y el resto de distintos departamentos: Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Paysandú, Salto, Soriano y Tacuarembó.
El Plan Nacional de Aguas definirá programas y proyectos en torno a la gestión integral del agua. Para la discusión, el panel ciudadano utilizará como insumo un documento de trabajo elaborado por un equipo multidisciplinario de la Universidad de la República, coordinado, entre otros académicos, por las sociólogas Isabel Bortagaray y Cristina Zurbriggen. El documento sintetiza aspectos informativos y normativos vinculados al agua en el mundo y en Uruguay. Recoge además valoraciones realizadas por el grupo asesor del debate, integrado por jerarcas del gobierno, académicos vinculados al estudio del medioambiente y el clima, investigadores en química y en toxicología, pequeños productores rurales, empresarios y periodistas, entre otras ocupaciones.
Uno de los temas abordados es el proyecto que dispone modificaciones a la actual Ley de Riego. La iniciativa está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores y hay consenso en la bancada frenteamplista para impulsar su aprobación. Una de las innovaciones más importantes es que prevé la posibilidad de conformar sociedades de riego conformadas casi exclusivamente por inversores externos al rubro de la producción. En el grupo asesor del debate Deci Agua hay visiones distintas sobre los efectos que podría tener la norma en caso de que sea aprobada. Algunos la entienden directamente incompatible con la propuesta del Plan Nacional de Aguas.
En el proyecto que se encuentra a estudio del Parlamento se establece que el uso de agua para riego no debe entrar en contradicción con el derecho al consumo de agua potable, y en ese sentido se menciona el concepto de “caudal ecológico”. Este apunta a determinar cuánta agua del régimen hidrológico natural (por ejemplo, de un río) y en qué calidad debería seguir fluyendo aguas abajo y hacia la planicie de inundación para mantener los valores característicos del ecosistema y el bienestar humano asociado, recuerda el documento que servirá como insumo para el debate.
Los integrantes del grupo asesor que cuestionan la iniciativa de modificación de la Ley de Riego sostienen que esta no debería aprobarse hasta “no tener conocimiento de los caudales ambientales”, ya que “en Uruguay aún no se ha definido cómo calcular los valores de estos caudales, que varían temporalmente en cada lugar”. Cuestionan también que el nuevo proyecto habilite el ingreso del sector privado al mercado del agua para la construcción, gestión, distribución y comercialización del producto, y se preguntan en qué medida esto respeta el espíritu de la reforma constitucional de 2004, que prohíbe la privatización del agua. Un integrante del grupo asesor que pertenece a la Comisión Nacional de Fomento Rural sostuvo además que el proyecto “no está diseñado para los pequeños productores”.
En cambio, otros integrantes del grupo asesor entienden que “la legislación ambiental en Uruguay es suficientemente robusta como para que estos desarrollos se realicen de forma seria y responsable”, según consta en el documento. Sostienen que la iniciativa permitiría atenuar el efecto de la sequía y evitar la proliferación de embalses pequeños, individuales, en partes más bajas de las cuencas.
Distintos consumos
El documento base para el debate detalla los recursos hídricos con los que cuenta Uruguay. 84% del agua que se usa en el país es destinada al riego agrícola (relacionado con la producción de alimentos). Sólo 10% es para consumo humano. Las principales ciudades del país reciben aguas superficiales, mientras que las ciudades pequeñas y medianas son abastecidas con aguas subterráneas. Montevideo y el área metropolitana (con aproximadamente 60% de la población del país) reciben agua potable de las represas de Paso Severino y Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía.
En base a información que surge de las facturas de OSE, se calculó el consumo de agua que se usa en las actividades domésticas (ver infografía). El pago por consumo de agua representa menos de 1% de los ingresos de los hogares, y el consumo doméstico promedio de agua potable en Uruguay es de 130 litros por habitante y por día.
El documento elaborado por el grupo asesor recuerda algunos de los principales problemas de gestión del agua identificados en la propuesta del Plan Nacional de Aguas: programas de monitoreo desactualizados y con escasa coordinación entre ellos; poco conocimiento sobre caudales y volúmenes efectivamente usados; falta de información y desarrollo de sistemas de alerta temprana de inundaciones en algunos sectores del país; escasa capacidad para prevenir y mitigar situaciones de déficit hídrico; inexistencia de un marco regulatorio de alcance nacional sobre la seguridad de presas, entre otros.
El panel ciudadano deberá discutir también el cobro de un canon por uso del agua, así como la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos.
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5) La realidad distorsionada que viven los empleados de McDonald’s
Aldo Mattos / Valentina Silva (SdRJC)
Combos, restaurantes repletos, Ronald McDonald’s te espera con una sonrisa reluciente y te invita a pasar. Son elementos que esconden una realidad diferente detrás del mostrador, donde jóvenes operarios no ven el gesto feliz del payaso, sino que son explotados y obligados a sumergirse en una realidad distorsionada.
Sala de Redacción asistió a la jornada de “Puertas Abiertas” que organizó McDonald’s para vivenciar la realidad de los empleados. La guía de la visita fue una empleada del área de comunicación, una mujer con autoridad y actitud. “Limpiame acá”, pidió reiteradas veces a los empleados con voz firme pero con una sonrisa que simulaban simpatía y revelaba prepotencia. “Sonrían chicos”, demandó para que las fotos de la visita salieran bien. Los empleados, ubicados jerárquicamente por debajo de ella, obedecieron con pasividad y la cabeza gacha.
Fernanda Aguirre, secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU), se refirió a los valores que imprime este emporio de explotación en sus trabajadores. “Los valores que reivindica McDonald’s educativamente, que además trabaja con una población joven, es el individualismo, la obsecuencia y la competencia en vez de la colaboración”, y agregó que no sólo imponen una organización de trabajo, sino algo más complejo. “Tienen una ideología que promueve valores como la competencia y la rivalidad”; entonces el trabajador se autodenomina como “buen trabajador” cuando es obsecuente. “Todo esto, dificulta cualquier tipo de organización, inclusive la sindical”.
La empresa hace sentir a sus empleados como parte de ellos. Paula trabajó desde los 15 a los 17 años en McDonald’s, y en sus años en la compañía observó que se ejercía una presión indirecta sobre los trabajadores con frases como: “¿No te vas a quedar? “Necesitamos ayuda”. Todo ello conforma “una carga moral y psicológica en la que tenían que ayudarlos porque estábamos todo con la camiseta puesta”. Otro punto de conflicto son los despidos, que no se dan de forma directa, sino que la empresa incentiva a que los mismos empleados abandonen su puesto a través del hostigamiento. “No son casos aislados, eligen a los encargados con determinado perfil, manipuladores y déspotas en la mayoría de los casos”, para que de esta manera aíslar al trabajador de sus compañeros y hacer que renuncie.
Fernanda Aguirre advirtió que la empresa “trabaja al borde de la ley, tienen las peores interpretaciones de la legislación vigente”. Desde el sindicato consideran que violan la legislación con respecto a las formas contractuales y se defienden con estudios jurídicos prestigiosos en desmedro de las condiciones de los trabajadores. Según ella, la empresa de comida rápida mantiene “en negro” a gurises de 17 años y transgrede la normativa del trabajo infantil, ya que estos cumplen su labor en horas de la noche, es decir entre las 22:00 y 6:00 horas.
Otro tema que moviliza a la gremial es el de las horas extras. Aguirre afirmó que ese tiempo agregado de trabajo no es declarado formalmente y que los empleados de la cadena son obligados a cumplirla: “o hacés las horas extras, o te vas”. Ani Durán, integrante del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), en representación del PIT-CNT, manifestó que realizaron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU, y en consecuencia “los tipos cambiaron el perfil, ahora cumplen con los reglamentos”.
El amparo que reciben los menores por parte de INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), es la obtención de permisos para que trabajen, pese a que “es un trabajo de riesgo porque siempre tenés accidentes de trabajo, es muy común que se corten en las mesas metálicas, se abran un brazo o se quiebren”. Actualmente existe una regulación por la que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), realizan inspecciones y notifican si existen irregularidades con respecto a la labor de menores. Según Durán, a diferencia del INAU, la cartera estatal tiene la potestad de cerrar el local en caso de infracciones.
Precisamente desde el Estado, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, dijo que los resultados no han sido satisfactorios porque el problema central es la imposibilidad de acercamiento a los trabajadores, que están “bajo presiones y con miedo”. “Hemos tratado más de una vez de que fueran por la Comisión de Legislación del Trabajo, porque sabemos cuál es la situación de explotación en McDonald’s, las condiciones de trabajo que imposibilitan la sindicalización”, agregó el diputado.
Un mal estomacal
La primera etapa de trabajo es similar a una luna de miel. A los pibes los nombran empleado del mes; sin embargo, todo ese ambiente de bienestar comienza a deteriorsrse a causa de la gran cantidad de trabajo a realizar. Los trabajadores pasan por todos los sectores del restaurante, como la limpieza de baños y pisos, la atención al público, cumplir labores en la cocina, y esas acciones son recompensadas con una o dos fetas de queso en el almuerzo, que son anotadas en una pizarra.
Sobre estos premios, Durán comentó que “los chicos salen con colesterol alto, la comida es terrible, todos comen ahí. Salvo los que trabajan en otros horarios, como en la hora del té, todos comen la hamburguesa, todo es frito y hace mal”.
Por su parte, Aguirre contó que han tenido problemas con la alimentación de los empleados, y citó como ejemplo a un colectivo de chicas menores de 25 años, todas ellas estudiantes. Las jóvenes padecieron “altos niveles de colesterol”; No obstante, para poder acceder al menú saludable, debían obtener un “puntaje extraordinario”, y para lograr esa marca estaban obligadas a “delatar a algún compañero en algo o teniendo un nivel de obsecuencia mayor al resto”.
La Inspección Nacional del Trabajo Infantil y Adolescente del INAU, tiene como objetivo la protección del trabajo de los adolescentes a partir de los 15 años. Los inspectores dijeron a SdR no tener permiso para hacer declaraciones, pero manifestaron estar al tanto de las recompensas y el padecimiento de colesterol de los menores. Según funcionarios del departamento, los empleados no son obligados a consumir los alimentos de la empresa, pero no pueden llevar comida al recinto.
Según Durán, hay una regulación que comprende también al permiso del menor, todo eso bajo inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Dijo que la mayoría de los controles se realizan en temporada alta, sobre las costas de Canelones, Maldonado y Rocha, y el problema que se reitera es el de los horarios, donde los menores trabajan hasta la medianoche, cuando en realidad tienen permitido hasta las 22. Los chicos “pueden trabajar en una serie de tareas, reciben la cocina como auxiliares, pero no pueden trabajar en cosas peligrosas”.
En lo referido a la paga, la representante del CETI manifestó que no se les remunera menos por ser menores, pero sí respecto a un mayor que trabaja ocho horas. Pueden suceder excepciones por temas familiares, lo que le permite al chico cumplir un horario más extenso. Pero esto conlleva otro problema, que es el descanso, a lo que Durán manifestó que “los gurises salen de trabajar y no se van a dormir, se enganchan con la movida playera y siguen hasta las cuatro de la mañana, duermen en la playa y después vuelven al trabajo, porque son gurises y es parte de su diversión”.
“Cuando entré a trabajar en los 90 me podía sentar arriba de los expedientes de McDonald’s, teníamos denuncias de lo que pidas, había como 400 casos”, informó Ani Durán. Las madres iban con sus chicos por casos de maltrato y no pasaba nada, pero el directorio de aquel entonces “se las perdonó porque INAU tiene una relación especial con ellos”. Esa relación especial se basa en la oportunidad que da la empresa de comida rápida a los menores que viven en INAU, para que trabajen en sus locales y de esa forma, obtengan su primera experiencia laboral. No todos los chicos pasan por la multinacional, debido a que esta exige que tengan ciclo básico completo.
“McDonald’s es una de los pocas experiencias que tienen estos chicos, porque no tienen otras anteriores de tipo laboral y tampoco una familia que los apoye. Con todos los defectos que tiene, es una buena referencia laboral”, argumentó Durán. Respecto a este vínculo, Fernanda Aguirre, representante del SUGHU, dijo que “es una lavada de cara, marketing” y forma parte de las campañas de imagen solidaria y contribución a la realidad, pero “el tema es en qué condiciones insertan a la juventud en el mundo del trabajo”.
Actualmente no hay expedientes abiertos sobre problemas relacionados con esta cadena de restaurantes cuya central es de origen estadounidense, pero siempre los hubo, desde que desembarcó en nuestro país a comienzos de los años 90. A pesar de este panorama, Durán comentó que la compañía posee un buen entendimiento con el INAU. Todas las hamburguesas que salen defectuosas, producidas por un frigorífico del departamento de Tacuarembó que abastece a la empresa, son donadas al órgano que vela por los derechos y bienestar de los menores y, de esta manera se establece una simbiosis entre ambas organizaciones.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016
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