2) Los primeros pasos de Trump / Gustavo González
3) La Ley de tierras es el último clavo en el ataúd de la solución de dos estados /Jonathan Cook
4) Grupo Solidario
5) Entrevista a María José Guembe y Ernesto Lamas, sobre la situación de la defensoría del público /Washington Uranga
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1794 –martes 14.03.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) LABORATORIO POPULAR LOGRÓ RESULTADOS QUE LOS ORGANISMOS NO HAN LOGRADO EN CASI UNA DÉCADA
Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía, 10 de marzo de 2017
El viernes 10 de febrero de 2017 la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía fue alertada por vecinos, que en la “Cañada de las Negras” (también conocida como “Cañada de los hornos”) el agua presentaba un color blanco, de aspecto lechoso y turbio, material flotante y olor a grasa. Ante este hecho, integrantes de la Asamblea concurrieron al lugar, dando aviso a un concejal, que también se hizo presente en el lugar, además de vecinos de la zona.
Teniendo en cuenta que a pocos metros del lugar se sitúa la industria productora de grasas MANTEX, concurrimos por el terreno de un vecino lindero y constatamos que esta contaminación se debía a vertidos que esta empresa estaba haciendo directamente a la cañada. Registramos el hecho en videos e imágenes que se adjuntan a este comunicado. En el momento del hecho se informó al director de Gestión Ambiental de la Comuna Canaria, Leonardo Herou quien acusó recibo. Sabemos que la Comuna Canaria y la Dinama concurrieron el día lunes a inspeccionar el establecimiento en cuestión, pero desconocemos los resultados de dichas inspecciones.
Ante la falta de respuestas en tiempo y forma de las instituciones competentes frente a este tipo de hechos que se vienen denunciando por vecinos desde el 2007, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía se ha visto obligada a autogestionar análisis de laboratorio independientes.
Extrajimos muestras que fueron refrigeradas y enviadas a un laboratorio certificado para su análisis. Los resultados constatan que dicho efluente está totalmente fuera de la normativa vigente para vertidos a cursos de agua (Decreto 253/79 y sus modificativos). El efluente vertido contiene 60 veces más de lo permitido para el parámetro Aceites y Grasas, 100 veces más de lo permitido para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales, 3 veces lo permitido para Amonio y supera el parámetro fósforo (se adjuntan resultados).
Estos efluentes van directamente al río Santa Lucía, ya que dicha cañada desemboca en el mismo a 950 metros aproximadamente de donde se hacen los vertidos de la empresa mencionada. Cabe destacar que las denuncias realizadas por vecinos son también debido a olores desagradables que esta empresa emite y que inundan un importante sector de la ciudad, y los vecinos nos informaron que también ha habido problemas de obstrucción en el sistema de saneamiento de la ciudad.
Queda en evidencia la falta de responsabilidad y compromiso de las instituciones encargadas de controlar las actividades que tienen un impacto directo sobre el río y la necesidad que urge de autogestionar el Laboratorio Popular, como fuente confiable para que la comunidad pueda ejercer un rol activo en el cuidado de su salud y los bienes comunes naturales (agua, tierra y aire) y lo que es más importante, poder exigir con datos científicos que se apliquen las sanciones y se obligue a dichas empresas a regular su funcionamiento, a invertir en tecnología de manejo de efluentes y desechos industriales como corresponde, y que las mismas se instalen en lugares adecuados. No tenemos por qué pagar las ganancias de unos pocos con nuestra salud y bienestar. Lamentablemente esto sucede a lo largo de toda la cuenca del Río Santa Lucía, y no se nos brindan datos del alcance de estas malas prácticas por parte de los organismos estatales, amparados en la defensa de los derechos de empresa. Si en nuestra ciudad hemos podido constatar la contaminación fácilmente, nos preguntamos por qué no le es posible a quienes corresponde lograr un control eficiente de estas situaciones y exigir con las herramientas de la institución que se regularicen estas situaciones que nos afectan a todos.
La Asamblea, desde su fundación, tiene como objetivo la instalación de un Laboratorio Popular. Este es el primer resultado del mismo, y nos proponemos reforzar esta línea de trabajo hacia adelante.
Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía / Espika Radio y TV
COMCOSUR INFORMA Nº 1794 – 14/03/2017
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2) LOS PRIMEROS PASOS DE TRUMP
Por: Gustavo González, La República, 07.03.2017
Los intentos de Trump de realizar un gobierno unipersonal al margen del Congreso, a los efectos de verse libre de obstáculos, no le están siendo fácil en sus primeros días de gobierno.
Ello demuestra una gran división y contradicciones marcadas entre distintos sectores de la burguesía yankee.
Las corporaciones beneficiarias absolutas de la globalización observan con preocupación la supuesta política proteccionista de Trump.
Por su parte la Banca sí apoya decididamente la política del Ejecutivo, de liberar el sistema financiero y dejar de lado las regulaciones planteadas por Obama.
La política migratoria será determinante ya que en los pasillos de la Casa Blanca se arman dos posibles decretos que podrían ocasionar serios inconvenientes a unos 6.000.000 de inmigrantes que no podrían justificar por lo menos dos años de residencia. Independientemente de la propuesta, tampoco le será fácil implementarla, se sabe que una deportación masiva de este carácter destrozaría en particular las ya destrozadas economías Centroamericanas.
Si la política de Trump entrara en un impasse, sería funesto para él ya existen rumores de un posible tramado contra Trump que podría verse como un impeachement contra él.
Por su parte las movilizaciones en su contra siguen siendo masivas, pero hay que tener en cuenta que quienes vanguardizan dichas movilizaciones son líderes del Partido Demócrata, lo que no implicaría ningún camino de triunfo.
Por su parte en cuanto a su política exterior también su enamoramiento con Putin, parecería decaer. Ello debido fundamentalmente a cambios que se han operado en las cúpulas de los servicios de Inteligencia.
Su política belicista sigue intacta ya que tanto republicanos como Demócratas la apoyan aunque con matices, lo cual no deja de ser un gran riesgo para el mundo en general. El nacionalismo de Trump de esta manera está encontrando escollos para consolidarse, lo que genera gran incertidumbre a las finanzas mundiales en general. Todos estos vaivenes están en el marco de una profunda crisis capitalista que no logra salir de la misma y cualquier salto al vacío puede desencadenar una mayor precipitación de ella con resultados catastróficos e inciertos. El futuro estará fuertemente signado por las correlaciones de fuerza en la lucha intestina entre los sectores de la propia burguesía del imperio.
Gustavo González, La República
COMCOSUR INFORMA Nº 1794 – 14/03/2017
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3) LA LEY DE TIERRAS ES EL ÚLTIMO CLAVO EN EL ATAÚD DE LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS
Jonathan Cook /Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
En la noche del lunes el Parlamento israelí aprobó la ley de legalización, una pieza de legislación tan sospechosa como su propio título indica. La ley amplía las competencias de los funcionarios israelíes para aprovechar los últimos fragmentos de tierra palestina en Cisjordania que se supone que está fuera de los límites.
Los líderes palestinos advirtieron de que la ley martilló el último clavo en el ataúd de una solución de dos estados. Los ministros del Gobierno alegremente estuvieron de acuerdo. Para ellos esta es la extensión de la ley israelí en Cisjordania y el primer paso hacia su anexión formal.
La ley de legalización -también traducido del hebreo comúnmente como la ley de regulación o validación- fue la respuesta contundente de la derecha al desalojo de la semana pasada de unas pocas docenas de familias de un "puesto de avanzada" en asentamiento llamado Amona. Fue un revés raro y breve para los colonos provocado por un fallo judicial que tomó tres años en hacerse cumplir.
La evacuación de 40 familias se transformó en una costosa pieza de teatro político de 40 millones de dólares. Fue coreografiada como un trauma nacional para garantizar que tal evento no se repita nunca.
Los uniformes usados por la policía en las demoliciones de viviendas palestinas -pistolas, porras, chalecos antibalas negro y viseras- se almacenaron lejos. En cambio los oficiales, vestidos con amistosas camisetas azules y gorras de béisbol, manejaron a los transgresores de la ley judía con guantes de seda, incluso cuando se enfrentaban a una lluvia de piedras, lejía y botellas. Al final decenas de agentes necesitaron tratamiento hospitalario.
A medida que se desarrollaban los enfrentamientos Naftali Bennett, ministro de Educación y líder del partido de los colonos hogar judío, llamó a las familias de Amona "héroes". El primer ministro Benjamin Netanyahu enfatizó: "Todos somos conscientes de la magnitud de su dolor".
A los colonos se les prometió una solución de reemplazo ampliada y serán generosamente compensados. En una reparación más generalizada se han dado a conocer planes de miles de viviendas adicionales para colonos en Cisjordania.
Pero el premio principal para el señor Bennett y la extrema derecha era la propia ley de legalización, que revierte la restricción impuesta en la década de 1970 -y posteriormente violada por la de "puestos de avanzada" como docenas de Amona- diseñadas para evitar un “todo vale” de los colonos.
El derecho internacional es claro: una potencia ocupante puede tomar la tierra sólo para las necesidades militares. Israel cometió un crimen de guerra con la transferencia de más de 600.000 civiles judíos a los territorios ocupados.
Los sucesivos gobiernos ignoraron sus obligaciones legales al pretender que los territorios estaban en disputa y no ocupados. Pero para acabar con el malestar de los tribunales israelíes los funcionarios acordaron prohibir a los colonos la construcción en terrenos de propiedad privada de palestinos.
No era ni mucho menos una restricción. Bajo la ley otomana, los dominios británico y jordano, un montón de tierra palestina nunca había sido registrada formalmente. La propiedad deriva principalmente de su uso. Gran parte del resto de la tierra era común.
Israel capturó estas vastas extensiones que carecían de títulos de propiedad declarándolas "tierras del Estado" para tratarlas eficazmente como parte de Israel y de uso exclusivo para el asentamiento judío. Pero incluso esta apropiación de tierras gigante no era suficiente.
El hambre territorial de los colonos llevó a la construcción de decenas de "puestos de avanzada" en Cisjordania, a menudo en tierra palestina privada. A pesar del hecho de que violaron la ley israelí, los puestos inmediatamente recibieron los servicios del Estado, desde electricidad y agua a medios de transporte y escuelas.
Muy tardíamente los tribunales trazaron una línea en Amona y exigieron que la tierra se devolviera a sus propietarios palestinos. La ley de legalización está por encima de los jueces, lo que permite que tierras privadas robadas a los palestinos sean blanqueadas como propiedad del Estado israelí.
El fiscal general de Israel se ha negado a defender la ley, ¿La Corte Suprema la aceptará?
Posiblemente. El objetivo de las escenas "traumáticas" en Amona fue para presentar a la Corte como el malo de este drama por ordenar el desalojo.
No obstante podría haber resquicios a la ley de legalización.
En la práctica nunca ha habido un límite serio para el robo de la tierra palestina. Pero ahora, con la ley, el apoyo del Gobierno de Israel al saqueo estará expuesto. Será imposible culpar a los puestos de avanzada de colonos como "delincuentes" o afirmar que Israel está tratando de salvaguardar los derechos de propiedad palestinos.
Dan Meridor, exministro del Gobierno del partido Likud de Netanyahu, llamó a la ley "mala y peligrosa". Israel, continuó diciendo, puede tener jurisdicción sobre la tierra palestina privada sólo si los palestinos votan por el Parlamento de Israel. En pocas palabras, se trata de la anexión por otros medios. Se cierra la puerta a cualquier tipo de Estado palestino.
Con el tiempo, agregó, traerá consecuencias no deseadas. En lugar de hacer legales los puestos de avanzada, se hará hincapié en la naturaleza criminal de todos los asentamientos, incluidos los de Jerusalén Este y los llamados "bloques de asentamientos", áreas anteriores a que las sucesivas administraciones estadounidenses hubieran insinuado que podrían aceptar la anexión a Israel en un futuro acuerdo de paz.
El otro gran peligro que observó el líder opositor Isaac Herzog, "El tren que sale de aquí tiene sólo una parada en La Haya", dijo, en referencia a la sede de la Corte Penal Internacional.
Si los fiscales de la CPI se toman en serio sus obligaciones, la ley de legalización aumenta significativamente la presión sobre ellos para enjuiciar a los funcionarios israelíes -incluso a Netanyahu- por complicidad en el crimen de guerra de establecer y mantener los asentamientos.
Fuente: Jonathan Cook /Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
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4) GRUPO SOLIDARIO
"…yo vengo a ofrecer mi corazón"…
El grupo se constituye para los compañeros y compañeras, y por la vida !
Nuestra principal tarea es acompañar a quienes lo necesiten, pero también tender las redes imprescindibles de la comunicación y el afecto. Lo demás, entendemos, surgirá desde ahí, del colectivo.
La propuesta es abierta a todos, todas. Quien quiera y pueda participar va a tener su lugar, la prioridad es respetar los tiempos y disponibilidades de cada un@, así que ¡bienvenidos todos quienes quieran integrarse!
Por ello mismo proponemos encuentros que nos hagan reconocernos y reafirmar lazos. Hay planteada ya una "actividad de los abrazos" que en breve se dará a conocer.
Una inquietud prioritaria que surge del grupo es la previsión, tener en cuenta que la mayoría de nosotros, ya con años encima, deberíamos prever: estados de soledad; entorno social ante una afección de salud; servicio de acompañante; coberturas de previsión, etc.
En esta primera etapa nuestras posibilidades de apoyar solidariamente, van a ser limitadas. Aunque el apoyo recibido, en este mes y en relación a la situación de Carlitos de Mello *, nos hace esperar que se pueda acrecentar en lo mediato.
Hoy somos solamente nombres y teléfonos de quienes nos lanzamos al apoyo y la convocatoria. Aspiramos a crecer con el colectivo, incorporando más integrantes, recibiendo sugerencias, críticas, distintos enfoques que enriquezcan la tarea abordada, experiencias de quienes quieran aportarlas, quizás, hasta un lugar físico donde centralizar la actividad.
Fundamentalmente tomar contacto con las distintas realidades departamentales y/o zonales.
Desarrollar lazos de unión y proponer actividades recreativas, solidarias, culturales, que promuevan, finalmente, la creación de grupos locales bien arraigados.
”…a redoblar, a redoblar, a redoblar muchach@s la esperanza!!”
Decíamos que nos convocamos por los compañer@s y por la vida, que una parte importante de nuestra tarea apunta a encontrarnos, estrechar la red de afectos, fraternizar…junto a ello fortalecer un fondo solidario, para encarar las tareas necesarias.
¿Qué más uruguayo que el encuentro en una mesa, plato y copa por medio, para con esa excusa perfecta, charlar largamente?
La actividad será "otoño solidario"; una paella gigante participativa, la excusa, en el local de CAMBADU,. Luis A. de Herrera casi Burgues el sábado 29 de abril al mediodía.
Ya está abierto el colectivo 73667, otoño solidario en Abitab para ir confirmando asistencias, valor del ticket $ 280, es imprescindible confirmen, para tener el número de concurrentes y necesidades, con antelación. (Asistentes del interior, fuera de Canelones y San José, van a tener bonificación)
Y para quienes puedan y quieran dar una mano en la preparación, van abajo nuestros teléfonos:
Alfredo 094 145 510; Ángel 099 445 112; Héctor 098 797 184; Manfred 098 868 071; Polo 099 516 966; Walter 099 219 775
* Cuenta solidaria con Carlos de Mello: ABITAB Colectivo 72256
Grupo Solidario
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5) ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ GUEMBE Y ERNESTO LAMAS, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
“La acefalía limita el funcionamiento”
Desde noviembre pasado no hay un defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual designado. El equipo que está a cargo del organismo reclama que el Congreso regularice la situación. Las propuestas de la Defensoría ante la posible nueva ley de medios.
Por Washington Uranga | Página 12 / 23 de enero de 2017
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DP) es un organismo creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) cuya misión es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. La decisión del Gobierno de la alianza Cambiemos y del presidente Mauricio Macri que, por decreto, redujo la ley de la democracia a su mínima expresión, preservó sin embargo a la Defensoría, organismo al que desde el ámbito nacional e internacional se le reconoce el importante aporte realizado a lo largo de cuatro años.
En este proceso ha sido fundamental la figura de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, cuya labor fue destacada por actores nacionales, organismos internacionales y por sus pares de otros países. Sin embargo, vencido el periodo de Ottaviano el pasado 14 de noviembre, la Comisión Bicameral del Congreso optó por no designar a un reemplazante ni tampoco renovar el mandato de la defensora saliente.
Frente a la acefalía, desde la misma Defensoría se elevó a la Comisión una propuesta finalmente aceptada para designar como subrogante a la abogada María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría, quien hoy cumple funciones como máxima autoridad del organismo con firma delegada.
La decisión de los legisladores, si bien supone una salida transitoria que permite el funcionamiento de la DP, implica también cierta fragilidad institucional respecto del organismo encargado de la articulación entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.
PáginaI12 se entrevistó con María José Guembe y con el comunicador Ernesto Lamas, director de Capacitación y Promoción de la DP, responsable del despliegue territorial del organismo y a cargo de buena parte de las líneas de acción.
– ¿Cuál es la situación actual de la Defensoría?
María José Guembe: –La Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización adoptó la decisión de autorizar a una persona transitoriamente para ejercer la titularidad del organismo. Esa autorización recayó en mí, que soy la directora de Protección de Derechos de la Defensoría. No implica una designación como Defensora con todas las facultades, sino solo para realizar actos conservatorios para el funcionamiento de la institución y la preservación de sus recursos.
– Pero, ¿estamos frente a una limitación en cuanto al funcionamiento de la Defensoría?
M. J. G.: –Sí. Esta situación de acefalía limita el funcionamiento del organismo. No obstante seguimos recibiendo y canalizando reclamos y continúan las líneas de trabajo, que fueron informadas oportunamente a la Comisión Bicameral y que cuentan con reconocimiento internacional por parte de las instancias de protección de derechos humanos y libertad de expresión. Es fundamental que el Poder Legislativo cumpla con la normativa vigente y lleve adelante el proceso de designación de un defensor o una defensora una vez iniciado el nuevo período legislativo.
– ¿Cómo es el proceso de elección de la o el Defensor del Público?
Ernesto Lamas: –La Comisión Bicameral debe proponer una candidatura a ambas cámaras. Ese proceso puede llevar alrededor de un mes mientras se hace la presentación y se publican los antecedentes de la persona propuesta. Hay también un período para recibir adhesiones o impugnaciones. Luego se vota en el Congreso. En este momento la única candidata es Cynthia Ottaviano, que recibió el apoyo de los ocho legisladores pertenecientes al FpV y PJ. En la última reunión de la Comisión Bicameral, quien la presidía, el diputado radical Miguel Ángel Bazze, se comprometió a generar condiciones para que en cuanto se constituya la comisión este año, se convoque a la elección. Los miembros de la comisión seguirán siendo los mismos que en este momento (8 FpV-PJ, 3 UCR, 3 PRO, 1 FR y 1 PJ). La presidencia debería recaer en un senador o senadora.
–En síntesis ¿qué balance pueden hacer de los cuatro años de gestión en la Defensoría?
M. J. G: –En estos cuatro años, desde la Defensoría logramos amplificar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y promovimos una perspectiva de diálogo y reflexión conjunta con todos los actores, de todos los ámbitos, como herramienta central para defender los derechos de las audiencias. Esa fue la impronta que le otorgó Ottaviano y que fue reconocida ampliamente como el camino más acertado para lograr cambios en las prácticas de la comunicación que vulneran derechos. En cuatro años recibimos y tramitamos más de once mil presentaciones; se hicieron veinte audiencias públicas con miles de participantes; se dictaron centenares de capacitaciones en todo el país; se fortalecieron los proyectos de comunicación audiovisual de medios comunitarios, campesinos y de pueblos originarios. Impulsadas por Gerardo Halpern, director de Investigación, se desarrollaron investigaciones en comunicación que no tenían antecedentes en el país y se impulsaron proyectos a través de convenios con el Conicet y distintas universidades en todo el país; se adoptaron recomendaciones, tal como establece la ley, para que las políticas públicas y las prácticas mediáticas respeten todos los derechos; y se acercó la herramienta de la Defensoría móvil a toda la población. Por todo esto, se logró un reconocimiento nacional e internacional que es muy relevante para un organismo del Estado.
–Dentro de todo ese panorama ¿qué ha sido lo más importante para ustedes?
M. J. G.: –Es muy importante haber construido una agenda y herramientas de trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales de los sectores históricamente vulnerados en el país, como personas LGTBI, las mujeres, las personas mayores, migrantes, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros. Todos los balances anuales de la tarea realizada se presentaron a la Comisión Bicameral y a la sociedad en su conjunto, y no recibieron objeciones por parte de ninguna fuerza política representada en el Congreso, sino más bien reconocimiento por la tarea realizada.
– ¿Cuáles son los principales actores con los que se trabajó?
E. L.: –En estos cuatro años la Defensoría del Público trabajó con todos los sectores del campo de la comunicación audiovisual. Al ser un organismo nuevo y tener entre sus tareas la difusión de la ley de comunicación audiovisual, la normativa y los valores allí planteados, una buena parte de las acciones fueron de carácter pedagógico. Trabajamos con medios comerciales, públicos y sin fines de lucro. Logramos interesantes espacios de reflexión con productores y directivos de medios privados que en general han tenido buena predisposición para recibirnos y cumplir con las recomendaciones. Desde la creación de la Defensoría se adoptó la decisión de trabajar especialmente con los sectores que durante años lucharon por una ley de servicios de comunicación de la democracia, muchos de los cuales estaban imposibilitados de ejercer el derecho humano a la comunicación con la ley de radiodifusión de la dictadura. La mayoría de esos sectores fundaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó los 21 puntos por el derecho humano a la comunicación, que fue la base sobre la que se redactó el proyecto de ley luego aprobado en el Congreso. Más allá de la posibilidad de presentación de reclamos por parte de toda la ciudadanía, la interacción con sindicatos, unidades educativas de todos los niveles, medios comunitarios y de pueblos originarios, organizaciones que desde su práctica cotidiana reclamaban un lugar en los medios audiovisuales (como por ejemplo las asociaciones de personas sordas de todo el país, que reclamaban por la accesibilidad planteada en la ley) fue prioritaria y permitió a la Defensoría llegar a todos los sectores y a todas las provincias del país.
–Desde el Gobierno se habla de una nueva ley de la convergencia. ¿Es posible una Defensoría del Público en una futura ley convergente? ¿Cómo sería? ¿Hay algunas ideas?
E. L.: –El 21 de septiembre pasado, la Defensoría participó en una reunión convocada por la Comisión Redactora para una nueva ley que se supone unificará las leyes de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital. Allí el organismo planteó a la Comisión que la normativa que se dicte no puede dar marcha atrás en relación con los derechos que reconoció la LSCA 26.522, debido, precisamente, a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la imposibilidad de regresividad en esa materia. Además, la Defensoría alcanzó propuestas concretas para la posible nueva ley, la mayoría de ellas recabadas en las tres audiencias públicas y los foros de debate que se organizaron durante 2016 en todo el país.
– ¿Cuál es el sentido general de las propuestas de la Defensoría?
E. L.: –Están orientadas a profundizar los derechos en un escenario de convergencia que es un fenómeno cultural, además de tecnológico y económico. Consolidar el derecho de todas las personas a la comunicación y a los contenidos; garantizar el derecho al pluralismo y la diversidad con protección de la producción nacional y la necesidad de restitución de medidas antimonopólicas, limitación de mercado y de propiedad cruzada de medios. También hicimos propuestas sobre la protección de niños y niñas en el acceso a los contenidos en todos los formatos y pantallas. En relación con la propia Defensoría, se propuso ampliar las competencias del organismo a las nuevas realidades que se regulen, para consolidar la ciudadanía comunicacional y no retroceder a una lógica de consumo.
– ¿Cómo es el equipo que tiene hoy la Defensoría del Público?
M. J. G.: –La Defensoría fue creada para defender los derechos de las audiencias y la base inicial fue convocada por la primera defensora con un criterio plural, profesional y de reconocida trayectoria en el campo de la comunicación y los derechos humanos. Las siete direcciones en las que está estructurado el organismo cuentan con personal altamente calificado con formación académica y experiencia en el campo de la comunicación y el derecho. Entre quienes trabajan en el organismo hay especialistas en derechos humanos, en ciencias de la comunicación, en investigación social; en capacitación, en periodismo y en administración, muchos de los cuales poseen una larga experiencia en la función pública. Es un equipo multidisciplinario que se reparte en las direcciones de Protección de Derechos, Capacitación y Promoción, Análisis e Investigación, Relaciones con las audiencias, Comunicación, Administración y Legal y técnica
.
– ¿Cuáles son los próximos pasos que dará el equipo de la Defensoría?
E. L.: –La autorización con la que contamos nos permite un funcionamiento parcial. Hasta que sea elegida la defensora o defensor quienes estamos a cargo de las direcciones y el equipo de trabajadores vamos a garantizar el funcionamiento. Seguimos recibiendo y canalizando reclamos de las audiencias de radio y televisión. Tenemos pensado realizar durante el primer trimestre de 2017 talleres en medios, charlas de promoción de derechos en universidades y otros ámbitos educativos. La Defensoría Móvil está durante este verano en la colonia de vacaciones del municipio de Ituzaingó y en la Universidad de José C. Paz, desarrollando acciones de capacitación con estudiantes y docentes. La LSCA fue reformada por decreto, pero sigue vigente buena parte de su articulado donde está planteado el derecho humano a la comunicación y, en esa dirección, la Defensoría tiene una importante tarea para seguir realizando.
Washington Uranga | Página 12
COMCOSUR INFORMA Nº 1794 – 14/03/2017
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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