1) Otro caso de lavado salpica a Uruguay
2) Gobierno y UPM acordaron sobre “infraestructura y otros requisitos” para nueva pastera
3) La ONU sugiere a Uruguay que cree la figura de Defensor del Medio Ambiente
4) Katoen vende participación en Uruguay; ANP no sabía
5) Almagro recibe premio de Freedom House, una ONG de la CIA
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2124 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 5 de mayo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Otro caso de lavado salpica a Uruguay
Se trata de pagos de Odebrecht a lobista en Brasil por contrato para construcción de cinco submarinos.
Eduardo Barreneche (El País)
Otro escándalo de lavado de dinero generado por la corrupción en Brasil salpica a Uruguay. Cuarenta millones de euros fueron pagos por la compañía constructora Odebrecht al lobista José Amaro Pinto para cerrar una sociedad con la gigante francesa DCNS, cuyo objetivo es la construcción de cinco submarinos. Ese dinero fue lavado en Uruguay, según autoridades del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El jefe del Sector de Infraestructura de Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva, confesó a la Policía brasileña, en el marco de la investigación Lava Jato (lavadero a presión de autos), que Amaro Pinto trasladó esos fondos a Uruguay a través de empresas off shore. Durante un acuerdo de cooperación homologado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Barbosa da Silva Junior señaló: «Aprobé pagos a José Amaro Ramos por el valor de 40 millones de euros, con fondos por fuera de la cuenta corriente de la empresa, los cuales fueron efectuados en cuotas durante la ejecución del contrato con la compañía francesa».
El proyecto de construcción de cinco submarinos, cuyo presupuesto inicial fue de 6,7 mil millones de euros, comenzó a ejecutarse después de la sociedad con Francia. En este momento, la previsión de gastos de la Marina para ese proyecto ronda los 10 mil millones de euros. Hoy el programa es dirigido por la empresa Odebrecht, el astillero francés DCNS (su principal accionista), y la Marina de Brasil. Según documentos de la Operación Lava Jato, Odebrecht montó una «sección coimas» a través de la cual realizaba los pagos a dirigentes políticos y lobistas a cambio de suculentos contratos con el Estado.
«Los pagos fueron realizados por ese equipo, cuyo jefe era Hilberto Silva. Él realizó transferencias bancarias para cuentas en el exterior de Amaro Ramos», expresó el delator según consignó el diario brasileño Estado de San Pablo. Agregó que los pagos fueron hechos a nombre de una empresa que Amaro Ramos posee en Uruguay. Los investigadores preguntaron a Barbosa sobre el motivo que llevó a Odebrecht a pagar 40 millones de euros. El empresario respondió que, cuando firmó la sociedad con el astillero DCNS, se le exigió que pagara la comisión para el lobista.
Durante las indagatorias, Barbosa declaró que Odebrecht también había pagado coimas al extesorero del Partido de los Trabajadores —liderado por el expresidente Lula—, Juan Vac-cari, por el contrato de construcción de los cinco submarinos. Vaccari está preso por este caso desde abril de 2015. El programa para construir los submarinos se inició en 2008, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula firmó un acuerdo con el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy. El astillero francés DCNS se responsabilizó por la transferencia de tecnología sobre submarinos a Brasil, según el diario Estado.
Citaciones.
A principios de abril pasado, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza especializada María Helena Mainard la citación de cuatro profesionales acusados de integrar la red de corrupción originada en Brasil conocida como «Lava Jato». Las convocatorias fueron para dos abogados y dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas recibidas por dirigentes políticos corruptos para adjudicar obras a empresas constructoras. Uno de los abogados y su secretaria son acusados en Brasil de lavar parte de ese dinero en Uruguay.
El diario O Globo consignó que el abogado uruguayo estaría vinculado con uno de los cambistas detenido en Uruguay, Vinicius Claret, alias Juca Bala, quien es acusado de integrar la organización del exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. La secretaria del profesional es sindicada en Brasil de ser una pieza clave en el esquema de lavado de dinero de Cabral. Aparece relacionada en 19 empresas de Paraná, alternándose como presidenta, tesorera, secretaria y directora.
Sobornos en América Latina.
La red para el pago de sobornos tejida por Odebrecht, que en estos momentos tiene en jaque al gobierno de Michel Temer y en serios problemas judiciales a Lula da Silva, abarcaba a buena parte de América Latina. Odebrecht reconoció el pago de 439 millones de dólares fuera de Brasil, siendo Venezuela, República Dominicana y Panamá los países donde registró más sobornos. Panamá es señalado de forma especial por fiscales brasileños por no cooperar.
Fiscal pide investigar cambistas detenidos.
Los cambistas brasileños, Vinicius Claret, alias Juca Bala, y Fernando Barbosa, detenidos en Uruguay el 3 de marzo pasado tras ser acusados en Brasil de integrar una organización criminal que lavó US$ 100 millones en coimas, están muy cerca de llegar a un acuerdo con fiscales norteños para su extradición.
El fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, ya se manifestó a favor de la extradición de los dos intermediarios financieros a Brasil. Fuentes del caso indicaron a El País que Negro solicitó a la jueza especializada, Beatriz Larrieu que abra otro expediente penal para investigar el presunto lavado de dinero de Cabral en Uruguay.
Según el Ministerio Público y Fiscal de Brasil, Claret tenía un comercio de surf en Punta del Este y, al mismo tiempo, poseía una estructura en Río de Janeiro donde recibía el dinero de coimas entregadas al exgobernador de esa ciudad, Sergio Cabral, por parte de empresas que licitaban obras de infraestructura. Posteriormente, Claret enviaba el dinero de Cabral a cuentas en paraísos fiscales. La participación de Claret , en ese esquema de lavado, fue descubierta por investigadores policiales luego de la confesión de dos cambistas.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 5 DE MAYO DE 2017
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2) Gobierno y UPM acordaron sobre “infraestructura y otros requisitos” para nueva pastera
(La Diaria)
Ayer, después de una reunión informativa del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, y con la participación del vicepresidente senior de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay de UPM, Jaakko Sarantola, el gobierno y la empresa finlandesa dieron a conocer que alcanzaron un principio de acuerdo en las negociaciones que están llevando adelante ambas partes.
Según el portal de Presidencia, el acuerdo refiere a “los principales temas de la agenda de negociación sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos, así como el impulso a la concreción de los beneficios derivados del proyecto [de la instalación de una tercera planta de celulosa en el país] en términos del desarrollo nacional y local”. El mensaje oficial señala que las negociaciones “se encuentran en la etapa final de su primera fase”, y recuerda que estas tienen “como objetivo establecer las premisas básicas y compromisos de las partes hacia la concreción de la que sería la mayor inversión de la historia de nuestro país”, por un monto de 5.000 millones de dólares. “Esta primera fase culminará con la firma de un Acuerdo de Inversión, en el que ya se ha empezado a trabajar, y permitirá entrar en una segunda fase de avances en materia de la construcción y adaptación de la infraestructura necesaria”, concluye el comunicado.
Por su parte, la empresa hizo su propio comunicado, que fue emitido originalmente en inglés en su sitio oficial y datado en Helsinki. “Las negociaciones entre el gobierno de Uruguay y UPM sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos para el crecimiento industrial a largo plazo en el país han logrado importantes avances. Estamos de acuerdo respecto de la mayoría de los principales temas de la agenda de negociación”, dice el texto, citando a Sarantola. El ejecutivo dijo además que “algunos aspectos aún necesitan ser resueltos mientras se comienza a trabajar en la redacción del acuerdo que especificará las responsabilidades de cada parte. Nuestro enfoque se centra en gran medida en resolver esos aspectos”.
UPM informa que la segunda etapa de preparación “consistiría en estudios de preingeniería y procesos de autorización, así como lograr importantes avances en la implementación de las obras de infraestructura acordadas en la primera etapa”, lo que se estima que dure “entre un año y medio a dos años”. “Si estas dos etapas de preparación concluyen satisfactoriamente, UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto de una potencial fábrica de celulosa”, finaliza el comunicado.
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3) La ONU sugiere a Uruguay que cree la figura de Defensor del Medio Ambiente
(Montevideo Portal)
El enviado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que es la forma en que el ciudadano controlará que el desarrollo económico no llegue a expensas del daño medioambiental.
Uruguay tiene «mucho de lo que enorgullecerse en su trabajo en derechos humanos y medioambiente», pero el país aún tiene varios desafíos pendientes, incluyendo la creación de la figura del «ombudsman» del medioambiente, señaló un experto de Naciones Unidas.
«Uruguay ha respondido a sus obligaciones con los derechos humanos y el medioambiente al aprobar una serie de leyes y políticas sobre los derechos de acceso a la información, la participación pública en medidas medioambientales y la aplicación de soluciones al daño ambiental», dijo John Knox, enviado de la ONU, al término de su visita de cinco días al país.
Knox fue enviado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con base en Ginebra, para realizar un análisis y un reporte de las «obligaciones en materia de derechos humanos para disfrutar de un medioambiente sostenible, limpio, seguro y saludable».
Sin embargo, «el gobierno debe adoptar medidas afirmativas para estructurar la información medioambiental de tal modo que sea fácilmente entendible por el público en general, especialmente aquellos que, como quienes viven en la pobreza, son más vulnerables a la degradación medioambiental», continuó Knox, según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al igual que otros países, Uruguay «debe perseguir el desarrollo económico junto a la protección ambiental». Estas metas a veces entran en conflicto, indica el informe, como cuando se expande la producción agrícola a través del uso de fertilizantes, agroquímicos o riego, que pueden causar daños medioambientales o afectar la calidad del agua.
«La mejor manera de asegurar que este desarrollo es auténticamente sustentable es proveer acceso eficaz a la información, lo que a su vez permite la participación pública informada en los procesos de toma de decisiones», dijo Knox. «Sólo de esa manera puede el público asegurarse de que el crecimiento económico no llega a expensas de los derechos humanos», agregó.
Destacó que hay quejas sobre el sistema actual para denunciar problemas por ser «confuso y no siempre brindar respuesta», y llamó a crear un nuevo mecanismo que incluiría la figura de ombudsman o Defensor del Medio Ambiente, con la autoridad suficiente para recibir todas las quejas o denuncias medioambientales y asegurarse de que cada una sea dirigida a la oficina apropiada.
El reporte final del experto se dará a conocer recién en marzo de 2018. Los enviados como Knox trabajan en forma honoraria e independiente y no forman parte del personal estable de las Naciones Unidas.
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4) Katoen vende participación en Uruguay; ANP no sabía
Firma belga, enfrentada con su rival Montecon, anunció proceso de salida.
(El País)
El operador portuario Katoen Natie anunció ayer su intención de deshacerse de sus negocios en Uruguay. Desde hace años la empresa mantiene una disputa pública con su principal rival en el puerto de Montevideo, Montecon, pero a la hora de indicar el porqué de su decisión no hizo mención alguna a este asunto.
El principal negocio de la compañía de origen belga en Uruguay es Terminal Cuenca del Plata (TCP) que posee una terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, de la cual tiene el 80%. El restante 20% del paquete accionario está en manos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Katoen Natie consiguió la concesión en 2001, por un plazo de 30 años. «Desde entonces, Katoen Natie y su socia, la Administración Nacional de Puertos, han hecho inversiones relevantes en la terminal para incrementar capacidad y eficiencia», afirma la empresa europea en un comunicado. El texto también señala que «luego de un comienzo espectacular durante sus primeros 16 años de existencia, TCP está posicionada para seguir creciendo».
¿Cómo explica la compañía la decisión de dejar sus negocios en Uruguay? «Considerando la competencia en prioridades por capital y la naturaleza diferente de las áreas clave de TCP y Katoen Natie, la empresa ha tomado la decisión de desprenderse de sus actividades portuarias en Uruguay y reinvertir lo ganado en proyectos estratégicos», indica el comunicado. Para salir de sus negocios en Uruguay, designó al banco estadounidense «Goldman Sachs International como consejero en el proceso de venta». Agrega que está muy «orgullosa» debido al «desarrollo exitoso» de su operación local hasta el día de hoy.
«Bajo nuevos propietarios, TCP tendrá una fuerte posición para beneficiarse del crecimiento futuro y de las oportunidades en la región, incluyendo un importante espacio para la expansión de las instalaciones de la terminal», sostiene el texto divulgado en la tarde de ayer. «El fuerte marco legal uruguayo y la estabilidad política del país han permitido que se siguiera invirtiendo en la terminal para transformar a TCP en una de las terminales de contenedores líderes en el Sur», agrega el comunicado. El País se comunicó con jerarcas de la empresa para profundizar acerca del motivo detrás de su ida del país, pero se excusaron de brindar más detalles. Agregaron, en cambio, que hablarían hoy.
La firma belga mantiene un enfrentamiento de larga data con el otro operador portuario de peso de la terminal capitalina, Montecon, y a lo largo de los años esta pelea ha tenido varios capítulos que salieron a la luz pública, con acusaciones en una y otra dirección. Entre otros, Katoen Natie afirma que Montecon es favorecida por la ANP para operar en los muelles públicos. En tanto, Montecon retruca diciendo que lo que busca su competidor es quedarse con todo el mercado.
A mediados de febrero de este año el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie en Uruguay, Fernando Correa, había señalado que es-ta situación que describía la compañía ponía «en riesgo el negocio». En el comunicado, la firma belga indica que además de TCP su decisión de desprenderse de los negocios locales también afecta a «todas las empresas (…) activas en el negocio de operaciones portuarias». En este grupo están Seaport Terminals Montevideo S.A. y Nelsury S.A.
Reacción
En la ANP —socios de Katoen Natie en TCP— se enteraron de la decisión de la compañía belga por los medios de comunicación. «Me enteré por la prensa, no hubo ninguna comunicación», afirmó ayer en la tarde a El País el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez. El jerarca añadió que el 20% de las acciones de la ANP hace que sus votos no sean «decisivos». «Ni alcanzan para hacer cambiar una decisión que supongo deben tener muy pensada», añadió.
Consultado acerca de si la decisión de la firma belga se debía a la «guerra» que mantiene con Montecon y la ANP, Domínguez contestó negativamente. «Simplemente a ellos el negocio no les cierra como esperaban, no han cumplido con la base mínima de movimiento de contenedores, están en deuda ahí y de pronto tienen otros negocios porque son una organización fuerte comercialmente en el mundo y tendrán otras alternativas», señaló. «Hay reuniones ya anunciadas (con directivos de Katoen Natie) la próxima semana y ahí vamos a tener alguna novedad más directa», remató el jerarca de la ANP.
En caída movimiento de contenedores
La participación de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el total de contenedores movilizados en el puerto de Montevideo viene en descenso en los últimos años. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Puertos (ANP), hasta marzo la empresa despachó 52.749 contenedores a un promedio de 17.583 por mes. Con ello acumula el 40% del movimiento en la terminal capitalina con una notoria diferencia con su competidora Montecon, que tiene el 60% restante de la operativa.
Estos números hicieron que tiempo atrás el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, manifestará que «probablemente en julio de 2017 (cuando cierra el ejercicio actual) por primera vez no se cumplan» los volúmenes de carga exigidos en el contrato de concesión de la terminal especializada en el puerto de Montevideo. Por esto, marcó un «riesgo de expropiación indirecta» dado que la ANP «favorece» a Montecon en sus decisiones, según la visión de la empresa belga.
El año pasado TCP había despachado un total de 249.999 contenedores, lo que representó el 46% de la carga que pasó por la terminal durante 2016 y también quedó por debajo de su competidora, que abarcó el 53% de la actividad. En 2015 en cambio, sí había sido TCP la operadora portuaria con mayor movimiento de contenedores con el 52,3% del total (260.209 contenedores) superando a Montecon que había tenido el 47% de la operativa. Algo similar ocurrió en 2014, cuando la empresa concesionaria de la terminal especializada acaparó el 50,4% de la actividad (238.667 contenedores) y Montecon el 49%.
Entre ambas empresas acumulan prácticamente la totalidad del negocio del despacho de contenedores. Muestra de ello es que en los primeros tres meses de 2017 hubo únicamente 658 contenedores movilizados por otras dos empresas (Pantzin y Planir).
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5) Un “impresentable” Luis Almagro recibe premio de Freedom House, una ONG de la CIA
Álvaro Verzi Rangel (Alai)
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no tuvo ninguna vergüenza al recibir este jueves el premio “Libertad” de manos del Freedom House, (FH) una organización no gubernamental digitada por la central estadounidense de inteligencia CIA, que continúa asesorando y financiando a la derecha latinoamericana en estrategias de guerra sicológica.
En su papel de “neutral” secretario de la OEA, Almagro prometió llevar el premio otorgado por su “defensa de la democracia” a “mis amigos”, los dirigentes opositores –hoy presos por la comisión de varios delitos- Leopoldo López y Antonio Ledesma cuando haya una Venezuela “con democracia y derechos humanos”.
Al terminar su discurso en Washington, el “impresentable” excanciller uruguayo sostuvo una gran bandera de Venezuela junto a la esposa de Ledezma, Mitzy Capriles; su hija Daniela Ledezma, la hermana de Leopoldo López, Diana, y el exiliado dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio. A la fotografía se sumaron otros premiados de la noche, como el actor Richard Gere y la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi.
Nadie duda que Freedom House (FH) sea una organización no gubernamental digitada por la CIA (ni siquiera Wikipedia), con técnicas de operación nada originales, que ya fueron aplicadas primero en Panamá, Nicaragua y El Salvador, y luego en Venezuela, Bolivia y Ecuador. FH recibe la mayor parte, aproximadamente un 80 % de su financiación del gobierno de los Estados Unidos, por medio de la USAID, y el Departamento de Estado.
También recibe financiación de las fundaciones Bradley, Smith Richardson, Nicholas B. Ottaway, John D. and Catherine T. MacArthur, John S. and James L. Knight, John Hurford ; del gobierno holandés y una lista de otros 12 “donantes”.
En el 2001 los ingresos de la Freedom House fueron de 11 millones de dólares, que se incrementaron a 26 millones en el 2006. Gran parte del crecimiento se debió a que del 2004 al 2005 el presupuesto del gobierno estadounidense a la FH aumentó de 12 a 20 millones de dólares. La financiación federal disminuyó a 10 millones en el 2007, pero aun así representaba 80 % del presupuesto.
La preponderancia de la financiación del gobierno federal estadounidense está considerada como “inusual, especialmente cuando la organización está involucrada en señalar y monitorizar los derechos humanos, la democracia y la libertad en el mundo, basándose en el principio de garantizar la independencia y una financiación creíble de los gobiernos”, según eñala Diego Giannonea en “Political and ideological aspects in the measurement of democracy: the Freedom House case”.
En 2016 arrecia la presencia y protagonismo de FH en Venezuela a través de una sala situacional, integrada por ciudadanos venezolanos asalariados, que monitorea la situación interna. Analizan los hechos de violencia y aquellas conductas antisociales susceptibles de ser presentadas como focos de rebeldía política. Utilizando las capacidades y rapidez de las redes sociales, alientan sucesos de esta naturaleza que calienten las calles y compliquen la delicada situación que vive el país.
Uno de los principales caballitos de batalla es el panegirismo sobre las figuras del preso Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori (en una ofensiva mediática permanente). Pero Washington tiene poca confianza en que por las vías institucionales puedan para hacer colapsar al gobierno de Maduro, sobre todo cuando el último informe de FH da cuenta de la fractura persistente dentro de lo que se llama la “unidad” opositora.
De ahí que en paralelo, siguen apostando a fracturar el orden constitucional con acciones violentas, que en apariencia nazcan de la voluntad popular. El espectáculo que han armado las instituciones de la derecha regional, CIDH, OEA, y el gobierno de EE.UU. con su proclama injerencista contra Venezuela, está dirigido a dar el respaldo mediático y político a eventuales acciones de esta naturaleza que justifique la injerencia extranjera en los asuntos internos venezolanos. La “buena conducta” de Almagro le valió el premio de 2017.
Un poco de historia
En 1982 los observadores de Freedom House encontraron «admirables» las elecciones del régimen cliente de El Salvador, aun cuando existen numerosas evidencias de la violación de los derechos humanos en ese país durante ese período. Entonces, cuando la administración de Ronald Reagan tenía problemas para contener las informaciones de los medios sobre asesinatos de civiles por parte del ejército salvadoreño, la FH denunció el «desequilibrio» de las informaciones sobre El Salvador, para proteger al gobierno de las críticas por su apoyo al régimen salvadoreño.
Además tomó parte en la campaña en favor del partido de extrema derecha ARENA, que participó en la liga anticomunista y tiene responsabilidades claras en masacres en El Salvador y en el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero.
Otro perlita: el año pasado, Héctor Magnetto, director ejecutivo del monopólico Grupo Clarín de Argentina, recibió el premio a la “Libertad de Expresión” que otorga FH, que destacó el rol que tuvieron Magnetto y Clarín en la defensa de la libertad de prensa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
FH «coopera» en diseñar la guerra sucia y de desinformación sobre un país, campaña para la cual cuenta con el apoyo de los cartelizados medios de comunicación comerciales, endógenos y extranjeros. Para desarrollar la estrategia han creado una sala situacional, que maneja los distintos escenarios y propone «soluciones y acciones» para cada alternativa. En Venezuela actúa bajo la fachada de la trasnacional Procter and Gamble, en el sector de La Trinidad, en el suburbano caraqueño.
La chilena Viviana Giacaman, directora hasta 2014 de los programas para América latina de FH, aparece ahora como fundadora y experta de la ONG chilena Hay Mujeres, desde la cual abogada por la igualdad de género y por erradicar el machismo. Utiliza este nuevo perfil de propuestas positivas, para insistir con otras muy distantes de serlo. Según su perfil en la red social de “profesionales” Linkedin, Giacaman desde marzo de 2015, labora como profesora de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad chilena Diego Portales, y desde mayo de 2014 es la jefa de la unidad de contenidos del ministerio de la Secretaria General de la Presidencia.
Basta recordar que las guarimbas venezolanas organizadas por Leopoldo López, a las que financió y apoyó desde FH, no fueron nada pacíficas: provocaron violencia y muerte de más de cuatro decenas de personas inocentes en 2014 y que la violencia promovida por la oposición en las últimas semanas ya causaron dos decenas de muertos. Su accionar y defensa a ultranza del opositor encarcelado por tales hechos, contradice su “nuevo” espíritu pacifista. No caben dudas de que Venezuela sigue siendo la obsesión de Giacaman y sus financistas.
El mismo 6 de diciembre de 2015, cuando en Venezuela se celebraban las elecciones parlamentarias, Giacaman envió mensajes de respaldo a la oposición con la que tanto ha colaborado desde la FH. Al propio tiempo arremetió contra el gobierno bolivariano al que llamó dictadura vestida de democracia (ver tuits del 6/12/15).
El informe de FH (Libertad en el mundo) de diciembre de 2015 señala que “divisiones dentro de la oposición se profundizaron desde principios de 2014. La facción moderada liderada por Henrique Capriles alentó en gran medida una ruta de no confrontación, electoral, para el cambio político, mientras que el grupo encabezado por López y María Corina Machado propugnaron el uso de las protestas populares para lograr los objetivos que van desde los grandes cambios de política a la renuncia de Maduro”. Lo que no dice es que ambos grupos fueron apoyados, estimulados y financiados por FH y el gobierno de EE.UU.
Giacaman exige con ahinco la libertad de Leopoldo López, y se mostró muy satisfecha cuando la Corte Suprema de Chile acogió un recurso a favor de los opositores venezolanos (ver tweet del 19/11/2015), o cuando al expresidente del gobierno español Felipe Gonzalez se le ocurrió decir que el Chile del sanguinario dictador Augusto Pinochet respetaba los derechos humanos más que Maduro (tweet del 18/09/2015). ¡increible!
Nadie duda que el esquema subversivo de FH contra Venezuela es financiado por el gobierno de EE.UU., específicamente por la USAID, que utiliza diversas vías para asignar el dinero, entre otras, la embajada estadounidense en Caracas.
En septiembre de 2012, medios de prensa denunciaban que Freedom House, continuaba asesorando y financiando a la oposición venezolana en estrategias de guerra sicológica, con el único de fin de derrocar el gobierno constitucional, entonces de Hugo Chávez.
En el perfil del actual director de FH para la región, Carlos Ponce, si aparece este cargo. No es ocioso decir que la cuenta de Ponce en twitter, @ceponces, es seguida y monitoreada por Giacaman. Anteriormente trabajó como Coordinador General de la Red de América Latina y el Caribe para la Democracia, otra de las ONG financiadas por el gobierno estadounidense.
Ponce cuenta con un grado de Maestría en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de Vermont y una Maestría en Política y Planificación Ambiental de la Universidad de Tufts. Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela entre septiembre de 1997 y julio de 2003 y de la Católica Andrés Bello entre 1995 y 1996, además de haber trabajado como asesor de la entonces privatizada Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) entre 1998 y 2001.
Desde Washington
Freedom House tiene su think tank en Washington DC y oficinas en una docena de países. Fue fundada en 1941 (más de 70 años atrás) por Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt (esposa del entonces presidente Franklin Delano), George Field, Dorothy Thompson, Hebert Bayard Swope, entre otros. Después de la guerra, ajustó sus actividades hacia la lucha en contra del comunismo, uniéndose al aparato de inteligencia y desestabilización de Washington durante la Guerra Fría.
En los años 1970, FH entregaba recursos a medios que repetían la agenda política e ideológica de Washington, como Radio Free Europe/Radio Liberty, y en los 1980 estuvo involucrada en la guerra psicológica que desarrollaba Washington y sus aliados en Centroamérica junto a la recién creada National Endowment for Democracy (NED).
Freedom House se convirtió en una de las piezas claves de los golpes «suaves» en Europa Oriental y el Cáucaso, participando activamente en el financiamiento y la promoción internacional de las organizaciones involucradas junto a la NED, la USAID, el Open Society Institute y el Project for Transitional Democracy. Cada año publica un informe -El Estado del Mundo-, que divide todos los países en tres categorías: países libres, parcialmente libres o dictaduras, una división totalmente acorde a los intereses de Washington.
En 2005 Freedom House comenzó a trabajar en Venezuela con financiamiento de la USAID para asesorar y financiar a varios grupos, surgentes ONGs y proyectos de la oposición. En 2008, aumentó en 90% sus recursos hacia las organizaciones de la llamada «sociedad civil» en América Latina en comparación con las cifras entregadas en 2006, y Cuba y Bolivia fueron los países hacia donde se dirigió principalmente este incremento, reservando un millón de dólares para la oposición venezolana.
Numerosos personalidades del sector neoconservador estadounidense han sido o son miembros de la Junta directiva de Freedom House, como Morton Abramowitz (miembro del CFR y miembro de las Juntas Directivas del International Crisis Group y la NED), Zbigniew Brzezinski (miembro del CFR, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg), Samuel Huntington (inventor de la teoría imperialista del «choque de civilizaciones» y miembro de la Comisión Trilateral), Thomas Foley (miembro del CFR, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Trilateral), Otto Reich y Donald Rumsfeld. Hasta 2005, el antiguo director de la CIA, James Woolsey fue presidente de Freedom House.
En el 2005, Peter Ackerman, antiguo miembro de la Albert Einstein Institution (AEI), fundador del International Center on Non Violent Conflict (ICNC) reemplazó a Woolsey. En la actual Junta Directiva, se encuentra la esposa de John Negroponte, Diana Villiers.El primero de mayo del 2007, en colaboración con el Broadcasting Board of Governors, Freedom House organizó una conferencia sobre las amenazas a los medios de comunicación. La invitada principal fue Karen Hughes, entonces Subsecretaria de Estado por la Diplomacia Pública (la oficina de propaganda).
El Instituto George W. Bush y Freedom House convocaron el 19 de abril de 2010 en Dallas, Texas, un encuentro de «activistas por la libertad y los derechos humanos» y «expertos en Internet» para analizar el «movimiento global de ciberdisidentes». Al mismo, asistieron Rodrigo Diamanti de la ignota organización Futuro Presente de Venezuela; Arash Kamangir de Irán; Oleg Kozlovsky de Rusia; Ernesto Hernández Busto de Cuba; Isaac Mao de China y Ahed Alhendi de Siria.
También estuvieron presentes miembros del gobierno estadounidense y otras organizaciones vinculadas con la comunidad de inteligencia de Washington, como Oscar Morales Guevara, fundador del movimiento «un millón de voces contra las FARC» y promotor de un movimiento contra el Presidente Chávez a través de Facebook ; junto a Jennifer Windsor, directora ejecutiva de Freedom House.
Hoy Freedom House se publicita como una voz a favor de la democracia en el mundo, pero se financia con fondos públicos estadounidenses, de la USAID, la NED y la CIA, de la Fundación Nacional Demócrata, y de la World Anticomunist League, el gobierno de Holanda, el Departamento de Estado y la Open Society Institute, entre otras organizaciones.
Martin Edwin «Mick» Andersen fue director para América Latina y el Caribe de los programas del National Democratic Institute for International Affairs (NDI), como miembro profesional del comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y Asesor del Departamento de Planificación de Políticas del Departamento de Justicia. Entre las recomendaciones que formula Andersen en la página de FH pueden sorprender al desprevenido: son idénticas a las demandas de la oposición venezolana.
Coincidentemente, el reporte global anual sobre libertad de expresión difundido en mayo de 2013 por Freedom House, ubica a Venezuela como un país sin prensa libre. «Muchos países de la región ven a Venezuela como un modelo sobre el cambio de la dinámica social y es un modelo muy negativo», explicó Karin Karlekar, directora para las Américas. Agregó que el país «está exportando en la región su modelo en el que hay medios subsidiados por el gobierno, para un mayor control del contenido».
Tal como el año anterior, FH incluyó a Venezuela junto a Cuba, Honduras y México como los países sin prensa libre. Casualmente, como enviado de Newsweek, Anderson cubrió las operaciones de Sendero Luminoso en las selvas de Ayacucho, Perú, en 1981.
– Álvaro Verzi Rangel, sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 5 DE MAYO DE 2017
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