1) Documentos de archivos confirman espionaje en democracia
2) Menéndez aseguró que Uruguay seguirá participando en misiones de paz, pero no de “cualquiera”
3) Heber a Sendic: “estoy reclamando que usted trabaje”
4) ¿Cuáles son los senadores que más viajaron, qué gastos ocasionaron y qué misiones cumplieron?
5) Uruguay no está “vacunado” contra la corrupción y carece de mecanismos para prevenirla, advirtió el fiscal de Corte
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2125 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 12 de mayo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Documentos de archivos confirman espionaje en democracia
(La Diaria)
La comisión que investiga los “posibles actos de inteligencia de Estado” desde 1985 a la fecha recibió ayer a Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, dos de las personas que fueron designadas para la digitalización del “archivo Berrutti”, encontrado en 2007, durante la gestión de Azucena Berrutti como ministra de Defensa Nacional, en una dependencia de su cartera.
El diputado comunista Gerardo Núñez aseguró que, sin haber hecho un análisis “demasiado profundo” de la información, “se puede asegurar que el espionaje en democracia es abundante”, y que este archivo, sumando los documentos hallados en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, abarca desde 1985 hasta 2002. El espionaje, aseguró, estaba focalizado en partidos políticos y “fundamentalmente en partidos de izquierda”, como el Movimiento de Participación Popular, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista del Uruguay.
Según Núñez, las tareas de espionaje “dependían directamente de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas al más alto nivel”. “Cuando se comienza a hacer la microfilmación de los archivos, fue autorizada por militares de rangos en algunos casos muy importantes, como [el general] Pedro Barneix. No digo que cuando se autorizó esto estuviera él al frente de las operaciones, pero seguramente conocía este tipo de prácticas porque era uno de los que autorizaban la microfilmación”, sostuvo.
El diputado dijo que se está pensando en que todos los insumos de esta investigadora puedan ser utilizados por la comisión especial que legislará sobre los servicios de inteligencia, en particular para el caso de los militares. “Faltó control de los servicios de inteligencia, sobre todo de los militares”, aseguró.
En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que los contenidos de la documentación no le sorprenden, en la medida en que “los relatos de lo que decían los archivos” incluían ese tipo de información. “El espionaje en democracia me parece fuera de discusión, y ahora hay que establecer las responsabilidades”, dijo.
Entre los próximos convocados a la comisión estarán todas las autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional desde 1985 hasta la fecha, que deberán responder si tenían conocimiento de estas actividades de espionaje. Además, el diputado independiente dijo que posiblemente el paso siguiente sea citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas durante este período. “Hay por delante un arduo trabajo”, resumió.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE MAYO DE 2017
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2) Menéndez aseguró que Uruguay seguirá participando en misiones de paz, pero no de “cualquiera”
(La Diaria)
“No estamos conformes con lo que se aporta desde el punto de vista financiero a las misiones de paz. En un mundo globalizado y cada vez más violento, que se desangra en batallas, sólo 0,5% del gasto mundial en armamento y guerra se destina a las misiones de paz. No es suficiente y queremos más, pero eso no inhabilita a estar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer”, dijo ayer el titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Jorge Menéndez, durante su oratoria en el homenaje que la cartera les hizo a los integrantes del contingente que participó en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití.
Los últimos 250 efectivos uruguayos retornaron al país en los primeros días de este mes, luego del fin del mandato de la misión.
En referencia a quienes piensan que el país participa en misiones de paz sólo con un objetivo financiero, Menéndez afirmó: “Les decimos que no, y que lo hace para contribuir a la paz. Se puede mostrar lo logrado y lo reconocido. Estos mismos contingentes seguirán representándonos en el exterior, porque esa es la política de este Estado, pero no para cualquier misión, porque aprendimos lecciones pasadas. Aceptaremos aquellas en las que el mandato genere condiciones de aceptabilidad y de protección de los derechos de los civiles”.
Posteriormente, en una rueda de prensa, el ministro informó que “por reembolsos y dietas” en misiones de paz Uruguay recibe “en el entorno de 50 millones de dólares anuales, contando a Haití”, pero “el pago de los haberes no depende del Estado, sino de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], y se logró reducir el tiempo en forma importante, hubo demoras de un año y hoy estamos en pocos meses”.
También explicó que por iniciativa de este gobierno, y con el apoyo de todos los partidos, se consiguió establecer “un blanqueamiento” de los fondos de la ONU, que antes “se tramitaban ‘en negro’”. “Hoy todos ellos pasan por unidades integradas por aprobación parlamentaria, dentro del MDN, y que son objeto de controles del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación. Estamos en mucho mejor situación que años atrás”, añadió.
Menéndez dijo además que se está renovando el contingente que se encuentra en Congo, compuesto por unos 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, y agregó que en este momento no hay ninguna solicitud de la ONU para integrar una nueva misión de paz. “Hace un tiempo se nos consultó sobre el despliegue de fuerzas especiales en la República Centroafricana, pero contestamos que no. No encuadra en los objetivos que tiene nuestro país. Se descartó”, expresó.
Consultado sobre la reforma de la Caja Militar, entidad que tiene un déficit de más de 400 millones de dólares anuales, reiteró que se está desarrollando un “trabajo conjunto” del MDN, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia de la República, “que está muy próximo a dar sus frutos”. “Cuando se finalice [este trabajo] y cuando el presidente [Tabaré Vázquez] lo entienda conveniente en cuanto al momento y la forma, se hará la comunicación pública correspondiente”, sostuvo. Menéndez dijo que ese proyecto de ley tiene como “uno de los objetivos, aunque no el único”, generar “una disminución de los aportes” de Rentas Generales al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, “que es mucho más que la Caja Militar”.
Finalmente, el jerarca respondió una pregunta sobre el supuesto espionaje que los servicios de inteligencia militar habrían realizado a políticos, sindicalistas y activistas de derechos humanos en democracia: “Hoy en el MDN no existe ese tipo de actividad. Si existiera, eventualmente, quienes la realicen serían perseguidos y sancionados con el mayor peso de la ley”, aseguró el ministro.
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2) Heber a Sendic: “estoy reclamando que usted trabaje”
(180)
El senador Luis Alberto Heber exigió a Raúl Sendic que «trabaje» y «que cumpla con su deber» de ir a las reuniones de coordinación de bancadas.
Este martes en el orden del día del Senado había una moción para organizar un homenaje a las Fuerzas Armadas que cumplieron misión en Haití. Sin embargo el Frente Amplio pidió postergar su tratamiento una semana más. Los blancos denunciaron a través de Álvaro Delgado que hicieron este pedido hace meses y no se había tratado nunca.
Luis Alberto Heber dijo que «acá hay una clara omisión del presidente del Senado de cumplir con su deber». Hablándole directamente a Sendic, Heber dijo: «debería de haber sabido que se había presentado la moción reglamentaria con 15 firmas, que después de un mes que se está pidiendo y que nadie sabe por qué se negaba a hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas por parte del Frente Amplio, porque no se nos contestaba a reiterados planteos que se hacían en coordinación de fijar una fecha».
«Ahora resulta que el señor presidente del Senado no va a la coordinación, por lo tanto no está informado. No lee las mociones que se presentan en el Senado. ¿Qué está haciendo, señor presidente? ¿No conduce el Senado? ¿Está omitiendo su trabajo? ¿No está cumpliendo con su tarea de ser presidente del Senado?», preguntó.
«Nos pasa fotografías de que anda recorriendo pero no cumple con su tarea de estar coordinando y de saber lo que pasa en esta sala», dijo Heber. Cuando le pidieron calma, el senador nacionalista dijo: «no estoy faltando el respeto, estoy reclamando que usted trabaje, que cumpla con su deber».
El senador oficialista Marcos Otegui -del sector de Sendic- dijo que le parece «sumamente negativo que acá haya senadores que se autoarroguen el derecho de ponerle nota al trabajo de otros senadores». «Es inaudito que se le ponga nota al trabajo del presidente de la cámara. No tiene antecedentes», criticó. «Esto cambia las reglas de juego y esto no lo inició el Frente Amplio ni la bancada oficialista. Hace rato que se inició haciendo cierto tipo de afirmaciones y descalificando autoridades que están sentadas donde están sentadas porque las puso el pueblo», dijo.
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4) ¿Cuáles son los senadores que más viajaron, qué gastos ocasionaron y qué misiones cumplieron?
(Montevideo Portal)
El cruce entre Luis Alberto Heber y Raúl Sendic esta semana en el Parlamento volvió a poner en el tapete las asistencias a comisión de los legisladores y también la cantidad de viajes realizados. En lo que va de esta legislatura se gastaron 278.104 dólares en viajes de senadores. Estos son los datos del último período y también desde el 2000.
«Ahora resulta que el señor presidente del Senado no va a la coordinación. Por lo tanto no está informado. No lee las mociones que se presentan en el Senado. ¿Qué está haciendo, señor presidente, no conduce el Senado? ¿No cumple con su trabajo? Es así. Usted tenía la obligación de saber y estábamos todos citados. No concurre a la coordinación. Ah sí. Nos pasa fotografías de que anda recorriendo, pero no cumple con su tarea de estar coordinando y saber lo que pasa en esta sala», le dijo Heber a Sendic.
La web del Parlamento tiene datos accesibles para cualquier persona y actualizados al 9 de mayo de 2017 tanto sobre los viajes al exterior de los legisladores como de las faltas a las sesiones del Senado y las comisiones.
Sobre los viajes
Si uno suma los datos totales de viajes a partir del año 2000, el senador que realizó mayor cantidad de viajes fue Luis Alberto Heber, con 47, y también el que implicó mayor cantidad de gastos (210.313 dólares). Le sigue Mónica Xavier (FA) con 36 viajes y 134.868 dólares, luego Jorge Larrañaga, Ivonne Passada, Daniela Payssé y Raúl Sendic, en ese orden.
En la última legislatura, si uno toma la cantidad de días de viaje, el primer puesto lo ocupa Passada, luego Raúl Sendic y Luis Alberto Heber. En cantidad de viajes y no de días, el orden es Sendic (13), Passada (11) y Heber (6). Si uno considera solamente los gastos ocasionados, el primer lugar es para Passada (40.395 dólares), luego Heber (31.224), después Daniela Paysseé (16.077 dólares) y en cuarto lugar Sendic (11.977). Hay que aclarar que estos son los gastos ocasionados al Senado. En el caso de Sendic, la mayoría de los viajes se realizaron en representación de Tabaré Vázquez y fueron pagos por Presidencia, lo que explica que su promedio por viaje sea tan bajo. Los 11.977 corresponden a un solo viaje.
En gasto promedio por viaje de esta última legislatura Luis Alberto Heber ocupa la primera posición, con 5.204 dólares, seguido de Jorge Larrañaga (5.101), Ivonne Passada (3.672), Germán Coutinho (3.595) , Daniela Payssé (3.215). Si uno considera el total de viajes desde el 2000, Heber también está primero en gasto promedio (4.475), seguido de Jorge Larrañaga (3.919), Mónica Xavier (3.746), Ivonne Passada (3.672).
En total, en esta última legislatura se gastaron en viajes 278.104 dólares, de los cuales 130.070 corresponden a pasajes, 5.517 a seguros de viajes y 142.517 a viáticos. Los viajes incluyen las asambleas de la Unión Interparlamentaria, cumbres iberoamericanas, los festejos conmemorativos de la independencia argentina, asunciones presidenciales, el homenaje póstumo a Fidel Castro, y visitas oficiales a Irán y Emiratos Árabes entre otros eventos.
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5) Uruguay no está “vacunado” contra la corrupción y carece de mecanismos para prevenirla, advirtió el fiscal de Corte
Entrevista de Victoria Fernández (Búsqueda)
Esta semana el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cumplió cinco años al frente de la Fiscalía. Cuando repasa lo hecho en la primera mitad de su mandato, no disimula su orgullo: recuerda su discurso de asunción en 2012 y dice que cumplió con todos los objetivos que había prometido. Consiguió separar a la Fiscalía del Ministerio de Educación y darle más autonomía, eliminó las Fiscalías civiles y transformó a la institución en un organismo especializado en persecución penal, e instauró los concursos de oposición y méritos para los fiscales.
Además, fue uno de los principales impulsores de la reforma del proceso penal que entrará en marcha en julio y que tendrá a los fiscales como protagonistas de la investigación criminal, una tarea que hasta ahora realizaban los jueces. Ahora que los fiscales tomarán las riendas, Díaz espera mejorar las técnicas de investigación para perseguir con más éxito a los responsables de delitos de cuello blanco, como la corrupción o el lavado de activos.
Es que no está conforme con los resultados de la Justicia en la persecución de los corruptos y los poderosos. “De las 11.600 personas privadas de libertad que existen hoy en Uruguay, en general son todas jóvenes, pobres y con niveles socioeducativos bajos. Eso no es casualidad”, afirmó. “Hay que trabajar muchísimo para revertirlo”. Díaz sostuvo que Uruguay no está “vacunado” contra la corrupción: no alcanza con que “somos chicos y nos conocemos todos”.
“No hay un sistema de prevención de la corrupción” y eso tiene que mejorarse, afirmó. “Hay un conjunto de mecanismos de contraloría que existen a escala internacional que en Uruguay no estamos aplicando. ¿Eso significa que hay corrupción? No. Pero tampoco significa que no la haya”.
—¿Cuáles considera que fueron los principales logros de sus primeros cinco años de gestión?
—Cuando el 21 de marzo de 2012 el Senado votó la venia para que me designaran como fiscal de Corte por diez años, explicité claramente cuáles eran mis objetivos y los reiteré el 17 de abril cuando asumí. El primero era lograr la autonomía del Ministerio Público, una vieja aspiración que nunca se había logrado concretar. Hoy la Fiscalía es un servicio descentralizado, fuera del Ministerio de Educación.
El segundo objetivo era transformar la Fiscalía en un organismo especializado de investigación y persecución criminal, lo que era imprescindible para la reforma del proceso penal. Teníamos un Ministerio Público que cumplía infinitas funciones, y planteamos racionalizar el uso de recursos humanos y materiales y centrarnos en aquellos cometidos que son su ADN: ejercer la acción penal. Fue una transformación profunda que ya está hecha. Por otro lado, visibilizar la institución, que en 2012 sobrevivía escondida atrás del Poder Judicial.
Romper la estructura espejo con el Poder Judicial y definir claramente los cometidos era una de las tareas más difíciles. Ha sido el proceso más largo y doloroso, pero ese objetivo está cumplido. Hoy estamos parados frente a la sociedad, haciéndonos cargo, dando la cara y rindiendo cuentas. En materia de recursos humanos teníamos dos grandes objetivos: aumentar el número de recursos y la transparencia en la selección. Nunca en la historia de la Fiscalía se habían hecho concursos para fiscales, ni para ingresar ni para ascender. Hoy los concursos están establecidos por ley.
En materia edilicia, invertimos 6.000.000 de dólares en dos edificios nuevos en Montevideo. Incrementamos el presupuesto, y mejoramos su ejecución y redistribución. Cuando asumí en la Fiscalía prácticamente no había computadoras; hoy hay equipamiento para todos los fiscales y funcionarios. Teníamos dos vehículos en 2012, hoy tenemos ocho. La institución creció sin engordar, que era uno de nuestros objetivos. También estamos trabajando en la redistribución de las cargas de trabajo, que va a ser completamente distinta a la actual: no van a ser turnos temporales sino que vamos a ir a una distribución por modalidad delictiva. El último gran desafío es la reforma procesal penal.
—El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) entrará en vigencia el 16 de julio. ¿Están prontos para ponerlo en marcha?
—Hay una comisión interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía que está trabajando activamente en el plano normativo, planteando modificaciones al CPP que nos parece que son imprescindibles — como la modificación del proceso penal adolescente y la eliminación de la libertad condicional. Hoy creemos que vamos a tener problemas que probablemente no tengamos y van a aparecer problemas que hoy no tenemos ni idea. Las reformas son procesos. El 16 de julio automáticamente va a empezar lo que se conoce como el duelo de prácticas: las viejas prácticas van a luchar por subsistir y las nuevas van a luchar por imponerse. Este código no es un cambio normativo sino cultural, que es mucho más profundo. Hemos trabajado mucho para capacitar a nuestros fiscales. Cuán prontos vamos a estar el 16 de julio, lo vamos a saber ese día.
—La corrupción está extendida en países de la región, pero Uruguay por ahora parece quedar al margen de los escándalos de gran escala. ¿Es realmente una isla o hay más corrupción de lo que se ve en la superficie?
—Nosotros estamos en la región. Somos parte. Tenemos algunas ventajas, como que somos chicos. En Uruguay no hay megaobras de infraestructura. Somos chicos y nos conocemos todos. ¿Eso por sí solo alcanza? Obviamente que no. ¿Nuestro mecanismo de prevención de la corrupción pública es bueno? No. Necesitamos mejorarlo. El presidente de la Junta de Transparencia, Ricardo Gil, lo decía claramente y estoy de acuerdo con él: no hay un sistema de prevención de la corrupción. ¿Estamos vacunados contra la corrupción? Tampoco. Los mecanismos de prevención deben mejorarse mucho más de lo que se han establecido hasta ahora. Pero eso tiene que ver también con temas que no son de mi competencia, por ejemplo la regulación del financiamiento de los partidos políticos, que está asociado al tema de la ley de medios y la incidencia de los medios en las campañas, la publicidad electoral, los controles de los mecanismos de contratación, y los mecanismos de control de las empresas privadas, etc. Un conjunto muy importante de mecanismos de prevención que Uruguay está muy lejos de tener.
—¿Por qué no los tiene? ¿Es por esa idea de que en Uruguay no pasa nada?
—Esa es una pregunta que debe contestar el sistema político. Pero la respuesta debería ser que no importa si pasa o no pasa, los mecanismos de prevención los deberíamos tener. Hay un conjunto de mecanismos de contraloría que existen a escala internacional que en Uruguay no estamos aplicando. ¿Eso significa que hay corrupción? No. Pero tampoco significa que no la haya. La forma de demostrar que existe es llevando adelante causas donde haya condenados por casos de corrupción pública. Hay un montón de denuncias que se están investigando.
—¿Piensa que deberían tipificarse nuevos delitos, como el de enriquecimiento ilícito?
—Yo siempre dije que estaba en contra. Creo que tipificar delitos para facilitarle al Estado la carga de la prueba no está bueno. Termina invirtiéndose la carga de la prueba, y liberando al Estado de la carga de probar el contenido ilícito. Además, podemos hacer un progreso de papel gigantesco, y después tenemos un montón de delitos y no los aplicamos nunca.
—¿Qué opina del delito de abuso de funciones, que el Frente Amplio quiere derogar?
—Dogmáticamente, no creo que encuentres a nadie en la academia que esté a favor del delito tal cual está tipificado hoy en Uruguay. Es un tipo penal demasiado amplio. La enorme mayoría entiende que hay que derogarlo y una parte entiende que hay que modificarlo para que quede más acotado. La discusión hoy en Uruguay pasa por otro lado, por un tema de oportunidad. Y eso lo decide el sistema político.
—Si bien usted no interviene en las causas concretas, como jefe de la Fiscalía, ¿está conforme con la persecución de la corrupción?
—¿Si estoy conforme? No. Para no hablar de casos de ahora, pongo como ejemplo la investigación del Banco Comercial: nunca se pudo imputar a los grandes responsables del fraude. En este país los hermanos Rhom se llevaron, probado, mil millones de dólares, y no pudieron ser enjuiciados en Uruguay porque nunca obtuvimos la extradición. Se enjuició gente, pero no a los principales. Ojo, que quede claro que pongo este ejemplo para no hablar de investigaciones que están en curso, no para sacar el foco de lo que está pasando hoy…
—Pero sin referirse a personas concretas, hoy hay numerosas investigaciones periodísticas y judiciales que mencionan a empresarios, políticos, estudios contables, instituciones financieras, y sin embargo parece que muchas veces se corta por el lado más fino. ¿Cuesta castigar a los poderosos?
—Se llama selectividad del proceso penal. El sistema penal es selectivo, en todos sus segmentos: policial, legislativo, de operadores del sistema de Justicia. Las conductas que generalmente se castigan como delito son aquellas que habitualmente realizan determinados sectores de la sociedad. Otras conductas, o no son consideradas delito o son difíciles de probar.
—Por eso las cárceles están llenas de pobres…
—Pasa acá y en todas partes del mundo. ¿Está bien? No. Hay que trabajar para revertirlo. Pero de las 11.600 personas privadas de libertad que existen hoy en Uruguay, en general son todas jóvenes, pobres y con niveles socioeducativos bajos. Eso no es casualidad.
—¿Y qué se puede hacer frente a eso?
—Hay que trabajar muchísimo para revertirlo. Más que crear nuevos delitos, hay que mejorar los mecanismos de investigación, para poder usar los delitos que tenemos, para poder llegar a probar determinados hechos. A veces creamos figuras delictivas y pasan años antes de que se apliquen. Por ejemplo: todo el “Lava Jato” se centra en delaciones premiadas, un instituto existe en Uruguay, pero se usa muy poco.
—La Justicia brasileña señaló a Uruguay como uno de los principales destinos que se usaban para lavar el dinero sucio proveniente del “Lava Jato”. Eso significa que hay personas y estudios en Uruguay que colaboran con esas maniobras, pero por el momento no hay nadie procesado. ¿Se los va a juzgar?
—Desde la Fiscalía estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Hoy (por el martes 18) hay en Uruguay dos fiscales brasileños que están trabajando con fiscales uruguayos en el caso “Lava Jato”. Yo tengo una comunicación fluida con Rodrigo Janot, el procurador general de Brasil, sobre estos temas. Obviamente, a mí me gustaría que esto avanzara mucho más. También es cierto que los fiscales todavía hoy no tienen la dirección de la investigación, como la tendrán con el nuevo CPP. A nivel de cooperación internacional, colaboramos en todo lo que se nos pide. Hoy todos los encargados de cooperación internacional de todas las Fiscalías de América Latina e Iberoamérica están conectados por Whatsapp, al instante. Estamos permanentemente en contacto. Eso es algo que hace un tiempo no existía.
—¿Eso lo hace ser optimista en que habrá resultados?
—Creo que sí. Si la Fiscalía se hace cargo de la investigación, porque puede intercambiar información rápidamente en una investigación desformalizada que permita reunir los elementos para llegar a juicio. Antes había que hacer un exhorto, el juez se lo tenía que mandar a la Corte, la Corte a la Cancillería, la Cancillería a la Embajada… entre que el palo iba y venía, no encontrabas nada, y menos en el mundo de hoy, en que se transfieren cientos de millones de dólares con un click.
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