1) El Ejército ataca reforma de la Caja Militar: «Dicen falsedades»
2) Fiscal pidió la condena del general Mermot por “apología del delito”
3) Ministros del Interior colorados “no tenían conocimiento” del espionaje
4) El Pit-Cnt propone subir IRAE y Patrimonio
5) “El desarrollo económico moderno es impensable sin la expansión del gasto público”
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2126 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 19 de mayo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) El Ejército ataca reforma de la Caja Militar: «Dicen falsedades»
Ante Vázquez, Manini Ríos atribuyó “mala intención” a dirigentes del FA.
Daniel Isgleas (El País)
En la conmemoración del 206 aniversario del Ejército y en presencia del presidente Tabaré Vázquez, el jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, hizo una fuerte crítica a la proyectada reforma del sistema de jubilación de los militares, al describir en tono irónico los «privilegios» que los uniformados tienen al pasar a retiro, sosteniendo que quienes eso afirman dicen «falsedades» y hacen «tergiversaciones malintencionadas».
El término «privilegios» que utilizó el general no fue escogido al azar, sino que esa es la forma en que la senadora frenteamplista Constanza Moreira se refiere al sistema empleado por el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM), la llamado Caja Militar, quien más de una vez ha señalado que las jubilaciones de los militares constituyen «un privilegio».
«La realidad es que las Fuerzas Armadas han permanecido intocadas en sus privilegios jubilatorios en las últimas cuatro décadas; la ley Orgánica Militar que establece su régimen jubilatorio data de 1974 y no ha recibido modificaciones sustanciales», escribió Moreira en una reciente columna en Montevideo portal.
Y agregó en la misma ocasión que «la Caja Militar es financiada por todos. Las contribuciones de las FF.AA. a su sistema de retiros y pensiones solo logra solventar el 15%, el 85% restante lo solventan todos los uruguayos y uruguayas». El tema del déficit de la Caja Militar ha sido discutido incluso en el seno de la bancada del Frente Amplio desde fines del año pasado, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas envió un proyecto al Parlamento creando un impuesto a las jubilaciones de los retirados militares para abatir el déficit del SRPM antes de reformarlo.
Incluso, a mediados de enero el ministro Danilo Astori insistió en la necesidad de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que dispone la aplicación de un impuesto a los retiros y pensiones que cobran los militares. Pero en ese momento se le hizo llegar un mensaje categórico: la iniciativa no tenía los votos para ser aprobada en la Cámara de Diputados porque había varios legisladores oficialistas que no acompañaban más impuestos porque decían que eso le daría argumentos a la oposición para criticarlos. Simultáneamente, las asociaciones de retirados de las FF.AA. han venido analizando el tema y preparan juicios de inconstitucionalidad.
«Privilegiados».
Ayer en la sede del Comando del Ejército, Manini Ríos pareció responderle directamente a Moreira, sin nombrarla, y a quienes sostienen que la Caja Militar presen-ta un déficit anual de unos US$ 400 millones, algo que los militares niegan. «En los últimos tiempos se han escuchado voces preocupadas por los privilegios de los militares. Sí señores, los 15.000 hombres y mujeres que integran el Ejército nacional son verdaderos privilegiados», dijo el comandante en jefe al final de su discurso con motivo de la celebración.
Los militares «tuvieron el privilegio de evacuar un 23 de diciembre a miles de vecinos de Artigas sorprendidos por la creciente más rápida de la historia. Tienen el privilegio de estar los 365 días del año al servicio de la sociedad de la que provienen y no reclamar por ello compensación ni trato especial alguno. Tuvieron el privilegio de llegar primero a Dolores el día más negro de su historia y de cortar con los saqueos; tuvieron el enorme privilegio de ser saludados por los montevideanos cuando, mientras todos festejaban el año nuevo, ellos trabajaban para alejar la emergencia sanitaria de la ciudad», reseñó el jefe de la fuerza de tierra.
Y agregó que «tienen el privilegio de llevar en su brazo la bandera uruguaya a los rincones más apartados del planeta, de recibir la sonrisa de un niño haitiano o camboyano, que encontraron en ellos el cariño que la vida les negó».
La conclusión del militar fue que «tienen el privilegio de sentirse no funcionarios sino servidores del Estado, y de asistir en silencio a las discusiones sobre su futuro, muchas veces teñidas de falsedades y tergiversaciones malintencionadas». Tras esta frase hubo aplausos en el acto. Otra frase que levantó aplausos fue cuando Manini Ríos concluyó que los militares «tienen el privilegio de vivir su pobreza con dignidad y lucir con orgullo el uniforme que para ellos es su vida».
En tanto, el ministro de Defensa Jorge Menéndez compartió el análisis del jefe castrense al sostener que «el privilegio» que tienen los soldados «es poder servir a la patria». El general Manini Ríos anunció que habrá un Liceo Militar en Tacuarembó, que se construirá este año el edificio y que ello obedece a «un reclamo creciente de la sociedad». También sostuvo que a partir de la venta de activos prescindibles se permitió la compra de una nueva sede para la Brigada de Infantería 5 en Durazno.
Mano abierta.
Asimismo, Manini Ríos expresó que el Ejército Nacional lleva como estandarte «la bandera artiguista, que representa la defensa de los más frágiles, de los marginados, excluidos, de los condenados a la desesperanza, a la nada, lo que conduce inexorablemente a la cultura de la muerte, del ocio, a la droga y al delito». En otro tramo de su discurso, el comandante en jefe del Ejército sostuvo que se debe «encontrar la patria que Artigas soñó, esa patria que tanto molestó a las elites oligárquicas de su época, y en esa búsqueda sentimos que el arma tiene un rol protagónico a desempeñar». Ante ello, el jefe militar dijo que el Ejército «ofrece su mano abierta y sus capacidades para contribuir a solucionar los problemas reales que hoy tiene la población».
«Otros casos de apología del delito no son tratados igual».
El coronel retirado Carlos Silva, presidente del Centro Militar (CM), dijo que la entidad espera con preocupación el fallo de la Justicia sobre el pedido fiscal de procesamiento del general retirado Raúl Mermot por un delito de apología de tortura, más teniendo en cuenta que «ha habido otros casos de dirigentes de izquierda que también han hecho apología del delito» y «la justicia no actúa de la misma forma».
El mes pasado el diputado Luis Puig y Sandro Soba, ambos integrantes del PVP, presentaron una denuncia penal por apología del delito de torturas y amenazas a la Justicia contra Mermot, presidente del Círculo Militar.
«Ha habido muchas declaraciones que podrían considerarse apología del crimen por parte de personas de izquierda que no han sido tratadas de la misma forma como el caso del general Mermot», dijo Silva a El País. «Eso marca una clara diferenciación de cosas que son parecidas», afirmó. Para los militares retirados lo que sucede con Mermot «es algo muy raro porque pensamos que se afecta la libertad de expresión. Además, se analiza palabra por palabra», dijo. «No quiero nombrar a nadie pero ha habido gente de izquierda que dijo que había matado a fulano o a mengano y nada», resumió.
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2) Fiscal pidió la condena del general Mermot por “apología del delito”
(Caras y Caretas)
El fiscal Pablo Rivas solicitó, este miércoles, la condena del general (r) Raúl Mermot, por un delito de “apología de hechos pasados”, por sus recientes declaraciones durante la última conmemoración del “Día de los Caídos”. El representante del Ministerio Público valoró que sus dichos implicaron una justificación de las “torturas” cometidas durante la dictadura y solicitó la pena máxima: 24 meses de prisión. Sin embargo, Rivas descartó acusarlo por el delito de “amenazas”.
El pasado 14 de abril, Mermot consideró como “infame” el reciente procesamiento con prisión del coronel (r) Rodolfo Gregorio Álvarez –sobrino del dictador Gregorio “Goyo” Álvarez- como cómplice de actos de tortura, al tiempo que reconoció que durante la dictadura “hubo excesos” de parte de las Fuerzas Armadas, pero dijo que no puede hablarse de tortura. “Me consta en lo personal que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”, expresó Mermot.
En este marco, el diputado Luis Puig (Frente Amplio) y Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba, ambos integrantes del PVP, presentaron una denuncia penal en su contra por un presunto delito de “apología del delito” y “amenazas”. Ante esto, la jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, dispuso la citación de Mermot en calidad de indagado. La audiencia se realizó este miércoles.
En audiencia, Mermot explicó el contexto de sus palabras, reiteró que a su criterio existen diferencias entre “apremio físico” y “tortura” e insistió que no pretendió justificar ninguna de estas conductas. “Debo decir que tengo un concepto de lo que es apremio físico o tortura, son cosas distintas a mi criterio y de ninguna manera los justifico, ni los apremios ni tortura ni los excesos, que dije que hubo excesos de ambas partes, pero no puedo precisar que tipo de excesos ni estar de acuerdo con los mismos”, expresó Mermot, según el acta de audiencia a la que accedió Caras y Caretas Portal.
La jueza le preguntó por qué dijo que no se debía confundir tortura con apremio físico: “No justifico a ninguno de los dos, ni la tortura ni apremio físico”, contestó. ¿Dejar a una persona detenida un tiempo prudencial como dijo es tortura o apremio físico? “Es apremio físico pero también puede ser tortura, depende del contexto en que se éste hablando”, argumento. Y afirmó que dijo eso “como ejemplo”. “En esa entrevista me preguntaron sobre si había tortura o no, las preguntas me (las) hizo la prensa, respondí a lo que me preguntaron en el momento. Contesté libremente, nadie me obligó”.
“Yo niego haberlo justificado, no lo justifique. Yo si lo dije”, insistió Mermot. “Vuelvo a repetir fue una instancia que mencioné al pasar, porque el tema fue rápido, una charla muy fugaz y comenté como un ejemplo de lo que podía pasar. Podría haber dicho un tiempo prudencial o un plazo de días. Dije lo que podía ser un apremio físico. Hay tiempos legales para tener a un detenido, pero no me refería a un tiempo especial o específico”.
En esta línea, Mermot fue interrogado sobre su concepto de tortura: “En principio, que no comparto para nada, es el sufrimiento de un detenido que está sometido a una prisión y se le tortura en busca de procurar información. Lo que se me ocurre que ha pasado en otros países también. En estado de guerra la información es un principio de la guerra y la forma de obtenerla, a veces, es por otros medios”.
En tanto, en otra etapa, el militar insistió con sus críticas al accionar de la Justicia, ya que a su entender “hay una especie de sentimiento de venganza” contra los militares, lo que derivó en que varios fueran procesados en base a un sólo testimonio de cargo. Esa situación “me lleva a mi a decir que la Justicia dio por semi-plena prueba ese testimonio, que ese testimonio llegó a formar la figura de la convicción y como no lo entiendo, no estoy de acuerdo”.
Él testimonio de Mermot no cambió la postura de la Fiscalía, que procedió a solicitar su condena por un delito de “apología de hechos del pasado” (o “apología del delito”). En este sentido, Rivas recordó que la tortura fue una práctica habitual durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, lo que está probado en diversos expedientes tramitados en los tribunales uruguayos.
La justificación
En su dictamen, el fiscal Rivas detalló algunas de las principales prácticas de tortura durante la dictadura (como el plantón, la picana eléctrica, caballete, violencia sexual y golpizas, entre otras). “Lo que Mermot llama ‘aprecios físicos’, en nuestro ordenamiento jurídico se define como tortura, más allá de que se pretenda establecer una diferenciación entre ambos conceptos, sin definir o describir uno y otro. La descripción de una decisión de un agente estatal de ‘cansar’ a un detenido con la finalidad de que ‘pueda hablar’ encuadra sin esfuerzo en el concepto de tortura, como trata inhumano, cruel y degradante que es”, expresó Rivas, según el dictamen al que accedió Caras y Caretas Portal.
Rivas valoró que Mermot “se refirió sin duda alguna, a hecho ocurridos en el país, durante la dictadura y que se pueden calificar como crímenes de lesa humanidad (o que hubieran sido calificados como tales de haber estado vigente la ley 18.026 en la época del gobierno de facto). Se refirió concretamente a la tortura que fuera aplicada por los agentes estatales aprehensores en forma masiva y metódica contra los detenidos”.
Y compartió la tesis esgrimida por los denunciantes: “cuando lo que se justifica o defiende es un crimen de lesa humanidad, el autor debe ser responsabilizado penalmente […] Cuando se elogia una conducta criminal gravísima, se estimula la violación presente o futura de los derechos humanos, por lo que ejercer el control penal sobre tales discursos aparece como social y culturalmente necesario tal como advirtió el legislador en 2006 al sancionar este delito”.
Sin embargo, Rivas rechazó acusar por el delito de “amenazas”, ya que en los dichos de Mermot no se individualiza a él o los sujetos pasivos de esa amenaza y que se trata de un delito perseguible a instancias del ofendido. Además, Rivas destacó que al tratarse de expresiones vertidas a través de un medio de comunicación se debe “extremar cautela” al interpretarlas de forma de no violentar el derecho a la libertad de expresión de las personas.
Una expresión sólo puede ser objeto de condena cuando existe una “configuración irrefragable”. “Esa plena configuración se da en el caso del delito de apología de hechos pasados, no así en los restantes términos vertidos por el denunciado en rueda de prensa, los cuáles considero que deben ser interpretados como una crítica a funcionarios públicos y dentro de ellos a magistrados judiciales y las sentencias que de ellos emanan”.
La libertad de expresión “incluye el derecho a criticar libremente a los funcionarios de gobierno y a los magistrados por el alcance de sus sentencias. Así se ha consagrado en abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales, entendiendo que el debate de los asuntos públicos debe ser desinhibido y abierto y puede incluir ataques vehementes, cáusticos y punzantes al gobierno y sus funcionarios”, concluyó Rivas.
Libertad de expresión
A su turno, la defensa de Mermot -ejercida por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posadas- cuestionó la acusación de la Fiscalía y solicitó la absolución de su cliente. Se argumentó que Mermot “en ningún caso hizo una defensa o apología de hechos de tortura sino que su intervención pública se limitó a distinguir cuando estamos ante un caso de tortura y cuando estamos ante un caso en lo que para él (una persona no experta en asuntos jurídicos) no lo estamos”.
“Su actitud no consistió en una defensa ni una justificación de hechos delictivos, se limitó a responder preguntas formuladas por medios de prensa a los cuales el ni siquiera había convocado. Hacer lugar al pedido fiscal implicaría en este caso, atentar contra el derecho que tiene nuestro defendido a la libre expresión, bien jurídico de destacada relevancia a nivel local e internacional. Toda persona tiene derecho a emitir públicamente sus opiniones y consideraciones y en este caso dichas opiniones no son suficientes para configurar el verbo típico exigido por la figura toda vez que no fueron ni objetiva ni subjetivamente una apología de hechos considerados delictivos”, se aseveró.
En este contexto, la jueza Rieiro -que está de turno esta semana- dispuso prorrogar la resolución por 48 horas y fijó una nueva audiencia para este viernes 19, a las 17:00 horas. Ese día, la jueza Rieiro fijará su posición, ya sea aceptando el pedido de la Fiscalía o disponiendo la absolución del general Mermot.
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3) Ministros del Interior colorados: no tenían conocimiento
(La Diaria)
Ayer de tarde, Antonio Marchesano, ministro del Interior entre 1986 y 1989, y Raúl Iturria, ministro de Defensa Nacional entre 1995 y 1998, comparecieron ante la comisión que investiga los “posibles actos de inteligencia de Estado” desde 1985 hasta la actualidad. El diputado frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista) dijo a la diaria que ambos ex jerarcas manifestaron que “no tenían conocimiento de las labores de inteligencia” que se hacían a partidos políticos y organizaciones sociales. Núñez dijo que le “asombra” que direcciones que son designadas por el Poder Ejecutivo y dependen políticamente del Ministerio de Defensa Nacional “no hayan sido lo suficientemente controladas en torno a sus labores”, y agregó que eso muestra “niveles de autonomía muy preocupantes”.
El diputado subrayó que ayer presentó documentos salidos del “archivo Berrutti” (se le denomina así porque fue encontrado en 2007, durante la gestión de Azucena Berrutti como ministra de Defensa Nacional), que muestran una “clara labor de inteligencia” sobre partidos políticos y gremios. Por ejemplo, uno de los documentos tiene archivos microfilmados en 1997, en los que hay un informe sobre cómo se iban a posicionar el Sindicato Médico del Uruguay, la Facultad de Medicina y el Partido Comunista “en torno a los médicos militares, sobre todo a los que actuaron en dictadura”, dijo Núñez, y agregó que en esos años “alguien autorizó esa microfilmación y quienes fueron designados a las tareas de inteligencia debieron dar cuenta de que estas labores no estaban al amparo de la ley”.
Otro ejemplo que llevó el diputado a la comisión es un informe de 1998 en el que se notificaba de una actividad que organizaba el Frente Amplio “sobre Defensa y las Fuerzas Armadas”, que contó con la “infiltración de algún militar”. “Se informó cuándo culminó la reunión y se hizo un seguimiento a algunas personas que habían participado. Pusieron los domicilios e hicieron un conjunto de fichajes sobre cada uno de los participantes”, dijo el diputado.
Por último, Núñez manifestó a la diaria que la investigación de la comisión va a continuar con la citación de los demás ex titulares de los ministerios de Defensa Nacional e Interior, en orden cronológico, desde 1985 hasta la fecha. “Y después, seguramente, citaremos a responsables militares, que han tenido responsabilidades importantes en estos asuntos”, afirmó.
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4) El Pit-Cnt propone subir IRAE y Patrimonio
(El País)
Buscan que se aumenten US$ 600 millones en ingresos cada año o reasignar gastos por ese monto.
El Pit-Cnt entiende que la presión tributaria en Uruguay es más baja que en los países vecinos y que existe margen para incrementarla, en particular revisando exoneraciones tributarias existentes hoy por US$ 1.400 millones, subiendo de 25% a 30% el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y mejorando sustancialmente lo que hoy recauda el Impuesto al Patrimonio también eliminando «agujeros» a este tributo.
Estas modificaciones serían necesarias si el gobierno pretende cumplir con sus compromisos electorales, entre los que se destacan asignar un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, un punto a investigación y desarrollo, igualar el gasto por persona de ASSE al de las mutualistas y asignar US$ 1.300 millones a viviendas, señala el Pit-Cnt.
Las ideas están contenidas en un documento titulado «El Dilema Presupuestal» que presentó ayer el Instituto Cuesta-Duarte de la central a través del exministro de Salud y de Desarrollo Social, Daniel Olesker. El documento fue concebido como un insumo para los sindicatos públicos ante la inminente negociación de la Rendición de Cuentas. Como premisa de análisis, Olesker sostuvo que «la relación entre gravámenes al capital y al trabajo está desbalanceada» y se debe modificar.
Olesker apuntó en la presentación del trabajo a que la recaudación del Impuesto al Patrimonio equivale solamente al 6% de lo que ingresa a la Dirección General Impositiva (DGI) y que en el caso del que grava a las personas físicas, hoy en 0,7%, está previsto llevarlo al 0,1% en 2020, lo que equivale a su virtual eliminación. Para Olesker también debe considerarse que se paga sobre aforos en general subvaluados y que el mínimo no imponible en el ca-so de la propiedad de la tierra es demasiado alto (US$ 1,5 millones). «Si se corrigiera o detuvieran algunas de estas inequidades podríamos tener un Impuesto al Patrimonio más justo y sin tantos agujeros que lo terminan desvirtuando», opina la central.
El Pit-Cnt también cree que se debe establecer la progresionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a las rentas de capital. Como ejemplo de una situación a corregir mencionó lo que ocurre con la carga impositiva que deben pagar los propietarios que cobran alquileres: deben pagar 12% tanto quienes perciben un arriendo de $ 20.000 como aquellos que reciben $ 200.000.
Los técnicos del Cuesta-Duarte insisten también con la idea de utilizar parte de las reservas internacionales de libre disponibilidad de que dispone el país —en un monto que no precisaron— para financiar obras de infraestructura. «Uruguay tiene un nivel de reservas muy alto . (…) Los activos de reserva hoy son US$ 13.000 millones. Obviamente, no todos son de libre disponibilidad (…) Los que son, andan entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones. Todavía siguen siendo más o menos importantes. Tienen la restricción de que con eso no se pueden financiar aumento de salarios. (…) Todo puede ayudar en la resolución de la brecha presupuestal», opinó Olesker.
El Pit-Cnt también considera que deberían revisarse exoneraciones al IRAE, al Patrimonio y el IRPF al capital que suman US$ 1.400 millones. «Estas renuncias podían ser justificadas en el marco de crisis muy profundas como la del 2002 que obligaba a grandes sacrificios, pero por suerte esta no es la realidad de hoy», señala el documento. Entre las exoneraciones a revisar que mencionó Olesker están la que beneficia a los tenedores de deuda pública porque pesa mucho y las que se aplican a los aportes de las empresas a la educación, que suman US$ 8 millones anuales y cuya eliminación tendría un efecto fiscal inmediato. El conjunto de las exoneraciones pesa seis puntos en el PIB, pero tres de esos puntos corresponden a desgravaciones de IVA a productos básicos que no deberían eliminarse. Las exoneraciones al capital, entonces, representan tres puntos del Producto.
Para los técnicos del «Cuesta-Duarte» se deberían aumentar recursos y/o redistribuir presupuestaciones a razón de US$ 600 millones anuales. El «dilema» debe resolverse en la Rendición de Cuentas de este año, de lo contrario, los gastos quedan congelados, dice el documento. Cuantifica que el gasto en educación debería triplicarse en los tres años restantes de este gobierno, llegando a US$ 270 millones anuales.
Exoneraciones aplicadas «como un chicle»
La dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Virginia García, cuestionó la aplicación del artículo 69 de la Constitución que establece exoneraciones a la educación privada porque «ha sido estirado como un chicle (…) Hoy por hoy eso no tiene sentido. En una especie de sobreinterpretación, que rogamos a los compañeros que por favor se aclare esto de una buena vez por todas, estos tipos no pagan aportes patronales al BPS que no son impuestos (…) Las instituciones educativas privadas están teniendo una ganancia disparatada. Prácticamente no tienen más gasto que el sueldo limpio y algunas cuestiones de instalaciones. Y les aviso, por otra parte, que alrededor del 90% de las instituciones privadas no tienen la habilitación definitiva de Secundaria, porque siempre hay algo que les falta y hablamos de algunas instituciones que tienen 80 o 90 años en el país», dijo. «volviendo a cobrarles lo que se tiene que cobrar estamos dando el mensaje político muy importante de que el Pit-Cnt defiende la educación pública» sostuvo.
MSP: quieren un mínimo de $ 30.000
La Federación de Funcionarios de Salud Pública reclamará durante la discusión de la Rendición de Cuentas un salario de $ 30.000 nominales como sueldo de ingreso para quienes trabajen 36 horas semanales. Se beneficiarían 12.248 funcionarios de un universo de 21.350. Para quienes perciben entre $ 30.000 nominales y $ 60.000 pide un aumento de 10%. El sindicato también reclama una canasta de $ 5.000 para fin de año para quienes perciban menos de $ 60.000 nominales. Se beneficiarían 19.326 funcionarios. También pide el sindicato licencias especiales por violencia doméstica. Y propone el ingreso de 300 trabajadores cada año en 2018, 2019 y 2020. El sindicato cree que la reforma de la salud está estancada aunque admite mejoras.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE MAYO DE 2017
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5) “El desarrollo económico moderno es impensable sin la expansión del gasto público”
Lucas Silva y Natalia Uval (Dínamo)
Su vasta trayectoria académica incluye haber sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, ser catedrático de Historia Económica y Social, y profesor de la Licenciatura en Desarrollo. Desde hace muchos años, la desigualdad, la transformación productiva y el desarrollo están en el centro de sus intereses. El sociólogo Luis Bértola conversó con Dínamo sobre la matriz productiva uruguaya, sus cambios más recientes y la necesidad de “estabilidad y perseverancia” en las políticas.
–¿Es pertinente y necesario el debate sobre la composición de la matriz productiva?
-Es indispensable. Seguimos teniendo problemas con nuestro patrón de especialización y con la generación de empleo de calidad. Es necesario afinar las políticas para direccionarlas más hacia estos objetivos de cambio estructural. Esto ha sido reconocido por la reciente ley que habla de transformación productiva y competitividad.
–¿Ha habido un cambio en la matriz productiva de Uruguay en los últimos diez años?
-Sí que lo hubo. No siempre en la dirección más deseada, pero hubo cambios importantes. Este es un tema complejo, según se miren los precios corrientes o constantes. Los sectores con mayor crecimiento de la productividad del trabajo (telecomunicaciones y algunos sectores de la industria) han mostrado peores precios relativos, por lo que su peso en la estructura disminuyó. Por el contrario, han ganado peso sectores que fueron detrás del aumento de precios, sin necesariamente mostrar importantes aumentos de productividad. Ello ha mantenido su peso en la estructura. Lo típico es el sector agrario. Puede que lo más destacado sea la expansión de los servicios globales, además de la obvia aparición de las pasteras y la expansión de la soja. Finalmente, no puede dejar de destacarse la transformación de la matriz productiva, en especial el desarrollo de la energía eólica. Esto es el fruto de la acción del Estado, de una estrategia de largo plazo, que contribuyó a reducir significativamente el costo de producción de energía eléctrica y a generar procesos de aprendizajes diversos, que hoy permiten exportar no solamente energía, sino también servicios conexos.
–¿Existe efectivamente una asociación entre industrialización y desarrollo?
-En perspectiva histórica no puede caber dudas de que el enorme despliegue productivo de los dos últimos siglos ha ido de la mano de un profundo proceso de cambio estructural, primero liderado por la industria, luego, por los servicios, especialmente los servicios modernos, que reposan en un gran desarrollo tecnológico y en portadores industriales. La reciente expansión de China se produce gracias a una gran expansión de su sector industrial. Sin embargo, se sabe que ha habido un proceso global de desindustrialización, en parte por el gran aumento de la productividad del sector. Es importante distinguir la industria manufacturera de la industria en general. La industria es un concepto más amplio, que incorpora a muchos otros sectores: construcción, suministro de electricidad, gas, agua, e incluye el tan difuso tema de las nanotecnologías, las biotecnologías, las TIC, etcétera. Cuando hoy se habla de política industrial, se refiere al desarrollo de políticas que no sólo generen ámbitos favorables para el sector productivo en general, sino que además hacen apuestas sectoriales, en actividades en las que, por distintas razones, se entiende que han de jugar un rol destacado, y que pueden acelerar y dinamizar al conjunto del tejido productivo. Entonces, sin desmerecer en lo más mínimo el rol que la industria manufacturera ha seguido y seguirá jugando, las políticas industriales no refieren ni exclusiva ni necesariamente de manera primordial a la industria manufacturera. El mencionado caso de los aerogeneradores es un buen ejemplo. En todo caso, la existencia de sectores industriales dinámicos e insertos en el mercado internacional siempre es un empuje al desarrollo. Entonces, las políticas deben ser de largo aliento y apuntar a generar infraestructuras, capital humano y condiciones de mercado para desarrollar nucleamientos de empresas de alta tecnología que puedan volcarse competitivamente al mercado mundial.
–En 2013, en una entrevista con Búsqueda, usted advertía acerca del riesgo de caer en una etapa de estancamiento económico similar al de la década del 60. ¿Qué puede decirnos de aquel vaticinio?
-Creo que el riesgo está latente. En ese momento mi intención era doble. En primer lugar, quería descartar que estuviéramos frente a una crisis como la de 1929, la de 1981 o la de 2002. No nos íbamos en picada. En segundo lugar, aclarar que las tasas de crecimiento de la década anterior no eran lo normal, que ese período no representaba una nueva normalidad para Uruguay, como a veces se quería creer, y que sobre nuestro patrón de especialización productiva no íbamos a poder sostener un proceso constante de acercamiento a los niveles de PIB per cápita de los países desarrollados. No se trata de hacer adivinanzas. El riesgo de mantenernos en tasas de crecimiento cercanas al 1% está latente, pero no es un destino irreversible. Dependerá de muchos factores externos e internos, muchos de ellos políticos. Anteriormente yo había afirmado que tendíamos hacia una tasa de crecimiento del 2%, 2,5%. Creo que ese debería ser nuestro equilibrio en la próxima década, si no producimos cambios importantes. No está mal, pero con esas tasas crecemos menos que los países emergentes y no nos acercamos a los desarrollados.
–También dijo en aquella oportunidad que la creciente primarización de la economía uruguaya estaba siendo un obstáculo para dar un salto. ¿Sigue haciendo el mismo diagnóstico? ¿Qué políticas públicas podrían haber ayudado o pueden ayudar a superar este obstáculo?
-Sí, sigo pensando lo mismo. No soy de los que creen que hay que darle la espalda al sector primario, ni de los que creen que hay que basarse en él para extraer recursos, distribuir sus ingresos entre la población mediante políticas sociales y así eliminar la pobreza y la desigualdad. Soy de los que creen que a esos sectores debemos agregar muchos otros y que esa debe ser una política persistente, con miras de largo plazo y sin esperar resultados inmediatos. Para eso se precisa estabilidad y perseverancia en las políticas, amplios acuerdos y paciencia. Nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer ni cómo hacerlo. No hay gurúes para eso. Lo que se precisa es la convicción para intentarlo todo el tiempo, aprovechando las oportunidades que se van generando y adaptándose a los cambios que se van produciendo. Pero lo que es claro es que en base a esta estructura que tenemos no daremos un salto radical, como es necesario.
–Al comienzo de 2017 se habló de la crisis de dos importantes industrias: Fanapel y el molino Dolores. ¿Encuentra algún patrón o una tendencia en estas situaciones, o se trata de casos puntuales?
-No conozco en detalle estos casos. Tengo entendido que en el caso de Fanapel el cierre no era consensuado; ello muestra los problemas que se generan cuando perdemos cohesión y emprendedurismo nacional. Fanapel era parte de un complejo productivo supranacional, y en esa lógica se perdió el interés por la producción en Uruguay. Debemos estar preparados ante estas lógicas. Sin embargo, lo que es de lamentar es que en cada ciclo expansivo una buena parte de nuestro empresariado decida vender sus activos, obtener ganancias en el corto plazo y desacumular capacidades empresariales domésticas. Creo que lo sucedido desde los años 90 en este plano merece una buena investigación. De todas formas, el desarrollo económico supone cambio estructural, y este cambio implica que haya nuevas empresas que surjan y viejas que desaparezcan. No se debe tener una visión muy nostálgica y pretender conservar todo. Lo importante es que surjan nuevas oportunidades, talentos y empresas, y que haya políticas que lo promuevan y ayuden a la transformación, tanto de las empresas y los empresarios como de la formación de capital humano.
–¿Cuáles son los posibles impactos que podría tener una tercera planta de celulosa? ¿Cómo evalúa el proceso de negociación del Ejecutivo?
-No conozco detalles de la negociación como para opinar. Una nueva planta tendrá un impacto positivo: dará salida a la materia prima de la región noreste; acelerará la transformación de plantaciones de pinos a eucaliptus, ya que los primeros no han podido ser aprovechados adecuadamente en la transformación industrial y no han encontrado una demanda muy dinámica; generará un aumento de una sola vez del Producto Interno Bruto, y ayudará marginalmente a aumentar la productividad agregada. Sin embargo, no producirá ningún cambio de tendencia de largo plazo, no tendrá un fuerte impacto en el empleo más que durante el período de instalación de la planta, y tendrá impactos ambientales ya conocidos. No tengo claro qué externalidades positivas podrá generar en la red ferroviaria. De todas formas, los regímenes de zona franca en los que se han amparado estos emprendimientos llevan a disminuir el derrame de beneficios para el país. Las negociaciones con Montes del Plata presentaron algunas mejorías con respecto a las de Botnia; supongo que se habrá seguido avanzando en esta negociación y que se evitará negociar de manera muy presionada por la necesidad de concretar inversiones extranjeras. De todas formas, a corto plazo se sentirá el impacto; a largo plazo, debería estar más claro cómo este tipo de emprendimiento se inserta y articula con una estrategia de desarrollo.
–¿Qué opina del rol que viene jugando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la administración de Tabaré Vázquez? ¿Hay un cambio respecto de la gestión anterior, por ejemplo en cuanto al vínculo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?
-Cambios hay. En la administración anterior, la OPP formaba parte de una especie de bloque alternativo a las políticas del MEF. En la administración actual hay más armonía. A su vez, mientras que en la administración anterior se hizo más énfasis en los aspectos distributivos y se descuidó el tema de la planificación de largo plazo, en la administración actual se volvió a pensar en esos temas y se creó la Dirección de Planificación Económica, que hace estudios prospectivos destinados a elaborar un plan de desarrollo. Los resultados son por ahora incipientes y, como decía antes, solo los habrá si esa política se mantiene en el tiempo, madura, evoluciona y se acumula. De lo contrario, los esfuerzos actuales no servirán de mucho. Es necesario conseguir amplios respaldos políticos para esas iniciativas y asegurarles continuidad.
–En pocos días el Ejecutivo reglamentará el Sistema de Transformación Productiva y Competitividad. ¿Qué expectativas tiene sobre el trabajo que puedan llevar adelante las secretarías de Ciencia y Tecnología y la de Transformación Productiva y Competitividad?
-Mi principal expectativa es que ambas secretarías actúen sistémicamente, es decir, que se articulen, cooperen; que haya un liderazgo que asegure que, si bien tienen cometidos específicos diferentes y deben manejar instrumentos y lógicas un tanto diferentes, ambas sean parte de una misma estrategia de desarrollo. Por el contrario, si se consuma un divorcio, si tenemos políticas científico-tecnológicas separadas de las de producción e innovación, y políticas productivas que no valoran ni se apoyan en el desarrollo científico-tecnológico y no reconocen la importancia de desarrollar capacidades locales en ese plano, estamos desperdiciando potencialidades de desarrollo. Lo deseable es que la articulación de estas secretarías se produzca en el contexto de estrategias de desarrollo de largo plazo, a las que ambas contribuyan desde sus competencias.
–A pesar de lo anunciado en campaña, ¿piensa que el gobierno debería aplicar nuevos cambios impositivos? ¿En qué áreas? ¿Qué pasa con las exoneraciones impositivas?, ¿hay margen para innovaciones en ese terreno?
-Creo que el gobierno ha dado señales de que es necesario perfeccionar los sistemas de incentivos, ser más selectivos. Soy de los que creen que aún hay mucho espacio para las políticas fiscales. Creía eso especialmente en el período expansivo. Ahí era más fácil avanzar en esa dirección, pero, claro, elecciones mediante no era fácil. En las crisis es más difícil hacerlo, y más necesario. Este es un tema delicado, porque va de la mano de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Uruguay es un paraíso desde el punto de vista de la corrupción si nos comparamos con la región. Sin embargo, sin ser ningún desastre, es mucho lo que se puede ganar en eficiencia de la gestión; ese es un prerrequisito para generar la autoridad moral y política para recaudar mayores impuestos. El desarrollo económico moderno ha mostrado, contundentemente, que el aumento del gasto público no inhibe, sino que potencia el desarrollo económico; el desarrollo económico moderno es impensable sin la expansión del gasto público y, por ende, de la recaudación fiscal. En esa dirección hay que ir, redistribuyendo, invirtiendo bien y gestionando mejor.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE MAYO DE 2017
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