2) Acuerdo Mercosur/Unión Europea es todavía peor que el Alca
3) A un año de “NiUnaMenos Perú”: Avances y retrocesos /Liz Meléndez
4) Colombia y las multinacionales mineras /Sergio Ferrari
5) Siguen prófugos el autor del atentado en Barcelona y el líder de la célula terrorista, que el gobierno considera “desarticulada”
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1835 – martes 22.08.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) ENSAÑAMIENTO
La Diaria – 17. 08. 2017
La jueza Mariana Mota fue elegida el 1º de agosto como una de las cinco integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Por lo tanto, el 7 de agosto presentó una reserva del cargo como jueza, ya que su desempeño en la INDDHH es incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional, según el artículo 251 de la Constitución de la República: “Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente”.
Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió que “no corresponde hacer lugar a la solicitud planteada” por Mota, ya que “quien ocupa un cargo dentro de la judicatura tiene una incompatibilidad absoluta para ejercer otra función pública retribuida”, y se argumenta que el artículo 251 de la Constitución “pertenece al cuerpo normativo de máxima jerarquía y resuelve el punto de manera categórica e inequívoca”.
En declaraciones a la diaria, Mota argumentó su posición para pedir la reserva: “Si se produce la suspensión del cargo, significa que no hay ejercicio. Por ejemplo, cuando un funcionario es sumariado y separado del cargo con suspensión, nadie piensa que esa persona puede ir a trabajar o cobrar el sueldo (en el caso que se le suspenda también el sueldo), por lo tanto, no hay incompatibilidad, porque el cargo de juez está suspendido y no se ejerce, y sí [se ejerce] el de la INDDHH”, subrayó.
Por último, Mota señaló que en los próximos días recurrirá la resolución de la SCJ y que, además, quizá tenga que renunciar a su cargo de jueza para entrar en la INDDHH.
La Diaria (Uruguay)
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2) ACUERDO MERCOSUR/UNIÓN EUROPEA ES TODAVÍA PEOR QUE EL ALCA
Notícias Adital – 28/09/2004
En un comunicado, Vía Campesina alerta a todos los brasileros sobre las negociaciones del Acuerdo Mercosur/Unión Europea. En este documento, hacen un balance sobre lo que podrá ser aprobado y lo que fue discutido del 20 al 24 de septiembre en la reunión de Bruselas, poco divulgada en los grandes medios de comunicación Alertan, que mientras la sociedad brasilera concentra su atención en las elecciones y los movimientos sociales se dispersan, los "representantes" gubernamentales ven en este clima, el momento ideal para acelerar el proceso negociador entre el Mercosur y la Unión Europea, sin consulta a ningún sector de esta sociedad.
Del 20 al 24 de septiembre los negociadores de esas dos regiones se reunieron en Bruselas para presentar las ofertas de tarifas y procesos de integración. Para Vía Campesina, en las negociaciones con el ALCA los diplomáticos brasileros tuvieron prudencia, en el caso de la Unión Europea, se comportaron "como comerciantes de segunda categoría". Las negociaciones fueron tan apresuradas e imprudentes que el representante del Ministerio de Desarrollo Agrario, se retiró de las negociaciones en actitud de protesta. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y sus comisionados, terminan sus mandatos el 31 de octubre, cuando un nuevo equipo representando a la Europa de los 25 asumirá las negociaciones. Por ese motivo, hay prisa en cerrar el Acuerdo antes de esa fecha. Pero el Mercosur, presidido por Brasil, pidió la suspensión de la reunión debido al retroceso en las posiciones europeas, especialmente en relación a las ofertas agrícolas. La interrupción, entretanto, no significó una ruptura en las negociaciones. Para algunos especialistas si el acuerdo no fuera cerrado en octubre – el cambio de comisionados europeos que incluirá a los representados de los diez nuevos miembros del Este Europeo, que están en contra de este acuerdo – difícilmente habrá progreso en las negociaciones. El Acuerdo El documento de Vía Campesina afirma que en este acuerdo bi-regional entre el Mercosur y la Unión Europea, Brasil ofreció el 90% del acceso al mercado, lo que implica en la práctica, que los productos europeos entrarán sin pagar derechos, o sea impuesto de importación cero en Brasil por hasta 10 años. Uno de los casos más preocupantes es el de la leche, que es considerado producto sensible por el Mercosur, y tiene hoy una tarifa de impuestos del 27% para la entrada de leche europea en Brasil y en el Mercosur. Mientras tanto, la lista de excepción para productos reconocidamente sensibles del Mercosur no está siendo aplicada al acuerdo bi-regional. La agricultura familiar campesina brasilera es responsable por el 82% de los 1,8 millones de establecimientos productores de leche en Brasil, y por lo menos del 80% de la producción. Si el acuerdo fuese firmado hoy, la alícuota de importación de la leche, que es del 27%, pasaría al 0%. La importación, que hoy ya es alta, sobre todo en la leche en polvo y en el suero en polvo, sería desastrosa y afectaría mucho a los precios nacionales y la vida de millones de pequeños agricultores. En cuanto a la carne: los europeos nos ofrecen cupos de exportación menores de las que tenemos hoy, esto es 116 mil toneladas, cuando exportamos 275 mil toneladas. Si eso no bastase, este cupo es ofrecido no de una sola vez, sino en etapas a lo largo de 10 años, para los cuatro socios del Bloque. Además de esto, también proponen un mecanismo de aumento en el impuesto cuando las exportaciones van creciendo. Esto significa que cuanto más exportemos mayor será el impuesto.
En el sector de servicios, Brasil que está abriéndose totalmente en los sectores de telecomunicaciones, servicios ambientales, financieros, bancarios y seguros, podrá perder terreno ante las empresas multinacionales que podrán operar sin ninguna restricción o condicionamiento en todas esas áreas, controlar esos mercados que son estratégicos para el futuro del país. No hay ninguna apertura de los europeos que permita el acceso de nuestros productos de valor agregado en disputa con los de ellos. El comunicado de Vía Campesina resalta además que el Acuerdo Mercosur-UE sería el primer compromiso internacional que Brasil asumiría en el sector de inversiones. A pesar de que hoy Brasil es un país abierto a la inversión extranjera, un acuerdo en ese sentido retiraría el poder de decisión del Gobierno, de legislar y controlar para proteger los intereses nacionales cuando fuere necesario. En la oferta inicial, el gobierno brasilero introdujo restricciones a inversiones extranjeras en agricultura que pudiesen, eventualmente, comprometer políticas nacionales para la implementación de la reforma agraria, apuntándose sobre todo a proteger el PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) y mantuvo medidas restrictivas en la adquisición de tierras por parte de extranjeros.. Mientras tanto, la UE entregó un documento a Itamaraty donde pide la remoción de la restricción referente a la "reforma agraria" y agricultura, entre otros. Los europeos también quieren garantizar la propiedad intelectual relativa a la identificación geográfica (IG) de vinos, quesos, jamones, etc. Esto equivale a decir que no podríamos producir ningún tipo de queso parmesano, gorgonzola, etc., pues estas IGs ya serían patentes europeas. Ni siquiera podríamos comercializar nuestra "mortadela", porque "mortadela Bologna" tiene protección por medio de Identificación Geográfica.
Noticias Adital
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3) A UN AÑO DE “NIUNAMENOS PERÚ": AVANCES Y RETROCESOS
Liz Meléndez – Noticias Adital, 21/08/2017
La lucha contra la violencia hacia las mujeres en la agenda pública del Estado y frente a la ciudadanía, la viene dando desde hace cuatro décadas el movimiento feminista en sus diferentes expresiones. Ni Una Menos es la evidencia de que esta lucha se encuentra más vigente que nunca, ya que se ha ampliado, diversificado y fortalecido gracias a la pluralidad de voces y mujeres articuladas contra la violencia de género y en defensa de la igualdad y los derechos humanos.
El pasado fin de semana se cumplió el primer aniversario de la histórica marcha #13 que convocó a cerca de un millón de personas en las calles de Lima y en distintas regiones del Perú, para manifestarse contra la violencia, los feminicidios y la impunidad. Este aniversario se conmemoró con la realización de otra movilización (esta vez el 12 de agosto), la cual en tiempo record logró convocar a gran cantidad de personas, colectivos y organizaciones, que a viva voz recordaron una vez más que la violencia- en sus múltiples formas- es discriminación y debe ser adecuadamente atendida, sancionada, prevenida y erradicada
Quienes se dieron cita y animaron esta nueva movilización respondieron al llamado de justicia y a la indignación por las mujeres víctimas de la violencia, las sobrevivientes y las desaparecidas, pero, además, pusieron en evidencia que la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia no puede ser labor de un día, ya que es un camino largo, plagado de obstáculos y de resistencias en un país en el que aún se condensan múltiples desigualdades.
Corresponde preguntarnos entonces cuánto se ha avanzado en la lucha contra la violencia en el último año. A nivel normativo y de políticas nos encontramos en un escenario mixto, pues a la vez que se han dado avances también se han presentado preocupantes retrocesos.
Por ejemplo, si bien se ha impulsado la coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer para articular la atención entre la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer (25 servicios integrados a la fecha), a la par en el Congreso de la República se derogaron los Decretos Legislativos (DL) 1266 y 1267; los cuales buscaban incorporar y fortalecer el enfoque de género en la Ley de Organización y funciones del Ministerio del Interior y en la Ley de la PNP. Por supuesto, esta medida afecta la correcta implementación de los cambios de fondo que se tienen que hacer en las instituciones estatales para promover una mejor atención frente a la violencia. Otra situación lamentable fue la derogación parcial que sufrió el DL N° 1323 en el Congreso, mediante lo cual se pretende dejar sin protección a las personas afectadas por la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Es positiva la aprobación de la Ley N°30609, que elimina los beneficios penitenciarios para los sentenciados por violencia familiar y sexual, y la Ley N° 30628, que mejora las condiciones que tienen las mujeres para enfrentar los procesos de filiación y por ende la pensión de alimentos. Así mismo, es importante la aprobación del DL N° 005-2017, que determina la creación de Mecanismos para la Igualdad de Género en las entidades públicas del Gobierno Nacional y Regional; y es de especial relevancia la creación de una Comisión de Justicia de Género en el Poder Judicial, orientada a mejorar el juzgamiento de los casos.
Sin embargo, es contradictorio que la Corte Superior de Justicia de Lima, haya cambiado el nombre al Módulo Judicial integrado en Violencia de Género, por Módulo Judicial integrado de Violencia Familiar; ya que se supone que este debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley 30364 (Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar), norma de alcance amplio, orientada no solo a enfrentar la violencia en el ámbito familiar sino la que se presenta en todos los ámbitos de la vida de las mujeres.
Es decir, si bien es cierto se han venido dando avances en el plano de las políticas y normas, también existen sectores conservadores que pretenden poner obstáculos a estos, mediante la derogación de Decretos Legislativos claves en el Congreso, la obstaculización en la implementación del enfoque de género y la difusión de mensajes contrarios a la igualdad y los derechos de todas y todos.
Así mismo, es preocupante que en lo que va del año se hayan reportado 59 feminicidios y 123 tentativas de este delito, lo que representa 11% más que los casos reportados el año pasado.
Casos como el de Solsiret Rodríguez y Shirley Villanueva, dos jóvenes universitarias desaparecidas hace un año y cuatro meses, respectivamente, nos demuestran también la urgencia de reformar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas desde un enfoque de género, que mueva a las autoridades, al Ministerio Público y la Policía Nacional a atender estos casos con la debida diligencia y celeridad, conforme a los estándares internacionales que alertan sobre la necesidad de vincular los casos de desapariciones de mujeres con delitos como el feminicidio o la trata de personas. Esto nos demuestra que, un año después de la histórica marcha contra la violencia y la impunidad de los delitos de género, existe todavía la imperiosa necesidad de que el sistema de justicia siga reformándose de manera sustantiva para garantizar así a las mujeres y sus familiares un acceso efectivo a la justicia, sin discriminación, dilación ni revictimización.
Esta marcha con miles de mujeres en las calles volvió a recordarnos que el camino por recorrer es bastante largo, que las mujeres siguen siendo violentadas en las calles y en sus casas. Por lo tanto, si bien se saluda cada paso a favor de una vida sin violencia, cada retroceso debe ser denunciado y rechazado.
Liz Meléndez, con colaboración de Victoria Solís (CMP Flora Tristán)
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4) COLOMBIA Y LAS MULTINACIONALES MINERAS
El Hatillo, una comunidad en resistencia y con sueños
Sergio Ferrari *
La peor de las suertes de la población de El Hatillo, en el departamento caribeño del César ha sido, paradójicamente, la riqueza de su subsuelo. La pasible actividad campesina y pescadora de sus habitantes vivió un terremoto social cuando arrancó la explotación minera del carbón a cielo abierto en la región. Desde hace más de siete años la comunidad negocia con varias multinacionales extranjeras -entre ellas la Glencore suiza, la CNR y la Drummond- un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR). Espera en un nuevo hábitat poder superar el drama cotidiano actual de la contaminación – y las enfermedades derivadas-, el desplazamiento y el desempleo. Así como la fragilidad alimentaria, la inseguridad y la violación de sus derechos culturales. Tatiana y Francesco Gerber, cooperantes suizos de comundo, acompañan a la comunidad en esta compleja transición apoyando a la organización local ASOCAPROHA.
“Es una realidad muy difícil, con gente desgastada por tantos años de espera, y con el agravante del asesinato el 7 de enero de este año de Aldemar Parra, joven dirigente del proyecto de apicultura sostenido por el PNUD”, explica Tatiana Gerber a manera de introducción. Formada en comunicación y con un Master en Políticas Públicas, acompaña desde su llegada a El Hatillo, hace ya más de dos años, a los 15 representantes comunitarios en la negociación con las empresas. “De ellos 6 han sido amenazados y sienten el peso de la inseguridad”, así como la presión de los pobladores para que se logren rápidamente los acuerdos.
Las 190 familias residentes, unas 790 personas, de las cuales casi la mitad es menor de 17 años, “padecen un verdadero estancamiento social”. Reciben un minúsculo subsidio mensual y un banco de alimentos con algunos productos básicos – arroz, sal, aceite etc.-. Se confrontan a escasas opciones de trabajo en las mineras o la fábrica de palma africana cercana y pagan el precio del desgaste creciente, resultado de la incertidumbre que padecen desde hace casi 90 meses.
Esperan que se logre un acuerdo con las multinacionales implantadas en la región para ser reubicadas en viviendas dignas y con tierras suficientes para sembrar. Anhelan volver a ser autosuficientes y poder vivir de lo que saben hacer: “trabajar la tierra”. Simplemente, la esperanza del futuro es poder recuperar la vida normal que tenían antes de que comenzara la explotación del carbón a gran escala.
Escasos progresos en los últimos 6 meses
En estos últimos seis meses el proceso de concertación se estableció entre las partes interesadas como permanente y regular, lo que quiere decir que se han realizado aproximadamente 36 sesiones de trabajo – unas 288 horas invertidas, explica Tatiana Gerber. Muchos de los desacuerdos están relacionados con las propuestas para compensar a las familias, explica.
Los representantes comunitarios han sido propositivos, pero lamentablemente, muy pocas de las sugerencias presentadas por la comunidad han sido aprobadas, señala Gerber. “En la mayoría de los casos, son los líderes quienes han cedido, dado que se encuentran desgastados al igual que su comunidad. La concertación no ha sido fácil, es muy tensionaste”, enfatiza.
Como era de preverse, la comunidad no ha contado con suficientes garantías, no ha habido presencia de autoridades locales, regionales y nacionales de manera permanente. Sin embargo, se ha contado con presencia de algunas instituciones, pero estos no asumen un rol activo que pueda ayudar a llegar a consensos entre las partes. Los garantes invitados para acompañar las mesas tienen un rol muy restringido. Son más observadores que actores neutrales que contribuyan al esclarecimiento de propuestas.
Algunos de los temas pendientes esenciales sobre el que no hay acuerdo son: el reconocimiento del territorio en términos de área; la definición del modelo productivo ligado al número de hectáreas por familia para desarrollar un proyecto productivo. Así como el reconocimiento de los impactos intangibles causados a las familias por las demoras del reasentamiento.
“Que cada familia sea consultada”
Adicionalmente, existen otros temas que aún no han sido desarrollados. Uno de ellos es el de la consulta e información. “Es indispensable que se acuerde entre las partes la estrategia y los pasos a seguir para realizar la consulta familia a familia sobre el acuerdo”, subraya la asesora.
“La comunidad vive una permanente frustración por la lentitud y la complejidad de las negociaciones. A pesar de su dignidad y espíritu de resistencia, es dramático comprobar que los niños siguen naciendo y viviendo en tierras contaminadas y que los adultos mayores van muriendo -ya son tres en lo que va del año- sin gozar del derecho a un hogar digno”, explica Tatiana Gerber.
“El trabajo en El Hatillo es difícil porque es como luchar contra algo demasiado grande. Tenemos la impresión que las fuerzas son tan desiguales…que no es fácil imaginar una solución digna con reasentamiento en buenas condiciones y garantía de todos los derechos esenciales”, enfatiza Francesco Gerber, que en tanto educador especializado impulsa proyectos sociales y culturales en particular con los jóvenes.
Dura realidad cotidiana actual confrontada a la apuesta de un futuro mejor. Una contradicción que va más allá del Hatillo. “Es la expresión de un modelo productivo que no tiene en cuenta a las poblaciones locales, ni los impactos socio ambientales negativos”, concluye Francesco Gerber.
* Sergio Ferrari en colaboración con la Revista Praxis/UNITE
Nota final: La Glencore en el banquillo de los acusados
Sergio Ferrari*
Luego de más de 5 años de una rigurosa investigación en el terreno la Red Sombra de Observadores de Glencore acaba de publicar un informe sobre la presencia de dicha empresa en Argentina, Bolivia, Colombia y Perú.
El mismo establece los impactos y daños más graves de siete operaciones mineras de la multinacional anglo-suiza en dichos países. Glencore Xstrata, con sede operativa y domicilio fiscal en el cantón helvético de Zug, es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global. Se encuentra entre las más importantes en cuanto a la producción latinoamericana de plata, cobre, estaño, zinc, oro y carbón. Controla y participa en las más grandes reservas mineras y ejecuta inversiones a gran escala como pocas empresas en la región.
La Red Sombra de Observadores de Glencore, congrega organizaciones no gubernamentales de Argentina, Alemania, Bolivia, Bélgica, Colombia, Filipinas, Perú y Suiza.
La motivación para lanzarse a tan esforzado trabajo -con los escasos recursos con los que cuentan en general las organizaciones de la sociedad civil- tiene una explicación histórica. Según los autores, “durante años pudimos constatar que la información que Glencore reportaba al mundo en sus informes de sostenibilidad era poco profunda, selectiva, incompleta y en ocasiones, contradictoria”. En síntesis, agregan, “la empresa posicionó una visión próspera del negocio extractivo, ocultando el verdadero alcance de su estructura empresarial y los graves impactos negativos para las comunidades y los Estados anfitriones”.
Entre ellos el gigantesco consumo de agua y los innumerables residuos y vertimientos contaminantes con graves repercusiones en materia de biodiversidad y equilibrio hídrico. Sin subestimar los impactos inciertos para la salud humana, pérdida de medios de vida para las comunidades locales y desplazamientos económicos y por contaminación.
El Informe de la Red Sombra denuncia el déficit en cuanto a la reparación integral de comunidades en las regiones afectadas y la falta de estudios sanitarios concluyentes. Enumera un gran número de investigaciones y sanciones ambientales contra la empresa. Y certifica la alta conflictividad socioambiental que produce su presencia en territorios con pocas oportunidades económicas y muy baja calidad de vida.
¿Por qué una empresa con la experiencia y capacidad de Glencore no ha respondido de manera adecuada las quejas y exigencias de las comunidades aledañas a sus operaciones en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere?, se pregunta la Red Sombra. Pregunta clave que no tiene respuesta. Aunque se perfila, a manera de hipótesis, la falta de voluntad política de la multinacional para respetar los derechos socio-ambientales y humanos de las poblaciones afectadas haciendo prevalecer, por sobre todo, su lógica de rentabilidad.
Como conclusión, la Red Sombra alienta a otras organizaciones, plataformas, movimientos sociales y comunidades a que trabajen de manera articulada alrededor del control corporativo y ejerzan el control social y veeduría desde los territorios para denunciar los grandes atropellos de los que sean víctimas.
* Colaboración de prensa de E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria / Sergio Ferrari COMCOSUR INFORMA Nº 1835 – 22/08/2017 ______________________________________
5) SIGUEN PRÓFUGOS EL AUTOR DEL ATENTADO EN BARCELONA Y EL LÍDER DE LA CÉLULA TERRORISTA, QUE EL GOBIERNO CONSIDERA “DESARTICULADA”
La Diaria / 21.08.2017
Los atentados del jueves en las ciudades españolas de Barcelona y Cambrils, que dejaron un total de 14 muertos y cerca de 90 heridos, formaban parte de un plan más mortífero que no tuvo éxito. Las autoridades creen que los responsables integraban una célula terrorista de 12 personas, de las cuales seis murieron y cuatro fueron detenidas. Los otros dos sospechosos todavía son buscados, así como el posible líder del grupo, que sería el imán de la ciudad catalana de Ripoll.
La célula terrorista responsable de los ataques de la semana pasada en España fue “totalmente desarticulada”, dijo el sábado el ministro del Interior de España, Juan Antonio Zoido. Sin embargo, todavía se desconoce el paradero del conductor de la camioneta que atropelló a decenas de personas en Barcelona y que fue identificado como Younes Abouyaaqoub, de 22 años. Tampoco se sabe dónde están Youssef Aallaa, quien posiblemente ayudó en la fabricación del explosivo que los terroristas iban a detonar en Barcelona, y Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll que los Mossos d’Esquadra señalan como líder del grupo.
El consejero del Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, salió rápidamente a desmentir al ministro y alegó que los Mossos d’Esquadra considerarán “desmontado” el comando cuando el último de sus terroristas esté en la cárcel.
En la misma declaración, Zoido también anunció que el gobierno español mantendrá el nivel de alerta terrorista en el número cuatro –el mismo que rige desde junio de 2015– y que no lo incrementará al máximo, que es cinco. A la vez, adelantó que en las próximas horas se aplicarán medidas para reforzar la seguridad, especialmente en lugares de afluencia masiva, como las zonas turísticas.
De antemano
El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, explicó el viernes que los terroristas llevaban “unos meses” planificando un ataque más grande en Barcelona, que incluía el uso de explosivos. Pero uno de estos artefactos explotó el miércoles y frustró los planes de los extremistas, que se vieron obligados a realizar, de forma improvisada, los ataques del jueves.
Ayer, Trapero dijo que no podía descartar que Abouyaaqoub haya cruzado la frontera hacia Francia. Podría ayudar a aclarar estas sospechas la información que se pueda obtener de la moto del conductor de la camioneta del atentado en Barcelona, que fue encontrada en la tarde de ayer a diez metros de la casa de Moussa Oukabir, según pudo confirmar el diario La Vanguardia. Oukabir fue uno de los cinco yihadistas abatidos en la madrugada del viernes en Cambrils.
Durante el fin de semana, cobró relevancia el papel del imán de Ripoll en la preparación de los atentados en las dos ciudades españolas. Los Mossos d’Esquadra intentaban ayer atar los cabos. Por el momento, se sabe que Abdelbaki, que ejercía como líder religioso en Ripoll desde hacía dos años, era el único punto en común entre los jóvenes terroristas, la mayoría residentes de esa ciudad y sin antecedentes penales. Según informó la agencia de noticias Europa Press, el imán estuvo cuatro años en prisión por tráfico de drogas. Allí habría conocido a Rachid Aglif, uno de los responsables de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, atribuidos a Al Qaeda.
Por otro lado, Hans Bonte, el alcalde de la ciudad belga de Vilvoorde, confirmó ayer a medios locales que Abdelbaki visitó esa localidad a principios de 2016. Vilvoorde es la ciudad de Bélgica de la que han salido más extremistas con destino a Irak y Siria para entrenarse con Estado Islámico (EI), y desde 2014 es conocida como “la ciudad de los yihadistas”.
Hace dos meses, Abdelbaki avisó en la comunidad que dejaba sus funciones como imán y se volvía a Marruecos, su país de origen. Nadie lo ha visto desde entonces, aunque su desaparición coincide con la fecha en que la célula terrorista supuestamente empezó a construir el artefacto explosivo que pretendía detonar en Barcelona y que explotó de manera inesperada el miércoles 16. Este incidente provocó la muerte de dos posibles terroristas, informaron los Mossos d’Esquadra, que encontraron sus restos en el municipio de Alcanar, donde tuvo lugar la explosión. Según fuentes de la investigación, la policía intenta determinar si los restos de uno de los fallecidos corresponden a Abdelbaki.
En Alcanar, próximo a Cambrils, los terroristas almacenaban más de un centenar de bombas de gas butano y propano, además de un tipo de explosivo conocido como la “madre de Satán”, que es habitual en los ataques de EI, organización que el mismo jueves se declaró responsable del ataque en Barcelona.
Otro dato dado a conocer el fin de semana es que la mayoría de los jóvenes nació en Marruecos, aunque algunos lo hicieron en España. Además, se supo que entre los cuatro detenidos y los seis fallecidos en Cambrils hay lazos familiares.
De acuerdo con los datos del departamento de Protección Civil catalán, actualizados en la noche del sábado, el conductor de Barcelona mató a 13 personas. Se han confirmado cuatro víctimas españolas, dos italianas, dos portuguesas, una estadounidense, una belga y un niño australiano. En tanto, en Cambrils murió una mujer española tras ser apuñalada. El informe detalla que, entre los heridos como consecuencia del ataque en Barcelona, hay 13 en estado crítico.
Nota final: Parecido o lo mismo
Otros ataques que se presumen terroristas ocurrieron este fin de semana en Turku, Finlandia, y Surgut, Rusia. El viernes un marroquí apuñaló a varias personas en Turku, Finlandia. El supuesto atacante es un joven de 18 años que llegó al país nórdico a principios de 2016 y solicitó asilo. El joven apuñaló a varias personas en una plaza céntrica de la ciudad, lo que causó la muerte de dos mujeres y dejó a ocho personas heridas antes de que la Policía lo hiriera en las piernas para detener el ataque. “Creemos que las víctimas fueron elegidas al azar, pero su objetivo primordial fueron mujeres. De las diez víctimas, ocho son mujeres y los únicos dos hombres heridos fueron atacados por intentar ayudarlas o detener al agresor”, dijo la portavoz de la Policía finlandesa, Krista Granroth. Las autoridades consideran que se trató de un ataque terrorista y estaban investigando el entorno del atacante, que se negó a responder las preguntas de la Policía, que intentaba encontrar posibles cómplices. Otro de los ataques del fin de semana se produjo en la ciudad siberiana de Surgut, donde un hombre de 23 años hirió con un cuchillo a varias personas antes de ser abatido por la Policía. El grupo yihadista EI informó en un comunicado que el ataque lo hizo uno de sus “soldados”. El Comité de Instrucción ruso, encargado de llevar adelante la investigación, mantiene sus hallazgos en estricta confidencialidad, por lo que se desconocen más datos sobre el atacante. EI ya había perpetrado un ataque en Rusia, uno de los países que, a diferencia de Finlandia, intervienen en el conflicto sirio, entre otras cosas, enfrentando militarmente al grupo yihadista.
La Diaria (Uruguay)
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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