1) Espionaje en democracia: CIA le pagaba a 37 informantes uruguayos
2) En 1989 un informante de Inteligencia reveló que había “enterrado gente”
3) Buscan más archivos de inteligencia militar en democracia
4) Óscar Otero, director de Inteligencia de Sanguinetti, es el primer militar que reconoce el espionaje en democracia
5) «Cualquier avance en las políticas públicas de derechos humanos siempre serán el resultado de las luchas de los pueblos». Entrevista a Raúl Olivera*
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2144 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de septiembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Espionaje en democracia: CIA le pagaba a 37 informantes uruguayos
(La República)
Puig: “Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante”Espionaje en democracia: CIA le pagaba a 37 informantes uruguayos
Hay denuncias sobre la actuación de la CIA en hechos de espionaje en democracia, donde le pagaba a 37 informantes uruguayos que le pasaban información, dijo a LA REPÚBLICA el diputado Luis Puig quien aseguró que la Comisión Investigadora solicitará a la cancillería de Estados Unidos un “informe jurídico” para luego poder convocar al embajador de dicho país.
La intervención de la CIA
Debido a las denuncias que hay de la actuación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos de espionaje en democracia, “la Comisión solicitaría a la cancillería de Estados Unidos un informe jurídico”, dijo a LA REPÚBLICA un diputado Luis Puig, para luego poder convocar al embajador de dicho país.
Respecto a la intervención de la CIA en estos hechos, el integrante del PVP dijo que “hay denuncias de la actuación de la CIA en Uruguay, incluso el pago de a 37 informantes de la CIA”, los cuales eran uruguayos, “lo cual desde el punto de vista de soberanía era algo gravísimo”. Semanas atrás, el presidente de la Comisión Investigadora, Gerardo Núñez expresó a LA REPÚBLICA que “hay claras referencias a determinados informantes que tenía la CIA en algunos de los servicios de inteligencia del Estado”.
El contralmirante Oscar Otero, ex director de Julio María Sanguinetti fue el primero en reconocer que sabía de los hechos de espionaje posterior a la dictadura. Luis Puig, quien por la reserva de la investigación no quiso confirmar que fuera el exdirector de inteligencia, dijo que “se vuelve a confirmar la existencia de espionaje militar en democracia, la situación planteada durante años donde algunos convocados a la comisión manifestaron claramente que si, se hacia espionaje sobre organizaciones políticas, sobre políticos, organizaciones sociales, lo asocio con una costumbre a ese espionaje que se venía realizando desde hacía tiempo. Hacia referencia al proceso dictadura y a la continuidad en democracia”.
“Lo que se establece es la continuidad en las labores de inteligencia, en el periodo democrático, donde claramente la comisión tiene a disposición un voluminoso archivo de 3 millones de documentos, el Berruti, en donde una gran parte de los documentos se puede apreciar con sellos y firmas, como la inteligencia militar actuó violando la constitución y la ley”, añadió.
Las actuaciones de espionaje se realizaban sobre organizaciones, sobretodo de Derechos Humanos, partidos políticos, sobre todo el Frente Amplio y dentro del mismo el PCU y el PVP, también se realizaban investigaciones sobre políticos, personalidades, y determinadotes sectores y gremiales, desde profesores y maestros para determinar su afiliación política o el Pit Cnt.
“Debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”
Consultado sobre la relevancia que toma la ausencia de 4 militares que se negaron a declarar ante la comisión, teniendo en cuenta lo que señaló Otero y compañía, Luis Puig expresó que se seguirá analizando e investigando en la medida que Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins (exjefes de inteligencia entre el ‘85 y el ’99 no concurrieron. Estas ausencias “lo cual mereció una declaración unánime del Parlamento rechazando esa actitud y diciendo claramente que se pretendía obstaculizar la investigación, la comisión investigará esa situación”, expresó.
Además agregó que cuando se lleguen a las conclusiones “se convocaran a los jefes de departamento que actuaron en esa época para tener respuestas a la documentación y la comisión evaluará. Lo determinará la comisión, pero creo que cuando culmine sus investigaciones, además de presentar un informe a la Cámara, seguramente debería presentarse una denuncia nivel de la justicia”.
“Habrá que analizar responsabilidades”
Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins no participaron de las convocatorias de la comisión investigadora. Si bien los documentos no dejan dudas “importante cotejarlo con cada uno de los integrantes, para intercambiar con ellos”, dijo Puig.
“Habrá que analizar la responsabilidad de los que lo llevaron adelante el espionaje como la omisión de funcionarios públicos, que no controlaron como era su obligación”, señaló el diputado, quien concluyendo cuestionó: si los jefes de inteligencia no sabían, ¿para que se montaba todo ese espionaje sistemático con dineros públicos?. Dinero del presupuesto de Defensa que era asignado a los servicios de inteligencia. Si no lo saben ellos ¿a quien hay que consultarle?”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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2) En 1989 un informante de Inteligencia reveló que había “enterrado gente”
Ignacio Martínez (La Diaria)
El documento es del 2 de junio de 1989 y forma parte de los cientos de miles que integran el “archivo Berrutti”. Allí se encuentra la transcripción de una “entrevista” con un informante. Al principio son dimes y diretes. Se sospecha que un informante sería un “doble agente”. Se tiran nombres para aquí y para allá, apellidos, seudónimos. Se habla de dinero, de recibos y de un hombre “muy duro” que está “acostumbrado a comprar a todo el mundo” y es “responsable desde el punto de vista administrativo de lo que hace la Agencia en el país”. El informante entrevistado explica en qué consiste el trabajo “administrativo” que hacía ese señor: “Compramos este vehículo, lo cambiamos, compramos una moto, vamos a reflotar esto, la gente, necesitamos cinco personas porque se va a llevar tal cosa, cuál es el costo, qué mantenimiento, qué dinero hay, qué premios se pueden dar, se puede dar aguinaldo, se pueden dar premios estímulo”.
Según cuenta el informante, tuvo problemas con ese “responsable de la Agencia”, pero no quería “discutir”, ni “pelear”, ni “volver a eso”. También dice que ser “portero” fue “una prueba” que le estuvieron haciendo y le cuenta al “entrevistador” un diálogo que tuvo con el hombre “muy duro”. Dice que primero le dijo: “¿Qué me tienen que probar? No me sirve. Yo no maté gente por satisfacción propia, y a vos te consta. Porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente, ¿o no?”. El “responsable de la Agencia” le contesta: “Sí, pero eso fue una cagada”. Y el “portero” agrega: “Y bueno, está, si vos te olvidaste de eso, yo no me olvido, porque no lo hice con satisfacción, y vos tampoco. Hubo una diferencia, yo no me mamaba después de hacerlo, yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Y te insistí y te rompí las bolas durante años, de que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información, porque es al cohete”.
Más adelante, queda claro a qué se refieren con “agencia”, porque el “entrevistador” le pregunta si “el Director y Sub-Director también entran en la bolsa esa de la CIA”. El “entrevistado” dice que sí y luego señala que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el del Interior “están los superiores y los responsables permanentes”, a los que llaman “residentes”. Agrega que “ellos” pagaban “por el grado que vos tenés y el lugar donde estás, pero también la responsabilidad directa que vos tenés de trabajo de campo”. “Si tu trabajo de campo es meramente ser el responsable del lugar, donde está la gente, a ellos no les importa nada, entonces, lo que hacen es pagarte de otra manera. Te pagan con viajes, estadía y vacaciones para tu familia”, finaliza el informante entrevistado.
Desde adentro
Las entrevistas con los informantes parecían ser bastante frecuentes. Entre los documentos a los que tuvo acceso la diaria se encuentra, por ejemplo, uno del 22 de febrero de 1991 en el que se transcribe la conversación entre un agente de Inteligencia y un informante que trabajaba en OSE, al que le pedían el listado de los funcionarios “que serían los más peligrosos” dentro del Centro de Cómputos de la empresa pública. El informante se refiere a más de una veintena de personas. Dice que cuando “mandó chequear” a una señora que siempre tuvo “una actitud hostil” hacia él, le llevaron la “novedad” de que era “izquierdista”, entonces se le “aclaró el panorama”. “Ella se manifiesta ante todo el mundo de que es colorada, pero a mí me sorprende mucho de que sea colorada, habría que declararla en OBSERVACIÓN [mayúsculas en el original]”.
Con respecto a otro funcionario, señaló que un día, “de casualidad”, le revisó el escritorio y encontró “revistas soviéticas” y “una invitación oficial del Partido Comunista a nombre de él”. “A todo esto, yo consulté con otra persona por la identidad de este individuo, y se me dijo que eso era una broma que me habían hecho a mí. Pero esta broma la tengo que descifrar, si es cierto que se me hizo una broma, o si realmente la invitación que tenía, una tarjeta de color rosado, era una tarjeta del Partido Comunista”.
Además de las descripciones de sus compañeros de sección, el informante traza las relaciones y afinidades entre los funcionarios. En una parte de la “entrevista” señala que tuvo “la oportunidad de salir” con una “joven mujer” del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). Entonces, el entrevistador de Inteligencia le pregunta: “¿Saliste con ella y no sabías que era MLN?”. “No, estuve intimando, le dije que era anarquista. Estuve en la casa y ahí vi símbolos del MLN pintados por toda la casa, en las paredes”.
Después, el informante de OSE se refiere a una señora que es “esposa de un frenteamplista”, y luego de dar el nombre dice que es una persona en la que también “hay que reparar, porque es tan frenteamplista como el marido y es bastante extremista”. Al marido lo describe así: “Es una persona extremista, fanática del sistema de Cuba, lo ha manifestado abiertamente en muchas oportunidades; defensor del sistema marxista-leninista, enemigo del sistema democrático, y una persona de cuidado”.
De otra funcionaria dice: “Extremista, MLN, persona peligrosa, persona que con toda seguridad, en un conflicto hipotético, va a agarrar las armas para pelear. Enemiga de todo, de los partidos tradicionales, del sistema democrático, pero enemiga también de los propios frenteamplistas. La única persona que parece que tuviera razón es ella, está en una posición demasiado radicalizada, es la persona más radicalizada del Centro de Informática”. Luego indica que una mujer, “además de ser frenteamplista, en épocas pasadas estaba con una escarapela del CHE [mayúsculas en el original] que la usaba permanentemente como distintivo, y que se dedicaba a escuchar música sandinista adentro del Centro de Cómputos, donde está el Computador Central”.
Momento Kodak
Pero Inteligencia no sólo se valía de informantes: también sacaba fotos. El “memorándum” 1.287, del 25 de octubre de 1990, versa sobre una reunión de padres y docentes de una escuela que fueron “citados a través de un volante”. Se describe lo que dijeron una maestra y la directora de la escuela. Luego se consigna que una señora de la que “no se pudo determinar nombre, ni si era madre de un alumno o integrante de Comisión Fomento, pero aparentemente podría tratarse de una docente de la tarde”, manifestó “que también habría que luchar por los 4.000 docentes que fueron sancionados por no concurrir a los actos del 25 de agosto”.
El texto concluía: “Antes de finalizar la reunión se acordó realizar una carta donde se expondrán las carencias de la escuela, para ser firmadas por padres de alumnos y ser presentada posteriormente al CODICEN. La reunión finalizó a la hora 21.30 aprox., contando con una concurrencia no mayor de 40 personas. Llamó la atención nuevamente la escasa concurrencia pese a la distribución de volantes”. “Se adjuntan fotos y transcripción de la grabación”, dice al final del documento. Son diez fotos y cada una incluye un pequeño texto descriptivo. “Maestra no identificada que estuvo en las dos reuniones”. “NNF que propuso luchar por los 4.000 sancionados (posiblemente maestra turno vespertino)”. “NNM. Posible dueño del kiosco sito en […], donde habrían fotocopiado los panfletos”. “NNF, posible practicante, vinculada a la NNF de la foto 2. Las 3 NNF llegaron en un Fiat Duna mat […]”.
No está de más recordar que las actividades de espionaje y vigilancia llevadas adelante por los informantes se realizaban durante gobiernos democráticos y en circunstancias en que todos los partidos políticos y organizaciones sociales vigiladas actuaban en la más plena legalidad.
Atrás de Tabaré
En un documento de noviembre de 1990 se consigna información sobre una “caravana organizada por el Frente Amplio” que arrancó a las 9.20. A las 11.10 “se detecta a Tabaré Vázquez recorriendo la caravana por 18 de Julio en el coche matrícula […] y atrás del coche del Intendente se detecta el Fiat 147 azul mat […] en actividad aparente de custodia con 4 NNM“. Luego decía que, diez minutos más tarde, “se inicia el movimiento de coches que fue acompañado por ruido de bocinas, se toman algunas matrículas y se contabilizan entre camiones y ómnibus un total de 50”.
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3) Buscan más archivos de inteligencia militar en democracia
(Montevideo Portal)
Para el diputado comunista Gerardo Núñez el Archivo Berrutti encontrado en dependencias del Ministerio de Defensa podría estar incompleto. «Seguramente haya más que habrá que buscar y encontrar», señaló
Cuando comenzó a trabajar la Comisión Investigadora sobre espionaje militar en democracia, el diputado Gerardo Núñez recibió en forma anónima un documento con el inventario de los archivos de inteligencia militar, encontrados en dependencias militares durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
En ese documento, falta información sobre los primeros 100 rollos, que tampoco fueron encontrados, comenzando a partir del 101. Según informaron al legislador, que presidente la Comisión Investigadora, cuando encontraron los archivos también había papeles que referían a los rollos del uno al cien, pero los rollos no estaban.
“Tenemos la firme convicción de ir con esto hasta el final, porque ir hasta el final es defender la democracia, no se puede permitir en un Estado como el nuestro el avasallamiento tan irracional y absoluta de derechos tan elementales”, señaló semanas atrás, el legislador comunista.
Para Núñez los archivos en los que trabaja la comisión son “una parte de los archivos de Inteligencia militar”. “Seguramente haya más que habrá que buscar y encontrar”, agregó. Si bien los otros archivos de Inteligencia que fueron encontrados en la casa del coronel Elmar Castiglioni están en manos de la Justicia, bajo secreto de presumario, el diputado obtuvo el informe de los peritos que trabajaron en la causa, que dan cuenta de temáticas similares, por lo que no puede descartarse que se complementen.
Ayer, la Comisión recibió al contralmirante retirado Óscar Otero, al también contralmirante retirado Carlos Magliocca y al brigadier general retirado José Mario Hirigoyen. Uno de ellos admitió que se trataba de una práctica de costumbre en Inteligencia.
Si bien ningún ministro de Defensa, ni del Interior citado reconoció haber ordenado o conocido las tareas de Inteligencia militar, varios legisladores del Frente Amplio coinciden en que tienen responsabilidades, dado su deber de controlar los gastos y las actividades de sus rubros.
“No corresponde lavarse las manos frente a su responsabilidad del control frente a esto. Todas las direcciones de inteligencia militar dependieron del Ministerio de Defensa”, señaló Núñez.
La semana pasada, el diputado del Partido Po la Victoria del Pueblo, Luis Puig, planteó que se está evaluando llevar el caso a la Justicia cuando termine el trabajo de la comisión:”Acá hubo violación a la ley, claramente existen delitos que van a quedar comprobados”, agregó.
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4) Óscar Otero, director de Inteligencia de Sanguinetti, es el primer militar que reconoce el espionaje en democracia
Ignacio Martínez (La Diaria)
Ayer llegó el tan esperado día para la comisión que investiga el espionaje militar y policial en democracia. Uno de los tres ex directores de Inteligencia que comparecieron al edificio anexo del Palacio Legislativo no sólo reconoció la existencia del espionaje militar que se ejerció sobre partidos políticos y organizaciones sociales, sino que planteó que era una actividad que hacían “por costumbre”, según señaló en rueda de prensa el diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora.
Núñez no reveló quién fue el militar retirado que admitió el espionaje, porque la comisión trabaja bajo reserva, pero indicó que sus afirmaciones son “absolutamente rechazables”, porque, ya sea “por costumbre o como se lo quiera llamar”, se violentaron “los derechos y las libertades de los uruguayos”. Núñez agregó que el ex militar dijo que la información “se juntaba para tenerla y utilizarla en algún momento”. “Nosotros pensamos que esta información, una vez analizada, implicaba elementos de control, para generar coerción y poder, y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en el país”, indicó el diputado.
Además, Núñez señaló que entre los documentos de espionaje hay una lista “de todas aquellas personas que hicieron denuncias vinculadas a los derechos humanos”. A juicio del presidente de la comisión, había un seguimiento de las denuncias para preparar los escenarios posibles a nivel judicial, y así “mantener con total impunidad los crímenes cometidos en el pasado reciente”.
El diputado agregó que en las próximas semanas citarán a militares que estuvieron al frente de los departamentos de inteligencia y que la comisión realizó una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la embajadora de Estados Unidos también pueda comparecer, ya que existen documentos que muestran una “injerencia muy fuerte que desarrolló la CIA en nuestro país pagando informantes, que brindaban información de aspectos internos de Uruguay”.
La comisión va a seguir trabajando hasta diciembre. Al final harán una evaluación sobre los pasos a seguir. Núñez ya adelantó que “la inmensa mayoría” de los que integran la comisión tienen la “profunda convicción” de que la investigación debe seguir en la Justicia.
Satélites espías
A todo esto, la diaria pudo saber que el militar que reconoció el espionaje fue el contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. A su salida de la Comisión, Otero se negó a hablar con la prensa, alegando la “reserva” con la que se trabaja en la investigación.
Algunos de los documentos de espionaje de ese período muestran, por ejemplo, la nómina de integrantes del FA que concurrieron a una reunión con Fidel Castro, el 14 de octubre de 1995, cuando el líder cubano llegó al país en visita oficial –al lado de los nombres de los dirigentes se adjuntaban sus números de teléfono–. Otro documento del mismo mes y año consignaba los ciudadanos uruguayos que participaron en el Foro de San Pablo, “en calidad de periodistas, delegados u observadores”.
Un “resumen de información” de junio de 1995 indicaba que en un programa de Radio Nacional se había realizado un homenaje a Liber Seregni, y citaban las opiniones de dos personas que se identificaron “como oficiales en actividad del Ejército”. También se informaba que la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas había organizado un festival folclórico, y además de indicar qué artistas se presentaron, destacaban que la publicidad del evento estuvo a cargo del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN).
Un resumen de junio de 1995 mostraba infiltraciones en el Partido Colorado y en diversos sindicatos, como en la Asociación de Maestros, la Asociación de Empleados Bancarios y la Asociación de Funcionarios de Pluna. Luego había un apartado dedicado a las “fuerzas generadoras de conflictos”, en el que se destacaba un “espacio marxista” del Partido Comunista del Uruguay y un “espacio radical” del MLN.
Tampoco faltaban los capítulos dedicados a “hechos que afectan a las fuerzas armadas”, que implicaban espionaje sobre personal militar. En un documento de Inteligencia de 1995 se señalaba que un capitán, en días previos a las elecciones nacionales, “habría repartido listas del Encuentro Progresista”.
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5) «Cualquier avance en las políticas públicas de derechos humanos siempre serán el resultado de las luchas de los pueblos». Entrevista a Raúl Olivera*
(Hemisferio Izquierdo)
(HI): Nos interesa pensar el golpe de Estado y la dictadura militar en su dimensión orgánica, dentro del proceso histórico uruguayo, más allá de la mirada que sólo atiende al contexto global (guerra fría) y la influencia de EUA. ¿Cuánto de la estructura económica, política y social del Uruguay de esa época está detrás del golpe del ’73 y el terrorismo de Estado?
(RO): Contestar esa pregunta nos obliga a reflexionar sobre el contexto de ese tiempo historico. En él hay que ubicar el nacimiento del Frente Amplio y la unidad sindical que lo precedió. La hegemonía de la burguesía en el Uruguay hasta la agudización de la crisis de los años 60 y 70 era ejercida a partir de un sistema político, económico y social que amortiguaba las tensiones a partir de un importante predominio del estado de derecho. Dicho de otra manera se trataba de una hegemonía basada fundamentalmente en la “persuasión”.
Lo que entra en crisis en los años 60 y 70 es la convivencia y las formas de dominación pacífica, a partir de la crisis de las formas de desarrollo de la reproducción capitalista y el avasallamiento de una legislación que contribuía junto a las luchas obreras a contemplar las demandas económicas de los trabajadores. Eso que permitió mejoras significativas en el nivel de vida de los sectores populares y el desarrollo de los sectores medios, entro en crisis.
También entro en crisis lo que había contribuido a generar el movimiento obrero a través de sus luchas: un proceso de democratización y avance social mediante políticas culturales, vigencia de las libertades políticas y de los derechos civiles. Ese modelo basado en una eficaz inserción del Uruguay en el sistema capitalista mundial, que permitió mantener tasas de crecimiento del producto bruto y del ingreso de los trabajadores se, agotó y la crisis estructural que padecía el Uruguay se agudizó y con ello la respuesta de las luchas populares que no aceptan el deterioro del nivel de vida.
Sin profundizar en las causas estructurales que tiene sus raíces en el fin de la segunda guerra mundial, el reordenamiento internacional del capitalismo con el avance de las transnacionales y del imperialismo, debemos concluir que es la radicalidad de estos factores que conducen a la crisis del modelo que opera como trasfondo del proceso de endurecimiento del gobierno de Pacheco Areco y la posterior dictadura militar terrorista que lo siguió.
HI: Avanzando en la historia. ¿Qué continuidades y rupturas con el terrorismo de Estado observamos a partir de 1985 y las décadas posteriores?
RO: A pesar de ciertas apariencias, creo que no existió una ruptura y sí una continuidad en aspectos esenciales. Una salida pactada no puede leerse con el concepto de ruptura. Sin entrar al detalle de las políticas económicas, hay una continuidad marcada por la permanencia de la impunidad. Impunidad que atravesó etapas diferentes en cuanto a su profundidad. Y ella, producto de la persistencia de un reclamo que si bien desarrolló diversas estrategias, la fue “limitando” su alcance y profundidad.
Creo que hay una larga étapa donde ella dominó el escenario del Uruguay hasta determinado acontecimiento: La sentencia de febrero del 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que obligó al Estado uruguayo a disponer que las investigaciones judiciales de las graves violaciones de derechos humanos teóricamente se pudieran investigar al restablecerse la pretención punitiva del Estado.
Eso no quiere decir que esas investigaciones fueran llevadas de manera eficaz, en un plazo razonable, garantizando el pleno acceso de las víctimas en todas las etapas de la investigación, como lo disponía la Corte IDH. Esa sentencia debe leerse como un hecho en el que se condensó un largo y costoso esfuerzo de la lucha contra la impunidad. Y no porque ella la haya derrotado, sino porque instalo un nuevo escenario en el Uruguay.
Sobre un antiguo escenario poblado de sombras durante muchos años, la mencionada sentencia proyectó un cono de luz. ¿Porqué? Por la sencilla razón de que para cumplir con esa sentencia el Estado uruguayo –conducido por el Frente Amplio-,no tenía más remedio que tomar algunas medidas que hasta ese momento tenía poco interés en llevar a cabo (recordemos la polémica Huidobro-Cores): que la Ley de caducidad que durante un cuarto de siglo había impuesto la impunidad, no siguiera impidiendo ni obstaculizando las futuras investigaciones y eventuales sanciones de los responsables.
De cómo llegamos a ese escenario y de cómo se siguió gestionando el llamado pasado reciente en el Uruguay hasta nuestros días, es lo que demuestra esa continuidad de la que hablamos.
Hay un periodo de tiempo en los procesos que vivieron las sociedades latinoamericanas en los años 80 y principios de los 90, que se ha dado en denominarse «de transición» entre los regímenes autoritarios (dictaduras) y las «democracias» restauradas. Aún reconociendo que dichas transiciones tuvieron sus particularidades y especificidades en los distintos países que sufrieron dictaduras en el cono sur, analizar lo que sucedió en el Uruguay nos permite entender y explicar algunos aspectos poco o insuficientemente analizados. Entre ellos la llamada «justicia de transición» y la continuidad de la impunidad hasta nuestros días.
En el Uruguay, una suerte de transición en paz, buscó por todos los medios abstenerse de la persecución penal y la punición de las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Para legitimar esa opción, desde la derecha se argumentó que así se facilitaba una transición pacífica. Mientras que desde algunos sectores de la izquierda, a partir de la teoría de los dos demonios, se abonaba en el mismo sentido: dar vuelta la pagina.
La aprobación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, fue la más importante herramienta jurídica de exención de una persecución penal. De ahí, que las exigencias de responsabilidad y justicia por parte de las organizaciones defensoras de los derecho humanos, siempre estuvieron en conflicto —de mayor o menor intensidad— con los esfuerzos que desde el Estado y el sistema político se realizaron para abstenerse de buscar la verdad y emprender la persecución penal. El precio de la paz que debía pagar la sociedad, era la ausencia de justicia.
Si la transición fue el periodo de tiempo en que las fuerzas de la dictadura negociaron la entrega del poder, resulta interesante establecer cuándo comenzó ese tiempo de la transición, cuándo terminó, y cuánto poder se entregó en el marco de esa negociación que supo ser presión y desacato al orden institucional.
Ese proceso se intentó y por largo tiempo se logró realizar con absoluta plenitud, obviando que el restablecimiento de los principios democráticos, necesariamente pasaba por resolver una condición básica para un Estado de derecho: la necesidad colectiva de conocer la verdad en pos de la justicia. En nuestro país la transición estuvo sujeta a determinadas negociaciones políticas que se desarrollaron a la interna de las fuerzas que sostenían la dictadura, a la interna del bloque opositor a la misma y entre ambos bloques. Durante muchos años fue absolutamente predominante un relato a partir del cual el arribo a una «democracia» que se transa con los sectores autoritarios en el poder siempre implica inevitablemente aceptar que ese arribo a un estadio democrático significa en mayor o menor medida una subsistencia de resabios del estadio anterior autoritario. Eso seguramente explica que recién ahora y a desgano se preste atención al espionaje en democracia.
Esos son los costos, el precio que hace posible esa transición nos repetían. Esa es la continuidad con la que se aseguraba la coexistencia armónica entre pasado y presente, aun al costo de haber generado una naciente desconfianza respecto al Estado y sus instituciones.
HI: ¿Es posible pensar el hoy a la luz de la sombra que aún se proyecta de esa brutal ofensiva de la clase dominante por medio de la dictadura militar?
RO: Creo que en la lucha contra la impunidad se juega una parte importante de las batallas políticas, ideológicas y culturales de nuestros tiempos. Allí, en esa lucha a largo plazo, se torna imprescindible hacer valer aquellas normas del derecho humanitario que fueron creadas con el esfuerzo de la sociedad civil en todos esos años, justamente para impedir la continuidad de los autoritarismos propios de una democracia tutelada. En ese marco y con ese horizonte se deben desarrollar desde la sociedad civil diversas estrategias a nivel político, cultural, ideologico y judicial de acuerdo al escenario existente en la que se deben calibrar las correlaciones de fuerzas existentes. Es a partir de asimir eso, que desde la sociedad civil se deben articular esfuerzos para conjuntar esfuerzos colectivos que permitan darle continuidad a la lucha por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que el capitalismo está impedido de atender.
Siempre sostuvimos que la impunidad en el Uruguay no era el simple efecto de la Ley de caducidad, sino fundamentalmente el resultado de conductas políticas articuladas desde el poder del Estado. Fue a partir de ese convencimiento que, evaluamos el desarrollo de ese proceso en el que tenia vital importancia la construcción de un escenario político. La importancia del escenario político para la concreción de los avances de las luchas ciudadanas, encuentra ejemplos sobresalientes en las campañas del voto verde y rosado con los que se intentó eliminar la Ley de Caducidad.
El hecho de que en esas dos acciones no se haya logrado el máximo de los objetivos concretos que se planteaban —la anulación de la Ley de Caducidad— no debería oscurecer en los futuros pasos a dar, la importancia de la «construcción del escenario» como elemento cardinal para la materialización de los actuales objetivos de instalar a nivel de las desiciones de las fuerzas política consecuentemente de izquierda una cultura de derechos humanos que pasa en primer término por una voluntad política de persecución criminal de los crímenes del terrorismo de Estado.
Estamos convencidos que las luchas que debe desarrollar la sociedad civil en contra de las diversas formas del autoritarismo estatal, se instala siempre en escenarios donde la táctica tiene que analizar con objetividad sus propias fuerzas, las que debe enfrentar y el «momento político» en que se desarrolla cada etapa del desafío concreto. La profundidad y el alcance de las reivindicaciones están casi siempre determinada por esas condiciones originales en que se desarrolla cada etapa de lucha. Y sobre todo, se necesita una mirada estratégica que tenga en cuenta el escenario futuro que se irá construyendo en el proceso de la lucha misma.
Esa construcción de los escenarios, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes. Un error frecuente en la conducción de luchas como las que hoy tenemos planteadas, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Por ejemplo, si nos hubiéramos congelado en el escenario de frustración popular, que se instaló con la derrota del voto Verde y posteriormente el voto Rosado, eso podría habernos impeddo definir con claridad el cómo recomenzar la lucha, incorporando adecuadamente el dato de esos fracasos y el nuevo escenario existente por el cual nos vimos obligados en un principio a recluir la lucha, en el limitado derecho a la verdad (cumplimiento del artículo 4o) de una ley que se rechazaba y con razón se catalogaba de inconstitucional y violatoria del derecho internacional.
Nos instalamos en aquel escenario y desde él avanzamos hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados. Hoy podemos concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos. El aspecto negativo fue el tiempo que insumió.
Si desde la sociedad civil y desde las organizaciones de izquierda se actúa directamente sobre la realidad y se impulsa que el Estado promueva los mecanismos institucionales más eficaces para la mejor defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática, estaremos contribuyendo en forma sustancial a darle sentido a la lucha por los derechos de la gente. A entender que cualquier avance en las políticas públicas de derechos humanos siempre serán el resultado de las luchas de los pueblos.
* Raúl Olivera Alfaro es Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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