EL PAÍS MÁS OLVIDADO DEL MUNDO

1) ¿En qué país dio resultado el ajuste laboral?

2) España exigía la democracia en Guinea Ecuatorial hasta que apareció el petróleo

3) Las masacres con armas de fuego en EE.UU. y su relación con la violencia doméstica

4) Yemen, el país más olvidado del mundo

5) Una maraña shakesperiana en Arabia Saudita
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 846/ Miércoles 15 de noviembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) ¿En qué país dio resultado el ajuste laboral?
Juan Pablo Bohoslavsky (Revista Anfibia)

La flexibilización y ajuste laboral no reducen el desempleo, no incrementan la productividad, no promueven el crecimiento económico, aumentan la desigualdad de género y la precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos laborales sin beneficio alguno?

Más de 130 países (de los cuales 96 son países en desarrollo) se han embarcado en los últimos años o planean hacerlo en reformas de políticas y normas laborales pro austeridad con el fin de superar contextos económicos recesivos o prevenir crisis financieras.

Esas reformas usualmente consisten en la congelación o reducción de los salarios, la ampliación de la jornada laboral, la imposición de contratos precarios, la limitación de seguros por accidentes o enfermedades laborales, la facilitación de los despidos y la reducción de la plantilla de empleados públicos. También se incluyen las reformas que han afectado a los sistemas de negociación colectiva, por ejemplo, restringiendo el alcance de los acuerdos sectoriales y rebajando el nivel de la negociación al lugar de trabajo, o permitiendo la negociación con representantes ajenos a los sindicatos.

¿Hay alguna evidencia empírica de que la situación de los trabajadores, de los desempleados, o de la economía en general mejore gracias al debilitamiento de los derechos laborales colectivos e individuales?

Son muchos los casos en que tales reformas han contribuido a un aumento de la desigualdad y la precarización e informalización del empleo, fomentado la discriminación en el mercado de trabajo contra mujeres, jóvenes, mayores y otras personas pertenecientes a grupos sociales marginados, y ocasionado la reducción de la protección social de los trabajadores. Por ejemplo, durante la aplicación del programa de ajuste estructural en México, se observó que el salario medio de las mujeres disminuyó en mayor medida que el de los hombres. Y los despidos en el sector público y la privatización de empresas de propiedad estatal suele afectar al empleo de las mujeres en forma desproporcionada, tal como sucedió en India y en muchos otros países.

La idea de que, en términos generales, los derechos laborales se ejercen en detrimento del desarrollo económico ha sido cuestionada por expertos en los planos teórico y empírico, y se ha demostrado de forma más concreta que las reformas laborales promovidas por las políticas de austeridad habitualmente no contribuyen a la recuperación económica. Esas reformas no mejoran los resultados económicos; por el contrario, causan grandes perjuicios a los trabajadores, que seguirán sintiendo sus efectos durante muchos años. En Grecia y Portugal, la aplicación de las reformas de la legislación laboral coincidió con un drástico aumento del desempleo y un incremento considerable del número de contratos laborales precarios. En Costa de Marfil, se ha observado que las reducciones a los salarios de los profesores, según lo recomendado por el FMI y el Banco Mundial, han afectado negativamente a la calidad de la educación, debido a la consiguiente fuga de cerebros al extranjero.

La desregulación del mercado de trabajo no favorece el crecimiento y el empleo. Por el contrario, en un número cada vez mayor de estudios se viene señalando que las normas del trabajo tienen efectos económicos positivos, entre otras cosas, en la productividad y la innovación. Los especialistas han puesto de manifiesto una serie de funciones de la legislación laboral que favorecen la eficiencia de la economía en vez de perjudicarla. Entre otras cosas, la legislación laboral favorece la coordinación económica, tanto en la empresa como en el mercado.

Otros estudios han determinado que las normas del trabajo tienen efectos positivos en la productividad y el empleo. Existe una correlación positiva a largo plazo entre la legislación laboral, incluida la reglamentación que protege a los trabajadores contra los despidos, y la productividad. Además, los datos apuntan a que una jornada de trabajo más corta lleva aparejada una productividad horaria más alta.

Por otra parte, las leyes relativas al salario mínimo o a la protección contra el despido suelen incentivar a los empleadores a utilizar su mano de obra de forma eficiente, invertir en tecnología y esforzarse por mejorar su organización. Las normas del trabajo contribuyen además a la estabilización de la demanda en épocas de recesión. Se reconoce con frecuencia que la legislación laboral contribuye a corregir los fallos del mercado y asumir una función contracíclica.

Los efectos económicos de una normativa laboral robusta tienen un efecto positivo en la distribución de los ingresos.

Por ejemplo, en un análisis de los datos de 20 países de la OCDE, no se encontró ninguna relación entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo y una disminución del desempleo, mientras que se determinó que había correlación entre la negociación colectiva coordinada y un desempleo más bajo. A tal punto que el Comité Europeo de Derechos Sociales llegó en 2014 a la conclusión de que el hecho de que el gobierno de España permitiera que los empleadores dejaran de aplicar, unilateralmente, las condiciones estipuladas en los convenios colectivos, contravenía el artículo 6, párrafo 2, de la Carta Social Europea.

Se ha llegado a conclusiones similares con respecto a las repercusiones de ciertas normas laborales en la innovación. Según un análisis de cuatro países de la OCDE entre 1970 y 2002, un elevado grado de protección contra el despido arbitrario fomentaba la innovación entre los empleados.

En lo que respecta a los países en desarrollo, los elementos que apuntan a una incidencia negativa de la protección laboral en los resultados económicos de un país parecen poco contundentes. Los informes sobre Argentina, por ejemplo, indican que la desregulación del mercado de trabajo parece haber reducido las elasticidades del empleo en vez de aumentarlas. Un estudio sobre los BRICS —Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica— indicó que las leyes sobre huelgas no tenían efectos notables en el desempleo, mientras que un alto grado de protección en las leyes de representación de los trabajadores guardaba una correlación parcial con el desempleo, a veces incluso negativa.

En un plano macroeconómico, parece claro que la presión a favor de la flexibilización de los mercados de trabajo a fin de fomentar el crecimiento impulsado por las exportaciones, lleva a la reducción del consumo, las exportaciones netas y el empleo. La reducción de los ingresos de grandes sectores de la población resultante de las reformas de flexibilización de la legislación laboral causa una contracción de la demanda, lo cual termina agravando la crisis.

Las crisis económicas y financieras no son el resultado de una regulación excesiva del trabajo, por lo que la desregulación laboral no ayuda a superarlas.

De hecho, las reformas laborales adoptadas en los últimos años en el marco de políticas de austeridad no parecen haber ayudado a los países (ver por ejemplo los europeos) a recuperarse ni han permitido reinstaurar un acceso al empleo equivalente al previo a la crisis. En lugar de ello, han socavado los derechos laborales y otros derechos sociales consagrados en el derecho internacional y doméstico. Lo que de hecho se necesita para fomentar el crecimiento inclusivo son medidas de reforma guiadas por el contenido normativo de los derechos laborales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos que fomenten la igualdad de género, favorezcan el empleo y proporcionen mayores posibilidades de ejercer esos derechos a los grupos y las personas marginadas.

Si el menoscabo de los derechos laborales no reporta beneficios justificables, ni siquiera para titulares de derechos que están fuera del mercado de trabajo, y si la reducción de los derechos laborales no permite un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda/os ni tracciona una recuperación o crecimiento económico, esas medidas regresivas no pueden considerarse respuestas admisibles frente a las crisis económicas y financieras.

Esto pone además de relieve la posible importancia de otros factores que están detrás de las reformas de desregulación y socavan la normativa laboral, como el sesgo ideológico y las intenciones no declaradas de adoptar medidas regresivas en materia de distribución.
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(*) Este ensayo sintetiza el informe que el autor, como Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, presentó en marzo de este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) "España exigía la democracia en Guinea Ecuatorial hasta que apareció el petróleo"
Gabriela Sánchez (El Diario.es)

El gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) gana las elecciones legislativas celebradas este domingo en el país africano con un 98,11 % de los votos, según los primeros resultados provisionales.

El guineano Andrés Esono, principal opositor del dictador Teodoro Obiang, afronta las elecciones legislativas y municipales de este domingo desde una más que previsible derrota. Pero las denuncias de fraude que ensucian cada una de las citas electorales en Guinea Ecuatorial no hacen tambalear su propósito de "lograr la democratización del país".

El secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS) es uno de los impulsores de la coalición electoral Juntos Podemos que, junto con Unión de Centro Derecha, pretenden unir fuerzas para plantar cara al partido de Obiang, que acumula casi 40 años de dictadura en el país africano.

Está de visita en España para captar la atención internacional ante la "inexistencia de garantías" que avalen los próximos comicios que pretenden elegir los diputados del parlamento ecuatoguineano, que en la actualidad cuenta con solo un representante de la oposición. Su esperanza está en las calles: "Si hay fraude, la población tiene que manifestarse para exigir que lo que se diga en las urnas se respete".

—Este domingo, se celebran elecciones legislativas y municipales. ¿Qué garantías tienen?
—Ninguna. No tienen ninguna garantía porque el gobierno no ha cambiado nada. No ha cambiado la ley electoral aunque ni siquiera cumple la deficiente legislación actual. No ha invitado a observadores de la Unión Africana y rechaza invitar a los de la UE y otros organismos imparciales. Estos observadores, en las elecciones de 2013 y 2016, hicieron unas recomendaciones sencillas: que todos los candidatos tuviesen acceso a los medios de comunicación y que se limitase el uso abusivo de los recursos del Estado por parte del partido del poder. No está cumpliendo ninguna. Siempre hacen las mismas recomendaciones, pero el Gobierno nunca las cumple. Estas elecciones no van a ser diferentes y parece que pueden ser incluso peor.

—¿Por qué?
—Porque se celebran en un momento muy delicado en lo que se refiere a la situación económica. Hay una grave crisis económica y social en el país: miles de personas han perdido su puesto de trabajo, hay mucha pobreza. El Gobierno siempre ha contado con el miedo de la población que le vota. Piensa que, con ese miedo, mucha gente prefiere no meterse en temas políticos ni votar a la oposición porque perdería su trabajo. Ahora que lo han perdido todo, estarían dispuestos a votar en contra del régimen, por lo que la represión sobre la población es aún mayor, con el objetivo de volver a alzarse con ese 99% que siempre consigue en las elecciones. El régimen hace las elecciones solo para hacer parecer que hay democracia en Guinea, aunque en realidad esta no exista.

—Al fraude electoral se une, denuncia, la represión a los opositores.
—Hacer la oposición en Guinea Ecuatorial es una de las profesiones más arriesgadas. En Guinea la oposición no tiene derecho a nada, ni siquiera a trabajar. No solo le pasa a los políticos, los militantes conocidos de la oposición no tienen derecho a trabajar. Incluso los sospechosos de simpatizar con la oposición también tienen problemas. Un opositor no puede ganar un juicio si lo tiene contra el partido del poder. No tenemos derecho a nada.

—La última vez que viajó a Madrid, donde se reunió con diferentes partidos políticos españoles, fue detenido a su regreso a Guinea Ecuatorial. ¿Qué pasó?
—Sí. Después de Madrid, fui a Alemania y Colombia. Al volver, me detuvieron en el aeropuerto, me dijeron que tenían información de la Interpol de que había comprado armas en Bélgica para dar un golpe de Estado, lo cual era falso. Gracias a la movilización de partidos políticos españoles, e incluso del Gobierno, me liberaron a las 24 horas.

—¿Cómo se las arregla entonces para realizar esta labor de oposición?
—Buena parte de los que estamos en este partido hemos estudiado en España por lo que tenemos ciertas ventajas. Yo trabajo para la UNED por lo que no pueden obligar a la UNED a que me eche del trabajo. Mis compañeros, muchos ingenieros, economistas, médicos, van dando clases en colegios de monjas o en el colegio español. De eso vivimos. Pero, con nuestros recursos, tenemos que intentar mantener el partido. Estamos en una situación de presión constante. De miseria constante. El partido muchas veces tiene que hacer de ONG para personas que se nos acercan porque no tienen ni para comprarse unas aspirinas. Tenemos que encargarnos de militantes que, por el hecho de apoyar la oposición, han perdido sus trabajos.

—A usted le llegaron a acusar de comprar a un enfermo de ébola para meterlo en el país. ¿Qué ocurrió?
—Sí, son situaciones surrealistas. En enero se celebró la Copa África. Marruecos la había rechazado por la situación del ébola. Y nosotros nos preguntábamos: ¿cómo vais a aceptar la Copa? ¿De qué partida presupuestaria vais a sacar los 40 millones de dólares? ¿Cómo va a prevenir los casos de ébola un país que tiene la sanidad por los suelos? Entonces, pedimos a la población que no fuera a los estadios, pedimos un boicot. Poco después, publicaron una noticia diciendo que yo había ido a los países afectados por el ébola para comprar a un enfermo y traerlo a Guinea, matar a la población y decir: mirad, esto es lo que decíamos. Surrealista. Fuimos a los tribunales a denunciarlo. La policía fue bochornosa, prefabricó tarjetas de embarque de los supuestos viajes. Yo les decía: ¿dónde están los sellos en mi pasaporte? No lo pudieron demostrar. Trajeron a un delincuente internacional que dijo que yo le había ido a ver para ofrecerle dinero a cambio de meterlo en Guinea y que luego, decía, no le pagué y le amenacé. Los medios estuvieron cuatro meses con el tema. Llamándome asesino pero sin dejarme hablar. Me dejaron en una especie de arresto domiciliario, solo podía ir a la oficina y poco más. Fue una violación de mis derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de expresarme. Hubo un intento de meterme en la cárcel pero finalmente, no sé si por la presión internacional o por la vergüenza, dejaron pasar el caso.

—Las relaciones entre el Gobierno español y el ecuatoguineano son aparentemente buenas. ¿Qué papel tiene España en su intento de impulsar un cambio?
—Las relaciones no son buenas aunque lo digan, pero el Gobierno de España no exige con contundencia el fin de la represión y las vulneraciones de derechos humanos. Pero a la mínima que quiera España exigirlo, el gobierno lo tachará de injerencia política y habrá consecuencias. El Gobierno guineano quiere que España solo coopere y reconozca a Guinea como gobierno democrático.

—¿El Gobierno de España cumple con esa exigencia?
—Los gobiernos españoles no son muy contundentes a la hora de exigir el respeto de los derechos humanos. Antes sí: cuando Guinea era un país pobre. Desde que empezó a explotar los recursos y todas las empresas petroleras querían entrar, las exigencias al gobierno empezaron a ser cada vez más débiles y tímidas. El petróleo y el dinero han pasado a ser más prioritarios que la exigencia al respeto de los derechos humanos de Guinea. Ahora que se está explotando sus recursos y las empresas quieren entrar, las exigencias han bajado. No solo por el interés de los gobiernos de llevar multinacionales al país sino también porque el margen de maniobra para presionar al gobierno también se ha reducido. El gobierno guineano ya no depende de la ayuda internacional, así que les puede mandar a freír espárragos porque tiene recursos propios y recursos codiciados por las grandes potencias. El Gobierno de Guinea siempre ha jugado con esa baza. Si Occidente le presiona demasiado, se dirige a los chinos para que ocupen su espacio. Y a Occidente no le interesa que China ocupe el espacio.

—Su partido, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), se ha unido con Unión de Centro Derecha (UCD) en la coalición electoral Juntos Podemos. ¿Por qué?
—Hemos hecho la coalición ante una situación en la que el partido del Gobierno usa todos los recursos del Estado a su antojo. Por ejemplo, la prensa. Hemos mantenido una reunión con el Gobierno y nos han asignado un equipo de radio y televisión. Graban imágenes de nuestros actos pero, en el momento de informar, solo emiten unos segundos de imágenes y no permiten que salga nuestra voz. Ellos hablan por nosotros y dicen lo más intrascendente de nuestro discurso. Ante esa situación, vimos que un solo partido no puede enfrentarse al partido del poder. La unión hace la fuerza. Por eso lanzamos un único mensaje de unión por el cambio a la población, a los militantes que nos exigen esa unidad . Tenemos la experiencia de 1995, la única vez que la oposición se unió. Y tenemos la experiencia de otros países africanos donde han conseguido deshacerse de dictaduras gracias a ello. Cuando estamos unidos, somos más fuertes.

—¿Qué posibilidades reales tienen de obtener más escaños?
—Las posibilidades que tenemos se basan en poder llegar a la población para decirle que "ahora o nunca". Y, si hay fraude, la población tiene que salir a la calle para exigir que lo que se diga en las urnas se respete. No hay agua, no hay hospitales, los hospitales son privados para la gente con recursos. El régimen no ha construido escuelas. Se ha invertido mucho en otras construcciones: puentes enormes, grandes hoteles, aeropuerto desde el que no salen aviones durante semanas… Y no se ha construido ni una escuela. Tanto es así que los centros privados tienen que establecer turnos. Para ejemplificarlo: en el distrito electoral de Bata, hay 38 centros de enseñanza secundaria, de ellos 33 son privados, construidas por asociaciones religiosas o familias para que los niños no estén en la calle. De los cinco que hay, tres se construyeron en la época colonial y dos con (el anterior dictador Francisco) Macías. En este régimen, no ha construido ninguno. No han construido infraestructuras que beneficien a la población. No. La población vive al margen del petróleo. Gracias a esas obras, hay una ley de inversiones según la cual todas las empresas extranjeras tienen que contar con un socio local, siempre del presidente y de su familia o del poder.

—Pide que sus votantes salgan a la calle pero ¿qué consecuencias suele tener para la población manifestarse contra el Gobierno?
—Hay una ley que permite que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente pero nunca han permitido una manifestación de la oposición. Las únicas que se celebran en Guinea Ecuatorial son de apoyo a Obiang o a algún miembro de su familia, pero nunca hay una manifestación de interés social. En 2013, tras el fraude electoral, anunciamos que nos manifestaríamos, el Gobierno no nos dio permiso y el día de la protesta amaneció con toda la zona acordonada por tanques. A mí me detuvieron junto con otros compañeros a pesar de que habíamos anunciado que lo íbamos a hacer para que la manifestación transcurriese con normalidad. Nuestra sede permaneció dos semanas rodeada, asediada. Pero volveremos a salir, porque la población guineana está muy cansada. Uno puede aguantar la represión y la falta de libertades cuando se le da de comer. Pero no puede aguantar la represión mientras ve que sus niños no tienen ni para comer ni tienen dinero para estudiar. En estas condiciones si unos no tienen dinero para pagar, no irán a la escuela. Es difícil que uno aguante tantas privaciones, porque la situación al final acaba estallando.

—¿Cuáles son las principales reformas que proponen para generar ese cambio?
—Querríamos producir cambios en la Constitución y en varias leyes del país. Reducir los poderes del jefe de Estado, que el Parlamento pueda desarrollar su labor, que el actual ni legisla ni controla al gobierno: solo se limita a ratificar las decisiones que el Gobierno manda al parlamento. No ejerce de control: es dependiente del gobierno. Por eso, necesitamos un cambio constitucional en el senado, que solo bloquea todo lo que sale del Parlamento y no venga del partido del gobierno.

—Teniendo en cuenta este atosigamiento que relata, ¿no piensa en tirar la toalla?
—A veces da miedo porque en Guinea te puede pasar de todo. Sigo porque ¿de qué me sirve ir al exilio? Si todavía hay un margen para seguir luchando por la democracia, tengo la confianza en que terminará llegando a Guinea Ecuatorial porque la causa de la democracia es una causa justa. Lo importante es mantener la llama de la lucha encendida. Si no lo hacemos nosotros, ya lo harán otros.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Las masacres con armas de fuego en EE.UU. y su relación con la violencia doméstica
Amy Goodman y Denis Moynihan )Democracy Now!)

La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, también, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistémico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que había sido miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vínculo entre violencia doméstica y masacres con armas de fuego.
Cuando integraba la Fuerza Aérea, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el cráneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos años de edad. La Fuerza Aérea lo sometió a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un año, pero no informó su sentencia al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI . Esta no fue la única señal de alarma: también había cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Aérea. Según se informó, le había estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurría frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometió el asesinato en masa.

Sarah Tofte, directora de investigación del movimiento a favor del control de armas “Everytown for Gun Safety”, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La mayoría de las masacres con armas de fuego están relacionadas de alguna manera con la violencia doméstica o familiar”. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el período 2009-2016, en más de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia doméstica es más que una señal de alarma; es un crimen en sí mismo. Entre otras cosas, el informe señala:

“La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica hace que sea cinco veces más probable que una mujer resulte asesinada”.

“Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros países de altos ingresos, lo que hace que este país sea el más peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los años, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas”.

“Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas más resultan heridas. Cerca de un millón de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas”.

Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres ( WMC , por sus siglas en inglés), afirmó en una entrevista para Democracy Now!. “No hay absolutamente ninguna duda de que la práctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente íntimo, hacia personas que, en teoría, el agresor ama, abre camino a la violencia pública”.

Soraya prosiguió: “El tema de fondo es cómo abordamos la violencia privada, cómo abordamos la violencia sexual, qué pensamos en torno a la violencia de género. La división público-privada con la que estamos trabajando no está resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el ámbito público. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al día asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviéramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizás las personas comenzarían a reaccionar y a prestar atención”.

Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia doméstica, nos dijo: “Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como ‘terrorismo’. Pero lo que tenemos que hacer —y no estamos pudiendo— es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin género declarado y contra los niños y niñas, que es lo que está en la raíz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sería mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en sí mismas violencia en masa”.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociación Nacional del Rifle ( NRA , por sus siglas en inglés) con calificación “A”. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuyó la culpa de la masacre en Texas a “fallas burocráticas” y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este año, el presidente Donald Trump revirtió una normativa de la era Obama y facilitó que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.

Trump se encontraba en Japón en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dólares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insistía con su retórica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debería aprender de los países que visita. En Japón, un país de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un año típico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las más de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.

En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le preguntó sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la política de armas. ¿Cuántas masacres más tendrán que ocurrir?

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Yemen, el país más olvidado del mundo
Leandro Albani (Resumen Medio Oriente)

Desde marzo de 2015, el reino de Arabia Saudí sostiene una invasión militar permanente contra Yemen, el país más pobre de Medio Oriente. La Casa de Saud argumenta que el ataque por tierra y aire se debe al avance del movimiento Ansarolá, nacido en el seno de la tribu houthis, que profesa el Islam zaidí chiíta.

La salida del poder de Ali Abdullah Saleh, jaqueado por las protestas surgidas en el marco de la denominada Primavera Árabe en 2012, abrió una situación de profundo desgobierno en el país. La represión ordenada por Saleh no pudo detener la ola de protestas que explotaba en una nación de fuerte concepción tribal.

Con el avance político y militar de Ansarolá, la monarquía saudí encontró una razón no sólo para combatir a este movimiento, sino también poder atacar a Irán, su principal enemigo en la región. Desde la Casa de Saud, automáticamente vincularon a Ansarolá con el gobierno de Teheran, más allá de la falta de pruebas reales sobre esta supuesta alianza. Pero si algo fue desencadenante para la invasión a Yemen (algo que no se “recuerda” demasiado en los grandes medios de comunicación), es la importancia estratégica del Estrecho de Bab el-Mandeb, por el cual fluían, antes de la invasión, casi cuatro millones de barriles de petróleo y productos refinados diarios.

Con 527.000 kilómetros cuadrados, Yemen limita con Omán y con Arabia Saudí. Aunque el país sea productor de crudo y posea grandes reservas de gas natural, sus 24 millones de habitantes en la actualidad viven azotados por una profunda crisis humanitaria generada por la invasión militar de la Casa de Saud.

Algunos datos recientes demuestran el caos en el que se encuentra sumida esta nación.

-A principios de noviembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que el número de muertos por el brote de cólera en Yemen asciende a 2.200. En todo el país ya fueron detectados otros 895.000 casos. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó un informe en el que alertó los niños y las niñas suponen más de la mitad de los casos sospechosos de la enfermedad. “El brote afecta a más del 90 por ciento de los distritos de 21 de las 22 provincias del país”, advirtió el organismo internacional.

-En el mismo informe, la OCHA aseguró que Yemen “hace frente a la mayor emergencia alimentaria del mundo” y a “un desplazamiento generalizado de población”. Según la ONU, 21 millones las personas necesitan ayuda humanitaria urgente. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, afirmó que Yemen atraviesa “la peor crisis alimentaria del mundo”, por lo cual se necesita una respuesta humanitaria inmediata.

-Los últimos datos conocidos cifran en 8.500 los muertos por la invasión militar y en 50.000 los heridos. Desde Naciones Unidas reconocen que esas cifras pueden ser mucho mayores, ya que existen “víctimas silenciosas”, que no aparecen en los balances oficiales porque no llegan a los centros de salud o porque ni siquiera disponen de centros de salud a los que acudir.

-Del total de yemeníes, 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. De ese total, siete millones atraviesan una inseguridad alimentaria severa, que significa que diariamente no saben si van a disponer al menos una comida. A esto se debe sumar que se calcula que un millón y medio de personas dejaron de tener acceso a la salud y a la educación, como también a suministros básicos como agua y electricidad. Los pocos centros de atención que todavía se mantienen en pie son blanco recurrente de los bombardeos saudíes.

-El trabajo humanitario en Yemen es una odisea. Una consecuencia directa de la invasión es que Arabia Saudí dispuso, junto a sus aliados regionales, un bloqueo sobre el territorio yemení. Samir Elhawary, oficial superior de la OCHA, explicó en una entrevista con Europa Press que Yemen era un país excesivamente dependiente de las importaciones y, ahora que la economía se ha contraído un 35 por ciento, los productos de primera necesidad escasean y sus precios se han disparado. Elhawary también reveló “la desgarradora estadística de que un niño muere cada diez minutos por enfermedades prevenibles, como la diarrea o infecciones respiratorias”, y unos 400.000 sufren desnutrición aguda, que se ha disparado un 200 por ciento desde 2014 en Yemen.

-Otra consecuencia de la invasión saudí, fue el crecimiento de Al Qaeda y la aparición del Estado Islámico (ISIS). El domingo pasado, ISIS reivindicó un ataque con coche bomba en la ciudad de Adén, en el distrito de Jor Maksar, ubicado en el suroeste del país. Durante el ataque, los terroristas tomaron rehenes; el saldo de la acción dejó 29 policías y seis civiles muertos. Adén y el sur de Yemen son regiones en donde se implantó Al Qaeda luego de la invasión saudí.

Si bien el pueblo yemení sufre las consecuencias más duras de esta invasión, la Casa de Saud no es ajena a su propia aventura militar. Los ataques de Arabia Saudí le cuestan al reino 200 millones de dólares diarios, algo que en los últimos meses resintió la economía interna de la principal monarquía del Golfo Pérsico. Un informe elaborado por la propia Asamblea Consultiva de Arabia Saudí (Shura), reconoció que alrededor del 22 por ciento de la población saudí vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que Arabia Saudí puede quedarse, dentro de cinco años, sin reservas petroleras si continúa con su actual política financiera. Las propuestas impulsadas por el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, se muestran como una respuesta “liberal” a un sistema comercial y político arcaico que, sin dudas, necesita modernizarse, pero sin perder su andamiaje ideológico en el que se unen los preceptos más conservadores del Islam y un pensamiento profundamente neoliberal.

Pese a este panorama, la respuesta militar yemení no es menor. En los últimos días, Ansarolá, junto a sectores del Ejército, lanzaron un misil balístico que estalló contra el aeropuerto internacional de Riad, capital del reino.‎ También se conoció que la semana pasada, Ansarolá destruyó tres vehículos blindados saudíes cerca de la frontera. La cadena HispanTV informó que más de 180 mercenarios saudíes resultaron muertos y heridos en enfrentamientos con las milicias populares en el este de Saná, la capital del país.

Aunque la situación interna en Yemen se agrava con el correr de las horas, a nivel mundial el silencio es una constante ante los sufrimientos del pueblo yemení. Las masacres que sigue cometiendo Riad son cometidas bajo un férreo manto de impunidad. Mientras tanto, en Yemen se convierte en realidad la idea de que un Medio Oriente dividido siempre será beneficioso solamente para los más poderosos.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Una maraña shakesperiana en Arabia Saudita
Guadi Calvo (Línea Internacional)

La situación generada tras la purga, sin antecedentes, que desató el príncipe heredero Mohammed bin Salman teñida de un halo anticorrupción, contra muchos de sus rivales en la compleja urdimbre de la familia reinante, al parecer no solo ha tomado de sorpresa a muchos de los que hoy están detenidos en el exclusivo hotel Ritzadh's Ritz-Carlton, sino a algunos gobiernos europeos muy cercanos a la más sangrienta y longeva dinastía que se tenga memoria en estos últimos siglos.

Se ha sabido que muchos los detenidos fueron golpeados y torturados, tras su arresto mientras eran sometidos a duros interrogatorios para que den detalles no solo de sus cuentas bancarias, sino el funcionamiento de la red de corrupción, que sin duda involucrara a muchos “amigos” occidentales. Las cifras de detenidos, como todo en el reino saudita no son claras, ya que en las primeras horas se ha hablado de unos 1300 detenidos mientras ahora el número se ha reducido en torno a los 200, todos altos dignatarios, príncipes y magnates.

Creer que una operación de semejante magnitud fue realizada sin el conocimiento y el aval del Departamento de Estado, es más que inocente. Hay que recordar la exitosa visita de Donald Trump, a fines de mayo pasado, en que fue recibido como un verdadero héroe nacional, a pesar de que provenía nada menos que de Israel, en los papeles el enemigo número uno del reino.

Si, el que parece ha sido sorprendido es el presidente de Francia Emmanuel Macron, quien se encontraba de visita oficial en los Emiratos Árabes Unidos, y antes de continuar viaje a Paris, hizo una escala en Riad, donde se reunió con el príncipe Mohammed a todas luces el hombre fuerte del régimen, con quien “conversó” particularmente sobre la situación del Líbano, y otros temas, que obviamente pasaron por la “guerra contra la corrupción” desatada por el futuro rey.

Es importante señalar que mientras todo esto sucedía, Riad era visitada por otro “ilustre” político francés el ex presidente Nicolás Sarkozy, un agente claramente alineado a los intereses tanto de Washington como de Tel-Aviv.

La campaña anticorrupción no solo se centra en la captura de todos aquellos magnates y funcionarios que se han enriquecido de manera ilegal, sino también en la confiscación de dichas fortunas por lo que el reino espera recaudar cerca de 1250 billones de dólares. Ya que muchas de esas fortunas se encuentran radicadas en el exterior, Riad prepara una embestida judicial en procura de recuperarlas. Entre los personajes más encumbrados que han sido detenidos figuran nada menos que los hijos del rey Fahd bin Abdulaziz, el rey Abdullah, el príncipe Bandar al-Sultan y el príncipe Nayef.

El clan Sudairi, de la que el Rey Salman, es parte ya que es uno de los siete hermanos que dio origen al clan, todos hijos del rey Abdul-Aziz Ibn Saud, fundador del reino moderno, que en total se calcula tuvo cerca de cuarenta hijos, pero estos siete son hermanos de la misma madre la Princesa Hassa bint Áhmed al-Sudairi, de quien toman el nombre y han logrado dominar el reino desde la muerte de su padre el rey Abdul en 1953.

La actual purga fue antecedida por otra de características más políticas, si esta tuviera algún perfil que no lo fuera, en la que cayeron clérigos musulmanes, intelectuales, economistas y otras figuras públicas, asociados al gobierno del rey Abdullah, muerto 2015, antecesor y hermano del actual Rey Salman.

En esta última redada han caído, figuras del clan más poderoso del reino los Sudairi; dos hijos del poderoso Príncipe Bandar al-Sultán, embajador en Washington 25 años y jefe del poderoso servicio de inteligencia saudita, quien esta investigado por el acuerdo de armas conocido como al-Yamamah. Un contrato para las compra de aviones de combate de la British Aerospace (BAe), que incluían repuestos, mantenimiento y la construcción de bases locales Que significó la mayor venta de armas del Reino Unido, que fue monitoreado directamente por Margaret Thatcher en 1985. El acuerdo cuyo precio básico se infló en un 32%, permitió pagarle por bajo cuerda a Bandar cerca de 30 millones de dólares, que fueron enmascarados como “servicios de marketing”. Que invirtió comprando propiedades en el Reino Unido, un negocio redondo para Londres. Bandar además fue el hombre clave a la hora de lanzar mercenarios tanto contra Libia, como contra Siria.

Sobré el príncipe Bandar, correr diferentes rumores, unos afirman que no ha sido detenido y se encuentra en su casa de la ciudad de Jeddah, mientras otros lo dan por detenido.

¿Otra guerra en Líbano?

Una de las tantas aristas de la crisis saudita parece tener origen en Líbano, recordemos que el Primer Ministro de ese país, Saad al-Hariri, renunció a su cargo a través de un comunicado televisado, justamente desde Riad, el cuatro de noviembre último, donde se encontraba en una visita oficial, argumentando que temía por su vida. Su padre Rafiq al-Hariri quien fuera dos veces Primer Ministro, fue asesinado tras haber dejado su cargo en 2005. Del asesinato de Rafiq al-Hariri se ha culpado al presidente sirio Bashar al-Assad, en confabulación con la organización libanesa Hezbollah, (Partido de Dios) con gran basamento en el sur del país, además de contar con representación parlamentaria y tener el control de varios ministerios. Las acusaciones jamás han podido ser demostradas.

En su desopilante renuncia Hariri, denunció que Hezbollah y e Irán son los que tienen el poder en su país. De allí el temor por su vida. Según algunos informes señalan que el enojo del Príncipe Mohammed, que ha llevado a la extraña detención de Hariri, justificándola, por la nacionalidad saudita del primer ministro, quien nació en Riad en 1970, centra en la imposibilidad después de dos años medios de vencer al pueblo yemení, que solo cuenta con la ayuda de Hezbollah, y la República Islámica de Irán, ambos chiitas, como el grupo Houthis, quien ha llevado la dirección de la guerra de resistencia contra Arabia Saudita.

A principio de noviembre un misil houthi alcanzó el aeropuerto Internacional Rey Khalid, próximo a Riad, con un misil balístico. Los que hizo replanteara la guerra al príncipe heredero. El misil utilizado sería un Volcano H-2, una versión yemení del misil balístico soviético R-27 Zyb, con un alcance operativo de entre 800 y 2000 kilómetros. Hará que de seguir produciéndolo Yemen, se convertiría en una pesadilla para el reino.

La detención del Primer Ministro libanés, intentaría provocar la caída del gobierno de Beirut, generar un estado de anarquía que propiciaría, tras algún ataque de falsa bandera la intervención israelí y declarando una guerra abierta contra Hezbollah, además de la intensificación de las diferencias y abrir una brecha que pudiera terminar en una nueva guerra civil entre los seguidores de Hariri sunitas y Hezbollah de mayoría chií, aunque en la organización liderada por el carismático Sayyed Hassan Nasrallah, participan sunitas moderados y miembros de diferentes iglesias católicas y otras creencias presentes en el Líbano. Aunque según se informa desde la capital del Líbano, la maniobra habría fracasado el gabinete sigue incólume y un espíritu de unidad frente a las intenciones sauditas se ha apoderado del pueblo libanés.

Por otra parte la presencia de Macron en Riad, se debe fundamentalmente para cerrar antes que se pueda desmadrar la situación y se prohíba la venta de armas, poner en funcionamiento los contratos pendientes, con Riad en que el reino se había comprometido en 2015 comprar armamento galo por más de 30 mil millones de euros. Estos acuerdos que se encontraban prácticamente cerrados, no han sido cumplidos por los sauditas. Ahora la purga ha afectado a muchos contactos franceses en Riad, que Macron ha intentado volver a activar.

Por otra parte la Unión Europea particularmente Alemania y Francia están intentando mantener el acuerdo nuclear con Irán, que además habilita un intenso tránsito comercial con Teherán, a los que la nueva administración estadounidense, se ha declarado contraria volviendo a establecer un nuevo bloqueo comercial que Europa tendrá que seguir a pie juntillas como se lo marca Trump.

Un signo de lo critica de la situación en Líbano es que tanto Riad como Kuwait, han solicitado sus súbditos abandonen de inmediato el Líbano, mientras existe la posibilidad que los más de 200 mil ciudadanos libaneses afincados en el reino saudita sean obligados a abandonar el país. La derrota del Daesh en Siria, parece no haber hecho escarmentar a sus mandantes y el objetivo de allanar todo para la dominación norteamericana-israelí de la región sigue en marcha.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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