1) La desaparición de Almagro
2) La creación de fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y la prolongación de los procesos
3) Amnistía pide que se investigue a Shell como supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria
4) Seis razones por las cuales la protesta es tan importante para la democracia
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1) La desaparición de Almagro
Enrique Ortega Salinas (Caras y Caretas)
La no aparición de Almagro desde el día de las elecciones en Honduras preocupa tanto como la desaparición del ARA San Juan no se descarta que Maduro esté detrás de este misterio.
La no aparición del Secretario General de la OEA preocupa tanto como la no aparición del submarino argentino, al cual ya se ha dejado de buscar. La posibilidad de que al mercenario uruguayo le haya sucedido algo en perjuicio de su integridad física no nos deja conciliar el sueño desde el 26 de noviembre, día en que se realizaron elecciones presidenciales en Honduras.
Honduras fue el país donde la derecha destituyó en 2009 al Presidente Manuel Zelaya mediante un golpe parlamentario y militar por haber convocado a una consulta popular no vinculante con respecto a la reelección, la cual es prohibida por la rígida Constitución hondureña. Sin embargo, el actual Presidente, Juan Orlando Hernández, de 49 años, líder del derechista Partido Nacional, se postuló a un segundo mandato tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremaque lo habilitó. Nadie entiende como esto ha sido posible si la Constitución es clara al respecto… Nadie que no sepa que Hernández fue quien nombró a los magistrados que integran dicha sala. En resumen, la reelección es mala si la busca un líder de izquierda y es buena si lo hace uno de derecha afín a las directivas de Washington.
Tras las elecciones del 26 de noviembre la oposición denunció fraude a favor de Hernández y el expresidente Manuel Zelaya, actual líder de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, ha exigido al Tribunal Supremo Electoral la revisión de 5.187 actas sobre las cuales surgieron dudas tras inexplicables y sospechosas interrupciones en el sistema de transmisión de resultados del escrutinio. El TSE, siguiendo directivas del Presidente Hernández, sólo acepta la revisión de 1.006 actas con inconsistencias en el número de votos o ausencia de firmas de los delegados de las mesas de votación.
El origen de las dudas
Las mismas estaban planteadas desde meses atrás por los dirigentes de la Alianza, los cuales denunciaron al TSE de estar al servicio del Presidente. Lo mismo que la MUD critica en Venezuela con el respaldo de Luis Almagro. Con el 57 % de las actas escrutadas, Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 64 años que lidera la Alianza Opositora, aventajaba al Presidente por cinco puntos. Marco Ramiro Lobo, suplente del TSE, advirtió entonces que dicha diferencia era “irreversible”, considerando la cantidad de actas escrutadas, pero entonces ocurrió el milagro.
La Divina Providencia vino en auxilio de la derecha hondureña y el sistema informático comenzó a detenerse una y otra vez; en uno de los casos, por más de cinco horas. ¿Y qué creen? A medida que el sistema se restablecía comenzaron a aparecer votos para el bienamado Hernández. Ya con el 94,31 % de las actas escrutadas, el Presidente va ganando con 42,92 % contra 41,42 % de Nasralla. No sé si fue fraude o no, pero hablamos de una derecha que siempre logra lo que quiere, por las buenas o por las otras.
¿Dónde estás, Luis?
Ahora Honduras está que arde y la lentitud del escrutinio aviva el fuego. El gobierno decretó el viernes un toque de queda por 10 días que obliga a los manifestantes a replegarse. Saqueos, barricadas, incendios y enfrentamientos con la Policía… Corre sangre. Fuentes oficiales hablan de siete muertos; pero al parecer serían muchos más. Una de las últimas víctimas fue Kimberly Dayana Foseca, adolescente asesinada por policías militares que atacaron sorpresivamente a un grupo de manifestantes en la colonia capitalina Villanueva. Según su padre, la joven buscaba a su tío en la zona y quedó en medio del conflicto. “Salieron de un arbusto unos de la Policía Militar disparando a lo loco y la mataron a ella de un tiro en la cabeza”, contó Luisa, hermana de Kimberly. En Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, hay centenares de detenidos y heridos.
Mientras tanto, Almagro que no aparece ni envía una carta, un twitter o un video al Presidente y al mundo. No hay que descartar que Nicolás Maduro esté detrás de esta misteriosa desaparición que impide que nuestro compatriota se exprese a favor de la democracia, en contra del fraude y la represión y reclame la liberación de los presos políticos.
Elevamos nuestras plegarias para que aparezca vivo y sano y exigimos al gobierno de Venezuela que lo libere de inmediato con las disculpas del caso.
Nicolás: Tendría que darte vergüenza
COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) La creación de fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y la prolongación de los procesos
Ariel Collazo (sDr)
La Justicia acumula más de trescientos procesos por denuncias referidas a delitos de terrorismo de Estado ocurridos entre 1969 y 1985. La primera causa judicial con registro fue iniciada en 1975, en el juzgado penal de 2º Turno de Montevideo, por la muerte de Rodolfo Fernández Cúneo, en el penal de Libertad. El conjunto no ha cesado de crecer hasta el corriente año. Una cuarta parte de las causas ha sido archivada o tiene pedido el archivo y nada menos que un 60 por ciento se encuentra en estado de presumario, es decir, apenas iniciadas, en construcción de las pruebas. Apenas nueve causas, un 3 por ciento, dieron lugar a una sentencia definitiva.
En cuanto a su distribución en el tiempo, una quinta parte se inició antes de 1990 —mayormente, antes de 1987, cuando entró en vigencia la ley de Caducidad que confinó la iniciativa procesal al Poder Ejecutivo y puso en marcha la máquina política de archivar denuncias— y tres quintas partes, a partir de denuncias originales o renovadas entre 2010 y 2011. Los datos surgen de los registros que actualiza regularmente el Observatorio Luz Ibarburu (OLI), creado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en 2012 para supervisar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman, por la cual Uruguay debió reconocer los delitos de terrorismo de Estado durante la dictadura y, en particular, la desaparición forzada de María Claudia García. La sentencia disponía que el Estado uruguayo debía facilitar formación a los operadores judiciales y facilitar a la justicia los medios para la eficacia de las investigaciones.
La situación actual, a tres décadas de la ley de Caducidad, es que las causas se encuentran en virtual parálisis y que el cumplimiento de la sentencia del CIDH es, por lo menos, menguante, según el informe del OLI.
Fiscalía nueva para procesos viejos
La medida propuesta por el Poder Ejecutivo para cumplir con estos requerimientos es la creación de una fiscalía exclusiva para todas las causas relacionadas con el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura, con competencia nacional y especialización en delitos de lesa humanidad, de manera que permita a la Fiscalía de Corte “llevar a cabo su función en esta materia con la especialidad necesaria” y “diseñar una estrategia a medida (en) estas causas para contemplar sus particularidades y complejidades”, según la fundamentación en el proyecto de ley. El 19 de octubre, un año después de su ingreso al Parlamento, se aprobó. La nueva fiscalía aguarda a que se normalice el andamiento del nuevo sistema procesal penal, vigente desde el comienzo de noviembre.
Fuentes de la Fiscalía de Corte entendieron, en diálogo con SdR, que la posibilidad de especializar una fiscalía para un conjunto de causas de alta complejidad, con jurisdicción nacional, otorgará una gran diferencia para la agilidad procesal. Si bien no se ha establecido con qué estructura profesional contará la nueva fiscalía, estiman que es razonable que opere como es habitual con un fiscal adscripto y otro adjunto al fiscal letrado.
Algunos especialistas y profesionales judiciales son escépticos respecto del efecto de esta medida para acelerar las causas abiertas. Los denunciantes se han creado expectativas, pero perciben que el destino de su vindicación ante los estrados dependerá de que los jueces asuman la naturaleza específica de los crímenes de Estado que se cometieron. Pero, mucho antes de que los magistrados se pronuncien, los denunciantes luchan contra la dificultad para establecer la prueba debido a la rotación de jueces y fiscales e, incluso, contra una dificultad superior: que los operadores judiciales reconozcan como posibles los hechos denunciados.
Mirtha Guianze, que desarrolló su carrera como fiscal y se ocupó de causas relacionadas con los delitos cometidos en dictadura, entiende que la creación de una fiscalía única “no será una solución en los términos planteados: que un fiscal concentre todos los elementos probatorios de las causas, radicadas ya en Montevideo, ya en Bella Unión”, y en cambio puede llegar a ser “un entorpecimiento, al menos si no se constituye una fiscalía superespecial, con un equipo que pueda desplegar presencia en juzgados que de por sí van a estar recargados y con la tarea de diligenciar toda la prueba de estos juicios”. Por otra parte, si bien quizás se podría, con los medios informáticos y los funcionarios capacitados suficientes, desplegar presencia del ministerio público en cada sesión judicial de cada juzgado del país donde se radique una causa, difícilmente se aceleren los procesos porque el “fiscal no asumiría las nuevas funciones (del nuevo Código del Proceso Penal) sino que continuaría con las actuales: no investiga, no diligencia la prueba, sino que le solicita a un juez que lo haga”. “El fiscal puede pedir muchas pruebas, pero que se las diligencien es una cosa diferente; es solo uno de los actores en el expediente, muy poco trascendente si no tiene un juez que lo respalde y que trabaje a la par. Y eso no se va a dar porque no habrá jueces especializados”, sostiene la ex fiscal.
Lucía Arzuaga, militante política desde muy joven, fue detenida bajo la dictadura militar a los 23 años y sufrió la mayor parte de su prisión en la cárcel de Punta de Rieles. Denunció a sus carceleros por torturas y vejaciones en 1985, recuperada la democracia, y su causa fue archivada a partir de la aplicación de la ley de Caducidad. En 2011, al cabo de un doloroso proceso de exhumación colectiva de aquellas experiencias vividas por expresas de muy diversas edades y trayectorias, denunció nuevamente, ahora junto con otras 27 mujeres, a más de cien responsables directos de la violencia sufrida, militares y civiles, impunes la mayor parte de ellos, más de un cuarto de siglo después del término de la dictadura. Las denunciantes que iniciaron así una larga peregrinación hacia la dignidad por estrados judiciales y forenses, y soportaron revisitar su cautiverio y a sus torturadores, han visto reducido su contingente por la implacable biología al cabo de los años. El juicio se encuentra todavía en etapa de presumario para la mayor parte de las denuncias. Dio lugar a un solo procesamiento.
Arzuaga integra el colectivo “Denunciantes penales por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, que se ha manifestado estos días en la calle y a través de un corto testimonial en televisión bajo la consigna “Justicia que tarda no es justicia”. Guarda razonable expectativa acerca de que se comiencen a instrumentar cambios en los procedimientos judiciales, pero no llega a anticipar cómo los facilitarían los jueces. Estas denunciantes conocen bien, al cabo de seis años, las dificultades para constituir la prueba, la sostenida estrategia de las defensas de los imputables, la diversidad de interpretación de la calidad de los delitos.
“La prolongación de todos los procesos es un problema. A veces no sabés si realmente te escuchan o si sirve todo lo que informás. Nosotras les llevamos información, les llevamos material, les llevamos dónde estuvo cada uno (de los indagados) en su carrera, arma por arma. Hicimos un trabajo de investigación nosotras, ¿viste?”. El trabajo de lectura y comprensión de tantos quilos de información no necesariamente se convierte en conocimiento para tomar decisiones.“Durante todo este tiempo nos cambiaron de juez y de fiscal, dos veces. ¡Otra que revictimizarte! Una cosa es que veas a un juez y el hombre te escuche, se banque tu llanto y, otra, que después venga uno nuevo, y otro, y traten de enterarse por lo que quedó escrito, cuando lo que explicás es algo complejo, que debe ser escuchado”. La circunstancia histórica de los hechos denunciados es poco conocida por los jueces y el propio método documental no es eficiente para recoger descripciones complejas, no solo por la inevitable pérdida en la transcripción a lenguaje escrito sino porque en cierta medida el registro de las declaraciones es resumido o abreviado. “‘No, mire, yo demoré treinta años en poder llegar a decir todo lo que dije. No resuma nada. Quiero que conste todo lo que dije’. Y yo, una de las pocas que me bancaba releer todo, me ponía a escribir lo que faltaba en los márgenes. ¿Te das cuenta? El juez siguiente, el nuevo que viene, a lo que tiene acceso, es a una narración abreviada”, plantea Arzuaga.
Por otra parte, las defensas de los indagados trabajan apelando a un eventual criterio de prescripción de los delitos que pueda ser adoptado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante denuncias de inconstitucionalidad, entre otros recursos. “Los abogados defensores trabajan en equipo. Y la fiscalía, muchas veces, no acude a las audiencias. Si ahora se unifica en una sola, no sé cómo pueden hacer. Debería contar con algo así como un equipo de diez fiscales. La defensa, de lo contrario, se maneja con ventaja. El fiscal debe estar sentado allí, si es necesario, dos días, en una audiencia, preguntando”, señala Guianze. La ausencia abona a que la otra parte ocupe su turno para preguntar.
Los delitos ocurridos bajo la dictadura parecen ser una complicación para los magistrados. En Uruguay no se han constituido, como en Argentina, juzgados especializados para delitos de terrorismo de Estado, y estas causas ceden prioridad a otras en apariencia más urgentes. “Estoy asombrada de la cantidad de causas detenidas, el tiempo que llevan, las audiencias suspendidas, la aceptación por los jueces de las chicanas de las defensas, los jueces que no entran a las audiencias —audiencias sin más asistente que un abogado del OLI y un receptor—. Una vergüenza. Y los abogados de los militares no fallan, siempre hay dos o tres”, sostiene Guianze. La diferente priorización también es significativa para las denunciantes, que perciben que sus denunciados rara vez comparecen en el juzgado y, en otras causas, como la de la estafa de Fonasa, se procesa en el mismo juzgado a decenas de imputados en cuestión de semanas.
Más allá de lo procesal, el mayor problema con estos delitos es su definición penal. Las defensas, desde el comienzo y antes de que se constituya el sumario, oponen recursos de variado tipo, desde cuestionamientos a la calidad de las declaraciones y los declarantes hasta certificaciones médicas para que el indagado no concurra, pero lo más reiterado son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la SCJ, laudadas por la Corte con voto dividido a lo largo de los años, en función de la composición del tribunal. Hace pocas semanas, la SCJ falló, para un caso, a favor de la inconstitucionalidad del artículo 2 y 3 de la ley de Caducidad. El fallo produjo reacciones de rechazo, entre ellas, la del Fiscal de Corte, Jorge Díaz y, a título personal, la de Wilder Tayler, actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INNDDH), reacciones que ponen sustancialmente el foco sobre la naturaleza de los hechos denunciados, sobre las obligaciones internacionales del sistema jurídico uruguayo desde los juicios de Nüremberg al final de la Segunda Guerra y sobre el problema del acceso a la justicia de un conjunto importante de víctimas, desde la dictadura hasta ahora, o al menos durante tres décadas.
Esa ambivalencia del órgano máximo del poder judicial no parece invitar a la constancia en la labor de los jueces, y en todo caso las interpretaciones de la ley van apareciendo disímiles. Ha sido frecuente que los jueces no computen para la prescripción de delitos, en efecto, el período de 25 años de suspensión de la pretensión punitiva que se arrogaron los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el poder Judicial en 1986. De hecho, algunos fallos de la SCJ avalan esa interpretación. Pero la lectura de sentencias parece sugerir criterios más diversos en cuanto a la punibilidad de algunos hechos.
En la causa de las 28 mujeres contra un centenar largo de militares policías y civiles, de 2011, solo ha sido procesado, el año pasado, el capitán Asencio Lucero, responsable de inteligencia en el regimiento de Caballería Nº 9, hoy fallecido, una vez que reconoció en su declaración los crímenes. El fiscal lo había imputado, luego de su confesión y de un recurso de inconstitucionalidad al que la SCJ no hizo lugar en esa oportunidad, por torturas y reiterados delitos de privación de libertad, posiblemente en el entendido de que los delitos de violencia sexual quedarían comprendidos en “torturas”. Pero la jueza penal de 16º turno, doctora Julia Staricco, una vez recogida expresamente la evidencia de torturas directas de Lucero sobre al menos siete detenidas, en su fallo, no incluyó el delito de torturas en la condena porque esta figura no estuvo incluida en la normativa penal en el momento de los hechos denunciados.
El capitán Lucero manifestó que su proceder estaba amparado por una política, por una estructura organizativa, que no hacía falta recibir órdenes específicas, y reconoció “ablandamientos”. “Le llegó el procesamiento porque dijo que era verdad”, manifiesta Lucía Arzuaga. “Y al cabo de todo este viaje terrible para nosotras, que (los denunciados) no vayan, que no los conduzcan a declarar… eso te mata. Y bueno, nosotras teníamos que hacer algo con todo eso. No sé si en algún momento se va a resolver alguna cosa o si tendremos que seguirla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Amnistía pide que se investigue a Shell como supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria
Hannah Summers (The Guardian)*
La ONG ha publicado un informe con evidencia completa, incluyendo declaraciones de que Shell manejó una unidad de policía secreta en los años 90, después de cerrar sus operaciones en la tierra de los ogoni
Amnistía Internacional pide una investigación penal de la petrolera Shell tras acusarla de ser cómplice de abusos a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas nigerianas. El martes, la ONG publicó un informe en el que revelan miles de documentos internos en la empresa y declaraciones de testigos que probarían la participación de la petrolera anglo-holandesa en la brutal campaña para silenciar activistas que se llevó a cabo en la región de los ogoni en los años 90.
Amnistía reclama al Reino Unido, Nigeria y los Países Bajos que evalúen un juicio penal contra Shell en vista de las pruebas que supuestamente la harían "cómplice de asesinatos, violaciones y torturas", acusaciones que Shell rechaza rotundamente. Si bien el conjunto de los documentos incluidos en el informe contiene material que Shell se vio obligada a sacar a la luz durante un juicio civil contra la empresa, y muchas de las acusaciones son de hace mucho tiempo, el informe también revela pruebas que no se conocían hasta ahora.
Se incluyen testimonios que ha visto the Guardian que aseguran que Shell manejaba una unidad de policía secreta, con agentes entrenados por los servicios de seguridad del estado nigeriano, para realizar tareas de vigilancia después de que la empresa anunciara públicamente que se retiraba de la región. Shell se retiró de Nigeria a principios de 1993, citando razones de seguridad, pero luego "buscó formas de reingresar en la región y ponerle fin a las protestas llevadas a cabo por el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop)", según Amnistía.
El grupo se había conformado bajo el liderazgo del autor y activista nigeriano Ken Saro-Wiwa y luchaba por conseguir una carta de derechos para obtener autonomía política y económica para la población indígena y proteger su región de un "desastre ecológico". En 1993 la potente campaña logró que la petrolera se retirara de la región. Pero siguieron las protestas masivas cuando Shell continuó con sus planes de construir un oleoducto en la zona.
El 30 de abril de ese mismo año, las tropas que custodiaban a los trabajadores de Shell le dispararon a los manifestantes, hiriendo a 11 personas, y unos días más tarde un hombre fue asesinado de un tiro en el pueblo de Nonwa, en otro incidente. Todo esto desató una brutal represión a cargo de las fuerzas armadas nigerianas, que asesinaron a unas 1.000 personas y destruyeron poblados, dejando a 30.000 personas sin hogar.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía, afirmó: "Las pruebas demuestran que Shell alentó repetidamente a las fuerzas armadas nigerianas a reprimir las protestas populares, incluso a sabiendas de los horrores que se llevarían a cabo: asesinatos, violaciones, torturas, destrucción de poblados". "Es indiscutible que Shell jugó un papel esencial en los eventos devastadores que sucedieron en tierras de los Ogoni en los años 90, pero ahora creemos que hay fundamentos para realizar una investigación judicial penal".
"Restablecer el orden en la región"
Añadió: "El primer paso fue reunir todas las pruebas. Ahora estamos preparando una presentación penal para entregarle a las autoridades pertinentes en vistas de una acusación formal". La ONG asegura que Shell le brindó "apoyo logístico" a las fuerzas armadas, incluyendo transporte y, al menos en una ocasión, le pagó a un comandante militar conocido por sus violaciones a los Derechos Humanos.
Amnistía señala que los documentos, que compartieron con the Guardian, revelan que en marzo de 1994 la empresa le pagó más de 750 euros a una unidad especial del gobierno creada para "restablecer el orden" en la región de los ogoni. Esto fue sólo diez días después de que el comandante de la unidad ordenara disparar contra activistas desarmados que protestaban frente a las oficinas centrales de Shell en la región, en Port Harcourt. Otras pruebas recopiladas apuntan a los vínculos aparentes entre Shell y la agencia de seguridad interior de Nigeria, la SSS.
Shell ha declarado públicamente que la fuerza policial que custodiaba a la empresa se encargó "solamente de proteger" al personal y las propiedades, pero testimonios obtenidos a partir de denuncias contra la empresa presuntamente demuestran que esa unidad tenía estrechos vínculos con la SSS.
George Ukpong, exdirector de seguridad de Shell para la región oriental, que supervisó la fuerza bajo instrucciones de la empresa, indicó: "Cada día que vengo a trabajar, llamo al director de seguridad estatal. Intercambiamos información". Una de sus principales fuentes era una unidad de la fuerza que custodiaba a Shell, que recogía información ingresando de civil a regiones sensibles. "En lo que a mí respecta, son informantes", dijo.
En su declaración como testigo, Ukpong explicó cómo la SSS entrenaba a la unidad. Dijo: "Invitamos a la unidad de entrenamiento a que vengan y elijan a algunos de nuestros agentes de inteligencia. Tenemos una sección en la policía que se supone que se encarga de estas cosas. Entonces, los sentamos y les enseñamos lo básico sobre vigilancia y recopilación de información".
Mark Dummett, investigador de Amnistía, aseguró: "El hecho de que Shell manejara una turbia unidad secreta y luego le pasaba información a la agencia de seguridad del estado es realmente inquietante. En esa época, Nigeria reprimía violentamente a los protestantes pacíficos y existe la posibilidad de que la información que recogía la unidad espía secreta de Shell haya contribuido a graves violaciones de los Derechos Humanos".
Y añadió: "Las pruebas demuestran cuán cercana y cuán insidiosa era la relación entre la empresa petrolera y el estado nigeriano, y Shell tiene que responder preguntas muy serias". La campaña del gobierno nigeriano contra los ogoni culminó hace 22 años con la ejecución de nueve hombres ogoni, incluyendo a Saro-Wiwa, líder de las protestas. Estas muertes generaron indignación en todo el mundo ya que todo indicaba que no habían tenido un juicio justo.
¿Una empresa criminal?
En junio de este año, las viudas de cuatro de los hombres ejecutados presentaron un escrito contra Shell en los Países Bajos, acusando a la empresa de ser cómplice de la muerte de sus maridos. Tanto una persona como una empresa pueden considerarse responsables penales si alientan, posibilitan, agravan o facilitan un delito. El nuevo informe de Amnistía Internacional, ¿Una empresa criminal?, alega que Shell estuvo involucrada de esta forma en los crímenes contra los ogoni.
En su declaración final al tribunal que lo condenó, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell algún día tendría que responder por sus acciones ante un juez. Ahora Amnistía dice: "Estamos decididos a llevar esta acción a cabo. Debe hacerse justicia por Ken Saro-Wiwa y las miles de vidas arruinadas por la destrucción de las tierras de los ogoni en manos de Shell".
Un portavoz de las oficinas de Shell en Nigeria dijo que la empresa siempre ha rechazado estas acusaciones de la forma más rotunda posible. Señaló: "Las ejecuciones de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis en 1995 fueron eventos trágicos llevados a cabo por las fuerzas armadas, por orden del gobierno que estaba en ese momento en el poder. Nos entristecimos y escandalizamos con las noticias. Shell le pidió al gobierno nigeriano que tuviera misericordia. Lamentablemente, esa petición –que realizaron muchas otras personas más– no fue escuchado".
Añadió: "El apoyo a los Derechos Humanos, en línea con un legítimo papel empresarial, es uno de los valores fundamentales de Shell, junto con la honestidad, la integridad y el respeto por las personas. Las acusaciones de Amnistía Internacional contra Shell son falsas y no tienen fundamentos. Shell no conspiró con las autoridades para reprimir protestas y de ninguna forma alentó ni justificó ningún acto de violencia en Nigeria. Creemos que las pruebas demostrarán claramente que Shell no es responsable por estos trágicos acontecimientos".
* Traducido por Lucía Balducci para El Diario
COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) Seis razones por las cuales la protesta es tan importante para la democracia
Richard Norman (Democracia Abierta)
¿Por qué la protesta es tan fundamental para los derechos humanos y la sociedad democrática? Aquí hay seis razones básicas por las cuales necesitamos proteger y ejercer el derecho a protestar. Esta lista forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.
1. Las personas se da cuenta de que no están solas
Una forma a través de la cual el establecimiento mantiene su poder es creando un discurso dominante desde el cual se excluyen los puntos de vista de los disidentes. Si las personas piensan de manera diferente, pueden sentirse aisladas, marginadas e impotentes. Las manifestaciones y marchas públicas empoderan a las personas mostrándoles que hay miles de personas que piensan lo mismo.
2. Al protestar, modificamos la agenda y comenzamos un debate
Los que están en el poder pueden tratar de ignorarnos, pero si hay suficientes manifestantes, entonces sentirán la necesidad de encontrar razones por las cuales todos los manifestantes están equivocados. Ahí es cuando comienza el debate y la discusión se hace posible.
3. En una democracia electoral, la protesta proporciona una voz esencial para los grupos minoritarios
Los teóricos clásicos del gobierno representativo reconocieron que el sufragio universal y el voto mayoritario amenazan con imponer la "tiranía de la mayoría" y anular los derechos de las minorías. Las protestas son un correctivo vital para el gobierno de la mayoría.
4. ¡A veces ganamos!
Si hay suficientes manifestantes, las políticas de quienes están en el poder pueden hacerse impracticables. Cuando el gobierno del Reino Unido introdujo el poll-tax en 1990, un gran número de personas protestaron y se negaron a pagar el impuesto. Se hizo evidente que perseguir a todos los que se negaron sería imposible, una ameneza de caos, y el gobierno abolió el impuesto.
5. A veces ganamos de una forma que no habíamos planteado o planeado
Los eventos políticos son impredecibles. Las protestas contra los misiles nucleares de Greenham Common en el Reino Unido en la década de 1980 parecían haber fallado cuando se instalaron los misiles, pero las protestas obligaron a los gobiernos de los EE.UU. y del Reino Unido a admitir que tenían que desplegar los misiles porque la Unión Soviética estaba haciendo lo mismo. Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para retirar todos los misiles, los gobiernos occidentales no pudieron volver a lo que habían dicho. Los misiles fueron retirados, y Greenham Common es ahora un parque público.
6. A veces ganamos pero tarda una generación o más
En el momento, puede surgir la sensación de que las demandas públicas no van a llevar a ninguna parte; que aquellos en el poder están atrapados en una cierta mentalidad y no pueden cambiar su forma de pensar. Pero luego puede aparecer una nueva generación, libre del pensamiento del pasado, y ver que las opiniones de los manifestantes tenían sentido. Un ejemplo es el enorme cambio de actitud hacia las personas homosexuales en solo un par de generaciones.
COMCOSUR ESPECIAL / JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017
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