1) Revelan espionaje en plebiscito de 1989
2) Ex jefe de inteligencia de la Policía confirmó que en 2005 José Díaz ordenó cesar el espionaje
3) UPM comprará y manejará sus propios ferrocarriles
4) El 18 de diciembre se lanzará la campaña de recolección de firmas contra la ley de riego
5) Informe sobre concentración en Uruguay detalla otras actividades empresariales de grandes grupos mediáticos
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2155 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Revelan espionaje en plebiscito de 1989
Oficial de Inteligencia policial dijo haber recibido órdenes.
(El País)
Un oficial de inteligencia policial que actuó en el primer gobierno del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990) confirmó que recibió órdenes superiores de practicar actos de inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones sociales que tomaron parte de la campaña para el plebiscito del 16 de abril de 1989, cuando se sometió a consulta popular por primera vez la ley de Caducidad.
Así lo reveló el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora del Parlamento sobre el espionaje militar y policial en los años de democracia. Entre 1986 y 1989 el ministro del Interior, del cual depende la Policía, fue Antonio Marchesano, quien fue uno de los primeros en comparecer ante esta comisión legislativa de investigación.
A mediados de mayo de este año, Marchesano compareció ante la comisión y negó que existieran posibilidades tecnológicas en la cartera para hacer espionaje o seguimiento a partidos o personas. Marchesano confirmó, de todos modos, que el departamento de Investigación e Inteligencia policial funcionaba en esos años. Pero advirtió que el equipamiento era "flojo", según dijo entonces al salir de la comisión a los periodistas. "El régimen cívico militar no se había empeñado en dar equipamientos especiales para la Policía, y por esa razón no había manera de hacer esas cosas", precisó.
Sin embargo, su director de Inteligencia reveló lo contrario en la comisión. "Se reconoció una orden específica del gobierno de turno de cara al plebiscito del voto verde", subrayó el diputado Núñez, que agregó que "este dato figura en documentos que tiene la comisión y que una vez que fue puesto sobre la mesa para confrontar, el jerarca lo admitió".
El espionaje se hizo "porque aparentemente era de interés para el gobierno, según los documentos que tiene la comisión", añadió Núñez. Esta situación hizo que los legisladores ya estén pensando en convocar a la comisión al entonces presidente Julio María Sanguinetti, adelantó el diputado oficialista.
Además, los invitados, que eran todos oficiales jerarcas de Inteligencia policial en retiro, dijeron que había "rumores" en el departamento de Inteligencia, que aseguraban que hubo épocas en que la embajada de Estados Unidos entregaba dinero a personas que trabajaban en la oficina para que dieran datos al gobierno de ese país.
Otros jerarcas de Inteligencia policial que actuaron en otros gobiernos dijeron desconocer que ocurrieran hechos de este tipo. La mayor cantidad de documentos oficiales que maneja la comisión es de entre 1985 y 2003.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) Ex jefe de inteligencia de la Policía confirmó que en 2005 José Díaz ordenó cesar el espionaje
(La Diaria)
Uno de los ex jefes de la Dirección General de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior confirmó ayer que cuando José Díaz asumió como ministro del Interior, en marzo de 2005, dio expresa orden de que se terminara con los seguimientos a los partidos políticos, los sindicatos y las personalidades. El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez dijo que “si la orden fue expresada de esta manera, es porque se tenía la convicción de que previo a estos años se habían hecho estas tareas”. “Estaba planteado el rumor en inteligencia policial de que estas prácticas se hacían previo a 2005 y que se recibían pagos para informantes por parte de la embajada de Estados Unidos”, aseguró.
Los ex jerarcas que aún están vivos son Sidney Ribeiro, Altamir Hoyo, José Enrique Chavat, Humberto Fraga Pintos y Máximo Costa Rocha. Ayer comparecieron todos ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar de 1985 a la fecha.
Costa Rocha, por su parte, confirmó que durante el primer período de gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) la Policía recolectó información sobre el plebiscito de 1989 en el que se puso a consideración de la ciudadanía una reforma jubilatoria, información que salió a la luz cuando se encontró el “archivo Berrutti”. “Este es un hecho grave; si el gobierno mandó investigar una instancia democrática por la Policía, habría que preguntarles a los responsables del gobierno de ese momento por qué era un aspecto de interés conocer cómo se estaba desarrollando el proceso de recolección de firmas de quienes estaban organizando la consulta popular”, dijo Núñez.
Cabe recordar que esta comisión investigadora comenzó a funcionar el 20 de febrero, y que recientemente solicitó extender su trabajo seis meses más, debido a las dificultades que enfrentan para analizar los casi tres millones de documentos que integran el archivo. La extensión fue votada favorablemente por la cámara, por lo que seguirán trabajando hasta el 30 de junio de 2018.
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3) UPM comprará y manejará sus propios ferrocarriles
Ministerio de Transporte lanzó ayer los pliegos de la licitación internacional
Pablo S. Fernández (El País)
Las rutas nacionales eran el gran desafío para el Ministerio de Transporte en el actual gobierno. El mal estado hacía intransitable varios de los grandes ramales nacionales. La refacción de gran parte de los tramos fue planeada en la campaña electoral. Pero el tren para UPM no. Este desafío para el gobierno de Tabaré Vázquez apareció en 2016 cuando se confirmó el real interés de UPM de instalar una segunda planta de celulosa. Por eso la gestión del Ministerio de Transporte pasó a ser clave: si no se reconstruye el ferrocarril central que une Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo, no hay inversión de los finlandeses.
Ayer el ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó que ambos desafíos están bien encaminados. La inversión vial alcanzará récords históricos; por otro lado, los pliegos de la licitación para el tren que utilizará UPM fueron presentados en la tarde. El jerarca explicó a El País que hay una larga lista de empresas extranjeras que oficializaron su interés de participar. El plan del ministerio es adjudicar la reconstrucción del ramal antes del 1° de noviembre de 2018. A partir de allí la empresa adjudicataria tendrá 40 meses para realizar las obras.
Luego UPM, si termina de confirmar su inversión como se espera que ocurra, comprará sus locomotoras y vagones para transportar la producción de celulosa. Ese ferrocarril será operado por una empresa privada contratada por la multinacional finlandesa. No estará a cargo de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). El ministro Rossi volvió a insistir que la obra se hará "con o sin UPM", una frase que ya se convirtió en casi un eslogan del oficialismo. Sin embargo ninguno de los integrantes del gobierno frenteamplista tiene dudas de que UPM confirme la construcción de la segunda planta de celulosa antes de febrero de 2020.
"Es un proceso que está en marcha, que va a ser un camino de permanentes dificultades, no es un camino sencillo. Pero que nada indica que no se vaya a concretar al contrario. Hay muchas cosas que indican que la opción que tomó la empresa está sostenida en factores claros", dijo el ministro de Transporte ayer en un desayuno de trabajo con medios de comunicación.
Para utilizar la nueva vía ferroviaria la empresa UPM pagará un canon al Estado por concepto de peaje. Pero a su vez antes de poder operar sus propios trenes deberá someterse a un estudio y autorización de la Dirección de Transporte Ferroviario. Algo parecido con lo que ocurre en la aviación comercial, cuando llega una nueva aerolínea y requiere su aprobación para poder utilizar el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el nuevo ramal también podrán operar otras empresas, incluso Rossi no descartó que algunas de las máquinas de AFE puedan utilizar el nuevo sistema.
Uno de los puntos clave en la inversión del ferrocarril está en la garantía que los empresarios demandan al Estado. Para esto, el ministro de Economía, Danilo Astori, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con quien analizó una línea de crédito como forma de garantía para el inversor. A su vez la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, transmitió a las empresas chinas interesadas en la licitación que financiarán parte del proyecto, si así lo requieren.
El nuevo trazado del ferrocarril abarca 273 kilómetros, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una decena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y algo más de 40 puentes. Este proyecto será realizado bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP). Una encuesta de opinión de la consultora Cifra determinó que 97% de los habitantes de la zona que comprende el proyecto ferroviario entendió que será positivo para el país.
El nuevo sistema ferroviario permitirá aumentar la velocidad en que transitan los trenes a un promedio de 80 kilómetros por hora. Actualmente la velocidad de los mismos en el país no supera los 30 kilómetros por hora. Incluso para facilitar el recorrido y reducir las curvas del entramado, está previsto expropiar una serie de terrenos: alrededor de 200 padrones.
Rossi dijo en la reunión con los periodistas que se viene trabajando "muy fuerte" en su ministerio para hacer posible este proyecto. Incluso explicó que se ha analizado todo el mapa del país para estudiar el impacto del nuevo sistema ferroviario en la producción local. Es que una vez puesto en marcha el ferrocarril central permitirá bajar los costos de transporte para producciones significantes, como los cereales, granos, madera en general y ganado. Además de evitar afectar las carreteras nacionales por el paso de los habituales camiones.
Durante la charla Rossi dijo que otro de los trabajos que planean para el próximo año está vinculado al Puerto de Montevideo. Allí conformarán un nuevo Plan Maestro para el principal puerto del Uruguay. Entonces se deberá definir una terminal especializada en celulosa por la gran demanda que implicará el desembarco de UPM en el puerto. Además deberán reorganizar la terminal pesquera y trabajan en conformar una terminal de pasajeros para los cruceros que llegan al país.
El objetivo es ofrecer un espacio para destinarlo a comercios destinados a los turistas que llegan al país. A su vez el Ministerio de Turismo, instalado en el Puerto de Montevideo, frente al Mercado, cambiará su sede, permitiendo que esa locación sea reutilizada. Por otro lado Rossi informó que en abril citarán a todos los actores involucrados en la aviación civil y comercial con el fin de buscar potenciar la aviación a nivel nacional. El jerarca había adelantado que el país tiene varios aeropuertos que no están pudiendo ser utilizados en su plenitud por carencias en infraestructura y de operarios.
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4) El 18 de diciembre se lanzará la campaña de recolección de firmas contra la ley de riego
Natalia Uval (La Diaria)
Sindicatos y organizaciones estudiantiles y ambientales iniciarán formalmente el lunes 18 de diciembre la campaña de recolección de 750.000 firmas para habilitar un referéndum que permita derogar la ley de riego, aprobada en octubre por el Parlamento y aún pendiente de reglamentación. Impulsan la convocatoria la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes-Amigos de la Tierra, aunque en los próximos días pueden sumarse más organizaciones y sindicatos. “La idea es invitar a todos los que se hayan expresado públicamente contra la ley”, explicó a la diaria Gustavo Ricci, presidente de FFOSE.
La semana pasada, la FFOSE planteó en la Mesa Representativa del PIT-CNT la posibilidad de que la central sindical se sume a la campaña. El tema se está discutiendo en todos los gremios, y la semana próxima se definirá si todo el PIT-CNT impulsa la recolección de firmas. En el encuentro de la semana pasada, se evaluó la conveniencia de esta opción en términos estratégicos. Algunos dirigentes sindicales valoraron que es “una meta complicada conseguir esa cantidad de firmas” antes del 27 de octubre de 2018, dijo Ricci. “La discusión que mantuvimos era si es factible o no conseguir 750.000 firmas, pero no sobre el fondo de la cuestión. Yo creo que a medida que se instale el tema la posición va a ser favorable [a impulsar el referéndum]”, agregó.
El 21 de noviembre, un grupo de legisladores frenteamplistas encabezado por la vicepresidenta Lucía Topolansky se reunió con representantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y de la FFOSE. En el encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, propuso crear un grupo de trabajo entre legisladores oficialistas y sindicalistas para intercambiar visiones sobre la ley de riego. El 24 de noviembre, la FFOSE decidió en asamblea participar en ese grupo y así se lo transmitió a Pereira. “Pero dejamos en claro que nosotros seguíamos con la iniciativa del referéndum, que eso no era negociable. No nos negamos a hablar con nadie, pero no es negociable lo del referéndum”, remarcó Ricci. Hasta ahora, el grupo no se ha reunido.
Por su parte, la FEUU emitió el 14 de noviembre un comunicado en rechazo a la ley de riego. Considera que la norma es inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Constitución, incorporado tras la reforma del agua de 2004. “Con esta reforma de la ley de riego se impulsa y dinamiza la privatización del agua, alentando la inversión privada mediante exoneraciones para crear mercados de aguas a partir del represamiento y embalse”, advierten los estudiantes. Agregan que se trata de una medida “ecológicamente irresponsable” que fomenta las floraciones de cianobacterias. Sostienen que no hay información como para definir los caudales mínimos a preservar para otros usos del agua, que la posición de los científicos de la Universidad de la República fue “desoída” y que en algunos casos se les respondió “de muy irrespetuoso modo desde actores del gobierno”. Concluyen que la ley está “al servicio de los grandes actores del agro [e inversores externos convidados] que podrán acaparar y comercializar las aguas”.
Apoyos políticos
La campaña para impulsar un referéndum contra la ley de riego tendrá también respaldo político-partidario. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), dijo a la diaria que no hay una resolución formal del partido, pero remarcó que “sin dudas” la UP “va a acompañar todo esfuerzo para derogar esa ley”. “Estamos en contra, y por eso vamos a respaldar la iniciativa” del referéndum, remarcó Rubio.
Además, este fin de semana el Espacio 567, integrado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el grupo Arerunguá de Salto e independientes, resolvió apoyar la convocatoria al referéndum. En su declaración, el espacio plantea que es “favorable a la participación de la sociedad en las decisiones” y que este referéndum contra la ley de riego es “un proceso más democrático de decisión”. “Asimismo esta ley tiene la particularidad de tener relación con el plebiscito del agua, que contó con el respaldo de una amplia mayoría de la población en 2004, cuando se aprobó que el agua es un derecho humano y un bien público”, señala la declaración, y agrega que el Espacio 567 “definió seguir profundizando en el estudio de la ley, para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”. En la Cámara de Diputados, el PVP argumentó en contra de la ley, pero votó a favor.
Jannet Suárez, del Espacio 567 en Canelones, dijo a la diaria que en el encuentro del fin de semana quedó de manifiesto “el desconocimiento casi en forma masiva de nuestra militancia” respecto de la ley, por lo que se acordó la necesidad de profundizar su estudio. Además, se estuvo comentando el reciente pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que advirtió que la aplicación de la nueva ley de riego “podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”. En su informe, la INDDHH advierte que “las precauciones ambientales para el otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines de riego resultan insuficientemente definidas en la nueva ley, dada la magnitud de los proyectos que se pretenden impulsar”, y que “es necesario asegurar un sistema de evaluación ambiental y de monitoreo en base al principio precautorio”. “En la medida en que el agua utilizada para riego se trata de agua dulce, al igual que el agua para consumo humano, si no se realizan restricciones en cuanto a reservas de agua potable y protección de los recursos hídricos, se podría estar incumpliendo a mediano plazo el carácter prioritario del abastecimiento de agua potable a la población, establecido por la normativa internacional y plasmado en el Art. 47 de la Constitución de la República”, advierte la institución.
En tanto, el sector frenteamplista Casa Grande no tiene todavía una postura, pero no descarta apoyar el referéndum. “Vamos a escuchar con muchísima atención lo que tengan que decir las organizaciones sociales y sindicales, y a evaluar sus argumentos”, explicó a la diaria Andrés Carbajales, del Círculo Verde del sector. Consideró que los últimos pronunciamientos contrarios a la ley dejan de manifiesto que el proceso de discusión de la norma “no fue de calidad”. El Círculo Verde formuló el 24 de noviembre recomendaciones para la reglamentación de la ley, que está siendo elaborada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Proponen, entre otras cosas, que la reglamentación incluya una cláusula por la que se exija que los proyectos de riego sean presentados ante la comisión de cuenca correspondiente, de modo que la sociedad civil pueda participar “en las instancias de planificación, gestión y control” de estas iniciativas.
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5) Informe sobre concentración en Uruguay detalla otras actividades empresariales de grandes grupos mediáticos
(La Diaria)
Que el mercado de los medios de comunicación en Uruguay está concentrado no es una novedad. Estudios anteriores, como el realizado por Edison Lanza y Gustavo Buquet en 2011, daban cuenta de esta circunstancia. La novedad del informe elaborado recientemente por Gustavo Gómez, Facundo Franco, Fernando Gelves y Nicolás Thevenet, y publicado por la fundación alemana Friedrich Ebert, es que da cuenta de los cambios más recientes en la titularidad de los tres grandes grupos mediáticos, así como de sus vínculos con otros sectores empresariales.
El libro, denominado En pocas manos, contiene información que fue parcialmente publicada por el semanario Brecha. Se centra en los tres principales grupos mediáticos: los grupos Villar-De Feo, Romay-Salvo y Cardoso -Scheck.
En cuanto al primero, el informe indica que este multimedio presenta nuevos rasgos: “venta de los medios menos rentables, dispersión de la propiedad entre numerosos accionistas, apuesta a la tevé paga y abandono del tradicional liderazgo patriarcal”. Jorge de Feo ya no es la cabeza del grupo empresarial, según el informe, y acciones en distintos medios fueron vendidas al hijo del ex gerente general de Canal 10, el empresario Martín Villar. “La tradición familiar ha continuado parcialmente en manos de alguien considerado por allegados a los De Feo como ‘de la casa’ y como la persona con la capacidad suficiente para una conducción en tiempos de tantos desafíos para el sector audiovisual”, indica el informe. Villar compró 32,5% de las acciones de Canal 10 a las tres hijas de De Feo. “Si bien la cantidad de acciones no le otorga a Villar, por sí solo, el control de la televisora, un acuerdo con ellas le permite superar la cantidad de acciones de la minoría mayor formada por Pablo Fontaina Minelli y los Fontaina Ballantyne (casi el 40 por ciento del total) y tomar las decisiones para conducir la emisora”, señala el documento.
Los Fontaina-De Feo se desprendieron de las radios Carve y Nuevo Tiempo y vendieron los canales de televisión abierta del interior (Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha), así como la Red Televisora Color (Rutsa), en la que eran socios. Las acciones de Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha fueron compradas por David Daniel, un empresario vinculado a la venta de hierro y socio en Punta Shopping, y Francis Cecilia Bobre.
En tanto, las radios Carve y Nuevo Tiempo están en proceso de transferencia, y las fuentes consultadas para el informe indican que Martín Villar “está actualmente relacionado directa o indirectamente con ambas emisoras”. Rutsa fue vendida a principios del año pasado a Bernardo Juanicó.
Concentradísimos
El grupo Romay-Salvo es, de los tres mencionados, el que tiene mayor cantidad de licencias y supera el límite de tres licencias establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene cinco televisoras y cuatro radios –entre ellas, Canal 4, radio Monte Carlo y Radiocero–, así como acciones en cuatro empresas de televisión para abonados, ubicadas en Montevideo, Colonia, Maldonado y Soriano. Controla también la red de cables de Equital, en alianza con los otros dos grandes grupos. “Una rama familiar vinculada con el grupo (los Romay Eccher y Romay Buero, descendientes del tempranamente fallecido Carlos Romay Salvo) posee un canal de televisión abierta y dos de cable en Río Negro y Canelones”, agrega el documento.
El grupo Romay deberá desprenderse de licencias para cumplir con la ley de medios. Para ello tiene plazo hasta enero de 2019, y según informaron a la diaria desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, ya inició procedimientos a tales efectos. “Además de colorados, conservadores y católicos, los Romay-Salvo siempre fueron muy ricos y siempre tuvieron intereses en otros sectores de la economía, más allá de su fuerte presencia en los medios de comunicación. Se trata de un grupo económico diversificado. Sus inversiones agropecuarias son de las más importantes (las estancias Nueva Melhem en Río Negro son un ejemplo), pero también son propietarios de algunas otras empresas de menor envergadura, particularmente en el sector comercial importador”, señala el informe.
Grandes cadenas
El grupo Cardoso-Scheck, al igual que el Fontaina-De Feo, ha experimentado cambios importantes en los últimos años. El informe indica que los tres medios que actualmente son de exclusiva propiedad del grupo son Canal 12 de Montevideo (y su repetidora de televisión digital en el canal 28), la empresa de televisión para abonados Nuevo Siglo, de Montevideo, y el semanario Búsqueda. En alianza con los otros dos grandes grupos también tienen la propiedad del servicio de televisión paga PuntaCable, en Punta del Este y Maldonado, y Multiseñal, en Montevideo, así como la de la empresa Equital, “lo cual les permite ampliar su dominio en programación, audiencia e ingresos en todo el país, a través de cables asociados o propios”, advierte el documento.
El grupo Cardoso, por intermedio de Adolfo Cardoso, ex ministro de Industria y Energía de la dictadura, en 2006 tenía 38% de las acciones de Canal 12. En 2010, Adolfo Cardoso falleció y asumieron el control del grupo dos de sus hijos. Uno de ellos, Adolfo, concentra su actividad en Canal 12, y el otro, Luis Eduardo, en el semanario Búsqueda. Los Cardoso controlan Búsqueda por medio de la editorial Ágora SA, junto con la familia Pombo. Luis Eduardo Cardoso y Cecilia Pombo de Arrillaga integran el consejo editorial del semanario junto con Atanasio Aguirre, socio de los Scheck en el diario El País. Los Scheck mantienen la propiedad de ese diario y tienen la mayoría accionaria de Nuevo Siglo.
El grupo Cardoso es también propietario de Grupo Disco Uruguay, que controla la cadena de supermercados Disco, Devoto y Géant. En tanto, Nuevo Siglo es propiedad de Riselco SA, controlada por varios integrantes de las familias Cardoso y Scheck, pero también de las familias Pombo, Vivo, Beltrán, Aguirre, Lalanne, Restano y Campomar, entre otras. “Algunos de estos apellidos también aparecen en la conformación societaria de la mencionada cadena de supermercados”, agrega el informe.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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