1) Argentina: Las Radialistas Feministas tienen cita en noviembre
2) Argentina: La victoria del activismo feminista en la Argentina
3) Argentina: Trabajadoras de telefónica que atiende a víctimas de violencia de género despedidas
4) Libano: Trabajadoras del hogar migrantes maltratadas en el Líbano
5) Afrofeminismo e Interseccionalidad: una Mirada Crítica al Feminismo Hegemónico
6) Las mujeres con discapacidad también atraviesan situaciones de violencia de género
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 14 /No. 558 – Lunes 4 de junio de 2018 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: LAS RADIALISTAS FEMINISTAS TIENEN CITA EN NOVIEMBRE
Desde que arrancó el debate por la despenalización del aborto en el Congreso, distintas personalidades de la cultura, de asociaciones civiles y académicos exponen en comisión. En las calles de todo el país hay pañuelazos, radios abierta y otras movidas para acompañar y seguir pidiendo #AbortoLegalYa.
Activistas de todas las generaciones llevan adelante intervenciones. Las Radialistas Feministas participaron de la radio abierta, un espacio que reúne a comunicadoras de radios comerciales, comunitarias, y públicas.
Más de 80 trabajadoras ya firmaron la Carta Abierta de Operadoras de Radio, TV y Planta Transmisora a diputadas y diputados en apoyo al proyecto, nucleando a las radios comunitarias y a las comerciales, en la organización de un sector con mayoría de hombres. La convocatoria surgió por un grupo en una red social y a los dos días eran más de 80.
“Radialistas feministas” es la identidad de muchas que, diversas y con varias aventuras en esto que es la comunicación comunitaria, alternativa y popular, se disponen a trabajar colectivamente.
La convocatoria para participar del Encuentro de Radialistas Feministas está abierta a las pioneras y las que recién arrancan; a las que participan en medios públicos, comunitarios y privados; conductoras, productoras, podcasteras, columnistas, técnicas y mujeres radialistas en general.
Las Radialistas Feministas existen y tienen cita en noviembre para que los feminismos quiebren el paradigma del patriarcado.
Noticias Sur/COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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2) LA VICTORIA DEL ACTIVISMO FEMINISTA EN LA ARGENTINA
El pañuelo verde ha servido como símbolo del movimiento a favor de la legalización del aborto en Argentina. Frente al Congreso argentino, en abril de 2018, se organizó una manifestación en la que cientos de mujeres alzaron sus pañuelos.
En la Argentina, hay un gesto político que solo pertenece a las mujeres: usar un pañuelo como símbolo de reivindicación de sus luchas. En abril de 1977, en plena dictadura, un grupo de madres se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y reclamaron la aparición con vida de sus hijos en la Plaza de Mayo. Mientras se discute la legalización del aborto por primera vez en la historia en el Congreso argentino, miles de mujeres han salido a apoyar ese reclamo con un pañuelo verde que se atan al cuello.
El reclamo por la despenalización del aborto es global: en El Salvador se discutió este año flexibilizar su ley contra el aborto (aunque no prosperó) y en Irlanda, un país católico que hasta 1993 prohibía la homosexualidad, los resultados del referendo le dieron una victoria abrumadora a la legalización del aborto. De aprobarse, Argentina sería el tercer país en América Latina —después de Cuba y Uruguay— que tendría una ley de interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias.
En la Argentina el aborto es legal desde 1921 solo en dos casos: en los que peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. Según estimaciones del Ministerio de Salud, en el país se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año y, solo en 2016, los abortos causaron la muerte de 43 mujeres.
La discusión en el parlamento fue anunciada por Mauricio Macri en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Poco más de un mes después, el 10 de abril, comenzó el debate en la Cámara de Diputados. Este logro se debe al esfuerzo continuo del movimiento de mujeres argentinas. El reclamo de distintos grupos de la sociedad civil por legalizar el aborto en el país tiene casi treinta años de historia, aunque el activismo feminista lleva trece años trabajando activamente para que el palacio legislativo discuta una nueva ley.
¿Por qué Macri, al frente de un gobierno conservador y quien se ha manifestado en público en contra del aborto, abre ahora la puerta a discutir una ley que lo permite? Para la oposición, la explicación ha sido que el gobierno buscó desviar la atención de los temas más apremiantes de su gestión (la persistente inflación, la posibilidad de una nueva crisis económica o las acusaciones a algunos miembros de su gobierno por administrar empresas en paraísos fiscales). Pero reducir la apertura del debate parlamentario sobre el aborto a una visión instrumental de Macri significa no entender el estado actual de la política argentina.
Mientras que Macri es cada vez más impopular y el sindicalismo tradicional ha estado sumido en una profunda crisis de conducción, el activismo feminista ha ganado impulso con una agenda clara. Gracias a ello, el movimiento de mujeres es uno de los actores políticos más activos y con mayor respaldo popular del tablero político argentino actual: solo en la capital del país, salieron a la calle 350.000 mujeres —de distintas clases, ideas y partidos políticos— durante la marcha del Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Más allá de que pueda haber oportunismo político por parte de Macri, que el aborto legal se esté discutiendo hoy tiene que ver con la voz colectiva de las argentinas y con la acumulación de experiencia política y años de militancia.
La primera vez que apareció la demanda de discutir el aborto fue en 1989. Ese año se organizó el Cuarto Encuentro Nacional de Mujeres y se incluyó un taller de “Anticoncepción y aborto”. Catorce años después, se planteó en una asamblea masiva la necesidad de escribir una ley. En el encuentro de 2003, en la movilización que cerró la edición, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) repartió pañuelos verdes para visibilizar el reclamo. A partir de ese momento, los pañuelos verdes simbolizaron la lucha por el aborto legal. Dos años después, se formó la organización Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que presentó siete veces seguidas el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ahora se está debatiendo.
En la Argentina no se puede hablar del activismo feminista sin regresar a 2015. En mayo de ese año apareció asesinada Chiara Pérez, una adolescente de catorce años. El reclamo por el esclarecimiento de ese feminicidio consolidó la primera gran movilización en la Argentina para protestar y exigir el alto a la violencia de género. Con la consigna #NiUnaMenos, alrededor de 300.000 personas se manifestaron en Buenos Aires. Hubo otras protestas en el resto del país y se replicó en varias naciones de América Latina. A partir de ese momento, la potencia colectiva del movimiento de mujeres magnificó su importancia.
Las aliadas del movimiento de mujeres, porque también forman parte de él, fueron las diputadas de todos los partidos políticos que han impulsado el proyecto de ley por años. Según la organización Economía Femini(s)ta, la votación en la Cámara de Diputados, el próximo 13 de junio, será definida por 37 legisladores indecisos. Pero para ser ley debe ser aprobado también por el Senado, donde 40 por ciento de los senadores no ha expresado su postura públicamente.
El aborto legal es uno de los reclamos fundamentales del activismo feminista argentino, pero no el único. La fuerza cada vez más protagónica del movimiento de mujeres seguirá avanzando por más cambios, como políticas para prevenir e investigar la violencia de género, jubilación para amas de casa o una ley de cupo laboral para travestis y trans, entre otras reivindicaciones pendientes.
La historiadora Mary Beard encontró en la Odisea la primera ocasión en la literatura occidental en la que un hombre hizo callar a una mujer. El adolescente Telémaco ordena a su madre Penélope que se calle y vuelva a sus quehaceres, porque la palabra era “cosa de hombres”. No hablar, para Beard, significaba que las mujeres no eran reconocidas como sujeto político, una premisa que veintisiete siglos después permanece: impera una idea que las voces de las mujeres no deben ser escuchadas en la esfera pública. Pero en la Argentina del 2018, la palabra es también de las mujeres y que el aborto se discuta en el parlamento y las calles se llenen de pañuelos verdes, mientras en la Casa Rosada hay un gobierno conservador, es prueba de ello.
Incluso en las épocas más oscuras, en medio de una dictadura, un grupo de mujeres se ató pañuelos blancos en la cabeza y salió a la calle a reclamar la aparición con vida de sus hijos. La voz de las mujeres ya no se puede silenciar. Ahora es necesario que el Congreso argentino no se tape los oídos.
Nytimes.com / COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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3) ARGENTINA: TRABAJADORAS DE TELEFÓNICA QUE ATIENDE A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DESPEDIDAS
Cinco trabajadoras de la línea telefónica 144, que brinda atención a víctimas de violencia de género, fueron despedidas la semana pasada. El organismo depende de la Subsecretaría de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
La línea que funciona de 2016, atiende durante las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con un equipo de Seguimiento interdisciplinario conformado por licenciadas en trabajo social, psicólogas y abogadas.
Cintia Nucifora, delegada de ATE en la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, relató a Radio Ahijuna que “convocaron a las cinco trabajadoras, que integran el equipo de seguimiento de casos complejos, y les comunicaron que la decisión se enmarca en que ellas participaron en medidas de acción gremial”.
La huelga que realizaron las trabajadoras fue para reclamar la estatización de la línea 144, ya que desde octubre de 2016 “está privatizada”. “Las trabajadoras que atienden las llamadas están contratadas por la empresa privada Provincia Net con la modalidad de empleadas de comercio”, explicó
Las trabajadoras se sumaron a reclamos de Estatales y continuarán con medidas de protestas. Este lunes 4 de junio en el marco del “Ni Una Menos” realizarán un festival en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires planteando que “no hay ni una menos, con trabajadoras despedidas”.
Agencia Farco/ COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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4) LIBANO: TRABAJADORAS DEL HOGAR MIGRANTES MALTRATADAS EN EL LÍBANO
Poco importa el número de veces que se haya oído hablar acerca del abuso y la explotación de que son víctimas los trabajadores del hogar migrantes en Oriente Medio, no por eso las historias resultan menos sobrecogedoras, como lo demuestra el terrible caso de Lensa Lelisa.
En marzo, esta joven etiope de 21 años, trabajadora del hogar en Beirut, Líbano, llegó a los titulares después de saltar desde un balcón del segundo piso de la casa de su empleadora, la diseñadora de moda libanesa Eleanore Ajami. Intentaba escapar de los violentos malos tratos que ella y otra compañera etíope padecían, según cuenta, a manos de Ajami y de sus tres hijos adultos: Alexis, Crystel y Joe Khalil.
Lensa se rompió las dos piernas al caer y se lastimó la cara. En un vídeo grabado desde su cama de hospital por This is Lebanon, una agrupación que da a conocer las historias de los malos tratos de que son víctimas los trabajadores del hogar en el país, Lensa describe cómo la “maltrataron desde el principio”. “Me torturaban y yo no podía hacer nada para salvarme. Me golpeaban todos los días con un cable eléctrico, se enredaban las manos con mi pelo y me arrastraban por la habitación. Me golpeaban la cabeza contra las paredes”.
A pesar de su desgarrador testimonio y la atención dedicada por los medios de comunicación a este caso en particular, una investigación policial determinó que la familia Ajami-Khalil era inocente. El 2 de abril, la presentaron en la televisión nacional-aún convaleciente en su cama de hospital-, junto con Crystel, la hija de Ajami. Durante la entrevista, Lensa se retractó de su historia y en su lugar afirmó que había resbalado del balcón mientras colgaba su ropa.
Por increíble que parezca, Lensa fue devuelta a la casa de Ajami-Khalil, y aun cuando la familia prometió liberarla el 13 de mayo, no lo hicieron. Desde que fue dada de alta del hospital no ha habido noticias de ella, como tampoco hay noticias sobre el destino de su compañera de tareas domésticas.
“Lensa es el vivo retrato del sistema kafala [el sistema de patrocinio que vincula legalmente a los trabajadores extranjeros con sus empleadores locales]”, señala Dipendra Uprety, fundadora de This is Lebanon.
“Todas las instituciones le han fallado, incluyendo Caritas [la ONG católica internacional que en el Líbano se centra específicamente en los trabajadores migrantes, los solicitantes de asilo y refugiados], el hospital, el médico forense, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General [la agencia de inteligencia del Líbano] e incluso su propia embajada”, comenta a Equal Times.
“La pasaron por televisión en directo desde su cama de hospital. ¿Tiene alguna ética? ¿Por qué no se mudó a una casa segura donde se sintiera libre de represalias? ¿Por qué sólo fue entrevistada bajo la atenta mirada de su maltratadora?”, pregunta.
Bassam Khawaja, investigador libanés de Human Rights Watch (HRW), coincide con este punto de vista. “Los organismos de seguridad deben tener en cuenta la vulnerabilidad de los trabajadores del hogar migrantes en estas situaciones y asegurarse de que los trabajadores que denuncian los abusos puedan hablar libremente sin temor a represalias”, confirma a Equal Times. “En este caso no se cumplió ninguno de los requisitos”.
This is Lebanon documenta presuntos casos de abuso y explotación de trabajadores del hogar migrantes en el Líbano. Entre el 16 y el 22 de abril, poco más de un mes después de que saliera a la luz la historia de Lensa, la ONG recibió más de 40 solicitudes de ayuda o de información, principalmente en relación con el impago de salarios.
Al dar a conocer en las redes sociales las historias que recibe, la agrupación ha logrado conseguir la libertad de varias mujeres, entre ellas Halima Ubpah, de Filipinas, quien estuvo trabajando para una familia durante 10 años sin apenas ser remunerada, y una trabajadora del hogar nepalí, que vivió una situación similar durante más de dos décadas. “Las redes sociales funcionan, pero el Gobierno libanés debería amparar a estas mujeres bajo la protección de la legislación laboral”, asegura Uprety.
Sin derechos, sin sindicatos legales
Los aproximadamente 250.000 trabajadores del hogar migrantes del Líbano están actualmente excluidos de la legislación laboral del país. Además, el Gobierno aún no ha ratificado el Convenio núm. 189, el tratado de referencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores domésticos. Como resultado, los trabajadores del hogar migrantes a menudo no reciben un salario mínimo, ni tampoco tienen derecho a la baja por enfermedad ni días festivos; además, se denuncian con frecuencia bajos salarios, el impago de los salarios, largos horarios de trabajo, el confinamiento forzoso, la intimidación y el acoso.
En 2015, nació el primer sindicato del país de trabajadores del hogar migrantes, el Sindicato de Trabajadores del hogar del Líbano, afiliado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Empleados del Líbano (FENASOL). Sin embargo, este avance fue efímero, ya que el Ministerio de Trabajo lo declaró ilegal. Desde entonces, el sindicato ha seguido organizándose y luchando por los derechos de los trabajadores migrantes en Líbano, pero con solo 700 miembros, sus resultados han sido limitados.
“Líbano excluye a los trabajadores del hogar de la legislación laboral y, junto a Omán, es uno de los dos principales países de destino en Oriente Medio que no han establecido protecciones legales para los trabajadores del hogar”, indica Khawaja.
Las investigaciones realizadas por la ONG internacional de derechos humanos en 2008 revelaron que cada semana un trabajador del hogar migrante muere de causas no naturales en su intento por escapar de sus empleadores.
Grace, de 32 años, es una trabajadora del hogar de Kenia que intenta sobrevivir sin trabajo, sin dinero y sin el derecho legal de permanecer en Líbano después de escapar recientemente de años de malos tratos y trabajo forzoso. “Mi primer empleador era realmente malo”, cuenta sobre la familia con la que trabajó cuando llegó por primera vez en abril de 2015. “No me dejaban comer, especialmente la esposa. No pude soportarlo más, así que pedí que me enviaran de vuelta a la oficina [la agencia de contratación que trató su expediente]. Me amenazaron con matarme, pero finalmente me llevaron a la oficina”.
Afirma que inicialmente se negó a trabajar con su segundo empleador cuando éste le dijo que solamente le pagaría 150 USD en lugar de 200 USD mensuales, pero afirma que no tuvo otra opción.
Grace trabajó durante casi dos años con este empleador; su experiencia fue incluso peor que la primera. Solo la alimentaban con una comida al día y trabajaba sin recibir el pago correspondiente. Cada mes, el día en que debía recibir su salario, su empleador la golpeaba. “A veces, la familia me dejaba todo el día encerrada en casa sin comida. Me puse en contacto con mi embajada pero no me ayudaron”.
Por consejo de una amiga, Grace huyó a Caritas con la esperanza de que pudieran ayudarla a regresar a su país, pero afirma que le dijeron que no podían hacer nada. En cambio, llamaron a su empleador para que la recogiera. “Dije que no podía seguir trabajando allí, así que me aconsejaron que le pidiera a mi familia un pasaje para regresar a casa. Lo recibí en tres días, pero ha pasado un año desde entonces y [los ex empleadores de Grace] no me han devuelto mi pasaporte”.
El pasado mes de mayo, Grace cuenta que fue abandonada por la familia en una casa donde vivían anteriormente, sin comida ni dinero, aunque de vez en cuando otra trabajadora del hogar la ayudaba dándole comida. Luego fue enviada a la casa de uno de los familiares de su empleador, donde dice que fue víctima de acoso sexual y golpes por parte de uno de los hijos, antes de ser echada hace unos meses.
Desde entonces, Grace ha estado viviendo como migrante indocumentada y sobrevive haciendo trabajos ocasionales. Cuando le pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que la ayudara a regresar a su país, le dijeron que contactara a sus antiguos empleadores, pero ella les tiene miedo. Como tantas otras mujeres, Grace vino al Líbano con el sueño de ayudar a su familia en su país. Ahora está atrapada en una pesadilla debido a la cruel indiferencia de las agencias y organizaciones cuya misión es ayudarla, y a la negativa del Gobierno libanés de aceptar los derechos fundamentales de los trabajadores del hogar.
La Tinta / COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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5) AFROFEMINISMO E INTERSECCIONALIDAD: UNA MIRADA CRÍTICA AL FEMINISMO HEGEMÓNICO
Las luchas contra el sistema patriarcal se desarrollan desde tiempos inmemorables. Incluso antes de llamarse feminismo ya existían sujetas/os que luchaban contra el machismo, la heteronorma, etcétera.
Esta lucha ha tomado una relevancia significativa a la hora de discutir cómo combatimos el actual sistema patriarcal y capitalista. Frente a este panorama es importante preguntarnos: ¿Desde dónde nos situamos y enfocamos la lucha antipatriarcal?, ¿cuáles son las bases teóricas y prácticas que están moldeando nuestra mirada sobre la discusión de género?, ¿de qué feminismo estamos hablando?
Para entrar en una mirada alternativa y crítica sobre estos temas participan en el programa Alerta Educativa: Logbona Olukonee, historiadora cubana y activista afrofeminista. Ella viene a compartir su experiencia como activista sobre el feminismo en América Latina y en el Movimiento de hip hop como herramienta de lucha en estos temas.
Escuchar audio en: www.mapuexpress.org/?p=24966
COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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6) LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD TAMBIÉN ATRAVIESAN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Con Isabel Caballero Abogada española, experta en género y discapacidad.
Uno de los principales objetivos del movimiento de mujeres con discapacidad y de las organizaciones civiles que trabajan con ellas es visibilizar la discriminación interseccional que atraviesan: por ser mujeres en una sociedad machista y por tener una discapacidad. La situación es más compleja porque las instituciones no parecen estar preparadas para atender a mujeres con discapacidad sino sólo a personas con discapacidad. Sobre esta y otras problemáticas dialogó con la diaria la abogada española Isabel Caballero, especialista en derechos humanos, género y discapacidad.
En varios de sus trabajos sostiene que las mujeres con discapacidad atraviesan una “discriminación interseccional”. ¿Cómo definiría este concepto?
La interseccionalidad es el marco teórico y también práctico del que parten las organizaciones como las nuestras, en las que la vivencia cotidiana de las mujeres viene mediada por la existencia de ejes de exclusión claros. En el caso de las mujeres con discapacidad, son excluidas por razón de su discapacidad. Pero, por otro lado, el hecho de vivir en una sociedad machista hace que sean discriminadas por ser mujeres. Entonces, no nos basta con hacer una suma de los obstáculos que encontramos por ser mujeres en una sociedad machista. Es decir, si tomamos la agenda política del movimiento feminista y la sumamos a la agenda de reivindicaciones del movimiento de personas con discapacidad, todos esos reclamos son pertinentes para las mujeres con discapacidad, pero hay algo más allá de la suma. Hay algo que está relacionado con la intersección, con determinadas situaciones que solamente van a vivir las mujeres con discapacidad por el hecho de ser mujeres y tener una discapacidad. Si una mujer con discapacidad tiene que ir a una casa de acogida porque está siendo víctima de violencia y es allí donde encuentra los obstáculos, es ahí donde la interseccionalidad aparece. Porque, por lo general, los recursos existentes no cumplen con los requisitos de accesibilidad debido a que manejan todavía el modelo de una mujer estándar, sin ningún tipo de limitación funcional. Hay que estar muy entrenado para ver esos cruces, para dar respuesta y para que las mujeres con discapacidad tomen conciencia de esas situaciones en las que las dos cosas se intersectan. Hay que visibilizarlo, y esa es la tarea de formación que hay que hacer con todos los funcionarios. Y no siempre es fácil. La resistencia básica, que existe en Uruguay y también en España, es a no considerar a las mujeres con discapacidad como víctimas de violencia de género. Porque se ve a una mujer con una discapacidad gravísima, que va en silla de ruedas o que no puede comunicarse, y como no se cuenta con recursos se la deriva a servicios sociales o a los residenciales disponibles para personas con discapacidad, y de esta manera a lo mejor se les niega un abordaje o tratamiento distinto del que necesitan como mujeres. Ese es el principal trabajo que nos queda por hacer.
¿Cuál fue su primer acercamiento al movimiento de mujeres con discapacidad?
Mi primer contacto con cuestiones de derechos humanos, en general, fue hace más de 20 años, cuando trabajé durante dos años en una organización en El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz. De vuelta en España, tomé contacto con organizaciones de personas con discapacidad que estaban introduciendo un enfoque de derechos humanos totalmente nuevo. Hasta ese entonces había un acercamiento basado en el asistencialismo y con actitudes muy paternalistas, entonces hablar de derechos humanos y discapacidad era casi revolucionario. También era un momento en el que se estaban debatiendo las situaciones de discriminación que estaban sufriendo las mujeres dentro del colectivo de personas con discapacidad. En España hay alrededor de cuatro millones de personas con discapacidad, de las cuales 60% son mujeres. Y era evidente que había una serie de demandas que no eran reflejadas por el movimiento de derechos humanos de personas con discapacidad y tampoco por el movimiento feminista. Era como una zona gris que estaba en el medio, con situaciones de exclusión y de violencia que no eran percibidas ni por unos ni por otras. En España, a partir de los años 90, empiezan a organizarse las mujeres con discapacidad y comienzan a reclamar sus derechos. Yo entré en contacto con una de las organizaciones civiles que estaba trabajando en esa línea y me enganché en el tema.
En estos días mantuvo contacto con organizaciones que trabajan sobre discapacidad en Uruguay. ¿Cómo ve la situación de las mujeres con discapacidad en nuestro país?
Tuvimos la oportunidad de repasar los mandatos fundamentales que la Organización de las Naciones Unidas ha dirigido a Uruguay. La precisión que tengo es que hay demandas que son muy similares a las de España y que son extrapolables a muchos otros países. Por un lado, como elemento inicial, existe una falta de información y de conocimiento de cuál es la situación real de estas mujeres. Tengo entendido que 16% de la población uruguaya tiene discapacidad, de las cuales 60% son mujeres. Sin embargo, no hay estadísticas que nos digan, por ejemplo, cuántas mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género o cuántas denuncian situaciones de violencia. Necesitamos saber más. En España, por ejemplo, también nos interesa saber cuántas mujeres tienen una discapacidad como consecuencia de la violencia sufrida o cuántas niñas y niños nacen con discapacidad como consecuencia del maltrato sufrido por sus madres y padres. Es decir, necesitamos indicadores en todos los registros oficiales que nos indiquen cuál es la situación real, porque si no es muy complicado hacer una política pública. Quizá ese sea el paso inicial. Otro paso que nos parece fundamental es la toma de conciencia por parte de todos los actores involucrados; tienen que comprender que las mujeres con discapacidad pueden ser víctimas de violencia.
Cuando menciona a los “actores involucrados”, ¿se refiere a las instituciones públicas, por ejemplo?
Claro. Porque lo que sucede es que las mujeres con discapacidad no aparecen como mujeres, porque tradicionalmente la discapacidad ha absorbido cualquier tipo de problema que presenta una persona con discapacidad. Entonces, como no son percibidas como mujeres sino como personas con discapacidad, en cuestiones de salud, por ejemplo, no es necesario incluirlas en protocolos relacionados con la detección de cánceres típicos de mujeres, como el cáncer de cuello de útero o el de mamas, o asegurarse de que haya mamógrafos que sean accesibles. Hay una dimensión de género que está totalmente perdida en el ámbito de la discapacidad, y eso se ve reflejado en las instituciones. Todavía hay una resistencia a considerar a las mujeres con discapacidad como potenciales víctimas de violencia de género. Es decir, víctimas por el mero hecho de ser mujeres, no por tener una discapacidad; esa es otra forma de violencia que se entrecruza con la violencia de género, pero que es distinta. En esto el Estado tiene un papel fundamental, porque tiene que incluir accesibilidad en sus recursos. No podemos permitir que las mujeres con discapacidad no puedan acceder a la información porque no está en formatos de lectura fácil o en braille, o que cuando necesitan entrar en una casa de acogida tengan que subir una escalera. Esto se suma a otras cuestiones, como la falta de formación de las fuerzas de seguridad del Estado que reciben las denuncias y/o de los servicios de salud. Consideramos que los funcionarios sanitarios son una vía fundamental para la detección de situaciones de violencia y necesitamos que haya una formación específica para que detecten señales claras de que una mujer con discapacidad está siendo víctima de violencia de género, más allá de su discapacidad. Además de la formación, es necesario crear campañas de prevención accesibles y difundir información accesible. Pero, sobre todo, es necesario mantener las políticas y financiarlas. Nos parece que esto, en Uruguay, es fundamental.
Usted coordina la fundación CERMI Mujeres en España. ¿Cuál es el trabajo que hacen allí?
La fundación es parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que es la organización paraguas que aglutina a todas las organizaciones representativas de personas con discapacidad. En 2014 se decidió, por reivindicación del propio movimiento, crear una fundación específica para abordar cuestiones de igualdad de género, que es la fundación CERMI Mujeres. Nosotras hacemos un trabajo de incidencia política fundamental –somos interlocutoras directas con el gobierno–, y también hacemos un importante trabajo de investigación. Hemos publicado varias investigaciones sobre indicadores sociales de exclusión de mujeres con discapacidad en España. Un trabajo interesante que estamos haciendo ahora es la explotación de datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015, en el que se sacan datos sobre cuál es la situación de las mujeres con discapacidad. Gracias a ese trabajo, vimos que en todos los tipos de violencia –ya sea física, psicológica, económica– el riesgo de las mujeres con discapacidad está diez puntos por encima que el del resto de las mujeres. Esa es una tendencia preocupante y que nos parecía muy interesante documentar con estadísticas oficiales.
La fundación CERMI también ha denunciado las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad.
La esterilización forzosa es una preocupación ya antigua del movimiento de mujeres con discapacidad. Hay un procedimiento “garantista”, según el sistema, que exige que, previo a la esterilización, haya una incapacitación judicial –una modificación de la capacidad legal de la persona– y una autorización judicial para la práctica. Lo que ocurre, según el conocimiento que tenemos de nuestras organizaciones de referencia, es que la mayoría de las personas con discapacidad que son esterilizadas son mujeres. Esto tiene un sesgo de género muy claro, porque nuevamente la responsabilidad de la reproducción recae sobre las mujeres, y en el caso de las mujeres con discapacidad, de una manera tremenda y extrema, que es con la intervención de su propio cuerpo contra su voluntad. Hablamos de que son forzosas porque exigen ese procedimiento previo de incapacitación. Si a ti te incapacitan legalmente, dejas de tener opinión sobre el asunto, no puedes decidir. Y lo más grave es que no se está haciendo una incapacitación parcial o puntual para la esterilización –lo que de por sí nos parece muy grave–, sino que se está incapacitando de manera total. Nos parecía necesario denunciar el hecho de que tenga esa pertinencia de género tan clara, que sean precisamente las mujeres las que estén siendo, una vez más, intervenidas desde la medicina y desde el ámbito del Poder Judicial.
Esto también está vinculado con cómo la sociedad concibe la maternidad.
Exactamente. Es un pensamiento patriarcal que gira en torno a las características que tiene que cumplir una “buena madre”, y a esa mística de la maternidad que parece ser a la que vamos abocadas todas si no tenemos discapacidad. Una mujer sin discapacidad que no quiera ser madre es automáticamente una mujer sospechosa y egoísta. Pero se considera que una mujer con discapacidad no tiene esa capacidad de cuidado y de autocuidado y, por lo tanto, no cumple con ese mandato tremendamente machista. Aquí está claramente sobre la mesa el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es quizá el centro de las reivindicaciones de todos los movimientos feministas. Es decir, la autonomía y la soberanía que tenemos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras relaciones sexuales de una manera libre y también sobre la reproducción de la vida. Aquí queda claro cómo funciona el patriarcado: el mismo mandato puede ser reinventado y resignificado según las características de la mujer. Pero, al fin y al cabo, son el mismo sometimiento y la misma subordinación para unas y para otras.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 558 – 04.06.2018
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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