1) Uruguay: El gobierno autorizó primer proyecto de riego a un fondo privado / Víctor L. Bacchetta
2) Uruguay: Cuando los precios le ganan a los salarios /José Antonio Rocca
3) Uruguay: La impunidad del “modelo sudafricano” que propone el general Erramún /Walter Pernas
4) Brasil debe cumplir sus obligaciones legales internacionales /Sergio Ferrari
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2200 / Miércoles 13.02.2019
1) URUGUAY: EL GOBIERNO AUTORIZÓ PRIMER PROYECTO DE RIEGO A UN FONDO PRIVADO
Bajo las reglas de la nueva Ley de Riego, las autoridades ambientales avalaron el primer proyecto de represa presentado por un fondo de capitales privados de inversión
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, 11/02/2019
El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con la firma del titular interino Jorge Rucks, otorgó Autorización Ambiental Previa (AAP) a la firma TRUST Administradora de Fondos de Inversión SA, a cargo del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, para construir una represa con fines de riego en dos padrones rurales del Departamento de Durazno.
Este es el primer proyecto bajo la nueva Ley de Riego (N° 19.553), cuestionada en la discusión parlamentaria y tras ser sancionada en octubre de 2017, por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y otras organizaciones sociales que la consideran inconstitucional, tanto por permitir la gestión del agua a inversionistas ajenos a la actividad rural como por sus consecuencias ambientales.
El terraplén, el vertedero y el embalse de la represa se sitúan en los padrones N° 11277 y 10987 del Establecimiento El Repecho, ocho kilómetros al norte de Villa del Carmen, sobre el arroyo Rolón, afluente del arroyo Tomás Cuadra, tributario a su vez del río Yi en la cuenca del Río Negro. Con un terraplén de 10 metros de altura, el embalse ocupa unas 133 hectáreas para regar una superficie de 765 hectáreas.
La administradora TRUST ha gestionado hasta ahora dos fideicomisos financieros, el de construcción y venta del proyecto Torres Nuevo Centro y el denominado Campos Sustentables, dedicado a la compra y arriendo de tierras. Los principales accionistas de TRUST son los argentinos Federico Huergo, Hugo y Mariano Bunge Guerrico, seguidos por Gustavo Licandro Bosc, Gonzalo Alonso y Horacio Bonavía.
Huergo, Mariano Bunge y Bonavía tienen dirección registrada en San Martín 344, piso 11, en la ciudad de Buenos Aires. Huergo y Bonavía figuran en los Panama Papers como accionistas de Nelford Assets LTD. y Bunge aparece a su vez como accionista de Ardisia Commercial LTD., ambas con sede en las Islas Vírgenes. Las firmas Nelford Assets y Ardisia Commercial están representadas en Uruguay por Konrad & Asociados, con su sede en el World Trade Center de Montevideo.
El uruguayo Gustavo Licandro, propietario de El Repecho y presidente de TRUST, fue ministro de Economía de Luis A. Lacalle Herrera y asesor económico principal del gobierno de Paraguay. Docente de Economía Política en las universidades Católica, Udelar y ORT y en el Instituto Militar, Licandro ha sido también Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos de Uruguay y Presidente del Banco Comercial.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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2) URUGUAY: CUANDO LOS PRECIOS LE GANAN A LOS SALARIOS
José Antonio Rocca /Primera quincena enero 2019.
Las pautas de ajustes de salario establecidas por el gobierno se ubicaron en un rango aproximado al 7% para el 2018. Las cifras oficiales sobre la evolución del promedio de los salarios nominales presentadas hasta noviembre por el Instituto Nacional de Estadísticas registran un incremento de 7.7% bastante similar a las cifras mencionadas.
La evolución de los salarios regula además los ajustes anuales de pasividades regidos por el incremento de ingresos nominales promedio de los trabajadores.
Paralelamente las cifras sobre aumentos del IPC que publicita el INE superan el 8%. Es decir que incluso los datos oficiales reconocen la pérdida de poder de compra de los salarios de cada trabajador en un marco que además registra menores niveles de empleo.
De ser verdaderas las proyecciones del gobierno sobre aumento del PBI del 2.5%, el incremento total de la productividad de los trabajadores (con menor empleo se aumenta la producción) y más engrosarían los ingresos del capital aumentando notoriamente el grado de explotación de los asalariados.
Las perspectivas para 2019 no son mejores para los trabajadores. La mayor parte de los ajustes de salario para el año próximo incluyen guarismos aún menores a los actuales. Frecuentemente rondan 4% para el primer semestre y 3% para el segundo.
Por ejemplo, un salario o pasividad de $20.000 recibiría desde enero ajustes que difícilmente superen los $ 800. Inmediatamente deberá pagar además aumentos del agua potable, supergas, energía eléctrica, transporte, comunicaciones en entornos del 7%. A la mayor parte de los orientales el “aumento” se le escabullirá como agua entre los dedos.
No es casualidad. La magnitud de la deuda pública y de los intereses a pagar constituyen el convidado de piedra de políticas económicas que sacrifican salarios y gastos sociales como mecanismos para financiar la transferencia de riquezas hacia el sistema financiero y grandes capitales extranjeros.
Las consecuencias se harán sentir en el plano social y económico. La demanda interna caerá por la disminución del ingreso real de trabajadores y jubilados, ya agobiados por la magnitud de sus deudas.
Estudios de mercado registran (i) que el 84% de los uruguayos abastecidos por instituciones de crédito para bancarias están endeudados. El promedio es de 2.1 tarjetas de crédito por usuario.
La deuda de los consumidores es 2.8 veces su ingreso y el peso de cuotas, órdenes de compra y obligaciones similares oscila en torno al 30% de sus ingresos. Por ejemplo un trabajador que reciba un salario de $ 20.000, una vez que pagó sus obligaciones financieras, en promedio, redujo sus ingresos a un entorno de $ 14.000. (ii)
La demanda interna se verá afectada además por el aumento de la desocupación y la esperada disminución de la demanda agregada por el turismo. La recaudación fiscal que depende esencialmente de la actividad interna posiblemente también se resienta.
En sentido inverso, el potencial de crecimiento del PBI para 2019, puede provenir de la exportación de cereales beneficiada por un clima más benigno, la cadena apoyada en el eucaliptus, aunque su funcionamiento se basa en zonas francas, posibles avances en el ferrocarril a costa de más deudas futuras, quizás contribuyan a inflar cifras .
En síntesis las perspectivas para 2019 son de escaso o nulo crecimiento del PBI, más concentración de riquezas, más extranjerización. De “equidad” o de justicia social ya ni se habla.
Gotitas de economía
La deuda pública que registra el BCU para el tercer trimestre de 2018, fue de 38.320 millones de dólares. A eso hay que sumarle los intereses. El calendario de pagos que publica el mencionado organismo para el resto del 2018 y 2019 ronda los 11.000 millones de dólares. (iii) Aproximadamente 3000 corresponden a intereses. Adivina adivinador de donde saldrán los recursos.
Turquía cerrará por seis meses la compra de ganado en pie. Es el principal comprador de esta modalidad de exportación uruguaya. Por un lado los ganaderos pierden capacidad de negociación con los frigoríficos. Por otro se reduce una forma de exportación que quita trabajo a la industria local. ¿No sería importante tener un Frigorífico Nacional?
En el tercer trimestre de 2018, el PBI de la economía argentina cayó un 3.5% en relación al mismo lapso de 2019, de acuerdo a cifras oficiales del INDEC del vecino país. Los “brotes verdes” se los están llevando el sistema financiero.
El gobierno argentino de Mauricio Macri anuncia subas de tarifas eléctricas en un entorno de 55% y del gas en guarismos aproximados del 35%. Las consecuencias del “neoliberalismo” desenfrenado a la vista.
En Brasil asume Bolsonaro sustituyendo a Temer. Banqueros seguirán administrando los ministerios de economía, expectativas de más “libre comercio”, privatizaciones, desregulaciones, reducciones de gasto social. Continuidad de políticas económicas curiosamente disfrazadas mediante promesas de cambio.
Notas:
(i) Datos del Monitor financiero de una empresa de crédito que funciona en la plaza local.
(ii) Con esos recursos pagará alquiler, tarifas, alimentación y demás. Esos son los verdaderos economistas en Uruguay.
(iii) 4180 para el cuarto trimestre de 2018, 3122 para el primer trimestre de 2019,2426 para el segundo, 1280 el tercero y 763 el cuarto.
José Antonio Rocca /La economía de a pie
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3) URUGUAY: LA IMPUNIDAD DEL “MODELO SUDAFRICANO” QUE PROPONE EL GENERAL ERRAMÚN
La “solución” promovida por el jerarca es una amnistía que propició la repetición de masacres a manos del Estado
Walter Pernas / Sudestada, 08/02/2019
“Cuando sucedieron ciertos hechos –dijo el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún– yo era un niño”.
Amplió luego su diagnóstico: “Hoy tenemos ingresando a la escuela militar chiquilines que nacieron en el Siglo XXI. Tenemos que tratar de buscarle una solución que le dé paz, tranquilidad, y que reconforte a todos los que puedan estar, y están seguramente muy dolidos”.
Se refería a los familiares de detenidos desaparecidos quienes hace casi cinco décadas –ya junto a cientos de miles de personas– reclaman saber la verdad, que se haga justicia, tener memoria de lo sucedido y que nunca más se repita el terrorismo de Estado.
“Creo que camino hay –especuló el militar–, soluciones que se han encontraron en el exterior y que fueron muy buenas”. Se enfocaba así, por ejemplo, en la salida política que aplicó Sudáfrica al crear en 1996 la Comisión para la Verdad y la Reconciliación: “ese es un modelo”, afirmó Erramún.
En pleno Apartheid, el 21 de marzo de 1960, la Policía sudafricana abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en Sharpeville. De esa manera mataron a 69 personas (hombres, mujeres, niños) e hirieron a otras 180. Unos días después el gobierno realizó más de once mil detenciones, proscribió al Congreso Nacional Africano y al Congreso Panafricano, lo que determinó exilio y clandestinidad como eventuales formas de evitar la captura y el asesinato.
El 16 de junio de 1976 el régimen acribilló a balazos a unas 700 personas –la mayoría adolescentes– e hirió a más de mil en Soweto (asentamiento destinado a africanos negros), como forma de detener una manifestación estudiantil contra medidas de educación implantadas por el gobierno.
Durante décadas se aplicó el terrorismo de Estado, lo que implicó asesinatos, torturas, violaciones, desaparición de personas, es decir las mismas prácticas que se emplearon en Uruguay, y a las que los militares como Erramún no llaman por su nombre, prefieren hablar de “ciertos hechos”.
Por las dudas, este nuevo jerarca del Estado Mayor que en 2016 decidió ir al velorio del dictador Gregorio Álvarez, y en coche oficial, dijo a los periodistas que “ya no hay archivos” en las Fuerzas Armadas, y que solo se pueden buscar “testimonios” de personas a las que se debe dar “garantías” de que no tendrán que afrontar consecuencias judiciales: “una solución lógica, sensata”, la catalogó. Tan “buena” como él considera a la “solución sudafricana”.
Como consecuencia del modelo asumido en Sudáfrica en 1996, se declaró amnistía para graves violadores de los derechos humanos, y por ejemplo las matanzas de Sharpeville y Soweto, como tantos otros crímenes, quedaron impunes.
Puede decirse que se privilegió la búsqueda de la “verdad”, eludiendo a la “justicia”, y que se hizo un esfuerzo por preservar la “memoria” –actos simbólicos, reconstrucción histórica, difusión masiva–, pero se quedó muy lejos de que el Estado respetara las “garantías de no repetición” de actos delictivos contra la humanidad como los que se cometieron durante el Apartheid.
El 16 de agosto de 2012, agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica acribillaron a balazos a 34 trabajadores que organizaron una manifestación para reclamar mejores salarios y condiciones de vida a la empresa Lonmin, explotadora de platino en las minas de Marikana. Además de los muertos, hubo 79 heridos y 259 detenidos. La matanza quedó impune…
Vanessa Barolsky, ex investigadora de la Comisión para la Verdad y Reconciliación, explicó en 2016 que Sudáfrica es “hoy aún una sociedad muy dividida y en muchos sentidos se ha dividido más con el tiempo”, y que además de la “desigualdad”, se mantuvo la violencia practicada desde el Estado.
“Muchos ni siquiera fueron a la Comisión a pedir la amnistía. Pensaron que eran intocables, enviaron a operarios de menor nivel y no asumieron su responsabilidad, eso generó resentimiento interno sobre la clase de liderazgo político. Muchos de ellos siguieron viviendo en Sudáfrica. Se suponía que iba a haber alguna clase de acusación de figuras claves y máximos responsables, pero no ha habido voluntad política para eso. De hecho, hay gente a la que se le ha dado perdón y otros beneficios”, dijo Barolsky al ser entrevistada por el diario El Espectador de Colombia.
La experta recordó que “con los hechos en la mina de Marikana estábamos todos en shock al ver que el estado actual podría llevar a cabo una masacre de este tipo”, y explicó que el gobierno “reprime la información” de los hechos.
Por ello recomendó que los países deben “buscar soluciones propias para sus problemas propios” y también llamó a “hacer ahora negociaciones más duras, para no quedar con asuntos inacabados en el futuro, como nos sucedió a nosotros”.
Walter Pernas / Sudestada
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4) BRASIL DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LEGALES INTERNACIONALES
Especialistas en Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
Brasil tiene la obligación legal internacional de establecer mecanismos nacionales de prevención para combatir la tortura y los malos tratos. Ya que ese país sudamericano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes (por sus siglas en inglés OPCAT).
Así lo declararon especialistas en derechos humanos del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Los mismos, según la información oficial dada conocer por las Naciones Unidas (ONU) desde Ginebra, “están profundamente preocupados con el reciente veto, por parte del Gobernador de San Pablo, de la ley 1257, que establece un mecanismo anti-tortura en dicho Estado”.
El Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002, entró en vigor el 22 de junio del 2006. Su objetivo principal es prevenir la tortura, abriendo los lugares de detención al control por parte de entidades independientes. Brasil lo ratificó el 19 de abril del 2007, a través del Decreto 6.085, firmado por el entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva.
“Que Brasil cumpla”
“Esperamos que Brasil continúe cumpliendo con sus obligaciones internacionales, revierta esta decisión (del Estado de San Pablo) y mantenga su compromiso en la lucha contra la tortura”, afirmó Sir Malcom Evans, presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura. El experto, por otra parte, expresó su satisfacción por declaraciones de la semana pasada de parte de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, que rechazó el veto y llamó al Estado de San Pablo a cumplir con sus obligaciones en el marco de la Convención contra la Tortura.
En 2015, la nación sudamericana introdujo una ley federal por la cual se creaba un Sistema Nacional de Prevención y Combate contra la Tortura, basada en una serie de mecanismos preventivos a nivel estadual. Los mismos fueron adoptados por los Estados de Río de Janeiro, Pernambuco, Roraima y el Distrito Federal. “El veto anunciado por el Gobernador de San Pablo invierte esta tendencia positiva”, señala la ONU en un comunicado emitido el 5 de febrero en Ginebra, Suiza.
El mismo recuerda que los mecanismos independientes de prevención contra la tortura es uno de los medios más eficaces para proteger a todos los que se encuentran detenidos contra eventuales malos tratos, y una forma de garantizarles el derecho a un proceso justo, según las leyes propias del Estado de Derecho del país. Y señala que “el Gobierno federal de Brasil está obligado a nivel legal internacional a garantizarlo”.
Moro anuncia reformas preocupantes
La toma de posición de los expertos internacionales en derechos humanos fue conocida solo un día después que Sergio Moro, Ministro de Justicia de Brasil, presentara el lunes 4 de febrero -ante una decena de gobernadores- un nuevo proyecto anticorrupción y anticrimen. El mismo prevé la modificación de 14 leyes y de artículos del Código Penal, del Código de Proceso Penal, de la Ley de Ejecución Penal, del Código Electoral y de la Ley de Crímenes Atroces.
En el razonamiento del Ministro de Justicia del Gobierno Bolsonaro, “el crimen organizado utiliza la corrupción para ganar impunidad. Por otro lado, el crimen está vinculado a buena parte de los homicidios del país”.
Diferentes organizaciones y personalidades de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de esta propuesta jurídico-represiva en marcha. “Pienso que busca suprimir diversas garantías fundamentales del ciudadano con el objetivo de dar más efectividad al proceso penal…lo que es un error, ya que viene siendo practicado en los últimos 40 o 50 años” subrayó en una entrevista con Carta Mayor el abogado Cristiano Maronna, ex presidente del Instituto Brasilero de Ciencias Criminales (IBCCRIM).
Para dicho experto, esta propuesta no es una sorpresa, ya que va en la dirección de lo que anunciara Jair Bolsonaro en su campaña. En realidad, lo que llama la atención, “es que la misma venga de un magistrado que hoy ocupa el Ministerio de Justicia”. Aunque, como él es un histórico de la extrema derecha, “entonces tampoco me sorprende…son medidas de un Gobierno que está haciendo lo esperado”, concluye.
Sergio Ferrari, Ginebra, Suiza
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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