1) Cadena perpetua para represores uruguayos en Italia
2) Uruguay: NO a la instalación de UPM 2
3) Uruguay: A 9 años del incendio de cárcel de Rocha familiares de víctima evalúan reabrir caso /Angelina de los Santos
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2218 / Miércoles 10.07.2019
1) CADENA PERPETUA PARA REPRESORES URUGUAYOS EN ITALIA
La causa del «Plan Cóndor» en la Corte de Asissi en Roma impuso la pena máxima para todos los militares y policías uruguayos que participaron en la coordinación represiva
Sudestada, 08/07/2019
La Justicia italiana impuso este lunes 8 la pena de Cadena Perpetua a todos los uruguayos involucrados en la causa “Plan Cóndor”, que se investiga hace 20 años en Roma. Solo el excanciller Juan Carlos Blanco había recibido esta condena en un primer fallo. Ahora Blanco fue absuelto en relación al caso de Mafalda Corinaldesi, un ama de casa desparecida el 19 de noviembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora también fueron condenados Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
En total fueron 24 los represores latinoamericanos condenados y se mantuvo la absolución de primera instancia para Ricardo Chávez Domínguez. En la causa también estaba acusado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo de primera instancia.
La Justicia italiana también dispuso penas civil que implican un resarcimiento para varios de los represores condenados. Por ejemplo impuso la obligación de indemnizar con cien mil euros a Mariana Zaffaroni, Andrés Recagno y Martha Amanda Casal de Rey que deberá ser asumida por Gavazzo, Mato, Arab, Medina, Maurente, Sande, Ramas, Silveira y Vázquez.
El abogado de Uruguay, Andrea Speranzoni, expuso sus conclusiones en un informe donde analizó todas las pruebas aportadas por el Estado uruguayo que, a juicio del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue contundente para confirmar la participación de los imputados en crímenes de lesa humanidad.
Este fallo resulta particularmente importante en el caso de Jorge Troccoli, ya que esta será la primera vez que deba enfrentar un fallo judicial por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Los casos en los que se encuentra vinculado Troccoli son los de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martinez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernandez, Atalivas Castillo, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, Maria Asuncion Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gomez Rosano.
Troccoli también deberá enfrentar su responsabilidad civil por sus crímenes de lesa humanidad. En total el militar uruguayo deberá pagar más de 1,2 millones de euros a varios de los familiares de las víctimas.
Silvia Bellizi, una de las querellantes por su hermano Andrés Bellizzi, ítalo uruguayo desparecido en Argentina, manifestó su expectativa por esta sentencia a nivel internacional, debido a que en Uruguay los procesos judiciales están estancados, en especial los ocurridos en el marco del Plan Cóndor.
En Uruguay “estamos muy lejos de la realidad de los jueces en Italia, pero seguimos peleándola porque merecemos saber dónde están”, dijo Bellizi a Radio Uruguay.
Hoy lunes de tarde en el anfiteatro del PIT CNT se realizará una videoconferencia con los abogados que están en Roma para contestar a todas las preguntas de los familiares que no pudieron viajar a Italia.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2218 / Miércoles 10.07.2019
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2) URUGUAY: NO A LA INSTALACIÓN DE UPM 2
Montevideo, 28 de junio de 2019.
Sr. Cónsul Honorario de Finlandia en Uruguay Mr. Andrew Allen Cooper Gibson
Presente.
Señor Cónsul Honorario:
Las organizaciones sociales abajo firmantes deseamos hacerle saber a usted y su gobierno, a través de esta declaración, nuestra total oposición al proyecto de instalación de una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM en nuestro país.
Entendemos que este proyecto pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo –de forma arbitraria e inconstitucional-, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país.
Esperamos que usted transmita este llamado de atención al gobierno finlandés. Sectores cada día más numerosos de nuestra sociedad, al conocer los términos de este “acuerdo” y las características de este megaproyecto (forestal-industrial-ferroviario-portuario) con sus implicancias en terrenos caros a nuestra comunidad, se manifiestan en contra de los términos de este acuerdo en su totalidad.
Si se concreta, este megaproyecto de UPM para producir más de 2 millones de toneladas de celulosa con una planta instalada a orillas del Río Negro, junto con una vía férrea y una terminal portuaria en la ciudad de Montevideo, provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya.
Los impactos sociales negativos incluyen: la expulsión de productores familiares de la tierra, la pérdida de empleos en la agricultura, la ganadería y la apicultura por el incremento de los monocultivos de eucaliptus, además de afectar al turismo local, la pesca artesanal y la industria pesquera por el agravamiento de la contaminación de las aguas.
Otros impactos negativos serán el aumento de los alquileres de vivienda en los lugares donde se ubica la planta, la ausencia de adecuados servicios sociales y el aumento de la explotación sexual y la violencia especialmente hacia niñas y mujeres.
El tren de UPM transportará celulosa y productos químicos peligrosos por ciudades y zonas urbanas densamente pobladas, inclusive de la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, con altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.
Los impactos ambientales son de gran importancia porque el aporte de los efluentes de la nueva planta, especialmente el fósforo, empeorarán la contaminación del Río Negro en forma exponencial, en un país que ya sufre graves problemas por el deterioro de la calidad del agua. Estos impactos podrán ser peores teniendo en cuenta antecedentes de contaminación con la primera planta.
El proyecto de UPM traerá además graves perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.000 millones de dólares americanos, mientras que UPM no invertirá más de 2.400 millones de dólares con exención de la gran mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.
Por último, el proyecto incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país atentando contra uno de los principios fundamentales como la laicidad; así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.
La pretensión de la empresa UPM de entrometerse en nuestra legislación rebasa todos los límites. En el “acuerdo ROU-UPM”, que reiteramos consideramos inconstitucional e ilegítimo, se establece, a pedido de UPM que el Uruguay deberá: «… Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo -bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación”.
Nosotros sabremos como pedirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país y esperamos que usted transmita esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía a su gobierno.
Como habitantes de este territorio nos consideramos seriamente afectados en nuestros legítimos derechos e intereses y apelaremos a todas las instancias posibles para que UPM2 no se lleve a cabo. Por esta razón, hacemos este llamado a la responsabilidad del gobierno finlandés y de la empresa UPM para que desistan de este megaproyecto.
Lo saludan,
Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra UPM
FUCVAM
Comisión Nacional en Defensa del Agua y
de la Vida
Asamblea por el Agua del río Santa Lucia
No al tren de UPM
Coordinación contra Monsanto y el Agronegocio
MOVUS
No UPM Sarandí-Florida
Red Uruguaya de Comunidades
Colectivo Recreo
Our Voice
Asamblea Pachamama
ADES (Comisión en defensa del ambiente)
Comisión Laguna del Cisne
Maldonado por la Tierra y el Agua
Confederación de Pueblos Costeros
Colectivo Ecofeminista Dafnias
Movimiento por la Tierra
Por la Defensa del Solís Chico y sus afluentes
ALAS Piriapolis
Todos por el Agua (Maldonado)
Comisión por un Canelones Libre de Soja
Transgénica y en defensa del Agua
Asociación de Trabajadores Civiles de los
Diques del Estado | ATCDE
Por el Costado de la Vía
Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos
CEIPA
Celta FEUU
Revista la bicicleta
Reactiva
Coordinación contra UPM y el modelo forestal
La Kandela FM
Plenario intersindical social María Romana – La Paloma Rocha
Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba
Grupo Guayubira
Colectivo Ñangapiré de San Gregorio de Polanco
Mesa Nacional de Colonos
Asociación de Guardaparques del Uruguay
COENDU
Organización HUM de Maldonado
Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa
CONACHA
Enviado por Carlos Dárdano (Espika FM – Santa Lucía)
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3) URUGUAY: A 9 AÑOS DEL INCENDIO DE CÁRCEL DE ROCHA FAMILIARES DE VÍCTIMA EVALÚAN REABRIR CASO
Mientras el Estado dilata el pago de indemnizaciones, persisten las críticas al proceso judicial. Qué pasó el 8 de julio de 2010 según un sobreviviente
Angelina de los Santos / Sudestada, 08/07/2019
En este edificio, antigua cárcel, hay rejas herrumbradas, yuyos de toda clase, perros, paredes abatidas por fuego. Nueve años después de la tragedia carcelaria más grande de Uruguay, donde hubo un incendio y 12 muertos, hay olvido. El Estado aún no pagó ninguna indemnización, pero sí ha presentado recursos absurdos para dilatar los juicios civiles.
Mientras los plazos judiciales se prolongan, uno de los ocho sobrevivientes pelea por recuperar una pensión por invalidez y familiares de una de las víctimas analizan reabrir el caso penal que se archivó en 2012 sin encontrar responsables.
Fernando Méndez vive con su madre, tío, hermana y sobrinos, a 120 kilómetros del lugar que lo arruinó. Hay días que se levanta con “cara de loco”, dice, porque lo único que está pensando es en vengarse de la Policía. Esos días de rabia y rencor, no se le puede hablar. Pero hay otros, como esta mañana de junio, que aun estando tranquilo y bien dispuesto a la charla, tiene una expresión sombría y angustiosa, y una toma consciencia de que su aspecto no debe mejorar, precisamente, después de darle la espalda.
Méndez, el Peteca, tenía 29 años y estaba preso en la celda 2 de la cárcel de Rocha el 8 de julio de 2010 cuando se despertó en medio del incendio que le dejaría secuelas físicas irremediables, y de esas que no se ven pero se sienten, las más difíciles de sobrellevar.
Sobre esa madrugada, Méndez tiene un relato diferente al que aparece en las fojas judiciales. No entiende cómo es posible que todavía no sepa exactamente qué pasó y que los otros sobrevivientes a los que les ha preguntado sobre el tema no quieran explicarle.
“Ellos saben algo que es lo que me falta a mí para entender mi mente. ¿Por qué no quieren hablar? Eso es lo que me tiene muy enfermo. Yo no entendí cómo me levanté envuelto en llamas”, dice.
Hay muchas versiones sobre qué pasó esa noche. Lo cierto es que algo o alguien provocaron un incendio, y que después, de los 20 que habitaban la celda de 40 metros cuadrados, sólo ocho se salvaron.
La jueza del caso, Marcela López, manejó como principal causa del fuego “una acción accidental promovida por el factor humano a través de un acto de descuido o imprudencia en el manejo de uno o más artefactos de calefacción mediante resistencias eléctricas”.
En otras palabras, escribió que posiblemente se desató el incendio porque una manta cayó sobre una de las “estufas”, se quemó, e hizo arder los colchones de polifón, las camas de madera de pino, los náilones que tapaban las ventanas, y a los muchachos que estaban durmiendo.
Méndez cuenta otra cosa: “Yo salí de dentro del fuego vivo, consciente, quemado nomás. Todo lo que vi, lo vi, no es que aluciné, no, nada. Dos personas. Yo me desperté gracias a uno. Esas dos personas me ayudaron, más cuando íbamos para afuera, los dos lo vieron. Uno se murió, el otro no habla, ese es el problema: no habla. Y sé que no va a hablar. Yo ya hablé con él y sé que no hay caso. Todos sabemos que lastimaron a uno, tocaron fuego y se fueron”.
Él recuerda que ellos tres vieron a uno de sus compañeros salir de entre las llamas vestido, con los championes puestos, mochila, y una toalla arrollada en la mano. Fue el único que no se quemó y que no salió semidesnudo. Él dice que a través de una reja que separa el patio interno de las celdas 1 y 2 del corredor principal de la cárcel, el que salió “impecable” le pasó sus pertenencias a su novia y una amiga de ella, ambas presas en un sector que nunca se trancaba.
“Yo no vi el cuchillo. Pasó la toalla, pero todos sabemos lo que llevaba dentro la toalla. No me lo puedo olvidar. Sé hasta lo primero que pasó: pasó la toalla, la mujer arrancó, y la otra muchacha le cinchaba la mochila que todavía no podía pasar entre las rejas. Estoy seguro de que si voy al calabozo encuentro el cuchillo, porque es una pared doble que está hace mucho tiempo, y hay muchos cuchillos ahí tirados… Estuve preso, sé que eran ellas las que los encanutaban, era el único lugar donde se podía encanutar”, recuerda Méndez.
Méndez sabe que “hablar” del tema puede traerle problemas al otro testigo, pero a él no le importan los problemas. “Yo quiero saber lo que pasó, mira como me dejaron. Hay gente que no está ni ahí con hablar, pero es la real, mira cómo me dejaron, me arruinaron ¿entiendes? ¿Voy a dejar quieto por qué? Si no soy nadie. La persona que hizo eso estaba por matar también, estaba por homicidio. Es complicado lo que pasó”.
Más allá de cuál fue el origen del fuego, Méndez, otros sobrevivientes del incendio y algunos muchachos que estaban presos en las celdas de enfrente a la 2 y vieron qué sucedió, declararon que el “llavero Stuart”, Franco Machado, demoró en abrir la puerta de la celda porque su superior, el comandante de guardia “Carqueja”, Daniel Machado, le ordenó que no lo hiciera. Dicen que el llavero los destrancó minutos después, por desobediente.
“No tienen idea de lo que hicieron conmigo. A mí me judearon (jodieron). Yo me acuerdo clarito cuando el hombre no me quería abrir ¿entiendes? Yo le mostraba el brazo derretido por el sapo de la puerta, me estaba derritiendo de verdad. Eso lo tengo siempre en la mente, siempre ¿entiendes?”, asegura Méndez. Los informes periciales que se citan en la sentencia indican que si hubieran transcurrido dos minutos más, no hubiera habido sobrevivientes.
Pero hay otra versión, que sostienen la policía, el muchacho que Méndez vio pasando una toalla y otro sobreviviente. Ellos aseguran que el llavero abrió la celda lo más rápido que pudo, y que todos los agentes actuaron con la “mayor diligencia posible” e hicieron lo que tenían que hacer. Dicen también que el comandante de guardia nunca dio la orden de no abrir.
En el fallo, la jueza López determinó que no había “elementos de convicción suficientes para la atribución de eventuales responsabilidades penales” y, por ende, explicaba que no había sido posible identificar a quien fuera responsable del “origen y/o el resultado de este funesto siniestro”.
Angelina de los Santos / Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2218 / Miércoles 10.07.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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