1) Argentina: “El cuidado es un derecho”: entrevista a Carolina Brandariz
2) México: Asesinan a periodista de radio mexicana en Ciudad Juárez
3) “Menos oportunismo, más feminismo” reclaman ante el Paro Nacional de Mujeres
4) México: 8 de marzo, una fecha para recordar a las mujeres en la migración
5) Uruguay: “No hemos iniciado el proceso de transición”
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 630 – Lunes 2 de marzo de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) Argentina: “El cuidado es un derecho”: entrevista a Carolina Brandariz
El debate sobre las tareas de cuidado no es algo nuevo para los feminismos, sin embargo observamos que en nuestro país recién ahora se comenzó a abordar este tema como política de Estado.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, confirmó que construirá un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina, se crearon Direcciones específicas sobre cuidados en diferentes Ministerios, hay proyectos en el Congreso sobre este tema.
Es por ello que desde el programa informativo #SonYSeHacen entrevistamos a Carolina Brandariz, docente y socióloga, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y al frente de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para charlar los principales desafíos que se están presentando en relación a esta temática.
Escuchar la entrevista en: lacolectiva.org.ar/el-cuidado-es-un-derecho-entrev…/
COMCOSUR MUJER Nº 630 – 02/03/2020
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2) México: Asesinan a periodista de radio mexicana en Ciudad Juárez
Democracy Now! /21 de febrero de 2020
En México, una locutora de radio fue asesinada a tiros el martes por la tarde frente a su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En los programas de la radio era conocida como Bárbara Greco. La periodista, de 37 años de edad, había hablado recientemente sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en México, en respuesta al reciente asesinato de una niña de siete años en Ciudad de México.
Sus amigos y colegas informaron que su verdadero nombre era Teresa Aracely Alcocer. En diciembre pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que México ocupaba el segundo lugar en cuanto al número de asesinatos de periodistas en 2019, después de Siria.
Democracy Now! / COMCOSUR MUJER Nº 630 – 02/03/2020
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3) “Menos oportunismo, más feminismo” reclaman a senadores ante el Paro Nacional de Mujeres
Feministas se manifestaron esta mañana en el Senado de la República para exigir a integrantes de partidos políticos que legislen a favor de las mujeres, ahora que apoyan el Paro Nacional de las Mujeres programado para el próximo 9 de marzo.
Luego de que senadores de diversas bancadas manifestaron públicamente su respaldo a aquellas compañeras legisladoras que desearan parar sus actividades a propósito de las protestas por el Día Internacional de la Mujer, integrantes de colectivas feministas con el lema “menos oportunismo más feminismo”, les exigieron congruencia a la hora de legislar.
En entrevista con Cimacnoticias la integrante de la colectiva Acoso en la U, Priscila Palomares, señaló que es un logro que en el centro de la discusión pública estén colocadas las demandas de las mujeres a vivir libres de violencia, pero también exigieron coherencia a los agentes estatales e integrantes de partidos políticos quienes, de cara al Paro Nacional de Mujeres se dicen aliados del movimiento feminista. “Si se van a posicionar a favor de las mujeres, también que se posicionen a favor de las mujeres cuando legislan”, señaló Palomares.
Con esta consigna las jóvenes mujeres entraron en reunión con las senadoras. Del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) las recibieron Citlalli Hernández Mora, Martha Lucía Micher Camarena, Jesusa Rodríguez Ramírez, Martha Guerrero Sánchez y Martí Batres Guadarrama. Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, y del Partido Encuentro Social (PES), Renata Romo Molina.
“Nos extraña ver a partidos políticos como el Partido Acción Nacional, entre otros, invitando a la sociedad a sumarse a nuestro movimiento político. Cuando están en el poder no han respaldado nuestras exigencias”, denunciaron las feministas en el pronunciamiento que leyeron.
Las mujeres exigieron a las personas coordinadoras de los grupos parlamentarios posicionarse públicamente a favor de temas como la despenalización del aborto, de la creación de una fiscalía especializada para la investigación del feminicidio, la progresividad del presupuesto de egresos de la federación con perspectiva de género, fomentar la inserción laboral de las mujeres, los servicios integrales de salud para las mujeres, y la no criminalización de las protestas feministas.
Como ningún coordinador de los grupos parlamentarios acudió a la reunión, las feministas prefirieron no dialogar con las senadoras presentes, pues sabían la trayectoria que varias de ellas tienen en materia legislativa a favor de los Derechos Humanos. Ahora necesitaban escuchar el compromiso de los dirigentes de sus partidos.
Las senadoras pusieron de manifiesto las dificultades para coincidir dentro de sus partidos respecto a la agenda de género, mientras las jóvenes mujeres insistieron que no exigían nada que no estuvieran obligados a cumplir, pues sus demandas se encontraban dentro de la ley.
Cada senadora defendió el trabajo que han hecho sus partidos políticos a favor de las mujeres, aunque también reconocieron que habían “dentro y fuera” “resistencias conservadoras”, como mencionó de Morena la legisladora Micher Camarena. Ella también insistió que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador era feminista. Aunque el presidente ha tenido resistencias de hablar de problemas como el feminicidio y según sus últimas declaraciones, las protestas de las mujeres estaban siendo “infiltradas” y “manipuladas” en su contra.
De Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, dijo que independientemente de que se le ligara con un partido de derecha, se tenía que construir una agenda a favor de las mujeres. Mientras que la senadora Renata Romo, de Encuentro Social, apoyó sus demandas, más declaró que su bancada prefiere no posicionarse sobre diversos temas como el feminicidio, a fin de no utilizar y revictimizar a las víctimas.
“Menos oportunismo más feminismo”, gritaron finalmente las mujeres frente a las legisladoras. “Están en deuda, tienen que mostrar un trabajo que sustente esas posturas que están tomando, eso venimos aquí, exigir esos derechos, exigir esa congruencia”, dijo Priscila Palomares de Acoso en la U.
Fuera del Senado la defensora recordó en entrevista que los paros de mujeres son manifestaciones históricas del movimiento feminista. Entre los antecedentes están la Huelga de Nueva York, de obreras textileras, quienes luchaban por mejores salarios y menores jornadas. Otro antecedente es el paro nacional convocado por el movimiento de mujeres que tuvo lugar en Islandia, el 24 de octubre en 1975.
Cimacnoticias/ COMCOSUR MUJER Nº 630 – 02/03/2020
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4) México: 8 de marzo, una fecha para recordar a las mujeres en la migración
En los próximos días se ha llamado a una serie de acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, histórica pero recrudecida en últimas fechas. El 7 de marzo una cadena feminista a las 17 horas en el zócalo de la Ciudad de México; el 8 de marzo la marcha nacional; y el 9 de marzo bajo el lema: “el nueve nadie se mueve” un paro nacional de mujeres. Todas, ante una emergencia nacional que vivimos y que pocos reconocen.
10 mujeres son asesinadas diariamente en este país. Deberíamos estar en emergencia nacional, no obstante, en días pasados se dio a conocer el intento por eliminar la figura legal del feminicidio. Hoy más que nunca necesitamos acciones concretas para combatir la violencia hacia las mujeres, violencia que también atraviesa a las mujeres en la migración.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, será una fecha importante para recordarle al Estado mexicano que en nuestro país las mujeres en la migración también cuentan, existen y tienen necesidades específicas. A pesar de ser (más de) “la mitad del mundo y sostener la mitad del cielo” siguen siendo tratadas como un grupo minoritario.
En México durante 2019 las mujeres representaron el 40 por ciento de las casi 190 mil personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración; el 48 por ciento de las 70 mil personas que solicitaron asilo; el 49 por ciento de las nacidas en el extranjero viviendo en el país, de acuerdo con el último censo de población; y aproximadamente el 40 por ciento de las más de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos retornadas a México a esperar sus procesos ante las cortes estadounidenses.
Aunque su participación en la migración es histórica a través de la movilidad de sus familiares, y desde hace seis décadas representan el 50 por ciento de las personas migrantes en el mundo y el 51 por ciento en Latinoamérica, hay quienes siguen hablando de ellas como si su participación fuera reciente o, peor aún, como si “de pronto aparecieron en la escena migratoria”.
Se les ha construido a partir de los roles de género y una permanente cosificación de sus cuerpos que normalizan la violencia ejercida contra ellas en su tránsito por el país; se les condena a través del ejercicio de su maternidad; y se espera de ellas un mayor apoyo familiar en comparación al de sus pares migrantes hombres. De lado queda su aporte al desarrollo de los países (de origen y destino) o sus aprendizajes en la migración.
Es común encontrarlas a partir de su vínculo con un migrante (“la mamá de; la esposa de…”) o de las agresiones que sufren (casi siempre vinculadas a agresiones sexuales), pocas veces se retrata cómo es su participación en los diferentes procesos de la migración; cuáles son sus necesidades; qué políticas públicas existen o no; y a qué retos se enfrentan.
En el IMUMI hemos trabajado desde hace una década para incluir en las diferentes agendas las necesidades de las mujeres en la migración y contribuir a restaurar aquellos derechos que les han sido negados a partir de su participación en los diferentes procesos migratorios. Por ejemplo, en comunidades de origen: qué sucede con sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a solicitar un divorcio o una pensión alimenticia a través de las fronteras; en el tránsito: la extorsión, la violencia y el secuestro las persigue sin que haya éxito en sus denuncias -la tasa de impunidad de delitos en contra de la población migrante es del 99 por ciento.
En los países de destino las condiciones laborales son precarias, los sueldos por debajo del mínimo establecido, y la amenaza de “si no te gusta vete o si no te gusta te entrego a migración” son una constante. A su regreso a su país, el escenario no es mejor. La violencia sigue siendo transversal a su condición migrante: huyen de ella, las asecha o agrede en su tránsito, las recibe en los países de origen y a su retorno.
Aunque existe un amplio marco internacional sobre los derechos de las mujeres y sobre migración, son pocos los que articulan ambos temas, como la Recomendación General No.26 sobre las trabajadoras migratorias de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 2005. Mientras que en la legislación nacional no hay una ley que vincule ambos temas, aún si en 2014 se logró un primer ejercicio con la publicación del Programa Especial de Migración que hacía énfasis -en algunas líneas- sobre las mujeres en la migración.
Por otro lado, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en su representación. En diferentes monitoreos de medios hemos visto como las notas se centran en la migración de tránsito y la violencia a partir de las experiencias masculinas; la voz de las mujeres no existe, ni aquellos temas que las atraviesan, y cuando son nombradas están o reforzando estereotipos de género o desde su vínculo con una persona migrante.
Como IMUMI hemos insistido en cambiar la narrativa sobre las mujeres en la migración. Por ejemplo, no sólo enfocarse en las mujeres sino en analizar los roles y relaciones de género que contribuyen a las desigualdades; así como no asumir que todas las mujeres tienen los mismos intereses, sino comprender las diferencias entre los distintos grupos de mujeres en la migración. Evidenciar el impacto de la migración en la vida de las mujeres conlleva, no sólo a traerlas a la escena pública, sino también a diseñar programas y políticas públicas específicas.
Han pasado 45 años desde que en 1975 Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como una fecha para recordar a los Estados la urgencia de crear acciones encaminadas a la igualdad de condiciones y acceso a derechos para las mujeres, por lo que este Día Internacional de las Mujeres marcharemos por todas las mujeres y las niñas migrantes, y el 9 paremos porque ellas también cuentan y existen en este país. Los derechos de las mujeres en la migración también son derechos humanos.
Desinformémonos/ COMCOSUR MUJER Nº 630 – 02/03/2020
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5) Uruguay: “No hemos iniciado el proceso de transición”
Mariella Mazzotti (Inmujeres): “No hemos iniciado el proceso de transición”
La directora hace un balance de su gestión y comparte expectativas de cara al próximo gobierno.
A pocos días de abandonar el despacho principal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social para dejar paso a quien asuma en nombre del próximo gobierno, la todavía directora del organismo, Mariella Mazzotti, repasó con La Diaria algunos de los principales avances de los cinco años de gestión. La lista es larga e incluye la creación de políticas de igualdad de género transversales en los ministerios y nuevos dispositivos para luchar contra la violencia hacia las mujeres. “Todavía falta”, aseguró, de todas formas, y confió en que el desafío será renovado por el gobierno que asumirá el domingo.
Mazzotti dijo que no tiene expectativas claras acerca de las líneas que adoptará el Inmujeres en el futuro porque no hubo confirmación “oficial” de quién la sucederá en el cargo y, por lo tanto, no se pudo iniciar un proceso de transición. Sin embargo, manifestó su preocupación por algunas cuestiones que modifica o introduce, en materia de género, el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) presentado por el gobierno electo.
A pocos días de terminar la gestión, ¿qué balance hacés del trabajo del Inmujeres en los últimos cinco años?
El Inmujeres como organismo rector de las políticas de género tiene la responsabilidad de contribuir a que el conjunto del Estado uruguayo tome acciones para alcanzar la igualdad de género, que es nuestra misión sustantiva, por lo que tenemos que trabajar con las mujeres, pero también con todo el aparato institucional. En este sentido, como objetivo concreto del quinquenio nos habíamos propuesto fortalecer el Consejo Nacional de Género como el espacio interinstitucional que define el compromiso del Estado con la igualdad de género. Este objetivo se logró en un porcentaje muy alto: fue un organismo que funcionó en todo el período, con representación de las más altas autoridades de los ministerios y organismos autónomos y descentralizados, tal como marca la ley, y, por lo tanto, tuvo un impacto fuerte. Las evaluaciones constatan que en todos los ministerios hubo un avance en las políticas vinculadas a la igualdad. Como elementos concretos se crearon la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género a 2030 y la Ley de Igualdad de Género y No Discriminación hacia las Mujeres aprobada en diciembre de 2019, que crea el Sistema Nacional de Género. Otro de los objetivos que teníamos al comienzo de esta gestión era darle un fortalecimiento y una priorización a las políticas de prevención y combate a la violencia de género, nuestra segunda misión. Uno de los grandes desafíos que quedaban pendientes en esa línea era una nueva ley, que ya no fuera de violencia doméstica, sino de violencia de género, y que de alguna manera avanzara en los derechos y en las respuestas a la problemática. La ley se elaboró durante este período a nivel interinstitucional y con la sociedad civil, fue presentada al Poder Ejecutivo en abril de 2016 y, luego de un trabajo articulado, se logró que el Parlamento la votara a fines de 2017. Ahora la gran tarea que tenemos es la de darle cumplimiento cabal. Otro gran desafío que había en 2015 era la elaboración de un plan de acción interinstitucional contra la violencia de género, que se presentó en noviembre de ese año por decreto del Poder Ejecutivo y se fue cumpliendo a lo largo del quinquenio. Por otro lado, logramos hacer la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia de Género, que confirma que se trata de un problema gravísimo que tenemos como sociedad y que requiere un trabajo continuo. Todavía falta, y queda como un desafío para el próximo gobierno, pero el camino que se recorrió fue muy concreto, en la medida en que hay constatación real de inversión presupuestal y de dispositivos específicos mucho más fuertes que los que teníamos cinco años atrás.
¿Por ejemplo?
El Ministerio del Interior [MI] en 2015 contaba con tobilleras en Montevideo, Canelones y Maldonado; ahora las tiene en todo el país. En aquel momento tenía 300 tobilleras y se había evaluado que con 600 sería suficiente. Vamos a terminar el período con 1.200 tobilleras. En ese ejemplo podemos ver la multiplicación del presupuesto. Por otro lado, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay multiplicó en 80% la inversión en las políticas de violencia de género hacia la infancia y la adolescencia. El Ministerio de Salud Pública [MSP] hace una inversión muy alta en los equipos de referencia de salud. En materia de vivienda, que es uno de los grandes déficits, se pasó de 30 millones de pesos a 60 millones de pesos invertidos por año.
“Como sociedad todavía no hemos hecho la relación de que la violencia de género es el peor resultado de la desigualdad”.
El Inmujeres también creó nuevos dispositivos durante este período, y llegó incluso a triplicar el presupuesto para apoyar a mujeres en situación de violencia. ¿Qué evaluación hacés en este sentido?
El Inmujeres, en particular, casi triplicó su presupuesto, creó nuevos dispositivos y amplió servicios de atención que son de calidad. Nosotras atendemos alrededor de 10.000 consultas al año, que corresponden más o menos a 3.000 mujeres, y un dato fuerte es que no tenemos femicidios en esas mujeres atendidas. En este período creamos dispositivos en pequeñas localidades, espacios de prevención y sensibilización en violencia de género dirigidos a varones, centros de protección de 24 horas y un portal para las situaciones de urgencia. Así que la evaluación es que se ha trabajado mucho, se ha crecido presupuestalmente, y eso tiene su correlato en dispositivos y servicios. Todavía falta. La violencia de género es un desafío pendiente, que está muy vinculado con el cambio cultural. En Uruguay siguen persistiendo pautas culturales machistas; como sociedad todavía no hemos hecho la relación de que la violencia es el peor resultado de la desigualdad y de esos valores machistas que tenemos. Las conductas machistas en la calle, en el deporte, dentro de la familia o el hecho de que todavía seamos las mujeres las principales cuidadores de las niñas y los niños hacen que el desarrollo de la afectividad de los varones y la disposición a proteger y a cuidar todavía no estén tan bien vistas socialmente. Todo esto repercute y, en última instancia, genera la problemática de la violencia de género, así que todavía queda mucho por hacer. Por otra parte, hemos avanzado en cuestiones vinculadas con los derechos laborales de las mujeres, pero todavía hay pendientes. Nos preocupa particularmente la situación de la mujer pobre, que sigue siendo una condición de altísima injusticia social, que además repercute en las niñas y los niños que viven en esos hogares con jefatura femenina. Nos preocupa cuando eso se articula con mujeres afrodescendientes, rurales o en situación de discapacidad. Nos quedan factores de discriminación importantes para actuar. Así que hago una buena evaluación, pero no dejo de ver todo lo que queda por hacer. El rol del Inmujeres se ha jerarquizado, pero todavía es una institucionalidad con poca autonomía de gestión y de toma de decisiones.
¿Cómo viene la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género?
Quedan muchas cosas. Nos queda un gran pendiente, que es la Justicia. La Fiscalía General de la Nación ha creado fiscalías de delitos sexuales y violencia de género, y tiene la convicción de seguir avanzando, pero esto requiere un refuerzo presupuestal. Quedan pendientes los juzgados de violencia de género, pese a la decisión política de la Suprema Corte de Justicia de crearlos, lo que nos preocupa enormemente. Hay razones presupuestales, pero también razones de fondo, porque, de hecho, se están trasladando competencias pero no se traslada la competencia multimateria, y sería importante que se tomara esa decisión. También es importante fortalecer las defensorías y capacitar a los operadores de la Justicia. A nivel del Poder Ejecutivo es muy importante el papel de la educación en la prevención de la violencia de género y que la sensibilización sea desde la primera infancia. También que los medios de comunicación y de difusión pública tengan presente, a la hora de divulgar contenidos, que hay estereotipos y conductas que luego repercuten en el surgimiento de relaciones violentas. Habría que trabajar más en el deporte, el tiempo libre y la cultura, con acciones de prevención de la violencia de género. Eso está en la ley y no se ha hecho con el énfasis que requerimos. Por supuesto que, a nivel de la respuesta más concreta, faltan más servicios para varones agresores, algún centro de protección más, y fortalecer la respuesta a nivel de salud, vivienda y trabajo. Si no logramos la autonomía económica de las mujeres, difícilmente puedan salir de situaciones de violencia de género. Por último, falta una difusión masiva de los derechos consagrados por la ley para que sean conocidos por las propias mujeres. Entre los avances, es muy importante el decreto reglamentario del MSP que garantiza derechos y compromisos en la salud para las mujeres. Ahora hay que hacerlo carne.
¿Cuáles son las expectativas respecto del próximo gobierno en materia de políticas de género?
Es difícil tener expectativas, porque no hemos iniciado el proceso de transición. Se nombró a los futuros ministros, subsecretarios y directores generales de los ministerios, pero no se avanzó en las definiciones de las siguientes autoridades. Con respecto al Inmujeres, tenemos una información oficiosa pero no oficial sobre quién podría ser la futura directora, pero por más buena voluntad que hay de las dos partes no ha sido posible iniciar un proceso de transición, por lo tanto no hemos podido trabajar en conjunto ni concretar intercambios o conversaciones.
“Perder el rol rector puede hacer que la capacidad de incidencia del Inmujeres se vea disminuida”.
En el proyecto de LUC que presentó el gobierno electo se ven modificadas algunas funciones del Inmujeres. ¿Cómo evalúan esto?
Nos preocupa y no estoy de acuerdo con las modificaciones de las competencias que se le dan al Inmujeres. Se le quita el rol rector de las políticas de género, un mandato que se le da al instituto para trabajar junto con otros organismos del Estado para contribuir a la igualdad. El Inmujeres preside muchísimos espacios interinstitucionales y es bueno que esa presidencia se ejerza con el respaldo de que tiene la rectoría, que es la calificación de su rol. Perder eso puede hacer que su capacidad de incidencia se vea disminuida, por lo tanto me parece realmente una pérdida importante. Debo señalar que en el mundo de las personas comprometidas con las políticas de igualdad, nunca escuché a mujeres de otros partidos políticos uruguayos que cuestionaran el rol rector del Inmujeres; en ese aspecto siempre había unanimidad de criterios, por lo tanto me sorprende el cambio de la competencia. Por otro lado, en la LUC no se señala el trabajo del instituto en las distintas áreas de derechos económicos, culturales, sociales y productivos de las mujeres, cuestiones que sí aparecen en la legislación actual. Que se pierda eso de manera explícita es una preocupación.
¿Te parece que hay una intención específica detrás?
No sé decirlo porque no tengo ninguna información, simplemente leí el artículo que corresponde al Inmujeres. También debo decir que me preocupa el cambio de estructura institucional con respecto a las políticas vinculadas al MI. La División de Políticas de Género en este momento está ubicada en el aparato central del ministerio y por eso tiene una capacidad de incidencia en toda la Policía Nacional, que ahora perdería. Es decir que también perdería la potencialidad de transversalizar en todo el aparato, no solamente en la Policía, sino también en materia de cárceles y de las otras áreas que tiene la cartera, como Bomberos. Al crearse una Dirección Nacional de Género, queda bajo el director nacional de Policía y solamente en su área específica.
El proyecto de LUC también cambia la expresión “políticas de género” por “políticas nacionales relativas a la mujer y a la familia”. ¿Qué opinás de esta modificación?
Es una pérdida. Nosotros trabajamos con mujeres y el plural es muy importante, porque también hay desigualdad entre las mujeres. No existe una mujer en abstracto y es muy importante que la política pública responda a la diversidad de las mujeres. Al mismo tiempo, no hablar de género es una pérdida, porque es la explicación de por qué hay desigualdades. La categoría “género” habla de los mandatos sociales, culturales y económicos que explican la desigualdad, y nos permite, como todas las categorías, interpretar la realidad. Si perdemos esa categoría de interpretación, la política pública puede quedar en medidas que no ataquen los problemas, entonces se trataría de un empobrecimiento. Las mujeres tenemos un rol en la economía, en lo productivo, en la cultura, en la política y en las organizaciones sociales, y nos molesta que estas dimensiones tampoco estén. Por otro lado, si vamos a hablar de familia, nos gustaría que se hable de familias en plural, reconociendo la diversidad de los espacios de convivencia que hay en Uruguay. ¿Qué es “la familia” en singular? En el Uruguay de hoy hay más divorcios o uniones libres que matrimonios estables, y ha aumentado la cantidad de hogares unipersonales en los que solamente hay mujeres. Nos importa el tema de las familias y qué pasa en esos núcleos de convivencia. De hecho, estamos hablando de la violencia doméstica como el principal problema que tienen las mujeres. Pero tenemos que hablar de todas las familias.
¿Qué opinás de las propuestas que plantea la LUC en materia de violencia de género? Me refiero al aumento de las penas privativas de libertad para los delitos de violencia sexual y la creación de un nuevo delito para los agresores que destruyan las tobilleras electrónicas.
Con respecto a sancionar el desacato por las tobilleras, estoy de acuerdo y creo que es necesario. En cuanto a los delitos sexuales, creemos que el aumento de las penas no va a disminuir los delitos, así que en general no estamos a favor. Sí nos importa que el delito mínimo garantice la pena de penitenciaría, para que no queden libres las personas que cometen delitos sexuales, que es algo que ya está vigente. Quizás habría que modificar el Código Penal en relación con que todavía persiste el atentado violento al pudor y la violación, y esos son delitos escritos de manera muy antigua, con un lenguaje que ya está caduco. Nos parece que la vigencia del delito de abuso sexual y de abuso sexual especialmente agravado es la forma correcta de referirnos también a los delitos de violación. Ahí sí es importante aumentar a 15 años la edad de presunción de consentimiento en los casos de violación, cuando haya una diferencia de más de diez años con la otra persona. Eso la LUC no lo toca y sería bueno cambiarlo.
Con la mirada puesta en el próximo MSP, ¿en qué no se debería retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos?
Uruguay es un país con una legislación acorde a los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que tiene una legislación que respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de su sexualidad, de su salud sexual, de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. También hablamos de que las mujeres tienen el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos desean tener, por lo tanto, si tienen dificultades para quedar embarazadas tienen que poder acceder a los métodos para intentarlo, pero, por otro lado, si tienen un embarazo no previsto, también tienen la posibilidad de interrumpirlo, algo que está garantizado por la ley. Tenemos un problema muy grave en relación con el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, sobre todo en el interior del país, tenemos un número de ginecólogos que han hecho objeción de conciencia. El MSP ha hecho un esfuerzo muy importante por garantizar de todas formas la atención a las mujeres, pero sabemos que eso les ha implicado a las mujeres costos de traslados y retrasos en los plazos. Que estén garantizados los derechos sexuales y reproductivos también implica que las mujeres tienen derecho a controlar su embarazo, a prevenir el embarazo en la adolescencia, a tener un parto humanizado, a que la cesárea no sea predeterminada, a tener un control durante el puerperio, una buena atención en la menopausia y una prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. Se debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. La salud sexual y reproductiva es muy amplia, y Uruguay la garantiza por ley. Lo que sí tenemos es carencia en los servicios, entonces diría que hay que avanzar en más y mejores servicios de todas esas áreas que planteé. Cualquier cosa que no sea avanzar en los servicios es retroceder.
La primera gran movilización en el marco del nuevo gobierno será la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Visualizás una celebración diferente de las de los últimos años?
Como no estoy haciendo transición, no la puedo visualizar. Lo que sí sé es que va a haber una gran marcha, en la que vamos a participar.
Algunas mujeres han dicho que temen que la manifestación sea reprimida, teniendo en cuenta algunos artículos de la LUC.
No hemos hablado de algunos artículos del anteproyecto de LUC que pueden generar temor a si se va a garantizar el derecho constitucional de la movilización ciudadana y la libre expresión. No sé si la ley va a estar en el Parlamento para esa fecha, por lo que ese día seguramente continúen rigiendo las leyes actuales, así que espero que haya una libre movilización, como todos los 8 de marzo en los últimos tiempos: masiva y pacífica.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 630 – 02/03/2020
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