1) América Latina: Aborto legal, derecho negado: un mapa de América Latina
2) América Latina: Mujeres y niñas comparten violencias y poca atención de los gobiernos
3) Argentina: Histórico: se estableció el cupo laboral trans en el sector público nacional
4) Guatemala: Mujeres periodistas denuncian ataques en su contra
5) Paraguay: Exigen se investigue la muerte de dos niñas en un ataque contra la guerrilla
6) Turquía: Ebru Timtik, abogada y presa política kurda murió en huelga de hambre
7) Entre la memoria y el olvido: mujeres no permitidas en la historia mapuche
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 657 – Lunes 7 de setiembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMÉRICA LATINA: ABORTO LEGAL, DERECHO NEGADO: UN MAPA DE AMÉRICA LATINA
Una resolución publicada el último viernes (28) en Brasil, en el Diario Oficial, afirma que el personal médico debe “informar (a las personas embarazadas que recurren al aborto legal) acerca de la posibilidad de visualización del feto o embrión por medio de la ultrasonografía”. La práctica de coerción social en las instituciones de salud es una de las formas de impedir la interrupción voluntaria del embarazo, aun en casos de violencia sexual o riesgo de vida de la mujer gestante, previstos por ley en Brasil.
El reciente caso de la niña de 10 años, en el estado de Espírito Santo (región Sureste de Brasil), ilustra una realidad en toda América: aunque el aborto sea legal en algunos países, su acceso es dificultado social e institucionalmente. En la región, la mayoría de los países comprende en su legislación el aborto en algún nivel. Sin embargo, es común que la atención en los servicios de salud sea escaso, ausente o de mala calidad.
La posibilidad de tener información y recursos para la interrupción voluntaria del embarazo está directamente ligada a mejores índices de salud, mientras el avance de gobiernos conservadores en la región y de la mayor influencia política de movimientos fundamentalistas, como en Brasil y Bolivia, generan mayor vulneración de derechos, mayor tasa de mortalidad por abortos inseguros y de partos forzados.
La desigualdad social también define las profundas diferencias de criminalización y del acceso al aborto seguro y a la información. Superada solamente por África subsahariana, América Latina y el Caribe son las regiones con las más altas tasas de embarazo entre jóvenes de 15 a 19 años.
En países donde la legislación comprende la interrupción voluntaria del embarazo, aunque estrictamente en casos específicos, el acceso al aborto es dificultado por las propias instituciones médicas, en donde pacientes muchas veces son denunciadas contra la propia ética médica, rompiendo el sigilo de información a la persona atendida, por uso inadecuado de la objeción de consciencia (cuando el profesional se niega a realizar el procedimiento por motivos morales o religiosos) o reciben informaciones falsas.
Brasil
La fuerza de sectores fundamentalistas y religiosos en el país amenazan el cumplimiento de la ley, que comprende el aborto en tres causales: riesgo de vida de la persona gestante, violencia sexual y fetos anencéfalos.
En esos casos, no es necesaria cualquier autorización para realizar el procedimiento, sin embargo, hay desconocimiento entre los propios profesionales de la salud, como puntualiza Carla Vitória Barbosa, abogada e investigadora en derechos sexuales y reproductivos. “Al ser considerado un tabú, muchos profesionales no tienen informaciones correctas, no conocen la ley y terminan exigiendo reporte policial, o incluso intentan convencer a la persona a no realizar el aborto.”
Un mapeo realizado por la ONG Artículo 19 revela que, de los 176 hospitales aptos para el procedimiento, solamente 76 confirmaron, efectivamente, realizar el aborto en los casos previstos por ley.
México
Desde 2007, la interrupción legal del embarazo es posible en la Ciudad de México, y, en 2019, en el estado de Oaxaca, lo que abre posibilidades también para personas gestantes que quieran interrumpir el embarazo que estén geográficamente cercanas. En México, cada estado cuenta con causales específicas que legalizan el aborto, siendo la causal por violencia sexual la única en consenso entre los 32 estados del país norteamericano.
Según documentos divulgados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hay dificultad del acceso al aborto en casos de violación en todo el país. Mujeres y niñas tienen negado su derecho a la interrupción del embarazo “desconocimiento del marco jurídico por parte del personal médico”.
“De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo”. El grupo también enfatiza que, de esa manera, además de revictimizarlas y violar sus derechos humanos, esa actuación en instituciones de salud contradicen a las leyes del país.
Argentina
En cinco meses de cuarentena, fueron registradas tres muertes por aborto clandestino en el país. La dificultad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, inclusive en casos contemplados por ley – riesgo de salud y de vida de la persona gestante y violación –, se refleja en el dato alarmante divulgado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef): a cada tres horas, una niña es forzada a parir en Argentina.
La fuerza conservadora en Argentina, con gran influencia política, impulsó el movimiento “Salvemos las dos vidas”, contra la aprobación del proyecto de ley por el aborto legal, en 2018. Los impedimientos se dan no solo en el ámbito de la política institucional, pero sobre todo en la práctica diaria en los servicios médicos, por parte de profesionales que mienten el número de semanas del embarazo para impedir abortos.
El año pasado, una niña de 12 años, que quedó embarazada producto de una violación, fue obligada a parir por cesárea. El bebé se murió cuatro días después. Esto sucedió en Jujuy, una de las once provincias que adhieren al Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo. Sin embargo, casos como esos son aún más comunes en las provincias que no poseen un protocolo que garantice la atención adecuada para el aborto legal.
“Las provincias tienen una gran desigualdad de acceso y dependen mucho del activismo”, afirma Yanina Waldhorn, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. “Es muy probable que, en donde haya un médico de la red de profesionales de salud por el derecho a decidir, no existan obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo a partir de una perspectiva de la salud integral.”
Venezuela
El Código Penal restringe el aborto en casi todos los casos, con excepción de riesgo de vida de la persona gestante. Además, el acceso a métodos anticonceptivos es escaso, llegando al 100% de desabastecimiento en algunas ciudades.
La Constitución contiene artículos contradictorios, que dan margen tanto para invertidas conservadoras como para sostener el derecho a decidir: un artículo considera la vida desde la concepción, mientras otro garantiza el derecho a la decisión de cuántos hijos una familia desea tener.
“El fundamentalismo religioso, principalmente con las iglesias evangélicas, se instaló en el país”, afirma Daniella Inojosa, del colectivo feminista Tinta Violeta. “La Asociación de Médicos obstetras y ginecólogos incluso se declaró a favor del aborto y solicitó un cambio en las leyes, por el peligro a la vida de las mujeres, usando un argumento bastante avanzado. Ahora, muchos médicos y médicas no realizan el aborto aunque la vida de la madre esté en riesgo. Pero, por suerte, no son la mayoría. Son casos aislados.”
El movimiento feminista en Venezuela lucha por la despenalización total del aborto. “Pero entendemos que, en nuestro contexto y en la realidad que tenemos, incluir las causales clásicas ya seria un éxito”, afirma Daniella, refiriéndose a las causales por violación y riesgo a la salud.
Colombia
Desde 2006, personas gestantes en Colombia tienen derecho al aborto en tres causales: riesgo a la vida o salud de la persona gestante, violencia sexual o inviabilidad fetal. La dificultad del pleno ejercicio de esos derechos se da, principalmente, por las barreras en el acceso a la información y por entreves institucionales. Por ese motivo, la demora en lograr realizar el aborto legalmente lleva a personas gestantes a interrumpir los embarazos avanzados.
Un caso emblemático en el país fue el de una mujer que, tras acudir a una de las instituciones de referencia en atender casos de aborto, ProFamilia, tuvo su caso divulgado. “Esto generó miedo en muchas mujeres de ir al ProFamilia”, cuenta Laura Vásquez Roa, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Colombia.
“En ese caso, la mujer tuvo que abortar con siete meses por una serie de barreras institucionales. Hubo una fuerte campaña de los grupos antiderechos, que difundieron su identidad, pusieron nombre al feto como si fuese un niño nacido. Muchas mujeres pasaron a tener miedo de tener también su privacidad en juego.”
En Colombia, el movimiento feminista tiene redes de acompañamiento para personas que desean abortar de forma segura o que buscan información sobre el tema.
Ecuador
Según el código penal ecuatoriano, el aborto está permitido solo en dos situaciones, cuando la vida de la mujer está en riesgo o el embarazo es resultado de una violación sexual cometida contra una mujer con discapacidad mental.
En 2012, una reforma del Código Penal podría haber cambiado los casos en los que se permite el aborto, pero el Parlamento no aprobó los cambios y se mantuvo la ley de 1938. Entre 2009 y 2016, esta restricción obligó a 17.448 niñas menores de 14 años a parir, en la mayoría de los casos, embarazadas por violación.
Como describe Alejandra Santillán Ortíz, integrante del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas, los imaginarios machistas promovieron la forma de hacer política en el país, así como la fuerza de representantes del movimiento religioso católico Opus Dei. “Esta situación es consecuencia de la ausencia de políticas públicas con perspectiva de género. Las concepciones de los antiderechos nada tienen que ver con la vida de las mujeres.”
El último 25 de agosto, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un nuevo Código de Salud, que presenta algunos avances, fruto del activismo feminista. El nuevo código reconoce el embarazo en la infancia y la adolescencia como un problema de salud pública, bien como casos de embarazo que generen riesgos a la vida de la persona gestante, a partir también de datos relacionados a la mortalidad materna y el suicidio.
El Salvador
Una de las legislaciones más duras del mundo con relación al aborto es la de El Salvador. En el país centroamericano, una reforma penalizó completamente el aborto cuando, a fines de los años 90, la Constitución pasó a considerar “el ser humano desde la concepción”. La restricción lleva a índices preocupantes de abortos inseguros y suicidio.
El caso de Evelyn Hernández ilustra la actuación del sistema judiciário en el país respecto al aborto. En 2016, la joven tuvo complicaciones en el parto y fue condenada a 30 años de prisión por homicidio. Estuvo presa 33 meses hasta ser absuelta, el año pasado.
“La mayoría de los casos relacionados a esta ley son emergencias obstétricas o partos hospitalares”, afirma la periodista y activista feminista Clanci Rosa. “Mujeres que viven en zonas rurales, más apartadas, son condenadas por homicidio si tienen una emergencia obstétrica y no llegan a tiempo en los hospitales.”
El movimiento feminista del país lucha, inicialmente, por una normativa que incluya cuatro causales permitidas por ley: violencia sexual, riesgo de salud y vida de la persona gestante e inviabilidad fetal.
Bolivia
Desde los años 70, el aborto es legal en casos de violación y riesgo de vida de la persona gestante. Sin embargo, el atraso en los procesos jurídicos dilataban los procesos en casos de embarazo por violación hasta después de los nueve meses de gestación.
En 2014, una sentencia constitucional viabilizó la interrupción del embarazo a partir de una denuncia. No obstante, esto no es cumplido fuera de las principales ciudades y capitales. “En las zonas rurales, es difícil llegar a los centros de salud que realicen el procedimiento”, afirma Adriana Guzmán Arroyo, miembro de las Socorristas Comunitarias de Bolivia, una red creada junto con las socorristas de Argentina.
“La mayor dificultad del cumplimiento es en el caso de violación de niñas. En julio de este año, en Chaco, territorio guaraní, hubo toda una movilización para impedir la interrupción legal del embarazo de una niña violada diversas veces por su padrastro. La única forma de viabilizar el aborto fue con la intervención de la Defensoría del Pueblo”, afirma, enfatizando que, después del golpe de Estado de Bolivia, la situación empeoró.
“El movimiento conservador del país dificulta el cumplimiento de la sentencia constitucional, que es lo único que tenemos como garantía para la interrupción del embarazo. Niñas son obligadas por las iglesias a parir, o dar en adopción.”
Chile
En este país sudamericano, un alto número de médicos declaran objeción de conciencia: cerca del 50% de profesionales de la salud de la red pública. El país llega a permitir la objeción de conciencia no solo por parte de profesionales de la salud, sino también de instituciones. Los casos de aborto considerados legales en Chile son por riesgo de vida de la persona gestante, violencia sexual e inviabilidad fetal.
Lieta Vivaldi, abogada de la ABOFEM y de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, apunta que la facilidad para declarar la objeción es una manera efetiva encontrada de inviabilizar las interrupciones voluntarias del embarazo mismo en casos previstos en ley. “Basta llenar un formulario. Pueden declarar la objeción por motivos profesionales, o simplemente por volumen de trabajo o complicaciones burocráticas”, afirma Lieta.
“Otros problemas cruciales son la falta de capacitación del personal de salud, no solo para saber como atender a esos casos, pero para informar y desestigmatizar el aborto”, completa.
Fernanda Paixão/ Brasil de Fato / Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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2) AMÉRICA LATINA: MUJERES Y NIÑAS COMPARTEN VIOLENCIAS Y POCA ATENCIÓN DE LOS GOBIERNOS
Sin importar el país, mujeres y niñas de la región Latinoamericana comparten violencia, exclusión, pobreza, abusos, deserción escolar, embarazos forzosos, feminicidio, exclusión laboral y nulo acceso a la salud, así lo compartieron mujeres concejalas y la presidenta municipal de México, Colombia, Chile y El Salvador durante el Conversatorio regional “Experiencias de las mujeres en la política en apoyo a la población, acciones y retos”.
En el evento que se llevó a cabo el pasado 29 de agosto y fue convocado por la organización chilena “Desarrollo Sin Fronteras”, la presidenta municipal de Tlaxcala, México, Anabell Avalos Zempoalteca; la concejala del movimiento político “Estamos Listas en Medellín”, Colombia, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales; la concejal de la municipalidad de Viña del Mar, Chile, Laura Gianicci Natoli; y Keyla Cáceres de León, especialista en incidencia parlamentaria y organización comunitaria de El Salvador, coincidieron en que la crisis sanitaria por COVID-19 ha evidenciado las múltiples situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres, no obstante las respuestas de los Estados que no han tomado en cuenta el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, convirtiéndose en un reto mayúsculo los esfuerzos que realizan desde sus espacios políticos.
En Medellín, la pandemia exacerbó las violencias que viven las mujeres. Incrementaron los casos de feminicidio, la violencia familiar y sexual. De enero a la fecha han desaparecido 15 mujeres. Sin embargo, pese a que existen varias implementaciones gubernamentales en materia de género, no existe voluntad política para enfrentar estas violencias.
Al igual que en México, hubo un aumento en las llamadas a los números de emergencia por violencia, sin embargo, las denuncias no prosperan pues para el sistema judicial éste continúa siendo un tema accesorio. La violencia contra las mujeres es una pandemia poco visibilizada.
En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los casos de feminicidio subieron 40 por ciento. De enero a junio, a nivel nacional, se iniciaron 18 mil 884 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 2 mil 824 se abrieron en junio, lo que representó un incremento del 18 por ciento comparado con las registradas en mayo.
“Encerramos de golpe a las mujeres con sus agresores, en medio de una cuarentena estricta, en un estado de excepción, con tanquetas en las calles combatiendo el virus, ¿por qué?, lo único que esta acción desencadenó fueron violaciones y desaparición de niñas”, puntualizo Keyla Cáceres, de El Salvador.
“La violencia contra las mujeres en el contexto de la COVID-19 es un panorama igual en toda la región. En Chile, las mujeres se enfrentan a una diversidad de violencias e incremento del trabajo del hogar”, dijo en su oportunidad, Laura Gianicci.
Trabajo de cuidados
Otro tema que cruza a los cuatro países fue el de cuidados. Ante el confinamiento, el trabajo no remunerado de las mujeres se exacerbó. Para Dora Saldarriaga “si no se reconocía el aporte de las mujeres en los cuidados y cómo ellas son quienes sostienen los sistemas productivos de los países, la crisis sanitaria lo puso en la lupa, sin embargo, se sigue mirando como un deber ser de las mujeres”.
El trabajo no remunerado se ha multiplicado en el confinamiento, a las labores de quehaceres del hogar se han sumado el cuidado de personas adultas mayores, de niñez y adolescencia y la instrucción escolar. A nivel mundial los datos demuestran que con cada 2 horas más de trabajo de cuidados diario que tiene una mujer pierde 10 por ciento de trabajo remunerado.
“Para los hombres el tema del cuidado lo tienen resuelto, siempre es una mujer la que lo resuelve”. Mientras que para las mujeres se multiplicó este trabajo, al trabajo remunerado desde casa, se sumó el trabajo del hogar, el cuidado de la familia, y la atención escolar de hijas e hijos. “En una breve encuesta encontramos que para las mujeres se habían incrementado entre 4 y 6 horas de cuidados a diferencia de los hombres”, puntualizó la Concejala de Medellín.
Empleo
En materia de empleo remunerado, en el caso de El Salvador, una parte importante de su economía sobrevive de la industria textil, las maquilas, donde trabaja un porcentaje alto de mujeres adultas con enfermedades crónicas. Con la pandemia, se incrementó la explotación laboral, a los sueldos bajos, se le sumó el despido masivo y el freno en el acceso a la salud. Muchos de los patrones dejaron de pagar las cuotas de salud, bajo la pasividad del gobierno, desde febrero de 2020. “Las mujeres no han podido acceder a la salud; las han despedido sin un pago correspondiente por su trabajo y antigüedad. El gobierno permanece callado”.
Para Viña del Mar este escenario es familiar. Lejos de los reflectores del Festival de Viña del Mar, esta ciudad es donde existe el mayor número de campamentos de extrema pobreza en el país, y el segundo lugar nacional con personas adultas mayores.
“La pandemia nos tomó en un momento brutal. Actualmente no hay ingresos, están cerradas las fuentes de empleo (casinos, hoteles, servicios) y las que más enfrentan estos despidos son las mujeres. Las trabajadoras del hogar son las más golpeadas, y recién en el Congreso se acordaron de ellas”. La pobreza tiene rostro de mujer, sin embargo, aún en la pandemia están invisibilizadas.
Mientras que las personas adultas mayores viven una violencia estructural implícita y empobrecida. Llegar a una edad adulta también implica el empobrecimiento y el olvido de los familiares, donde las mujeres adultas mayores son las que enfrentan las peores condiciones.
Incremento de embarazos en niñas y adolescentes
Otro de los retos que enfrenta la región son los embarazos de niñas y adolescentes. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de bajos y medianos ingresos no puedan tener acceso a anticonceptivos modernos, por lo que se prevén hasta 7 millones de embarazos no deseados.
En El Salvador, se incrementaron los embarazos en niñas de 10 a 19 años de edad. “Tenemos registrados más de 6 mil embarazos en el contexto de la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 hemos registrado un incremento de embarazos de niñas de 10 a 14 años de edad, una violación legitimada por el Estado. Un Estado que se olvidó de poner la mirada de género en cada una de las decisiones que tomó para mitigar esta pandemia”.
En medio del coronavirus, la violencia y la violencia sexual desembocaron en embarazos a una edad muy temprana que limita las posibilidades de las niñas, en medio de Estados que las obligan a tener esas hijas e hijos y que no les dan la libertad de interrumpir un embarazo no deseado que pone en riesgo su salud. Necesitamos garantizar a las niñas un futuro y no la maternidad forzada a la que ahora se están enfrentando. El Instituto Guttmacher calcula que este año se producirán al menos tres millones de abortos en condiciones de riesgo.
Actualmente 90 por ciento de los hospitales en el país son para COVID-19, por lo que no hay monitoreo, seguimiento y, en algunas instituciones, persiste el desabasto de medicamentos. A nivel mundial, se estima que 113 mil mujeres podrían morir por no tener acceso a salud reproductiva durante sus embarazos a raíz de la pandemia.
Acceso a la educación
En materia educativa, las cuatro mujeres coincidieron que en medio de un regreso escolar inminente, la deserción escolar al terminar este año será enorme. En el caso de El Salvador, sólo 17 por ciento de la población tienen acceso a internet, lo que impacta a las niñas y adolescentes de las zonas más marginadas.
“En El salvador a las niñas que no tienen WhatsApp para recibir y enviar tareas, les pidieron ir a la escuela a recoger las guías de trabajo, eso significaba ponerlas en riego porque las calles están llenas de policías y soldados, además que se tenía un control para la salida por lo que su madre, padre o tutor tampoco podían salir todos los días a traer las tareas”, señaló Keyla Cáceres.
Como un acto para romper el aislamiento físico a través de la comunicación virtual, las mujeres coincidieron en que uno de los principales retos que enfrentan en medio de la pandemia es colocar en la agenda pública los retos y necesidades que enfrentan las mujeres de sus países. No puede existir ningún intercambio de ideas, foros, discusiones sin que las mujeres estén presentes. “Ese es nuestro trabajo permanente en estos cargos, que se visibilice dónde están las mujeres, sus retos y necesidades, y con ello construir políticas públicas con perspectiva de género. No se trata sólo de llegar e implementar las agendas que están colocadas sino colocar la agenda de los Derechos Humanos de las mujeres”, coincidieron.
“Estar en el mundo de la política no es fácil, pero sí una oportunidad para hacer un cambio. Un frente común entre mujeres de Latinoamérica. Conocernos más allá de las fronteras. Hay mucho por hacer para cerrar las brechas de género”.
Los Estados necesitan resolver la desigualdad social que nos ha llevado a las mujeres a ser el eslabón más débil en medio de la pandemia. Si no existe una voluntad política para resolver las brechas de género se van a incrementar en los siguientes años, concluyeron.
Cimac Noticias / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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3) ARGENTINA: HISTÓRICO: SE ESTABLECIÓ EL CUPO LABORAL TRANS EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
A partir del decreto 721/2020, el presidente de la Nación Alberto Fernández estableció el cupo laboral para personas travestis, transgéneros y transexuales. De esta manera se garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de los cargos y contratos del sector público nacional, en cualquier modalidad, sea ocupado por estos grupos que han sido históricamente marginados de trabajos formales y estables.
Con esta medida se establecerán reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o trangéneros.
Asimismo, desde el momento en que se aplique la decisión del Gobierno Nacional se crea, en el ámbito del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD), tanto el Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero, aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional; como la Unidad de Coordinación Interministerial.
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, celebró la medida y señaló que “desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El Cupo Laboral Trans es un paso importante en ese camino”.
Radio Gráfica / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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4) GUATEMALA: MUJERES PERIODISTAS DENUNCIAN ATAQUES EN SU CONTRA
Las periodistas Pia Flores, Jody García, Kimberly López y Francelia Solano, denunciaron hoy que desde hace nueve meses se ha desatado una serie de ataques virtuales en su contra, en la mayoría de casos, por sus trabajos de investigación periodística sobre violencia contra las mujeres, publicado en el medio de comunicación Nómada. Además, que esto las vulnera en su derecho a la seguridad, al libre ejercicio periodístico y de libertad de expresión.
Los ataques provienen de diversos perfiles, pero en la mayoría son hombres, que utilizan palabras denigrantes, de burla y de amenaza. Con estas acciones buscan poner en duda la credibilidad y la ética de ellas y su trabajo periodístico que refiere a casos de violencia contra las mujeres, abuso sexual y hasta corrupción.
Según Pia, han logrado identificar una serie de patrones en esos ataques, uno de ellos las cuestiona sobre por qué no han realizado una investigación periodística de los señalamientos de acoso y abuso sexual contra el exdirector Martín Rodríguez, como lo han hecho en otros casos similares.
“Nos cuestionan que como periodistas no investiguemos el caso como lo hacemos en otras situaciones, pero eso no nos corresponde por la relación que existía al momento tanto con la persona señalada como posiblemente con las denunciantes”, indicó Pia.
A partir de ese cuestionamiento, también se busca censurarlas sobre temas relacionados con violencia contra la mujer. “Es como si ahora nosotras ya no pudiéramos hablar de esos temas. Incluso, durante la pandemia de coronavirus yo publiqué varias notas sobre salud y no recibí la cantidad de ataques como cuando escribí de violencia contra las mujeres”, puntualizó Pia.
Para Kimberly y para Francelia, ser blanco de estos ataques “es desgastante y agotador, porque llega un punto donde esas ofensas te tocan y te hacen sentir indefensa y sin energías para enfocarte en tu trabajo como periodista”.
No obstante, para las periodistas existe peligro al tolerar ese tipo de ataques, que buscan minar y silenciar temas y voces que recopilan denuncias o seguimiento a procesos judiciales contra perpetradores de delitos. “Ser periodista y hacer periodismo es un gran privilegio y una gran responsabilidad, porque se trata de escuchar y contar las historias que a veces no son conocidas”, indicó Kimberly.
Francelia asegura que los episodios de estrés a las que son sometidas por ese constante acoso, también tienen implicaciones físicas importantes para ellas, por eso decidieron presentar la denuncia pública en sus redes sociales, para evitar que ese tipo de violencia pueda escalar y para que la población no sea indiferente.
“Pedimos que se puedan bloquear esas cuentas que nos acosan porque es un primer paso, pero importante”, indicó Francelia, quien ayer anunció su retiro de Nómada junto a Pia y Kimberly.
Por su parte, Jody añadió que también existe una serie de ataques que se incrementan cuando escribe sobre temas de justicia, elección de cortes en el país o corrupción. “La estrategia es silenciar, si no decimos nada ahora, esto puede llegar a un punto en el que no vamos a poder decir nada, porque nos vinculan a hechos que no tienen nada qué ver con nosotras”.
De enero a junio de este año se han documentado 43 ataques contra periodistas en Guatemala, según cifras del Ministerio Público y de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que también ha denunciado el incremento de agresiones en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Lourdes Álvarez Nájera / Prensa Comunitaria /
COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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5) PARAGUAY: EXIGEN SE INVESTIGUE LA MUERTE DE DOS NIÑAS EN UN ATAQUE CONTRA LA GUERRILLA
Las autoridades de Paraguay presentaron como un éxito un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta contra un campamento de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. La conferencia del presidente, Mario Abdo, fue el miércoles, y allí precisó que dos “guerrilleras” habían sido “abatidas” en el procedimiento, que continuaba con la búsqueda de quienes lograron escapar.
Sin embargo, las “guerrilleras” fueron identificadas –después de su exhumación– como dos niñas de 11 años que nacieron en Argentina, cuyo gobierno reclamó la aclaración de los hechos. Sus familiares las describieron como “nenas bien educadas, buenas estudiantes”, hijas de dos guerrilleros, pero que “jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
Abdo respondió asegurando que las niñas habían sido utilizadas “de manera cobarde e irresponsable” por integrantes de la guerrilla para protegerse ante el ataque de la Fuerza de Tareas Conjunta, integrada por policías y militares.
Reclamos en Paraguay y en el extranjero
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay aseguró que se trató de un operativo “criminal” y consideró inexplicable que los cuerpos fueran enterrados antes de ser identificados y entregados a sus familiares. “Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, agregó en un comunicado.
A los reclamos se sumó el sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que planteó que, así las niñas integraran la guerrilla, debían ser protegidas por el Estado. Además, llamó al gobierno a “investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes” y a “redoblar los esfuerzos” para la “prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes”.
También se sumó a estas exigencias el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien calificó como “un hecho gravísimo” la muerte de dos niñas “a quienes el Estado debía proteger”. La cancillería paraguaya consideró “irresponsable” este pronunciamiento de Jarab y anunció que le retiró la confianza al funcionario. Además, planteó que no recibió ninguna solicitud de información por parte de la oficina de Jarab, y lo instó a que “se nutra de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos”. Con respecto al reclamo de una investigación rápida e imparcial, planteado por varios organismos, el gobierno paraguayo afirmó que “en Paraguay rige el Estado de derecho; en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes”.
Protestas en Paraguay
Varios partidos de la oposición paraguaya repudiaron la “bochornosa actuación” de la Fuerza de Tareas Conjunta. En un comunicado conjunto, el Partido Liberal y el Frente Guasú, entre otros, acusaron al gobierno de utilizar “datos forenses aparentemente manipulados con tal de atenuar la gravedad de este caso y su responsabilidad”.
Por otra parte, los medios paraguayos mostraron este domingo grafitis contrarios al gobierno realizados en el Panteón de los Héroes, parte del patrimonio histórico del país. Varios ministerios repudiaron el “vandalismo y la profanación” del lugar, sin pronunciarse acerca de la protesta en la que fueron realizados los grafitis, durante la cual se repudió la muerte de las dos niñas por la actuación de la Fuerza de Tareas Conjunta.
La Fiscalía anunció el sábado que investigará los “actos vandálicos” y el domingo anunció que había imputado a tres mujeres como las autoras de las pintadas.
La Fiscalía empezó a investigar la muerte de las niñas cuando la cancillería argentina presentó su reclamo por las muertes. Hasta ahora esto no se tradujo en imputaciones, aunque sí ordenó su exhumación y confirmó que las víctimas tenían 11 años.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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6) TURQUÍA: EBRU TIMTIK, ABOGADA Y PRESA POLÍTICA KURDA MURIÓ EN HUELGA DE HAMBRE
En septiembre de 2017, 18 abogadas y abogados turcos, miembros de la asociación izquierdista Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) o Halkın Hukuk Bürosu (HKK), que significa la Oficina Legal del Pueblo, fueron detenidas por el régimen de Erdogan. Eran profesionales destacadas por su defensa de diversos disidentes del Estado turco, tanto kurdos como turcos.
Se les acusó de delitos de terrorismo y fueron encarceladas. En marzo de 2019 fueron condenadas por una supuesta pertenencia al Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C) y se les impuso largas penas de prisión. Desde el principio se denunció que su juicio no fue justo y que la condena se basó en declaraciones opacas y contradictorias de un único testigo.
Ebru Timtik, una abogada turco-kurda fue condenada a 13 años y 6 meses de prisión. Su compañero Aytaç Ünsal fue condenado a 10 años y 6 meses. Amnistía Internacional consideró que sus sentencias fueron «una parodia de la Justicia y una demostración de que los tribunales turcos sucumben a la presión política y no pueden tener juicios justos«. Recordamos que en este medio hemos publicado artículos sobre la represión en Turquía y las condiciones de sus cárceles, como se puede leerpinchando aquí. La Corte de Apelación desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia y, a día de hoy, el Tribunal Supremo de Turquía todavía no ha resuelto sus recursos.
El pasado día 5 de abril, Timtik y Ünsal se declararon en huelga de hambre indefinida, recrudeciendo el ayuno al que habían decidido someterse previamente el día 2 de enero de 2020. Lo único que reclamaban era un juicio justo. Durante todo el tiempo que ha durado la huelga, han contado con el apoyo de asociaciones como Abogados Europeos Democráticos (AED) y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que exigían su liberación inmediata (podéis leer comunicados al respecto aquí). La AED presentó una solicitud de libertad de Timtik y Ünsal firmada por 365 abogadas extranjeras y 400 turcas, que fue ignorada por el régimen de Erdogan.
El 30 de julio, ambas fueron trasladadas desde la prisión de Silviri a distintos hospitales de Estambul. Unos días después, el Instituto de Medicina Forense los declaró no aptos para el encarcelamiento. Pese a ello, no fueron puestos en libertad. El pasado 14 de agosto, el Tribunal Constitucional de Turquía rechazó una solicitud de puesta en libertad que habían presentado.
El pasado 27 de agosto, la abogada Ebru Timtik perdió la vida. Pesaba tan solo 30 kg. La Oficina Legal del Pueblo anunció en Twitter que Timtik estaba recibiendo asistencia médica incluso después de que su corazón se detuviera.
Se trata de la cuarta persona que fallece en una prisión turca a consecuencia de una huelga de hambre en lo que va de año. Las tres anteriores fueron Helin Bölek, İbrahim Gökçek (ambas miembros del conjunto musical Grup Yorum) y Mustafa Koçak.
Antes del funeral de Timtik, su abogado Sinan Zincir dijo lo siguiente: «Perdimos a nuestra hermana Ebru, nuestra camarada, en el día 238 de su resistencia a la muerte«. Zincir añadió que Timtik fue una mártir. «Es nuestro juramento, hemos dicho en todas partes que seguiremos hablando, que protegeremos sus recuerdos. Construirnos ese hermoso país que Ebru ha anhelado en estas tierras«.
Durante el funeral, la policía turca atacó a las asistentes con gases lacrimógenos, camiones blindados y un helicóptero, según informó el Deustche Welle.
Por su parte, su compañero Aytaç Ünsal ha decidido seguir adelante con su huelga de hambre, dispuesto a llegar a las últimas consecuencias.
Todo por Hacer / Desinformemonos / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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7) ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO: MUJERES NO PERMITIDAS EN LA HISTORIA MAPUCHE
Por María José Lucero Díaz, Carola Pinchulef Calfucura y Marie Juliette Urrutia Leiva*
A pesar de haber sido actoras importantes en las luchas contra la usurpación territorial y el extractivismo, las mujeres Mapuche son permanentemente invisibilizadas tanto en la historia oficial como en los relatos sobre las resistencias. A la violencia estatal, judicial y latifundista se suma la del racismo y el patriarcado que las discrimina por ser mujeres, indígenas y pobres.
Durante la construcción de las repúblicas de Chile y Argentina, la reducción de las vidas Mapuche ha sido una constante. Ante esta situación, el pueblo Mapuche ha elaborado proyectos de resistencia para combatir las consecuencias de la colonización: la usurpación de tierras, el arrinconamiento, la radicación, y la reorganización sociopolítica, económica y espiritual del pueblo. Asimismo, esto ha devenido en la subvalorización de las experiencias Mapuche, a través de la construcción de imaginarios negativos en torno a su lucha histórica.
En este contexto, las mujeres Mapuche han planteado múltiples formas de subvertir esta deshumanización mediante acciones, disputas y discursos. Memorias y escritos históricos hacen referencia a la participación de las mujeres en la construcción de un horizonte Mapuche común. Más no sólo eso: hasta la actualidad diversos espacios han sido teñidos por la búsqueda de justicia y dignidad, como registran sus trayectorias. Entonces, ¿por qué no aparecen en la construcción de los relatos históricos? ¿Cuáles son los motivos de la invisibilización de sus nombres y escasa alusión a su participación en la lucha por la tierra, la justicia y la dignidad del pueblo mapuche?
Nuestra intención es dar una mirada de largo alcance a estas resistencias, poniendo especial atención a tres períodos de la historia reciente, en donde la participación de mujeres Mapuche ha sido relegada al anonimato y la pasividad, y sus memorias han sido reducidas en diversos contextos de violencia patronal, estatal y comunitaria. En este sentido, nos interesa subrayar la relevancia que han tenido estas trayectorias anónimas para situarlas en un lugar central, dando cuenta de la importancia que sus memorias tienen en la construcción de la historia mapuche pasada y presente.
Las mujeres mapuche en las recuperaciones de tierras durante la Unidad Popular (1970-1973)
Corría la fría mañana del 22 de noviembre de 1971 en la ciudad de Nueva Imperial, cuando 15 Mapuche pertenecientes a la reducción Queipue se alistaban a recuperar el potrero del Fundo Huilío de Gustavo Navarrete Suárez. Llevaron consigo herramientas de trabajo para la tierra, totora para la construcción de casas y alimentos. La demanda principal fue inscrita en el portón de entrada al fundo: ‘‘Queremos recuperar nuestra tierra’’. Estaba firmada como Netuaiñ Mapu, organización mapuche fundada en el contexto de profundización de la Reforma Agraria en Chile. Los hombres, mujeres y niños entraron al fundo convencidos de que aquella tierra debía recuperarse de forma directa, pues los canales institucionales, como las demandas presentadas por sus abuelos ante el Juzgado de Indios, no dieron los frutos que esperaban.
Levantaron los cimientos de lo que sería su futura casa con totora y armaron un fogón en el que prepararían el almuerzo. En paralelo, la patronada liderada por Navarrete y otros latifundistas de Imperial se acercaban en camionetas con escopetas para arremeter contra quienes llevaban a cabo una recuperación efectiva. Durante el almuerzo, irrumpieron por el potrero hombres y mujeres mapuche atravesando el pecho de Francisco Cheuquelen, quien murió de manera inmediata mientras su hermano, Ramón, falleció un día después a causa de los golpes recibidos.
A pesar de su evidente estado de gestación, Berta Pichilen, esposa de Francisco, también falleció en el fundo por los golpes y los impactos de balas, símbolos de una violencia permanente de parte de dueños de fundos sobre cuerpos mapuche. Las balas también impactaron sobre otras mujeres en resistencia, como Sara Pichilen y Elulalia Cuminao que, al igual que Berta, habían tomado la decisión de recuperar las tierras que consideraban propias.
La recuperación de tierras marcó sus cuerpos con huellas imborrables. Sin embargo, la construcción de la historia durante este periodo reciente las redujo al anonimato, sus huellas no han sido consideradas y el lugar principal en la construcción del relato se concedió a los hombres. ¿Será que quienes construyen metarrelatos, que se esfuerzan por elaborar conocimientos, se han convertido en otro patrón, no de fundo, pero sí de la historia? De igual manera, hay otras trayectorias de lucha de mujeres mapuche que se mantienen en los márgenes de la historia, a pesar de estar marcadas por la valentía, la fortaleza y la permanencia de sus resistencias hasta la actualidad.
Los pies en la calle, las manos vacías: la violencia dictatorial (1973-1990)
Durante la dictadura militar se violaron sistemáticamente los derechos humanos del pueblo Mapuche por parte del Estado chileno. En este clima de terror, el género fue una dimensión central que enmarcó la inusitada violencia de esta época: una gran mayoría de los asesinados y la totalidad de los desaparecidos son varones, mientras que las mujeres se hicieron cargo de las búsquedas de sus cuerpos y del acceso a la justicia. Las historias de estas mujeres, relacionadas especialmente con las desapariciones forzadas en territorio Mapuche, han sido negadas por la sociedad chilena y por las propias comunidades.
Este es el caso de la papay Mercedes Huiaiquilao, esposa de Gervasio Huaiquil, detenido desaparecido. Históricamente, por los roles de género, la propiedad de las tierras se han traspasado entre hombres, una práctica propia de las sociedades patrilineales. Es por ello que, tras casarse, Mercedes fue a vivir a la comunidad de su marido, en donde todos los vecinos eran familiares de él. Allí tuvieron una ruka, y formaron una familia junto a sus siete hijos. Para el golpe de Estado en septiembre de 1973, la menor de los hijos tenía cinco meses y la mayor 7 años. Una madrugada, llegaron los carabineros a su casa: a la papay la obligaron a acostarse y seguir durmiendo mientras se llevaban a su marido sin ninguna explicación. Luego amarraron la puerta por fuera y le prendieron fuego a la ruka. La papay pudo salvar su vida y la de sus pequeños hijos rompiendo con un hacha la puerta de totora para escapar de las llamas.
“Sus trayectorias de resistencia han sido silenciadas históricamente por considerarse sin importancia, anecdóticas y aisladas.”
En compañía de su hija mayor de 7 años, con su bebé en brazos y con los otros niños al cuidado de una hermana, la papay Mercedes buscó a su marido por todas las comisarías y retenes cercanos. Caminaba hasta 20 kilómetros bajo la lluvia y el frío que envuelven el sur. Pronto fue amenazada y detenida ilegalmente por carabineros de la zona para que abandonara su búsqueda. Con el tiempo, también comenzó a sufrir la humillación y la agresión de la comunidad, que la culpaba por la desaparición de su marido. Con los años, Mercedes fue llevada a aislarse junto a su familia. Allí vivió la pobreza, el hambre, el terror y las vejaciones por ser la esposa de un detenido desaparecido. Hasta la fecha, es señalada por haber recibido una compensación monetaria, como parte de las políticas de reparación de la justicia transicional chilena. A pesar de esta compensación, la papay todavía no encuentra el cuerpo de su esposo ni ha visto en la cárcel a todos los responsables de su desaparición, aun cuando reconoció a tres de ellos aquella madrugada. Sin embargo, a sus 80 años, sigue luchando por la verdad, la recuperación de la memoria y la dignidad de don Gervasio y su familia.
La de papay Mercedes no es una historia aislada. La violencia ejercida desde la comunidad de su esposo coincide con el padecimiento de otras mujeres Mapuche que no tuvieron la posibilidad de continuar en sus propias comunidades debido al despojo y a la falta de acceso a las tierras. Sus trayectorias de resistencia han sido silenciadas históricamente por considerarse sin importancia, anecdóticas y aisladas. Sin embargo, pese a este reduccionismo ellas siguen luchando por conseguir justicia y dignidad en sus vidas.
La desterritorialización de la mujer mapuche migrante (1990-2020)
Las tierras localizadas en lo que denominamos Wallmapu, el territorio Mapuche histórico, se convirtieron en el foco principal de las discordias. Primero, las disputas fueron entre el pueblo Mapuche y las tropas españolas y, posteriormente, con el Estado de Chile y los particulares chilenos y extranjeros. De ahí que en nuestros territorios se libraran numerosas resistencias en su defensa, ya que la mapu (tierra) es la base de nuestra existencia como pueblo. Cabe recordar que el Parlamento de Tapiwe en 1825 fue la última negociación política que pactaron las autoridades ancestrales Mapuche con los representantes de la nueva nación. Sin embargo, el Estado chileno decidió romper de manera unilateral el acuerdo. En consecuencia, las tierras Mapuche se vieron sometidas a un constante proceso de despojo a través de abusos, engaños y múltiples violencias, principalmente ejercidas desde el Estado.
No obstante, la codicia por las tierras también surgió al interior de las familias Mapuche. La escasez de terrenos fértiles ha generado rencillas entre padres e hijos y, entre hermanos y hermanas, debido al empobrecimiento material de las comunidades a raíz del despojo territorial. Este escenario visibiliza otras formas de violencia y resistencia a las que se enfrentan las mujeres. En particular, las que se vieron obligadas a migrar del campo a la ciudad en busca de una fuente laboral que les permitiera subsistir y ayudar económicamente a sus familias que quedaron en las comunidades.
“Las protagonistas de estas historias evidencian la resistencia que ejercen las mujeres en diferentes frentes de lucha a pesar de que el Estado, la sociedad Mapuche y sus familias insisten en confinar sus relatos en la historia.”
Hilda Calfucura tiene 74 años y fue una de las tantas mujeres Mapuche que arribó a la ciudad de Santiago siendo muy joven y consiguió un trabajo de empleada doméstica en una familia chilena de clase acomodada. Su hermano, Andrés Calfucura, usurpó la tierra que le correspondía por herencia. El hecho de ser soltera, no tener hijos y vivir en Santiago son motivos suficientes para que este dirigente comunitario del sector rural Coipuco, ubicado en la Araucanía, se niegue a devolver la tierra a su hermana. El ser hombre y único varón de la familia, como él ha señalado en reiteradas oportunidades a sus cuatro hermanas, lo llevan a afirmar su derecho sobre la tierra familiar.
Hilda no está dispuesta a perder su tierra, intentó en reiteradas oportunidades entrar en diálogo con su hermano, pero se niega a hablar y también ha ejercido violencia verbal y física contra ella. Asimismo, Hilda se acercó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en busca de asesoramiento judicial en conflictos de tierra. La respuesta fue que debe contratar un abogado particular, a pesar de que ella no cuenta con el dinero para poder hacerlo. Han transcurrido más de 20 años y no ha logrado habitar su tierra, viendo cada día más lejana la posibilidad de hacerlo debido a su avanzada edad y a los delicados problemas de salud que enfrenta. En suma, la tierra también es motivo de disputas al interior de las familias Mapuche y las mujeres enfrentan esta violencia de manera especial.
Las protagonistas de estas historias evidencian la resistencia que ejercen las mujeres en diferentes frentes de lucha a pesar de que el Estado, la sociedad Mapuche y sus familias insisten en confinar sus relatos en la historia.
Entre la memoria y el olvido: resistencias por la recuperación de nuestras voces Mapuche
Las mujeres Mapuche han tenido un rol protagónico en distintos momentos de la historia, pese a que parte del movimiento Mapuche, liderado principalmente por hombres, no ha mostrado interés en evidenciar el papel desempeñado al momento de narrar la contrahistoria. De este modo, se han mantenido en las sombras sus luchas políticas, territoriales y culturales debido a la violencia de género que permea la vida comunitaria y organizacional Mapuche, y por las prácticas racistas y coloniales del Estado chileno.
La invisibilización de las mujeres en la historia pasada y presente de nuestro pueblo es consecuencia directa de la intersección de violencias que experimentan. Se ha invisibilizado el aporte de las mujeres privilegiando la presencia masculina y, particularmente, la de las autoridades Mapuche que han dejado en el olvido la presencia de mujeres, niñas y niños en los relatos, con el propósito de preservar una cultura que está más interesada en mantener “la tradición”.
“El género es solo una de las fuerzas sociales que conforma la violencia multifacética que viven las mujeres Mapuche por el simple hecho de ser mujeres, indígenas y pobres.”
Abordar esta problemática requiere pensar en una discriminación múltiple, pues el género es solo una de las fuerzas sociales que conforma la violencia multifacética que viven las mujeres Mapuche por el simple hecho de ser mujeres, indígenas y pobres. Estas violencias se manifiestan a través del Estado, el poder judicial y la fuerza latifundista. Pero también internamente, como los casos que hemos relatado.
Sin embargo, son mujeres que han desestabilizado los diversos sistemas de opresión que se han ejercido sobre ellas, cuestionando los roles de género que se les ha asignado y luchando por modificar las prácticas clasistas, racistas y patriarcales que las rodean. En este sentido, han sido mujeres que no solo han construido memorias de resistencia, sino que también han enfrentado espacios rígidos y establecidos que no les han querido permitir la centralidad de la historia que merecen.
Las mujeres no permitidas expresan una multiplicidad de territorios y proyectos políticos, en donde la presencia de mujeres Mapuche incomoda cuando esta ejerce una voluntad de transformación y resistencia. Mujeres no permitidas por el Estado, en tanto este ha generado una política de exclusión permanente sobre el pueblo Mapuche. No permitidas para la fuerza latifundista en la medida de que estos han construido un poder sobre el territorio Mapuche. Y, por último, mujeres que incomodan las tradiciones y costumbres al interior de las propias comunidades.
*María José Lucero Díaz es Magister y Doctoranda en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México. Además es antropóloga por la Universidad Católica de Temuco en Chile. Correo electrónico: ma.joselucero@gmail.com
Carola Pinchulef Calfucura es Doctoranda en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en México. Integra el Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos, y es Magister en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por FLACSO Ecuador. Correo electrónico: carolapinchulef@gmail.com
Marie Juliette Urrutia Leiva es Licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Integrante del Trokiñ Peyepeyen. Correo electrónico: marie.urrutialeiva@gmail.com
Debates Indígenas / COMCOSUR MUJER Nº 657 – 07/09/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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