1) Si el caso de Mumia Abu-Jamal «no es un problema», ¿por qué los medios de comunicación se han tomado tantas molestias para silenciarlo? /Janine Jackson
2) Australia y Chile: Adriana Rivas, una espía de Pinochet demora su extradición /Gustavo Veiga
3) Colombia: ¿Por qué persisten las protestas pese al retiro de la reforma tributaria? /Edgar Romero G.
4) Uruguay: Sociedad civil pide mayor transparencia sobre la información de Covid-19
5) Uruguay entre los países de la región donde se ataca a las Instituciones de DDHH
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. Llamado abierto para fomento y desarrollo de la música del Uruguay
II. Llamado a tod@s a “Murga mundial de Falta y Resto 2021”
III. Música: Lucía Severino presenta UNA Disco en capítulos
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
1) SI EL CASO DE MUMIA ABU-JAMAL «NO ES UN PROBLEMA», ¿POR QUÉ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HAN TOMADO TANTAS MOLESTIAS PARA SILENCIARLO?
NdeR: Durante muchos años el boletín de noticias sobre DD.HH. de COMCOSUR se llamó: «Por la voz de Mumia Abu jamal» como homenaje, denuncia y resistencia ante la pena de muerte primero y luego la cadena perpetua, que mantienen a 40 años de estar preso y como periodista amordazado. Nuestra inquieta amiga Hilary Sandison, nos acercó esta nota sobre la situación de Mumia y los porqué de una sistemática ausencia en los medios de comunicación en el mundo sobre su caso. Carlos Casares
Janine Jackson /FAIR /Justicia y precisión en la información, 01.05.2021
La emisora pública de Filadelfia WHYY (24/04/21) fue uno de los pocos medios que informó sobre una manifestación el 24 de abril en busca de la liberación de la prisión de Mumia Abu-Jamal. La historia incluía información importante sobre Abu-Jamal, quien está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato en 1981 del oficial de policía de Filadelfia Daniel Faulkner.
Señaló que el caso ha «atraído el escrutinio» sobre las denuncias de prejuicio y mala conducta de la policía, la fiscalía y la justicia. Citó nuevas pruebas publicadas como parte del proceso de apelación, incluida una nota de un testigo de cargo clave, pidiendo dinero al fiscal, el tipo de evidencia que Johanna Fernández, profesora de historia y parte del equipo legal de Abu-Jamal, señala que en otros casos llevaron a que un acusado fuera puesto en libertad o consiguiera un nuevo juicio inmediato.
Junto con Fernández, la pieza incluye las voces del hermano de Abu-Jamal, Keith Cook, y Pam África, miembro de MOVE, así como personas que viajaron desde todo el país para llamar la atención sobre el caso de Abu-Jamal y para poner su historia en un contexto de prisioneros políticos aquí y en todo el mundo, así como su estado de salud actual. Tiene una serie de condiciones debilitantes, y acaba de someterse a una operación de corazón.
Confieso que todavía estaba molesto por el POR QUÉ usar su párrafo principal para enmarcar la historia de esta manera:
El caso ha enfrentado a los partidarios de Abu-Jamal, incluida una larga lista de celebridades nacionales e internacionales que dicen que fue incriminado, contra la policía y sus partidarios, que rechazan la atención prestada a un hombre condenado por asesinar a un compañero.
Me molesta, porque esos eran los temas planteados hace décadas cuando Abu-Jamal fue declarado culpable y sentenciado a muerte por primera vez (Voices With Vision, 27/04/21). Que él era una «causa célebre», y por lo tanto un guiño sobre el Hollywood liberal, sin necesidad de prestar atención, y que el malestar de cualquiera que estuviera preocupado por su juicio profundamente defectuoso o su sentencia inapropiada era meramente teatral, porque, después de todo, fue «condenado», ¿no es así?
Abierto a las mentiras
Los medios de élite en ese momento estaban abiertos a mentiras directas: una historia del Washington Post de 1995 (18/05/95) encabezada con un relato macabro de la viuda de Faulkner, Maureen Faulkner, sobre cómo y cuándo la camisa ensangrentada de su esposo fue exhibida en la corte, Abu-Jamal se dio la vuelta y le sonrió. Excepto que el abogado Leonard Weinglass y el expediente judicial muestran que Abu-Jamal no estaba en el tribunal cuando se mostró la camisa (Actualización adicional, 08/95).
El programa de noticias de investigación de ABC 20/20 (09/12/98) empleó una serie de técnicas para su gran artículo de 1998: declara que los reclamos de la fiscalía son un hecho, incluso cuando fueron cuestionados por algunos de los propios testigos de la fiscalía o el registro forense; destacando cómo un testigo de la defensa admitió estar ebrio, mientras que omitió que los testigos de cargo dijeron lo mismo (Extra! Update, 02/99).
En un momento dado, se cita al actor y activista Ed Asner diciendo: «No se hicieron pruebas balísticas, lo cual es bastante estúpido», pero luego la voz en off del presentador Sam Donaldson lo interrumpe: «Pero se hicieron pruebas balísticas «, dice, refiriéndose a las pruebas. Eso sugirió que la bala que mató a Faulkner podría haber sido del mismo calibre que la pistola de Abu-Jamal. Pero no señaló que no se habían realizado pruebas para determinar si esa pistola había disparado la bala, o si se había disparado en absoluto, o si había residuos de pólvora en las manos de Abu-Jamal.
Los productores de People’s Video Network le dijeron a FAIR en ese momento (¡Extra! Actualización, 02/99) que ABC no solo usó clips que habían grabado de Abu-Jamal sin permiso, sino que agregaron capas de eco, haciéndolo sonar, dijeron: «Como un animal que habita en cuevas».
Nadie se sorprendió demasiado cuando se reveló que en una carta pidiendo permiso al Departamento de Correccionales de Pensilvania para entrevistar a Abu-Jamal (una solicitud que fue denegada), 20/20 señaló que “actualmente estamos trabajando en conjunto con Maureen Faulkner y la Orden Fraternal de Policía de Filadelfia” (Actualización adicional, 02/99).
La historia principal no ha sido ninguna historia
Después de eso, la historia principal ha sido la falta de cobertura.
Por ejemplo, en 2006, cuando Abu-Jamal ganó el derecho a apelar por tres motivos, incluido un jurado purgado de negros, el fiscal rebajó el sentido de responsabilidad de los miembros del jurado al decir que su decisión «no sería definitiva» y el hecho de que el juez Albert Sabo fue muy sesgado, Philadelphia Daily News dijo al reportero Dave Lindorff que era un “no-problema” (Extra! , 03/04/ 06), aunque cuando un juez revocó la sentencia de muerte en 2001, (documento 19/12/01), encontró tiempo para editorializar: «Deja que Mumia se pudra en la oscuridad».
El último gran crítico de los medios Ed Herman (Extra! 09/10/00) informó cómo el investigador de Philadelphia no cubría los mítines y tribunales en apoyo de Abu-Jamal, que califica de “trucos”, pero cuando la Orden Fraternal de la Policía compró un anuncio de página completa en el New York Times, entendió que merecía una historia.
En 2000, cuando Amnistía Internacional declaró que el juicio original tenía «graves defectos», el Inky (18/02/00) lo convirtió en el quinto «resumen de noticias» en la página 2B.
Pero si el caso de Mumia Abu Jamal es un problema que solo les importa a las celebridades, ¿por qué el silenciamiento activo?
Extra!: Testigo de la acusación
En 1994, NPR canceló los planes para una serie de comentarios de Abu-Jamal, que es, después de todo, un periodista, ex director de la “Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia”, después de que el senador Bob Dole amenazara con su financiación. Me dijeron que era porque era una “controversia política altamente polarizada” y se procedió a no decir nada sobre esto el año siguiente (Extra! 11/12 /95).
Cuando Democracy Now! se preparaba para emitir comentarios, la estación KRTI, de la Universidad Temple de Filadelfia, canceló el programa y todas las noticias de Pacífica (Extra! Actualización, 04/97), con un vicepresidente de la estación explicando: “Lo que es suficientemente bueno para NPR es lo suficientemente bueno para mí.»
Y cuando una universidad de Vermont emitió un discurso de graduación grabado de Abu-Jamal, llevó a los legisladores de Filadelfia a organizar algo llamado “Ley de alivio de re victimización”, que permite a las víctimas de delitos o fiscales demandar a los reclusos cuyo comportamiento tras las rejas «crea angustia mental» para las víctimas.
Claramente inconstitucional, violando tanto la libertad de expresión como los derechos al debido proceso, muchos la llamaron la “Ley de Silencio”, quienes señalaron que no solo restringía el derecho de hablar de los presos, sino también de los periodistas y nuestros derechos a escucharlos. (FAIR. org , 22/10/14).
La respuesta de los medios fue un encogimiento de hombros: The New York Times publicó un artículo de AP (21/10/14) con el siguiente titular: «Pensilvania: El gobierno promulga una ley para ayudar a proteger a las víctimas del crimen».
Los medios de élite quieren hacernos creer que están comprometidos con el racismo del sistema de justicia penal de Estados Unidos, que se preocupan por el exceso de encarcelamiento y las condiciones carcelarias. ¿Y mantener a la gente tras las rejas solo porque los poderosos los quieren allí, y no por los méritos de su caso? Bueno, eso es lo que hacen otros países.
Si solo hubiera un caso, un caso de 40 años, que les permitiera explorar esas ideas y hacer justicia para Mumia Abu-Jamal (no pueden devolver lo que le han quitado), entonces harán algo de apariencia de justicia por sus propios reclamos de preocupación.
Janine Jackson /FAIR /Enviado por Hilary Sandison
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
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2) AUSTRALIA y CHILE: ADRIANA RIVAS, UNA ESPÍA DE PINOCHET DEMORA SU EXTRADICIÓN
Será juzgada por la desaparición de un grupo de militantes del Partido Comunista chileno. Contra Rivas pesa como agravante que se escapó de Chile en 2011.
Gustavo Veiga* / Pagina 12 /Medio a Medio, 27 de abril de 2021
La extradición desde Australia a Chile de Adriana Rivas, ex agente de la DINA durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y acusada de varios crímenes de lesa humanidad, volvió a postergarse. El fallo que habilitaría su regreso para ser juzgada en Santiago se demorará 90 días más. La mujer de 68 años está detenida en Sydney desde febrero de 2019. La resolución de su situación judicial es trascendente por lo que proyecta. No es la única represora chilena que se fugó hacia el país de Oceanía. Habría unos 400 ex miembros del aparato represivo del régimen que derrocó a Salvador Allende que hicieron lo mismo. Pero detectados con nombre y apellido, llegarían apenas a diez.
El Tribunal Federal australiano que juzgó el pedido del gobierno chileno escuchó a las partes y decidió que el fallo sobre la extradición se conozca en los próximos tres meses. Rivas ganó tiempo pero lo hizo basándose en un polémico alegato de su defensor, el abogado Frank Santisi. Su argumento fue que la Ley de Amnistía chilena, aprobada el 18 de abril de 1978, protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos cometidos durante la dictadura pinochetista entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Citado por la cadena de noticias pública australiana ABC, el letrado agregó que el decreto ley 2191 firmado por la ex ministra de Justicia chilena y prima de Pinochet, Mónica Madariaga, “sigue vigente”. No es así, porque la Corte Suprema de Justicia resolvió en 1998 que no aplicaría esta norma en casos de violaciones a los derechos humanos. El mismo Santisi reconoció que muchos jueces ignoran la Ley de Amnistía en sus fallos. Esa tendencia provocó que la mayoría de los represores juzgados y condenados en democracia se encuentren alojados en el penal de Punta Peuco, construido durante el gobierno del ex presidente Eduardo Frei en 1995. Ahí estuvo detenido Manuel Contreras, el jefe de Rivas que murió a los 86 años en agosto de 2015.
La abogada de seis de las víctimas chilenas en Australia, Adriana Navarro, ratificó que en la sentencia que accedía a la extradición de Rivas del 29 de octubre pasado firmada por el juez Philip Stewart del estado de Nueva Gales del Sur, se confirmó que “los delitos de lesa humanidad no prescriben”. La partida de Rivas hacia Chile sólo se trataría de una cuestión de tiempo.
A la ex agente de la DINA se la juzgará por la desaparición de un grupo de militantes del Partido Comunista chileno en el llamado Caso Conferencia. Contra Rivas pesa como agravante que se escapó de Chile en 2011. Había viajado a Santiago para asistir al cumpleaños de una sobrina, la detuvieron brevemente y huyó. La buscó Interpol, pero recién la arrestaron en Australia en febrero de 2019. La represora pudo mimetizarse entre la colonia de chilenos en Sydney, donde trabajó como niñera y personal doméstico. Su pasado en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional no había sido registrado en su país de residencia hasta que la descubrió la periodista uruguaya Florencia Melgar Hourcade en 2013.
La “Chany” –como se la conoce también a la ex secretaria de Contreras– justificó en la entrevista las torturas de la DINA porque “de la misma manera que lo hicieron los nazis, era necesario. Es la única forma de quebrar a la gente”. Rivas está acusada en el marco del Caso Conferencia del “secuestro agravado” de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile en 1976, así como de varios integrantes del Comité Central del partido. Son Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.
¿Por qué la protagonista de este proceso de extradición terminó en Oceanía? Hoy se sabe que agentes de la dictadura chilena y los servicios de Inteligencia australianos hicieron tareas conjuntas en los dos países. La relación entre ambos gobiernos quedó en evidencia cuando se filmó a los refugiados que protestaban contra Pinochet en Sydney. A fines de los ’70 varios ex agentes de la DINA llegaron a su nuevo destino. Rivas lo hizo en 1978. Tuvo una vida sin contratiempos hasta que la perdió su afán de figuración. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD), Lorena Pizarro, dijo en 2015 que el proceso contra Rivas podía ser “la punta de un iceberg”.
Su futuro está otra vez en manos de la justicia australiana. El fiscal Trent Glover se pronunció porque la extradición de Rivas a Chile es procedente. Hasta hoy todas las apelaciones de la ex secretaria de Contreras fueron rechazadas. Su caso será resuelto por la nueva fiscal general del país, Michaelia Cash. Una senadora del partido liberal en el gobierno del primer ministro Scott Morrison.
Gustavo Veiga /Página12 /Medio a Medio – Comunicación libre, desate de la Agenda informativa /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
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3) COLOMBIA: ¿POR QUÉ PERSISTEN LAS PROTESTAS PESE AL RETIRO DE LA REFORMA TRIBUTARIA?
Edgar Romero G./ RT/Amarelle, 3 may 2021
El domingo, una red de organizaciones denunció que, hasta el 1 de mayo, se han reportado 21 muertes desde el inicio del paro nacional.
¿Por qué persisten las protestas en Colombia pese al retiro de la reforma tributaria?
Colombia amaneció este lunes con un pedido: «[Iván] Duque, pare la masacre». El mensaje, dirigido al presidente, se empezó a difundir por redes sociales tras confirmarse la muerte del joven Nicolás Guerrero, quien falleció después de haber recibido un disparo en la cabeza, durante una manifestación en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
A pesar de que el mandatario colombiano decidió retirar la propuesta de reforma tributaria que alentó las protestas, el descontento en la calle continúa y la represión también. Por ese motivo, la población solicita que se detenga el accionar de los cuerpos policiales contra los manifestantes.
La noticia de la Guerrero, que falleció la madrugada de este lunes, conmocionó a la opinión pública de ese país, ya que el joven se encontraba en una manifestación pacífica en el barrio Siete de Agosto, en el nororiente de la urbe, cuando habrían llegado agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y dispararon contra los manifestantes.
«Quiero contarle que Nicolás es hijo de mi primo, es un muchacho de Floralia, un muchacho bien», dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien confirmó la noticia.
La noche de este domingo también se informó y difundieron imágenes sobre movilizaciones ciudadanas, que fueron reprimidas por la policía, en el sector Calima, de la misma ciudad.
Además de Cali, hubo protestas en Palmira, también en Valle del Cauca, donde denunciaron una cruenta represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los descontentos.
Ciudadanos publicaron videos en las redes sociales y denunciaron que varias personas resultaron heridas. En ese mismo espacio también hubo reportes de presuntas capturas y desapariciones, aunque no se conocen cifras.
Estos episodios se repitieron en Pereira, capital del departamento de Risaralda; en Popayán, Cauca; en Facatativá, Cundinamarca; en Ibagué, Tolima; así como en varios sectores de Bogotá.
La mañana de este lunes las movilizaciones continuaron en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, donde se registraron denuncias de intervención violenta y desproporcionada por parte de la policía.
Protestas que hicieron recular al Gobierno
Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril con un paro nacional en rechazo a una reforma tributaria enviada por el gobierno de Duque al Congreso, bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, con la cual, entre otras cosas, pretendía incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y servicios, así como ampliar el padrón de contribuyentes del impuesto a la renta.
La medida se ponía en marcha cuando, a la par, la semana pasada un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelaba que en el marco de la pandemia del coronavirus, unos 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020.
En concreto, la pobreza monetaria pasó de 17,5 millones en 2019 a 21 millones el año pasado; mientras, la pobreza monetaria extrema subió de 4,7 millones a 7,5 millones.
Ante la presión en las calles, el pasado viernes, el mandatario informó que haría modificaciones al proyecto de ley, especialmente las concernientes al IVA y al impuesto a la renta.
Sin embargo, eso no detuvo a los colombianos, que continuaron en las calles. Finalmente, este domingo, tras esos varios días de manifestaciones, el mandatario reculó y anunció la retirada del proyecto de ley y la preparación de uno nuevo.
«Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera», declaró Duque.
En ese contexto, trascendió la notica sobre la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aunque esta no ha sido confirmada. De igual forma, medios locales aseguran que junto a él, saldría del cargo su viceministro Juan Alberto Londoño. La posible dimisión de ambos está entre las peticiones de los manifestantes.
Más de una veintena de muertes
Además de la muerte de Guerrero y las presuntas capturas y desapariciones en distintos puntos del departamento del Valle del Cauca, las denuncias contra las acciones de la policía y, en particular, del Esmad durante los días de las protestas han sido recurrentes.
No hay cifras claras sobre el número de víctimas fatales y heridos que han dejado estas jornadas, en las que, además de marchas, hubo cierres de vías y enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.
La Campaña Defender la Libertad ofreció un balance la tarde de este domingo, con datos hasta el 1 de mayo, en el que informaban sobre 21 muertes desde el inicio de las manifestaciones.
En ese reporte se da cuenta de 503 detenciones, que en su mayoría se denuncian como arbitrarias; 208 heridos, 18 de ellos con lesiones oculares; 10 hechos de violencia sexual; y 42 agresiones a defensores de derechos humanos y reporteros independientes.
La mañana de este lunes, la misma agrupación, junto a concejales de Bogotá, dio cifras particulares del saldo de las protestas en la capital colombiana. Al respecto, informaron sobre 301 detenciones arbitrarias del 28 al 1 de mayo, 95 personas heridas (incluyendo algunas con lesiones oculares) y 21 casos de agresiones a defensores de derechos humanos.
Del lado oficial, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo el pasado sábado que se están investigando cuatro homicidios en el contexto de las protestas en Cali.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por su parte, en un balance sobre las manifestaciones, precisó: «Han resultado heridos 159 civiles, tres personas han fallecido en Cali, tres muertes se encuentran en verificación, un deceso ocurrió en Neiva, uno en Bogotá y el capitán Jesús Alberto Solano de la SIJIN (Cuerpo Técnico de Investigación y las Seccionales de Investigación Criminal) falleció en Soacha».
La cifra que otorga la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, entretanto, es de 16 personas fallecidas.
Ante la situación, casi un centenar de organizaciones colombianas enviaron una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que ofrecen información sobre «las violaciones a derechos humanos» cometidas durante las protestas y exigen que se inste al Estado colombiano a adoptar «medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales».
Gobierno acusa a «organizaciones criminales»
Entretanto, el ministro Molano ha descalificado a la protesta social y ha asegurado que Colombia «enfrenta la amenaza terrorista», de supuestas «organizaciones criminales, que disfrazados de vándalos, acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para desestabilizar».
Según el funcionario, las acciones en las calles de estas ciudades colombianas han sido supuestamente organizadas y financiadas por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De momento, el Comité Nacional de Paro ha dejado claro que la huelga nacional se mantiene. «La gente en la calle exige mucho más que el retiro de la tributaria», dijo Francisco Maltés, presidente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El comité ha convocado una movilización nacional para el próximo miércoles 5 de mayo.
Edgar Romero G. /RT /Amarelle
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
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4) URUGUAY: SOCIEDAD CIVIL PIDE MAYOR TRANSPARENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN DE COVID-19
Mediante una declaración pública, 16 organizaciones alertan por «dificultades persistentes» para acceder a datos de la pandemia, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Sudestada, 05/05/2021
“Las organizaciones firmantes de esta declaración expresan su preocupación por las dificultades persistentes para acceder a información de calidad a más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19 en el país y exhortan a las autoridades nacionales y departamentales a dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Acceso a la Información Pública”, señala el pronunciamiento.
La declaración fue suscrita por Agencia Voz y Vos – El Abrojo, Amnistía Internacional Uruguay, Casa Bertolt Brecht, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), C.i.e.en.p.re Juntos, CIVICO, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, DATA, Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva, Hermandad Pro Derechos – Uruguay, Instituto Comunicación y Desarrollo (ICD), Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva, PODER, Red Pro Cuidados, Uruguay Transparente y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).
La declaración se hizo pública el mismo día que CAinfo difundió su informe anual de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, en el que constató 49 casos, la mayoría de ellos relacionados con restricción al acceso a la información pública.
En el pronunciamiento las organizaciones recuerdan que “el acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza la transparencia del Estado y proporciona los elementos necesarios para estimular el debate democrático y la participación ciudadana”, pero que el Estado uruguayo no está cumpliendo con los estándares que se establecieron a nivel internacional en la materia.
“Por lo tanto, no está ejerciendo su rol de garante del ejercicio pleno de este derecho. Este incumplimiento se debe en buena medida a decisiones gubernamentales que impiden conocer información esencial sobre el avance de la pandemia en el país, y sobre la forma en que el Estado la enfrenta”, sostienen las organizaciones de la sociedad civil.
Luego de citar algunas recomendaciones en el ámbito de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el documento plantea que “A pesar de estos claros lineamientos, el Estado uruguayo, desde sus tres poderes, no garantiza de manera plena el ejercicio de este derecho, basándose en la urgencia e impidiendo conocer información esencial sobre el impacto de la pandemia en el país y las medidas que el Estado toma para mitigarlo”.
Según la declaración, “la población necesita un Estado que proporcione información completa, pertinente, actualizada y veraz, sobre las políticas públicas que se impulsan para combatir la pandemia de Covid-19. De lo contrario, es imposible mantener un debate público enriquecedor, y que las personas tengan elementos suficientes para tomar decisiones informadas para proteger su derecho a la salud y a la vida digna”.
Deterioro en libertad de expresión
Este lunes se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa y, según el informe presentado por CAinfo, Uruguay mostró un deterioro de su situación en el último año. Con 49 casos, el último fue el año que más episodios tuvo respecto a los informes anteriores, en los que solo el presentado en 2015 había llegado a 37.
Según los datos registrados por la organización en los últimos siete años, en el último período se constató un aumento significativo de episodios, fundamentalmente vinculados a restricciones al acceso a la información pública. Varios de esos casos tienen que ver con la pandemia de Covid-19.
De las 12 categorías que incluye el informe, Uruguay no registró casos en las más graves (Asesinato, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Secuestro y Tortura), como así tampoco en Restricciones en Internet.
El informe de CAinfo establece que en 38 casos los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios estatales, en 6 fueron personas que no pertenecen al Estado y en 5 fueron personas no identificadas o grupos. Cuatro casos afectaron directamente a mujeres periodistas, en 30 se afectó a varones y en 15 a equipos periodísticos o medios de comunicación.
En cuanto al contexto de la libertad de expresión en lo que va del 2021, CAinfo destacó que “un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques”.
Especialmente el documento señala la práctica de “figuras públicas, que acusan a periodistas cuando se realizan coberturas, se difunden noticias o se dan a conocer opiniones que no son de su agrado o conveniencia política”.
“El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”, explica el documento.
“Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de CAinfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”, aclaró la organización, que mencionó otros sucesos vinculados a otros trabajadores de medios de comunicación como Aldo Silva, Darío Klein y Patricia Madrid.
“Este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias”, advirtió CAinfo.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
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5) URUGUAY ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN DONDE SE ATACA A LAS INSTITUCIONES DE DDHH
Alarma” en Naciones Unidas por “intentos de socavar” estos organismos independientes en América Latina y el Caribe, expresó la Alta Comisionada, Michelle Bachelet
Sudestada, 06/05/2021
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió este jueves un pronunciamiento público en el que expresa su “alarma” debido al “creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder”.
Según Bachellet, en los últimos dos años su oficina ha recibido un número creciente de denuncias de Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson de la región, que “han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”.
En una lista de los incidentes reportados el comunicado menciona el caso de Uruguay en medio de una lista de países donde hay funcionarios que hostigan a estas instituciones.
Así, el comunicado de la ONU enumera las “amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal”.
Además, la alta comisionada resaltó que “preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú”.
Bachelet también cuestionó que “no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina” durante diez años. “El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”.
En el caso uruguayo, los cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) han surgido desde miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con distinto grado de agresividad.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la INDDHH funciona como “un club político” del Frente Amplio, cuando el organismo cuestionó procedimientos policiales. Incluso llegó a cuestionar su constitucionalidad.
En esa misma línea realizó cuestionamientos en varias ocasiones la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se negó a votar el presupuesto de la INDDHH en el parlamento porque consideró que “es absolutamente innecesaria”.
Más recientemente, fue el Partido Colorado el que cuestionó a la institución por su postura ante el genocidio del pueblo charrúa, ocurrido en Salsipuedes el 11 de abril de 1831.
Una labor “crucial”
“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, sostuvo la declaración de Bachelet.
“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, expresó la alta funcionaria de Naciones Unidas.
La Alta Comisionada recordó que las instituciones de derechos humanos que funcionan en la región “tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección” y que eso puede suponer un reto para los gobiernos, pero dijo que estos “pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar”.
En el contexto actual de la pandemia, estas instituciones “desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19”, explicó Bachelet.
La INDDHH en Uruguay es un órgano estatal autónomo, creado por la Ley Nº 18.446 en 2008, que tiene dependencia administrativa del Poder Legislativo.
“Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes”, dice la ley.
“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Sudestada, periodismo y transparencia
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. LLAMADO ABIERTO PARA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MÚSICA DEL URUGUAY
Podrán inscribir solicitudes de apoyo económico instituciones culturales con personería jurídica o personas físicas uruguayas, en representación de los proyectos que postulen
Instituto Nacional de Música
El Instituto Nacional de Música realiza un llamado público y abierto, mediante el sistema de ventanilla abierta, para brindar apoyo económico al desarrollo de proyectos uruguayos de música dentro y fuera del territorio nacional. A través de este mecanismo, el instituto dispone de $1.000.000 por cada semestre para el apoyo al sector de la música. Eventuales ahorros en un semestre se incorporarán al rubro de los siguientes.
Períodos de inscripción 2021:
3 de mayo al 30 de junio – Apoyo a proyectos a realizarse durante el segundo semestre del año.
1º de octubre al 30 de noviembre – Apoyo a proyectos a realizarse durante el primer semestre del año 2022.
La inscripción deberá realizarse única y exclusivamente en la plataforma culturaenlinea.uy
www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/tematica/musica
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II. LLAMADO A TOD@S A “MURGA MUNDIAL DE FALTA Y RESTO 2021”
«…Porque el arte compartido es una herramienta para enfrentar cualquier crisis, y cantar juntas y juntos, un acercamiento a la felicidad colectiva.»
Para participar en la Murga mundial tienen que entrar a nuestro canal de Youtube
youtube.com/c/FaltayRestoOficial
Ahí pueden ver la canción, aprenderse la letra y la línea que les gustaría cantar o tocar. Grabarse (si es en posición horizontal, mejor) y mandarlo a murgamundial@gmail.com aclarando su nombre y de dónde son.
Murga Falta y Resto
www.faltayresto.com/?fbclid=IwAR12-HmcPRhvTZGOrc0GYZ2lw1lPJavO9UechI2zFhfQTOChcg9zm5pDM00
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III. MÚSICA: LUCÍA SEVERINO PRESENTA UNA DISCO EN CAPÍTULOS
“UNA Disco” es un disco que se va presentando en capítulos. Cada capítulo contiene un sentido propio y a la vez es parte del todo que se va develando.
El segundo capítulo de UNA propone un conjunto de tres canciones que se mueve en el universo del pop rock fusionado con otros géneros.
El vals, A flote y Jardín componen este grupo de canciones que, si bien continúan la línea sonora experimental del primer capítulo, tienen una energía más suave y naif y proponen un delicado entramado sonoro.
UNA (segundo capítulo)
Lucía Severino: Música, letras, voz, guitarra acústica, sintetizadores, pianos, grabación de ambientes, composición de bases, arreglos.
Álvaro Reyes: Producción musical, arreglos, programación de bases, guitarras acústicas, grabación, mezcla y masterizado.
Fernando Servián: Batería, coros.
Francisco Servián: Guitarra eléctrica y guitarra acústica.
Joaquín Pena: Bajo.
Ana Oliver, Eukene Izaguirre, Magdalena Dos Santos y Margarita Brum: Coros.
Margarita Brum /criatura corazón: Arte
Sobre UNA disco, en capítulos.
Es una producción discográfica resultado de investigaciones musicales en distintos formatos (banda eléctrica, trío, set acústico, dúo electrónico, set sola, etc.) son 12 canciones en cuatro capítulos. Los temas se reúnen por afinidad, por lo que transmiten, por que comparten un universo creativo, por su naturaleza. Cada capítulo contiene un sentido propio y a la vez es parte del todo que se va develando.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Estímulo a la Creación Artística, FEFCA del Ministerio de Educación y Cultura.
www.youtube.com/watch?v=k9-mU08bdWk
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2002 – 07.05.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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