1) Alemania: “Si tocan a une, tocan a todes”: huelga salvaje en Gorillas Berlín
2) Ginebra, ante la Cumbre Biden-Putin /Sergio Ferrari
3) Guatemala: Pueblos originarios piden a Corte Interamericana legalidad para radios comunitarias
4) Uruguay: Universidad de la República advirtió que proyecto de nueva Ley de Medios “no cumple con estándares democráticos”
5) Uruguay: Larrañaga impulsó una “gestión restauradora” que interpretó el “sentir policial” /Natalia Uval, Virginia Recagno
6) Uruguay: Rafael Radi advirtió que unos 3.500 uruguayos que tuvieron Covid “tendrán secuelas muy graves”
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2298 /miércoles 16.06.2021
1) ALEMANIA: “SI TOCAN A UNE, TOCAN A TODES”: HUELGA SALVAJE EN GORILLAS BERLÍN
NPLA.de /Radio matraca /Berlín, 10.06.2021
Ayer estuvimos con les trabajadores de Gorillas en una huelga “salvaje“ que bloqueó efectivamente la sucursal de Gorillas en la Prenzlauer Allee 189 durante 5 horas.
Les trabajadores se reunieron a las 11 de la mañana para impedir el funcionamiento de la sucursal en protesta contra el despido de uno de sus compañeros, Santiago. Allí pudimos entrevistar a Marcos, uno de los “riders“que trabajan en Gorillas.
La protesta se dio en el marco de un intento de sindicalización llevado a cabo por el Gorillas Worker Collective que empezó a organizarse después de una primera huelga en febrero de este año, cuando la empresa quiso obligar a les trabajadores a salir en bicicleta con nieve y grados bajo cero a llevar los pedidos, poniendo en riesgo la salud de les empleades.
La empresa Gorillas promete a los clientes un servicio de delivery en 10 minutos. Desde sus sucursales los “riders“, trabajadores en bicicletas llevan los pedidos. Empezó a funcionar hace 10 meses con una sucursal en Berlín pero logró expandir a varios países europeos, convirtiéndose en una las empresas “startup“ más exitosas de Alemania.
Esta expansión extrema se logró hacer a espaldas de sus trabajadores, que denuncian irregularidades en los pagos, bajos sueldos, alta presión en el día a día ejercida por les administradores, malas condiciones de trabajo y sobrepeso en los envíos, entre otras cosas.
Mas informaciones pueden obtener en las redes sociales del colectivo sindical @GorillasWorkers en Twitter y su canal en Telegram.
NPLA.de /Radio matraca
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2) GINEBRA, ANTE LA CUMBRE BIDEN-PUTIN
De capital de los derechos humanos a fortaleza de la diplomacia mundial
Ansiedad mediática, agenda incierta
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza /14.06.2021
Ginebra, la más internacional de las ciudades suizas, se despertó particularmente alterada este lunes. En solo dos días, el miércoles 16, albergará el encuentro del presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo ruso Vladimir Putin. Hasta el momento, en la fase preparatoria, el show mediático parece imponerse al verdadero temario, casi escondido, de lo que será la Cumbre.
Ya está en marcha un espectacular dispositivo de seguridad que se reforzará entre martes y jueves. Una gran parte del centro de Ginebra, en las dos orillas del Lago Lemán, se fortifica aceleradamente.
Más de dos mil policías – de los cuales 900 trasladados de cantones vecinos—forman parte del esquema de militarización urbano para resguardar no solo la Villa La Grange, lugar de la cita, sino también la zona de desplazamiento de las dos delegaciones.
El Gobierno suizo autorizó a que unos mil militares se sumen al dispositivo para controlar zonas estratégicas y embajadas, así como para desarrollar funciones de policía aérea. Protegerán puntos esenciales de la ciudad, como el Aeropuerto de Cointrin y el Hotel Presidente, y reforzarán la protección del espacio aéreo, en una superficie de 50 kilómetros a la redonda.
Fortaleza dentro de la muralla
La Villa La Grange, lugar de la Cumbre, es un edificio histórico del siglo XVIII, emplazado en el parque del mismo nombre, el más extenso del centro ginebrino. Hoy funciona allí una Biblioteca Municipal y su visita hace parte del itinerario turístico obligado de la ciudad.
Sus muros encierran momentos significativos de la historia de la ciudad anfitriona. En 1864, con la presencia de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, se realizó la gala de clausura de la primera Convención de Ginebra –para mejorar la suerte de los militares heridos en el campo de batalla–, lo que marcó el nacimiento del Derecho Humanitario. Ciento cinco años más tarde, en el mismo predio, el Papa Pablo VI celebró la misa central ante una multitud de 70.000 personas durante su visita a Suiza de 1969.
El Parque, cerrado al público desde el pasado 8 de junio cuando se iniciaron los preparativos logísticos de la reunión de los dos mandatarios, tiene más de 200 mil metros cuadrados, extendiéndose hasta la misma orilla izquierda del Lago Lemán.
En esta Ginebra amurallada, las jornadas del 15 y 16 de junio no serán normales. Gran parte de su zona céntrica estará cerrada para los transeúntes. El transporte público sufrirá sensibles alteraciones. Los controles peatonales serán reforzados. E incluso, los 3 mil periodistas acreditados para cubrir el evento verán sus movimientos doblemente restringidos: tanto por el aparato de seguridad como por las restricciones anti-COVID 19 todavía vigentes en el país.
Adicionalmente, cualquier manifestación ciudadana, aunque cuente con una autorización oficial deberá realizarse en el barrio de Plainpalais, ubicado en una zona distante del epicentro de la Cumbre y fuera del circuito de las delegaciones.
Agenda hermética
En un clima de tensión en aumento en las relaciones de Estados Unidos y Rusia – que incluyó en los últimos meses sanciones y expulsiones mutuas de diplomáticos- la Cumbre de Ginebra debería favorecer el diálogo de alto nivel hasta ahora postergado. Esa es la hipótesis que barajan los expertos en crisis y en diplomacia.
Sin embargo, una y otra parte, se han expresado hasta ahora con extrema cautela. Desde el Kremlin, se confirmó la Cumbre a través de un comunicado genérico mencionando como temas de debate la pandemia, los conflictos regionales y las relaciones bilaterales.
A fines de mayo, portavoces de la Casa Blanca, hicieron mención a que los líderes de ambas naciones discutirán “toda la gama de asuntos urgentes”. Con la intención de restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre ambos países.
Según un análisis de France24 de la semana pasada, en Ginebra, “Biden buscará disuadir en privado al presidente ruso Vladimir Putin para conseguir el fin a las provocaciones, incluidos los ataques de ciberseguridad a empresas estadounidenses de parte de piratas informáticos basados en Rusia”. Y agrega que entrará en la discusión, también, el encarcelamiento del opositor Alexéi Navalny.
Analistas internacionales consideran, sin embargo, que todo tema que Vladimir Putin considere que hace parte de la política interna rusa no estará en la agenda, en coherencia con el sacrosanto concepto moscovita de la soberanía nacional.
En una entrevista brindada por el presidente Putin a la cadena americana NBC News -algunas de cuyas declaraciones fueron retomadas por el cotidiano suizo La Tribune de Genève en su edición del 12 de junio-, el mandatario ruso espera que su homólogo norteamericano se muestre menos impulsivo que su predecesor Donald Trump.
Si bien el encuentro en la Villa La Grange será el momento fundamental y políticamente más arriesgado del periplo del nuevo presidente norteamericano, su visita europea que comenzó la semana pasada en Gran Bretaña incluye objetivos claros. Relanzar las relaciones prioritarias entre USA y el Viejo mundo; ratificar su convicción sobre la vía multilateral, así como, reiterar su confianza en el rol motor del Grupo de los 7 (G7) para el desarrollo económico planetario.
Más allá de temas, debates y eventuales consensos, Biden insiste ante la opinión pública norteamericana que viene para decirle a su homólogo ruso palabras directas y fuertes. Putin define su propia prioridad en torno a la Cumbre: hablar en Ginebra, pero con las cámaras dirigidas, en vivo, hacia Rusia mismo. Demostrando a su gente que él y su nación son interlocutores esenciales en el gran debate geopolítico de la segunda década del siglo XXI.
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
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3) GUATEMALA: PUEBLOS ORIGINARIOS PIDEN A CORTE INTERAMERICANA LEGALIDAD PARA RADIOS COMUNITARIAS
Agencia EFE / Sindicato de prensa de Buenos Aires, Interradial /12.06.2021
Pueblos indígenas de Guatemala solicitaron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un reconocimiento legal a las radios comunitarias para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y derechos culturales.
La Corte IDH inició una audiencia pública de dos días por una demanda contra el Estado de Guatemala por los alegados obstáculos para la operación de cuatro radios comunitarias en Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí Maya de San Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán.
Los indígenas afirman que existen obstáculos para acceder a frecuencias radiales y una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización.
“Lo que necesitamos es que haya una reparación de los daños hechos por el Estado en contra de las radios comunitarias, que paralicen los allanamientos porque es una forma de intimidar a la población, porque se llevan los equipos y encarcelan a los comunicadores. Luego también que se agilice una ley que reconozca a las radios comunitarias”, afirmó el miembro de la comunidad Maya Kaqchikel y cofundador de la Radio Ixchel, Anselmo Xunic.
La Radio Ixchel fue allanada en el año 2006 con el objetivo de inspeccionar, registrar y obtener evidencia sobre sus actividades. En ese momento les quitaron el equipo transmisor y algunos de sus promotores fueron detenidos por el delito de hurto, que luego no pudo ser confirmado, según la demanda contra el Estado.
La demanda interpuesta ante la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que hay una falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y un supuesto mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión.
Además destaca que la normativa interna, ratificada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, así como la falta de adopción de medidas afirmativas en beneficio de los pueblos indígenas para acceder en igualdad de condiciones a las frecuencias de radiodifusión, constituyen violaciones de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a los derechos culturales.
“La Comisión reconoce el derecho de los pueblos indígenas a fundar y operar medios de comunicación comunitarios y resaltó la importancia que estos medios tienen para todas las comunidades, debido a que en muchas ocasiones estos constituyen el único medio y la única forma para mantenerse informados y poder participar en los debates públicos de su propia comunidad o de la sociedad en general”, expresó la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
La Comisión indicó que la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala es que estos se encuentran en una situación estructural de exclusión social, discriminación y pobreza lo cual se manifiesta en su escasa participación y representación en los medios de comunicación como miembros activos de la sociedad.
En la audiencia, las presuntas víctimas resaltaron los beneficios de la radio, desde donde divulgan su música, idioma, tradiciones y cultura, noticias, así como sostenibilidad alimentaria dentro de su comunidad indígena.
“El micrófono es un poder y queremos hacer un cambio para salir del subdesarrollo, para eso podemos hacer muchas cosas, y en especial cuando nos dan la oportunidad de poder hacer llegar la voz en nuestros propios idiomas. Con nuestra cultura, con nuestros conocimientos ancestrales, con los bienes naturales vamos a lograr un desarrollo y autosostenibilidad”, dijo la miembro de la comunidad Maya Q’anjob’al (Santa Eulalia, Huehuetenango) y directora de la Radio Jolom Konob, María Pedro de Pedro.
El perito propuesto por los representantes de las víctimas, José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para las Naciones Unidas, confirmó que para esta población “el acceso a radios comunitarias es fundamental para transmitir el idioma, la cultura y cómo los pueblos indígenas dependen para informar y educar a sus comunidades, especialmente durante la actual pandemia de salud mundial covid-19”.
La audiencia finalizará el jueves con la declaración de otro perito y los alegatos finales orales de las partes.
Fuentes: Agencia EFE /SiPreBA/ enviado por Henry Flores
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4) URUGUAY: UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA ADVIRTIÓ QUE PROYECTO DE NUEVA LEY DE MEDIOS “NO CUMPLE CON ESTÁNDARES DEMOCRÁTICOS”
Observacom, Uruguay /15 de junio de 2021
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay emitió una resolución en la que señaló que el proyecto oficialista para reemplazar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”.
“El proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual a estudio del Parlamento no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación”, se sostuvo en la resolución.
En la resolución, el CDC recordó que la Ley de Medios vigente “superó el test de constitucionalidad, como afirmara en su momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia [Ricardo Pérez Manrique], en tanto solo dos de sus artículos e incisos de otros seis fueron declarados inconstitucionales”.
La Udelar sostuvo que el proyecto oficialista “habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios. Asimismo, afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente”.
A su vez, se señaló que el proyecto en discusión parlamentaria elimina mecanismos e instituciones que garantizan la participación ciudadana y la transparencia, lo cual “no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia en la materia”.
Además, se afirmó que “dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado avanzar en los últimos años”.
La Udelar también advirtió por retrocesos sobre derechos ciudadanos. “El proyecto propuesto deja de lado elementos de la vigente ley que suman derechos y garantías a diversos sectores de nuestra sociedad. Esto afecta sus posibilidades de inclusión social, su derecho a la no discriminación y el desarrollo de acciones afirmativas en este sentido, así como la protección de los derechos de la ciudadanía en su relación con los servicios de comunicación audiovisual”.
“Los sistemas de medios altamente concentrados ofrecen menores estímulos a la capacidad creativa que los productores audiovisuales uruguayos han demostrado en los últimos años y que tanto puede aportar al país en términos económicos y culturales. En ambientes convergentes, el aumento de concentración como solución a la viabilidad de los medios tradicionales puede resultar una solución transitoria, pero al mismo tiempo desincentivar las capacidades del sistema de medios en su conjunto”, se afirmó en el documento.
En cuanto a la producción nacional, la resolución puntualizó que el proyecto oficialista elimina el cobro de un canon por el uso del espectro radioeléctrico a los concesionarios de señales audiovisuales abiertas y elimina del Fondo de Promoción del Sector de la Comunicación Audiovisual.
“Estas acciones afectarán la industria audiovisual, dado que la recaudación de estos fondos está destinada a la generación de contenidos televisivos. Se perjudica así el trabajo de productores independientes, empresas nacionales y de toda su cadena de valor asociada. Paralelamente, esta disminución en la producción nacional afectará la difusión de las artes, la ciencia, la historia y la cultura uruguaya”, se afirmó.
Por último, la Udelar remarcó que la ley vigente y el proyecto de ley en discusión no abordan los procesos de convergencia tecnológica. “Pese a que en la exposición de motivos sobre el nuevo proyecto se hace un llamado a poner al día la normativa nacional con la dinámica de estas transformaciones, el articulado no presenta definición alguna sobre estas temáticas. La ausencia de políticas que atiendan estos aspectos puede configurar un déficit en materia regulatoria”, concluye.
Observacom
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5) URUGUAY: LARRAÑAGA IMPULSÓ UNA “GESTIÓN RESTAURADORA” QUE INTERPRETÓ EL “SENTIR POLICIAL”
Para experto en temas policiales, hubo un “desgobierno civil muy fuerte”; para el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, la gestión del exministro del Interior en cárceles fue buena.
Natalia Uval, Virginia Recagno /La Diaria, 29 de mayo de 2021
“Hay orden de no aflojar. J.W.L.F.”, pintaron el viernes funcionarios policiales en una pared del patio interno del edificio de la Zona 5 de Montevideo. “Se ganó el corazón de la fuerza policial en todo el país”, interpretó en sus redes sociales el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, al tiempo que publicaba la imagen. Más allá de la discusión que puede despertar esta leyenda, da cuenta del apoyo que Jorge Larrañaga cosechó en un sector importante de la Policía.
“Esta clase de ministros, como los Bullrich [por Patricia Bullrich, ministra argentina], o los Larrañaga, que se ponen el chaleco y van al operativo, y hablan del respeto a la autoridad, y presumen legítima defensa en cualquier caso, son leídos como ministros que son parte del equipo y que se embarran y que van con la tropa, y eso permea muy bien en la Policía”, interpreta Federico del Castillo, antropólogo especializado en temas policiales. “Larrañaga cristalizó un lenguaje, interpretó muy bien una gramática de símbolos de la Policía que hicieron que ganase muchísima legitimidad, y se puso en el bolsillo nada menos que al principal sindicato de la Policía, en muy poco tiempo, en un par de reuniones”, destacó Del Castillo.
Esta legitimidad, que Larrañaga ganó con todos los sindicatos policiales, la obtuvo a pesar de un proceso de precarización y desprofesionalización de la Policía que se inició desde el año pasado, apuntó el académico, que realiza su tesis doctoral sobre los cambios en la Policía en los últimos 15 años. “La precarizó, les aumentó el sueldo por debajo de la inflación, los policías no tuvieron municiones para la formación, hubo 13.500 chalecos [antibalas] vencidos”, y sin embargo “Larrañaga fue extremadamente hábil para interpretar el sentir policial y construir alianzas”, agregó Del Castillo.
La gestión restauradora
Los gobiernos del Frente Amplio iniciaron un proceso de reforma policial que cristalizó con la aprobación de la Ley Orgánica Policial, en 2015. Con la asunción de Larrañaga, para Del Castillo no puede hablarse estrictamente del advenimiento de una “contrarreforma”, porque hay algunas continuidades con la gestión anterior, por ejemplo en materia de estrategias como el modelo policial preventivo y orientado a problemas, y la formación policial con énfasis en la praxis.
En cambio, Del Castillo prefiere hablar de una “gestión restauradora”. Durante los gobiernos del Frente Amplio, se apostó a imprimir un perfil civil y moderno a la Policía. Por ejemplo, se establecieron ascensos por méritos y no tanto por antigüedad, y “se interpeló el ethos policial, entendido como el sistema de valores y representaciones sobre el mundo”, que hasta ese entonces tenía una raigambre militarista. Se incorporaron “elementos del mundo civil” en la formación y en la gestión, se introdujeron políticas “basadas en evidencia empírica y no tanto en el olfato o el saber tradicional de la policía”, así como mecanismos de gestión por resultados.
El equipo encabezado por Eduardo Bonomi estableció alianzas con algunos sectores de la Policía, los llamados “guartechistas” [por Julio Guarteche, exdirector de la Policía Nacional], para introducir cambios modernizadores en la Policía, y muchos policías quedaron excluidos de esa alianza. La asunción de Larrañaga supuso “el retorno de muchas figuras que habían pasado a retiro durante las gestiones del Frente Amplio (FA), y su posicionamiento como líderes en distintas unidades, y el desplazamiento de oficiales jóvenes, cuadros formados y jerarquizados durante el FA. Algunos incluso quedaron fuera de la órbita ministerial, en comisión en otros organismos”, contó Del Castillo.
En ese marco, la política de Larrañaga, según el académico, fue “dejar hacer” a estos nuevos líderes policiales, y su gestión estuvo “marcada por un desgobierno civil muy fuerte de la Policía”. Volvió a primar “el saber policial tradicional”, que no sólo responde a “otra época”, sino que estos nuevos líderes policiales “no estuvieron presentes en el cambio significativo que sucedió en la Policía en los últimos diez años”.
Esto se refleja, por ejemplo, en cambios en las prácticas de formación. Según Del Castillo, “hay una revitalización de una serie de prácticas que se habían desplazado, por considerarlas o arcaicas o demasiado militaristas, por ejemplo el internado policial”. Además, en la Escuela Policial, las materias sobre procedimiento policial ganaron muchas horas en detrimento de asignaturas como Criminología (que ahora la dan policías, y antes la daban civiles), Antropología y Estadística.
En síntesis, Del Castillo consideró que la gestión de Larrañaga “no tuvo una agenda de seguridad, no tuvo un plan de qué hacer con la Policía”. Las disposiciones contenidas en la principal norma del gobierno de Luis Lacalle Pou, la ley de urgente consideración (LUC), son “una expresión de deseo de un punitivismo más fuerte, con penas más duras, con esto del respeto a la autoridad”, pero “es algo completamente performativo y discursivo”. “No hay estrategias de seguridad en este gobierno”, afirmó.
La reducción de los delitos y el efecto pandemia
Las autoridades de gobierno destacaron como uno de los principales logros de la gestión de Larrañaga al frente del Ministerio del Interior la reducción de los delitos.
El 11 de abril la cartera informó que, respecto a marzo de 2020, en marzo de 2021 hubo una baja de los homicidios de 41,7% y de los abigeatos en un porcentaje idéntico: 41,7%. Según la información oficial, las rapiñas bajaron 17,5%, los hurtos, 12,6%, y la violencia doméstica, 13,4%. No se proporcionaron datos sobre copamientos.
“Jorge [Larrañaga] en 14 meses demostró que se podía hacer las cosas distintas. Se pudo bajar los delitos, hemos bajado los delitos desde el 1° de marzo en la canasta de homicidio, rapiñas, hurtos y abigeato”, destacó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana el miércoles en diálogo con Desayunos informales de Teledoce. No fue el único jerarca de la coalición gobernante que eligió destacar este elemento tras la muerte de Larrañaga, el sábado 22.
Sin embargo, no se incorporó al relato oficialista un elemento importante: la emergencia de la pandemia, que condicionó la movilidad y las actividades económicas en todo el mundo, y que ha impactado en los índices delictivos. Esta circunstancia pone en tela de juicio la comparación con momentos anteriores a la crisis sanitaria.
Por ejemplo, el 23 de febrero de este año la agencia de noticias Efe informaba que los delitos en España en 2020 se redujeron 19,4% respecto de 2019 “debido fundamentalmente a la crisis sanitaria del coronavirus”. El Ministerio del Interior de ese país destacó en un comunicado que buena parte del descenso en los delitos “está íntimamente correlacionado” con el estado de alarma decretado en ese país el 14 de marzo de 2020, y con el resto de las restricciones adoptadas por el gobierno español, informó Efe.
El 13 de abril de 2020, The New York Times titulaba: “El virus disminuye la criminalidad en América Latina”. El artículo analizaba los primeros meses de pandemia en distintos países de América Latina, y acotaba luego del titular: “Con la suspensión de actividades y las órdenes de inamovilidad en buena parte de la región hay menos personas en los espacios públicos, y las calles son más fáciles de vigilar”. Según informaba el medio estadounidense, el número de homicidios en El Salvador se redujo casi a la mitad entre febrero y marzo de 2020, en Argentina cayeron en un mes los robos en la ciudad de Buenos Aires casi 90%, y en Colombia los robos en marzo de 2020 fueron diez veces menos que en el mismo mes de 2019. Algunos de estos países dispusieron medidas más restrictivas de la movilidad que Uruguay, pero de todos modos el factor de la pandemia está ausente del relato oficial que destaca la baja en el número de delitos como un resultado de la buena gestión del nuevo Ministerio del Interior.
La gestión de cárceles y personas privadas de libertad
En su discurso inaugural como ministro de Interior, Larrañaga dijo que la situación de los recintos carcelarios le producía “vergüenza” y consideraba necesario “hacer el máximo esfuerzo” para que sean un espacio de rehabilitación, lo que, a su entender, sólo puede generarse con el ejercicio de la autoridad. “Para la Policía, respeto y respaldo; para los delincuentes, la ley; para la sociedad, un Estado que garantice convivencia y derechos; y para nosotros, compromiso y dedicación total con el objetivo de llevar adelante la defensa de la libertad pero en orden”, concluía aquel 2 de marzo de 2020.
Casi un año y dos meses después, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, considera que su gestión fue buena. “Encaró el tema de las cárceles con mucho humanismo y apertura. Claramente era un servidor republicano y democrático. Aunque venía con la bandera de la seguridad pública, rápidamente vio que asegurar el acceso a educación, salud y trabajo en la cárcel también era el centro de sus preocupaciones”. En cuanto a su relación personal, Petit sostuvo: “Teníamos un contrapunto franco y transparente, con acuerdos y desacuerdos, a veces con enfoques muy distintos. A veces empezábamos en las antípodas pero terminábamos en zonas compartidas y con ideas concretas comunes”.
Por su parte el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó que siempre hubo entre ellos un intercambio fructífero. “Había entre nosotros una línea directa, con llamadas a cualquier hora, siempre con el ánimo de solucionar los problemas que van surgiendo en el día a día. Las eventuales diferencias que pudimos haber tenido en algunos temas, que son naturales en las fiscalías y policías de todo el mundo, se conversaron siempre en privado. Y los éxitos de los operativos se destacaron en público como un justo reconocimiento al equipo de trabajo de fiscales y policías”, sostuvo.
En tanto, María José Miles, coordinadora de Nada Crece a la Sombra, una organización civil que se propone como un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles –la única en acordar un convenio con la secretaría de Estado–, se refiere a ambivalencias. “El comienzo de la gestión fue con buena disposición y apertura. Expresaban un respeto a nuestro trabajo y recorrido”, afirma. En julio de 2020 el ministerio y la organización firmaron un convenio para implementar el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en cárceles de mujeres, que incluye la realización de estudios y atención médica, una política inédita.
En términos de población, se nota un aumento importante de la población carcelaria y del hacinamiento. En este sentido, Miles sostuvo que “se llegó con una impronta de poner este tema en agenda, que no es poco. Tienen una buena política de comunicación sobre cárceles, que no se traduce en cambios reales necesariamente. Las cárceles son un problema histórico y gobierno tras gobierno vemos cómo la situación se sostiene”.
Según datos proporcionados por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, cuando asumió el gobierno actual había casi 11.800 personas privadas de libertad: 94,5% hombres y 5,5% mujeres. Al día de hoy, la población en cárceles aumentó 15%: son 13.600 personas en total: 93,4% hombres y 6,6% mujeres. Los mayores incrementos se dieron en la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), en el Penal de Libertad y en la Unidad 5 de la cárcel de mujeres.
Este aumento, de 1.800 personas en las mismas condiciones en que estaban recluidas 11.800 al comienzo de la gestión, trae aparejado una situación de hacinamiento crítico, lo cual implica un deterioro aún mayor de las condiciones de vida y una interferencia para los programas de rehabilitación.
Un informe sobre salud y alimentación en el sistema penitenciario, que publicó en octubre de 2020 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, afirmó en ese entonces que las personas encarceladas en establecimientos de Canelones, Rivera y Maldonado estaban “expuestas a ayunos prolongados y a poca variedad de alimentos”, así como a una “higiene inadecuada” en casi todos los casos. También se daba cuenta de la falta personal y, en particular, de equipos multidisciplinarios de atención en salud mental, en primera instancia.
Petit consideró que la emergencia sanitaria por covid-19, la cual vivió durante toda su gestión, enfrentó a Larrañaga con las carencias en las cárceles. “Fue, recorrió y miró, y creo que eso lo motivó a buscar soluciones de urgencia de todo tipo, donaciones, aportes de otros organismos, compra de colchones, construcciones de emergencia, golpear puertas… Varias veces coincidimos en el Comcar y en alguna otra cárcel, y espontáneamente decía: ‘Hay que buscar oportunidades para toda esta gente; la mayoría está acá porque no tuvo nada’. Se sentía muy bien cuando veía ayudas concretas y cosas que impactaban directamente en la realidad cotidiana de los presos. Si tuviera que elegir una foto, me quedaría con esa en la que está inaugurando el área de preegreso del Comcar, una apuesta al trabajo interdisciplinario y a unir la rehabilitación con la comunidad”, recordó Petit.
Dentro de la población privada de libertad, hubo varios brotes de covid-19. Hoy en día, desde el Ministerio del Interior, sostienen que hay 57 personas cursando la enfermedad y 308 en cuarentena. Sin embargo, hubo un “pico” crítico a mediados de marzo de 2021 de 740 casos y 1.200 personas en cuarentena.
En cuanto a la vacunación, que comenzó para las personas privadas de libertad durante este “pico”, al día de hoy, de las 11.200 habilitadas para la primera dosis y de las 8.600 habilitadas para la segunda, fueron inoculadas 91,3% y 95,5% con Sinovac, en cada caso.
Otra cuestión de preocupación puertas adentro son los suicidios. Mientras que en 2019 hubo nueve suicidios en cárceles, desde el Ministerio del Interior confirmaron que la cifra en 2020 fue de 17, lo que representa un aumento de 89% respecto del año anterior. En 2021, hasta el momento, hubo tres.
Como pendiente de la gestión de Larrañaga, Petit recuerda: “Últimamente teníamos un debate abierto sobre cómo pasar de atender la emergencia proactivamente, como se había hecho, a dar un salto cualitativo para tener un modelo diferente. Ahí teníamos muchos temas de debate. Nos decíamos: “La gracia es partir de desacuerdos para llegar a acciones concretas en las que estemos todos de acuerdo”. Estaba en sus planes convocar un espacio donde todos los actores institucionales pudieran participar en el armado de una estrategia nacional penitenciaria pensando en un modelo para los próximos 20 años. Eso quedó arriba de la mesa”, dijo.
En términos de personal, la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Milena Más, renunció en octubre de 2020 al cargo que había tomado al inicio de la gestión. Hace un mes denunció a Luis Mendoza, director del INR, y a Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, por acoso, violencia e “irregularidades”.
Miles consideró que, “en los últimos meses, el trabajo se fue haciendo cada vez más difícil, por distintas razones. Se rechazaron propuestas sin justificación, se generaron varias situaciones de maltrato y hemos sentido una persecución”. Dijo que “preocupa realmente a futuro cómo se va a manejar esto” ya que “el rol de Larrañaga era central para contener estas actitudes”.
Natalia Uval, Virginia Recagno /La Diaria
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6) URUGUAY: RAFAEL RADI ADVIRTIÓ QUE UNOS 3.500 URUGUAYOS QUE TUVIERON COVID “TENDRÁN SECUELAS MUY GRAVES”
Radi se refirió al “Covid largo”, que hará “seguir manifestando patologías después de varios meses” a un porcentaje de quienes superen la enfermedad.
Grupo R multimedio /15 junio, 2021
El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, participó de una “instancia de reflexión” organizada por la Facultad de Derecho de Udelar. La misma giró en torno a “aspectos jurídicos de la pandemia”.
Uno de los más importantes representantes de la ciencia nacional se detuvo sobre varios aspectos, e hizo hincapié en uno sobre el que “se ha hablado poco”: el Covid largo. Este alude al porcentaje de la población que, tras superar la enfermedad, “después de varios meses seguirá manifestando patologías”.
Según los cálculos de Radi, eso le sucederá al 10% de los uruguayos que hayan tenido coronavirus. Con las cifras actuales, serían unas 35.000, de las cuales al menos 3.500 quedarían con “secuelas muy graves o inhabilitantes”. De modo que es imperioso que el sistema científico y sanitario se prepare para ese escenario, dijo el especialista.
Lo que nos espera
Radi dedicó parte de su intervención a hablar sobre “desafíos futuros del sistema sanitario”. Abierto ese capítulo, manifestó: “Uno podría pensar que estamos en una etapa muy dura de la epidemia en Uruguay, en el más grave según los parámetros de la OMS de acuerdo a la circulación comunitaria sostenida y una capacidad limitada del sistema de salud.
Sin embargo, hay una campaña de vacunación que avanza, y una inmunidad que también avanza. Y uno proyectaría que en los próximos meses la situación va ir hacia una etapa diferente. Aparecerán entonces en toda su dimensión asuntos de la salud que no necesariamente tiene que ver con el Covid.
Todo aquellos que se monitorizó pobre y malamente en pandemia. Porque el sistema de salud fue redireccionado. Eso tendrá impactos muy importantes en la patología del cáncer y la salud mental, entre muchas otras. Eso lo tenemos instalado y nos espera para los próximos años. De hecho, ya hay predicciones, y el sistema de salud debe estar preparado para eso”.
El Covid largo
Llegado al punto medular de su exposición, Radi consderó: “Algo muy importante es lo que se denomina el postcovid, o Covid largo. Se ha hablado poco y requerirá de acciones en el mediano plazo”.
Seguidamente, detalló que este “representa un conjunto de manifestaciones que permanece en aquellos individuos infectados más allá de cuatro semanas luego de haber sido dado de alta. Lo que se ve, las estadísticas internacionales muestran, que hasta a 12 semanas del alta médica, hay casi un 14% que padecen sintomatología que ya no está relacionada con la infección, sino con fenómenos secuelares. Si uno mira los gráficos a unas 18 semanas, el porcentaje se queda en la zona del 12%”.
El Covid largo “incluye una constelación muy grande de manifestaciones clínicas. De las poco graves, a algunas que seguramente tendrán bastante gravedad, sobre todo lo relacionado a la actividad pulmonar”.
El escenario en Uruguay
Sobre cómo esta situación puede afectar al Uruguay, Radi comentó: “Hice unos cálculos hace unas horas. Si tenemos 350.000 casos de Covid totales en Uruguay aproximadamente, representa al 10% de la población uruguaya. Un 10% de eso son 35.000 personas. De modo que, si uno siguiera la estadística internacional, podría decir que de los 350.000 que padecieron Covid, habrá 35.000, siendo conservadores, que después de varios meses van a seguir manifestando patologías”.
Además, vaticinó que si uno pensara que de ese 10%, otro 10% tendría secuelas muy graves o inhabilitantes, o sea unas 3.500 personas. Estos datos pueden ser más o menos conservadores. Traté de ser conservador. Pero habrá un conjunto de compatriotas que hayan superado la infección aguda que quedarán con secuelas. Será un número de personas no despreciable, y las secuelas los acompañarán durante buena parte de su vida, o toda”.
A modo de cierre, Radi agregó: “Sobre eso, el sistema de salud y el sistema científico tendrán que responder. En parte porque no sabemos cuántos serán los uruguayos en esta situación. Tampoco cómo serán tratados. Pero a nivel internacional se están desarrollando unidades interdisciplinarias, por el toque multisistémico que queda en los pacientes. En EEUU y Europa están estableciendo mega proyectos para estudiar el asunto del Covid largo y su tratamiento”.
Grupo R multimedio
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2298 /miércoles 16.06.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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