1) Argentina, Mar Del Plata: Los ojos de la lucha
2) Uruguay: No al cierre de “Casa en Red” en Nueva Palmira
3) Uruguay: Medios comunitarios advierten retrocesos para el sector en el proyecto de Rendición de Cuentas
4) Uruguay: El gobierno quiere cerrar más del 40% de las radios comunitarias
5) Uruguay: Autoinvestigaciones militares
6) El hambre desata pasiones /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2306 /miércoles 11.08.2021
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1) ARGENTINA, MAR DEL PLATA: LOS OJOS DE LA LUCHA
Ayer por la mañana se realizó en la puerta de tribunales de Mar Del Plata, una segunda manifestación para pedir que se erradique la injusticia. Allí se unieron familiares y víctimas de distintas causas para unir los reclamos. Luego se marchó hasta el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, para exigir la renuncia de Fabián Fernandez Garello, fiscal que hizo oídos sordos a las víctimas y además cómplice de la última dictadura militar.
Colectivo Feroces para ANRed
Con las banderas, carteles, remeras y megáfonos ayer por la mañana tribunales escuchó un grito unificado: el cansancio de un montón de familiares ante la falta de respuesta. Una nueva bandera acompañó: con el típico dibujo de la justicia con los ojos vendados. Pero el de toda esta gente, con los ojos bien abiertos: familiares de víctimas de femicidios, de los hundimientos en los barcos del puerto, de abuso sexual en la infancia, crímenes de odio, gatillo fácil, homicidios, y amenazas a referentes barriales contaron y fortalecieron sus luchas.
Veamos sus ojos desvendados, escuchemos sus voces:
“Soy Ana Soto, mamá de Analia Aros que fue asesinada el 21 de marzo de 2017. Yo tuve justicia, mi hija la tuvo. Pero yo siempre acompaño a las madres que no la han tenido. Porque yo siento el dolor que sienten ellas.”
“Mi nombre es Graciela Ciasca soy la tía de Gustavo Sachez capitán del barco El Repunte que se hundió en la costa de Rawson. Son tres muertos y siete desaparecidos, dos sobrevivientes. Tengo 70 años, estoy reclamando justicia, pero no lo digo lastimosamente. Soy re quilombera. No hay edad para el reclamo. No tiene que haber miedo, que no nos hagan creer como hacen en la ciudad de Rawson que adiestran a los gendarmes para reprimir a los piqueteros. ¿Ellos piensan que soy piquetera? ¡Seré piquetera ! No creo que piensen eso porque ni dientes tengo. A lo que voy es que esta sarta de inútiles que dicen ser jueces, poder judicial, lo único que pido es que laburen. Porque nosotros le pagamos el sueldo. La universidad donde ellos se recibieron la pagamos nosotros”
“Soy Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes. De la causa tenemos juicio en septiembre solamente por violación, no por su muerte. Así que buscaremos un segundo juicio por la muerte de mi hija y mi nieto. Para mí es importante estar acá porque somos muchas madres que hemos quedado sin los hijos. Y a nadie le interesa. Pero nos gustaría que le interese a la justicia, que es la que tiene que darnos una respuesta. No un consuelo. Porque nuestros hijos no vuelven más. Pero sí justicia y que los que hicieron el daño, paguen. Mataron personas. Tienen que pagar. Y sin ninguna clase de beneficios.”
“Soy Romina Vergara, mamá de Brandon Romero fusilado el 5 de julio de 2020. A mi hijo un policía le dio 11 tiros y todavía no está preso. Estoy a la espera de la fecha del juicio. Y como todos los 5 hoy se cumplen 13 meses del fusilamiento de mi hijo, todos los 5 salgo a la calle.”
María Inés, referente de Playa Serena, barrio del sur de la ciudad, compartió su situación tras recibir amenazas que recibió por reclamar un pliego por el transporte público de la zona: “Una semana después se supo que la camioneta que se dirigió a mi domicilio con al menos tres ocupantes pertenece a la empresa de transporte público de pasajeros de Mar Del Plata. Aun así, el fiscal no tomó ninguna medida. Luego notificaron a tres personas por mi causa, y el fiscal no determinó nada. Solo me brindan una custodia, la que no me garantiza absolutamente nada. Esto lo que hace es vulnerar nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Por salir a reclamar el pliego de transporte público de la ciudad de Mar Del Plata. Por mi condición de mujer y por ser referente barrial, quisieron silenciar el reclamo de más de doscientas personas referentes y representantes en esta audiencia. Hoy se cumplen seis meses de tener en la pared del dormitorio de mi casa, balas de nueve milímetros. Las cuales el fiscal considera que no me querían matar, sino silenciar”.
“Soy María Tobio. En enero denuncié a mi progenitor quien era policía. Debía cuidarme y protegerme y en lugar de eso me compartió con su hermano y con su padre. Quise ir a la justicia y en lugar de eso me cerraron las puertas de forma preliminar. Hoy estoy acá no solamente por mi causa. Me desestimaron la prueba porque me dijeron que como él no podía ir preso, para qué seguir con la investigación. Las víctimas tenemos derechos. Los familiares de víctimas que hoy están acá también los tienen. A esas infancias vulneradas de hoy y de ayer, no se las escuchan. Las muertes que hay por abuso sexual en la infancia, por suicidios, tampoco son contempladas. Omiten la voz de la víctima. Se las silencia. Yo tendría que estar en mi casa haciendo todo el tratamiento que tendría que hacer diciendo bueno, ya solté ya soy libre. Y de alguna forma estoy atada acá a tribunales. Hasta que me escuchen. Hasta que escuchen a las infancias, no solamente a las de ayer, porque a mí ya me hicieron lo que me hicieron. Pero a las criaturas que hoy hablan, se desestiman causas. Son los delitos más atroces.”
Y también estuvieron presentes familiares del Rigel, otro barco que zarpó en 2018 del puerto de la ciudad y perdieron contacto con él. Aquí no sólo se exige que no haya “Ni un hundimiento más”, sino las condiciones de precariedad laboral en la que estos trabajadores se encuentran: “La mayoría de los que estamos acá, no estamos porque lo elegimos. Estamos porque no nos sirve de nada quedarnos en nuestra casa haciendo un duelo que no lo tenemos. Porque nuestros hijos se merecen justicia. Por eso pedimos que activen las causas y que no las duerman. Que dejen su oficina, mientras nosotros estamos acá luchando por nuestras víctimas. Hay una ley que dice que a los seis meses presunción de muerte de un marinero, tienen que entregar una para que las familias puedan tramitar su pensión correspondiente. Porque todas las familias de los hundimientos han quedado abandonadas. Hay familiares de barcos que hace veinte años vienen reclamando la pensión que les corresponde”
“Octavio Ventura fue mi hermano. Lo mataron en el barrio Hipódromo en el 2018 para robarle el celular. Y lo único que pido es justicia. Hace tres años que mi familia no puede dormir. Quiero una condena efectiva, quiero que nos presten la atención que merecemos. Y acompaño acá a toda la gente que está en la lucha por el dolor”
Silvana es madre protectora del caso de las escuelas Fleming y Gianelli, donde se registraron más de 44 víctimas de abuso entre 3 y 5 años. La denunciada es Analía Schwartz, maestra en esas instituciones: “como decía acá la compañera, el abuso sexual en la infancia no es un tema que se esté tratando. Es un tema tabú, siempre lo callamos. Queda puertas adentro y siempre con la complicidad de toda esta gente y sobre todo de la iglesia católica, que es la red de pedofilia más grande que hay en el mundo. Y estamos en contra de un monstruo”
“Mi nombre es Daiana, soy la sobrina de Jesús Ochandio, a mi tío lo mataron con más de 30 puñaladas el día 6 de marzo, y estamos acá porque queremos pedir la perpetua del asesino. Hace dos días que está detenido pero nosotros queremos que se califique como un crimen de odio por la forma en la que lo mataron y más que nada porque mi tío al ser gay creemos que fue un crimen de odio. La persona ahí adentro está diciendo que mató a un puto. Con eso ya se entiende que es un homofóbico. Queremos la perpetua y que no vuelva a cometer lo mismo.”
La manifestación terminó en las puertas del Ministerio Público Fiscal, dónde cada familiar ante un micrófono pudo expresar su bronca y exponer al fiscal Fernandez Garello, no sólo por su falta de escucha y acompañamiento en las causas, sino visibilizar que sigue en ese cargo a pesar de que lo consideran responsable de la última dictadura militar. Allí estuvieron también Marta y Guillermo, padres de Lucía Pérez, quienes encararon esta idea de unir a los familiares para pisar más fuerte.
Colectivo Feroces /ANRed
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2306 /miércoles 11.08.2021
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2) URUGUAY: NO AL CIERRE DE “CASA EN RED” EN NUEVA PALMIRA
Ante el posible cierre de “Casa en Red”
Comunicado de AMARC Uruguay /8 de agosto de 2021
AMARC Uruguay quiere expresar su total apoyo a los colectivos de “Casa en Red” de Nueva Palmira y en especial a la radio comunitaria Palmira FM frente a la posibilidad de quedarse sin local para seguir funcionando.
La radiodifusión comunitaria se ve hoy amenazada por declaraciones y acciones realizadas desde autoridades e instituciones gubernamentales. Vemos como lejos de respetar la Ley 18.232, que en su artículo 4 dice “El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria”, se está marcando un camino lleno de obstáculos puestos justamente desde el Estado para la continuidad y desarrollo del sector.
El nuevo obstáculo lo están viviendo ahora los integrantes del colectivo Palmira FM ante la intención del directorio de ANTEL de sacarle (en plazo perentorio) el espacio donde además de la Radio funciona un centro social cultural abierto a toda la comunidad.
El local que estaba en desuso fue levantado de las ruinas, beneficios, colectas y jornadas de trabajo mediante, para que allí se abriera la “Casa en red”. Así hoy la comunidad de Nueva Palmira tiene una radio, pero también un estudio de grabación, donde graban gratuitamente los músicos, funcionan las cooperativas de viviendas, se presta para diferentes capacitaciones. Allí funciona el programa Usina Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, se practica boxeo, taichí, ajedrez, una biblioteca, además se creó una comparsa y una murga (Palmira no tenía murga). Se proyecta que comience a trabajar un equipo de INAU con un espacio para adolescentes y más.
Sabido es que somos radios sin fines de lucro y por tanto uno de los temas centrales a resolver es el lugar físico de emisión, por ello ha sido común que espacios públicos fueran otorgados para su uso como contribución al sector (de las pocas que tenemos desde el Estado) pues publicidad oficial nunca tuvimos.
No podemos dejar que se pierdan espacios de comunicación y convivencia, por ello exhortamos al directorio de ANTEL a no transitar ese camino de restricciones al sector y llamamos a la comunidad y actores diversos a defender el espacio por el bien de Nueva Palmira y su población.
Basta de ataques a los espacios comunitarios y más diálogo con la sociedad civil organizada.
Por AMARC Uruguay
Miguel Dell Acqua, Mesa Nacional de AMARC
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3) URUGUAY: MEDIOS COMUNITARIOS ADVIERTEN RETROCESOS PARA EL SECTOR EN EL PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Observacom Uruguay, 9 de agosto de 2021
Representantes de radios comunitarias, así como el director ejecutivo de Observacom Observacom, Gustavo Gómez, advierten que el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno al Parlamento plantea un retroceso para los medios comunitarios.
La iniciativa, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, plantea diversas modificaciones en la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria de 2007, entre ellas se le quitaría competencias al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y se las atribuiría al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y se establece que las emisiones de uso compartido tengan un límite de dos años y que para funcionar se constituyan en asociaciones civiles. Actualmente, las autorizaciones de uso compartido de frecuencias se otorgan por un año, con posibilidad de prórroga anual, a grupos de personas sin fines de lucro.
Según dijo Gómez a La Diaria, el proyecto representa “un retroceso” en la normativa vigente. “Por un lado, les limita (a los grupos que hacen uso de frecuencias compartidas) la cantidad de tiempo que pueden operar. El proyecto de ley ahora plantea un máximo de dos años y después tenés que cesar las transmisiones, sin ningún tipo de explicación. Puede ser que el grupo siga interesado en comunicarse y la comunidad siga necesitando un medio que se comunique con ellos, pero no tienen más de dos años, entonces obviamente es una limitación enorme”, explicó.
En la misma línea, Miguel Dell’Acqua, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Uruguay dijo al semanario Búsqueda que de este modo “te dan dos años para existir”. Explicó que “en la práctica eliminan los grupos de personas. Es imposible que un proyecto comunicacional comunitario se construya, se equipe y se financie, y que solo le den la posibilidad de ese lapso. O sea que a futuro hay un desaliento total”.
Por su parte, Daniel Larrosa, representante de la Mesa Nacional de Radios Comunitarias, dijo que en la actualidad el 40% de los medios comunitarios están en manos de grupos de personas, no asociaciones. Por lo tanto, de aprobarse la Rendición “se estaría borrando de un plumazo el 40% de los medios comunitarios del país”.
Sobre cambio de competencias de MEC al MIEM, Dell’Acqua planteó que “ahora se centralizan todas las decisiones en el MIEM y se eliminan otros organismos de participación, no quedan instancias de ida y vuelta”.
Observacom
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4) URUGUAY: EL GOBIERNO QUIERE CERRAR MÁS DEL 40% DE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Comunicado de AMARC Uruguay a la opinión pública /5 de agosto de 2021
Los artículos 147 a 150 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas borran de un plumazo más del 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya.
El viernes 30 de julio AMARC fue recibida por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que fundamentó porqué se debían eliminar los 4 artículos de la Rendición de Cuentas.
La ley de radiodifusión comunitaria, 18.232, prevé dos modalidades de adjudicación, una de uso exclusivo de frecuencias y otra de uso compartido. En este último la adjudicación de la frecuencia se realiza al MEC, quien las administra, asignándolas por un año a las organizaciones o grupos de personas que cumplan con los requisitos. Estas adjudicaciones son renovables en forma anual.
Los artículos de la Rendición de Cuentas quitan la potestad al MEC para la administración de estas frecuencias, organismo que tiene entre sus cometidos «la promoción del desarrollo cultural del país, de la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos».
La Rendición de Cuentas establece que las radios que emiten actualmente en la modalidad de frecuencias compartidas, lo hagan por dos años y dispone el cierre de las mismas luego de transcurrido ese tiempo. Esto cercena particularmente el derecho de la población del interior del país, donde se encuentra el 90% de las radios con frecuencias compartidas. Borra de un plumazo a radios que tienen 20 años transmitiendo, y que por la realidad de sus comunidades no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia, y que en la práctica, cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen.
La agresión por parte del gobierno hacia el sector de radiodifusión comunitaria no es un hecho aislado. El 23 de noviembre de 2020 el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, realizó una serie de declaraciones al periódico El Telégrafo de Paysandú atacando a las Radios Comunitarias, y mostrando un desconocimiento absoluto de la legislación vigente y del sector comunitario. Este hecho fue denunciado por AMARC ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se expidió recientemente. En los descargos el Director Nacional de Telecomunciaciones pide disculpas y adujo que fue mal interpretado por el periodista de El Telégrafo. Desde AMARC vemos con preocupación los dichos y que más allá de las disculpas, las políticas llevadas adelante por el gobierno efectivamente indican un claro desprecio por el sector comunitario de comunicaciones, basado en un desconocimiento del mismo.
Como si fuera poco, luego de disculparse, Acosta y Lara vuelve a cargar contra las radios comunitarias en un artículo publicado en Búsqueda el 5 de agosto en el cual dice: «… desde hace tiempo Dinatel está en conocimiento de que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular…», y que la idea «… para que las radios se pongan al día, es darle un último changüí…». Estas expresiones intentan amedrentar al sector, por lo que son rechazadas absolutamente por AMARC Uruguay por infundadas y porque no se requiere ningún changüí, sino procesos claros y transparentes en la administración de todas las frecuencias.
La Dinatel en lugar de hablar en forma genérica en contra de un sector de la comunicación, generando un grave daño al mismo, debería abocarse a seguir los procedimientos, y si tiene conocimiento de radios que están incumpliendo la normativa, en primera instancia comunicarle a las mismas, para que puedan hacer sus descargos.
Entendemos que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión no pueden ser manejados con otorgamientos de changüíes o premios de los gobiernos de turno, como mencionó Acosta y Lara, sino con políticas claras y transparentes, que garanticen el debido proceso en la concesión de un bien finito como son las frecuencias radio eléctricas, donde los estados son solo administradores de las mismas y no sus dueños.
En el marco de ataque al sector también manifestamos nuestra preocupación como el proyecto de ley en estudio en el Parlamento para modificar la Ley de Medios vigente.
Este proyecto elimina la CHASCA, único espacio con participación social, que entre otros cometidos, tiene el de emitir opinión en las adjudicaciones de frecuencias, lo que ofrece más capacidades de evaluación, garantías y transparencia en procesos tan importantes como las adjudicaciones de frecuencias. Este proyecto además promueve la concentración de los medios de comunicación, generando un desequilibrio en el sistema de medios, lo que afecta no solo a los medios comunitarios, sino la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de toda la sociedad.
Por AMARC Uruguay
Miguel Dell Acqua, Mesa Nacional de AMARC
Alexis Espíndola, representante de AMARC en la CHASCA
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2306 /miércoles 11.08.2021
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5) URUGUAY: AUTOINVESTIGACIONES MILITARES
La zorra a cuidar gallinas
Observatorio Luz Ibarburu cuestiona que equipo especializado en violaciones de derechos humanos pase a depender de la dirección de la Policía
La Diaria 9 de agosto de 2021
La modificación surge a raíz de un artículo de la Rendición de Cuentas; actualmente el grupo se encuentra en la órbita de Asuntos Internos del MI.
El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) rechaza el cambio previsto en la Rendición de Cuentas que determina que el Equipo Especializado en Graves Violaciones de Derechos Humanos pase a depender de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La organización mantendrá una reunión este martes con autoridades del Ministerio del Interior (MI) y el miércoles comparecerá a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Por iniciativa del OLI, en 2013 se creó el equipo por resolución del MI y se determinó que funcione en la Dirección de Asuntos Internos, a los efectos de “dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el artículo 1° de la ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado”, indicó la organización en un comunicado.
Durante el último gobierno del Frente Amplio, en la Rendición de Cuentas de 2017, se determinó el mismo cambio que se propone ahora: que el equipo pase a la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ante los reparos del observatorio, el MI finalmente no ejecutó lo que establecía la ley y el equipo continuó dependiendo de Asuntos Internos.
En el artículo 56 de la Rendición de Cuentas, que empezará a votarse este martes en la Cámara de Diputados, se determina el traspaso a la Dirección de Investigación de la Policía Nacional y se mantienen sus cometidos, que son colaborar “en forma directa con operadores jurídicos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del quebrantamiento del Estado de derecho que refiere la Ley Nº 18.596 [de actuación ilegítima del Estado], de 18 de setiembre de 2009”.
¿Por qué es importante que se mantenga en la Dirección de Asuntos Internos? “Al frente de esa dirección está una persona de confianza, que depende directamente del ministro. En 2013, con la sentencia Gelman, por el Código del Proceso Penal, el auxiliar de justicia era la Policía, entonces la Policía era uno de los elementos investigados, por eso para resolver ese tema lo que se nos ocurrió fue crear una unidad que fuera especializada y que dependiera directamente del ministro”, dijo a la diaria el coordinador del OLI, Raúl Olivera.
Olivera señaló que una unidad de este tipo puede sabotear una investigación si no tiene la voluntad política de avanzar. “Se me puede decir que los policías no son los de antes, pero ¿cómo se han comportado los militares actuales con relación al pasado? ¿Han tenido una actitud diligente para avanzar y encontrar los restos? No, no la han tenido. ¿Por qué? Porque existe eso que se llama la familia militar y la familia policial. Crear este antecedente es admitir que se puede encargar al instituto que de alguna manera es objeto de la indagatoria”, apuntó Olivera, y puso como ejemplo de esto lo que ha sucedido con los tribunales militares.
“La continuidad de los llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia se suma ahora, de prosperar la iniciativa a consideración parlamentaria, un hecho de extrema gravedad: otorgarle el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del llamado pasado reciente”, se afirma en el comunicado.
Desde el OLI plantean sus reparos cuando a “los institutos armados se les otorgan las facultades para autoinvestigarse” y mencionan como ejemplos las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz, las declaraciones de militares en los tribunales de honor o los informes de las Fuerzas Armadas entregados a Tabaré Vázquez durante su primer gobierno. Asimismo, se señala la “inconveniencia” de este cambio y se recuerda el espionaje en democracia por parte de los servicios de inteligencia, que fue el objeto de investigación de la Comisión Investigadora sobre Actividades de Inteligencia Militar en Democracia del Parlamento (2016-2018) y actualmente es el centro de una causa que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez.
La Diaria
Nota:
COMUNICADO DE PRENSA Observatorio Luz Ibarburu /7 de agosto de 2021
Ante el Proyecto de Rendición de Cuentas actualmente a consideración del Parlamento, que en su artículo 56 proyecta sustituir el inciso segundo del artículo 93 de la ley N° 19.670 de octubre de 2018, en la redacción dada por el artículo 3° de la ley N° 19.788 de agosto de 2019, el Observatorio Luz Ibarburu denuncia:
1.- Que dicha sustitución por parte del Ministerio de Interior, supone que el Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos pase a depender de los mandos policiales de la Dirección de la Policía Nacional, integrada, entre otros, por la Dirección de Información e Inteligencia.
2.- El mencionado Equipo Especializado fue creado en julio de 2013 por resolución del Ministerio del Interior, a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu y con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman y el artículo 1° de la ley 18.831, que reestableció la pretensión punitiva del Estado. Para ello, dicho Equipo Especializado, debía ser dotado de medios económicos y humanos necesarios, y no depende su conducción de los mandos policiales.
3.- Posteriormente, siempre a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, con los criterios de la resolución ministerial original que la creo, se impulsó que dicho Equipo Especializado fuera integrado por ley a la normativa vigente.
4.- La continuidad de los llamados de atención que recibe el Estado uruguayo por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos por los magros avances en el cumplimiento eficaz de los procesos de justicia, se suma ahora, de prosperar la iniciativa a consideración parlamentaria, un hecho de extrema gravedad: otorgarle el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos, a los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidad en los crímenes del llamado reciente.
5.- Desde la pretensión de la justicia militar, para que se le otorgara competencia para que se auto investigaran de sus conductas, crímenes cometidos en el marco de las políticas de terrorismo de Estado, la independencia y la objetividad de quienes deben investigar las conductas del pasado autoritario ha sido una preocupación constante de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
6.- Unas muestras de lo que ocurre, cuando a los institutos armados se les otorgan las facultades para auto investigarse, los encontramos en las actuaciones de los fiscales militares en el cumplimiento del artículo 4° de la ley de caducidad; en las versiones falsas brindadas a la Comisión para la Paz; en los informes de las fuerzas armadas entregados a la administración de Tabaré Vázquez; en las actuaciones de los tribunales de honor.
7.- A todo eso, se le suma el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia, que muestran la inconveniencia de la iniciativa comprendida en el mencionado artículo 56.
8.- A los efectos de que sea retirado del Proyecto de Rendición de Cuentas el mencionado artículo 56, y se consideren las formas más adecuados para que el mencionado Equipo Especial cumpla eficazmente con los objetivos que se le ha encomendado por ley, el Observatorio Luz Ibarburu se reunió el pasado 2 de agosto con la INDHYDP, y mantendrá sendas reuniones, con el Ministro del Interior el martes 10 a las 17 y 30 y con la Comisión de DD.HH de la cámara de diputados el miércoles 11 a las 13 y 45.
Fernanda Aguirre Maya /DIRECTORA
Raúl Olivera Alfaro /COORDINADOR EJECUTIVO
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2306 /miércoles 11.08.2021
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6) EL HAMBRE DESATA PASIONES
La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
“Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.
La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.
Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.
El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).
La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.
Publicaciones en grandes medios, como la británica BBC, Al Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros, ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.
Maratón contestatario
Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.
El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.
“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.
La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.
El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos: la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.
Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.
Próximos pasos resistentes
La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.
En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.
Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.
Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas.
Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son: semillas portadoras de un nuevo modelo.
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2306 /miércoles 11.08.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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