1) Argentina: Educación Sexual Integral: un paradigma de derechos que lleva 15 años
2) Chile: El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual
3) México: Una de cada cinco personas sufrió violencia física en esta pandemia
4) México: La paridad debe ser un piso, no un techo.
5) Uruguay: Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo
6) “Solo por eso, porque éramos mujeres”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 700 – Lunes 30 de agosto de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: UN PARADIGMA DE DERECHOS QUE LLEVA 15 AÑOS
La educación sexual integral nació en 2006 y establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en todas las escuelas, sean públicas o privadas. ¿Qué implica esa integralidad?
Desde el 23 al 27 de agosto se celebra en Argentina la semana de la Educación Sexual Integral (ESI), que busca promover acciones educativas para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Dicho programa se creó a partir de la Ley 26.150 (2006) con el fin de garantizar el derecho de los/as estudiantes de recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, estatales y privados del ámbito nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires.
Dicha concepción «integral» tiene que ver con pensar a la educación sexual a partir de incluir miradas biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. De allí, que los objetivos de la ESI sean la transmisión de conocimientos pertinentes y actualizados sobre distintos aspectos de la educación sexual, la promoción de actitudes responsables, la prevención de problemas relacionados con la salud sexual, general y reproductiva y procurar la igualdad de trato y oportunidades tanto para los varones como para las mujeres, además de promover la no discriminación por orientación sexual, identidad de género u otro motivo.
Con el fin de lograr estos objetivos, el Estado impulsa distintas actividades como trabajar en los planes educativos de las diferentes jurisdicciones, informar y capacitar a los docentes para que adquieran habilidades y conocimientos sobre una correcta implementación de la ESI y producir y distribuir material pedagógico y educativo.
Asimismo, con respecto a los contenidos, la normativa especifica que deberán estar basados en los “lineamientos curriculares” que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2008 y que indican cuáles son los contenidos básicos que deben transmitirse según el área y el nivel educativo de cada jurisdicción. De este modo, cada comunidad educativa deberá incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto de su ideario institucional y de las convicciones de sus miembros, con el fin de lograr que todos los estudiantes pertenecientes a una edad determinada reciban la misma educación.
ESI: transversal, integral y obligatoria
Una de las características de la ESI es su carácter de transversalidad, que significa que deberá formar parte de los programas del plan educativo, atravesando los contenidos como una materia más, la otra es su carácter obligatorio.
Por otra parte, el hecho de que tenga un enfoque “integral” permite plantearla desde diferentes disciplinas y visiones. Con respecto a esto, en una entrevista para el programa del ministerio de Educación, “Sigamos Educando” que transmite canal 7, la profesora de Educación para la Salud, Evangelina Trebissacce, explicó que esta concepción posibilita ver cómo se vincula cada persona con su género con relación a la sociedad, por eso la importancia de impartir esta educación en los niveles inferiores: “Desde el nivel maternal empiezan a suceder cosas que tienen que ver con la educación sexual, si a una nena de 1 o 5 años, le das las muñecas, le das lo rosa, la hacés ser suave, ahí la estás posicionando frente al mundo de una determinada forma y al varón lo mismo. Entonces, lo que va a venir a decir la educación sexual es que todo es cuestionable, que vamos a pensar otras formas de habitar el mundo y eso se relaciona con formas más justas de habitarlo”.
A pesar de las dudas y el rechazo que, en muchos casos, generó llevar a la práctica la ESI, el ministerio de Educación aclaró que recibir información sobre la sexualidad es un derecho avalado por ley, por lo tanto, los docentes están obligados a garantizar su cumplimiento y, para esto, es pertinente informar a las familias sobre los contenidos y, así, facilitar el proceso educativo.
Elizabeth Pontoriero / Agencia Paco Urondo / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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2) CHILE: EL RECHAZO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN PORTAZO MÁS A LAS DEMANDAS DE MUJERES Y LA DIVERSIDAD SEXUAL
“Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía”, señalaron las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile ante el rechazo en la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara del proyecto que buscaba despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.
El pasado lunes 09 de agosto la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación, elaborado por Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.
La iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018. El proyecto de ley planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización al aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
El debate contó con la exposición de abogadas, diversas trabajadoras de la salud e integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes dejaron claro que criminalizar el aborto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava.
En esa línea, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”.
Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile queremos recordar que no estaríamos en esta situación si nuestra actual Constitución garantizara los derechos sexuales y reproductivos, como hemos demandado desde nuestras organizaciones.
En ese sentido, queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sostuvo que: “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma” y añadió: “Nos preocupa muchísimo que, en lugar de legislar para proteger a las mujeres y las niñas, el parlamento chileno esté validando una determinada convicción valórica, conforme a la cual las mujeres deben ser tuteladas, perseguidas como si fueran criminales y castigadas por sus decisiones”.
Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile seguiremos insistiendo en la urgencia de dar este paso, ahora en el marco del debate constituyente que enfrenta nuestro país y que brinda una oportunidad para la construcción de un nuevo Chile, un Chile con mayores niveles de justicia y equidad, y que, por lo tanto, respete las decisiones y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar.
Medio a Medio/ COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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3) MÉXICO: UNA DE CADA CINCO PERSONAS SUFRIÓ VIOLENCIA FÍSICA EN ESTA PANDEMIA
Muchas familias han vivido un aumento de la violencia durante el confinamiento por la COVID-19. Así lo muestra una investigación realizada por el Dr. Raúl Alcázar Olán, académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, durante los meses del verano de este año.
De acuerdo con lo recabado en una encuesta, el 89.5 por ciento de los participantes afirmó haber sido víctima de violencia psicológica por parte de un familiar enojado, generalmente el cónyuge. Asimismo, el 94.4 por ciento de las mujeres y el 91.6 por ciento de los hombres han ejercido, estando enojados, algún tipo de violencia psicológica hacia algún familiar durante estos más 16 meses de pandemia.
Alcázar Olán, doctor en Psicología, desarrolló una investigación sobre el enojo y la violencia familiar durante la pandemia por COVID-19, en el estado de Puebla, con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), y con la colaboración de alumnos y de la docente Graciela Isabel Wilson Corral.
Este trabajo, que incluyó propuestas para la creación de políticas públicas que contribuyan a reducir el problema, reveló que durante la pandemia una de cada cinco personas ha sido víctima de violencia física por parte de algún familiar enojado, especialmente la pareja.
Asimismo, la investigación realizada durante este verano, la cual incluyó una muestra de 665 adultos, da a conocer que en la pandemia el 33.5 por ciento ejerce violencia física contra algún familiar, la mayoría de las veces hacia la pareja, aunque también hacia los hijos.
Alcázar Olán, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, subraya que el enojo excesivo, entre otros factores, es un elemento que aumenta las reacciones violentas, especialmente las de carácter psicológico. En consecuencia, afirma, el manejo emocional se vuelve indispensable para disminuir dichos episodios de violencia.
De acuerdo con el especialista y creador de la Escala de Pensamientos de Enojo ─reconocida por la American Psychological Association (APA)─, si bien no se trata de un problema nuevo, muchas familias han padecido un aumento de la violencia a partir de una serie de causas derivadas del confinamiento por COVID-19.
“Si bien los gobiernos federal y estatal han realizado esfuerzos para combatir la violencia familiar, mediante programas que buscan remediar el problema o sancionarlo, no hay, o son pocas, las iniciativas para la prevención”, recalcó el académico de la IBERO Puebla.
El especialista de la Universidad jesuita de Puebla asegura que existe más información estadística sobre la violencia hacia las mujeres que hacia los hombres. Sin embargo, varios estudios señalan que la violencia más recurrente está en las relaciones de pareja, en la cual hombres y mujeres han ejercido varios tipos de violencia hacia su cónyuge.
Como parte de la investigación realizada se trabajó en propuestas para una política pública que busque reducir el problema del enojo excesivo y la violencia familiar, entre las que destacan: implementar de medidas preventivas para fomentar el autocontrol del enojo y el cuidado mutuo en las relaciones familiares.
Así como también concientizar a la población sobre el problema mediante diversas actividades y medios; aumentar la participación de la sociedad civilcomo promotores de la lucha contra la violencia familiar, y reconocer los daños del enojo excesivo y la violencia familiar.
Las investigaciones Enojo excesivo y violencia familiar: Informe para maestros y padres de familia y Enojo excesivo y violencia familiar: hacia una propuesta de política pública en el Estado de Puebla fueron realizadas en colaboración con la profesora de la IBERO Puebla, Graciela Isabel Wilson Corral, y los alumnos de Psicología Gabriela Bermúdez Cruz, Jenifer Azuleni Martínez de la Cruz y Pedro Rivera Martínez. Estos informes serán publicados como libros en los próximos meses.
Sofía Villafuerte Guillén / IBERO Puebla / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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4) MÉXICO: LA PARIDAD DEBE SER UN PISO, NO UN TECHO, ASEGURAN EXPERTAS
Hasta 2018 las mujeres buscaron que el Congreso de la Ciudad de México se integrara por igual número de diputadas y de diputados, pero después de las elecciones de 2021 explican que la paridad “es un piso y no un techo”, es decir, existe la posibilidad de que ellas ocupen más del 50 por ciento de las curules.
Este es uno de los argumentos que las integrantes de la “Red Mujeres en Plural” entregó a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que lo tome en cuenta al analizar nueve juicios relacionados con la asignación de diputaciones por representación proporcional en la capital del país.
En un documento conocido como “amicus curiae”, que fue entregado este 23 de agosto por defensoras de la participación política como Rosario Guerra Díaz, Gloria Ramírez Hernández, Teresa Hevia Rocha, Patricia Olamendi Torres y Claudia Castello Rebollar, entre otras, pidieron a las y los magistrados que juzguen e interpreten la ley con perspectiva de género y aseguren la mayor presencia de mujeres legisladoras.
El Congreso capitalino se integra con 66 diputaciones, 33 electas por mayoría de votos y 33 asignadas por representación proporcional. El resultado de la jornada electoral del 6 de junio fueron 20 mujeres electas por voto directo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) asignó a las mujeres 14 diputaciones por representación proporcional. Es decir, habría 34 mujeres y 32 hombres en la siguiente Legislatura.
Sin embargo, en la sesión del 3 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) quitó a dos candidatas las diputaciones plurinonominales que obtuvieron y las sustituyó por hombres, argumentando que ellos obtuvieron mejor votación y que a pesar de los cambios los partidos mantendrían la paridad, es decir el 50-50.
Tribunal Electoral alteró paridad
En entrevista, Claudia Castello Rebollar, explicó que la Red presentó argumentos jurídicos y este 25 de agosto tuvo una audiencia con la magistrada María Silva Rojas y los magistrados Héctor Romero Bolaños y Jose Luis Ceballos Daza para presentar sus alegatos de viva voz.
En esta reunión, las integrantes de Mujeres en Plural expusieron sus razones para impedir que el Tribunal Electoral local altere la lista definitiva de candidaturas asignadas por el IECM, por el principio de representación proporcional, la cual favorecía la participación política de las capitalinas.
“El tema del 50 por ciento para las mujeres debe ser un piso, no un techo”, expuso Castello Rebollar, quien también detalló que históricamente los congresos locales se han conformado por una mayoría de hombres.
El cambió a favor de la presencia de mujeres como legisladoras ocurrió después de la reforma constitucional de 2014 y de 2019. Ésta última se conoce como “Paridad en todo” porque amplió este principio a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“¿Cuál es el argumento de que no haya más mujeres en un Congreso, cuando siempre ha habido mayoría de hombres? Esa es la incógnita o la interrogante ¿por qué no toleran que las mujeres hayan sido mejor votadas?”, expresó la también vicecoordinadora nacional de Nueva Izquierda
Las firmantes de este “amicus”, explicó Castello Rebollar, buscan construir democracias representativas que promuevan la plena participación y el liderazgo de las mujeres en condiciones de igualdad y corregir la distribución del poder entre mujeres y hombres, conforme lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Diputaciones plurinominales
Después de 2014, con la reforma que reconoció la paridad como principio constitucional, los partidos políticos postularon igual número de candidatas y candidatos, por ambos principios. Es por eso que en la Ciudad de México en las elecciones de 2015 y 2018 las autoridades electorales también pudieron asignar a las mujeres más curules de representación proporcional. Este avance se iba a repetir en 2021.
En la sesión del 12 de junio el Instituto Electoral capitalino asignó 14 curules a mujeres y 19 a hombres, por representación proporcional. Sin embargo, el TECDMX modificó la asignación y quitó las diputaciones a Frida Jimena Guillén Ortiz y su suplente, Ahichell Sánchez Valle, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Isabela Rosales Herrera y su suplente, Alicia Medina Hernández, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En su lugar, entregaron el triunfo a Rodrigo Miranda Berumen y su suplente, Luis Paris Oviedo Guarneros, del PAN y a José Luis Rodríguez Díaz de León y su suplente, Francisco Medina Padilla, de Morena. También quitó la diputación a Manuel Talayero Pariente, candidato del Partido Verde, quien fue sustituido por Elizabeth Mateos Hernández.
Con estos cambios el Congreso se integraría por 33 mujeres y 33 hombres por ambos principios, eliminando la posibilidad de que las diputadas sean mayoría, con 34 curules. No obstante, falta conocer la resolución de la Sala Regional del TEPJF, que debe estar lista antes de septiembre, cuando se integre la próxima Legislatura del Congreso capitalino.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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5) URUGUAY: CUANDO LAS CIFRAS HABLAN DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO
Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo
La Comisión de Género del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con el apoyo del INEFOP, presentó este jueves la encuesta “Violencia y desigualdad de género en el trabajo” con el objetivo de establecer un diagnóstico aproximado a dichas temáticas y a partir del mismo, delinear acciones de trabajo hacia la erradicación de todas las formas de violencia. La presentación estuvo a cargo del equipo técnico que llevó adelante el trabajo. Según se explicó esta mañana, la pandemia imposibilitó que la encuesta se realizara en las condiciones originalmente previstas, visitando los distintos ámbitos de trabajo. Por ello, el equipo técnico consideró que la vía web también permitiría conocer datos e informaciones relevantes para el análisis de la temática propuesta.
Según explicó Federico Pérez, responsable técnico de la encuesta «Violencia y desigualdad de género en el trabajo», a partir del contacto inicial con los sindicatos que integran el Proyecto Industria Integrada se buscó lograr la participación de un universo mayor de trabajadoras. Para lograr este objetivo, se apeló a las redes sociales y así fue que se llegó a recabar la opinión de 500 trabajadoras, 50% de la industria y 50% de otros ámbitos laborales.
En tanto, Tatiana Antúnez, referente del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte, dijo al Portal del PIT-CNT que la encuesta evidenció que «hay constantes, por ejemplo que la violencia física se produce fundamentalmente en el seno del hogar y las restantes violencias mayoritariamente se dan en los ámbitos de trabajo» y que 2/3 de las encuestadas manifestaron haber vivido alguna situación de violencia, mientras que 1/3 asegura vivirla de manera semanal. Según Antúnez, la encuesta también confirmó las asimetrías de poder y cómo se visibilizan de acuerdo a los estereotipos marcados en la sociedad. Otro de los aspectos que Antúnez mencionó fue la necesidad de herramientas para acompañar los procesos de las personas que sufrieron o sufren situaciones de violencia.
Según los datos obtenidos, un 32% de las trabajadoras de la industria considera que en su trabajo suceden “a diario o varias veces por semana” situaciones de violencia (acoso sexual, agresión verbal o física, acoso moral o psicológico, entre otros) y en otros ámbitos laborales la cifra asciende al 45%. En tanto un 46% de las mujeres de la industria considera que esos casos suceden “en forma muy esporádica” y en otros ámbitos laborales la cifra llega al 34%.
Apenas un 16% de las trabajadoras de la industria que participaron de la encuesta cree que esos casos “nunca suceden”, mientras que en otros ámbitos laborales es el 21%.
La encuesta también preguntó a las trabajadoras por las situaciones de acoso sexual y los ámbitos en los que lo padecieron. De quienes aseguraron haber vivido alguna situación, el 50% dijo que sucedió en su lugar de trabajo, el 15% en su hogar, el 26% en un lugar público y el 15% virtualmente. También se mencionaron otros espacios como el de la militancia o lugar de estudio.
Otro de los aspectos que reveló la encuesta indica que las trabajadoras de la industria que afirman haber sido acosadas, el 48% tuvo a su jefe como acosador, en el 39% de los casos fue un compañero de tareas y el 6% de los casos fue un subordinado. En otros ámbitos laborales, la cifra asciende al 60% de casos de acoso por parte de un jefe, 28% de compañeros y 9% de subordinados.
Miradas
Según explicó la responsable de género de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Flor de Liz Feijoo, el feminismo da herramientas a las mujeres trabajadoras para que, desde el mundo sindical, se pueda visualizar con otra perspectiva las situaciones que en el trabajo cotidiano pueden pasar desapercibidas.
Flore de Liz Feijoo señaló la necesidad de observar la realidad desde una mirada integradora y así lo puso en práctica la propia comisión de género de la CSI. “No queremos ser las mujeres de la comisión de género, nosotras queremos ser las mujeres y los hombres que visualizan las problemáticas para poder transformar la realidad desde otro lugar”.
Flor de Liz dijo que las mujeres están afrontando una dura batalla contra la explotación que persiste “en el mundo del trabajo y en el mundo del hogar” y “ni que hablar cuando las mujeres salimos a militar, que no somos muchas porque estamos limitadas al mundo del trabajo y del hogar”. La responsable de género de la CSI recordó cuando en plena ronda de negociación colectiva un representante le dijo “para qué quieren ustedes aumento si son el complemento del salario de sus maridos”. Flore de Liz reveló que “gracias a eso pusimos el tema de la inequidad arriba de la mesa como para concientizar lo que nos estaba pasando, porque incluso nosotras mismas a veces normalizamos la situación de nuestra vida”.
En relación al trabajo de la comisión de género de la CSI, dijo que se está trabajando en el plano organizativo, para lograr estar presente en todas las fábricas y ámbitos de trabajo, también se está desplegando el trabajo de propaganda para difundir los temas generales y los particulares de género, y un tercer eje social, que presta especial atención a la situación de las trabajadoras y trabajadores que está desocupados en la industria.
La mirada amplia
Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó el trabajo realizado en la encuesta y dijo que son un aporte para superar las situaciones que allí quedan evidenciadas.
“El capital nos domina y el patriarcado predomina, porque como dijeron aquí las compañeras, se naturalizan cosas que luego están internalizadas, interiorizadas”. En este sentido, Abdala se refirió al trabajo considerado en la actualidad como mercancía, en un marco de dominio y explotación del sistema. “Nosotros aspiramos a que el trabajo sea una actividad creativa que permita la felicidad del ser humano”, tal como acontece con la cultura o el deporte, entre otros. En este sentido, agregó que “se naturalizan otros dominios y explotaciones que son las que queremos superar”.
Desde su perspectiva, Abdala sostuvo que un movimiento sindical efectivamente democrático, clasista y de masas, que no incorpore las perspectivas de género, no es del todo clasista ni del todo transformador. ”Yo no soy del todo crítico y revolucionario si no actúo frente a las más diversas formas de violencia y discriminación”, sentenció.
PitCnt / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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6) “SOLO POR ESO, PORQUE ÉRAMOS MUJERES”
Por qué los crímenes sexuales han sido considerados efectos colaterales de las guerras y por qué es necesario construir justicia desde los feminismos.
«¡Violemos a sus caballos y huyamos en sus mujeres!», decían los Monty Python en un guiño a esa parte del imaginario colectivo que sabe que la frase está al revés.
Históricamente, la violencia sexual y de género se ha considerado una consecuencia más de la guerra. Como la destrucción de un puente. O como una crisis económica. Nunca como un delito en sí mismo que debe ser enjuiciado. Estos crímenes han sido entendidos tradicionalmente como un efecto colateral. No se les ha dado la misma visibilidad ni el mismo nivel de importancia que se ha otorgado a otras violaciones de los derechos humanos en estos contextos, como las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las masacres. Las desigualdades de género estructurales hacen que los conflictos armados tengan repercusiones desproporcionadas en las mujeres y en las niñas. También hombres y niños, aunque en menor medida, han sido víctimas de este tipo de violencia.
“Después de los golpes, vendada y atada me pasaron a la sala de tortura, me desnudaron, me manosearon, eran varios hombres que todo el tiempo decían que me iban a violar, luego me pasaron la picana eléctrica por el cuerpo, con especial ensañamiento en la vagina, los pezones, la boca y, por si eso no alcanzaba, después me violaron. En los años de la dictadura había un trato degradante con las mujeres. Solo por eso, porque éramos mujeres”, decía una de las testigos el libro Grietas en el silencio, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de estado en Argentina.
Corrían los años 70 en el Cono Sur latinoamericano. El terrorismo de estado secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas —enemigas internas las llamaban—En un proceso sin precedentes a escala mundial, Argentina se propuso juzgar a los torturadores que habían sembrado el terror de la Doctrina de Seguridad Nacional. Fueron juzgadas más de 900 personas, sin embargo, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, solo el 13 por ciento de esas sentencias abordan los delitos sexuales y de género de manera autónoma. Durante casi tres décadas estos crímenes han quedado bajo la figura penal de “tormentos”, cuando las investigaciones han demostrado que las prácticas de abuso, violación, tocamientos, violencia obstétrica y abortos forzados, entre otros vejámenes y humillaciones, fueron prácticas extendidas en todo el territorio argentino de forma sistemática.
El botín de guerra
Los méritos viriles de los guerreros vencedores, como la fuerza, el vigor corporal, el ímpetu o la potencia sexual son reconocidos y fortalecidos a través de la violación de las mujeres de los vencidos. Las mujeres han sido eso en todo el mundo y a lo largo de la mayor parte de la Historia: un botín de guerra. La relatora especial sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Rad-hika Coomaraswamy, señaló que asociar la violencia contra las mujeres a la protección y el honor refuerza los estereotipos de feminidad. Pues el paradigma del honor está vinculado a las las ideas de castidad, pureza y virginidad.
Por ejemplo, en Argentina los abusos sexuales se incluían dentro de las torturas que padecían los secuestrados y secuestradas en los centros clandestinos de detención. Esto fue hasta 2010, cuando por primera vez un tribunal enunció “que los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos y dirigidos contra ellas por su condición de mujer, en una clara intencionalidad discriminatoria”.
“Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras. Son innumerables los casos, forman parte de la cultura de la guerra y en esto no fue una excepción. Hubo muchas variedades. Y sí hubo un tratamiento diferencial entre secuestrados hombres y secuestradas mujeres, evidentemente”, dijo Silvia Labayrú, en 2013, en uno de los juicios del centro de detención clandestina más importante de la Argentina.
Lo simbólico de lo femenino
“La violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme, era para que yo escuchara, al punto que uno de esos días me hacen tocarla para ver que estaba colgada o atada, desnuda absolutamente, y juegan y hacen obscenidades y las relatan”, relata uno de los testigos —marido de una de las víctimas— que colaboró con la investigación argentina Grietas en el silencio.
Los cuerpos de las mujeres se posicionaron como el espacio sobre el que es posible castigar a los hombres, reforzando así la idea de que las mujeres son una pertenencia. A lo largo de la Historia la violencia sexual ha sido tratada como perjuicio del honor y nombre de la familia, en lugar de posicionar a las mujeres como sujetos de derecho.
Niños y hombres, aunque en menor proporción, también han sido —son— víctimas de estos abusos sexuales. El robusto aparato teórico y crítico que aportan los feminismos nos ayuda a entender el simbolismo y la subjetividad que pretenden estas tácticas practicadas también contra hombres. Derribar el patriarcado tiene muchos vértices. Uno de ellos es reflexionar sobre los pactos centrales de esta cultura hegemónica: la solidaridad elemental entre hombres. Otro punto interesante que mencionan las investigadoras del libro Grietas en el silencio son los valores del prototipo de héroe. En la tradición occidental un enemigo es un igual, hay que respetarlo. Quien degrada al otro se degrada a sí mismo, por lo que violar hombres es deshumanizar al enemigo. Es tratarles “como si fueran mujeres”. Destruir a los hombres “feminizándolos”. Como parte de los efectos de esa misma moneda, las violaciones masculinas rara vez se denuncian.
La filósofa india Gayatri Spivak afirma que la violación sexual es perpetrada por el grupo de los vencedores como “una celebración metonímica de la adquisición territorial”. Rita Segato, antropóloga argentina, continúa esa idea de la extensión territorial: apropiarse del cuerpo de las mujeres para usarlo, para abusar de él, es una expresión clara del poder de dominación que el agresor busca ejercer sobre el cuerpo de las mujeres.
La mayoría de las víctimas sufre en silencio. Las dificultades que experimentan las disuaden de denunciar o de buscar ayuda. Regularmente, marginadas y estigmatizadas, las posibilidades de que sus atacantes sean llevados ante la justicia son mínimas. En el libro Putas y guerrilleras, que escribieron las argentinas Olga Wornat y Miriam Lewin, se puso en evidencia el doble castigo patriarcal que pesaba sobre las víctimas de crímenes sexuales: sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se puso el “algo habrán hecho” para sobrevivir.
Guatemala
Demecia Yat de Xol tenía 28 años cuando fue forzada a esclavitud sexual y doméstica por los militares durante el conflicto armado guatemalteco. Eran los años 80. La pequeña aldea de Sepur Zarco fue considerada sospechosa de ayudar a la guerrilla. Fueron ferozmente atacados por el Ejército del General Ríos Montt. Masacres y desapariciones. Los soldados se llevaron a los hombres sus esposos, quemaron las casas. Las mujeres se quedaron sin nada y fueron llevadas al destacamento militar donde harían tareas sexuales y domésticas. Un soldado declaró cómo los oficiales les daban directrices : “Hoy van a degollar o a guindar con alambres, hoy violan a todas las mujeres. (…) Las ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en la vagina”.
A la edad de 61 años, doña Demecia se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, a la espera de un veredicto. Iba acompañada por otras diez supervivientes q’eqchi’es: las Abuelas de Sepur Zarco. Después de más de 30 años tendrían justicia. El Tribunal, en 2016, condenó a dos de los exoficiales que habían participado en su tormento a 120 y 240 años de cárcel. La Fiscalía también ordenó que continúen las exhumaciones hasta encontrar los restos de sus esposos.
Mercedes Hernández, directora de la asociación Mujeres de Guatemala, destaca que “la esclavitud sexual, como tal, no había sido juzgada en ningún tribunal local del mundo y no había sido juzgada tampoco en un contexto de conflicto armado, como ocurrió en el caso de Sepur Zarco”.
Bosnia
La guerra de Bosnia estaba en sus primeras etapas, allá por 1992. Elma tenía poco más de 20 años, estaba recién casada y embarazada de cuatro meses. “Los vi llevarse a mi padre y a mi hermano pequeño”, cuenta para Amnistía Internacionalen el relato de cómo sus vecinos mataron brutalmente a su familia. Ese fue el principio del terror. Después la llevaron a lo que se conocía como “campo de violación”. Un lugar donde los grupos de paramilitares que volvían de sus misiones violaban cada día de manera colectiva. “Me pegaban y me violaban, a mí y a otras jóvenes”, añade. Como consecuencia de la brutalidad perdió a su bebé y sufrió lesiones en la columna vertebral de las que nunca se ha recuperado.
Las estadísticas calculan que entre 20.000 y 30.000 mujeres sufrieron abusos sexuales durante el conflicto. Después de más de 20 años, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, solo ha condenado a 33 personas por estas violaciones. Ahora son los Estados nacionales los que deberían juzgar estos crímenes. Sólo un uno por ciento de los casos juzgados en Bosnia responden a violencia sexual.
Irak
Nadia Murad Basee y cientos de mujeres yazidíes —una minoría religiosa que el autoproclamado Estado Islámico considera infiel— fueron secuestradas de Sinjar, una región en el norte de Irak. Después vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo. “A esa práctica la llaman yihad sexual”, contaba Murad en 2018 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. En el grupo había unas 150 niñas, algunas de 10 y 12 años.
Las podían retener más, pero normalmente las vendían después de un día. Nadia Murad estuvo tres meses con el hombre que la secuestró. «Les pregunté por qué hacían eso con nosotras ¿Por qué mataron a nuestros hombres? ¿Por qué nos violan violentamente? Me contestaron: ‘Los yazidíes son infieles, no son un pueblo de las escrituras. Ahora sois botín de guerra. Se merecéis esto, sois infieles. Los yazidíes deben ser destruidos’”, decía Murad mientras denunciaba que esta situación continúa sucediendo. Ella consiguió escapar.
Colombia
“En la noche teníamos relaciones con civiles, a veces hasta con 12 hombres y en el día llegaban ellos (los paramilitares) del monte y nos encerraban. Nos daban almuerzo y agua, y no nos pagaban nada”, relatan su pesadilla de prostitución forzada y esclavitud sexual que duró aproximadamente un mes dos hermanas de 22 y 23 años fueron secuestradas en la Amazonia colombiana.
Ante la falta de comida y atención médica, enfermaron. Los paramilitares, entonces, “ordenaron que se fueran a otra zona, porque ya estaban muy feas”. Las llevaron a otro negocio donde además de prostituirse eran obligadas a realizar servicios domésticos. Fueron liberadas en junio de 2001 cuando cayó una granada en el nuevo lugar y tuvieron que transladarlas a urgencias donde pudieron contactar con la familia.
Durante el conflicto armado colombiano, a los paramilitares “se les impartían directrices orientadas a aleccionar, creando vergüenza y humillación, como barrer las calles, cortarles el cabello e imponerles horarios”. En los retenes de carretera separaban a las mujeres de los hombres y aprovechaban para violarlas. O se metían violentamente en las casas y se justificaban diciendo que aquellas mujeres que violaban estaban “ayudando a la guerrilla”.
Estos fueron algunos de los testimonios que permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir episodios de la guerra que vive Colombia hace más de 50 años. Sin embargo, muchas de las víctimas se han mantenido en silencio por miedo a represalias.
La legislación internacional
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos especialmente atroces e inhumanos que forman parte de un plan de ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Son cometidos por un Estado o una organización. En 1968 se aprobó la imprescriptibilidad de estos crímenes, es decir, no importaba el tiempo que pasase, siempre podrían ser denunciados. Varios países también establecieron que no podían ser objeto de amnistía o cualquier otra forma de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley. Para su enjuiciamiento existe el principio de jurisdicción universal, por el que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar a sus autores independientemente del lugar donde los crímenes fueron cometidos. Por ejemplo, bajo estas características fueron juzgados los delitos cometidos durante la dictadura en Chile de Pinochet, así como la llamada Querella Argentina trata de juzgar a la dictadura franquista.
La primera mención incluyendo la violación en estos crímenes nos lleva hasta la Cuarta Convención de Ginebra en 1949. Entonces la violación no fue considerada un crimen de guerra grave. Los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, por ejemplo, no reconocían explícitamente los delitos sexuales ni de género. No fue hasta después de las guerras de los Balcanes y Ruanda casi 50 años después (en 1998), que el Derecho Internacional definió mejor estos crímenes incluyendo prostitución forzada, embarazo forzado o esclavitud sexual. La primera sentencia que consideró la violación sexual como delito de lesa humanidad fue el caso Akayesu, en Ruanda, por las violaciones a las mujeres tutsi.
En 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU afirmó por primera vez que las formas de violencia sexual son crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad. Por esta resolución se reconoce la violencia sexual como táctica de guerra y como parte del impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad. Pero no fue hasta finales del año 2010, cuando se empezó a elaborar un plan concreto para acabar con la violencia sexual asociada a las situaciones de conflicto.
El papel de las víctimas
Entre la dicotomía de víctimas y actoras sociales. Ese es el papel atribuido a las mujeres en las guerras. Sobre todo por miedo a perpetuar su indefensión y vulnerabilidad al situarlas sólo como víctimas. Como si ser víctima fuese lo contrario a tener un rol activo en el tejido social o incluso ser agentes del conflicto en sí mismo.
Para la investigadora Luz Piedad Caicedo, el reconocimiento de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es además de un derecho, una oportunidad para redefinir los arreglos de género en la sociedad desde la lógica de la igualdad. “Ser víctima no es, desde una perspectiva de derechos, una minusvalía”, expresaba en una ponencia sobre el proyecto ‘Estrategias para la incidencia en judicialización de crímenes de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado colombiano’.
Para pensar los crímenes de lesa humanidad confluyen tres puntos: una persona con derechos, otra persona que los vulnera y un Estado con responsabilidades sobre la acción de vulneración que se cometió. Desde una perspectiva feminista, para que haya justicia, es necesario que los delitos cometidos contra las mujeres sean valorados en “igualdad de gravedad” que los perpetrados contra los hombres, que obtengan la misma atención y celo de investigación y que sean del mismo interés para toda la sociedad.
El primer paso para que las supervivientes de delitos sexuales y de género puedan obtener justicia son las investigaciones imparciales, oportunas y profesionales. Tienen derecho a contar su historia en un entorno seguro y propicio para su empoderamiento. Para que esto suceda las personas encargadas de investigar deben contar con las herramientas necesarias, como entender eufemismos o expresiones locales. Este análisis de contexto ayudará a resignificar política, histórica y jurídicamente los crímenes sexuales de los conflictos armados como parte de un plan y no como hechos aislados.
Estamos en camino, pero no es suficiente
Una mujer víctima de abusos sexuales durante la dictadura argentina, que no quiso hacer público su nombre, dijo que el tribunal provincial en el que estaba declarando no aceptó el delito que estaba denunciando. “No lo aceptaron como un ataque de violación”, explicaba como demostración de la poca predisposición judicial sobre el asunto.
El objetivo de juzgar estos crímenes contra la humanidad es la reparación. Por un lado la reparación institucional formal (material, como una ayuda económica, o simbólica, como un reconocimiento público) y, por otro lado, y dependiente de esta primera, de reparación psicológica. Es necesario que el sistema jurídico y la sociedad les den la suficiente credibilidad a las víctimas.
Para este año está previsto que en Argentina se realice el juicio específico ESMA-Delitos sexuales donde se juzgarán a represores que violaron o abusaron de mujeres detenidas en ese centro clandestino de detención. Ese juicio debía comenzar en el mes de marzo de este año pero se suspendió debido a la pandemia de la Covid-19.
Beatriz Hernández Pino / Pikaramagazine / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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