1) El TISA es un golpe de Estado económico mundial –
2) Audiencia en Roma por Plan Cóndor –
3) La maldición de la “liberación” de Iraq –
4) La Ruta de la Seda en América Latina –
5) El genocidio rohinyá –
POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 15 / Nº 722 / Lunes 8 de Junio de 2015 / REVISTA SEMANAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares / COMCOSUR — COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) El TISA es un golpe de Estado económico mundial
50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP
Carlos Enrique Bayo* (Público.es)
Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones.
El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.
El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.
Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).
Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.
Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores… algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.
Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.
Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.
Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales…
Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.
Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.
No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.
Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.
Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.
En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, “el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero”.
Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.
A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.
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*Director de Público.es, fue redactor-jefe de Internacional en la edición papel de este diario. Ha sido corresponsal en Moscú (1987-1992) y en Washington (1992-1996).Además, fue subdirector de La Voz de Asturias, director de publicaciones del Grupo Joly, subdirector y creador de Diario de Sevilla, redactor-jefe en Diario16 y El Periódico de Catalunya, y director adjunto de ADN
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2) Audiencia en Roma por Plan Cóndor reconstruyó el caso de Daniel Banfi, uruguayo torturado y asesinado en Argentina.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
“Nos llevamos los muchachos. Si no surgen pruebas, no pasa nada; si no, los llevamos a Uruguay”. Éstas son las palabras que Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, escuchó, pronunciadas por Héctor Campos Hermida, comisario uruguayo que se presentó en la noche del 13 de setiembre de 1974 en su casa del barrio Haedo, en la provincia de Buenos Aires. Coinciden con la última vez que vio a su marido, Daniel. Una mirada intensa entre los dos, de angustia y miedo, de algo irreversible. “No sabía que era la última vez que nos mirábamos”, declaró ayer Aurora delante de la Tercera Corte de Assise, en Roma, en el desarrollo del juicio por la causa del Plan Cóndor. Los imputados por las desapariciones forzadas y asesinatos de 23 ciudadanos italianos y 18 uruguayos son 31 (15 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y un boliviano).
Meloni reconstruyó para los jueces las circunstancias del secuestro de Daniel Banfi, de Rivera Moreno y de Luis Latrónica, los tres muchachos capturados en su apartamento aquella noche. Fue una casualidad que los tres estuvieran juntos. Rivera Moreno había ido a cenar con ellos y se había quedado a dormir, y Luis Latrónica, uruguayo exiliado en Chile después del golpe de Estado en Uruguay y que llegó a Argentina bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas en espera de ser trasladado a Suecia, vivía con ellos desde hacía un mes y medio. El allanamiento del apartamento de la pareja siguió el guion habitual: golpes, robos, preguntas.
Primero a Daniel, pero cuando los militares pidieron los documentos de todos los presentes y se enteraron de que en el mismo apartamento estaba Latrónica, uno de ellos dijo, según relata Meloni: “Metimos un gol desde la mitad de la cancha”. La suerte de los tres muchachos secuestrados esa noche se cruzaría con la de Guillermo Jabif y Nicasio Romero, capturados la misma noche y detenidos ilegalmente juntos. Todos ellos tenían militancia estudiantil más o menos cercana al Movimiento 26 de Marzo y habían dejado Uruguay para huir de la represión; terminaron en una detención clandestina que para tres de ellos acabó en la muerte.
La historia de estos cinco muchachos la cuenta Nicasio Romero, presente ayer en Roma, uno de los dos sobrevivientes del grupo y testigo en el juicio. Su testimonio es detallado y relata más de un mes de torturas, traslados, golpes, palizas y hambre: “Me aplicaron la picana eléctrica en los genitales. No tengo palabras para describirlo”. Estuvieron todo el tiempo vendados y amarrados, custodiados por argentinos e interrogados por uruguayos. Él y Rivera Moreno fueron liberados el 14 de octubre de 1974; los otros tres fueron asesinados y sus cuerpos fueron hallados el 29 de octubre en un campo en San Nicolás.
Después de innumerables trámites apareció un juez de apellido Luque, a quien Aurora había consultado varias veces, en su peregrinaje en busca de su marido, con un diario y la noticia del descubrimiento de tres cadáveres, y, a pesar de no tener ninguna prueba, declaró que entre los tres cuerpos se encontraba Banfi. El relato de Aurora Meloni y Óscar Bonilla, cuñado de Jabif, que fueron a reconocerlos, es estremecedor. Meloni y Bonilla llegaron a la morgue del hospital de San Antonio de Areco y encontraron tres cuerpos, dos en una mesa y uno en el piso, sin manos y con quemaduras de cal en todos lados, y reconocieron a Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica. 40 años transcurrieron antes de que Aurora pudiera contar en un juicio los hechos que marcaron de forma indeleble su vida.
Durante la audiencia, los abogados de las víctimas procuraron resaltar la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor, en particular las responsabilidades de los militares uruguayos. Al historiador Óscar Destouet se le pidió que explicara la documentación que encontró durante sus investigaciones y que definiera el Plan Cóndor. Respondió que se trató de “la coordinación entre diferentes estados de Sudamérica para el intercambio de información y de personas”, y que “actuó en forma secreta utilizando métodos ilegales y usando como vehículos de comunicación organismos del propio Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Para sustentar esta afirmación enumeró los diferentes organismos del Estado uruguayo que aportaron documentación para ese intercambio de noticias: ministerios, agencias de inteligencia, Dirección Nacional de Migraciones. Esos mismos organismos guardaron documentación sobre los hechos, informes de represores, documentos de viajes, crónicas de decisiones tomadas en el marco del Plan Cóndor. Se habló de Juan Carlos Blanco, José Nino Gavazzo, Jorge Néstor Tróccoli y de los tres grandes momentos operacionales planificados en Uruguay en contra de opositores residentes en Argentina: mayo de 1976 (secuestro y asesinatos de los dirigentes políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros); junio de 1976 y meses siguientes (persecución a integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo); diciembre de 1977 (represión a los Grupos de Acción Unificadora).
El profesor Destouet destacó que el Plan Cóndor actuó también antes de esas fechas: “Tiene un proceso fundacional en una reunión de jefes de inteligencia, en Montevideo en 1974, y se formaliza en noviembre de 1975 en un encuentro de ejércitos latinoamericanos en Santiago del Chile”. Los traslados, dijo Destouet, empezaron en 1974, y ese mismo año los miembros del Fusna de Uruguay y de la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina se entrenaron juntos. Ya en 1974 empezaron los traslados de ciudadanos uruguayos desde Argentina a Uruguay, como es el caso de Antonio Viana Acosta.
Fabio María Galiani, que en el juicio representa al Estado uruguayo -también querellante en la causa, junto a los familiares de las víctimas- destacó la complejidad de la materia que se está examinando y la necesidad de proceder paso a paso, para que el jurado pueda entender a fondo el tema y llegar a tener un conocimiento completo. “En la audiencia de hoy se aceleró ese proceso y se generó cierta confusión. A pesar de eso, logramos hacer emerger las cosas más importantes y producir actas y documentación que quedan a disposición del jurado”, destacó Galiani.
De hecho, la complejidad y el trabajo que conllevaron los testimonios de hoy hicieron postergar la declaración de Zelmar Michelini, hijo del legislador asesinado en Buenos Aires en 1976. La audiencia de hoy, viernes 5 de junio, se abrirá con sus palabras.
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3) La maldición de la “liberación” de Iraq
Pedro Rojo (Revista Pueblos)
Mucho se ha hablado estas pasadas semanas del viejo discurso que ha repetido Benjamin Netanyahu en el Congreso estadounidense. Ahora es Irán, pero en 2002 fue Iraq y su visión de un mundo sin Saddam: “Si se deshacen de Saddam, de su régimen”, los efectos en la región serán “enormemente positivos”. Netanyahu y los gobiernos occidentales sabían que no existían las armas de destrucción masiva ni el programa nuclear en el que se respaldaba este llamamiento del ahora primer ministro israelí. La realidad, doce años después, es un pueblo iraquí deshecho, con su estado en manos de milicias paramilitares sectarias a las órdenes de potencias extranjeras y el 30 por ciento de su territorio sometido a la barbarie de un grupo extremista que ha aprovechado el caos generado por la ocupación.
La estrategia de la ocupación estadounidense, más propia de un experimento ideológico ultraliberal que de un serio intento de aprovechar la aventura militar para expandir su influencia en la región, tuvo como resultado la “derrota estratégica” [1] de EEUU en Iraq, como reconoce Ali Khedery, asistente especial de cinco embajadores estadounidenses en Iraq y de tres directores del Comando Central entre 2003 y 2010. En aquel momento Irán era el epicentro del “Eje del Mal”, a pesar de lo cual se fraguó una estrecha colaboración en la gestión de los asuntos de Iraq a través de los partidos proiraníes, como Al Dawa (de los primeros ministros Al Yaafari, Maliki y ahora Haidar al Abadi) o el Consejo Supremo de la Revolución Islámica de Iraq y sus milicias Báder, que pasaron a ser en mayo de 2003 la columna vertebral de las nuevas fuerzas de seguridad del nuevo Iraq tras la disolución de todos los antiguos aparatos de seguridad y del partido Baaz, por orden de Paul Bremer, procónsul de la ocupación.
Con mucha inteligencia, paciencia y ningún escrúpulo, el régimen iraní fue desplazando en todas las esferas de poder a los estadounidenses. En las elecciones legislativas de 2010 el gobierno de Obama escenificó su derrota en la figura de su vicepresidente, Joe Biden, que viajó a Bagdad para defender a sus candidatos de la lista Al Iraquiya pero salió con el rabo entre las piernas con un escueto “no interferimos en los asuntos internos de Bagdad”. Como reconoce Khedery, “el gabinete de Maliki de 2010 fue ideado por los generales iraníes desde Teherán”.
La retirada de los militares estadounidenses en diciembre de 2011 permitió elevar el grado de sectarismo de las políticas del gobierno de Bagdad, sobre todo el castigo contra la minoría sunní. Esta opresión, sumada a la corrupción y la falta de servicios, desencadenó la Revolución Iraquí, que pedía el fin de la injerencia extranjera y la recuperación de la soberanía nacional. Esta revolución no tuvo el seguimiento mediático de la egipcia o la siria, que estallaría pocas semanas después: Iraq era una “democracia” y gozaba de “libertades” tal y como impuso el ocupante; el pueblo iraquí no tenía derecho a levantarse contra su gobierno.
Pero los iraquíes estaban cansados de ver cómo su rico y formado país era saqueado y destruido, cómo se les empujaba a sentirse ofendidos por sus vecinos de otra confesión religiosa, forzados a desplazarse a otras partes del país para agruparse por confesiones religiosas. La represión a sangre y fuego de esta revolución por el ejército iraquí la transformó en una revolución armada en enero de 2014. Washington estuvo jugando con una ambigüedad calculada para ver si la revolución podía servir de contrapeso a la influencia iraní en Iraq. La caída de Mosul en junio de 2014 significó la entrada de lleno en el conflicto del Daesh (Estado Islámico de Iraq y Levante).
Partida a tres bandas, pierde el pueblo iraquí
Como ha pasado con todas las revoluciones árabes, y sobre todo con las contrarevoluciones, el gran perdedor de la iraquí han sido los propios iraquíes. Al levantarse en armas contra el gobierno central y conquistar la mayor parte de las provincias al norte de Bagdad crearon un vacío de poder que aprovechó Daesh para volver a entrar desde Siria e ir controlando las ciudades que liberaban los rebeldes que marchaban hacia Bagdad. Por primera vez se atisbaba una posible solución a la caída en barrena en la que lleva envuelto el país de los dos ríos desde la invasión estadounidense. Bagdad estaba cercada por los consejos militares de los rebeldes que pedían un gobierno de unidad nacional y la refundación no sectaria de las fuerzas armadas. EEUU barajó esta opción en la Conferencia de Ammán (julio de 2014), donde reunió a buena parte de la oposición iraquí. Pero ya fuese la imposibilidad de imponer su plan para esta oposición, la falta de valentía política para reconocer el fracaso de su proyecto para Iraq o la lentitud a la hora de tomar una decisión, la realidad les superó y una vez más otros actores decidieron por los estadounidenses.
Tanto para Irán como para el EI la creación de un gobierno realmente representativo y fuerte en Bagdad es una amenaza. Para los primeros porque significaba perder el control de la política iraquí. Para los segundos porque saben que un ejército nacional que cuente con el apoyo de la población es la única forma de acabar con su presencia en Iraq [2] . En el verano de 2014 lo que pedían los rebeldes iraquíes a Occidente era que no interviniese, que dejasen a los iraquíes decidir su futuro. Tenían plena confianza en poder tomar Bagdad o, por lo menos, forzar al gobierno a negociar seriamente un proceso transitorio. En ese momento crucial, Daesh incrementa un grado más su presión a la opinión pública occidental para obligar a EEUU a implicarse en la guerra con la matanza de yazidíes y cristianos, pero sobre todo con un amago, poco serio, de atacar Erbil, la capital del Kurdistán iraquí y centro neurálgico de la inteligencia y los negocios internacionales de la zona.
El 8 de agosto Obama apuesta por la solución más fácil: entrar cosméticamente en el conflicto bombardeando desde el aire, sabiendo que lo único que haría sería perpetuar la violencia. Con un coste diario de 8 millones de dólares, los bombardeos se sabían insuficientes para acabar con Daesh sin una fuerza terrestre que luchase cuerpo a cuerpo con unos combatientes que rompen los parámetros del combate tradicional, ya que no sólo no temen a la muerte, sino que la buscan con acciones temerarias. Pero los efectos de estos bombardeos, más allá de aplacar la conciencia de la opinión pública yanqui, fueron el certificado de defunción de la Revolución Iraquí y, por lo tanto, la supervivencia de la ecuación sectaria que se retroalimenta: el gobierno sectario “chií” de Bagdad y su contrincante extremista “sunní” del EI.
La lucha contra el terrorismo ha rehabilitado al gobierno de Bagdad con una operación de cirugía plástica en la que se ha cambiado a Maliki por Abadi para que cambie la cara pero todo siga igual: bombardeos contra población civil y castigo sistemático contra la población suní. Para Daesh significó la tranquilidad de saber que en Bagdad seguiría un gobierno por el que la población local no se jugará la vida luchando contra su barbarie, pues la alternativa de volver a ser controlados por las milicias proiraníes no es más halagüeña que la sinrazón del califa Ibrahim, pero sobre todo logra un elemento fundamental para su campaña de reclutamiento internacional: ya no luchan sólo por el establecimiento de un califato islámico sino que combaten al gran Satán yanqui. En este río revuelto, quien ha salido perdiendo una vez más han sido la población iraquí y su revolución.
Lo acontecido después del 8 de agosto no es más que la acomodación de los actores externos sobre el terreno. Los iraníes y sus milicias, en el poder en Bagdad; el Daesh, en los territorios bajo su control (una extensión similar a Gran Bretaña), y la comunidad internacional con la conciencia tranquila porque están cumpliendo en la cruzada contra el terrorismo, aunque para ello refuercen una máquina de violación de los derechos humanos. Los 300 soldados que España ha desplegado en Iraq en febrero de 2015 van a entrenar a unas fuerzas de seguridad denunciadas por Naciones Unidas [3] y por Human Rights Watch [4].
Unas fuerzas de seguridad apoyadas en unas milicias sectarias que, según Amnistía Internacional [5], “actúan al margen de la ley y son una causa y un resultado de la creciente inestabilidad del país. Impiden cualquier posibilidad de crear unas fuerzas de seguridad que realmente defiendan a todos los sectores de la población”. Se trata de milicias comandadas por personajes como Hadi al Amari, parlamentario y líder de las Brigadas Báder, que lucharon en la guerra irano-iraquí en el bando iraní, o Abu Mehdi al Muhandis, líder de Hezbolá Iraq, condenado por el atentado contra la embajada estadounidense en Kuwait en 1983. Ésta es la fuerza de choque en la que Occidente confía para recuperar el territorio controlado por Daesh.
Los hechos son contundentes para quien quiera escucharlos: ejecuciones sumarias de población local tras liberar pueblos, como sucedió en Yurf al Sajr el 26 de octubre de 2014, destrucción de viviendas, decapitación de supuestos combatientes, etc. Para recuperar las zonas controladas por Daesh, mayoritariamente suníes, el gobierno de Bagdad ha creado una nueva milicia paramilitar, más cruel si cabe, Al Hashad al Shaabi (Movilización Popular) acusada por organizaciones internacionales de derechos humanos como HRW [6] de “aumentar la escalada de violación de derechos humanos y cometer posibles crímenes de guerra”. Pero la preocupación es mayor todavía por la orgullosa ostentación que hacen estas milicias de sus barbaridades colgando impunemente en redes sociales vídeos jugando con cabezas decapitadas o ejecutando a niños maniatados.
Es absurdo pensar que ésta es la solución, pues ya se ha mostrado fallida en lo militar: Beiyi, la única gran ciudad recuperada por las fuerzas de seguridad iraquíes (noviembre de 2014), volvió a estar a las pocas semanas en manos de Daesh. Y aunque la solución militar en marcha tuviese éxito contra Daesh, volveríamos al punto de partida si no se resuelve el problema político y social del rechazo de la población a las fuerzas de seguridad y al gobierno de Bagdad. El discurso público estadounidense asume que sin una solución política no se acabará con el problema, como reconoce la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf [7]: “no podemos ganar esta guerra matándolos.
Tenemos que ir a la raíz de las causas”. Pero los hechos dejan claro que se priorizan los parches a corto plazo antes que una solución real que pase por tener que presionar a Irán para que salga de Iraq. El presidente Obama, obsesionado por alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, no tiene problema en mantener a cambio el caos en la región, pero Europa debería negarse a combatir la barbarie con más barbarie, ya que sólo hundirá a Iraq a infiernos más profundos en una espiral que se extiende. Ni el aviso de Charlie Hebdo y Túnez ni la creciente presencia de Daesh en Libia, Argelia o Egipto han hecho cambiar la sumisa política europea y empezar a escuchar las demandas de nuestros vecinos árabes, pero las de sus pueblos, no las de los déspotas dirigentes que apoyamos.
Notas:
Khedery, Ali: “Iraq’s Last Chance”, en The New York Times, 15/08/2014. Ver en www.nytimes.com.
Así expulsaron a Al Qaeda de las ciudades iraquíes en 2007 y 2008 las tribus armadas en torno a los Consejos del Despertar. Ver: www.iraqsolidaridad.org/2009/docs/13_05_09_Pedro.html
“Human Rights Council convenes a Special Session on abuses committed in Iraq by ISIL”, 02/09/2014. Ver en
www.ohchr.org. Extracto: “Ha recibido informes de violación de derechos humanos y del derecho humanitario cometidas por las Fuerzas de Seguridad iraquíes y los grupos armados que luchan contra el Estado Islámico de Iraq y Levante, violaciones que incluyen ejecuciones arbitrarias de detenidos”.
“Iraq: Campaign of Mass Murders of Sunni Prisoners”, 11/07/2014. Ver en www.hrw.org. Extracto: “Se han producido asesinatos sectarios por parte del gobierno y de las fuerzas cercanas al mismo”.
“Iraq: Evidence of war crimes by government-backed Shi’a militias”, 14/10/2014. Ver en www.amnesty.org.
“Iraq: Militias Escalate Abuses, Possibly War Crimes”, 15/02/2015. Ver en www.hrw.org.
“We cannot kill our way out of this war”, 18/02/2015. Ver en www.msnbc.com.
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Pedro Rojo es arabista y presidente de la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe.
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4) La Ruta de la Seda en América Latina
Luis Nieto Pereira (OMAL/La Marea)
En la década pasada, los intercambios comerciales entre China y Latinoamérica se multiplicaron por 21
A lo largo de estos últimos años se ha ido produciendo un contacto creciente entre China y América Latina, en todos los ámbitos. En la década pasada, por ejemplo, los intercambios comerciales entre ambas regiones se han multiplicado por 21. El desembarco de China en territorio latinoamericano se ha caracterizado por el desplazamiento y la absorción de firmas privadas occidentales por gigantescas inversiones de compañías o consorcios estatales chinos. Todo ello impulsado por un sistema de flujos financieros de la banca pública china, que le permite a sus empresas desembolsar grandes sumas y a los gobiernos de la región, financiar inversiones sociales e infraestructuras. Entre 2005 y 2013, según el Instituto de Gobernanza Económica Global de la Universidad de Boston, China otorgó 102.000 millones de dólares en préstamos a América Latina.
A pesar de que China está comprometida con el desarrollo de un nuevo orden asiático a través de iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, no parece que esté descuidando la cooperación Sur-Sur. Y es que China se ha consolidado como el segundo socio comercial de América Latina, solo por detrás de Estados Unidos, amenazando con restar al país norteamericano su clásico protagonismo en la región.
China, la segunda mayor economía del mundo, ha encontrado en América Latina un excelente proveedor de las materias primas y los recursos energéticos que necesita para alimentar su voraz desarrollo. Así, a las importaciones del petróleo de Venezuela se le suman las del cobre de Perú y Chile y la soja de Brasil y Argentina. Además, tanto Chile como Perú han firmado tratados comerciales con China, mientras Colombia avanza en las negociaciones y Brasil ha mostrado interés en sumarse a estos acuerdos de “libre comercio”.
En el período 1990-2013, la inversión total de China en los diferentes países de América Latina ascendió a 51.000 millones de dólares. Estas inversiones se han concentrado especialmente en sectores como la minería, los hidrocarburos y la agricultura: entre 2010 y 2013 el 90% de la Inversión Extranjera Directa (IED) china tuvo que ver con los recursos naturales, cuando en términos totales de IED mundial en la región tan solo se dedicó el 25% a este sector. Hay que destacar, además, que las inversiones en petróleo y gas se realizan a través de cuatro empresas estatales, que han canalizado un flujo de inversión de 30.000 millones de dólares. También están en alza las industrias minera —con unas inversiones de cerca de 10.000 millones— y manufacturera —rondando los 2.000 millones—, un sector que va en aumento y produce la destrucción de la pequeña industria local.
El comercio entre ambas regiones se produce de la siguiente manera: América Latina exporta materias primas a China —por un valor de 112.000 millones de dólares en 2013— e importa del país asiático manufacturas de baja, media y alta tecnología. En 2014, el volumen comercial chino-latinoamericano llegó a ser de 263.600 millones de dólares; el valor del comercio bilateral se multiplicó 22 veces entre 2000 y 2014. Con todo ello, China ha desplazado a la Unión Europea como el origen de buena parte de las importaciones y el destino de las exportaciones, quedando solo por detrás de Estados Unidos. Hasta la fecha, los líderes latinoamericanos han apostado por esta relación económica porque estaban cosechando superávits comerciales con el aumento de los precios de las commodities; está por ver cómo va a evolucionar dicha relación ahora que el escenario ha cambiado y países como Perú, Argentina y Colombia registran déficit.
Introducción del yuan
Cuatro meses después de que Pekín reuniera a los presidentes de América Latina en el primer Foro de Cooperación China-CELAC, y prometiera 250.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos diez años, el viaje del primer ministro chino a la región intentó concretar importantes proyectos en diferentes sectores. Durante su visita a Brasil, Colombia, Perú y Chile —estos cuatro países representaron el año pasado el 57% del volumen de comercio bilateral entre China y América Latina—, Li Keqiang abonó la influencia china en la región a través del cumplimiento de dos metas fundamentales: la transformación del mapa económico latinoamericano para apuntalar el protagonismo de la región Asia-Pacífico y el impulso del yuan en territorio sudamericano a través de Santiago de Chile como plataforma.
El primer objetivo se alcanzó con los gobiernos de Brasil y Perú: se pondrá en marcha la construcción de una red ferroviaria de más de 5.000 kilómetros para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, con el fin de aumentar los montos y la velocidad de los intercambios comerciales con China. El segundo, por su parte, se impulsará con el lanzamiento de la primera plaza financiera del yuan en América Latina. De este modo, en medio de las urgencias que imponen unos precios de las materias primas a la baja, el gigante asiático se presta a aumentar su influencia en la región gracias a su demanda de commodities, su oferta de infraestructuras y su músculo financiero.
El proceso de desaceleración de la economía china, la crisis financiera global y las discusiones sobre el modelo de desarrollo en varios países de América Latina han llevado a la exploración de otras formas de relación y a plantear nuevos campos de cooperación entre ambas partes, que tienen que ver con su aplicación en el desarrollo productivo y la creación de nuevos proyectos conjuntos (joint-ventures) para producir en terceros países y para los mercados globales. Además, fuentes diplomáticas chinas sugieren que “China y América Latina deben incrementar su diálogo político sobre el devenir del mundo y el reordenamiento internacional, especialmente sobre los llamados bienes públicos globales, como el cambio climático, las transferencias de conocimiento, la preservación de la riqueza marina, entre otros”.
¿Nueva potencia colonial?
En los últimos años ha arreciado el debate sobre el papel de la presencia de China en América Latina. Los análisis tienden a polarizarse entre la mayoría de los gobiernos y los grandes grupos económicos, que lo ven como una oportunidad, y muchos movimientos sociales, colectivos ambientalistas, pueblos indígenas y pequeños empresarios, que ven en todo ello la repetición de la actuación de EE.UU. y la Unión Europea en el continente.
Los primeros se fijan, sobre todo, en el crecimiento económico registrado gracias a las materias primas, la llegada de capitales para infraestructuras y la reducción de su dependencia con respecto al mercado norteamericano, así como en que China no parece tener interés en subvertir el orden político de los países de la región. A su vez, las organizaciones que mantienen una postura crítica fijan su atención en el deterioro de la pequeña industria local debido a la competencia de la mano de obra china y la invasión de sus productos a bajo precio, que acelera procesos de desindustrialización; la excesiva especialización de la región en productos exportadores; el gran coste ambiental en deforestación, gases de efecto invernadero y uso de grandes cantidades de agua que representan muchos de estos proyectos; la conversión de sus países en altamente endeudados del crédito chino y el aumento del cultivo de productos transgénicos, entre otros.
No debemos olvidar, por otra parte, que la presencia de China en América Latina va acompañada de un aumento considerable de la represión que ejercen los gobiernos sobre aquellos que osan cuestionar y movilizarse en contra de esta situación, llegando a ser acusados de “enemigos de la patria” y de estar en contra del bienestar general del país. Los casos de represión contra las poblaciones peruanas que se levantaron contra proyectos mineros y en Nicaragua contra la pretensión de un nuevo canal interoceánico así lo ejemplifican.
Para estas organizaciones, América Latina corre el riesgo, además, de quedarse anclada en una especialización tradicional en bienes primarios, con pocas posibilidades de adquirir nueva tecnología y diversificar su producción exportadora, y con un alto coste en impactos sociales y ambientales que repercuten intensamente en la cultura propia de los países latinoamericanos. Así, una vez más, se plantea la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo que se quiere implementar, y cómo hacer compatibles los niveles de consumo e infraestructuras con la lucha contra la pobreza y la protección social y ambiental. Porque, vale la pena preguntarse, ¿es la relación de América Latina con China un nuevo modelo a seguir o es más de lo mismo?
Luis Nieto Pereira (@NietoLua) es coordinador de Paz con Dignidad.
LUNES 8 DE JUNIO DE 2015 – COMCOSUR
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5) El genocidio rohinyá
Ramzy Baroud (Countercurrents)
Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza
«No, no, no», fue la respuesta del primer ministro australiano, Tony Abbott, al ser preguntado si su país acogería a alguno de los 8.000 refugiados rohinyás a la deriva.
La lógica de Abbott es tan despiadada como su decisión de abandonar a la minoría más perseguida del mundo en su peor momento. «No piensen que subirse a una embarcación agujereada a instancias de un traficante de personas les va a hacer ningún bien a ustedes o sus familias», dijo.
Sin embargo, Abbott está lejos de ser el principal artífice del sufrimiento continuo de los rohinyás, un grupo étnico musulmán establecido en Myanmar o Birmania [1]. Todo el Sudeste Asiático es culpable. Estos países llevan años ignorando la terrible situación de los rohinyás. Mientras decenas de miles de rohinyás son sometidos a una limpieza étnica, sus pueblos incendiados y ellos trasladados forzosamente a campos de concentración y algunos convertidos en esclavos, Birmania es reconocida por varias potencias occidentales y asiáticas como una historia de éxito de una junta militar convertida en democracia.
«Cuando en 2011 Myanmar pasó de la dictadura a la democracia, la recién descubierta libertad de expresión dio voz a los budistas extremistas, que diseminaron el odio contra la minoría religiosa y dijeron que los musulmanes estaban asumiendo el control del país», informó Associated Press desde Rangún, la capital de Birmania [2].
Esa «recién descubierta libertad de expresión» ha costado la vida a cientos de personas, ha dejado sin bienes a miles, y «otros 140.000 rohinyás han sido expulsados de sus casas y ahora viven en condiciones de apartheid en campos de desplazados abarrotados».
Aunque uno pueda aceptar que la libertad de expresión invita a veces al discurso del odio, la idea de que la supuesta democracia birmana ha tenido como resultado la persecución de los rohinyás está absolutamente alejada de la verdad. Su sufrimiento interminable se remonta décadas atrás y se considera uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea del Sudeste Asiático. Cuando les fue denegada la ciudadanía en 1982 –pese a que se cree que son descendientes de comerciantes musulmanes asentados en el estado de Arakán [3] y otras regiones birmanas hace más de 1.000 años– su persecución se convirtió prácticamente en política oficial.
Incluso aquellos que se echan al mar huyendo de las penurias de Birmania tienen muy difícil encontrar la codiciada salvación. «En Myanmar se ven sometidos a trabajos forzados, no tienen derecho a la tierra y sufren grandes restricciones. En Bangladesh muchos también son extremadamente pobres, no tienen documentos ni perspectivas de empleo», informó la BBC.
Y dado que son muchas las partes interesadas en promover la ilusión del auge de la democracia birmana –un extraño punto de encuentro entre EEUU, China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)– pocos gobiernos se preocupan por los rohinyás.
A pesar de la reciente grandilocuencia de Malasia e Indonesia al anunciar su voluntad de acoger condicionalmente a los supervivientes rohinyás que llevaban muchos días varados en el mar, la región en su conjunto se ha mostrado «extremadamente hostil», según Chris Lewa, de la organización Arakan Project [4].
«A diferencia de los países europeos –que al menos hacen un esfuerzo para impedir que los migrantes del norte de África se ahoguen en el Mediterráneo– los vecinos de Myanmar se muestran reacios a prestar ayuda», dijo.
Seguramente el genocidio de los rohinyás puede haber ayudado a desenmascarar a falsos ídolos de la democracia como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi –que ha mantenido un descarado silencio, cuando no ha sido cómplice del racismo y las políticas violentas del Gobierno contra los rohinyás– pero ¿de qué sirve?
Las historias de los que sobreviven son tan desgarradoras como las de quienes mueren flotando en el mar, sin comida ni agua y, a veces, sin un destino claro siquiera. En un documental emitido a finales del año pasado, Aljazeera daba cuenta de alguna de estas historias.
«Muhibullah pasó 17 días en la embarcación de un traficante y vio cómo tiraban a un hombre por la borda. Al llegar a las costas de Tailandia lo metieron en un camión y lo descargaron en un campamento en la selva con cientos de refugiados y hombres armados, donde su pesadilla se intensificó. Atado a postes de bambú, dice que fue torturado durante dos meses para que su familia pagara un rescate de 2.000 dólares.
A pesar de las palizas habituales, él se sentía peor por las mujeres que eran arrastradas al bosque y violadas. Algunas fueron sometidas a la servidumbre por deudas, a la prostitución y forzadas al matrimonio».
Las organizaciones de derechos humanos informan de ese horror a diario, pero una gran parte no tiene cobertura mediática porque el sufrimiento de los rohinyás no es un «asunto urgente». Así es, los derechos humanos solo importan cuando van ligados a una cuestión que tiene un peso político o económico importante.
Sin embargo, de algún modo, los rohinyás se cuelan de vez en cuando en las noticias como ocurrió en junio de 2012 y los meses siguientes, cuando los budistas del estado de Rakhine cometieron actos de vandalismo, quemando pueblos y prendiendo fuego a sus habitantes bajo la mirada vigilante de la Policía birmana. En ese momento Birmania estaba siendo elevada al status de Estado no-paria con el apoyo y el respaldo de EEUU y los países europeos.
No es fácil vender Birmania como una democracia mientras la población es perseguida como si fueran animales, metida a la fuerza en campos deplorables y está atrapada entre el Ejército y el mar, y donde miles de personas no tienen más escapatoria que «embarcaciones agujereadas» y el mar de Andamán. Abbott tendría que investigar un poco antes de culpar a los rohinyás de su propia desgracia.
Hasta ahora, la jugada democrática ha funcionado y muchas empresas están abriendo oficinas en Rangún y preparándose para beneficios fabulosos. Todo ello mientras cientos de miles de niños, mujeres y hombres inocentes son enjaulados como animales en su propio país, abandonados en el mar o secuestrados en alguna selva cercana para obtener un rescate.
Los países de la ASEAN deben entender que las relaciones de buena vecindad no pueden basarse únicamente en el comercio, y que quienes violan los derechos humanos deben responder por sus actos y ser castigados.
No deberían escatimarse esfuerzos para ayudar a los rohinyás que huyen, y tiene que haber una verdadera presión internacional para que Rangún [5] abandone su exasperante arrogancia. Incluso si admitimos que los rohinyás no son una minoría clara –como sostiene el Gobierno birmano– eso no justifica la atroz persecución que han soportado durante años ni los actos ocasionales de limpieza étnica y genocidio. Minoría o no, son seres humanos que merecen plena protección bajo el derecho nacional e internacional.
No se está pidiendo a EEUU y sus aliados que ataquen o impongan sanciones, pero lo mínimo que uno debería esperar es que Birmania no sea recompensada por su democracia fraudulenta mientras trate con crueldad a sus minorías. De seguir siéndolo, las organizaciones de la sociedad civil deberían lanzar campañas de boicot a las empresas que realicen negocios con el Gobierno birmano.
En cuanto a Aung San Suu Kyi, su fracaso como autoridad moral ni puede entenderse ni puede perdonarse. Una cosa es segura: no merece el Premio Nobel, pues su actual legado no se corresponde en nada con el espíritu del premio.
Notas de la traductora:
[1] El nombre actual del país antes conocido como Birmania es República de la Unión de Myanmar, acortado como Myanmar.
[2] Rangún dejó de ser la capital del país en el 2005, desde ese año la capital de Myanmar es Naipyidó.
[3] El nombre oficial del estado es Rakhine, antiguo estado de Arakán.
[4] Arakan Project comenzó en 1999 como un proyecto de dos ONG con sede en Tailandia. En 2005 se estableció como una ONG independiente, Chris Lewa es su fundadora y coordinadora.
[5] En 2005 la sede del Gobierno de Myanmar fue trasladada a la actual capital del país, Naipyidó.
LUNES 8 DE JUNIO DE 2015 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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