1) Privatización del agua para riego y aprobación de semillas transgénicas en la agenda del gobierno.
2) Uruguay: 809 policías cada 100 mil habitantes
3) Relación con el Ejecutivo «cambió radicalmente» con nuevo gobierno, dice SCJ
4) Viuda de Roslik, madre y diputada
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2013 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 20 de Marzo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Privatización del agua para riego y aprobación de semillas transgénicas en la agenda del gobierno.
Federico Gyurkovits (La Diaria)
Las diferencias que hubo en el Poder Ejecutivo comandado por José Mujica, que impidieron reformar la Ley de Riego para habilitar la privatización del agua con fines productivos y aprobar nuevos “eventos” transgénicos, parecen haberse disipado. Tabaré Vázquez les dio luz verde a ambas iniciativas. Con este respaldo expreso y la nueva conformación ministerial, Tabaré Aguerre tendría el campo despejado para avanzar en ambas áreas.
Fuera de ella, nada
Con los cambios introducidos en la reforma de 2004, el artículo 47 de la Constitución declara en el inicio: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. Define también que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales”.
Luego, en el primero de sus cuatro puntos, establece las bases en las que deberá apoyarse la política nacional de aguas: ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza; la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. En dicha planificación se establecerán las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Se establece además que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Y se remarca: “Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto”.
El punto 2 dispone: “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. El punto 3 asigna a figuras jurídicas estatales la tarea de brindar los servicios de abastecimiento de agua potable para consumo humano de manera exclusiva y directa. Finalmente, habilita a que con los tres quintos de votos de cada cámara legislativa se podrá autorizar por motivos de solidaridad el suministro de agua potable a terceros países.
Cuando el 2 de diciembre Vázquez comunicó quiénes integrarían su futuro gabinete, además de todo lo noticioso que la información significaba, permitió intuir algunos cambios de rumbo en torno a determinados temas que durante el gobierno de Mujica, pero no necesariamente por la oposición del ex presidente, estuvieron frenados, o mejor dicho, fue posible dejarlos en suspenso, pese a la presión ejercida desde sectores políticos y empresariales: la aprobación de nuevos eventos transgénicos (semillas de maíz y soja, básicamente) y el envío al Parlamento de una nueva Ley de Riego. De acuerdo con la información obtenida por la diaria, la norma habilitaría la privatización y la comercialización del agua por fuera del aparato estatal, iniciativa que se promueve, entre otras cosas, como la llave para mejorar la productividad del cultivo estrella de la década frenteamplista: la soja transgénica.
Mantener a Aguerre al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a todo su equipo fue la señal más fuerte en este sentido, pero no la única, ni suficiente como para asegurar el éxito. Hay urgencia. El crecimiento económico del país entre la primera presidencia de Vázquez y la segunda se debe en buena medida a la explosión comercial de la soja, que pasó de algunas pocas decenas de miles de hectáreas plantadas en 2005 a más de un millón en la temporada 2013-2014, cifra que se pretende superar en la temporada que está en marcha.
Para solventar parte de los proyectos sociales, las expectativas están atadas a que el boom sojero se potencie. Con la actual normativa, los márgenes son pocos. Desde el sector empresarial se considera y se defiende la tesis de que con nuevas variedades de semillas transgénicas habilitadas y con la oportunidad de poder recurrir a los shocks de riego que necesita la soja -en su etapa intermedia de crecimiento, o ante situaciones de sequía- la productividad del cultivo, ya alta, podría mejorar, y que de mantenerse estables los precios de exportación, el gobierno le podría volver a colocar la cocarda de gran campeona del crecimiento y el desarrollo económico del país.
Nadie niega este dato. Pero muchos sí sus consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. Dejando de lado el cambio productivo que provocó en la agricultura y otros sectores, el hecho de que la soja haya contribuido a hacer desaparecer emprendimientos pequeños y familiares, haya sumergido al negocio de la miel, entre otros, y tenga un impacto ambiental considerable son factores que determinan que no todo el oficialismo mire el cultivo con tanta simpatía; y en muchos casos, con cero.
La designación de Rodolfo Nin Novoa como titular de la cancillería supuso la otra señal fuerte en esta dirección. Todo indica que el ex vicepresidente no opondrá la resistencia que significó Luis Almagro para la aprobación de nuevos elementos transgénicos en el marco del Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio), tarea en la que el canciller del gobierno de Mujica contó con el respaldo técnico sanitario de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que junto con los de Industria, Energía y Minería (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y el MGAP conforman ese grupo de trabajo de alto nivel. El Gnbio fue creado por Vázquez mediante decreto en 2008.
Germina
La tensión entre las dos posturas centrales en el Gnbio, aquella que ponía reparos al incremento de eventos transgénicos y la que no, alcanzó su punto máximo entre fines de 2013 y agosto de 2014, cuando finalmente se aceptaron diez de los 11 eventos que estaban en trámite. El único que se rechazó contenía informes negativos en cuanto al impacto en la salud por parte de los técnicos del MSP.
De esos 11 eventos, nueve eran para cultivares, ensayos o producción de semilla. Esto significa que no tenían destino comercial y, por lo tanto, no era necesario que la Comisión de Gestión del Riesgo (CGR) -organismo asesor del gabinete- llevara a cabo análisis y consultas sobre eventuales daños a la salud humana. Por eso, entre los técnicos de la CGR había acuerdo en habilitar nueve semillas modificadas genéticamente, cuyo destino no era el consumo humano ni animal.
A esa decisión se llegó con un malestar planteado por Almagro por la forma de proceder y de dar la discusión en la interna del gabinete acerca del modelo país al que se apuntaba con la apuesta por los organismos genéticamente modificados (OGM). También hubo intentos de rediscutir la orientación por parte del titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que entendía que el avance de las semillas y los cultivos transgénicos imponía, por la vía de los hechos, una redefinición de los enclaves territoriales sin que hubiera evaluación de por medio.
Las semillas del Pepe
Los nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales (dos para exportación, una para investigación y otra para cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características en 19 años. De las 16 habilitadas para consumo humano o animal (soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).
Con perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno consecutivo de esa fuerza política.
El debate que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) pretendía instalar en el grupo de trabajo interministerial sufrió un primer revés en 2012, cuando el gabinete aprobó determinados eventos sin esperar el pronunciamiento de los funcionarios de cancillería. Como en ese momento se obvió la firma de la cancillería, y al no concretarse una discusión de fondo, Almagro decidió no firmar ningún otro documento de aprobación de eventos.
Junto a las semillas experimentales que esperaban aprobación había otras dos variedades, cuyos fines eran comerciales. Fuentes técnicas que integran la estructura del Gnbio indicaron que esos dos eventos “sí necesitaban informe de evaluación de riesgo de salud, porque van para el consumo humano y/o animal”. Uno era la soja BPS-CV127-9 y el otro, el maíz 89034 x MON 88017. Desde el MSP se recomendó no firmar ninguno de estos dos productos. En el primer caso, porque la cartera no contaba con los técnicos necesarios para realizar las evaluaciones; en el segundo, porque se necesitaba más tiempo, ya que, si bien había un informe, como no era concluyente, se necesitaba mayor grado de certeza.
A finales de 2013, los titulares del MGAP, del MEF y del MIEM firmaron los 11 eventos, mientras que el del MVOTMA sólo suscribió los nueve no comerciales. Los titulares del MRREE y del MSP no estuvieron presentes en esa sesión del gabinete, por lo que se resolvió que se les haría llegar los documentos respectivos. En enero de 2014, los documentos llegaron al MSP para completar el trámite; al menos eso parecía, porque todos los eventos también estaban firmados por la cancillería, lo cual llamó la atención en virtud de la posición que había comunicado Almagro de no firmar nada. Según las fuentes consultadas por la diaria, el funcionario que dio el aval habría sido el vicecanciller Luis Porto, que había tomado posesión del cargo en mayo de 2013, en sustitución de Roberto Conde. Desde el MSP se resolvió reenviar toda la documentación al MRREE luego de firmar sólo para las nueve semillas experimentales.
Todo indica que hubo un ida y vuelta entre las autoridades de la cancillería, ya que los trámites, que parecían haber concluido, en realidad quedaron en suspenso, hasta que en agosto de 2014 el MGAP retomó la iniciativa y comenzó a recabar las firmas nuevamente, dejando sin efecto las actuaciones anteriores. En esta oportunidad, las gestiones de Aguerre derivaron en la habilitación de las nueve variedades para ensayo y producción de semillas, así como también una de las comerciales (la soja BPS CV 127-9), estando aún bajo análisis la de maíz MON 89034XMON88017, ya que nuevos informes del MSP alertan sobre eventuales daños en la salud de las personas y los animales que la consuman.
El subsecretario del MGAP, Enzo Benech, se encargó la mayoría de las veces del lobby político dentro del Frente Amplio (FA) y del gobierno , tarea que Aguerre nunca habría podido culminar con éxito. Lo hizo, por ejemplo, llamando por teléfono a funcionarios de la cancillería, para intentar que Almagro cambiara su actitud y les pusiera su sello a los nuevos eventos. “Nuestra posición era que no queríamos seguir incrementando las semillas con fines comerciales”, resumieron fuentes que trabajaron en la cancillería. Entre los argumentos por la negativa que recibía Benech estaban los riesgos sanitarios, algo que en el MGAP se considera que no existe. “Ellos sostienen que no está demostrado que los OGM hagan daño a la salud”, agregó uno de los ex funcionarios consultados.
En agosto de 2014, “la presión política” terminó consiguiendo su objetivo, y la cancillería firmó los que serían los últimos eventos aprobados del gobierno de Mujica, decisión formalizada en octubre.
Abre el grifo
En enero, durante el lapso en el que Mujica se estaba yendo y Vázquez estaba entrando, se dieron varias señales sobre otro de los temas que marcarán un cambio filosófico entre la segunda y la tercera administración del FA. En este caso se trata del agua y su uso destinado al riego mediante la privatización, un tema al que tanto Mujica como su ministro Aguerre dedicaron muchas ponencias y discursos, aunque sin lograr implementarlo como habrían querido.
“Estudian habilitar a privados la venta de agua para riego”, tituló una nota el diario El País el 28 de enero, que consignaba, entre otras cosas, que la idea del nuevo sistema de riego “la lanzó Aguerre en diciembre de 2013, cuando presentó el proyecto Estrategias Asociativas de Riego. En abril de 2014 el ministro volvió a hablar del tema. Durante el Consejo Agropecuario Nacional, realizado durante la Expoactiva de Soriano, se refirió a los planes para el ‘segundo piso de Uruguay’ para el período 2015/2030”.
En realidad, el proyecto ya había sido escrito durante ese período, pero la oposición ejercida desde el MVOTMA y la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), dependiente de esa cartera, evitaron su envío al Parlamento. Fuentes que integraron esos organismos durante la gestión de Mujica indicaron a la diaria que Beltrame se negó expresamente a poner su firma para darle ingreso. El rechazo a la iniciativa se basó en parte en “cuestiones jurídicas”: se alegó que con esa redacción se estaba modificando el espíritu y la forma del artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004 con 64,5% de respaldo ciudadano, que consagra la protección del medio ambiente y en especial del recurso agua.
Incluso Beltrame habría hecho saber que estaba dispuesto a renunciar si la iniciativa era puesta a consideración del Legislativo aun sin su firma. Pero se trataba de una secretaría de Estado que había cambiado su titular en junio de 2012 (Beltrame por Graciela Muslera), y una nueva sustitución traería más problemas políticos que soluciones, si se tiene en cuenta a su vez que ambos jerarcas eran de la fuerza política que Pepe construyó, el Movimiento de Participación Popular. “El proyecto proponía reformas a la ley de riego, pero incursionaba en cuestiones que eran competencia del MVOTMA”, indicaron las fuentes.
Por goteo
Con esta iniciativa, el gobierno de Vázquez intentará terminar lo que Mujica no pudo, tal como lo dio a entender irónicamente Aguerre, cuando el 6 de diciembre -a cuatro días de haber sido confirmada su continuidad en el cargo- dijo, durante el Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas, en Paysandú, que lo que no había podido hacer “este ministro” lo tendría que culminar “el futuro ministro”. O sea, él. Dijo: “Hemos enviado un proyecto, que está a estudio del MVOTMA que modifica la ley de riego”.
La norma apuesta a la inversión privada para la creación de grandes represas que permitan un mayor suministro de agua que el actual, mediante pequeñas represas. Además de la construcción, los privados estarán habilitados para el almacenamiento y la venta del líquido a terceros. “Falta mucho conocimiento científico para determinar el impacto que puedan tener estas represas. De hecho, hay algunas señales negativas de lo que ha sido el impacto de las represas, embalses y tajamares dependientes en los cauces de los ríos Santa Lucía o Negro”, indicaron las fuentes, para agregar que la puesta en marcha del proyecto podría alterar los cursos y los caudales hídricos.
Entusiasmado por el respaldo de Vázquez, en Paysandú Aguerre se animó a contar en qué ríos está pensando. Según lo consignado por El Telégrafo, el ministro remarcó que la cuenca más agrícola del Uruguay, la del río San Salvador, “se está llenando de pequeñas represitas que se hacen para poner dos o tres pivotes. En realidad, si hacemos tres grandes represas en la naciente del San Salvador, lo que vamos a hacer abriendo la válvula en el verano es cambiar el caudal que naturalmente tiene ese río, de 1.100 o 1.200 litros por segundo, a 12.000 o 15.000 litros por segundo”. Y, como a la pasada, le mojó la oreja a la Dinagua, organismo que esencialmente se encarga del control y la preservación de los caudales: “Tendrá como problema 9.000 litros de agua por segundo más que lo que tiene hoy para otorgar el permiso de toma de un riego que hoy está agotado”.
Benech le confirmó a la diaria que el proyecto “ya está redactado, con algunas modificaciones”, aunque no fue posible precisar cuáles y si éstas recogen parte de las preocupaciones esgrimidas en su momento por el MVOTMA y la Dinagua.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE MARZO DE 2015
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2) Uruguay: 809 policías cada 100 mil habitantes
(Caras y Caretas)
Un reporte que presentará la CAF constata que Uruguay es el país con más policías por habitantes de América Latina. El acto se realizará a las 18:00 horas y contará con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Según el Reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en Uruguay se reportaron 6,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que para Argentina fue de 5,5, para Chile de 3,5 y en el caso de Brasil fueron 22,0. El reporte, que este año se titula “Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir el crimen y controlar el delito”, hace un análisis seguridad ciudadana y delito en todo América Latina.
Uno de los datos más llamativos es que en Uruguay hay 809 policías por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte en el país con más policías por persona de América Latina. Guatemala es el país con menos efectivos ya que posee 170 cada 100 mil habitantes y el promedio general de todos los países analizados es de 368.
A pesar de que es posible pensar que un aumento en la cantidad de policías sería favorable para la reducción del crimen, es necesario “determinar la relación causal entre el tamaño de la policía y el crimen es difícil porque las ciudades y los países con mayores niveles de criminalidad tienden a tener fuerzas policiales de mayor tamaño, resultando muchas veces en una asociación positiva entre delitos y cantidad de policías”.
Aumentar la cantidad de policías sí es efectivo para reducir los niveles de inseguridad ciudadana, según la evidencia que cita el informe, pero eso no significa que se deban contratar más y más efectivos hasta que el delito desaparezca por completo. “Para diseñar políticas públicas eficientes hay que conocer la magnitud del efecto de la policía sobre los distintos tipos de crímenes, y comparar los beneficios de la reducción del delito con los gastos necesarios para contratar más policías”, agrega el informe de la CAF.
Presentación del reporte
Con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi y de Gladis Genua, Directora Representante de la CAF en Uruguay, se realizará un seminario y la presentación del informe a las 18:00 horas en el Hotel Sheraton. También habrá un panel con comentaristas entre los cuales se encuentran el candidato a la Intendencia Álvaro Garcé; el director del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, Javier Donnangelo y especialistas internacionales.
Se puede acceder al reporte completo aquí: http://bit.ly/1BBvmMh
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3) Relación con el Ejecutivo «cambió radicalmente» con nuevo gobierno, dice SCJ
(El Observador)
El presidente Tabaré Vázquez recibió este jueves a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Durante la campaña electoral, Vázquez ya se había reunido con los ministros de la Corte
La relación entre la Justicia y el gobierno de José Mujica fue turbulenta. Pero eso “cambió radicalmente” con el nuevo gobierno, según expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, a la salida de una reunión con el Poder Ejecutivo.En el encuentro de los ministros de la SCJ con el presidente Tabaré Vázquez, el mandatario dejó en claro que quería comenzar «un relacionamiento totalmente armónico» entre ambos poderes, dijo a la prensa el ministro Ricardo Pérez Manrique, quien agregó que el primer encuentro luego de la asunción de esta administración fue «muy bueno».
«Con ese espíritu de colaboración, de diálogo adulto, honesto y con la convicción de que los dos poderes tenemos que trabajar en conjunto para superar todas nuestras diferencias es que salimos con un espíritu muy optimista de esta reunión, sin ninguna solución concreta, porque esta es la primera reunión de trabajo, pero sí con caminos para empezar a transitar», agregó el presidente de la SCJ.Uno de los temas centrales que se discutió en la reunión fue la condena de la jueza Josefina Tommasino Ferraro a la SCJ y al Ministerio de Economía a pagar un reajuste salarial del 26% a los funcionarios judiciales y actuarios, el cual estaba aprobado en la ley de presupuesto que comenzó a regir en enero de 2011.
Los ministros ya habían señalado la incapacidad de pago del Poder Judicial, pero el presidente de la SCJ envió un mensaje de tranquilidad a los acreedores, puesto que «si la Corte no puede pagar, el deudor solvente es el Ministerio de Economía», que también quedó condenado por la sentencia.De todos modos, Chediak dijo que los ministros tendrán que «tener en consideración la situación económica del país» y en ese sentido plantearon «la posibilidad de ir saliendo gradualmente» del «diferendo salarial».
Si bien el ministro de Economía Danilo Astori aseguró que el Ejecutivo apelará el fallo de la jueza Tommasino Ferraro, la SCJ aún no ha analizado si lo hará. Tienen tiempo para hacerlo hasta el 13 de abril.Otros pedidosLos ministros también volvieron a solicitar que se aumentara el presupuesto para el Poder Judicial, que por ahora se mantiene en el 1,2%. Si bien Manrique aseguró que no se habló de porcentajes, la «meta máxima» que tiene el Poder Judicial es alcanzar en un futuro el 2%.
También se puso sobre la mesa la posibilidad de comenzar a aplicar gradualmente el nuevo Código del Proceso Penal para que empiece a regir de a poco en diferentes puntos del país. En principio su aplicación debe comenzar en todo el país en enero de 2017.Los ministros tienen previsto volver a reunirse con Vázquez en abril, para continuar el diálgo y avanzar en las negociaciones.
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4) Viuda de Roslik, madre y diputada
(180.com)
Entrevista de Joel Rosenberg en No Toquen Nada, Océano FM.
María Cristina Zavalkin -viuda del médico Vladimir Roslik asesinado en la dictadura- asumió como diputada y quiere ser alcaldesa de San Javier. Creó una fundación con el nombre de su marido y tiene a su cargo una policlínica, un CAIF y un hogar de ancianos. Lo hizo para mantener presente el recuerdo de Roslik, ya que su asesinato nunca se aclaró. «Nos asustábamos cuando Pepe Mujica decía que esto se iba a saber cuando tengamos los pies para adelante. Le estoy dando la razón, probablemente, yo ya no lo vea, capaz que mi hijo tampoco», señaló.
María Cristina Zavalkin es conocida en San Javier como Mary Roslik. Es viuda del médico de San Javier Vladimir Roslik, cuyo asesinato en 1984 fue el último cometido por la dictadura militar. El caso fue archivado y el asesinato quedó sin resolver. Es segunda suplente de Contante Mendiondo, diputado del Frente Amplio por Fray Bentos, y hoy participó de la Asamblea General por la bancada Bicameral Femenina, con motivo del día de la mujer. Además, es candidata a alcalde de San Javier y creadora de la Fundación Vladimir Roslik, que colabora con Policlínica de FEMI, el CAIF local y también el Hogar de Ancianos.
JR: ¿Por qué la convocaron?
Accedo gracias al compañero Mendiondo, que es el titular. Es una jornada especial por el día de la mujer y estoy parada en el despacho 232 por primera vez en mi vida. Antes estuve una vez, en un homenaje a mi esposo en el salón de los pasos perdidos.
¿Está luchando en San Javier para ser alcaldesa?
Sí, no soy una mujer política, si bien estos 30 años trabajé a través del voluntariado y por mi esposo hice varias iniciativas en San Javier. Ahora estoy jubilada, me invitaron unos compañeros, estoy incursionando en la política y veremos cómo nos va.
¿Qué prioridades tiene San Javier?
Hay tantas prioridades como en todos los pueblitos del interior. Yo siempre menciono a San Javier porque nací y me crié ahí. La mayor parte de mi vida estuve ahí, pero todo los pueblitos del interior necesitan trabajo, comunicación, remarcar la figura de la mujer. En el interior las mujeres no tenemos tantas oportunidades, como esto que se me da a mí de venir acá. Siempre estoy luchando por la mujer, porque digo que somos mejores administradoras que los hombres. Una mujer sola con la casa puede llevar el hogar, los hijos y trabajar sola. Pero un hombre trabaja fuera de la casa y ya se complica. Habrá casos especiales, pero en general es así.
Usted por la desgracia que le tocó vivir se quedó sola con su hijo de cuatro meses. Primero administró su casa, pero después fue a más con la fundación Vladimir Roslik.
Por vía legal, el asesinato de mi esposo nunca se aclaró y ahora se archivó. Entonces, una forma de mantenerlo en la memoria colectiva fue a través de la fundación, una ONG. Hace 30 años un voluntariado en un pueblito tan chico era una cosa rara, recién ahora la gente reconoce lo que es. Todo empezó con una placita, donamos el terreno donde iba a ser nuestra casa. Después pasamos a la policlínica y después pasamos a más, administramos un CAIF y ahora estamos con un hogar de ancianos. Es decir, trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente.
¿Al CAIF le pusieron «Galuski»?
Sí. Nosotros sufrimos una persecución étnica por ser descendientes de rusos. Los comunistas verdaderos eran de apellidos criollos comunes y los que éramos de apellido ruso éramos sospechosos, no sé de qué. Yo hice la denuncia ante la ONU por persecución étnica. Entonces, por eso todos los emprendimientos que hago llevan nombres rusos, por eso el CAIF se llama Galuski, que significa «palomitas» y el hogar de ancianos se llama «Valodia», que es el diminutivo de Vladimir. Acá casi nadie le decía doctor, todos le decían Valodia. Él tenía mucha empatía con la gente, era uno más del pueblo.
¿Imagino que la fundación está muy integrada al pueblo, porque el asesinato de su esposo los marcó?
Sí, el pueblo se hizo conocer a partir del asesinato de mi esposo. A todos lados que voy, la gente lo asocia con eso. Por eso siempre trato de rescatar su memoria, porque Vladimir tuvo una vida, era una excelente persona. Nacido en un chacra, criado en el campo, un médico rural de aquella época, atendiendo partos en el monte sin luz ni agua. Quiero rescatar esa parte, porque todos se acuerdan del asesinato.
¿Ese asesinato no tuvo el camino que ustedes esperaban en la justicia por el archivo?
No, siempre nos asustábamos cuando Pepe Mujica decía que esto se iba a saber cuando tengamos los pies para adelante. Le estoy dando la razón, probablemente, yo ya no lo vea, capaz que mi hijo tampoco, pero quizás mis nietos sepan cómo fue todo. Por mientras trabajo con la fundación, también hice un libro y ahora, hace cuatro años, estamos trabajando en una película. Cosa de que quede asentado todo lo que pasó. Estamos trabajando con Raindogs, los que hicieron Anina. Ellos dicen que para el 2016 va a estar pronto, pero es difícil hacer todo, siempre hay problemas de recursos. Queremos que no se pierda la historia.
En No Toquen Nada tuvimos un ciclo de investigación periodística y conversamos con los periodistas Juan Miguel Petit y Alejandro Bluth, que fueron los dos que en el 84 le contaron al Uruguay y al mundo cómo fue el asesinato de su esposo.
Sí, se la jugaron y me acompañaron mucho en ese momento. Pero después las cosas fueron cambiando y tomamos distintos rumbos.
¿Usted cuándo toma el rumbo político?
Lo que pasa es que yo siempre fui simpatizante del Frente, después lo conocí a Vladimir. Lo conocía a Seregni cuando era jovencita, cuando fue de visita a San Javier. No soy fanática, pero me siento más identificada con el Frente Amplio que con los otros partidos. Me parece que va para el lado de la gente, los necesitados, y me gusta más.
Hijo metalero
Valery Roslik tenía 4 meses cuando su padre fue asesinado, el 16 de abril de 1984, en el batallón de Fray Bentos. Hoy, toca la guitarra en la banda de metal «Vademekhum». Antes tuvo otra y ambas surgieron en su casa. «Los tengo al lado de mi dormitorio. Estuvieron tocando en un concurso en BJ este fin de semana. Los voy a ver y antes, cuando eran más chicos, hasta los ayudaba a acarrear las cosas y todo», contó Ma.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE MARZO DE 2015
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