1) De Sarajevo a Ankara
2) Insumisos contra el ejército de Syriza
3) Italia: El largo declive de los sindicatos
4) Argentina: El sindicalismo al desnudo
5) Autoritarismo vs. derechos humanos en Nicaragua
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 804 / Miércoles 21 de diciembre de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) De Sarajevo a Ankara
Atilio Boron (Alai)
El creciente protagonismo de Rusia es motivo de enorme preocupación para las mal llamadas “democracias” occidentales, en realidad un conjunto de sórdidas e inmorales plutocracias dispuestas a sacrificar a sus pueblos en el altar del mercado. Preocupación porque luego de la desintegración de la Unión Soviética Rusia fue dada por muerta por muchos sesudos analistas y expertos de Estados Unidos y Europa.
Sumidos en su ignorancia y cegados por el prejuicio olvidaron que Rusia había sido, desde comienzos del siglo dieciocho bajo el cetro de Pedro el Grande y, sobre todo, durante el reinado de Catalina la Grande al promediar ese mismo siglo, una de las principales potencias europeas cuya intervención solía inclinar la balanza en los permanentes conflictos entre sus vecinos occidentales, especialmente el Reino Unido, Francia y el Imperio Austro-Húngaro.
Olvidarse de la historia invariablemente termina produciendo groseros errores de análisis como los que hoy atribulan a los estrategos occidentales.
La Revolución Rusa y el derrumbe del zarismo provocaron un transitorio eclipse del protagonismo ruso que muchos pensaron sería definitivo. Sin embargo, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y el papel crucial en ella desempeñado por la Unión Soviética, amén de su formidable recuperación económica de posguerra, hicieron que Moscú volviera a ocupar su tradicional rol arbitral en el concierto internacional.
Durante casi medio siglo el sistema internacional tuvo la marca del bipolarismo, con Occidente y el (otra vez) mal llamado “mundo libre” de un lado y la Unión Soviética y sus aliados en el otro. Con la fulminante implosión de la URSS hizo que muchos creyeran que, ahora sí, Rusia desaparecería para siempre y que lo que se venía era “un nuevo siglo americano” signado por el incontestable unipolarismo de Estados Unidos, liberado de su tradicional adversario soviético y con China aún lejos de ser lo que llegaría a ser pocos años más tarde.
La réplica de la historia fue demoledora. Tal como lo asegura Eduardo Febbro en su nota del pasado domingo en Página/12, “ no hay terreno donde el Rey Putin no haya vencido a sus adversarios: aplastó la revuelta en Chechenia, ganó en Siria, anexó Crimea, impidió militarmente que los independentistas ucranianos pasaran bajo la influencia europea, impuso su orden en Georgia y en Osetia, y, encima, logró desestabilizar desde el interior a las mismas democracias europeas con una acertada política de financiación de partidos y movimientos de diverso orden ideológico. Diecisiete años después de haber llegado a la cima del poder este tímido ex teniente coronel de los servicios secretos, el KGB, es la figura mayor del Siglo XXI.” [1]
La alianza de Rusia con China y la posterior incorporación de Irán y la India, más el astuto acercamiento con Turquía representa el “peor escenario posible” para la declinante hegemonía global de Estados Unidos, según Zbigniew Brzezinski, el principal estratega de Washington.
El asesinato de Andrei Karlov en Ankara tiene dos propósitos inocultables: uno, dificultar que Turquía -sede de la impresionante base aérea norteamericana de Incirlik, con una dotación permanente de unos cinco mil hombres de la Fuerza Aérea de Estados Unidos- sea atraída hacia Moscú privando a la OTAN de una locación clave para cerrar, desde el Mediterráneo Oriental, el cerco contra Rusia que comienza en el Norte con los países bálticos.
Dos, hacerle saber a Rusia que Occidente no se quedará de brazos cruzados mientras Putin se fortalece y prestigia poniendo fin al caos que Estados Unidos y sus aliados produjeron en Siria y que no pudieron o no quisieron solucionar.
Lo de Karlov bien puede ser una provocación que, como el asesinato del Archiduque Francisco de Austria en Sarajevo, en 1914, podría precipitar una guerra si es que la parte afectada –Rusia- reaccionara impulsivamente. Pero si algo ha demostrado un personaje tan controvertido como Putin es que puede ser acusado de cualquier cosa, menos de ser un atolondrado. Más bien se trata de un actor muy cerebral y reflexivo, un hombre que juega con asombrosa frialdad en el caliente tablero de la política mundial.
El crimen perpetrado en Ankara fue un claro mensaje mafioso dirigido a Moscú. Por eso el jihadista que perpetró el asesinato fue ultimado, sellando su boca para siempre. Los servicios occidentales son expertos en eso de reclutar supuestos radicales para perpetrar crímenes que sostienen la continuidad del imperio.
– Dr. Atilio A. Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: twitter.com/atilioboron Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=596730002
[1] “Los éxitos de Putin le quitan el sueño a la Unión Europea”, www.pagina12.com.ar/9576-los-exitos-de-putin-le-quitan-el-sueno-a-la-ue
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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2) Insumisos contra el ejército de Syriza
Enric Llopis (Rebelión)
Antimilitaristas griegos denuncian persecuciones, juicios, multas y redadas policiales
“¡No contéis con nosotros!”. Cuatro insumisos griegos de las ciudades de Tesalónica y Ioannina –Alexis Kosmas, Vangelis Zikos, Mijalis Tolis y Chrysanthos Stathas- firmaron en septiembre de 2011 una declaración colectiva contra el militarismo. “No contéis con nosotros, somos vuestros enemigos sociales y de clase”. A sus casas fueron a buscarlos con una instancia oficial –con los sellos y marcas del ejército, rúbricas de los militares- para convertirlos en soldados. Ellos se negaron a formar parte de una “maquinaria asesina”, a ser carne de cañón o un número más de lo que la Geopolítica llama tratados de paz o de guerra. No querían tampoco proteger las patrias y las fronteras, pues estas dividen a los seres humanos, según argumentaron. Se remitían a las ciudades-estado de la antigüedad, en las que los esclavos no tenían por qué luchar por los intereses de sus dinastías, sino que, por el contrario, tenían todo el derecho a rebelarse.
El servicio militar obligatorio se introdujo en Grecia en 1911. Actualmente se estipula en nueve meses para todos los varones mayores de 18 años (este plazo se amplía en la armada y la fuerza aérea). Mientras el Estado griego desarrolla el ejército profesional, el Parlamento aprobó en 1997 una ley que reconocía teóricamente la Objeción de Conciencia e introducía la prestación social sustitutoria, actualmente de 15 meses en la mayoría de los casos. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional 2015-2016 califica este servicio alternativo en Grecia de “punitivo” y “discriminatorio”; y recuerda que la justicia penal militar continúa procesando a quienes se niegan a realizar la “mili” y el servicio civil alternativo. Los insumisos se exponen a condenas de hasta dos años de prisión, además de fuertes multas.
Mijalis Tolis es insumiso a los ejércitos desde mayo de 2011, y considera que la “mili” es uno de los pilares del poder de la patria y el capitalismo. Participa en grupos antifascistas, el sindicato de repartidores y vive en una “okupa” de Ioannina, ciudad del noroeste griego situada a 65 kilómetros de la frontera albanesa. En el Ateneo Libertario del Cabañal (Valencia) ha presentado el documento de 30 páginas “Militarismo en tiempos de Syriza”, publicado por el colectivo por la insumisión de Ioannina, Xupoluto Tagma (Batallón Descalzo). Pese a que los activistas del grupo son civiles, critica Mijalis Tolis, quienes se sientan ante el banquillo por no realizar el servicio militar son juzgados por tribunales castrenses. “Si te cogen una primera vez te juzgan y como la pena resulta inferior a dos años, no ingresas en la cárcel; pero te pueden detener, y juzgar de nuevo; y así sucesivamente…”. Tolis ya suma dos condenas a ocho y diez meses de cárcel, y otras dos multas por valor de 6.000 euros cada una, a las que van agregándose los intereses. Esto sucede, lamenta, mientras los salarios en los trabajos menos cualificados no alcanzan los 500 euros. En cuanto a la prestación civil, afirma que no es realmente “alternativa” ni “sustitutoria”; reviste, por el contrario, un carácter “vengativo”, dura seis meses más que el servicio militar y en muchos casos se realiza en una ciudad que no es la de residencia.
Tras una primera condena en el Tribunal Militar de Rouf (Atenas) en 2014, Tolis fue juzgado en mayo de 2015 por el mismo delito en el Tribunal Militar de Ioannina. Mientras el primer caso se hallaba en fase de apelación, se juzgaba de nuevo al insumiso por el mismo delito, “para garantizar la persecución continua a los negadores del ejército”, destaca la página Web libertadeconciencia.espivblogs.net, que da cuenta de los procesos judiciales contra los insumisos. Uno de los argumentos de la defensa fue que no se juzgaba a personas, sino las ideas y acciones antimilitaristas; se destacó asimismo que teóricamente Syriza –la “administración izquierda del Estado burgués”- pretendía eliminar las sanciones administrativas de 6.000 euros. Durante el juicio, el acusado mencionó las “acciones criminales” perpetradas históricamente por el ejército griego, así como la participación del Estado heleno en la guerra de Yugoslavia. Sometido a juicio militar en octubre de 2015 en Ioannina, el antimilitarista Iasonas K. hizo públicas sus razones: “El ejército quiere hacerme un hombre correcto, es decir misógino, homofóbico y transfóbico, competitivo y violento; prefiero que me saquen mis dientes que gritar ‘cerdos de Skopie’ (Macedonia) y ‘piel muerta de albaneses’”; además, “el ejército griego está convirtiendo al Egeo en una tumba marítima”.
En junio de 2015, el insumiso anarquista Thanos Chatziangelou negó la legitimidad de la instancia que le juzgaba, el Tribunal Militar de Rouf: “Vosotros sois servidores del Estado y enemigos de la sociedad, defendéis los intereses del capital local y transnacional”; fue condenado a diez meses de cárcel y una suspensión de tres años. La Oficina Europea para la Objeción de Conciencia (EBCO) también denunció en el verano de 2015 el juicio “injusto” seguido en el Tribunal Militar de Apelación de Atenas contra el objetor Dimitris K. Sotiropoulos, de 48 años, que resultó condenado a diez meses de prisión. El documento “Militarismo en tiempos de Syriza” enuncia la explicación que subyace al cúmulo de casos: “En la época de Syriza, el Estado griego, el ejército y el militarismo actúan a todo gas”. El colectivo Batallón Descalzo no sólo se refiere a persecuciones, juicios, multas y castigos económicos, cita asimismo “redadas a los domicilios de objetores, sin órdenes judiciales”. Una de ellas se produjo el 20 de mayo de 2015, cuando la policía helena se presentó en la vivienda familiar de Th. Nedelkopoulos, en situación de búsqueda y captura y acusado de evitar el reclutamiento. La misma acusación le supuso, un mes después, una pena de 16 meses de cárcel a D. Chatzivasiliadis, objeto además de una tercera multa por valor de 6.000 euros.
El documental “Libertad de conciencia”, realizado en 2009 por el colectivo Alfalfa, se retrotrae a ejemplos anteriores, como el de Mijalis Maragrakis, primer objetor de conciencia en Grecia por razones no religiosas. Ingresó en prisión en marzo de 1987. En la época se fraguó un importante movimiento de apoyo a Maragrakis, en Grecia y en el extranjero. En abril de 1988 entró en la cárcel otro objetor a la milicia obligatoria, Thanasis Makris. Organizaciones y movimientos que se mostraban divididos ante otras causas, hicieron un frente común, apoyado por entidades como la Oficina Europea para la Objeción de Conciencia, la Internacional de Resistentes a la Guerra o Amnistía Internacional. Mijalis Maragrakis llegó a emprender tres huelgas de hambre, con una duración total de 140 días (la primera se prolongó durante más de dos meses). Andreas, insumiso griego y miembro del grupo Alfalfa, critica que desde 2009 el Estado griego no haya cambiado las leyes y el modelo. “Sólo se han modificado los plazos, pese a gobernar un partido ‘progresista’”.
Se define de manera directa, “comunista libertario”. Mijalis Tolis apunta que el gobierno de Syriza –en el poder desde enero de 2015- ha decidido poner “parches” y facilitar determinados “arreglos”, para ganar tiempo y no “quemarse” con los objetores hasta las elecciones de 2019. ¿Proliferan los ejemplos de insumisión en Grecia? “Puede haber una decena de casos al año”, lamenta el activista. El hecho de que al frente del Ministerio de Defensa esté Panos Kammenos, del partido derechista Griegos Independientes, no es lo decisivo: “Hay formado un gobierno de coalición con Syriza, no cabe establecer esas diferencias”. De sus dos condenas, la que se le impuso durante el mandato de Tsipras (diez meses en 2015) es superior a la pena que afrontó durante el anterior gobierno conservador (ocho meses, en 2014). Además, el gasto público en Defensa se situó en el 2,6% del PIB en 2015, frente al 2,3% en 2014. El gasto público en Defensa per cápita también escaló de los 383 euros por habitante en 2014 a los 422 euros por habitante en 2015. Como ejemplo del creciente peso del ejército, menciona los centros de acogida y campos de reubicación para personas refugiadas. “Grecia está participando en la guerra de Siria”, afirma en conversación previa a la presentación del texto “Militarismo en tiempos de Syriza”.
Pero participar no implica necesariamente situarse en primera línea de combate, puede hacerse también vigilando las fronteras de la UE. Es lo que hace Grecia. Mijalis Tolis puntea antecedentes decisivos como el ingreso del país en la comunidad europea, en 1981; y en la OTAN, en 1952. Además de estos compromisos, en 2012 Grecia levantó una valla –rematada con alambres- de 10,3 metros de longitud y cuatro metros de altura en el río Evros, en el noreste del país (frontera con Turquía). “El vallado lo financió el Estado griego y lo construyeron los gobiernos anteriores, pero Syriza no lo ha retirado”, resalta Tolis. La estrategia de frontera cerrada ha forzado a que inmigrantes y refugiados busquen rutas alternativas por mar, y tengan que pagar a las mafias. Pero sobre todo hay un coste en vidas humanas. Según el Observatorio Internacional de las Migraciones, entre enero y diciembre de 2016 perdieron la vida en el Mediterráneo 4.733 migrantes y refugiados, 1.127 más que en el mismo periodo de 2015. “Cada vez más reclutas son enviados a la frontera norte de Evros, donde la agencia Frontex y el muro limitan el flujo de inmigrantes y refugiados creados por el Estado griego y sus aliados”, se afirma en el texto “Militarismo en tiempos de Syriza.
Después de dos “rescates” de la economía helena, las negociaciones del ejecutivo de Tsipras con la Troika alcanzaron un punto decisivo en el verano de 2015. La crisis de la deuda y la austeridad causaban estragos entre la población. Proliferaron entonces los análisis sobre la evolución del gasto militar. El economista y miembro del consejo científico de ATTAC, Eduardo Garzón, subraya que el gasto militar griego entre 1995 y 2011 suponía más de la cuarta parte (26,3%) de la deuda pública del país en 2011. El economista añade que el gasto militar en Grecia superó en ocasiones el 3% del PIB, mientras que la media de la UE se situaba en el 1,2% del PIB. Todo ello, al tiempo que el Estado heleno poseía más vehículos blindados que Alemania, Francia e Italia juntos, y quintuplicaba la ratio de soldados por habitante de España. Grecia llegó a ocupar la cuarta posición en el elenco mundial de compradores de armas en 2007 (antes de la crisis). Entre la ristra larga de irregularidades y tejemanejes, figuran los del exministro de Defensa y padre fundador del PASOK, Akis Tsojatzopoulos, condenado a 20 años de prisión por blanqueo de dinero y corrupción. Se le implicó, por ejemplo, en la aceptación de sobornos por parte de las grandes compañías de armamento, y en oscuros episodios como la compra de cuatro submarinos a la empresa alemana Ferrostaal.
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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3) Italia: El largo declive de los sindicatos
Fabrizio Burattini (Viento Sur)
La fuerza creciente de la clase trabajadora, consecuencia del desarrollo económico que, en la postguerra, transformó a Italia en la segunda potencia industrial europea, combinada con la debilidad de una burguesía italiana marcada por la derrota de su aventura fascista, tuvo como subproducto que las organizaciones sindicales se transformaran en una especie de “institución” capaz de condicionar profundamente la vida del país.
Como en otros países europeos, su punto culminante fue en los años 1970, cuando la fuerza estructural de la clase obrera se combinó con una extraordinaria movilización política y social. Desembocó en importantes conquistas (fuertes alzas salariales, mejora del mecanismo de escala móvil de salarios, un sistema de convenios colectivos nacionales que unificaron las condiciones del mundo del trabajo, un estatuto de derechos individuales y sindicales en las empresas). Pero este escenario ya no es el nuestro de hoy día.
Colaboración y declive
La burocracia sindical, ya a final de los años 1970, adoptó una línea moderada que condujo a la dramática derrota de 1980 de los trabajadores de la Fiat, seguida de un período de derrotas sucesivas, con la destrucción de los consejos de fábrica y la aceptación pasiva de las reestructuraciones de producción, provocando un debilitamiento progresivo de las estructuras sindicales.
En los años 1990 se desarrollaron sindicatos llamados “de base”, en primer lugar el RdB (hoy día USB) presente en la función pública, después los COBAS, presentes en las escuelas públicas, y otras muchas siglas (CUB, SiCOBAS, UniCOBAS, etc.).
La política de las organizaciones sindicales mayoritarias, lejos de cualquier orientación de clase, se expresó esos años en la pretendida “concertación” con el poder político, con la utópica pretensión de promover una política de comparación y de orientación de las rentas de todos los italianos, con el fin de reducir la inflación para poder formar parte de la zona euro. Naturalmente, los únicos en pagar los gastos fueron los asalariados/as.
Esta crisis de los sindicatos confederados, aunque provocó la pérdida de muchos cuadros hacia los sindicatos de base o el desenganche de su actividad, no se tradujo paralelamente en una pérdida del número de afiliados. Así la CGIL, principal sindicato italiano cuyo número de afiliados ha oscilado siempre entre 5,5 y 6 millones, aunque la mitad sean jubilados. Son por tanto sindicatos fuertes organizativamente, pese al declive implacable de la tasa de sindicalización entre los trabajadores activos, que ha pasado del 50 % en 1975 al 39 % en 1990, para alcanzar el 32 % hoy día.
El grupo dirigente de la CGIL, histórica y burocráticamente ligado al Partido Comunista, y después sucesivamente al PDS, a las DS y ahora al PD (sobre todo a su ala izquierda), ha adoptado en los diez últimos años una línea cada vez más seguidista respecto a la política liberal dominante, por no hablar ya de la CISL y del UIL abiertamente favorables a las decisiones del gobierno y de la Confindustria.
Incapacidad para combatir la austeridad
Prácticamente todas las confederaciones, aunque de diferentes maneras, han sido las defensoras de la política de austeridad en el seno del mundo del trabajo, favoreciendo la desmoralización y la división. Hemos llegado a una situación en que, a la hora de renovar convenios nacionales de trabajo, las direcciones sindicales firman acuerdos que reducen los salarios y aumentan las horas de trabajo, dejando a los patronos plena libertad en la gestión de la mano de obra y salarios.
Las últimas acciones de lucha de la CGIL a nivel nacional han sido la manifestación y la huelga de otoño de 2014, para mostrar su oposición al “Jobs act”, que consiguieron un éxito, pero a las que la dirección sindical no ha querido dar ninguna continuación, permitiendo así al gobierno suprimir el estatuto del trabajo. El mismo escenario se ha reproducido durante la lucha de los enseñantes contra la contrarreforma de la escuela.
No se ha hecho nada para oponerse a las distintas leyes que facilitaban el saqueo del territorio, los nuevos recortes en salud y en todos los servicios públicos. Así, la CGIL, pese a su valoración crítica, no ha organizado ninguna movilización social contra la ley presupuestaria para 2017, que confirma la línea neoliberal del gobierno.
Un No pasivo
Sobre la contrarreforma institucional, la CGIL después de muchas vacilaciones, se ha pronunciado en contra… pero se ha negado a organizar iniciativas públicas significativas. Peor aún, la CISL (católica) y la UIL (PD) se han alineado abiertamente entre los apoyos de la contrarreforma.
En los años que van de 1999 a 2011, la FIOM (Federación de trabajadores de la metalurgia de la CGIL) se ha diferenciado de los otros aparatos sindicales, participando en las manifestaciones de Génova contra el G8, contestando muchos acuerdos firmados por la CISL, la IUL y también la CGIL, oponiéndose a la FIAT (actualmente FCA) dirigida por Sergio Marchione… Pero esta diferenciación, que había suscitado muchas esperanzas entre los trabajadores, se ha ido borrando progresivamente con su nuevo líder, Maurizio Landini. Hoy día, la FIOM, fuera de declaraciones más radicales, no se distingue en nada de la política negociadora del resto de sindicatos tradicionales.
La pasividad de la cúspide de la CGIL es combatida por una pequeña corriente interna de izquierda “El sindicato es otra cosa”, presente en particular entre los metalúrgicos. Pero en la pasada primavera la FIOM efectuó un viraje, excluyendo a una quincena de delegados de la FCA, adheridos a la corriente “El sindicato es otra cosa”… y culpables de haber organizado huelgas en la empresa sin el aval de la dirección sindical. Hace algunas semanas, el líder de esta corriente, Sergio Bellavita, fue despedido por la CGIL y por la FIOM, porque era culpable de haber defendido a los delegados excluidos. Esta difícil situación ha provocado una discusión complicada en la corriente, con una fractura entre quienes, como Bellavita, considera que ya es imposible quedarse en la CGIL, y apoyan la necesidad de continuar la actividad sindical en la USB, y quienes creen necesario y posible continuar la batalla interna en la CGIL, cara al próximo congreso confederal previsto para finales del próximo año.
Los elementos de un sindicalismo de clase
Por un lado, tenemos a las tres confederaciones sindicales que, sobre el papel, tendrían todavía la posibilidad y las fuerzas para suscitar amplias movilizaciones, pero que están a remolque y/o son los mercenarios del gobierno y de Confindustria. Y por el otro, los sindicatos de base que, aunque avanzan un programa reivindicativo válido, no han conseguido reforzarse de manera significativa y no están en condiciones de construir una movilización de conjunto. Disponen de una presencia en algunos sectores (empleados públicos, transportes, logística, y algunas fábricas), y son capaces de organizar huelgas locales o sectoriales, pero no ya para avanzar un paso más importante, incluyendo la construcción de un proceso unitario.
No es menos cierto que, en estos últimos meses, las únicas movilizaciones antigubernamentales entre los trabajadores han sido organizadas por los sindicatos de base, en particular por la USB, la fuerza más estructurada adherida a la Federación sindical mundial –con la huelga nacional del 21 de octubre y con la manifestación del “No Renzi Day” del 22 de octubre que reunió en Roma a millares de personas– y por la CUB, que forma parte de la Red Sindical internacional, y que ha organizado el 4 de noviembre una huelga nacional, con dos manifestaciones de varios miles de personas en Nápoles y en Milan.
Nuestra organización trabaja por la convergencia entre las diferentes componentes del sindicalismo de clase, la interna en la CGIL y las externas. Es uno de los ejes políticos fundamentales de nuestra actividad, pero la tarea es ardua. La crisis de lo que ha sido en las pasadas décadas el sindicalismo más fuerte de Europa occidental continúa, y sólo una enérgica recuperación de las luchas por la base parece poder detenerla.
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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4) Argentina: El sindicalismo al desnudo
Diego Genoud (Le Monde Diplomatique)
El actual escenario de inflación, despidos y tarifazos empujó a las centrales sindicales a la calle y las confirmó como interlocutoras sociales. Pero este protagonismo, al mismo tiempo, dejó al descubierto sus propios límites: la fragmentación entre las centrales dificulta el planteo de un plan de lucha unificado y las muestra desorientadas frente al nuevo gobierno.
Un factor de poder que sobrevivió a todo y se revitalizó durante los últimos 12 años frente a un nuevo poder político que ganó las elecciones cuando pocos lo esperaban. Los trabajadores argentinos sindicalizados frente al primer presidente que no es peronista y llega a la Casa Rosada desde el mundo empresario. La película podría ser taquillera y tendría como protagonista principal al gremialismo si no fuera por las divisiones y los traumas que arrastra.
La devaluación del 40%, los despidos y el tarifazo que marcaron los primeros meses de Mauricio Macri potenciaron el cuadro de demandas insatisfechas de los asalariados, entre las que se destacan el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación, el impuesto a las ganancias y el trabajo en negro.
Con el fondo de una fenomenal transferencia de ingresos que afectó el salario real, el sindicalismo argentino debutó en la calle con una movilización multitudinaria por el Día del Trabajador que lo confirmó como interlocutor social y evidenció su fortaleza, pero al mismo tiempo mostró sus diferencias de criterio.
La aspiración a la unidad
El veto del Presidente a la ley antidespidos sancionada por el Congreso volvió a dejar a la dirigencia desnuda. Mientras que las dos CTA respondieron con el llamado a un paro nacional, las tres CGT acentuaron su proceso de introspección que, en el mejor de los casos, redundará en una conducción única durante el período que va del Comité Central Confederal del 3 de junio al Congreso normalizador del 22 de agosto.
“El movimiento obrero disperso no tiene una estrategia común frente al debate social en estos meses de ajuste. Tenemos que recuperar la unidad de la CGT para superar los movimientos tácticos y pensar en el mediano y largo plazo”, dice Héctor Daer, el sindicalista de Sanidad que actúa en su doble condición de diputado nacional y mano derecha de Carlos West Ocampo, emblema de “los Gordos”. Daer fue electo en 2013 con la boleta por el Frente Renovador pero el debate de la ley antidespidos lo alejó del campamento de Sergio Massa. Su nombre es uno de los que suenan para encabezar la nueva conducción de la CGT en una fórmula de unidad que incluya a su lado a un representante del ala moyanista: el combativo Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra o Juan Carlos Schmid, el histórico compañero de Moyano que hoy lidera la poderosa CATT, la cámara que reúne a los gremios del transporte.
Hugo Moyano, el jefe de la CGT Azopardo durante la última década, parece replegarse hacia el mundo del fútbol y dejar su tarea en manos de su hijo mayor. Después de haber activado cinco paros nacionales contra Cristina Kirchner y de haber apoyado a Mauricio Macri en el último turno electoral, no estará a cargo de la ofensiva contra su gobierno.
“El sindicalismo está hiperfragmentado. La división es mucho más profunda de lo que pensamos. Hay una ruptura política interna que es fuerte y eso no permite avanzar hacia espacios de unidad. La unificación de la CGT puede ser formal pero no implica que puedan avanzar juntos”, dice la socióloga e investigadora del Conicet Ana Natalucci, dedicada al estudio del proceso de revitalización del sindicalismo peronista en los últimos años.
La unidad de los dirigentes también parece darse en el campo de las dos CTA. Después de tener posturas antagónicas durante la era kirchnerista, Pablo Micheli y Hugo Yasky volvieron a actuar en conjunto como la variante más dinámica del sindicalismo. Sin embargo, la historia reciente los separa y los pone en situaciones muy distintas ante sus bases. “Tenemos profundas diferencias pero supimos dejarlas de lado en función de las necesidades de los trabajadores”, repite Micheli, principal abanderado de la unidad y promotor de un paro nacional de todas las centrales sindicales contra el gobierno de Macri que, por ahora, parece muy lejos.
El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, es uno de los que creen que la anunciada nueva conducción unitaria será, sobre todo, un producto de la rosca y que no saldará las diferencias políticas.
Heterogeneidad laboral y política
El movimiento sindical parece desorientado ante un Presidente que en público se muestra más amable que Cristina Kirchner, pero que tampoco cede a sus reclamos. Aunque los recibe, los convoca al Consejo del Salario y no los ataca en sus discursos, Macri vetó la ley antidespidos en cuestión de horas. La reforma del impuesto a las ganancias, la gran promesa electoral de Cambiemos para el sindicalismo, sigue afectando a los trabajadores mejor pagos. “El impuesto golpea más ahora que antes, por lo menos en mi actividad, donde pasaron a pagar más de 20 mil bancarios que antes no pagaban. Los que tuvieron una solución temporal, ahora con el acuerdo salarial están pagando lo mismo que en diciembre, incluso más”, dice Palazzo.
La Bancaria tiene afiliados a 70 mil de los 106 mil trabajadores bancarios que hay en el sistema y, según sus estimaciones, hoy 80 mil tributan Ganancias. El gremio firmó una de las paritarias más altas desde que comenzó el año –35 % en una sola cuota– y fijó el salario inicial en 20.500 pesos por mes. “El mínimo no imponible de un soltero está en 18.800 pesos, es decir que todo soltero que ingresó a trabajar está afectado”.
El sindicato que obtuvo el aumento salarial más alto del año fue, por tercer año consecutivo, el de Aceiteros, que conduce Daniel Yofra. “La ofensiva del gobierno nos agarró en un momento de mucha debilidad. El pedido de las cinco centrales de una ley antidespidos lo demuestra. Pedirles a los políticos que te salven con una ley es como pedirles a los abogados que nos resuelvan los problemas. La herramienta fundamental de las centrales es la huelga”, dice. Enrolado dentro de la CGT de Moyano, Yofra se pregunta por qué, en lugar de delegar el freno a los despidos en el Congreso, las centrales sindicales no llamaron a un plan de lucha. La respuesta tiene que ver con esa debilidad frente al nuevo gobierno que, si algo parece haber heredado del anterior, es su carácter decisionista.
Con cuarenta y ocho años, el sindicalista aceitero encabezó en 2015 un paro de veinticinco días contra las grandes cerealeras en el polo oleaginoso de Rosario que concluyó con un incremento salarial del 36%. El principal escollo para el acuerdo no fueron las empresas multinacionales del sector –que según estima el gremio, cada día muelen 100 mil toneladas de soja y obtienen una ganancia de 2 millones de dólares–. El mayor obstáculo fue la postura del entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que tenía la misión de fijar un techo paritario y no dudaba en tratar a los aceiteros de desestabilizadores. Hoy, en un contexto distinto, Yofra sigue pensando que uno de los traumas del sindicalismo es que los dirigentes se alinean, antes que con sus representados, con los partidos políticos. “La ley antidespidos sería una seguridad para los lugares de trabajo en los que no hay gremios. Si están despidiendo trabajadores privados y estatales, la pregunta es por qué los gremios involucrados no hacen paros para defenderlos”, señala Yofra.
Los casos de los bancarios y los aceiteros contrastan con la realidad de los metalúrgicos, que cerraron una paritaria del 35% pero en tres cuotas. Los afiliados de Antonio Caló cobran un sueldo promedio que es apenas la mitad del que perciben los de Palazzo y Yofra. Esa heterogeneidad laboral también se traduce en diferencias políticas. Con despidos en su sector, Caló tiene una postura más moderada, herencia de un tiempo en el que –como jefe de la CGT kirchnerista– predicaba a favor de conservar el empleo a cambio de resignar mejoras para sus trabajadores.
Después de un acto masivo que entusiasmó a muchos, el veto de Macri reactivó la imagen de una dirigencia sindical que todavía duda acerca de cuáles deben ser su rol y su estrategia. “Tanto la marcha del 29 como la ley que aprobó el Congreso sirvieron para plantearle demandas al poder”, opina Daer. Frente a los que creyeron que la concentración en el Monumento al Trabajo era el punto de partida de un plan de lucha, la discusión en el Congreso se desarrolló a puertas cerradas, sin presencia sindical en la calle. Eso facilitó la tarea del Presidente.
Si en los años noventa el MTA del camionero Moyano y el colectivero Juan Manuel Palacios encarnó la corriente más combativa del sindicalismo peronista, hoy el único sector que se perfila para ocupar un lugar similar es el de la CATT. Sin embargo, allí conviven dirigentes como Schmid y el joven moyanista Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, con otros como Omar Maturano y Roberto Fernández, de una tradición bastante más viscosa. Decisiva en los paros de los últimos cuatro años, la CATT todavía no movió sus fichas durante el gobierno de Cambiemos.
Nuevos dirigentes, viejas estructuras
Mientras los dirigentes dudan y buscan reagruparse, por abajo se profundiza un recambio generacional. Los sindicatos hoy tienen más afiliados, más delegados y más recursos económicos. Sin embargo, Yofra sostiene que la fuerza no surge de la cantidad de gente, ni de la recaudación de sus aportes: “La fuerza te la da la conciencia que puedan tener los trabajadores, obviamente ligada a los logros que alcance la organización”.
Para la socióloga Natalucci, una de las mayores transformaciones del ciclo kirchnerista estuvo en las bases. “Hay organización, actividad de base y dirigentes más jóvenes que incluso están en las comisiones directivas y empiezan a reactivar algunas discusiones. Pero eso todavía no cristalizó en ninguna forma organizativa nueva. En el mediano plazo empezará a notarse, pero en el corto plazo está todo bastante complicado. No veo mucho ánimo de lucha”, dice.
El mismo día de abril en que las centrales sindicales se congregaron en el Monumento al Trabajo, se produjo un hecho histórico en las fábricas Pirelli de Merlo, Bridgestone Firestone de Lavallol y FATE de San Fernando. La izquierda ganó en un frente único y por primera vez un sindicato industrial a nivel nacional, el sindicato del Neumático, que durante los últimos dieciséis años estuvo en manos de Pedro Wasiejko, el adjunto de la CTA de Hugo Yasky.
Con cuarenta años de edad y doce como operario de FATE, el electo secretario general Alejandro Crespo del SUTNA explica las razones del triunfo de la lista combativa. “Había un gremio inmovilizado frente a las acciones del gobierno anterior que atacaban a los trabajadores como el impuesto a las ganancias y la ley de ART en un sindicato que afronta graves situaciones por las condiciones de trabajo. Mientras los compañeros veían la inacción de la conducción kirchnerista, veían lo que pasaba en el SUTNA San Fernando que ya dirigía FATE”, dice Crespo, que además es miembro del Partido Obrero y de la Coordinadora Sindical Clasista. “Ganar en un gremio industrial es doblemente complicado. Hay más persecución, hay más control de la patronal, las burocracias son más duras y el laburo es menos estable. Cuando las empresas detectan que existe algún tipo de organización, empiezan con los despidos. Esto es producto de muchos años de organización”, agrega.
Crespo coincide con el aceitero Yofra en que la ley antidespidos sólo hubiera tenido éxito si venía acompañada de la acción gremial. “Las cúpulas sindicales tienen que empezar a mostrar fuerza ante los despidos; si no lo hacen las patronales no van a dejar de despedir”, sostiene. Aunque por supuesto se trata de un fenómeno incipiente, no deja de ser sintomático: dirigentes de una nueva generación que son electos en gremios industriales y deciden mantenerse dentro de las centrales sindicales existentes.
Una agenda amplia
La democracia sindical, que incluye un límite de dos mandatos en los cargos, es un reclamo que crece y cuenta incluso con el respaldo de algunos sectores de la CGT. Después de cuatro años de acercar posiciones y coordinar acciones, Pablo Micheli asegura que Moyano padre hoy está de acuerdo con la libertad sindical.
En los momentos de mayor confrontación con Moyano, el gobierno de Cristina amagó con impulsar una reforma para democratizar los sindicatos. Pero eso nunca se concretó. Todavía hoy son mayoría los gremios en los que, cuando se quieren organizar, las empresas desactivan el proceso con el despido de los candidatos a delegados e incluso de los delegados electos. “Siguen existiendo las patotas, las persecuciones a los que quieren hablar en asamblea y no existe la democracia obrera. Nosotros vamos a reformar el estatuto para que los trabajadores puedan elegir y presentarse como candidatos”, cuenta Yofra.
La agenda del movimiento sindical es amplia. Al drama de los despidos se le suman problemas estructurales que el gobierno anterior no resolvió, como el trabajo en negro, el impuesto a las ganancias, el sistema de tercerizados, la democracia sindical y la demanda de un salario mínimo vital y móvil que iguale al costo de la canasta básica familiar que hoy duplica a los 8.060 pesos que se fijó en la reunión de mayo del Consejo del Salario. Hay otro ítem, que para la cúpula cegetista tiene tanta o más importancia: la deuda del Estado con el sistema de las obras sociales que hoy asciende a 29.700 millones de pesos y que la gestión Macri promete regularizar.
Después de doce años de gobierno kirchnerista y según los índices oficiales, la informalidad laboral se mantuvo en torno al 34%. Si uno de cada tres trabajadores sigue relegado a las condiciones de trabajo de la década del 90 y si el empleo no crece, la discusión pasará a ser otra. Así como la CTA se encargó de representar a los trabajadores desocupados en los años menemistas, hoy es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) la que se propone ocupar un lugar similar, como portavoz de las generaciones que no lograron ingresar a la formalidad laboral: trabajadores independientes, informales y cooperativistas. Organizaciones kirchneristas y no kirchneristas conviven detrás de una consigna ambiciosa: reconocimiento sindical de la CTEP y paritarias populares para pelearle a la inflación. “Si el sindicalismo no puede pensar que hay nuevas formas de trabajo y que no todo es trabajo formal asalariado, va a tener una representación muy restringida”, apunta Natalucci.
Con un Moyano desgastado y distraído con el fútbol, el liderazgo capaz de representar a todos los trabajadores está vacante. El sindicalismo tiene un lugar central en la discusión que viene, pero está desorientado por un gobierno que se mueve en base a una lógica que todavía le resulta indescifrable. Si los tironeos entre el moyanismo, el kirchnerismo y el massismo que se vieron en la discusión por la ley antidespidos se mantienen, Cambiemos verá además facilitada su tarea. Si, como todos repiten, se ponen finalmente por delante los intereses de los trabajadores y se interpretan las necesidades de las bases, la película puede ser otra.
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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5) Autoritarismo vs. derechos humanos en Nicaragua
Luciana Téllez Chávez (OpenDemocracy)
Tras la reelección de Daniel Ortega, el país se encuentra en un momento decisivo, a punto de convertirse en un régimen de partido único. Defensores nicaragüenses de los derechos humanos lo denuncian. English
Tras haber sido proclamado ganador de la elección presidencial celebrada el 6 de noviembre en Nicaragua, Daniel Ortega, el Comandante que durante la revolución sandinista derrocó a una dictadura dinástica de 50 años, ejercerá un tercer mandato consecutivo. Ortega designó a Rosario Murillo, primera dama y directora de la estrategia de comunicación gubernamental, como su compañera de candidatura, asegurando así la concentración del poder en manos de su familia. Durante los últimos diez años del gobierno de Ortega, la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos y la libertad de prensa se han deteriorado de manera constante. Asistimos a una repetición preocupante de la historia.
El proceso electoral del 6 de noviembre se caracterizó por una abstención masiva, la ausencia de los principales partidos de oposición en la papeleta de voto y la prohibición de observadores internacionales independientes. Los preparativos para quebrantar la legitimidad de las elecciones empezaron cuando, en junio de este año, la Corte Suprema de Justicia destituyó a 16 diputados titulares y a 12 suplentes pertenecientes al principal partido opositor. La Corte destituyó al líder de la oposición, y designó en su lugar a otro congresista, considerado más ‘cercano’ al partido de gobierno.
En este contexto, los defensores y defensoras de derechos humanos están luchando para preservar el espacio de la sociedad civil y para llamar la atención de la comunidad internacional hacia el autoritarismo creciente del gobierno. La activista Francisca Ramírez vivió en carne propia la naturaleza represiva del régimen: fue intimidada y detenida arbitrariamente, y varios miembros de su familia fueron atacados violentamente en represalia por su activismo. Ramírez es una defensora de la tierra y del medio ambiente, y lidera un movimiento de la sociedad civil que se opone a la construcción del canal inter-oceánico, financiado por el Grupo HKND, originario de Hong Kong.
En la comunidad rural nicaragüense de La Fonseca, Nueva Guinea, de donde proviene Ramírez, el pueblo se ha levantado contra la amenaza de desalojo forzado y destitución que representa el canal. “En mi comunidad”, afirma Ramírez, “somos dos mil personas y estamos bien organizados”. Durante nuestra conversación, la defensora de derechos humanos me cuenta cómo fue acosada e intimidada por simpatizantes del partido de gobierno y autoridades locales, y cómo teme que estos grupos se sientan envalentonados por la reelección de Ortega. “El gobierno, la policía y el ejército […] todos dicen que somos criminales. Me acusan de ser traficante de drogas”, relata Ramírez.
La represión contra el movimiento por la defensa del medio ambiente y el derecho a la tierra, que se opone a la construcción del canal, se ha intensificado tras la implementación de reformas que concentran el poder en manos del Ejecutivo. Entre éstas, es clave la Ley 288, una reforma institucional de la Policía Nacional que numerosas organizaciones de derechos humanos condenaron por violar la separación de poderes. En efecto, la ley establece al Presidente como la máxima autoridad de la Policía Nacional y convierte la elección de varios altos cargos dentro de la institución en un acto discrecional. En el 2014, la reforma del Ejército modificó la Constitución para facilitar la militarización de la seguridad ciudadana, permitiendo que soldados participen en labores que competen a la Policía Nacional.
“En este país, los poderosos no tienen la verdad, la verdad la tiene el pueblo”, Francisca Ramírez
Además de la naturaleza represiva del gobierno, Ramírez está luchando contra la propaganda y los esfuerzos para desinformar a los ciudadanos. Este parece ser uno de los mayores problemas a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos y movilizar a sus compatriotas. “Durante mucho tiempo, el gobierno se ha dedicado a desinformar al pueblo: la gente no conoce sus derechos”, dice la líder campesina, “¡ellos creen que cada vez que marchamos en manifestación, somos nosotros los que estamos violando los derechos del gobierno!». Ramírez sabe que los medios de comunicación, una industria en la que la familia presidencial ha adquirido una gran cantidad de activos en los últimos cinco años, están en su contra. “Siempre hay un medio dispuesto a contradecir todo lo que digo”, declara la defensora.
Al otro lado del país, donde las plantaciones de café dominan las sierras desde hace siglos, Marellyn Somarriba, de la Red de las Mujeres del Norte, ratifica las afirmaciones de Ramírez. “Una de las estrategias del gobierno es promoverse”, dice Somarriba. “Toda la atención está enfocada en los programas [sociales] del gobierno”. Somarriba teme que la reelección traerá consigo más amenazas –y una mayor probabilidad de que éstas se materialicen— más acoso judicial, y una mayor disminución del espacio para la sociedad civil. “El hostigamiento y las campañas de desprestigio son cada vez más sofisticadas”, sostiene. La defensora de los derechos de las mujeres sabe que esta posibilidad es real, ya que otra organización feminista de la que es parte, Las Venancias, fue acusada falsamente en el año 2008 de malversación de fondos, lo que permitió que el Estado abriese una investigación invasiva y comprometiera su legitimidad.
Además del hostigamiento judicial, una serie de leyes restringen arbitrariamente el trabajo que desarrollan las organizaciones de derechos humanos. Somarriba cuenta que en el 2014, tras las regulaciones impuestas a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), se limitaron considerablemente las acciones que podía tomar en el ámbito de su trabajo de derechos humanos. Inicialmente, la Ley 779 fue considerada un triunfo de las organizaciones feministas, pero luego fue reformada mediante un decreto presidencial que cercena la capacidad de los/as defensores/as para acompañar físicamente a supervientes de violencia de género cuando comparecen ante distintas instituciones gubernamentales en su búsqueda de justicia.
«Sin nuestra tierra, dejamos de existir, nuestra relación con la tierra es espiritual”, Lottie Cunningham
Lottie Cunningham Wren es defensora del derecho a la tierra y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Como fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y destacada abogada en materia de derechos humanos, Cunnigham ha sido una defensora efectiva de su pueblo. Importa destacar que ha contribuido como testigo experta en el caso Awas Tingni vs. Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una decisión fundamental a favor de los derechos de los pueblos indígenas en América sobre sus tierras ancestrales. El personal de CEJUDHCAN ha sido objeto de represalias debido a su activismo a favor de la demarcación y titulación de las tierras de los pueblos indígenas, entre ellos ataques, amenazas de muerte y llamadas telefónicas intimidatorias.
“La participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral es prácticamente inexistente”, afirma Wren, “para ejercer nuestros derechos como ciudadanos, debemos enfrentar obstáculos de manera constante”. Wren busca fortalecer su movimiento a través de la construcción de alianzas a nivel nacional con otros defensores y defensoras, consolidando los mecanismos de monitoreo existentes para darle seguimiento a las violaciones de derechos humanos y combatir el aislamiento de defensores y defensoras indígenas en la costa Atlántica. «En tanto que pueblos indígenas, nos enfrentamos a muchos problemas y obstáculos en un sistema que no permite el diálogo, lo que constituye una razón más para que continuemos la lucha por la justicia social y para abrir los espacios [para la sociedad civil]», continúa Wren.
Al preguntar qué necesitan para perseverar en su lucha, las tres defensoras -que provienen de distintos contextos socioeconómicos, operan en áreas geográficas completamente diferentes y trabajan en la promoción de distintos derechos- todas expresan el mismo imperativo: espacio. El espacio para la sociedad civil, para ejercer el derecho a expresar sus preocupaciones en foros públicos, para incidir por el cambio, para manifestarse de manera pacífica en las calles de sus ciudades y para crear organizaciones que representen los intereses de sus comunidades. Tal como lo describe Somarriba, los espacios de coordinación entre organizaciones sociales civiles no partidarias y el Estado se están desvaneciendo rápidamente.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua denuncian la ausencia o condena insuficiente de parte de la comunidad internacional respecto a la represión que enfrentan y el deterioro del Estado de derecho en el país. Somarriba describe un sentimiento de abandono cuando, a pesar de los numerosos acontecimientos preocupantes, los expertos internacionales han hechos pocas visitas al país para reunirse con los defensores para arrojar luz sobre la situación de los derechos humanos. A las preocupaciones de Somarriba se suma el hecho de que el gobierno haya creado cada vez más obstáculos para que las organizaciones internacionales de derechos humanos puedan ingresar al país para monitorear, documentar y visibilizar la situación, cuando hay varios activistas deportados en el curso de este año.
Este año, Nicaragua celebra –en una atmósfera agridulce— el 37 aniversario de la revolución que derrocó la dictadura de Somoza. Esta celebración anual conmemora la lucha de una generación y constituye un tributo a quienes murieron durante el conflicto. En el norte del país, sin embargo, la amenaza de un conflicto armado sigue latente. Durante siglos, esta área montañosa ha sido el escondite ideal para numerosos grupos rebeldes. Después de la revolución, abrigó a integrantes de la Contra, un grupo armado financiado por el gobierno de los EE.UU. que se opuso al gobierno sandinista, llevó a cabo actos de sabotaje y perpetró atrocidades contra la población civil. Somarriba relata que una de sus mayores preocupaciones es que, al mismo tiempo que se fortalece el control del régimen actual, grupos armados de oposición puedan resurgir. La defensora apunta a actos de sabotaje y escaramuzas con el ejército y la policía que han dejado varios muertos en pequeños pueblos del norte del país. Los cadáveres son presentados como trofeos de la guerra contra el crimen organizado, pero Somarriba denuncia estas tácticas como una forma de negar la existencia de oposición armada al gobierno.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos nicaragüenses están luchando por preservar el espacio de la sociedad civil donde la igualdad y la dignidad humana se valoran por encima de la personalización del poder y el clientelismo. El país se encuentra en un momento decisivo, en el que puede convertirse indefinidamente en un régimen de partido único. El interrogante es si esta vez la comunidad internacional está lista para apoyar a quienes utilizan medios pacíficos para combatir el autoritarismo y garantizar el respeto de los derechos humanos.
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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