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Hoy:
1) Colombia: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”
2) México: Aumentan agresiones a defensoras de DD.HH.
3) México: la Red de Asesoras Rurales exige reconocer el aporte de mujeres campesinas
4) Nicaragua: La pesadilla de ser niña
5) Uruguay: Colectivo Divergénte
6) Historia de Ita: documental sobre Tania, la guerrillera
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) Colombia: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”
Entrevista a Marietta Toro, referente de Marcha Patriótica, sobre el asesinato de líderes sociales
Nadia Luna – Nodal
Según un estudio realizado por el programa “Somos Defensores”, entre 2016 y 2017 el asesinato de líderes sociales en Colombia aumentó en un 31%, pasando de 35 casos reportados en el primer semestre del año pasado a 51 asesinados en los seis primeros meses de este año. También aumentaron las agresiones contra defensores de derechos humanos en un 6%: de 314 casos en 2016 a 335 solo en lo que va de año.
Nodal habló con Marietta Toro, referente del movimiento político y social Marcha Patriótica, sobre las causas de esta problemática y las garantías que debería brindar el Estado para resguardar la seguridad de líderes sociales y de los integrantes de las FARC en su reincorporación a la vida política.
¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año y quiénes son los principales responsables de este tipo de crímenes?
En lo que va del 2017, han sido asesinados 76 líderes sociales en el país, 8 mujeres y 68 hombres. Según los informes de las organizaciones y comunidades, los responsables son en la mayoría de los casos los grupos paramilitares, que vienen fortaleciéndose en los territorios de donde han salido las FARC en su proceso de reincorporación. Esto tiene el agravante de que el Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo. Hay una incapacidad estatal para copar los territorios adecuadamente, además de que sigue negando la sistematicidad de la problemática. Para nosotros/as, es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permite determinar que se están ejecutando ciertos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla.
También preocupa el asesinato de integrantes de las FARC que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación, así como de sus familiares. Hasta el momento van 24 integrantes de las FARC y familiares asesinados.
¿Cómo es la actuación de la Justicia en estos casos? ¿Hay una situación de impunidad o se han llevado a juicio a algunos responsables?
Hasta el momento la impunidad es casi total. En más del 90% de los casos no hay ni siquiera investigaciones en proceso. Aunque el Ministerio del Interior y la Fiscalía dicen que están investigando, la realidad es otra, porque además el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha planteado que los asesinatos son en su mayoría problemas “amorosos”, desconociendo que quienes han sido asesinados, lo han sido por su trabajo permanente alrededor de la implementación del acuerdo de Paz.
Hasta el momento no hay ningún responsable judicializado y menos aún condenado. Lo más alarmante, es que las comunidades siguen emitiendo alertas tempranas sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, lo que configura un precedente terrible para el avance del proceso de paz.
Las FARC acaban de culminar con el proceso de dejación de armas pero, como usted mencionaba, las zonas donde estaban ahora son disputadas por grupos paramilitares vinculados con el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo cree que se puede enfrentar este nuevo conflicto y cómo será el proceso de integración de las FARC a la vida política?
En el acuerdo se estipulan una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de los integrantes de la guerrilla en proceso de reincorporación, que incluye un Pacto Político Nacional que busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.
También se estipula la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad u una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, ni la comisión ni la unidad de protección han sido puestas en marcha hasta el momento.
Respecto al proceso de reincorporación de las FARC, el acuerdo también estipula diferentes medidas y mecanismos que garanticen la reincorporación política, social, económica y cultural, comprendiendo que la misma es contraria a la que ha sido impulsada en los procesos de paz con otras guerrillas en el pasado, basadas en la reinserción individual. En el caso de este proceso de paz se propuso la reincorporación colectiva de las FARC, lo que implica un marco totalmente nuevo.
En Antioquia, los trabajadores mineros están en paro desde hace un mes por pedido de mejoras en sus condiciones laborales. Denuncian represión policial y ya hubo dos muertos. Hace poco, hubo otros conflictos similares como la huelga de maestros y los paros cívicos de Buenaventura y Chocó. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante este tipo de conflictos?
Lo que venimos denunciando es que el Estado sigue dando tratamiento de guerra a todas las movilizaciones y protestas sociales. La represión estatal sigue a la orden del día, a través del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, fuerza contrainsurgente que trata a los manifestantes como guerrilleros y en consecuencia responde con un uso desproporcionado de la fuerza, violando los derechos humanos de quienes protestan y de sus comunidades. Una de nuestras organizaciones elaboró un informe sobre el paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste Antioqueño, donde se explica con mayor claridad la situación.
Al respecto, se viene insistiendo en la necesidad de reformar la ley que regula la protesta social y que habla sobre garantías para la misma, aún cuando se hicieron múltiples foros regionales y un foro nacional para recoger propuestas de las organizaciones y comunidades, y se conformó una comisión nacional de diálogo, el proyecto de ley aún no ha sido presentado por el Gobierno.
¿Qué políticas considera que el Estado debería implementar con mayor urgencia para impedir que sigan asesinando a referentes de luchas sociales?
Es necesario avanzar en la implementación de las medidas y mecanismo establecidos en el Acuerdo que mencionaba anteriormente. Es necesario que el Gobierno y las instituciones estatales se comprometan con el nuevo contexto que vivimos y cumplan con sus funciones constitucionales, ratificadas por diferentes tratados y convenios internacionales.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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2) México: Aumentan agresiones a defensoras de DH
Cimacnoticias
De junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a defensoras de Derechos Humanos en el país, esto pese a que el gobierno mexicano está suscrito a instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que lo obligan a garantizar el bienestar de las mujeres.
Esta semana la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México e integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron su informe “Defender los Derechos Humanos en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”.
En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado (44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en su contra.
En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en 47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales documentadas.
Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.
En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se incrementaron 493 por ciento.
Detenciones arbitrarias
En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por ciento del total.
Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las normales rurales femeniles”.
Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.
Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, estos representaron cinco por ciento del total.
El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.
Acompañamiento médico
Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.
Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos que refuercen sus convicciones”.
El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento de las atenciones.
En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos. Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se expone que en el último año la “estrategia de represión política” del estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a comunidades y organizaciones.
Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de 48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a 141.
ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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3) México: la Red de Asesoras Rurales exige reconocer el aporte de mujeres campesinas
La Jornada
La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR) exigió al gobierno que reconozca a las mujeres campesinas e indígenas como productoras de alimentos y promotoras ambientales con derecho a ser titulares de la tierra y a recibir los recursos necesarios para hacerla producir, así como reconocer el gran aporte que tienen en el desarrollo de hábitos de consumo alimenticio saludable y en el sostenimiento del trabajo del campo.
En conferencia de prensa, Dora Avila, Patricia Velazco, Isabel Reyes y Gloria Carmona, detallaron las condiciones de desventaja en que se encuentran las mujeres en el campo.
Señalaron que en las zonas rurales hay 104 mujeres rurales por cada 100 hombres y que a nivel nacional las mujeres rurales representan el 29 por ciento de la fuerza laboral y son responsables de más del 50 por ciento de la producción de alimentos.
Añadieron que 37.1 por ciento cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas, 12.2 labora más de 48 horas semanales y 40 por ciento de ellas no tienen ingresos propios.
En localidades rurales 2.1 por ciento de las niñas de 5 a 12 años no asiste a la escuela. La proporción aumenta a 12.3 por ciento en las adolescentes rurales de 13 a 15 años. Así mismo seis de cada 10 mujeres rurales (62.1 por ciento) se encuentran en situación de pobreza, más de tres millones son pobres extremas y 5.5 son pobres moderadas.
En el contexto del 30 aniversario de RedPAR, la agrupación realizará diversas actividades, entre ellas el Foro Mujeres Rurales en México: derechos, territorio y alimentación.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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4) Nicaragua
La pesadilla de ser niña en Nicaragua
Estadísticas oficiales muestran que 1.600 niñas han sido violadas en el país en la última década y resultaron embarazadas. Fueron obligadas a dar a luz por las autoridades sanitarias
A Kathy de los Ángeles Méndez, de 15 años, un medio ligado al gobierno del presidente Daniel Ortega la celebró a lo grande el pasado mayo, a propósito de la celebración del día de la madre en Nicaragua. La adolescente posó al lado de un colchón y canastas con productos básicos, regalos de la Nueva Radio Ya. Su cara morena de niña mostraba una sonrisa tímida a las cámaras, mientras sostenía un diploma en las manos que la certificaba como la mamá más joven de Nicaragua. El vientre hinchado fue declarado “la madre panza” y fue celebrado con música y una gran exposición pública. Lo normal, en un país donde la vicepresidenta Rosario Murillo ha declarado que el embarazo de una niña es un “milagro”, aunque las leyes establezcan que un embarazo en una menor de 16 años es una violación y que el Estado está obligado a investigarlo y enjuiciar al culpable.
Las críticas a la radio oficialista fueron duras, y esta respondió en su cuenta de Twitter a la defensiva. “No sabemos las circunstancias de esa niña, pero es más fácil sacar la guillotina que investigar, ¿o no?”, respondieron unos periodistas que violaron el Código de la Niñez al exponer a una menor.
El caso de Kathy de los Ángeles no es el único en Nicaragua, país que cuenta con las tasas más altas de embarazos en niñas entre diez y catorce años en América Latina. Estadísticas oficiales reunidas en un estudio de la organización IPAS Centroamérica, muestran que en la última década –coincidiendo con los diez años de gobierno del presidente Daniel Ortega– 1.600 niñas entre 10 y 14 años han sido violadas y como producto de esa violación resultaron embarazadas. Como en Nicaragua el aborto terapéutico fue prohibido hace ya una década con el apoyo del Frente Sandinista, el partido del presidente Ortega, a estas niñas no se les recomendó abortar y, por el contrario, fueron obligadas a parir por las autoridades de salud pública.
«En Nicaragua no hay opciones para una niña que sufre violencia sexual y como resultado queda embarazada”, dice Marta María Blandón, directora de IPAS. “Hace diez años, con la penalización del aborto en Nicaragua, en este país a la niña no le queda otro camino que parir, y una vez que la niña pare, tampoco es bien visto que se le ofrezca que dé al niño en adopción, porque existe todavía el estigma de que la madre que engendra tiene que criar, así se trate de una niña de nueve años. A las niñas que han sido abusadas nadie les recomendó la interrupción del embarazo, que deberían, porque pone en peligro su vida, porque es una tortura, porque no es adecuado que una niña asuma responsabilidades físicas, emocionales, espirituales, de una mujer adulta”, agregó Blandón.
La pesadilla de ser niña en Nicaragua la ha vivido Carla Vanesa Calderón, de 17 años, violada cuando tenía 14. La adolescente vive en una choza hecha con tablones de madera, láminas oxidadas, plásticos y cartones en una chabola localizada a las afueras de la ciudad de León, en el Oeste de Nicaragua. Es aquí donde contó su historia: Máximo Rayo García, un conocido de la familia, abusó de ella constantemente. “Me pagaba cuando abusaba de mí. Cuando no me quería dejar hacer nada de él. Me trataba a trompones (golpes), me amarraba de las manos y de los pies, me decía que me iba a matar si yo hablaba. A mí y a mi mamá”, relató Carla Vanesa.
Como resultado de las violaciones quedó embarazada y aunque no quería ser madre, la joven fue obligada a parir. “Me sentía mal, porque ya no iba a ser la niña que era. Por eso cuando estaba embarazada pensaba que quería botar a la niña. Me pegaba para que se me cayera. Me golpeaba en la panza. Cuando nació la niña no sentía cariño ni amor, porque pensaba que ella me había desgraciado mi vida. Mi mamá me decía que le agarrara amor, que la niña no tenía culpa, que el papá era un cobarde y que yo no tenía por qué desquitarme en la niña. Yo le decía a mi mamá que no quería ver a la niña”, dijo Carla Vanesa.
Ella se convierte en adulta al lado de una bebé, en un mundo de miseria que las hace más vulnerables, sin que el Estado las proteja, más bien manipula los embarazos adolescentes, catalogándolos como un milagro, en un guiño a los sectores más conservadores de un país que, según organizaciones que trabajan contra el abuso sexual, sufre una epidemia de violaciones contra sus niñas. “El Estado y todas sus instituciones tienen responsabilidad”, dijo Lorna Norori, directora del Movimiento Contra el Abuso Sexual. “No hay una política de protección. Las instituciones de Nicaragua no solamente no están haciendo nada para proteger a esta niñas, lo que ya es grave, sino que están lesionando sus derechos cuando convencen a una niña de diez, once, trece años de que tiene que aceptar su maternidad”, afirmó Norori.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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5) Uruguay: Colectivo Divergénte
Colectivo de profesoras abordará tema diversidad en centros educativos
La Diaria
El colectivo nació hace cinco años en la sala docente del liceo 6 Francisco Bauzá, en el Prado montevideano, cuando varias profesoras de distintas asignaturas como literatura, biología, comunicación visual, inglés y economía se dieron cuenta de que trabajaban temas parecidos y lo hacían desde un enfoque similar. De esa forma, Roxana Rügnitz, Sandra Amorena, Carolina Raimondo, Antonella Lira, Elba Hernández, Rossana Molinari y Paola Piacenza formaron el colectivo Diversidad Transversal, pero tiempo después se dieron cuenta de que les quedaba corto y cambiaron por Divergénte –con tilde en la e–, que constituye la sigla de Diversidad, Género, Transversalidad y Educación.
En concreto, a partir del trabajo y la reflexión conjunta, cada docente del colectivo realiza un trabajo individual en su respectiva clase, a lo largo de todo el año lectivo, en base al currículo que debe ser abordado. De esa forma, se tratan los mismos temas desde diferentes asignaturas y al mismo tiempo se cumple con las planificaciones y objetivos de cada curso. Justamente, entre los objetivos del curso las profesoras incluyen temas como género, diversidad, violencia, discriminación y el abordaje de la diferencia. Además, se trabaja con distintos niveles educativos, ya que tienen grupos de todo el segundo ciclo de la educación media.
Al mismo tiempo, más allá de lo planificado, las docentes prestan especial atención a los emergentes que puedan surgir a nivel de opinión pública o del propio espacio de clase. Según afirman, los jóvenes necesitan que se hable de esos temas para reflexionar acerca de sus causas y consecuencias. Los disparadores pueden ir desde que alguien le diga “puta” o “zorra” a una compañera, o que se utilicen apodos como “negro”, “gordo” o “enano”, hasta casos públicos como el abuso, secuestro y asesinato de un niño en Maldonado. De esa forma, se intenta evitar que esos temas y actitudes sean invisibilizados y naturalizados como “algo cultural”, para “no ser cómplices de posturas machistas, heteronormativas y patriarcales”.
Para el colectivo, se trata de “un cambio conceptual de lo que es dar clase”, y al mismo tiempo una modificación del paradigma desde el que se piensa el currículo. Según las profesoras, se trata de salir de la rigidez con la que los docentes suelen encarar la tarea, ya que muchas veces entienden que su trabajo es impartir los mismos contenidos de la misma forma todos los años y ver quién aprueba el curso y quién no. De esa forma, sostienen que se invalida el abordaje de la docencia desde el abordaje de derechos, que se vive todo el tiempo en clase y que no sólo debe ser incorporado a nivel de los contenidos que se abordan sino en el propio vínculo con los estudiantes. Además, para favorecer otras formas de vincularse, el colectivo muchas veces trabaja bajo la modalidad de taller.
Todo cambia
Si bien afirman que muchas veces no encuentran receptividad en el colectivo docente, están convencidas de que de a poco se van generando cambios. El trabajo del colectivo busca generar reflexión en torno a prácticas desde las que nunca se piensa en cortar una clase para abordar una situación emergente. Según sostienen, esto tiene que ver con que hay profesores que tienen incorporado que deben transmitir contenidos para preparar a los estudiantes en su ingreso a la universidad, y el abordaje de los conflictos o inquietudes de los jóvenes se visualiza como algo disociado de los contenidos curriculares. Desde el colectivo afirman que, por ejemplo, no quieren formar médicos que sepan describir el fémur de arriba a abajo pero le vayan a hablar a las mujeres como si fueran varones, van a tratar a todos sus pacientes como heterosexuales, o no van a poder detectar una situación de violencia.
Más allá de esa cultura que surge a partir de prácticas que vienen de muchos años atrás, están convencidas de que “alguna semillita han dejado”. Por ejemplo, recuerdan que han generado cambios en el lenguaje de algunos docentes, por más de que al principio ofrecían resistencia. Para las docentes, hablar en lenguaje inclusivo es una postura política y también lo hacen dentro del aula. Según cuentan, en un principio los estudiantes lo toman como un chiste, pero después se acostumbran y, un poco en serio y un poco en broma, las llaman “profas” en vez de “profes”.
“Si lo hacés en la clase ya llamás la atención, pero es un cambio conceptual. Hay chiquilines que dicen que somos feministas locas o feminazis, pero hemos generado cambios”, señala una de las profesoras, que cuenta el caso de un estudiante que a partir de los talleres cambió la forma de vincularse con sus compañeros.
Más allá de que las profesoras trabajan el respecto de la diversidad desde todo punto de vista –sexual, étnico, religioso, económico, cultural– y de que sostienen que la discriminación es la peor forma de violencia, están convencidas de que “la madre de todas las violencias es la violencia contra la mujer”. “De ahí nace esa concepción subliminal de que puedo someter a otra persona porque es distinta a mí. La violencia se ejerce desde una situación de poder, y el poder es masculino, patriarcal, heteronormativo”, fundamentan.
De cal y de arena
Si bien al principio podían coordinar acciones con mayor facilidad porque todas trabajaban en el liceo Bauzá, sostienen que la dinámica de elección de horas en secundaria ha hecho que algunas profesoras “migraran” a otros centros educativos. Esa situación, sumada al multiempleo, las llevó a trabajar con poblaciones y realidadaes distintas, lo que hizo que se generaran prácticas de aula que las han enriquecido muchísimo.
Además de trabajar desde la práctica, también buscan realizar abordajes teóricos, y para ello están tratando de sistematizar experiencias. Al mismo tiempo, quieren tender puentes y redes con otros colectivos docentes. Una de las actividades del colectivo en esta línea será un taller que darán el viernes 8 de setiembre durante todo el día en La casa de Alicia, al que además de profesores de liceo y UTU también pueden anotarse maestros y estudiantes de formación docente. El colectivo Divergénte trabajó con la organización Mujer y Salud en Uruguay, y publicará en un libro editado por la Universidad de Palermo, en Argentina, que además les otorgó un reconocimiento a las ocho profesoras. Además, fueron premiadas por el certamen nacional Tus ideas valen.
Las profesoras señalan que si bien les pagan por horas de coordinación docente, con esas horas no podrían hacer ni siquiera un décima parte de todo su trabajo, por lo que la mayor parte de sus actividades se sostiene en horas no remuneradas, lo que implica pasar menos tiempo con su familia y amistades. Eso también genera que les sea muy difícil formarse y sistematizar la evaluación de estas prácticas, algo que lamentan: “Tenemos que medir los resultados, si no, tenés sensación pero no tenés datos”.
Como en los últimos tiempos no están todas en un único liceo, no han podido trabajar desde la transversalidad, por lo que abordan los conceptos en sus asignaturas y organizan actividades a partir de sus inquietudes y las de los estudiantes. Sí coordinan, y para hacerlo tienen un grupo de Whatsapp, un blog y trabajan en Google Drive. También se reúnen y hacen cosas en común en los ratos libres, entre que corren de una clase a la otra o los fines de semana.
Además de las dificultades por la forma en que está estructurada la labor docente en secundaria, también se topan a diario con falta de recursos para llevar a cabo las actividades. “Si querés trabajar con los chiquilines hacia afuera, en sus contextos, tenés un tema de costos, de horas dedicadas. Necesitamos un espacio, insumos, transporte. Tenemos apoyo de las direcciones de los liceos, pero sólo te dan para adelante –te justifican una falta, te dan una cartelera– porque no tienen otros recursos. Los papeles, las tijeras, la cascola los tenemos que poner nosotras”, lamentan.
De todas formas, más allá de las dificultades, afirman que aun sin cambiar grandes estructuras institucionales, a partir de modificar sus prácticas más cotidianas los docentes pueden generar transformaciones. Para ello apelan a generar otros dispositivos de clase diferentes a los tradicionales, a tratar temas que no sólo tengan que ver con lo cognitivo, y a abordar los contenidos del currículo de una forma original. Por ejemplo, eligiendo autoras mujeres que por algún motivo no son o no fueron debidamente reconocidas, porque están convencidas de que la producción de conocimiento y los ámbitos académicos también son dominados por lógicas machistas, patriarcales y heteronormativas.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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6) Historia de Ita: documental sobre Tania, la guerrillera
A 50 años de la muerte de Tania, la guerrillera que acompañó al Che en Bolivia: un libro, canciones y un documental en su recuerdo
Carmen Esquivel/ Nodo Cultura
En su corta e intensa vida debió adoptar personalidades y nombres distintos como Haydée, Tamara, Vittoria, Marta y Laura, pero la luchadora internacionalista que siguió la ruta del Che por la selva boliviana pasó a la historia como Tania la Guerrillera.
Nacida en Argentina, de padre alemán y madre polaca, esta joven llegó a Bolivia en 1964 con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer, a fin de crear condiciones para abrir un frente revolucionario.
Vino como especialista en etnología y estudiosa del folclore y logró infiltrarse en todas las esferas del gobierno, dijo en exclusiva a Prensa Latina el investigador e historiador cubano Froilán González, quien junto a su esposa Adys Cupull, ha escrito varios libros sobre la gesta del Che.
Era una muchacha físicamente atractiva, carismática, culta, que dominaba cuatro idiomas y tocaba el acordeón y la guitarra, además de practicar deportes.
Hugo Herrera, quien tuvo oportunidad de conocerla cuando trabajaba en el departamento de Folclore del Ministerio de Educación, la recuerda como una joven hermosa y activa, que siempre estaba muy atenta a todo lo que ocurría.
Tania conoció al general René Barrientos, presidente de Bolivia en ese entonces, y se codeó con importantes figuras, entre ellas el jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia, Gonzalo López Muñoz, y el ministro de Defensa, Alfredo Ovando.
En La Paz se vinculó a los pintores Juan Ortega Leytón y Moisés Chire Barrientos e impartió clases de idioma alemán a hijos de la oligarquía con el propósito de relacionarse con sus familiares y obtener información útil para el movimiento rebelde.
‘Su vida fue muy intensa’, afirma en la conversación con esta agencia el historiador cubano, a quien entrevistamos durante el estreno en La Paz del documental ‘Historia de Ita: Relatos inéditos de la vida de Haydeé Tamara Bunke Tania la Guerrillera’, con guion de Adys Cupull y realizada por sus hijos Leandro y Livan.
Escogimos este país para la premier porque ella amó a Bolivia, admiró su folclore y su cerámica y aquí organizó la primera exposición de trajes típicos, recordó el investigador.
El filme lleva el título de ‘Historia de Ita’ porque su madre nos contó que cuando era niña la llamaban Tamarita y como estaba tan pequeña sólo pronunciaba Ita y ese fue el nombre que usó en toda la correspondencia con la familia, dijo González.
Tania nació en Argentina y a los 14 años se trasladó con sus padres a la República Democrática Alemana, desde donde siguió de cerca todos los acontecimientos en su país y en América Latina, en particular el triunfo de la Revolución Cubana.
En Berlín trabajó como traductora de delegaciones latinoamericanas y fue así como conoció a Ernesto Che Guevara, cuando era ministro de Industria, y a la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, quien la llevó a La Habana.
En el país caribeño trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, se hizo miliciana y participó en varios trabajos voluntarios.
Cuando le encargaron la misión en Bolivia adoptó el nombre de Tania en honor a una joven rusa llamada Soja que luchó contra los nazis bajo ese seudónimo y fue apresada, torturada y ahorcada.
Tamara salió de Alemania en 1961 y nunca regresó, y su madre Nadia Bider -desesperada por no tener noticias de ella- decide hacer un viaje a Cuba en 1964, cuenta el historiador.
Allí se entrevistó con un oficial, quien le dice que ella estaba bien, estudiando en un curso y le muestra una foto donde está muy transformada y es casi imposible reconocerla, pero su madre miró fijamente sus ojos y dijo: sí es ella.
Tania vino a Bolivia para una red clandestina, sin embargo, se ve precisada a incorporarse a la guerrilla en marzo de 1967 cuando en un viaje al campamento de Ñancahuazú dos miembros del movimiento rebelde desertan e informan de su presencia y ya no puede salir de allí.
En su diario, el Che escribe: ‘todo parece indicar que Tania está individualizada, con lo que se pierden dos años de trabajo bueno y paciente…’
Ella integraba el grupo de la retaguardia comandado por Juan Vitalio Acuña (Joaquín) y una de sus tareas era escuchar las distintas emisoras de radio bolivianas, argentinas y cubanas e informar de lo que estaba sucediendo, afirma el historiador.
Durante cinco meses debió enfrentar la dura vida en la selva boliviana, la falta de agua y de alimentos, el mal tiempo y la constante hostilidad enemiga.
El 31 de agosto de 1967 la columna guerrillera cae en una emboscada cuando cruzaba el Río Grande. Tania fue la penúltima en sumergirse en la corriente, justo delante de Joaquín, quien cubría las espaldas de sus compañeros.
Cuando se escucharon los primeros disparos, ella intentó tomar el fusil, pero una bala le atravesó el pulmón y fue arrastrada por las aguas. Su cuerpo fue encontrado una semana después. Le faltaban poco más de dos meses para cumplir 30 años.
De acuerdo con el historiador cubano, en Vallegrande la imagen que tienen los pobladores de la única mujer en la guerrilla del Che es un poco mística.
El pueblo boliviano la convirtió en leyenda y se dice que sale del río cuando hay niebla con una gran cesta de flores y frutas, narra el investigador.
Un poema escrito en su libreta de notas dice: ‘¿Nada será mi nombre alguna vez?/¿Nada dejaré en pos de mí en la tierra? / Al menos flores, al menos cantos…’
A Tania se le conoce como la Flor del Río Grande y en el sitio donde fueron hallados sus restos en Vallegrande hay una lápida cubierta por rosas blancas.
COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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