MUMIA: 1) Ernesto Cardenal: ‘En Nicaragua hay una dictadura familiar de Daniel Ortega’ –
2) Presidente de Nicaragua liquida el pluripartidismo –
3) Diputados destituidos denuncian golpe de Estado de Daniel Ortega –
4) Honduras: Ley de Empleo por Hora: uso y abuso en el sector servicios y turismo –
5) Kuczynski, nueva etapa en la debacle del Perú –
6) Pobre país el mío – Eric Nepomuceno
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 785 / Miércoles 3 de Agosto de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Ernesto Cardenal: ‘En Nicaragua hay una dictadura familiar de Daniel Ortega’
(AFP)
El sacerdote, que apoyó la revolución sandinista, lamenta la «traición» de Ortega
Sus poemas políticos, como La hora Cero, que dedicó a la lucha del héroe sandinista y antiimperialista Augusto César Sandino, inspiraron la composición de canciones testimoniales que animaron la lucha revolucionaria de la época hoy lamenta con nostalgia que la revolución sandinista, que apoyó como ministro de Cultura, haya sido traicionada por el presidente Daniel Ortega, quien aduce se ha enriquecido «fabulosamente» en el poder.
«Fue una Revolución muy bella, lo que pasa es que fue traicionada», lo que hay ahora en Nicaragua «es una dictadura familiar de Daniel Ortega. Eso no fue lo que apoyamos nosotros», sostiene el poeta, en una entrevista con AFP en el Centro Nicaragüense de Escritores, en Managua. Sin embargo, «no me arrepiento de haber apoyado» ese proceso, afirma Cardenal, un fuerte crítico del líder sandinista que dirigió la revolución de 1979 a 1990 y retornó al poder en 2007.
Cardenal, cuya imagen dio vuelta al mundo en 1983 cuando el fallecido papa Juan Pablo II lo amonestó y sancionó en público por apoyar la revolución, ya no tiene la misma energía de antes pero se mantiene saludable, aseguran sus asistentes. Ordenado sacerdote en 1965, abandonó la comunidad contemplativa de la orden trapense que formó en la isla de Solentiname, en el Lago Cocibolca, para apoyar la lucha del Frente Sandinista (FSLN) contra la dictadura dinástica de la familia Somoza que gobernó el país por casi medio siglo.
Convencido de que el religioso «no puede estar ajeno a las luchas políticas», celebró misas en los campamentos guerrilleros, ayudó a crear una red internacional de solidaridad con la guerrilla, fue vocero del FSLN cuando sus dirigentes estaban en la clandestinidad y compartió junto con Ortega la entrada triunfal de los sandinistas a Managua en julio de 1979. «Fue la fiesta de un pueblo que en sus 500 años de historia nunca había tenido algo similar», recuerda Cardenal en su libro «La Revolución perdida» (2004).
Sus poemas políticos, como La hora Cero, que dedicó a la lucha del héroe sandinista y antiimperialista Augusto César Sandino, inspiraron la composición de canciones testimoniales que animaron la lucha revolucionaria de la época. «Son los más vigorosos y eficaces que ha dado la poesía política de América Latina» reconoció en una oportunidad el escritor uruguayo Mario Benedetti.
Sus discrepancias con la conducción política de Ortega lo llevaron a renunciar del FSLN en la década de 1990 y formar parte de la disidencia sandinista. «Ya no hay FSLN» sino un partido «electorero que ha puesto en el poder de nuevo a Ortega», le ha dado «todos los poderes del país» y lo está «enriqueciendo fabulosamente», dice sobre su excompañero de lucha.
El poeta también es detractor del canal interoceánico que el Gobierno y la empresa china HKND planean construir a través del lago Cocibolca, la fuente de agua dulce más grande de Centroamérica que alberga Solentiname. En el pasado, Cardenal fundó en esa pequeña isla un centro cultural de fama mundial en el cual admite fue «muy feliz». El canal «acabará con el archipiélago, con el lago y por último acabará también con Nicaragua», advierte.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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2) Presidente de Nicaragua liquida el pluripartidismo
José Adán Silva (IPS)
Con la exclusión de la principal fuerza opositora tanto del parlamento como de las elecciones de noviembre, el presidente de Nicaragua, el izquierdista Daniel Ortega, sume al país en una crisis institucional de insospechadas proporciones, según análisis de diversas voces consultadas por IPS. El 28 de julio, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional legislativa tramitó con carácter de urgencia una resolución del Consejo Supremo Electoral, también bajo control de gobierno, donde ordenaba la destitución de 28 diputados opositores, entre titulares y suplentes, cuyo periodo concluía en diciembre.
Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, explicó a IPS el argumento del poder electoral para demandar la destitución del bloque opositor: no plegarse al nuevo directorio del Partido Liberal Independiente (PLI), dentro del que fueron electos en noviembre del 2011 con 31 por ciento de los votos.
En junio, la Corte Suprema de Justicia, igualmente controlado por el sandinismo, adjudicó la personalidad jurídica del PLI a un grupo cercano al gobierno, y canceló la participación de la opositora Coalición Nacional por la Democracia, que encabezaba el PLI, en las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre. Pedro Reyes, el nuevo representante y candidato presidencial del PLI y vinculado al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había solicitado a los poderes electoral y judicial el control de la hasta ahora principal fuerza opositora. Después, también demandó la destitución de los diputados por desconocer su autoridad.
“Así, la auténtica oposición, no solamente está impedida de participar en cualquier proceso electoral, sino que se le ha arrebatado su representación en el parlamento”, dijo Vigil, lideresa del grupo disidente del sandinismo gobernante. La unicameral Asamblea legislativa era “el ámbito institucional en el que ha venido actuando, como expresión de los mínimos espacios que habían quedado del proceso de concentración de poder que el ‘orteguismo’ ha desarrollado en los últimos años por la vía de hecho y mediante cambios constitucionales”, analizó.
Reyes, un jurista poco conocido hasta ahora, argumentó a IPS que “las decisiones de los Poderes del Estado son de ineludible cumplimiento y nosotros, en el PLI, somos respetuosos del derecho institucional. Si otros no respetan los mandatos de los principales poderes, es problema de ellos”, pero se disculpó por otros compromisos para no abundar sobre la situación. Los diputados destituidos fueron reemplazados por suplentes de otros diputados titulares, en su mayoría del FSLN y sus aliados. Solo dos de los legisladores sustitutos renunciaron a su nuevo puesto en rechazo a lo que la oposición califica como “golpe de Estado” y entronización en el país, en la práctica, “de un sistema de partido único”.
De ese modo, la Asamblea quedó bajo absoluto control de Ortega: de 91 escaños, 63 pertenecen al FSLN, dos a su aliado Partido Liberal Constitucionalista, 24 al nuevo PLI y dos independientes.
Ortega, de 70 años, integró la junta de gobierno que dirigió Nicaragua después que el FSLN expulsó del país a Anastasio Somoza, último exponente de la dictadura dinástica de los Somoza, y fue presidente del país entre 1985 y 1990, para retornar al poder en 2007. Una reforma constitucional de 2010 le permite ahora ser candidato por tercera vez consecutiva. Agustín Jarquín Anaya, excontralor general (1996-1999) y exdiputado electo en 2011 como aliado del FSLN, recordó a IPS que bajo la segunda administración de Ortega, iniciada aquel año, fueron destituidos 31 legisladores y más de 60 alcaldes y vicealcaldes.
Jarquín Anaya fue uno de esos destituidos tras criticar en el parlamento algunas medidas represivas del presidente. “En todos estos casos de destitución ha habido abuso de poder, nadie ha tenido derecho a la legítima defensa de los cargos falsos que se le imputan para quitarnos del cargo. Es simple: una maquinaria perversa acata las decisiones de Ortega contra quienes le critican”, aseguró a IPS.
Para el politólogo y analista social Humberto Meza, la exclusión de la fuerza opositora es “sin duda alguna un golpe al pluripartidismo”.
“El golpe asestado al parlamento tiende a reconfigurar por completo el funcionamiento que a partir de ahora tendrá el Legislativo. Por un lado, el presidente Ortega derriba toda posibilidad de veto a sus propuestas, consiguiendo la posibilidad de alterar cualquier decisión institucional a su conveniencia”, dijo a IPS. “Por otro lado es una señal clara para la configuración que la Asamblea Nacional tendrá en las elecciones de noviembre. El control absoluto sobre el Legislativo sería, en este caso, una estrategia de neutralizar eventuales conflictos por el tema de la sucesión dentro del FSLN. Son los dos aspectos más importantes que están representados en este golpe”, dijo Meza.
Para el analista, el futuro político del país avanza hacia el control absoluto de Ortega de todas las instituciones, incluidas las fuerzas armadas y policiales, cuyos actos oficiales se acompañan de la bandera rojinegra del FSLN y retratos de Ortega y su esposa Rosario Murillo, designada este martes 2 como la candidata a la vicepresidencia. “No se trata solo de que la oposición está excluida de los espacios de decisión, sino que elimina toda posibilidad de representación a una masa específica de electores que no votan por el FSLN”, adujo Meza.
“Al no tener ninguna posibilidad de representación institucional, le restaría naturalmente el camino de la protesta, pero ya vimos que esa misma oposición tiene enormes desafíos y una gran debilidad para liderar protestas callejeras”, advirtió. La exclusión de los diputados opositores fue denunciada ante la Organización de Estados Americanos y embajadas de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pero hasta ahora solo Estados Unidos expresó preocupación y rechazo por la medida.
A juicio de Meza, la abolición de las fuerzas opositoras sí crea rechazo en la comunidad internacional, al igual que otras medidas que desde 2011 ha adoptado el presidente para controlar los demás poderes del Estado, pero la solución de la crisis institucional corresponde a la población nicaragüense. “El mundo entero informó sobre el golpe de Ortega al Legislativo, pero toda reacción externa será estéril mientras los propios nicaragüenses no consideren que la estrategia de Ortega es peligrosa y conflictiva”, dijo.
En Nicaragua existen 17 partidos políticos, incluyendo al gobernante FSLN. De ese universo, seis organizaciones son formalmente aliados del FSLN y las demás fueron creadas en los últimos dos años con vistas a las elecciones de noviembre y son acríticas al gobierno.
Para la exguerrillera izquierdista Dora María Téllez, otrora integrante del FSLN, el próximo proceso comicial es atípico “y más farsa electoral que elecciones”. Ortega compite por tercera vez consecutiva desde 2006 y sin oposición destacada, sin observación electoral nacional o internacional y con un sistema electoral acusado de fraudulento y bajo control estricto del sandinismo ortodoxo.
“Ortega está diciendo al mundo que bajo las reglas democráticas no lo bajan del poder. Apela al conflicto y se basa en el control del Ejército y la Policía, más el dominio de las instituciones, para extender su dinastía familiar como lo hicieron los Somoza durante más de 40 años”, advirtió Téllez a IPS. Según una encuesta realizada en julio por la firma Borge y Asociados, Ortega tiene una intención de votos de 44 por ciento. El porcentaje de entrevistados que dijo que no votaría por ningún candidato, que no respondió a la encuesta, o que dijo que votaría por un aspirante opositor sumó 56 por ciento.
Editado por Estrella Gutiérrez
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Diputados destituidos denuncian golpe de Estado de Daniel Ortega
(EFE)
Los 28 diputados opositores que fueron destituidos hoy por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los sandinistas, calificaron la medida como un «golpe de Estado al Poder Legislativo». «La destitución masiva de los diputados de oposición constituye un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua y con ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder Legislativo», denunciaron los diputados destituidos en un pronunciamiento leído por quien era su jefe de bancada, Wilber López.
Según los 28 diputados, entre ellos 16 propietarios y 12 suplentes, la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), avalada por la directiva parlamentaria, demuestra «desprecio por el voto ciudadano» que los eligió y destruye «la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua al cerrar el último espacio institucional para la oposición». «La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense», señalaron.
Los diputados destituidos denunciaron que con esa decisión se rompió el principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, el pluralismo político en el Parlamento, y que se confirman intenciones de Ortega de querer imponer un sistema de partido único en Nicaragua. Además, consideraron «particularmente grave» que ese hecho ocurra a tres meses de las elecciones presidenciales, porque, indicaron, tiene «un claro propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen» sandinista.
Asimismo, instaron a la comunidad internacional a abordar con urgencia la situación de la democracia y el Estado de Derecho de Nicaragua, y adoptar acciones orientadas a la restitución de elecciones libres y participativas, y la inmediata restitución de los legisladores removidos de sus cargos. La Junta Directiva del Parlamento acordó este viernes destituir a 28 diputados opositores pese a que se habían declarado independientes para tratar de evitarlo. Los diputados, entre ellos el coordinador de la principal agrupación opositora, la Coalición Nacional por la Democracia, Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del CSE, que fue acatada hoy.
Los 28 diputados pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta mayo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal de este partido a Montealegre y se la dio a Pedro Reyes, considerado por la oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi nula. Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución. Para evitar su salida ante la solicitud de Reyes, los congresistas en cuestión se declararon independientes.
Tanto el Poder Electoral como los legisladores sandinistas en la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados. Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados propietarios de la Asamblea Nacional en noviembre de 2011, donde eran la segunda fuerza política después del oficialismo. La situación se da a menos de tres meses de las elecciones generales del 6 de noviembre, en las que el presidente Ortega buscará una nueva reelección, sin la participación de la coalición que lideraba el PLI, que decidió retirarse tras el dictamen de la CSJ.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Honduras: Ley de Empleo por Hora: uso y abuso en el sector servicios y turismo
Giorgio Trucchi (Alba Sud / Rel-UITA)
La legislación laboral en Honduras recorta derechos y precariza el empleo, con especial incidencia en hoteles y restaurantes de «comida chatarra», donde la mano de obra femenina es la que predomina
La aprobación en Honduras de programas y leyes que recortan derechos laborales ha venido promoviendo y profundizando la “institucionalización de la precarización laboral”. Para los diferentes actores sociales, iniciativas como la Ley de Empleo por Hora no son más que nuevas formas de acumulación capitalista que pretenden generar un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales. El sector servicios, incluyendo a los subsectores turísticos y de comida rápida, con mayor presencia femenina es donde más está proliferando este tipo de empleo.
Programa/Ley de Empleo por Hora
A inicios de 2010, Honduras seguía sufriendo las consecuencias del golpe de Estado que un año antes había derrocado al presidente Manuel Zelaya. El país estaba en bancarrota y en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes. Aislado internacionalmente, sin acceso a crédito y con una institucionalidad quebrantada, el país centroamericano veía sus indicadores de desempleo, pobreza y violencia subir aceleradamente, al tiempo que su aparato productivo seguía desplomándose.
Es en medio de este caos que, en noviembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 230-2010 con el cual daba vida al Programa Nacional de Empleo por Horas, una herramienta que gozaba del beneplácito del tambaleante gobierno de Porfirio Lobo y del entonces presidente del poder legislativo, Juan Orlando Hernández. Se trataba de un programa de emergencia y de carácter temporal (de 1 a 6 meses), que permitía a las empresas privadas y públicas contratar hasta el 40% del total de su planilla de forma temporal.
Las empresas interesadas debían registrarse y declarar las plazas que tenían bajo esta modalidad. Además, debían garantizar toda una serie de derechos previstos por la legislación laboral nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras.Entre otros fines, el Programa de Empleo por Horas se proponía fomentar el empleo digno y decente, evitar el incremento de los índices de desempleo y sub-empleo, fomentar la inserción laboral, la educación, capacitación y formación profesional de trabajadores y trabajadoras.
Tras ser ampliada por unos meses su vigencia, el Programa expiró en noviembre de 2013. Sin embargo, a inicios de 2014, el Congreso decidió emitir el Decreto 354-2013 con el cual se creó la Ley de Empleo por Hora. De esta manera, las modalidades de empleo temporal incluidas en el Programa de 2010 pasaron a ser permanentes y elevadas a rango de ley.
Pese a las protestas de organizaciones sociales y sindicales, a una petición presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación a los Convenios 87, 95 y 98 sobre derecho a la sindicación y la negociación colectiva y protección del salario, y a la solicitud de veto presidencial presentada por organizaciones sindicales y de mujeres, tanto el presidente saliente como su sucesor, Juan Orlando Hernández, hicieron caso omiso. La ley entró en vigencia el 31 de marzo de 2014.
“Estamos ante una forma de acumulación capitalista donde el sistema ya no genera trabajo de calidad, ni mucho menos decente. En este contexto es interesante, y al mismo tiempo preocupante, ver como el ‘sistema derecho’ se ajusta a este modelo y a los requerimientos de la economía neoliberal”, dijo a Alba Sud, Ana Ortega, especialista en Ciencias Políticas.
“Acostumbramos pensar que el despojo se refiere exclusivamente a bienes tangibles, pero si pensamos a la acumulación como forma de separar al ser humano de los medios de subsistencia y a cómo ha cambiado el mundo del trabajo, es evidente que estas formas de contratación no solo precarizan el trabajo, sino la vida misma”, continuó la catedrática. «Cuando hablamos de acumulación por desposesión es importante incluir la desposesión que se da por la vía del empleo, del trabajo, de abaratar los costos de contratación y de despido”, explicó Ortega.
Para ella, en Honduras se está llegando rápidamente a la legitimación de una verdadera institucionalización de la precarización. “Ya se veía venir desde los años 90 con el rigor de las medidas del Consenso de Washington, que básicamente profundizaron la desregularización y liberalización de la economía y ampliaron los procesos de privatización. Ahora se está buscando alcanzar lo más profundo del modelo”, indicó la especialista. Quisieron vendernos la idea de que la Ley de Empleo por Hora era una medida extraordinaria para darles una oportunidad a las personas en un momento de fuerte contracción de la economía. En realidad significó nuevamente una transferencia de recursos desde los más pobres hacia los más ricos”, continuó la también presidenta del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Una falsa solución
El estudio “Monitoreo empleo temporal por horas y los derechos humanos laborales”, realizado en 2014 por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), cuestiona los datos brindados por fuentes gubernamentales y la empresa privada, según los cuales durante los primeros años el Programa de Empleo por Horas habría involucrado a unas 4.300 empresas y generado casi 175 mil plazas.
“El estudio pone al desnudo el manejo malintencionado y distorsionado de las cifras que brinda el gobierno en cuanto a la generación de empleo, agregando datos proyectados a los datos reales. Además, vemos cómo el 90% de las personas supuestamente contratadas temporalmente tienen entre 1 y 3 años trabajando en el mismo lugar. Eso demuestra que las empresas están usando este formato de contratación para abaratar costos e irrespetar derechos”, dijo Ana Ortega.
En el documento del CDM y el STIBYS la mayoría de las personas entrevistadas declararon que no han conocido a nadie cuyo contrato haya pasado de temporal a indefinido. Por el contrario, hay varios empleados que eran permanentes y que hoy trabajan a medio tiempo. Dirigentes sindicales denunciaron que ya hay muchos casos de despido de personal permanente para contratar a nuevo personal temporal. “El 25% de los entrevistados declaró que han visto despido de personal permanente para recontratarlo de manera temporal y un 32% ha asistido al despido de personal permanente para remplazarlo con temporales. Estaríamos hablando de un 57% de puestos de trabajo que pasaron a ser puestos precarios”, advierte el estudio. El año pasado (2015) las mismas autoridades gubernamentales tuvieron que aceptar públicamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
Violación de derechos
En cuanto a la jornada laboral, el 90% de las personas encuestadas hace la misma labor que una persona permanente. El 35% laboró 8 horas diarias, el 33% de 9 a 12 horas y el 3% laboró más de 12 horas diarias. El estudio revela también que el 86% de las y los trabajadores temporales no tiene protección contra accidentes y el 82% no goza de protección contra enfermedades profesionales. Las mujeres son las que más sufren dicha situación: el 75% no tienen acceso a derechos por maternidad y al 72% se le niega su derecho a la lactancia. Con respecto al salario, el 31% está recibiendo menos del salario mínimo de su sector, sólo el 39% recibe el salario mínimo y el 9% recibe el salario mínimo más el 20% en concepto de bonificación.
Esta situación hace que el 53% de las personas trabajadora encuestada no puede estudiar, el 71% no puede comprar casa, el 69% no tiene un ingreso estable y el 53% no puede alimentarse bien con lo que gana. Y el 100% de las y los trabajadores temporales dijo que es imposible organizarse. Cualquier intento termina con el despido inmediato.
“Tanto el Programa como la Ley de Empleo por Hora no están sirviendo para fomentar la educación y capacitación, ni para crear nuevas plazas, sino para precarizar aún más las plazas existentes, violentar el derecho a un salario digno y socavar el derecho que tienen las y los trabajadores a organizarse. El Estado está adaptando los marcos jurídicos a los requerimientos del capital, a costa del deterioro y la precarización de la vida de la población”, advirtió con preocupación Ana Ortega.
“La creación de la modalidad de empleos temporales por horas o por días disminuye, restringe o tergiversa el principio de estabilidad laboral, del cual se desprenden todos los demás derechos laborales”, sentencia el estudio del CDM y el STIBYS.
Crece la pobreza
Según el informe “Honduras desde el golpe: resultados económicos y sociales” del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en el período de implementación del Programa de Empleo por Horas la pobreza se incrementó en 13,2% y la extrema pobreza en 26,3%.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, Honduras ocupa el primer puesto entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza.
Para el Banco Mundial, Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica, solo debajo de África. Los datos del Banco Mundial señalan que Honduras tiene un 64,5% de la población en situación de pobreza y un 42,6% en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día). En términos del coeficiente Gini, la desigualdad es del 0,537 (donde el valor 0 expresa la igualdad total y el valor 1 la máxima desigualdad).
Hasta 2013, el subempleo abierto, el invisible y el visible sumaban casi el 60%, es decir 6 de cada 10 hondureños no tiene acceso ni siquiera a la canasta básica.
Sector servicios, turismo y “comida chatarra
De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en 2014 las actividades económicas que presentaron la mayor cantidad de contratación por horas fueron el comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles (37,63%), servicios comunitarios, sociales y personales (30%). El 71% de las personas que trabajan bajo el Programa de Empleo por Horas son jóvenes entre 15 y 29 años, y el 82% es mano de obra no calificada.
El turismo se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de divisas y empleo en Honduras El último informe presentado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) señala que en 2015 el país recibió a casi 2,1 millones de visitantes y obtuvo ingresos por el orden de unos 720 millones de dólares. Esto significó el 6,5% del PIB. El sector turismo genera actualmente unos 211 mil empleos, en su mayoría mujeres.
“Se han aprobado o reformado leyes para promover la inversión turística a través de una amplia gama de incentivos, la creación de regímenes especiales y exoneraciones fiscales. La Ley de Incentivo al Turismo, por ejemplo, exonera a las empresas del pago de Impuesto sobre la Renta (IR) por 10 años a partir del inicio de operaciones”, explicó Ana Ortega a Alba Sud.
Recientemente, el gobierno de Honduras lanzó el Programa de Crecimiento Económico Honduras 20/20, que pretende atraer inversiones de entre 10 mil y 13 mil millones de dólares en cuatro sectores (turismo, textiles, manufactura intermedia, servicio de apoyo a negocios) y generar 600 mil empleos en los próximos 5 años, 255 mil de los cuales en el sector turismo. “En ámbitos como el de la comida rápida o del turismo, especialmente en hoteles y restaurantes, donde abunda la precarización laboral y la falta de derechos, las mujeres trabajadoras son las que se llevan la peor parte”, explicó Ortega.
De acuerdo con el estudio «Apertura económica, género y pobreza en el Istmo Centroamericano – Honduras» (2010) un 76% del trabajo vinculado al sector turismo es desempeñado por mujeres. Ortega asegura que, actualmente, la proporción es aún mayor. “En cualquier hotelito o restaurante la mayoría son mujeres y son contratadas por horas. Estuvimos hace poco en un hotel en Valle de Ángeles y nos obligaban a cenar antes de las 7 de la noche y desayunar después de las 8 de la mañana, porque las muchachas –nos decía el dueño del hotel– eran pagadas por horas”, recordó la presidenta de C-Libre.
Lo mismo pasa en las franquicias de comida rápida, donde las empresas siguen beneficiándose de los incentivos fiscales al turismo, y aprovechan de la ley de empleo por horas para abaratar costos y multiplicar sus ganancias. “Es un ejemplo más de cómo se va profundizando el despojo. Como era previsible, todas estas leyes de incentivo al turismo y a la inversión extranjera para, supuestamente, generar empleo decente han fracasado. La precarización de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras da cuenta de eso”, indicó Ortega.
La catedrática explicó que la salida no puede ser mercantilizando más las esferas de la vida social, sino poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida. “Mantenernos en esta dinámica de privatización y despojo de bienes comunes de la naturaleza no sólo no nos va a ayudar a salir de la crisis, sino que la profundiza”, concluyó.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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5) Kuczynski, nueva etapa en la debacle del Perú
Luis Arce Borja (Rebelión)
Pedro Pablo Kuczynski juramentó como presidente del Perú. Con una mano en la biblia dijo: “Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo 2016-2021″. Con esta frase ridícula, patética y falsa, el nuevo inquilino de palacio inició su gestión gubernamental.
Jurar por el dios de los cristianos, y por la “patria” es un taparrabo utilizado por los más abominables gobernantes reaccionarios y conservadores del Perú. El asunto concreto es que Pablo Kuczynski es un parásito político de 78 años ligado a las transnacionales y potencias mundiales, en particular los Estados Unidos. Ya en el año 1968 se vio involucrado en un regalo de más de 100 millones de dólares a la International Petroleum Company, empresa norteamericana que venía de ser expropiada por una junta militar. En el 2006, cuando era primer ministro del corrupto Alejandro Toledo, avaló medienta carta de recomendación a Francisco Javier Pardo Mesones, militante de la organización política de Alberto Fujimori y acusado actualmente de blanquear dinero en Panamá.
Kuczynski es ahora el presidente “electo”, pero bien pudo ser Keiko Fujimori, o cualquier otro de los vagabundos y embusteros que se lanzaron en la carrera presidencial. Con este nuevo presidente no cambia absolutamente nada para los pobres peruanos. El sistema político de este país está construido para usar el gobierno y las instituciones del Estado, para robar, saquear las riquezas del país, pedir coimas, y crear más hambre y miseria contra la población. Asi ocurrió con Alberto Fujimori, Alan García, Toledo y el saliente Ollanta Humala cuya “primera dama”, y esposa (Nadina Heredia) se retira con varios juicios penales en curso.
Pablo Kuczynski es un antiguo personaje de la derecha peruana. Más de la mitad de su existencia la utilizó para servir a los grupos de poder del Perú y norteamericanos. En la década del 60 fue gerente del Banco Central. Entre 1980 y 1982 fue ministro de Fernando Belaunde, un personaje ligado a los terratenientes y grupos de poder de los EE.UU. En el 2001 fue ministro de economía del gobierno de Alejandro Toledo, cuyo gobierno fue un desastre. En el 2005 es presidente del consejo de ministros de este mismo gobierno.
Kuczynski es producto del medio político peruano, cuya esencia es la corrupción, la decadencia y donde los asuntos del Estado se resuelven entre bandas de mafiosos. En esta realidad, el nuevo presidente no es diferente sustancialmente de otros personajes cuyas trazas en el gobierno no solo es el hambre y pobreza para el pueblo, sino también una sociedad saqueada, hundida en el desgobierno y corrupción. Kuczynski, como empresario o como parte de diferentes gobiernos, integró la lacra política peruana.
Este presidente “gringo” del Perú, como ya es costumbre en este país, cuenta con su propia ONG. Esta se llama Agualimpia y es financiada por el Banco Mundial, la Unión Europea, el banco interamericano y diversas empresas transnacionales mineras y empresas privadas del Perú. Esta ONG recibe dinero de Minera Barrick, transnacional canadiense afincada en Perú en la explotación de oro. También recibe financiamiento de la americana Southern Copper, de la minera Cerro Verde y hasta de la transnacional Coca Cola.
Con Kuczynski se repite el mismo escenario político que los anteriores gobiernos corrompidos del Perú. Se ubica como el “mal menor” del proceso electoral a la presidencia. Perdió la primera vuelta, pero en la segunda fue apoyado por toda la inmundicia política, derecha “izquierda” del Perú. Hasta la infame cúpula de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se subió al carro del nuevo presidente y llamó a votar por el candidato de los ricos peruanos. En este trampolín al poder no se quedó atrás ni siquiera la “súper izquierdista” Verónica Mendoza, quien suplicó a sus partidarios ir a las urnas a votar por el candidato de los Estados Unidos. Mendoza dijo: «Hoy, votar en blanco o viciado favorece en el conteo final a Keiko, por eso solo queda marcar el símbolo de Peruanos Por el Kambio (PPK)”, expresó”.
En otros artículos he afirmado que una salida política que favorezca al pueblo está descartada totalmente de la vía electoral. Perú, como ningún otro país de configuración bananera, tiene el sistema electoral más corrupto y falso de América Latina. En este sistema es difícil reconocer el candidato honrado y el mafioso. Cada proceso electoral peruano es un desfile de delincuentes, narcos y criminales. Por ejemplo Alan García Pérez llegó por segunda vez a la presidencia, cuando ya se conocía su voluminoso prontuario policial. Se había enriquecido con el dinero del Estado, y fue responsable cientos de asesinatos de prisioneros de guerra. García fue el que ordenó la matanza de 300 prisioneros de guerra en junio de 1986.
Alberto Fujimori, antes de ser elegido presidente del Perú en 1990, la prensa había publicado sus fechorías en la venta de casas y terrenos. Alejandro Toledo, mentiroso y borrachín, se sentó en la presidencia del Perú, y junto con su mujer (Eliane Karp) cometieron una serie de delitos. Ello no impidió que intente por segunda vez llegar a la presidencia del Perú. Ollanta Humala fue candidato presidencial y ganó las elecciones después que la prensa había revelado su pasado criminal en el Alto Huallaga, cuando era uno de los oficiales del ejército al servicio del fujimorismo.
Keiko Fujimori, hija y heredera del criminal Alberto Fujimori, fue segunda en la carrera presidencial. La lideresa fujimorista ha sido favorecida por el corrupto sistema político y jurídico del Perú. De otra manera hace tiempo que estaría en prisión por asociación delincuencial y complicidad con su padre. Pedro Pablo Kuczynski, que se presenta como “limpio de polvo y paja”, no es así. Son varias acusaciones que pesan sobre el nuevo presidente. Una de ellas proviene de 1968, cuando ocupaba la dirección del Banco Central de Reserva (BCR), entregó 105 millones de dólares (al cambio actual) en favor de la International Petroleum Company. Por dicho delito salió huyendo del Perú y se refugió en los EE.UU. Otro de las acusaciones se refiere a la explotación y exportación del gas de Camisea. El parlamentario Manuel Dammert ha presentado sólidas pruebas que muestran que Pedro Pablo Kuczynski (PPK), utilizo su condición de primer ministro en junio del 2005 para favorecer la transnacional Hunt Oil y entregarle el gas de Camisea. “El gas de Camisea fue descubierto y Toledo permitió que un lobista como PPK haga un faenón, un gran negociado”, ha dicho Dammert.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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6) Pobre país
Eric Nepomuceno (Página12)
Desde Río de Janeiro
A partir de mañana, y a menos que ocurra un casi imposible vuelco de última hora, el Mercosur quedará acéfalo. El bloque, integrado por cinco países –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela– tiene reglas claras: la presidencia pro-tempore es ocupada por los miembros en orden alfabética. Termina hoy el turno de Uruguay, y le tocaría a Venezuela ocuparlo a partir de mañana.
¿Por qué no será así? Porque Brasil y Paraguay se rehúsan a cumplir lo pactado, con el no tan discreto apoyo de la Argentina presidida por Mauricio Macri, especie de versión del golpista brasileño Michel Temer doblada al castellano. Como en el Mercosur las decisiones tienen necesariamente de ser tomadas por consenso, y como los dos principales socios, Brasil y Argentina, se oponen a que la regla sea cumplida, está instalado el impase.
La justificativa para impedir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore es, al menos en apariencias, válida: el país no cumplió totalmente las exigencias para ser “miembro pleno” del Mercosur. Detalle: ninguno de los demás países cumplieron totalmente las mismas exigencias.
En concreto, lo que ocurre es el primer paso de lo que pretende el ministro interino brasileño de Relaciones Exteriores, José Serra: imponer un cambio radical en la política externa “altiva y activa” de los 13 años de gobierno del PT, primero con Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff. Bloques como el Mercosur, la Unasur o el BRICS (reunión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pierden espacio e importancia. Lo que importa es acercarse a otros acuerdos, capitaneados por Washington. El segundo paso de Serra será retomar un acuerdo con Estados Unidos para utilizar la base aérea de Alcántara, en el norteño estado de Maranhão, el más miserable del país, para lanzamiento de satélites. De hecho, significará permitir que Washington instale una base militar en territorio brasileño.
Al mismo tiempo, el interino Temer, que actúa con la feroz determinación de quien está seguro que la destitución de la presidente electa será consumada en agosto, se lanza con saña inaudita sobre la estructura administrativa del gobierno. Por esos días fueron cesados 81 funcionarios del ministerio de la Cultura. La Cinemateca Brasileña fue literalmente desmantelada: los responsables por el proyecto de preservación y restauración de películas que es considerado referencia mundial fueron sumariamente demitidos. La razón, según el ministro interino: “deshacer el aparato político impuesto por el PT y nombrar a funcionarios de carrera”. Detalle número uno: los cesados son funcionarios de carrera. Detalle número dos: el principal, o al menos el más visible, foco de resistencia al golpe institucional se da precisamente entre artistas e intelectuales. Degollar al ministerio de Cultura es parte de la venganza de Temer y sus acólitos.
Para el puesto de la coordinadora general de la Cinemateca fue indicado un tipo que responde a causas judiciales por estafa. Nada podría estar más en armonía con un gobierno colmado de personajes que responden a causas judiciales mientras destituyen, bajo el amparo de una farsa judicial, a una presidenta contra quien no existe una única, solitaria denuncia por lo que sea. En el ministerio de la Salud, 73 personas fueron demitidas el pasado jueves. Y ya se anunció que al menos otras 242, todas ocupantes de cargos de dirección o coordinación de programas creados por las administraciones del PT, serán igualmente fulminadas.
El ministro interino, Ricardo Barros, dice que hay “excesos de cargos ocupados por indicaciones políticas”. El ministro también defiende ajustes rigurosos en los programas y gastos de salud pública, y recomienda que la salud privada ofrezca “planes y seguros a precios razonables”. Detalle: Barros tuvo, a lo largo de su opaca trayectoria de diputado nacional, todas sus campañas financiadas por entidades de salud privada.
Las universidades federales están al borde de la bancarrota. Hay retrasos en la liberación de presupuestos pactados, y se anuncia que además sufrirán ajustes. Hay denuncias de censura y persecución política a profesores que resisten el golpe institucional. Al mismo tiempo, se lanza una campaña en los medios hegemónicos de comunicación, voz unísona de pleno respaldo al golpe institucional, defendiendo directamente que las universidades nacionales dejen de ser gratuitas. Mientras eso no ocurre, el gobierno interino suspendió los programas de becas para graduados en el exterior, y retrasa el pago de las becas de maestría vigentes, dejando centenares de estudiantes náufragos en más de una decena de países.
Agosto se anuncia como un mes de temporales. Todo indica que el interinato de Michel Temer se transformará en presidencia efectiva. El núcleo duro de los políticos armado alrededor de Temer dice que luego de la destitución de la mandataria elegida por 54 millones de brasileños se abrirá espacio para negociar con diputados y senadores la aprobación de los “cambios urgentes y necesarios”. Son programas que afectarán directamente derechos laborales e impondrán cambios en el sistema de jubilaciones, entre otras conquistas alcanzadas. El interino cree que los votos de la mayoría de los 81 senadores darán legitimidad a su gobierno. Si la política de tierra arrasada que impone sin haber alcanzado esa supuesta legitimidad ya asusta, más aún es la perspectiva de lo que vendrá cuando el golpe institucional se confirme.
Pobre, pobre país el mío.
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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