COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 – No. 433 / Miércoles 5 de noviembre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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NOTICIAS
BOLIVIA
1) GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
2) PREOCUPACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS
3) EL RETO DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA
MEXICO
1) RETROCESOS EN DERECHOS SEXUALES EN LEY DE INFANCIA
PERU
1) IMPUNIDAD FRENTE A LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS
URUGUAY
1) NO HAY EXCUSAS
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
MUJERES INVISIBLES
I – MUJERES MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
II – MUJERES RURALES EN EL ESTADO ESPAÑOL
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BOLIVIA
1) LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó que se prevé socializar en una cumbre nacional de autoridades municipales el reglamento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (N° 348). El fin es lograr una mejor aplicación de la norma en el país.
“Lo que queremos hacer es organizar para la próxima semana, y por ello estamos en contacto con la FAM (Federación de Asociaciones Municipales), una cumbre nacional de autoridades municipales para explicar de qué se trata este decreto”, manifestó.
En entrevista con el programa El pueblo es noticia, Peña señaló que en el encuentro se abordará los asuntos técnicos y presupuestarios y las competencias de los gobiernos locales para luchar contra el problema. “Nosotros tenemos la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que ya tiene más de un año de vigencia, pero lamentablemente los alcaldes y gobiernos departamentales no han estado dando cumplimiento al mandato de la norma”, indicó.
La Ministra de Autonomías recordó que la reglamentación de la ley instruye a los gobiernos departamentales y municipales designar entre el 20 y 30% de su presupuesto de seguridad ciudadana para la construcción de una casa de acogida y otorgar servicios legales e integrales a mujeres afectadas por la violencia.
La Razón / ABI/ COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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2) PREOCUPACIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó su preocupación por el aumento de la violencia sexual contra niñas en el último tiempo, a raíz de un nuevo caso de violación y asesinato contra una pequeña de cuatro años en Palos Blancos.
Mediante un comunicado emitido por la Defensoría, la autoridad dijo no saber cuántos casos más deben ocurrir para que el Gobierno acepte que “estamos ante una situación de violencia insostenible contra las mujeres, especialmente las niñas”.
Este nuevo caso fue registrado en el municipio de Palos Blancos, a 254 km de la ciudad de La Paz, lugar donde una menor de cuatro años fue encontrada muerta el pasado viernes, luego de que fuera ultrajada y violada por un individuo, mientras sus padres se encontraban en una reunión.
En el documento, Villena criticó la negativa sistemática de las autoridades de declarar la alerta nacional por el creciente número de casos de violencia hacia las mujeres y feminicidios, que ahora están mostrándose con mayor “crudeza” contra las niñas. “Hay una negación culposa y encubridora por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales frente a los casos de violencia y feminicidios ocurridos contra las niñas, que aumentan en cantidad y en crueldad”. Según el Defensor, existe una especie de “autocomplacencia social” por la que se piensa que, el detener a los autores y mandarlos a la cárcel es suficiente, mientras que nada se hace para prevenir y proteger a las niñas y adolescentes”.
La autoridad instruyó a los representantes de la Defensoría en La Paz la creación de una comisión que vaya a Palos Blancos para investigar el suceso y elabore un informe sobre el incremento de violaciones y muerte de niñas en esa zona, donde al menos hubo otros cuatro casos similares en lo que va del año. También mencionó otros dos casos ocurridos la semana pasada, uno en El Alto, donde se encontró el cuerpo de una niña de nueve años con señales de abuso sexual, y el de una menor de 12, también hallada muerta en Tarija.
Asimismo, denunció hace dos semanas la violación de una niña de cinco años en un centro médico, supuestamente por un enfermero. La menor murió al ser trasladada a un hospital en un pueblo de Cochabamba.
Según el comunicado de la Defensoría, cada año se registran en Bolivia 14.000 casos de violaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres, y el 34% de las menores de edad sufren abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Entre enero y septiembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia recibió más de 17.000 denuncias de violencia contra la mujer, mientras que las defensorías de la niñez y adolescencia reportaron en el mismo periodo 13.500 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Ayer se conoció otro caso de feminicidio contra María Isabel Pilco, de 28 años, que fue golpeada por su concubino David Reynaldo Vizcarra, e internada en un nosocomio durante cuatro días. Pilco murió por una hemorragia interna a consecuencia de los golpes propinados por su pareja.
Registro de abuso sexual
Violaciones
Cada año se registran en Bolivia 14.000 casos de violación en niñas, niños y adolescentes.
Menores
El 34% de estos menores de edad sufren abuso sexual antes de cumplir 18 años.
La Razón/ COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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3) EL RETO DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA
Si bien es un logro que las mujeres hayan logrado espacios en el 49% de la Asamblea Legislativa en la próxima gestión, la agenda que propondrán será uno de sus mayores retos. Ése fue uno de los temas que se abordó en el programa Estamos a tiempo.
“Nos preocupa con qué agenda van a entrar estas mujeres a la Asamblea Legislativa, porque pueden tener mayor presencia pública, pueden ser voceras de su partido, pero ser tremendamente conservadoras con los temas de equidad de género”, opinó Lourdes Montero, economista social.
En su criterio, la religión puede ser un factor de división entre ellas en temas de salud sexual y reproductiva. “El cuerpo sigue siendo territorio de otros y no de nosotras”.
Para Julieta Paredes, activista feminista, la paridad y alternancia fue superada respecto a anteriores gestiones, ya que ahora “la mujer ya es el par político”. Respecto a las propuestas, señaló que no se puede permitir que manifiesten su fe religiosa para su votación porque Bolivia es un Estado laico.
Según Manuel Canelas, diputado electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS), a mayor empoderamiento de las mujeres, mayor la reacción de la parte conservadora machista que por ahora es mayoritaria en Bolivia, razón por la que ellas deben ser “impermeables a credos y a imposiciones”.
Para el politólogo Marcelo Silva, el gran desafío de las mujeres en este contexto político radica en ganar dos espacios: el corporativo sindical y el de la democracia comunitaria.
La Razón / COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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MEXICO
1) SENADO AVALA RETROCESOS EN DERECHOS SEXUALES EN LEY DE INFANCIA
Comisiones del Senado aprobaron hoy las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo el pasado 23 de octubre a la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para no reconocer derechos sexuales y reproductivos a las y los menores de edad.
Según un comunicado de la Cámara alta, las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos avalaron en lo general y por unanimidad las modificaciones realizadas por las y los diputados.
Con la aprobación, y pese a la crítica de grupos civiles que defienden los derechos de la niñez y de las mujeres, la ley desconoce los derechos sexuales y reproductivos de la infancia y en su lugar establece la obligación de garantizar “la salud sexual integral”.
En concreto, las reservas aprobadas fueron a los artículos 50, 57 y 58, que si bien asientan la importancia de que niñas, niños y adolescentes sean informados sobre su salud sexual, omiten reconocer como derechos la sexualidad y reproducción, niega el ejercicio de su sexualidad, y condiciona la educación sexual al consentimiento o intervención de los padres.
Como botón de muestra, en la fracción XI del artículo 50 se eliminó la frase “el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos”, por el de “asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva”.
La fracción VIII del artículo 58, que establecía “promover la educación sexual integral (…) que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”, cambió a “promover la enseñanza sexual integral conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez (…) que le permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución”.
En el artículo 57, que establece la educación desde un enfoque de Derechos Humanos (DH) e igualdad para el conocimiento de los derechos de la infancia, se añadió que quienes “ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de los menores tendrán derecho a intervenir en la educación” que habrá de darse a las y los menores de edad.
ANTICONSTITUCIONAL
Las reservas fueron promovidas por la diputada panista Carmen Lucía Pérez Camarena bajo el argumento de que los derechos sexuales y reproductivos no estaban reconocidos en la Constitución.
La aprobación de las reservas se dio a pesar de que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) llamó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a votar a favor de que la Ley General reconozca derechos sexuales y reproductivos a la infancia y adolescencia.
En una misiva enviada el pasado 28 de octubre a César Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI, GIRE aseguró que los derechos sexuales y reproductivos de las y los menores de edad sí están reconocidos por la Constitución, y que por tanto deben estar explícitos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con las observaciones de GIRE, la reforma constitucional de 2011 reconoce los Derechos Humanos a la libertad, salud e igualdad, los cuales fundamentan los derechos sexuales y reproductivos que el pasado 23 de octubre fueron anulados por la Cámara baja de la iniciativa de ley de infancia.
GIRE recordó que en enero de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en el amparo directo 6/2008 el derecho de todas las personas “a elegir en forma libre y autónoma, como vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones (…), su libre opción sexual”.
A decir de GIRE, los derechos reproductivos también tienen fundamento en el artículo cuarto de la Constitución, en el que se establece el derecho de toda persona a decidir el número y espaciamiento de las o los hijos que desea tener. Este derecho, agregó, están relacionados con el derecho a la vida privada, a la salud y a la integridad personal.
Además, los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); el Comité de los Derechos del Niño; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad reconocen la obligatoriedad de los Estados para hacer efectivos estos derechos.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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PERU
1) IMPUNIDAD FRENTE A LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS
Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, en el marco del 153º período de sesiones, realizado en la Ciudad de México, hasta el próximo viernes, 07 de noviembre, que no hay avances de parte del Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, puesto que no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables del delito de lesa humanidad.
Las entidades Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), co peticionarias del caso 12191 «Mamérita Mestanza” [campesina indígena víctima de esterilización por el gobierno] v. el Estado peruano, sobre esterilizaciones forzadas; sostuvieron una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del Acuerdo de solución amistosa.
Las co peticionarias manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al ex presidente Fujimori y sus ex -ministros de Salud.
Esta resolución reconoce que las esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los derechos humanos, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios públicos por la comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores mediatos.
María Ysabel Cedano, directora de Demus señaló: «preocupa, por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los hecho. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en el marco de la investigación penal del caso».
Exigen cambio de fiscal
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionaron la competencia del Fiscal que resolverá la queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se vienen cometiendo en esta investigación. Gloria Cano, directora de Aprodeh, llamó a que se respete el principio de fiscal natural sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna.
También cuestionaron que en la investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y urbano populares del país, quechuablantes y en situación de pobreza, que en muchos casos no comprendieron a que se sometían.
En cuanto a las reparaciones, exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de Mestanza sean efectivizadas tal y como lo indica el Acuerdo de Solución Amistosa, suscrito en 2003. Asimismo, la representante de Cladem, Cristina Zurutuza,señaló que el gobierno del presidente Humala debe garantizar una política de reparaciones integrales para todas las víctimas de este crimen.
Patrón sistemático de graves violaciones a los DD.HH.
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca el presente año, se estima que existen 10,000 mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en todo el territorio nacional.
Un total de 1,448 mujeres (Cuzco 830, Piura 410 y Cajamarca 208)[1] fueron llamadas a declarar. Actualmente existen 2,074 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de Mestanza.
Estas cifras, así como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos, ni mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales de la salud. Por el contrario esto muestra que se trata de un delito de lesa humanidad, que se impulso y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el ex- presidente Alberto Fujimori.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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URUGUAY
1) NO HAY EXCUSAS
Señores ministros José Balcaldi y William Corujo:
No los conozco personalmente. Sé que integran el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, ya que he leído dos sentencias redactadas por ustedes este año, la Nº 156 y Nº 259, del 4 de junio y el 10 de septiembre, respectivamente.
La primera absolvió a un hombre de 75 años, Javier Moya, del delito de explotación sexual de una niña de 15 años. La segunda, también absolutoria, se refirió al caso de un hombre de 27 años procesado por el mismo delito, pero esta vez por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años.
Los criterios con los cuales justificaron sus decisiones son variados, todos ellos basados en una lógica donde prima el interés de los inculpados. En términos generales, llegaron a la conclusión de que ellos son las verdaderas víctimas de abuso y engaño por parte de personas de 15 y 12 años.
Las fojas leídas no dejan lugar a dudas: ustedes fallan a favor de los explotadores, de los hombres que disfrutan de tener sexo con niñas, de aquellos que invocan como justificación el consentimiento de las víctimas entre engaños y regalos de todo tipo, incluyendo la provisión de alimentos (por si quedaba en duda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas explotadas).
Resulta abrumador identificar hasta qué punto naturalizan las condiciones más intolerables de violencia sexista. Quiebran lanzas por la injusticia, la justifican, la engalanan con latinazgos y citas de sapientes juristas y literatos.
Ustedes, señores ministros, indolentes ante la obstinada misoginia que mata y cosifica a niñas y mujeres, tienen una enorme responsabilidad. Se convierten en cómplices velados de las condiciones que hacen posible la impunidad, el caldo de cultivo para la explotación sexual de niñas y adolescentes.
Mientras estos varones arrebatan la inocencia, al usar y disfrutar los pequeños cuerpos, ustedes revocan los fallos que condenan sus actos, y redactan sentencias que buscan resarcir presuntos agravios a los inculpados. Las decisiones que adoptan forman parte de una violencia instauradora que, de la mano de la eficacia simbólica del Derecho, va dejando un rastro difícil de disolver.
A partir de un golpe de tinta corre la bochornosa comprobación de que en estos casos ustedes no defienden la ley ni velan por su cumplimiento. Interpretan maliciosamente la normativa nacional, al tiempo que ilustran sus textos con referencias de derecho comparado, sentencias de otras latitudes que naturalizan prácticas de explotación sexual durante la niñez.
Hace diez años, ante la urgente necesidad de implementar acciones concretas en el combate contra la explotación sexual de la niñez y la adolescencia en todas sus formas, se promulgó en nuestro país la ley 17.815, y por decreto presidencial se creó el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia.
Ese comité busca crear conciencia en la población sobre la normativa existente y los impactos sociales, sicológicos y jurídicos de su incumplimiento. Mientras tanto, los criterios hermenéuticos empleados en sus fallos reivindican la explotación sexual, con afirmaciones como “En su conocimiento interno mantuvo [relaciones sexuales] con alguien que no era menor, lo que aún no es delito en nuestro país” (sic), o “guste o no guste es lo que dice la ley, y no corresponde ingresar en valoraciones al protagonista judicial” (sic).
¿Cómo es posible justificar tal contradicción? ¿Cómo se sostiene el desconocimiento de los mecanismos existentes para condenar la explotación sexual de niñas y adolescentes por parte de funcionarios con su investidura?
Eva Giberti planteaba hace unos años la posible existencia de una “sintonía moral entre quienes cultivan sentencias que horrorizan y los violadores y abusadores que precisan silenciar las palabras de los niños y las niñas víctimas”.
Son muchas las voces que coinciden en que las sentencias referidas aterran, preocupan, generan desconfianza, opacan el trabajo de otros funcionarios que bregan para que la credibilidad de la Justicia ante la ciudadanía sea la base del funcionamiento de nuestro estado de derecho.
El rol del Poder Judicial y su independencia deben resultar incuestionables. Sin embargo, constituye un riesgo enorme para nuestras democracias pensar que los jueces están investidos con la potestad de retroceder y dar la espalda a los avances alcanzados en materia de derechos humanos, sin que podamos hacer nada al respecto.
La máxima aspiración de un Estado democrático y constitucional es contar con instituciones que tutelen los intereses generales y garanticen nuestros derechos fundamentales, sustrayéndolos de la arbitrariedad y el abuso de poder.
En medio de la indignación, y a pesar de la oscuridad aparente, del lado de la Justicia hay todavía una luz en el horizonte. Luego del recurso de casación interpuesto el 16 de junio para impugnar la sentencia que absolvió a Moya, por considerarse que existían “elementos de convicción suficientes para juzgar que el imputado tuvo participación en el delito” y que “el Tribunal [efectuó] una interpretación absolutamente literal y descontextualizada,” la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene la última palabra sobre la sentencia y los alcances de la normativa vigente que tipifica la explotación sexual. El pronunciamiento de la SCJ será clave para sentar un precedente en la lucha contra prácticas infames que comprometen de por vida a cientos de niñas y adolescentes en nuestro país.
Es posible que las manifestaciones por la lucha y el respeto de los derechos fundamentales incomoden a algunos. Estas líneas apelan a tender un puente con todas aquellas personas que se rehúsan a que la ignominia de un puñado nos arrebate legítimas aspiraciones de justicia y dignidad.
Valeria España / La Diaria / COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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TEMAS DE COMCOSUR MUJER
MUJERES INVISIBLES
I – MUJERES MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
Son “invisibles” para las autoridades y no tienen derechos
Miles de mujeres migrantes en EU carecen de acta de nacimiento
El derecho a la identidad –que otorga el acta de nacimiento– es una garantía de la que muchas mujeres migrantes carecen, lo que provoca que no accedan a derechos básicos como salud, educación o a registrar a sus propios hijos, además de que se exponen a riesgos como matrimonio temprano o explotación sexual o laboral.
Durante el Primer Foro Binacional sobre el Derecho a la Identidad y la Migración –que se realiza en un hotel de esta ciudad–, especialistas analizaron la doble invisibilidad que enfrentan miles de mexicanas y mexicanos que habitan en Estados Unidos sin contar con un acta de nacimiento.
Karen Mercado, presidenta de Be Foundation Derecho a la Identidad –organización convocante del foro–, enfatizó que la identidad es el segundo Derecho Humano (DH) fundamental, luego del derecho a la vida, pues contar con un acta de nacimiento es la llave de acceso al resto de los DH que se tienen como persona.
No obstante en México, según cifras del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), entre siete y 10 millones de personas carecen de un acta de nacimiento, es decir, son “invisibles” incluso en su propio país.
De acuerdo con la especialista, la mayoría de estas personas pertenecen a los sectores más marginados del país, como las comunidades de origen indígena, afrodescendientes y familias de áreas rurales.
Ello se debe –aseguró– a que enfrentan obstáculos como pobreza extrema, e incluso prejuicios mediante los cuales se discrimina a las hijas e hijos de madres solteras.
“Oficialmente son vidas que no suceden” y la carencia de este registro deja a las mujeres más vulnerables a sufrir severos abusos, como el matrimonio temprano o la explotación sexual y laboral “por la ventaja que ofrece si no existen oficialmente”.
A decir de Mercado, está situación de invisibilidad se multiplica cuando las personas sin registro son migrantes. Expuso el caso de los cientos de jóvenes que actualmente habitan en EU y fueron llevados por sus padres “que abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida” a días de haber nacido y sin haberlos registrado, “por lo que no pertenecen a ningún país”.
“Lo que es especialmente trágico” es el hecho de que ellas y ellos califican para beneficiarse de la eventual reforma migratoria en EU (mediante la cual se otorgaría la nacionalidad estadounidense a quienes tengan más de cinco años viviendo en el país del norte), pero al carecer de un acta de nacimiento tampoco pueden solicitar una matrícula consular que les permitiría acceder a la nacionalidad.
Se estima que el 30 por ciento de las y los mexicanos que habitan en EU, casi dos millones, tienen problemas de registro civil, es decir carecen de acta de nacimiento ya sea porque no la obtuvieron nunca, la perdieron en el camino o su documento tiene errores, dijo la especialista.
Por su parte, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Mónica González Contró explicó que un acta de nacimiento otorga personalidad jurídica a las personas y permite el reconocimiento de todos sus derechos independientemente de su ubicación geográfica.
En esa lógica, cuando no se permite o garantiza el registro de una niña o niño al momento de su nacimiento se le coloca en una condición de vulnerabilidad extrema, lo que se traduce en una violación reiterada y sistemática de DH por parte del Estado mexicano en contra de estas personas, que debe ser reparada.
González Contró resaltó que la personalidad jurídica, además de garantizar el derecho al nombre y nacionalidad, permite a las mujeres acceder a derechos básicos como la salud y la educación, así como a su ciudadanía y a tener derecho a un patrimonio propio.
Recordó que el derecho a la identidad está garantizado en diferentes convenciones y tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
A lo que se suma que en junio pasado se reformó el artículo cuarto constitucional para establecer que “toda persona tiene derecho a la identidad, y a ser registrado de manera inmediata y gratuita a su nacimiento”.
Jorge Santibañez Romellón, de la Fundación Puentes para la Paz, recordó que una de cada cuatro personas mexicanas vive en EU y seis millones de hogares se benefician de las remesas de las
personas migrantes.
Las y los especialistas coincidieron en la urgencia de que tanto México como EU garanticen el registro de las personas.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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II – MUJERES RURALES EN EL ESTADO ESPAÑOL
“¿Dónde está el jefe?”, pregunta de manera habitual alguien cuando acude a la explotación ganadera de Nieves Gutiérrez y su marido.
“Aquí no hay jefes ni obreros, somos todos iguales”, responde ella marcando el terreno. Todo un entramado legal sostiene el machismo y la masculinización a los que está asociado el mundo rural. “Aquí trabajamos tanto mi marido como yo, es de los dos, pero yo no puedo firmar ningún papel”.
Ganadera y con una carga de trabajo equivalente a la de su pareja, Nieves está subordinada a él a la hora de lidiar con la burocracia porque únicamente figura como colaboradora, no como titular de una explotación que le pertenece.
La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, una larga reivindicación de las mujeres del campo, busca desabrochar la desigualdad de género estructural del mundo rural, reconocida hasta por el Ministerio de Agricultura: “La actividad de las mujeres en la agricultura siempre ha sido intensa; sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar invisibilizado al no gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social”.
Según los datos oficiales, en el Estado español el 71,19 por ciento de los titulares de explotación agraria son hombres, frente al 28,81 por ciento de mujeres. “Profesionalmente nuestro trabajo no goza de un estatuto de reconocimiento jurídico en la explotación familiar. Y eso deriva en la falta de reconocimiento, de ingresos y de derechos laborales”, explica la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba. Eran y son muchas las trabajadoras sin contrato, sin derechos.
En el Estado español el 71,19 por ciento de los titulares de explotación agraria son hombres, frente al 28,81 por ciento de mujeres.
El único camino para que las mujeres vean reconocida su labor y su trabajo de manera legal es romper con la figura de la titularidad única. Se lograría así una cotización a la Seguridad Social acorde a la realidad y la posibilidad de pedir subvenciones, como por ejemplo las ayudas europeas asociadas a la Política Agraria Común (PAC). En definitiva, que las mujeres también tengan acceso al control y a la gestión de la explotación.
“Aunque siempre soy la encargada de realizar los papeles, no podía solicitar la PAC, tenía que ir mi marido”, explica Nieves, que pertenece a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Cantabria. “Los ingresos agrarios son de dos personas, provienen del trabajo de dos personas, pero se atribuyen al titular, así como la capacidad de gestión o representación. Las mujeres aportan su trabajo, pero no hay traducción lineal de derechos”, corrobora Vilalba. Según datos de la oenegé Mundubat, del 82 por ciento de las mujeres que trabaja en fincas agrarias dirigidas por hombres, el 59 por ciento no cotizan a la Seguridad Social por el desempeño de una actividad económica.
Una ley con sombras
Tras muchos borradores, reivindicaciones, leyes a medias tintas y lucha jurídica, el 5 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Entre los objetivos: la profesionalización del trabajo de las mujeres, caminar hacia la igualdad, el reconocimiento implícito de sus derechos económicos; sin obviar todo lo que implica ser propietaria desde el punto de vista legal, social y económico. Después de los intentos legislativos en 2007 y 2009, que “no significaron nada”, en palabras de Vilalba, la nueva ley ha arrojado un poco de luz a un terreno en el que oficialmente sólo luce el trabajo de un parte. “Yo estaba en el Congreso el día de la aprobación. Se nos saltaban las lágrimas”, rememora la ganadera cántabra.
“Nuestro trabajo no goza de un estatuto de reconocimiento jurídico en la explotación familiar. Y eso deriva en la falta de reconocimiento, de ingresos y de derechos laborales”
Pero aún sigue habiendo sombras. La secretaria general del Sindicato Labrego Galego hace una valoración positiva del avance, aunque con muchos matices: “Tal como está planteada, tiene el peligro de no solucionar el problema de fondo porque es algo voluntario, la decisión es de la explotación y es necesaria la firma del marido”.
La normativa actual necesita una campaña de difusión y de sensibilización, como reconoce el propio Ministerio, para que las posibles beneficiarias conozcan que tienen una nueva opción sobre la mesa. Los datos indican que las cosas no se han hecho de la manera correcta en este sentido. A 30 de julio de 2014, sólo 101 mujeres se han acogido a la ley de titularidad compartida, es decir, a registrarse como cotitulares de una explotación agraria que era suya desde hace tiempo. Unos datos tan llamativos como que en Andalucía o Extremadura, regiones eminentemente agrarias, no se haya registrado ningún caso; o que en Galicia hay únicamente 12, “cuando en esta Comunidad hay 35.0000 mujeres en esta situación”, lamenta Vilalba.
Datos
Los cálculos del Ministerio también están muy lejos de la realidad: “Se estimaba que de un colectivo máximo de 150.000 mujeres que son el grupo de cónyuges de los titulares, unas 100.000 podrían considerarse como las potenciales beneficiarias, de las cuales finalmente se entiende que entre 30.000 y 60.000 podrían querer acogerse a las distintas medidas establecidas por la Ley 35/2011”, explican a Pikara fuentes gubernamentales.
Falta de información
“La Ley ponía medidas positivas para incentivar el debate y sensibilizar, pero no se ha hecho inversión en ello, no se ha facilitado la tramitación. Obligaba a crear registros autonómicos pero ha habido muchas reticencias, poco interés y no se ha visto como algo prioritario”, apunta la sindicalista gallega. Falta mucha sensibilidad, información y formación al respecto: “Desafortunadamente, se considera normal que la mujer estén en condición de subsidiariedad y que lo acepte”, cierra.
Nieves Gutiérrez reconoce que no muchas mujeres solicitan la nueva titularidad y ofrece dos posibles causas: el papeleo y falta de sensibilización. “Hay que empezar el trabajo en los niños y niñas, y más en el mundo rural. Aquí el hombre es el jefe y los pequeños viven con esa idea y la reproducen”.
Lo tedioso de los trámites burocráticos así como la desinformación hacen que el proceso, una vez iniciado, sea largo. “En el sindicato nos ha costado mucho tramitar los expedientes. Es un camino que hicimos casi en solitario, dimos los primeros pasos en un mundo desconocido. Hemos tenido que empoderarnos y obligar a la administración a ponerse las pilas”, explica Andrea Rico, trabajadora comarcal del Sindicato Labrego y una de las primeras personas en tramitar expedientes. “El problema es más de sensibilidad que de dinero”, sentencia la secretaria general de este colectivo.
La separación del matrimonio o la muerte del hombre pueden llegar a suponer complejos problemas para una mujer que ha trabajado durante años en una explotación ganadera o agrícola que, a ojos legales, no le pertenece. Que tras el divorcio sea la mujer quien se quede con el negocio pero no pueda vender las vacas o la leche por no estar a su nombre, o que tras el fallecimiento del titular los herederos sean otros y no tengan los mismos intereses son casos reales que ratifican lo delirante de la situación.
En un entorno como el rural, envejecido y masculinizado (con sólo el 20,34 por ciento de población femenina del Estado, según Fademur), los ejemplos de desigualdad son abundantes. Las mujeres los tienen muy presentes: “Algunas cotizan como autónomas y cuando no hay dinero, se prescinde de lo de ella. Se prescinde de los derechos de las mujeres”, ejemplifica Vilalba. Desde el sindicato ENHE-Bizkaia también confirman esta realidad, como se ha visto claramente en Nekasare, su grupo de consumo: “Cuando la pareja se queda sin trabajo en la industria y la agricultura es la principal actividad económica, se produce un absoluto desplazamiento de las mujeres. Con la llegada de la crisis hubo un cambio de roles y gran parte de las mujeres cedieron su espacio en lo público a sus parejas. Hoy, de 80 personas productoras, sólo 35 son mujeres.”, explica Isa Álvarez, técnica del sindicato y coordinadora de la red de consumo.
Volviendo a la anécdota del jefe, Nieves Gutiérrez insiste en la importancia de las palabras: “En las leyes de agricultura y la ganadería no existe la palabra mujer. Hay que nombrar a las mujeres”.
Pikara/ COMCOSUR MUJER No. 433 – 5/11/2014
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de
quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
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