2) Proyecto de Ley de asignación de la publicidad oficial / Amarc Uruguay
3) Ni tan derechos ni tan humanos /Sudestada
4) Sin educación no hay salida / Gustavo González
5) Peñarol declara que gobierno «pidió» reparto de dinero y entradas a barrabravas /Sudestada
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COMCOSUR INFORMA AÑO 16 – No. 1780 – jueves 15.12.2016
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) CARTA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS (AMARC Uruguay)
12 de diciembre de 2016
Director Nacional de Telecomunicaciones
Ing. Rodrigo Díaz
Presente
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sección Uruguay, hemos solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con usted desde que asumió en el cargo, lo cual no ha tenido respuesta hasta el momento, por lo cual reiteramos la solicitud.
Motiva este correo, además, hacer llegar algunas posiciones resueltas en la última Asamblea Nacional de AMARC Uruguay del pasado 3 de diciembre.
En primer lugar, expresar la dificultad de nuestra organización para participar en las reuniones de la Mesa de Radiodifusión Comunitaria en los días y horarios establecidos. Sería deseable que el horario sea después de las 17:00 hs o que al menos el día y horario de las reuniones no sea siempre el mismo. Entendemos que los horarios de oficinas y los tiempos de militancia de nuestras organizaciones son diferentes, pero creemos que para todas las partes es de vital importancia la participación de las organizaciones sociales en los espacios destinados a ellas.
Sobre los temas tratados en la Mesa de Radiodifusión Comunitaria AMARC quiere expresar lo siguiente:
Formación:
Las radios comunitarias nos hemos caracterizado por hacer un trabajo independiente de autoformación, tomando los aportes de la academia nacional e internacional, pero basados fundamentalmente en nuestras prácticas y la sistematización de las mismas. En estos 22 años de existencia en Uruguay, hemos tomado como uno de los pilares en nuestra construcción la formación como proceso de democratización del conocimiento y por lo tanto como un proceso de fortalecimiento y recambio de nuestras radios y colectivos.
En este camino hemos compartido diversos ámbitos de formación popular, técnica, terciaria y universitaria, y somos muchos los colectivos, medios y experiencias capaces de proponer y desarrollar propuestas de formación.
Las radios y colectivos que integramos el sector conocemos mejor que nadie nuestras necesidades y capacidades específicas, y es por eso que solicitamos que los recursos destinados a la formación de nuestro sector sean volcados directamente a los medios comunitarios a través de forndos concursables, ya sea en forma directa a los medios o a través de las organizaciones que los nuclean.
Producción:
Los Fondos de Promoción al Sector Comunitario de Producción y Equipamiento desarrollados por DINATEL – MIEM han sido de las pocas experiencias de apoyo económico específico para el Sector de Radiodifusión Comunitaria en Uruguay hasta el momento. La disminución y desaparición de los fondos concursables destinados a producción radial y audiovisual comunitaria perjudican seriamente al sector, que además es absolutamente discriminado en el acceso a la publicidad oficial.
El sector audiovisual comunitario cuenta cada vez con más grupos realizadores y experiencias, muchos de ellos vinculados a hacé y mostrá televisión comunitaria, programa producido por Árbol Televisión Participativa desde 2011, que recibió el Premio TAL a mejor programa educativo este año.
De las 4 temporadas del programa, los fondos de promoción destinados a la producción financiaron media temporada. A su vez, estos fondos son de vital importancia a corto y mediano plazo para la financiación de contenidos del Canal del Pit-Cnt.
En el sector radial las experiencias son muchas, tenemos formatos y contenidos propios, que rompen con lo impuesto y lo repetido por innumerable cantidad de radios, por eso entendemos que la producción la tienen que hacer las radios. En este sentido no acordamos con la propuesta del MIEM de hacer talleres con UniRadio y que las producciones sean el resultado de dichos talleres, sino que los fondos deben ser volcados directamente a los medios comunitarios, y que sean éstos los que los gestionen, al igual que en el punto anterior.
Convenio con Antel
Desde AMARC hemos estudiado las necesidades a nivel de comunicaciones que requiere el sector para fortalecerse, ya que los servicios que tiene actualmente contratados son los mínimos que puede pagar, pero no los necesarios. Aspiramos a que se concrete un convenio por el cual se efectúe un canje por publicidad con el ente. Este es otro de los temas que nos interesa conversar en la reunión que solicitamos.
Además de los temas que se están trabajando en la mesa, hay dos que son de vital importancia para el sector:
CHASCA:
Reiteramos la importancia de la conformación de la CHASCA, ya que ésta suplantó al CHARC (creado por la Ley de Radiodifusión Comunitaria), situación que genera un desconocimiento del sector. La CHASCA tiene como cometido participar en la elaboración de la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por tanto su creación debe previa a la reglamentación de la misma.
Publicidad Oficial:
Es de vital importancia que el proyecto de publicidad oficial que está a estudio en el parlamento asegure un piso mínimo que garantice que el sector no seguirá discriminado en la distribución. En este sentido adjuntamos la propuesta que AMARC entregó en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
Esperando ser recibidos por usted y que las propuestas de AMARC sean considerados para la definición de las políticas para el sector.
Les saluda atentamente, por AMARC Uruguay
Carlos Dárdano (Espika FM) – Agustín Alén Cabrera (Árbol Televisión Participativa) – Leonardo Scebeda (El Capíz FM) – Henry Flores (Comcosur) – Alexis Espíndola COMCOSUR INFORMA Nº 1780 – 15/12/2016
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2) PROYECTO DE LEY DE ASIGNACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Aportes y consideraciones de AMARC Uruguay
Julio de 2016
El presente documento contiene aportes de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias sección Uruguay (AMARC – Uruguay) al proyecto de Ley de asignación de publicidad oficial que está a consideración del Parlamento Nacional.
Los derechos y los negocios se van por la misma senda
El 10 de agosto de 2015 el Partido Independiente, representado por Iván Posada, el Partido Colorado, por Ope Pasquet, el Partido Nacional por Pablo D. Abdala, y el Frente Amplio por Alejandro Sánchez, presentaron un proyecto de ley elaborado por CAInfo (1).
El articulado, que regula la Publicidad Oficial, se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración de la Cámara de Diputados.
La exposición de motivos comienza afirmando: “En atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial y que establezca criterios claros, objetivos, profesionales y transparentes para la asignación publicitaria. La norma propuesta se sustenta, entre otros, en principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información. En particular, tiene el objetivo de prevenir que la asignación de la publicidad oficial se convierta en una forma indirecta de censura…”
(…)
“Finalmente, se pretende superar la fuerte asimetría en la distribución nacional de la publicidad oficial, estableciendo, junto con los nuevos criterios técnicos propuestos, un piso mínimo que debe observarse en la adjudicación de publicidad oficial de los organismos de alcance nacional en medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en localidades del interior, sean éstos comerciales o comunitarios, y que tengan como área de servicio o distribución exclusivamente dichas localidades.”
Entre otras opiniones que ha recogido la Comisión, el 6 de julio de 2016 la representación de la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM) explicó: “En nuestra Cámara somos siete agencias, que representamos a más del 70% de la inversión publicitaria de los anunciantes del mercado, y hay alrededor de cuatrocientas personas trabajando en las empresas. (…)
La transparencia no debería estar dada por la obligación a los medios de comunicación, agencias de publicidad y centrales de medios a que informen de manera detallada los montos y características de la pauta publicitaria oficial. Entendemos suficiente la exigencia a los organismos públicos contratantes. (…)
Generalmente los costos de estas investigaciones (encuestas) son pagados por las agencias de publicidad y por las agencias de medios, que son los que compran estos insumos a las empresas encuestadoras para ofrecer esta información a nuestros anunciantes y, a partir de allí, determinar las estrategias de medios y de comunicación eficientes y eficaces para alcanzar las audiencias que los anunciantes requieren para comunicar sus productos y hacer posible su negocio; esto tiene un objetivo de lucro. Alcanzar el objetivo es alcanzar el lucro que las empresas han planificado obtener.”
Por su parte los representantes de Mediciones y Mercado aportan: “Las agencias no ofrecen todos los servicios, sino los que contratan. Cuando una agencia se presenta a una licitación del Estado, tiene en su cartera ciertos servicios que contrata. Si el anunciante público no exige que la agencia paute en un medio del interior, probablemente no tenga en su menú de análisis información que le lleve a pensar que tiene que hacerlo.
(…) Como muchas agencias de publicidad tienen como principales clientes a empresas multinacionales, compra ciertos servicios multinacionales; por lo tanto, ofrece a los organismos públicos solamente esos servicios. Su cartera no cuenta con otros servicios, con lo cual el monopolio tiende a reproducirse.”
La publicidad es un negocio importante y la Publicidad Oficial una parte importante del negocio.
La lógica del “mercado” determina una alta concentración de los ingresos por publicidad en pocas empresas, sea cual sea su papel en el sistema de comunicaciones.
Pero el sistema de comunicaciones brinda (o debería hacerlo) un servicio a la sociedad que es muy importante. Las comunicaciones satisfacen (o deberían hacerlo) Derechos Humanos esenciales para la democracia. Posibilidad de tener buena información, entretenimiento de calidad, difusión y formación cultural… Por otra parte es también un Derecho Humano buscar y difundir información, entretenimiento, cultura, opiniones… La libertad debería ser algo más que el derecho a manejar el control remoto, girar la perilla, leer o no una nota mientras medios, agencias, centrales, asesores… reciben una buena porción de “la pauta publicitaria”.
El contraste de la realidad, con el “deber ser” democrático es brutal.
Para servicios esenciales la lógica del mercado no funciona bien. Atender derechos es bien distinto de ocuparse de “nichos de mercado” y “demandas efectivas”. Necesitar algo, querer algo (bienes o servicios) es indiferente a la lógica del capital: hay que tener con qué comprar.
La propiedad social, la cooperación, son herramientas idóneas para escapar del corsé que significa la lógica pura y dura del poder y el capital.
En este contexto debería analizarse las radios y televisoras comunitarias, el periodismo de proximidad, todo eso que intenta escapar de la lógica del mercado. En la exposición de motivos está presente este enfoque. Es de esperar que en el debate parlamentario tenga una presencia fuerte y decisiva. La Democracia merece y necesita un sistema de medios mejor, mucho más democrático y plural. Menos concentrado en el dinero y más preocupado por las personas.
Diversidad en el sistema de medios
Uno de los pilares de un sistema democrático radica en la diversidad de su sistema de medios.
En los últimos años Uruguay ha avanzado notoriamente desde el punto de vista legislativo, con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria N° 18.232 en el año 2007, que fue reconocida y referencia a nivel internacional, y recientemente con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 19.307 en el año 2014, que también es una referencia a nivel internacional, aunque el Poder Ejecutivo aún no la ha hecho cumplir.
La ley 18.232 se aplica parcialmente, porque no se han desarrollado políticas de promoción serias hacia el sector por parte del gobierno, no se ha llegado a adjudicar el 30% mínimo del espectro que mandata la ley, y tampoco se realizan los llamados y adjudicaciones de frecuencia en los plazos que la misma estipula.
A partir de la ley el sector se encuentra con la presión de cumplir con todos los requisitos de cualquier otro medio de radiodifusión, pero discriminado en forma casi absoluta en el acceso a la publicidad oficial, y casi la totalidad de radios comunitarias tienen autorizados 30W de potencia y 30 metros de antena, lo que significa una limitante al momento de comunicar y también de medir audiencias. A esta situación se suma que hay proyectos de radio que están trancados porque el Ejecutivo no realiza los llamados o adjudicaciones correspondientes.
A pesar de esta situación, es contundente la contribución del sector comunitario a la diversidad de voces en el sistema de medios, ya que teniendo menos del 30% del espectro radioeléctrico (mínimo exigido por la ley 18,232), las radios comunitarias con frecuencia adjudicada por URSEC son el 31% a nivel nacional. Este porcentaje tiene una distribución heterogénea en el país con casos excepcionales como Canelones con 60% de radios que son comunitarias, Florida y Salto con 47 y 43% respectivamente, y en el otro extremo Soriano y Paysandú con 8 y 13% respectivamente.
Además de la contundencia de estos datos, desde el punto de vista cualitativo el sector comunitario es determinante en la diversidad de medios, incluyendo a medios que atienden a comunidades de intereses específicas como los trabajadores y trabajadoras con el primer canal de televisión comunitario del Pit-Cnt y la salud mental a través de Vilardevoz, como comunidades donde son los únicos medios como Montes, Toledo, Sauce y Joaquín Suarez en Canelones, Ismael Cortinas en Flores, Ombúes de Lavalle en Colonia, Fray Marcos en Florida, Cerro Pelado y Masoller en Rivera y Valizas en Rocha, o barrios de Montevideo a los que les llegan las radios que tienen más potencia asignada, pero no están sus voces, sus problemáticas y su cultura en las mismas, por poner algunos ejemplos: La Teja, El Cerro, Pajas Blancas, Nuevo París y Peñarol.
Concentración de medios y publicidad vs. diversidad de medios
Es sabido que la concentración de medios atenta contra la diversidad de voces, contra la pluralidad, es decir contra la democracia.
En el caso de medios de radiodifusión, la concentración de medios que tienen gran potencia, genera concentración de audiencias. Es decir, que si la distribución de publicidad oficial se basa principalmente en la audiencia, una radio con 30W jamás va a poder competir por publicidad oficial con una radio que tiene 2000W, por más que toda la comunidad escuche a la radio de 30W, pero el costo de funcionamiento básico de ambos medios difiere solo en la energía eléctrica y el mantenimiento del equipamiento de transmisión.
A esto se suma que para las agencias de publicidad tiene menos costos publicitar en pocos medios de gran potencia, en lugar de publicitar en una cantidad de medios con alcance más acotado, pero que igualmente cubren el territorio objetivo de la publicidad.
La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU) en el documento entregado a la Comisión el 4 de mayo de 2016 cuando hace referencia a la exclusión de publicidad en períodos electorales reconoce que el Estado es “… uno de los principales, sino el principal contratante de publicidad …”, explicando que los ingresos de los medios de comunicación se verían muy comprometidos. ¿A qué conclusiones se puede arribar sobre la sostenibilidad de medios que son absolutamente discriminados en el acceso a la publicidad, como lo es el sector comunitario?
La distribución de publicidad oficial se debe hacer con criterios técnicos, bien definidos y transparentes, pero con criterios que sean justos para asegurar la diversidad del sistema de medios, la diversidad de voces de la sociedad y la diversidad de audiencias, ya que se debe garantizar que la publicidad oficial llegue a la totalidad de la población y no solo a una mayoría relativa.
Principales propuestas
Con los criterios establecidos en el artículo 9 del proyecto de ley no es suficiente para que la distribución de la publicidad oficial sea justa con el sistema de medios y promueva una distribución más democrática. El criterio A) relación entre información o campaña y la población objetivo, tiene buenas intenciones, pero no asegura que la publicidad no se concentre en pocos medios de gran potencia o tiraje.
Es por esto que creemos imprescindible la existencia del artículo 10 del proyecto que garantiza que los medios del interior no sean discriminados, y la inclusión de un nuevo artículo, similar al 10, específico para que los medios comunitarios dejen de ser totalmente discriminados como hoy en día, que siendo más del 30% de los medios de radiodifusión, reciben el 0% de la publicidad oficial. En este sentido entendemos que es razonable exigir un piso mínimo de al menos un 15%. Entendemos razonable este piso muy modesto del 15%, porque significa el 50% de la cantidad de medios comunitarios que hay actualmente, y también el 50% del espectro que se debe asignar al sector por ley.
Además entendemos que en el artículo 23 se debe agregar una cláusula que estipule que el 50% del Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual se se destine a medios comunitarios.
Entendemos que la totalidad de la información relativa a la publicidad oficial debe ser pública y esta debe ser una condición que deben aceptar las empresas y medios que escojan libremente acceder a la publicidad oficial, lejos del concepto que dicha obligación significa un daño comercial, como han expresado representantes del sector empresarial en el Parlamento.
Por último se entiende que la unidad para la asignación de la publicidad oficial no puede depender de la AGESIC, ya que no tiene que que ver con sus cometidos, y si debería depender de la Agencia de Compras Estatales, y además de los controles que realice esta unidad, se debe incluir esta normativa en el control e intervención cotidiana que hace de los gastos de los organismos públicos el Tribunal de Cuentas de la República.
Propuestas concretas sobre los artículos del proyecto
Artículo 17 – Cometidos específicos de la UAPO
En los incisos A, B y C, se debe agregar el alcance municipal a las encuestas anuales, para considerar, justamente, las audiencias y públicos objetivos de los medios locales. Se propone que queden redactados de la siguiente forma:
A) Encuestas anuales de alcance nacional, departamental y municipal sobre lectorías, cobertura y penetración de los medios gráficos.
B) Encuestas anuales de alcance nacional, departamental y municipal sobre cobertura, audiencia y penetración de los medios radiales.
C) Encuestas de alcance nacional, departamental y municipal sobre audiencia de servicios de comunicación audiovisual en sus distintas modalidades y plataformas tecnológicas.
Artículo 23 – Promoción de la diversidad de medios de comunicación. El último párrafo se propone que tenga la siguiente redacción:
La asignación de recursos se realizará mediante concursos públicos, abiertos, transparentes y no discriminatorios, en el que al menos el 50% será destinado medios comunitarios.
Artículo nuevo – Distribución en medios comunitarios
Fundamentado en el porcentaje de medios comunitarios que hay actualmente (31%) y los que deberían haber a la brevedad, de cumplirse la asignación del espectro (30%) establecido en la ley 18.232, se propone un nuevo artículo con el siguiente texto:
Sin perjuicio de la aplicación de los criterios establecidos en los artículos 9° y 10° de la presente ley y descontado el porcentaje a asignar a medios públicos dispuesto por el artículo 17° de la Ley 17.904 en los casos que corresponda, deberá destinarse al menos un 15% (quince por ciento) del monto total asignado de la publicidad oficial de los organismos públicos en medios de comunicación comunitarios, estén estos radicados en el Interior o en la Capital del país.
Todos los organismos obligados deberán informar los referidos porcentajes a la UAPO la cual, una vez controlados, los publicará en su página web.
Nota:
(1) Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
AMARC Uruguay
COMCOSUR INFORMA Nº 1780 – 15/12/2016
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3) NI TAN DERECHOS NI TAN HUMANOS
SERPAJ presentó su informe sobre DDHH 2016, un trabajo que da cuenta de avances y retrocesos en la materia. Esta edición fue dedicada al ex periodista y legislador socialista Guillermo Chifflet.
Sudestada, 12/12/2016
«Evocando al coherente Guillermo Chifflet, se hace necesario condenar la injusticia. Lo seguiremos haciendo, como cada 10 de diciembre, con una visión crítica y sensible, afirmando que no se pueden solucionar los conflictos sociales a través de lo punitivo, no debemos tener más adolescentes asesinados, no puede seguir aumentando la población en situación de calle, no pueden 6 de cada 10 jóvenes abandonar el sistema educativo…»
El Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) presentó este lunes 12 su informe anual de derechos humanos en Uruguay, un trabajo de casi 400 páginas que recoge avances y retrocesos registrados en el país durante este año con el aporte de académicos, militantes sociales y organizaciones de la sociedad civil.
Este informe, que se edita hace 27 años, está dedicado al periodista y legislador socialista Guillermo Chifflet, un hombre considerado “un símbolo de coherencia y honestidad” que “prefirió irse, antes que renunciar a sus principios”, según dijo Adriana Vaselli, una de las coordinadoras de este trabajo.
Una de las coordinadoras de este anuario, Mariana Mosteiro, explicó que los avances judiciales sobre casos de violaciones a los DDHH durante la dictadura militar se produjeron con más fuerza en el exterior del país.
Mosteiro destacó el fallo histórico que terminó con el represor uruguayo Manuel Cordero, condenado a una pena de 25 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos en Argentina, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas conocida como Plan Cóndor.
En el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti” también fue condenado el represor argentino Miguel Ángel Furci, quien ya había sido responsabilizado por la apropiación de Mariana Zaffaroni, la hija de los desaparecidos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla.
El trabajo presentado este lunes en la sede de la dirección de impresiones oficiales (IMPO) contiene varios artículos sobre el plan Cóndor, entre los que se destaca el elaborado por Francesca Lessa que analiza el juicio que enfrentan varios militares uruguayos en la Justicia de Roma.
Mosteiro destacó varios retrocesos registrados con el archivo de varios casos en las sedes penales, al tiempo que destacó que el Ministerio del Interior entregara los archivos policiales del período 1968 a 1974 a la Universidad de la República (Udelar) y a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
Los documentos entregados comprenden el archivo histórico de la Policía Técnica (hoy Policía Científica), documentos originales del archivo histórico de Inteligencia, expedientes de la Justicia Militar y del Supremo Tribunal Militar, además de semanarios, revistas editadas y material de estudio y propagandístico de circulación legal.
El informe recoge trabajos sobre el acceso a la información, la libertad de expresión y la posición del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Tiene, además, un completo informe sobre el embarazo adolescente, las personas en situación de calle, los adolescentes privados de libertad y su relación con los abusos policiales.
También aborda la compleja situación que llevó a una huelga de hambre al refugiado sirio Jihad Diyab y la de los ex prisioneros de la base de Guantánamo en Uruguay. La violación de la ley de financiamiento de campañas electorales y cómo la Corte Corte barrió bajo la alfombra las ilegalidades cometidas por todos los partidos políticos también están reflejados en este anuario de SERPAJ.
La publicación está dividida en dos secciones, la primera denominada “Derechos civiles y políticos” que consta de tres partes. La primera referida a “Memoria e impunidad” con 16 artículos, la segunda sobre “Regulación, protección y exigibilidad” con 12 y la tercera sobre “Seguridad democrática y Derechos Humanos” que contiene 12 artículos.
La segunda sección titulada “Derechos económicos, sociales y culturales” tiene dos partes, la primera sobre “Salud, economía y sociedad” con diez artículos y la segunda titulada “Las venas abiertas” sobre la realidad latinoamericana que presenta seis.
Además cuenta con un anexo legislativo que da cuenta de los avances en la legislación sobre Derechos Humanos en 2016.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1780 – 15/12/2016
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4) SIN EDUCACIÓN NO HAY SALIDA
Consternado nuestro país por los hechos de violencia ocurridos en el fútbol, los que son ciertamente lamentables, el debate de soluciones está abierto.
Por Gustavo González / La República, 14.12.2016
En este marco me permito opinar acerca del tema, ya que por distintas tareas que llevo adelante me toca vivir gran parte del año en la zona más violenta de nuestra América, la región Centroamericana.
Todo lo que pueda decir la prensa sensacionalista sobre la violencia en nuestro país me resulta risible realmente. Los uruguayos no tienen idea de lo que es vivir en países donde la extorsión es permanente y los asesinatos diarios se cuentan entre 15 y 17. El lector podrá pensar que esto no es consuelo, estoy de acuerdo, pero hay que tenerlo presente para no entrar en una paranoia colectiva de terror.
En todos estos países que menciono, la represión fue y es el antídoto que las distintas autoridades han tomado como válida. Los resultados absolutamente en todos es ¡más violencia!
En nuestro país, mucha gente pide más represión y las autoridades presionadas por ello, intentan con esto se puede creer que van a parar la ola de violencia. Gran error. De lo que se trata es de invertir fuertemente en educación, no hay salida al respecto si ello no se concreta y para eso hay que cortar muchas cosas del Presupuesto nacional para invertir en educación.
La educación está ligada indisolublemente a tener vivienda y salud para todas y todos, son tres elementos inseparables. Si continuamos con ciudades que su espacio territorial está fragmentado, sin un entramado social que lo contenga, el problema persistirá.
Por lo tanto, la inversión en educación es primordial, ello no solamente hay que hacerlo ahora, sino que además será un plan que llevará tiempo.
El Presupuesto nacional debe de tener como prioridad la inversión en educación. Pasa el tiempo y esto no aparece.
Por más cámaras de seguridad que se pongan, por más que se conformen equipos especializados de represión, el tema no se resuelve de esa manera.
Quiero insistir que en ninguna parte del mundo esto funcionó. Por último y a mi juicio fundamental, hay que tener en cuenta que el tema de la llamada «seguridad» es un gran negocio para varias empresas del mundo y también en nuestro país. Donde bueno sería saber quiénes están detrás de ellas como dueños, porque podemos encontrar que viejos represores hoy son, efectivamente, o bien dueños o bien asesores en la mayoría de los países con espirales de violencia dramáticos, no sería nada raro que también aquí, en nuestro país, esto pueda darse.
Por lo tanto, la vieja consigna, no por el paso del tiempo pierde su valor, educar, educar siempre educar.
Gustavo González / La República
COMCOSUR INFORMA Nº 1780 – 15/12/2016
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5) PEÑAROL DECLARA QUE GOBIERNO «PIDIÓ» REPARTO DE DINERO Y ENTRADAS A BARRABRAVAS
Dirigentes y ex jefe de Seguridad del club revelan ante el juez la existencia de un acuerdo con el Ministerio del Interior que implicó pagar un millón de pesos por mes a 50 hinchas de la Ámsterdam
Sudestada, 12/12/2016
Al describir el escenario en el que se movían los cinco barrabravas de Peñarol procesados el 3 de diciembre por asociación para delinquir y extorsión, el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, resumió partes fundamentales de las declaraciones de dirigentes y funcionarios del club aurinegro, que apuntaron al Ministerio del Interior como impulsor de los beneficios económicos para los cabecillas de las diversas “bandas” que componen la hinchada de la Ámsterdam.
El fallo sostiene que “desde hace varios años, la dirigencia del Club Atlético Peñarol, tenía una política de otorgar beneficios económicos a quienes identificaba como ‘referentes’ de las ‘barras bravas’, por su ascendencia y liderazgo entre los integrantes de esos grupos violentos de hinchas”.
“Dicha política institucional consistía en incluir a ‘los referentes’ como colaboradores en seguridad para el control de las ‘barras bravas’ y que evitaran la producción de incidentes de cierta magnitud en ocasión de los partidos”, señala.
Esta forma de “inclusión” –según la resolución– se practicaba “de modo que la institución (Peñarol) no se viera perjudicada en el plano deportivo, con sanciones como pérdida de puntos o pérdida de la localía, a cambio de lo cual, el club les entregaba dinero, entradas para los partidos y otras regalías, como beneficios extras cuando el club jugaba en el exterior en campeonatos internacionales, como pasajes, etc.”.
La sede de Crimen Organizado apunta que este “sistema de seguridad” se desplegó durante “varios años”, y que “incluso” según las declaraciones del secretario general de Peñarol, Gervasio Gedanke, se realizaron “siguiendo recomendaciones del Ministerio del Interior”, y hubo un resultado “favorable a ambas partes (Peñarol y los barrabravas), en la medida que lograba evitar graves incidentes”.
Gedanke relató ante el juez Valetti, cómo fue el proceso que derivó en que Peñarol otorgara dinero a los barrabravas, como consecuencia de las recomendaciones del Ministerio del Interior.
Contó que “hace unos 10 años, en octubre de 2006”, tras la “muerte de un hincha de Cerro (en referencia al asesinato de Héctor Da Cunha, chofer de ómnibus acuchillado en la parada del ómnibus del Hospital de Clínicas, frente a su hijo y esposa), Peñarol dejó de tener contacto con supuestos barras de Peñarol”.
Gedanke sostuvo que “ante esa situación” en Peñarol se le pidió “tener una reunión con la gente del Ministerio” y que allí se les formuló una solicitud: “en términos generales se nos pidió e indicó –se nos mostró la foto de dos hinchas que los tenían identificados–, que nosotros nos vinculáramos con ellos para que Peñarol evitara que hubieran incidentes fuera del estadio”.
El dirigente explica que esa “relación” con los llamados “referentes” que se “utilizan para controlar al resto” se terminó antes de “junio o julio de 2015” cuando uno de esos individuos que encabezaban la hinchada de la tribuna Ámsterdam “perdió el control” de la barrabrava y renunció.
“Ese era Jorge Rivero “Jorgito”, indicó Gedanke. Pero relató que antes de retirarse este “referente” les dio dos nombres de personas con las que Peñarol debía negociar: uno de ellos era Wellington Rodríguez Segade, al que se conocía como “El Tato” y que el 13 de octubre de 2015 “terminó muerto” de ocho balazos.
“Tuvimos una relación de 15 días, no lograban unificar la hinchada. Se tiraban cosas, habían denuncias contra la hinchada de Peñarol, acontecimientos que para mi gusto indicaban que no podía seguir”, recordó el dirigente.
“Pedían, conjuntamente con el presidente de la comisión de seguridad, una cantidad de dinero que el club erogaba a los efectos de mantener la seguridad. El dinero se le daba al inspector (Washington) Vega. Él lo repartía, no sé en qué forma se lo daba. Ellos ofrecían seguridad al espectáculo. De 2009 a 2015 funcionó bien”, valoró Gedanke.
Sin embargo, en esos años –en los que igualmente hubo enfrentamientos de diversa magnitud– las diversas facciones de la llamada barrabrava comenzaron a codiciar esos beneficios –y todo lo que pueda representar poder en ese escenario– y la lucha por el liderazgo exacerbó la violencia.
El juez Valetti, sostuvo en su fallo: “con el paso del tiempo, los ‘referentes’ fueron ganando poder dentro de la hinchada y a raíz de ello, aumentaron sus exigencias hacia el club. Si la institución no satisfacía sus pedidos, los integrantes de las ‘barras bravas’ provocaban disturbios, hechos violentos e ilícitos que perjudicaban a Peñarol con la pérdida de puntos u otro tipo de sanciones que los afectaba en el ámbito deportivo. Para evitar estos hechos y tener aplacadas a las barras, la institución cedía a las demandas de los ‘referentes”.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1780 – 15/12/2016
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
1994 – 19 de junio – 2016 – 22 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC
COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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