Entradas de la categoría 'Boletines Comcosur'

1) Elecciones en Cataluña /Claudi Pérez
2) ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont /Camilo S. Baquero
3) Con Piñera el Cono Sur queda en manos de la derecha empresarial /Emilio Marín
4) Uruguay incluyó a la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos
5) Festival de Cine Documental Social y Político
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1867 – jueves 21.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) ELECCIONES EN CATALUÑA

Puigdemont: “Hay mayoría en votos y escaños para un referéndum”
El expresidente sugiere que podría volver a Barcelona y exige a Rajoy que retire la aplicación del artículo 155 después de la "rotunda victoria" del independentismo

Claudi Pérez /El País, Bruselas 22 DIC 2017

Las elecciones catalanas tenían que servir para dar claridad a la situación política después del referéndum ilegal y un par de meses de aúpa que han acabado con la mitad del Gobierno autonómico con sus huesos en la cárcel y la otra mitad en Bruselas. Pero los resultados de la noche electoral dejan las cosas tal y como estaban: el independentismo gana en escaños, los partidos constitucionalistas ganan en votos y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, sigue desatado desde su exilio en Bruselas. Rodeado de un par de cientos de seguidores y en torno a un centenar de medios, Puigdemont ha declarado en la capital belga la "rotunda victoria" del bloque independentista y justo después ha lanzado un duro mensaje: “Rajoy, el Ibex, el entorno mediático y Europa deben tomar nota" de los resultados.

Puigdemont: “Hay mayoría en votos y escaños para un referéndum” El Supremo cerca a Puigdemont: fuga indefinida o detención

“La república catalana ha derrotado a la monarquía del 155", ha recalcado en uno de esos eslóganes destinados al aplauso de sus fieles en el Brussels Square Centre, junto a la Grand Place. "La independencia gana de manera rotunda en condiciones de Estado de excepción, con candidatos en la cárcel, un Gobierno en el exilio y con una criminalización permanente; hay mayoría absoluta en votos y en escaños [sumando los de En Comú Podem] a favor de un referéndum”, ha subrayado en un acto al que han asistido varios diputados de la N-VA, el partido nacionalistas flamenco.

Puigdemont sugiere que podría volver a Barcelona en los próximos días, como ya ha dicho otras veces. “No acatamos el [artículo] 155: a partir de mañana el 155 tiene que quedar en suspenso, hay que liberar a los presos, tenemos que volver, y la política debe retornar; el señor Rajoy tiene que volver a hacer política”, ha asegurado. El expresidente ha dejado también un recado para Bruselas: “Europa debe tomar nota. Si Rajoy sigue aplicando la misma receta obtendrá los mismos resultados: o cambia de receta o cambiaremos de país más rápido de lo que nos habíamos propuesto”.

En un discurso a ratos sosegados y a ratos arrebatado, ha afirmado que la situación actual "urge una rectificación de mucha gente, empezando por el presidente del Gobierno. Hay mucha gente a la que se hizo daño el 1 de octubre y aún no hemos oído una sola disculpa. El Ejecutivo debe proceder a la restitución del Gobierno legítimo, y los presos deben salir de la cárcel cuanto antes", ha concluido.

Claudi Pérez /El País
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2) ERC SE QUEDA A 12.000 VOTOS DE SUPERAR A PUIGDEMONT

El partido de Oriol Junqueras no logra liderar la victoria del bloque independentista

Camilo S. Baquero /El País. Barcelona 22 DIC 2017

Ni con el mejor resultado electoral de su historia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha conseguido hacerse con la hegemonía política del independentismo catalán. La formación de Oriol Junqueras ha rozado los 920.000 votos, el 21,4% del total, pero Junts per Catalunya ha logrado superarla. Después de que los sondeos la pusieran como la favorita de estas elecciones, ERC ha visto cómo la victoria se le escapaba entre los dedos y ha tenido que contentarse con una tercera posición. Sin embargo, junto con Junts Per Catalunya y la CUP, las tres fuerzas separatistas suman mayoría en escaños y votos.

“Hoy la república le ha ganado al artículo 155 de Mariano Rajoy”, ha asegurado este jueves la número dos del partido, Marta Rovira. La también candidata se ha refugiado en la victoria del bloque independentista en escaños y votos y por “volver a recuperar el mandato del referéndum del 1 de octubre y del 27-S del 2015”. “Los ciudadanos han votado que pueda volver el Govern del exilio”, agregó Rovira entre gritos pidiendo la libertad de Junqueras y el resto de los que denominan “presos políticos”.

ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont Junqueras ya ha votado desde la cárcel de Estremera

Los republicanos se han reunido en la Estación del Norte de Barcelona para seguir la noche electoral y desde muy pronto han empezado a verse caras largas. Para el 21-D ERC se había puesto dos metas. Por un lado, hacerse con la victoria que dibujaban las encuestas e iniciar así una nueva etapa en la política catalana como viga maestra de la centralidad política. Por el otro, liderar la victoria del bloque independentista. Esto, defendían los republicanos, obligará al Ejecutivo de Mariano Rajoy a sentarse a dialogar el encaje entre Cataluña y el resto de España. Anoche Rovira pidió al presidente del Gobierno que “levante el 155, libere los presos políticos y se siente a negociar”.

En el primer objetivo autoimpuesto se ha fracasado por unos 12.000 votos. Los republicanos no han logrado poner freno a la lista encabezada por el expresident Carles Puigdemont. Respecto a la segunda meta, pese a los 70 escaños que ha logrado el independentismo el triunfo de la candidatura de Ciudadanos en votos es un duro golpe psicológico para los secesionistas, que ven en la fuerza naranja la formación más corrosiva para temas con tanto consenso político dentro del catalanismo como la inmersión lingüística.

El pulso con la llamada “lista del president” comenzó pronto para Esquerra. Fue el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, quien alertó pocas horas después de salir de prisión preventiva de la imposibilidad jurídica de que Puigdemont pueda ser investido. Una vez ponga un pie en España, explicó, sería detenido. Esta argumentación llena de motivos a ERC para aupar a Junqueras como president pese a su tercera posición. Una de sus principales promesas electorales es “la libertad de los presos políticos”, algo sobre lo que no tienen ninguna potestad.

ERC soñaba con el sorpasso a Junts per Catalunya, la marca bajo la que concurrió la formación heredera de Convergència, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT). Tanto es así que la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, aseguró en el cierre de campaña que Junqueras era ya el contrincante a la sociovergencia burguesa que ha dominado la política catalana tras la restitución de la democracia.

El último resultado de ERC en solitario es de 2003, cuando obtuvo 544.300 votos, el 16% del total. Los republicanos han sido la formación más beneficiada por el crecimiento del independentismo. Para mantener el pulso al Gobierno central, los republicanos tendrán que pactar con un Junts per Catalunya que le supera por solo dos escaños y 12.000 votos pero que, a fin de cuentas, es la lista secesionista más votada. También habrá que ver cómo quiere jugar la CUP. Una abstención suya sería suficiente en segunda vuelta. Y no hay tripartito de izquierdas posible.

El partido de Junqueras sobrevivió a una campaña con su líder en prisión preventiva y condicionado por la posibilidad de que algunos otros de sus dirigentes, como Rovira, también puedan acabar en la cárcel. Los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, están refugiados en Bruselas.

La ausencia de al menos tres diputados republicanos en una sesión de investidura puede ser clave y la cúpula de la dirección del partido tendrá que evaluar ahora cuál será su estrategia. Mundó reivindicó en varios mítines la larga historia e implantación de ERC en el territorio (tiene alrededor de 300 alcaldías) pero esto no fue suficiente para la victoria. ERC quiso evitar el cuerpo a cuerpo con Junts per Catalunya para evitar polémicas dentro del independentismo –coqueteó con el tema de la corrupción— y eso terminó por pasarle factura.

Esquerra ni de lejos ha abandonado uno de sus objetivos fundacionales, la independencia de Cataluña. Tras el fracaso de la ruta secesionista, los republicanos ahora han modulado el discurso. Aceptan la necesidad de ensanchar el apoyo ciudadano a esa apuesta. Según su programa, buscarán “una negociación bilateral” con el Gobierno que permita la independencia de Cataluña. Sin embargo, Rovira aseguró durante la campaña que la negativa de Rajoy a dialogar reactivaría la vía unilateral.

Camilo S. Baquero /El País
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3) CON PIÑERA EL CONO SUR QUEDA EN MANOS DE LA DERECHA EMPRESARIAL

El derechista Sebastián Piñera ganó el balotaje en Chile. Gobernará por segunda vez, porque estuvo entre 2010 y 2014. Fue precursor de Mauricio Macri y ahora empalma con su colega empresario y ajustador serial de este lado de los Andes.

Emilio Marín /ALAI 21/12/2017

El 17 de diciembre hubo una segunda vuelta para elegir presidente en Chile por un mandato de cuatro años. Ganó Sebastián Piñera, de la derechista “Chile Vamos”, con el 54,62 por ciento de los votos, sobre el centrista Alejandro Guillier, de “Nueva Mayoría” (oficialismo, ex Concertación), quien obtuvo el 45,38 por ciento.

El perdedor dijo que la victoria de su rival había sido maciza, visitándolo en su bunker de un hotel exclusivo en Santiago. La mandataria, Michelle Bachelet, llamó por teléfono a Piñera para felicitarlo y convenir una reunión donde comenzarían a arreglar el traspaso del gobierno.

El ganador invitó a la presidenta a su mansión, en la mañana siguiente, para desayunar y hablar de todo eso. Esos detalles fueron realzados por la prensa monopólica argentina para demostrar la supuesta superioridad de Chile sobre Argentina, donde los traspasos se hacen a los ponchazos o no se hacen, como el 10 de diciembre de 2015.

Siendo cierto ese dato, hay que decir que la democracia burguesa imperante en Chile no por eso es adelantada. Aquel es un detalle. Mejor es el sistema donde hay casi 800 genocidas condenados, como en Argentina, mientras allá la abrumadora mayoría de los represores está impune por disposiciones del pinochetismo y la democracia pusilánime que lo sucedió, incluyendo los gobiernos de Piñera (2010-2014) y Bachelet.

Que la política trasandina no goza del masivo apoyo ciudadano se mostró en estos comicios. En la primera vuelta del 19 de noviembre, Piñera obtuvo 36.6 % de los sufragios y Guillier 22.7 %, con una abstención del 54 %: de 14.350.000 personas habilitadas para sufragar, no lo hicieron 7.700.000.

En el balotaje se repitió esa alta abstención: más del 50 por ciento no fue a votar. Los medios de allá y de acá titularon “Amplia victoria de Piñera”. Una verdad menos que a medias. Si votó el 50 por ciento del padrón, y “Chile Vamos” obtuvo el 50 por ciento de los votos, quiere decir que fue apoyado por el 25 por ciento de los chilenos en condiciones de votar. Ese es un voto minoritario, no una “amplia victoria. Chile es el segundo país del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde la participación electoral es más baja, sólo superado por Madagascar.

País desigual

La ola de abstenciones debe leerse en clave de disconformidad social con las gestiones gubernamentales de variado signo político. Esto incluye al arco derechista pues Piñera estuvo en la presidencia hace pocos años y a la mandataria de origen socialista, que gobernó antes que aquél y el 11 de marzo próximo le devuelve el sillón presidencial.

En el mandato anterior del millonario, una de las crisis políticas más recordadas fue el de la educación. Los Carabineros no podían contener tantas movilizaciones a favor de la educación pública, de estudiantes universitarios y secundarios.

Por cosas como esa le llegó otra vez el turno a Bachelet, que –aleccionada por fracasos de su mandato previo- prometió profundizar reformas. Sin embargo no superó los límites de la tibieza, sin hundir el bisturí (ella es médica) en el hueso del neoliberalismo y el capitalismo salvaje vigente en Chile desde tiempos pinochetistas.

Siguieron gozando de buena salud las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), empresas de la jubilación privada, tristemente célebres en la Argentina del menemo-cavallismo y eliminadas en 2009 a favor de la Anses. Hoy Macri intenta con la “reforma previsional” empezar el regreso a la ominosa privatización, cuando Chile, el líder negativo de las AFP, tiene planteado el camino inverso.

Los logros de Bachelet fueron bien módicos. Sólo logró que 260.000 universitarios tengan enseñanza gratuita, pero la mayoría sigue sin gozar de un acceso universal. También consiguió legalizar uniones de personas del mismo sexo, pero sin una ley de matrimonio igualitario, cajoneado en el Congreso. Otro tanto con el derecho a interrumpir el embarazo no deseado: sólo se permite por violación, riesgo de vida para la mujer o embrión con nulas posibilidades de sobrevida. De derecho al aborto legal, público y seguro, ni hablar, igual que en Argentina donde se lo sigue considerando “un pecado mortal”, como bien ironiza Callejeros en su tema “Imposible”.

En suma, los hermanos trasandinos sufren en un modelo muy desigual. El 5 por ciento de la población más rica se queda con el 51 por ciento de los ingresos, otro récord para el podio de los países más desiguales del mundo. Eso fue así con Pinochet, los gobiernos civiles de la Concertación (la Democracia Cristiana y el “Socialismo”), la derecha de la Renovación Nacional y la UDI pinochetista, etc.

En eso hubo apenas matices de mejoría o no, según fuera la alternancia. El Chile igualitario del socialismo de Salvador Allende y la Unidad Popular murió con los bombardeos del golpe del 11 de septiembre de 1973.

Juego de parecidos

Piñera y Macri se parecen en muchas cosas, comenzando por las alianzas que los llevaron al gobierno. El primero la bautizó “Chile Vamos”, nutrida por la derecha de origen pinochetista: Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, UDI, más socios menores. El segundo se basó en el derechista PRO y luego amplió a Cambiemos, con la venida a menos UCR, en la pendiente desde el derechista Fernando de la Rúa, y el ARI-CC de la impresentable Elisa Carrió.

Ambos presidentes abrevan en el neoliberalismo y la derecha, en el terreno político y frentes importantes como los derechos humanos. El trasandino estuvo en su momento en contra de la detención y juicio contra Augusto Pinochet que promovía el juez Baltasar Garzón.

Y de este lado de la Cordillera Macri habló del “curro” de los derechos humanos. En los últimos meses hay duras represiones de policía, Gendarmería, Albatros, Prefectura y policías provinciales contra diversos reclamos populares. El cronista se entristece hoy por la represión policial en Jujuy ordenada por el gobernador Gerardo Morales contra los trabajadores del ingenio La Esperanza, que no abonó los últimos dos sueldos y despidió a 400 trabajadores. La policía dejó 12 heridos y 50 detenidos, en una continuidad de la represión de Gendarmería en Chubut en agosto y Río Negro en noviembre. El libreto es el mismo empleado por fuerzas policiales y de inseguridad para blindar el Congreso, reprimir y lograr la aprobación del ajuste previsional.

Los dos son empresarios: uno fue dueño de LAN Chile y otras firmas al llegar a La Moneda en 2010. Según la estadounidense Forbes su patrimonio llegaría a 2.700 millones de dólares, entrando en el ranking de los multimillonarios latinoamericanos. Macri fue parte del monopolio Socma, con empresas de construcción como Iecsa y de servicios como Manliba y Correo Argentino, industriales como Sevel, agropecuarias, etc. Supuestamente hubo ventas en esas compañías, sobre todo a partir de 2007, cuando el personaje fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos fueron favorecidos por las dictaduras militares. El niño bien de Tandil lo hizo en gran forma, como se documenta en dos fuentes muy diferentes: Luis Majul en su libro “Los dueños de la Argentina” y Horacio Verbitsky en sus notas de Página/12. El último afirmó que al cabo del terrorismo de Estado, Socma había pasado de 7 empresas a 43, además de haber estatizado su deuda de 170 millones de dólares, gracias al Banco Central de Domingo Cavallo en 1982.

Tal para cual

Los dos políticos de raigambre empresaria tuvieron muchos procesos judiciales por evasión de impuestos, contrabando, fraudes, coimas, espionaje y firmas en guaridas fiscales. Piñera se adelantó a su colega en eso de inventar un “fideicomiso ciego” luego de conflictos de intereses entre sus compañías y su presidencia. Macri dijo haber hecho lo mismo, pero la eficacia de esos recursos legales está en duda, toda vez que con posterioridad saltó el escándalo del Correo Argentino, donde su gobierno le condonaba deudas a Socma por 70.000 millones de pesos.

La prensa argentina hegemónica califica a Piñera de “centroderecha”, cuando es un claro espécimen de derecha. A Macri lo llama cariñosamente el presidente de los argentinos, sin connotación ideológica, pero también le cabe la calificación de “derecha”. Ambos son parte de la grey obediente del FMI, Banco Mundial, Foro de Davos, Ocde, Alianza del Pacífico y demás colaterales del capital financiero internacional.

Ambos consideran que el pueblo mapuche es el gran enemigo. Piñera quiere aplicarles su “ley antiterrorista” y Macri ya usa los fusiles de Gendarmería y Albatros.

Uno era fanático de Universidad Católica, pero por conveniencia política compró el Colo Colo, más popular. El otro siempre fue bostero y desde Boca hizo su carrera política inicial, aunque no logró convertir al club en una empresa privada, como Piñera.

En 2017 los personajes se reunieron tres veces y antes del balotaje Macri grabó un video donde decía: “hace muchos años que soy amigo de Sebastián, lo admiro, creo que es un gran dirigente”. ¿Se verán una cuarta vez o ya entraron en modo avión, léase en repetidas e inmerecidas vacaciones?

Emilio Marín /ALAI
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4) URUGUAY INCLUYÓ A LA EVASIÓN FISCAL COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS

El parlamento sancionó este miércoles la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018. También se amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas

Sudestada /21/12/2017

La cámara de Diputados dio sanción definitiva este miércoles a la ley que actualiza la legislación contra el blanqueo de capitales y que incluye a los delitos fiscales como precedentes del lavado de activos. La norma se aprobó un año después de su envío al parlamento por parte del Poder Ejecutivo.

Además de incluir la evasión fiscal la nueva ley también agrega otros crímenes comunes como precedentes, por ejemplo la rapiña, el sicariato, el copamiento, el abigeato o el hurto en aquellos casos en que el monto de dinero “blanqueado” supere los diez mil dólares. En total la lista de actividades delictivas precedentes se amplió a 33.

También se amplió la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Ahora también estarán sujetos a la obligatoriedad los contadores, los abogados y los escribanos, además de los estudios jurídicos que se dediquen a la creación de sociedades, los rematadores, las inmobiliarias o los usuarios de zonas francas, entre otros.

La inclusión de abogados, contadores y escribanos había sido objeto de críticas de los colegios profesionales por considerar que se afectaba su derecho de ejercer la defensa de sus clientes, aunque en la ley se aclara expresamente que este aspecto queda especialmente apartado de la obligatoriedad.

La nueva ley permitirá responsabilizar a aquellos directores nominales de las empresas creadas como fachada para el lavado de activos, así como a los estudios profesionales que venden este servicio y que gestionan este tipo de negocios ilícitos.

Sudestada, periodismo y transparencia
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5) FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL SOCIAL Y POLÍTICO

Convocatoria 2018 a la presentación de documentales

www.festivalglobale.org

En septiembre de 2018 se realizará en Uruguay, por décimo año consecutivo, el Festival de cine documental social y político Globale.

Globale Uruguay es un colectivo que propone a través de la difusión del cine documental, espacios de información y debate de distintas plataformas de ideas e iniciativas sociales. Estos encuentros tienen el propósito de visualizar y compartir opiniones sobre temas relacionados con los procesos de globalización capitalista.

Hacemos un llamado nacional e internacional a quienes dispongan de documentales y a toda persona o colectivo social que desee compartir sus trabajos.

El material enviado deberá abordar temas actuales, tanto a nivel local como regional o mundial, que refieran a los siguientes ejes:

Tierra, problemáticas asociadas a la tenencia de la tierra, modos de producción, agua, tierra para vivir, contaminación y políticas extractivistas. Conflictos territoriales, pueblos originarios, resistencias campesinas, proyectos autónomos auto gestionados y autonomías territoriales.
Educación, a 50 años de mayo del 68 ¿qué tipo de educación, para qué modelo de sociedad?, privatización y escuelas comunitarias auto gestionadas, reivindicación de los movimientos estudiantiles.

COSIPLAN – IIRSA (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento), militarización del continente, desplazamiento de comunidades y pueblos, devastación de bienes naturales.
Patriarcado, violencia machista, feminicidios.

Arte, el arte como herramienta de emancipación, arte y activismo político.

Migraciones, desplazamiento de poblaciones por conflictos bélicos, defensa de la independencia y autonomía de los pueblos, luchas por territorios, pobreza.

Las obras postuladas no deben exceder los 90 minutos, aquellas que no sean en español, deberán estar subtituladas al español.

Postulación

El material podrá ser enviado en formato DVD a: Mario Cassinoni 1239, Apartamento 2. C.P.: 11200, Montevideo, Uruguay. O a través de un vínculo de descarga y/o visualización on line al correo globalemontevideo@gmail.com

En el envío será necesario incluir la carta de autorización completa y escaneada, o en su versión original por correo postal, y la ficha de postulación.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2018 y el colectivo Globale Uruguay definirá las obras definitivas para la edición 2018 del Festival, contemplando los siguientes criterios:
– Que los documentales cumplan con los ejes temáticos y duración propuesta.

– Que la producción cuide aspectos relativos a una buena calidad de imagen y sonido.
– Que el abordaje contemple la temática de forma amplia y propositiva.

La selección se comunicará vía correo electrónico y se dará difusión pública a través del sitio web de Globale y sus redes sociales, previo al Festival.

El Festival Globale Uruguay 2018 se desarrollará en septiembre, con fecha a confirmar en distintos espacios de la ciudad de Montevideo y otras ciudades y pueblos del interior del país, como cines barriales, centros sociales, culturales y deportivos, cooperativas, sindicatos y centros educativos.
Globale no es un festival competitivo, por lo cual no se otorgan premios ni menciones y el acceso a todas las proyecciones es libre y gratuito.

Sobre Globale

Globale es un colectivo social autónomo, comprometido con el presente, que a su vez es parte de un amplio movimiento social con diferentes luchas que persiguen un horizonte emancipatorio. Nos proponemos estrechar vínculos con otras organizaciones sociales desde el documental y el foro debate, compartiendo materiales y experiencias acumuladas en años anteriores.

Deseamos así participar en la construcción de un pensamiento crítico desde lo social, que visualice los efectos de la globalización capitalista en nuestro país y forme parte de las reflexiones y luchas de los movimientos que en todas partes resisten los embates de este sistema.

Más allá del Festival…

Habrá exhibiciones en otras localidades fuera de Montevideo; y fuera de las fechas previstas por el Festival. Llamamos a esta modalidad Globale Itinerante y su programación se organiza a partir de las demandas que el colectivo reciba.

Globalito 2018

Es una propuesta dentro de la modalidad Globale Itinerante; el colectivo propone pequeños cortos sobre distintas temáticas sociales, adaptados para niños y niñas.

Festival Globale Uruguay 2018/ Enviado por Henry Flores
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

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1) Asesinado el duodécimo periodista en lo que va del año en México

2) Eugenio Zaffaroni: "Están tratando de inventar un enemigo"

3) Piñera arrasa, el oficialismo se derrumba, la izquierda afirma sus posiciones

4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se supiera

5) Saqueo de recursos y neocolonialismo: la sangría del oro negro africano

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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 851/ Miércoles 20 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Asesinado el duodécimo periodista en lo que va del año en México
Zorayda Gallegos (El País de Madrid)

Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en la escuela donde estudiaba su hijo, en Veracruz

El periodista Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en una escuela primaria ubicada en Acayucan, un municipio del sur de Veracruz, confirmaron las autoridades de esa entidad. El reportero que cubría temas de seguridad, fue atacado por hombres armados que entraron hasta un salón de clases, donde se encontraba con motivo del festival navideño de su hijo. Pérez Águilando, de 35 años de edad, es el duodécimo reportero asesinado este año en México y con él suman 39 homicidios de periodistas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a cifras de la organización Artículo 19.

La Coordinación Estatal de Seguridad informó en un breve comunicado que "sujetos desconocidos ingresaron hasta un aula y agredieron con impactos de arma de fuego a Gumaro Pérez Águilando, fallecido en el lugar de los hechos". El periodista, que publicaba en el portal La Voz del Sur, fundado por el mismo, también laboraba en el ayuntamiento local. Juan José Barragán, secretario de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan, explicó que su compañero fue asesinado en un aula de la escuela donde estudiaba su hijo y que él se encontraba ahí porque había acudido a un festival navideño. "El estaba en el festival de su niño, y en eso llegó una persona armada e ingresó al salón y le disparó cuatro veces y huyó. No hubo más heridos y su hijo no vio cuando le dispararon porque estaba jugando afuera del salón", contó en entrevista con este diario.

Apenas el pasado 6 de octubre las autoridades del Estado de San Luis Potosí, en el norte de México, habían informado del hallazgo del cadáver del fotógrafo Edgar Daniel Esqueda Castro. Según denunció su familia, hombres vestidos de policías ministeriales irrumpieron en la casa y se lo llevaron. La fiscalía se deslindó y aseguró que ningún policía "había realizado ninguna acción policial en contra del reportero". Esqueda era fotógrado de nota roja, tenía su propio medio y colaboraba con otros medios de la región.

Barragán, miembro de la asociación de periodistas a la que pertenecía Gumaro, manifestó que las autoridades deben aclalar los motivos del ataque a su compañero. "En Acayucan la violencia va en aumento y es urgente que se haga algo para detener esta situación. El hecho de que lo hayan asesinado en una escuela nos deja conmosionados", expresó. El secretario de la organización periodística mencionó que Gumaro no les había manifestado que temiera por su seguridad. "Él tenía quince años como reportero y siempre se dedicó a la nota roja, pero desde hace cuatro años entró al área de comunicación social del ayuntamiento local y ya no se dedicaba al cien por ciento al reporteo, sino que lo hacía de manera esporádica", expuso.

El comunicador asesinado contaba con medidas cautelares como parte del mecanismo de protección a periodistas desde 2015, informó Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Promoción de Periodistas, una instancia del Gobierno. La protección sólo era para coberturas, declaró la funcionaria a medios locales. Justificó que no se le había reforzado la seguridad porque jamás les notificó que recientemente hubiese recibido amenazas.

En noviembre de 2012, Gumaro había sido víctima de una agresión en una agencia del ministerio público en la misma localidad de Acayucan. De acuerdo a una nota periodística, el reportero fue golpeado por un abogado al intentar recopilar información sobre unos detenidos.Según la publicación le dañaron el rostro y destrozaron su cámara fotográfica. El ataque ocurrió un día después de que se publicara la ley de protección a periodistas del Estado.

En un mensaje publicado en Twitter, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnes, dijo que había instruido a la secretaría de Seguridad Pública a brindar protección a la familia de Pérez Aguilando y que la Fiscalía del Estado había enviado un grupo especial para investigar el crimen. "Lamento mucho la artera y cobarde agresión en contra del reportero Gumaro Pérez Aguilando", escribió.

Este 2017 se ha convertido en el peor año para la prensa mexicana. Antes del asesinato de Gumaro, el año más fatídico para el gremio había sido el 2016 con 11 homicidios, según el conteo de Artículo 19. En Veracruz suman cuatro los periodistas asesinados en lo que va del año.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Eugenio Zaffaroni: "Están tratando de inventar un enemigo"
(Página12)

"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el ex integrante de la Corte Suprema. Agregó que "las fuerzas (de seguridad) no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos" durante el operativo represivo del jueves y afirmó que el Gobierno está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentra lo trata de inventar".

"Necesitan inventar terrorismo", sentenció el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al analizar la represión ordenada el jueves pasado por el Gobierno ante la movilización contra la reforma previsional, que hoy se repetirá desde las 12, y las órdenes de allanamientos libradas por el juez federal Claudio Bonadio contra las personas detenidas en la cacería posterior a la represión en la zona de Congreso.

"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Era algo que creía que no volvería a ver", lamentó Zaffaroni al repasar las 8 horas de represión encabezada por la Gendarmería y la Policía Federal el jueves pasado frente al Congreso y señaló tener "pocas esperanzas de que no se repita" ante la nueva marcha convocada al mediodía por gremios y organizaciones sociales para oponerse a la reforma previsional, que ajustaría jubilaciones, pensiones y asignaciones universales.

"Las fuerzas no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos. No había un comando centrado sino cada fuerza hacía lo que quería sin ninguna mesura, es algo que creía que no volvería a ver", dijo el ex juez de la Corte Suprema sobre la represión y la posterior cacería en las que fueron detenidos 45 personas, entre ellas, decenas que volvían del trabajo o que viven en la calle.

A pesar de las detenciones irregulares, el juez federal Bonadio ordenó el fin de semana allanar las casas de varios de las personas detenidas al voleo el jueves pasado para encontrar panfletos y propaganda. Zaffaroni explicó que se está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentran lo tratan de inventar".

"Ya vimos lo que pasa con los mapuches y ahora necesitan inventar terrorismo. Fabricar el enemigo es una vieja técnica de todo autoritarismo", agregó el integrante de la Corte IDH. En ese contexto, el ex juez de la Corte advirtió: "Estamos alejándonos cada vez más del estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al estado policía, o sea, del modelo en el que todos estamos sometidos al que manda".

El integrante de la Corte IDH advirtió que en ese camino al estado de policía "el punto de inflexión lo vamos a ver si se llega a caer totalmente el Poder Judicial" y puso como un ejemplo la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner y varios exfuncionarios y dirgentes sociales por "traición a la patria" en el caso del memorándum con Irán. "Hay que ver si la Cámara y la Corte se animan a sostener esa carátula sin una guerra", señaló y aseguró: "Caeríamos en el campo de la arbitrariedad pura".

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) Piñera arrasa, el oficialismo se derrumba, la izquierda afirma sus posiciones
Pedro Santander (Celag)

Todo lo que se predijo y anticipó para estas elecciones presidenciales de Chile resultó pulverizado por la realidad. En primera vuelta nadie esperaba que Piñera recibiera tan pocos votos, todos le daba al menos el 45% y sacó el 36.6%. Tampoco nadie creyó que el Frente Amplio con Beatriz Sánchez lograra tan buen resultado (20.2%) y quedara a solo 2 puntos de pasar al balotaje.

Y ahora, para esta segunda vuelta ocurrió lo mismo: lo que más se escuchaba era que la contienda entre Guillier y Piñera iba a ser estrechísima, voto a voto. La misma derecha decía que la diferencia iba a ser de uno o dos votos por mesa. No fue así. Piñera le sacó 9 puntos al candidato oficialista (54.5% v/s 45.4%). También se decía que lo más probable era que menos chilenos y chilenas fueran a votar. Tampoco eso ocurrió; votaron 7 millones 28 mil, 329 mil más que en noviembre.

¿Qué ocurrió?…. Las interpretaciones recién comienzan. Pero si vemos los números está claro que la derecha logró movilizar a su electorado a tal grado que en segunda vuelta hubo más participación que en primera (cosa muy rara). Tal vez la campaña del miedo de la derecha surtió efecto. Se habló de “Chilezuela”, y de que se comenzaría a perder el empleo con un gobierno de izquierda. El grito de la multitud que en la noche fue a vitorear a Piñera era “¡Chile se salvó! ¡Chile se salvó”.

Guillier por su parte tuvo un bajo rendimiento electoral. Admitió en su discurso una “dura y dolorosa derrota” y habló de una noche triste. Lo es para el oficialismo. Si sumamos todos los votos de los sectores de centro y de izquierda en primera vuelta se obtienen 3 millones 621 mil votos. Y ayer domingo Guillier sólo logró 3 millones 154 mil votos

Lo más sorprendente es el alza de Piñera. En primera vuelta él y el candidato del pinochetismo, José Antonio Kast lograron juntos 2 millones 939 mil votos. Este domingo Piñera a solas alcanzó los 3 millones 793 mil sufragios…854 mil más que la suma de ambos en noviembre; el mejor resultado de la derecha post-dictadura.

Esto significa que aunque todos los votos del Frente Amplio se hubiesen ido a Guillier, cosa que evidentemente no ocurrió, no alcanzaba para ganarle a la derecha. Pero aquí comienzan las diferentes hipótesis para lograr entender qué ocurrió. Por ejemplo, si asumimos que todos los nuevos votantes (329 mil) dieron su apoyo a Piñera, podría haber ocurrido un traspaso adicional de 527 mil votos de candidaturas no de derecha a Piñera. Tampoco se puede descartar que hubo un significativo reemplazo de voto, con sesgo generacional: jóvenes que votaron en primera vuelta no acudieron a las urnas, y mayores que no lo hicieron sí fueron este domingo. Asimismo, es evidente que la derecha sintió que su candidatura se vio realmente amenazada, y eso movilizó todas las reservas de ese sector.

Esta elección es una tremenda derrota para el gobierno que se la jugó por Guillier en el último mes y que salió con fuerza a reivindicar las (tibias) reformas de la Presidenta Bachelet, quien por segunda vez deberá traspasar el mando a Piñera; ya lo había hecho el 2011.

Sin embargo la derecha no tiene mayoría en el Congreso, aunque le falta poco. En la Cámara de Diputados tiene el 47% de los asientos, 72 de 150, es decir, está a sólo 3 para la mayoría simple. Eso implica que no le será fácil revertir las reformas aprobadas como la tributaria o las de género, pero por contrapartida, se aleja la posibilidad de reformar la Constitución chilena que es de 1980, es decir, la de Pinochet. Piñera deberá buscar acuerdos en el Parlamento con otros sectores. Los ojos están puestos en la Democracia Cristiana, un partido muy tensionado hoy, y está por verse cuál será su comportamiento. Sin duda un sector de la DC votó por Piñera. Por su parte, la coalición oficialista, la Nueva Mayoría está prácticamente en el suelo. Concurrió dividida a la primera vuelta, tuvo pésimos resultados electorales y por izquierda le salió el Frente Amplio.

Es la hora del Frente Amplio. Serán la oposición más enérgica que tendrá Piñera. Además, han dado muestras de unidad, madurez y audacia política en estos breves, pero intensos días en que asoma nuevamente el fascismo pinochetista por Chile. Son ellos los que tienen la energía de su lado para en esta etapa enfrentar el ciclo de intensificación neoliberal que se viene para Chile y de restauración conservadora.

Finaliza un ciclo político que se inició en 1990 con la recuperación de la democracia. Lamentablemente se cierra por derecha. La mayor responsabilidad de ello lo tiene la Concertación (hoy llamada Nueva Mayoría) que a medida que ganaba derechizaba y neoliberalizaba cada vez más el país, olvidando los principio que inspiraron la lucha de miles de chilenos y chilenas asesinados y detenidos desaparecidos durante la dictadura, la misma que hoy fue conmemorada con aplausos por los seguidores de Piñera.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga
Sally Burch (Alai)

¿Cuáles serían las opiniones tan “disruptivas” que el gobierno argentino quiso apartar de la Organización Mundial del Comercio –OMC-, cuando negó la inscripción de unos 60 participantes a la Reunión Ministerial, y a varios impidió el ingreso al país, sea al negarles la visa o, en dos casos incluyendo el mío, mediante la deportación?

Uno de los temas de la agenda de la Reunión Ministerial de la OMC, que hoy se cierra en Buenos Aires, con mínimos acuerdos, es la propuesta de abrir negociaciones sobre el comercio electrónico. Un tema sobre el cual numerosas organizaciones y personas hemos estado advirtiendo que no es conveniente para los países en desarrollo, para nuestros PyMES, ni para la ciudadanía en general.

Hoy el comercio en bienes y servicios digitales está remplazando, aceleradamente, el comercio en bienes y servicios físicos, en numerosas áreas, y eso se extenderá mucho más con el “Internet de las cosas” y la inteligencia artificial. En principio, el comercio electrónico podría traer muchos beneficios, para crear empleos, innovación, entre otros. No obstante, el problema es que, en ausencia de regulaciones, la transición hacia lo digital en muchas áreas favorece una mayor concentración –cuando no monopolización–. Es justamente lo que estamos viendo, cuando un 50% del comercio electrónico en el mundo hoy pasa por Amazon.com, mientras que Google y Facebook concentran gran parte del mercado publicitario en Internet.

Quienes proponen estas negociaciones argumentan que favorecerán a las PYMES; pero las pequeñas empresas son las que menos podrán competir con estas corporaciones, que tienen los beneficios de escala, subsidios, infraestructura nacional, avances tecnológicos, etc. Lo que necesitan son regulaciones y políticas nacionales que les den oportunidades de desarrollar su capacidad tecnológica, acceso preferente a mercados y competencias.

Pero las medidas vinculantes que los países desarrollados quieren imponer en la OMC (y que de hecho ya se habían negociado en los acuerdos comerciales TPP y TISA), buscan más bien la desregulación, y priorizan cláusulas cuyo efecto será reforzar aún más esta concentración de poder en unas pocas grandes empresas transnacionales (ENTs).

Esta agenda pro-ENT, impulsada desde 2016 por EE.UU., y ahora por Europa y Japón (dada la política unilateralista del gobierno de Trump), implicaría, entre otros:

– El "libre flujo de datos", que en la práctica significa que los datos personales de todos y todas se convierten en un commodity que las grandes corporaciones pueden llevarse y explotar, con grandes ganancias, sin ningún beneficio personal ni colectivo para quienes entregan los datos. Significa también que nuestros países poco podrán hacer para proteger la privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del país donde se almacenan los datos (que en el caso de EEUU, son poco favorables para su población nacional y casi nulos para los usuarios extraterritoriales).

Vale tener presente que los datos son muy codiciados en tanto insumo básico de la economía digital. Si los países en desarrollo renuncian a la posibilidad de regular adecuadamente su extracción y uso (por ejemplo con exigencia de almacenamiento local de datos), estarán sacrificando la posibilidad de sacarles provecho para desarrollar su propio sector tecnológico.

– Se negaría a los países en desarrollo la posibilidad de exigir a los inversores transferencia tecnológica, lo que significa perder una oportunidad para desarrollar conocimiento y capacidad local (formación de trabajadores) y desarrollar su propio sector tecnológico.

– Los países no podrán exigir que las grandes empresas extranjeras de comercio electrónico tengan presencia física en el país. Esto significa, por un lado, pérdida de empleos, o su precarización mediante la tercerización o contratación de trabajadores autónomos, y por otro que los consumidores no tendrán recurso legal dentro del país para reclamos.

– Tampoco podrán exigir a las empresas cuyos servicios digitales se contratan que abran el código fuente, o que usen software nacional. Esto es particularmente preocupante en el caso de la inteligencia artificial, ya que son sistemas con capacidad de tomar ciertas decisiones autónomamente, mediante algoritmos, que si no se sabe cómo operan, difícilmente se podrá pedir rendición de cuentas por malas decisiones o garantizar que no tengan un sesgo incorporado.

Próximos pasos

En todo caso, por ahora, la apuesta de abrir negociaciones no prosperó. Una mayoría de países en desarrollo, liderados por India y casi toda África, se han negado hoy a que se dé este mandato a la OMC. Es un logro, considerando que las presiones para aceptar fueron muy fuertes.

Pero el tema no termina allí. Otros 70 países (principalmente los que son parte de las negociaciones de TISA, y también Argentina), adoptaron una declaración a favor del comercio electrónico “y las oportunidades que crea para el comercio incluyente y el desarrollo”, donde ponen énfasis en las oportunidades para los MiPYMES; y acuerdan emprender un trabajo en paralelo, a partir del 2018, abierto a todos los países, para “iniciar un trabajo conjunto exploratorio hacia futuras negociaciones en la OMC sobre los aspectos relacionados con el intercambio comercial del comercio electrónico” (traducción libre). Todo indica que es una forma de circunvalar los procedimientos formales de la OMC (donde ya existe un grupo de trabajo sobre comercio electrónico, sin mandato negociador), para volver con fuerza en la OMC con un acuerdo pre-negociado, con los MiPYMES como la carnada para concitar adhesiones.

Al igual que muchos otros temas que se discuten en la OMC, el comercio electrónico (y la nueva economía digital) tiene implicaciones de gran importancia para los derechos humanos, el desarrollo, la justicia social, entre otros. Y estos temas no deben discutirse en espacios cerrados y sin voces de la ciudadanía. Sería un error pensar que la agenda del comercio electrónico es un tema técnico que se puede dejar en manos de “expertos”. El futuro de nuestros países y su desarrollo podría estar fuertemente comprometido si estas negociaciones prosperan. Todo indica que son las críticas a propuestas como éstas que Argentina quiso minimizar en las reuniones de esta semana.

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Saqueo de recursos y neocolonialismo: la sangría del oro negro africano
Jerôme Duval (El Salto)

En África, el saqueo de materias primas continúa y, como en tiempo de las colonias, su transformación se realiza en el Norte, antes que el producto vuelva, eventualmente transformado, al país productor de la materia prima.

En definitiva, los países llamados “en vías de desarrollo” (PED) de hoy reemplazan a las colonias de ayer: las grandes empresas multinacionales occidentales se establecen en las antiguas colonias, invierten allí y de allí extraen los recursos para acumular descomunales beneficios que se evaden a los correspondientes paraísos fiscales. Todo ello se desarrolla bajo la mirada benévola de las corrompidas élites locales, con el apoyo de los gobiernos del Norte y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que exigen la amortización de las deudas odiosas heredadas de la colonización. Por el apalancamiento de la deuda y de las políticas neocapitalistas impuestas que la condicionan, las poblaciones expoliadas pagan todavía el crimen colonial de ayer y las élites lo siguen perpetuando hoy subrepticiamente, es lo que se ha convenido en denominar el neocolonialismo.

Transformar las materias primas para venderlas al país productor

En África, el saqueo de materias primas continúa y, como en tiempo de las colonias, su transformación se realiza en el Norte, antes que el producto vuelva, eventualmente transformado, al país productor de la materia prima. Perdiendo este último en el intercambio los beneficios de la plusvalía obtenida por esa transformación.

En lo que se refiere al petróleo bruto extraído de África, es mayoritariamente destinado a la exportación aunque retorne, refinado, desde el país importador. De la cuarentena de refinerías presentes en África, muchas sufren una falta de inversión y mantenimiento, se ven sometidas a privatizaciones encubiertas y no consiguen satisfacer la demanda regional. Como consecuencia, el continente sigue dependiente de la importación de productos refinados para su propio consumo.

Tres de las cuatro refinerías de Nigeria se han reactivado en julio de 2015, pero no funcionan más que al 60% – 80% de su capacidad, hasta 210.000 barriles por día. Alentado a la dependencia de su recurso petrolero por las IFI, con el Banco Mundial en primer lugar, Nigeria saca el 70 % de sus ingresos y alrededor del 90 % de sus recursos en divisas de las exportaciones del mismo. Solamente el 10 % de su producción es refinada en el propio país. De esta manera, Nigeria, primer productor de petróleo del continente y undécimo mundial, no consigue cubrir su mercado interior y, colmo de la paradoja, importa el 70 % de sus necesidades de petróleo refinado a pesar de disponer de una producción diaria de alrededor de dos millones de barriles de petróleo bruto, cuya mayor parte es exportada hacia Estados Unidos y Europa. Para cubrir su demanda interior, Nigeria importa diariamente millones de dólares de combustible (petróleo refinado), lo que supuso cerca de 14,9 mil millones de dólares en el año 2016, una suma descomunal |1|.

Nigeria, uno de los países del mundo con más desigualdad

Cuando en los años 60 del siglo pasado se comenzó a extraer cantidades significativas de petróleo en Nigeria, los dirigentes de Shell pasaban por los pueblos proyectando un documental de la empresa alardeando ante sus habitantes de la prosperidad que les reportaría el petróleo |2|. Sin embargo, los habitantes del delta del Níger, de donde proviene la gran mayoría de este recurso tan codiciado, se han empobrecido y han visto cómo esta industria ha contaminado sus tierras y sus aguas. A pesar de un crecimiento positivo (+ 2,7 % en 2015, su nivel más bajo desde hace 10 años, fuertemente impactado por la caída de precios del petroleo) que ha supuesto 22 multimillonarios en dólares y 34.000 millonarios censados en 2016, todavía hoy más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. La mayoría de los nigerianos no tiene acceso a la electricidad, todavía hoy un niño de cada 10 muere antes de los cinco años de edad, una de las tasas más elevadas del mundo después de la República Centroafricana, Somalia, El Chad y Sierra leona y la esperanza de vida no supera los 54 años.

Además, Nigeria sufre los horrores de la polución y sus consecuencias, el calentamiento climático. Sin embargo, un habitante de Nigeria emite como media 10 veces menos de gas de efecto invernadero que un habitante de Francia, y 34 veces menos que uno de Estados Unidos, el mayor contaminador del planeta |3|.

A parte de ver saqueadas sus materias primas, las poblaciones de los países productores pagan la plusvalía de sus productos transformados en el Norte por multinacionales occidentales. Este mecanismo grava las arcas de los Estados que, para no recortar demasiado sus presupuestos, deben endeudarse cada vez más. Los acreedores son, en este “sistema-deuda” a su medida, una vez más los ganadores de una partida de póker peligrosa y mortífera.

Notas:
|1| “En 2016, le Nigéria a dépensé 14,9 milliards $ en importation de pétrole raffiné", Agencia Ecofin, 9 de junio 2017.
|2| Peter Mass, Pétrole brut, enquête mondiale sur une richesse destructrice, Ed. Autrement, 2010.
|3| Chrisfophe Bonneuil, François Gemene, Geneviève Azam, Jean Jouzel, Maxime Combes, Nicolas Haeringer, Stefan Aykut, Valerie Cabannes: “Climat : Nicolas Sarkozy, dangereux marchand de doute”. Tribuna publicada en Libération el 16 de septiembre de 2016.
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Traducido del francés por Eubilio Rodríguez Aguado

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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1) FFOSE lanzó campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego /Amanda Muñoz
2) Las nuevas amenazas a los Derechos Humanos
3) Odebrecht provoca crisis política en Ecuador y Perú: Uruguay reaparece en la trama /Fabián Werner
4) Evo Morales se reúne con Doris Leuthard, presidenta suiza /Sergio Ferrari
5) Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana, de Kintto Lucas /Antonio Salamanca
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1866 – martes 19.12.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS

1) FFOSE LANZÓ CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA LA LEY DE RIEGO;

DOCENTES HICIERON RECOMENDACIONES PARA REGLAMENTARLA, MODIFICARLA O DEROGARLA

Por Amanda Muñoz /La Diaria, 19.12.2017

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó ayer la campaña de recolección de firmas para derogar la Ley 19.553, que aprobó el Parlamento en octubre y que modifica la anterior Ley de Riego (16.858, que había sido aprobada en 1997). El lanzamiento se hizo en el local de FFOSE, que estaba repleto. Se promueve un recurso de referéndum; para que prospere, se deberán juntar unas 700.000 firmas (25% del padrón electoral) antes del 25 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral. El presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, anunció ayer que la federación mandó a imprimir 5.000.000 de papeletas, “por si nos quedamos cortos”, dijo, en broma y en serio; organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles replicarán la juntada de firmas como en 2004, cuando se impulsó la reforma constitucional para evitar la privatización del agua.

Ricci calificó de “perversa” la nueva ley. Comentó que “los inversores que pueden estar haciendo esas obras de embalse del agua para la distribución y para la correspondiente autorización también van a poder estar utilizando esa agua para generar hasta un máximo de diez megavatios e incorporarlos en el mercado de energía, lo que le da otro componente económico a esa ley en favor de los inversores nacionales y extranjeros”. Agregó que a los inversores “se les va a aplicar la ley de inversiones” mediante la cual “van a estar exonerados de los impuestos, y no de esa obra, sino que van a poder trasladar la exoneración de esos impuestos a sus actividades particulares: se les va a exonerar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, es decir, vamos a seguir transfiriendo recursos de todos en favor de una actividad en particular”, lamentó. Por otra parte, refutó el argumento de los promotores de la ley, que han dicho que la norma favorecerá a los productores familiares, porque se habilita a que se les corte el servicio de distribución de agua (en la zafra siguiente) a los productores que no paguen. “Todo muy perverso. Están transformando el derecho esencial a la vida, como lo definimos en 2004, en una mercantilización burda y en un mercado paralelo de agua”, opinó.

Evidencias

El viernes, representantes de la Universidad de la República (Udelar) presentaron en la sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce un documento firmado por 31 docentes e investigadores de la Udelar, que busca aportar al debate sobre las consecuencias ambientales que traerá la nueva ley. Advierten que la generación de embalses generará cambios en el volumen de la producción agrícola –es la finalidad de la norma–, en “el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea este actualmente conocido o no”. Señalan, además, que los embalses multiprediales a gran escala generarán “efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori”. Afirman que esas consecuencias hacen cuestionable la sustentabilidad de la estrategia de riego que se promueve, “en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”.

Los investigadores sostienen que “en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total”, y subrayan que “los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos llegan a superar por cinco, diez, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos” en la normativa. Expresan que hay “evidencia” de que la mayor causa de la mala calidad del agua se debe a la actividad agrícola-ganadera, y que “el modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego exacerbará significativamente la problemática”, puesto que “los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes” (se deterioran antes y más que las aguas de ríos y arroyos, aclaran).

El documento hace ocho recomendaciones, “criterios-guía” para definir o descartar la localización de embalses. Sostiene que el modelo de producción intensiva agrícola-ganadera aplicado por Uruguay permite concluir que la intensificación prevista hará imposible cumplir con los estándares de calidad del agua “para los parámetros asociados a la contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total”. En ese sentido, dicen que no es aplicable “el principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos”, ya que “la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables”. Afirman que cabe la aplicación de ese principio para otros efectos que no puedan preverse. Para la gestión de los embalses actuales y futuros, recomiendan tomar decisiones en función de “un análisis integral” que considere “el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales”, y remarcan que “los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes”.

El texto critica que esta ley no haya sido discutida “en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas”, y subrayan la necesidad de que la construcción de embalses multiprediales resulten de un proceso participativo que considere la opinión de las poblaciones afectadas, así como el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto.

Dan pautas para prevenir la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y de especies invasoras, mediante el monitoreo, pero también mediante la aplicación de abonos orgánicos, el establecimiento de cargas máximas de nutrientes y la creación de zonas buffer –de transición– que bordeen los embalses, cubriéndolas de pastizales naturales o monte nativo. Sostienen, además, que es “indispensable” prohibir el trasvase de aguas entre cuencas, porque puede provocar el transporte de enfermedades hídricas y el ingreso de especies exóticas invasoras. Advierten, además, que los embalses obstaculizarán la migración de peces, incluso de especies de importancia económica. Por último, pronostican que la multiplicación de embalses tendrá impactos directos sobre el patrimonio cultural, y entre ellos mencionan bienes y valores “históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad”, que pueden desaparecer.

Amanda Muñoz /La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

2) LAS NUEVAS AMENAZAS A LOS DERECHOS HUMANOS

Se presentó el miércoles el informe anual del Servicio de Paz y Justicia. La socióloga argentina Maristella Svampa dio un panorama preocupante de la situación regional

Sudestada / 14/12/2017

Svampa dijo que desde el año 2000 hasta la fecha se produjo primero un auge y luego un declive de lo que se conoce como “el ciclo progresista”, que incluyó gobiernos de esa tendencia en la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien señaló los índices de reducción de la pobreza como avances sociales de este período, la socióloga argentina también apuntó algunos aspectos que muestran nuevas amenazas para los derechos humanos.

Según Svampa en estos años se consolidó una “doble dialéctica del capital”, que por un lado se relaciona con el trabajo y por otro con la explotación de los recursos naturales. Mencionó la concepción “desarrollista” de estos gobiernos vinculada a un nuevo impulso de las industrias extractivas a pesar de la resistencia de los movimientos sociales y las comunidades indígenas.

En este sentido dijo que a partir del año 2010 se produce un “blanqueo” del discurso extractivista-desarrollista, un afianzamiento de lo que denóminó “dinámica de desposesión”, una criminalización de los movimientos ambientalistas y una eclosión de conflictos socioambientales. Varios de estos gobiernos, resaltó Svampa, incluso comenzaron a hablar de imponer un “capitalismo sensato”.

La socióloga dijo que muchos de estos gobiernos retornaron a una lógica populista similar a la de los años 40 y que a pesar de haber surgido “al calor de los movimientos sociales” hicieron “pactos con el gran capital” sobre todo para impulsar grandes proyectos de desarrollo que implicaron una concesión de soberanía.

En este contexto también se identifican, sostuvo Svampa, políticas de inclusión social vinculadas particularmente al consumo, que van de la mano con planes sociales de asistencia para grandes porcentajes de la población.

Entre las paradojas de este “ciclo progresista” Svampa señaló que mientras se produjo una expansión de la agenda de derechos también se registró una expansión del capital, que se refleja en la imposición de megaproyectos con significativas concesiones de los estados a las empresas, en su mayor parte multinacionales.

Como muestra de eso señaló el aumento de un acaparamiento de las tierras en el 1 por ciento más rico, que en muchos casos reúne más recursos que el 99 por ciento restante de la población del continente. Esto implica una “consolidación de las desigualdades” en la región, que sigue siendo la zona del mundo con mayor desnivel entre los ingresos de ricos y pobres, además del fracaso del “regionalismo autónomo desafiante” que se intentó instalar con la aparición de nuestras alianzas como la Unasur, el Alba o la Celac.

Svampa también indicó la importancia de la creciente relación de dependencia de los países de la región con China, que en algunos casos implica un desigual intercambio de dinero a cambio de recursos naturales como petróleo o materias primas por largos períodos. También señaló la instalación de empresas chinas para el desarrollo de megaproyectos como síntoma de este vínculo entre los estados latinoamericanos y la economía más grande del mundo.

Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

3) ODEBRECHT PROVOCA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR Y PERÚ: URUGUAY REAPARECE EN LA TRAMA

La prisión del vicepresidente Jorge Glas en Ecuador y la situación del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski vuelven a poner a la empresa brasileña en el centro del debate

Por Fabián Werner /Sudestada, 15/12/2017

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado el miércoles 13 a seis años de cárcel por recibir al menos 14 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, entre 2012 y 2016. Glas afrontaba prisión preventiva desde octubre pasado junto a su tío y testaferro, Ricardo Rivera, quien también ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana.

Al menos 1 millón de dólares de esas coimas se pagó a través de una empresa uruguaya que tenía una cuenta en un banco austríaco.

La sociedad anónima Cilgory que tiene su sede en la calle Zabala 1372 escritorio 21 en la Ciudad Vieja de Montevideo recibió dos pagos por 500 mil dólares cada uno, según la información de las transferencias bancarias a la que accedió Sudestada.

El 24 de agosto de 2014 Cilgory recibió medio millón de dólares en su cuenta del Bank Winter & Co con sede en la ciudad de Viena, en la cuenta número 5009041004. Veinte días después, el 15 de setiembre, la misma cuenta recibió otro monto idéntico.

Según la declaración premiada de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, ese millón de dólares era sólo una parte de una coima total de 6 millones de dólares que se iría a pagar a través de Cilgory pero que finalmente nunca se completó.

Cilgory fue creada el 27 de noviembre de 2008 con un capital inicial de 1,6 millones de pesos y fijó su sede en Zabala 1372 oficina 21, un escritorio del Edificio Atlas que alberga al menos otra sociedad offshore que consta en el registro de direcciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de la investigación conocida como Panamá Papers.

Cilgory se fundó con el objetivo de industrializar y comercializar cualquier tipo de mercaderías y servicios, así como la “Compraventa, arrendamiento, administración, construcción, operaciones con inmuebles, excepto rurales”, y en la “Participación, constitución, (y) adquisición (de) empresas”.

El 19 de mayo de 2011, menos de tres años después de su creación, Cilgory informó a través del diario oficial del extravío de todas sus acciones y exhortó a sus tenedores a presentarse para reclamar sus derechos. El lugar donde los accionistas debían hacer el reclamo era Rivera 6328 oficina 106, dirección del estudio BGL Asesores Legales y Fiscales, que aún hoy funciona en ese mismo sitio.

Las iniciales BGL que figuran en el nombre del bufete refieren a quienes por aquel entonces eran los dos socios principales: la B era de Fernando Belhot y GL eran de Juan Carlos González Lerena, único de los dos que todavía permanece allí. El estudio BGL Asesores Legales y Fiscales aparece en la base de datos del ICIJ como intermediario de 51 sociedades fantasma con sede en distintos paraísos fiscales como el estado de Nevada en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

La Red de Periodismo de Investigaciones Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de OGlobo (Brasil), La Prensa (Panamá), La Nación (Argentina), Armando.Info (Venezuela), Quinto Elemento Lab (México) y Sudestada (Uruguay) ha publicado este año una serie investigativa sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña a altos funcionarios públicos ecuatorianos. Como consecuencia de ello hubo un impulso de las investigaciones fiscales, Glas perdió sus funciones como vicepresidente, luego fue encarcelado preventivamente y ahora ha sido condenado en primera instancia.

La confesión que hundió al vicepresidente de Ecuador fue la de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, quien confesó que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibió al menos 14 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016, según publicó el sitio IDL-Reporteros.

Conceição Santos afirmó que el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, le “había pedido plata por todos los contratos” suscritos entre la compañía y el gobierno de Rafael Correa. Cuando se conoció esa confesión el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno retiró a Glas de sus funciones.

La declaración fue hecha a los fiscales brasileños el 15 de diciembre de 2016 como parte del proceso de delación premiada (o colaboración eficaz) de Conceição. Según el ex ejecutivo de Odebrecht, alrededor de junio de 2011 fue contactado vía telefónica por el empresario ecuatoriano Ricardo Rivera, quien le pidió reunirse personalmente “para tratar de asuntos de interés de la compañía”.

La reunión tuvo lugar en el café del Swissotel, en Quito. Rivera “se presentó como el intermediario del entonces del ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Jorge Glas (cargo que ocupó hasta 2012, en que fue nombrado vicepresidente de la República), que tenía el control de los sectores de petróleo, energía y proyectos hídricos en el país”.

Durante el encuentro, Rivera le dijo que Odebrecht debía pagarle a Glas “el 1 por ciento sobre cada contrato público que la compañía obtuviese en el ámbito de ese ministerio”. Y eso se acordó, pero al momento de la adjudicación de cada contrato, “ese porcentaje sufrió incrementos entre el 1 y 1.3 por ciento”. Conceição dijo que esos pagos eran una suerte de “peaje” obligatorio en caso de que la compañía lograse adjudicarse contratos con el Estado.

“Esa forma de pagos exigidos en beneficio de Jorge Glas ya estaba siendo practicada con empresas chinas que estaban en el país y que operaban grandes proyectos de infraestructura en las áreas cubiertas por el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Recuerdo que Ricardo Rivera Arauz llegó a mencionar las empresas SINOHYDRO, CCCC, CWE y HARBIN”, indicó Conceição.

Según Conceição, Odebrecht le pagó sobornos a Glas – a través de Rivera – por los contratos relacionados a la Central Hidroeléctrica Manduriacu, al Proyecto de Irrigación Trasvase Daule –Vinces, la Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales – Cuenca.

Por eso contratos, Glas recibió, según Conceição, coimas por al menos 14 millones de dólares, de los cuales 5,8 millones fueron depositados a compañías indicada por Rivera – en 16 transferencias – entre junio de 2012 y diciembre de 2013. Una de ellas es la empresa Columbia Management Co. Ltd.

Otros 8,3 millones de dólares en sobornos fueron entregados en efectivo a Rivera. Para hacer estos pagos, el ex ejecutivo de Odebrecht utilizó la misma modalidad que empleó con el ex contralor general de la República, Carlos Pólit. Una proveedora de acero de la constructora brasileña, Diacelec S.A., recibía el dinero del Sector de Operaciones Estructuradas. Luego ese dinero era retirado por el dueño de la empresa, Edgar Quiroz Arias, quien se lo entregaba a Conceição.

Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

4) EVO MORALES SE REÚNE CON DORIS LEUTHARD, PRESIDENTA SUIZA

De los Andes a los Alpes, con el tren bioceánico en la mira
Firma de un protocolo de cooperación

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

Casi 20 años atrás llegó a Ginebra como dirigente sindical cocalero en busca de la solidaridad internacional. Era entonces un actor clave de una Alianza Mundial de los Pueblos en construcción, en plena etapa de activa confrontación social contra las instituciones financieras internacionales y sus recetas de ajuste estructural.

Este 14 de diciembre volvió a Suiza en su carácter de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y estadista de referencia para los sectores progresistas de una Latinoamérica contradictoria, donde soplan vientos huracanados de retroceso social.

Dos décadas después, Evo Morales, no perdió la memoria. Y en la comparecencia de prensa junto a la presidenta suiza Doris Leuthard recordó, antes que nada y con total dignidad, aquel viaje militante y el pedido de solidaridad que hiciera entonces en defensa de sus hermanos campesinos productores de la hoja de coca.

Pero por la capital suiza no pasó para recordar anécdotas. Como parte de su corto viaje europeo – que incluye Francia, Austria y también el Vaticano-, en su portafolios traía para la firma una propuesta de Memorándum de Entendimiento, elaborada en común con sus pares helvéticas, y que prevé asistencia técnica a lo que podría ser el “proyecto del siglo” del país andino. La construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), o tren interoceánico, evaluado en más de 10.000 millones de dólares estadounidenses.

El mega proyecto, que en julio logró ya el apoyo formal de la Cumbre del MERCOSUR realizada en Mendoza, Argentina, implica una logística ferroviaria de 3.755 kilómetros, uniendo el puerto atlántico brasilero de Santos con el de Ilo, en el pacífico peruano.

El presidente Morales desborda en convicción. “Queremos en el 2018 empezar el proyecto”, enfatizó. Con la mayor experiencia del fino tejido andino, el tren bioceánico ha ido ganando un lugar entre las prioridades regionales. Primero, desplazó a otro proyecto parecido *made in China*, imaginado entre Brasil y Bolivia, y que dejaba de lado a Bolivia. Luego, sumó el apoyo de parte de Perú, Brasil e incluyo Paraguay y Uruguay, para lanzarlo hacia adelante como una opción viable que beneficiará a todos los actores, “por ser más corto y por tener menos consecuencias ecológicas”. Ahora, golpeando la puerta suiza para abrir un flujo de asistencia efectiva de parte del Estado y grupos empresariales helvéticos y alemanes que desde hace algún tiempo ven con simpatía y – cálculos jugosos de rentabilidad- el sueño boliviano.

Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeos, enfatizó Morales. Importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasilero; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú.

Para las economías de las naciones latinoamericanas implicadas, un proyecto de este tipo implicaría ganancia redonda. Para Bolivia, una salida efectiva al mar. Para Brasil, un tránsito acelerado por tierra de sus exportaciones e importaciones sin deber acceder al largo viaje marítimo por el Canal de Panamá o el sureño Cabo de Hornos. Para Perú, poder contar con una de las dos puertas de entrada-salida del proyecto faraónico. Un ramal adicional secundario beneficiaría directamente a Paraguay.

¿Actitud contradictoria de Evo, con ideales de izquierda y recurriendo al apoyo financiero y experiencia internacionales de países capitalistas, para realizar este megaproyecto?, preguntó casi como provocación un periodista suizo.

“Cada nación, cada continente, tiene el derecho de encontrar su mejor modelo” y en consulta democrática repitió dos veces para que se escuche bien su propia concepción de la auto-determinación. En todo caso, para nosotros, en Bolivia, el neoliberalismo hizo estragos y fue nefasto, explicó el ex dirigente cocalero hoy convertido en estadista. Y los logros desde que “llegamos al Gobierno”, son tan evidentes como significativos, subrayó apoyándose en una serie de ejemplos especialmente en cuanto al aumento de las exportaciones de diferentes tipos de gas y fertilizantes.

El sueño boliviano del bioceánico salió reforzado en su tránsito por Suiza. Tiene forma, mapa, apoyos políticos, promesas parciales de financiamiento y una agenda precisa: concluirlo en el 2025 fecha del bicentenario de la independencia de Bolivia.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

5) CARA Y CRUZ DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, DE KINTTO LUCAS

Libro imprescindible para entender la década 2007-2017

Por Antonio Salamanca *

La obra Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017 es una nueva criatura en la actividad prolífica del autor Kintto Lucas, publicada por la editorial Eskeletra, en Quito, 2017. Como su título indica, es una valoración crítico política del proceso denominado Revolución Ciudadana, en Ecuador. Inicia en 2007 y concluye en 2017 con el cambio de presidente de la República, que marca el fin del periodo de estudio. Es continuación de trabajos del mismo autor como Rafael Correa: un extraño en Carondelet (2007) y parte de su trilogía Ecuador Cara y Cruz. Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana (2015).

El género escogido es la crónica política, enriquecida con entrevistas y análisis personales, así como el documento histórico. El estilo se inserta en la tradición de las cartas y artículos periodísticos de José Martí (1869-1892) sobre Política y Revolución. Recuerda también el estilo periodístico del comunista estadounidense, John Reed, en su obra clásica Diez Días que Conmovieron al Mundo (1919), testigo ocular de la Revolución Rusa (Revolución de Octubre). Tomando el apropiado término de su editor, Ramiro Arias, Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana es una “bitácora” política; bitácora casi diaria del pensador, analista político y activista revolucionario.

El texto regala a los lectores un relato objetivo, preciso, fecundo en datos relevantes, bien circunstanciado, cuidado, elegante, fluido y ameno. Esta calidad literaria le ha hecho merecedor al autor del aprecio de la comunidad internacional. Entre algunos de sus reconocimientos, en 1990 recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí. En 2004 fue galardonado con la Pluma de la Dignidad por parte de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.

Las crónicas que se recogen en la obra arrancan en enero de 2007 y terminan en agosto de 2017. De las 408 páginas, 230 presentan una abundante información sobre los dos primeros años de la década estudiada. Algo más de las tres cuartas partes de contenido ocupan el análisis de los primeros cinco años.

El libro posibilita varios niveles o perspectivas en su lectura. Una de estas claves, que ayuda a descubrir la urdimbre íntima del contenido, es el código axiológico implícito del autor. Tres valores morales o éticos movilizan el relato. El primero, en orden expositivo, es la humildad de la honestidad intelectual, el apego a la verdad histórica, la apuesta por la objetividad crítica; cuidadosa de no deslizarse por pendiente de la pasión irreflexiva. Meritoria profesión por la verdad y el rigor, diríamos que histórico y científico, cuando el autor ha sido parte, no solo espectador, de muchos de los acontecimiento que presenta. El segundo valor moral es su compromiso político revolucionario efectivo; partisano por la liberación de los pueblos en búsqueda del socialismo. El tercero es el decoro de la hermandad martiana, la coherencia personal, que hilvana los hechos y fluye la ilación argumentativa.

De la mano de ese hilo axiológico, hay otro nivel de lectura que enriquece la ubicación y análisis de las luces y sombras, de la cara y cruz de la Revolución Ciudadana: la perspectiva político ideológica. Ello en la dialéctica de los tres momentos de su dinamismo histórico: a) la irrupción carismática del poder constituyente; b) la estabilización del poder constituido; c) la nueva apelación al poder constituyente desfetichizante y regenerador. En los tres momentos, el autor ha sido actor. Esta circunstancia dota al libro de una especial riqueza testimonial histórica.

La irrupción carismática del poder constituyente

El autor dedica una gran parte del contenido del texto a dar cuenta y analizar las caras y cruces de la irrupción carismática del poder constituyente. Un poder, a su juicio, transformador, pero poder con un proyecto que no es revolucionario, en sentido estricto. El autor identifica algunas de las fuerzas que conforman el poder popular constituyente, insurgente: a) la lucha por la reforma agraria; b) la lucha por la reconstrucción de la industria; c) la lucha por la producción autogestionaria; d) la lucha por la construcción y hegemonía del poder popular; e) la lucha por la biodiversidad; f) la lucha por la democratización económica y mediática contra los monopolios mediáticos y económicos (vgr. Porta de Carlos Slim, los Isaías, etc.); g) la lucha por superar el neoliberalismo económico del consenso de Washington; h) la lucha contra una deuda externa ilegítima; i) la lucha por la soberanía política y territorial; j) la lucha por la plurinacionalidad del Estado; k) la lucha por la autodeterminación y soberanía nacional; l) la lucha por la unidad latinoamericana y sudamericana.

Ese poder popular constituyente ha llevado, tras las elecciones de 26 de noviembre, a Rafael Correa, un líder extraño, a ser presidente en Carondelet (enero de 207). El segundo paso es el tránsito hacia una Asamblea Constituyente.

Sobre estos dos actores principales del poder constituyente en acción, el autor va haciendo sus observaciones y reflexiones en la bitácora. Es interesante mostrar que ya advierte algunos elementos que dan qué pensar sobre la fortaleza del poder constituyente popular en ese momento histórico. Si bien es cierto que hay un tremendo empuje del pueblo por un cambio y liberación del neoliberalismo, y que es el pueblo, como señala, “el único sujeto imprescindible siempre en un proceso revolucionario: a) en la elección para representantes a la Asamblea Constituyente, el 30% de los electores no sabía a quiénes votar, b) el horizonte, la utopía popular salida y presentada al pueblo había sido bautizada con el nombre de socialismo bolivariano del siglo XXI, sin embargo faltaba claridad y desarrollo teórico programático. En dos ocasiones recuerda el autor los versos de Antonio Machado para resumir y suplir esta situación con la fe en “caminante no hay camino, se hace camino al andar”; c) el miedo a la audacia revolucionaria de algunos de los representantes del poder constituyente, diputados de la Asamblea Constituyente, para “trascender” (vg. derechos de los trabajadores, etc.); d) la intervenciones imperiales de la CIA a través de su articulaciones regionales con Colombia (Plan Victoria), e internas con la infiltración en las Fuerzas Armadas y Policía, debilita el poder constituyente; e) asimismo la agresión mediática orquestada, entre otros, por la Sociedad Interamericana intoxica el respirar diario del poder constituyente

Sobre el otro actor importante del poder constituyente insurgente, Rafael Correa (en su doble dimensión como poder constituido del sistema que muere y como líder carismático del poder constituyente que irrumpe), el autor entiende que el “extraño en Carondelet” en conjunto está cumpliendo su papel histórico en ese momento. Él y Alberto Acosta están exigidos por las historia, no pueden errar. Las contradicciones lógicas en las negociaciones políticas para conformar la hegemonía de cara a la Asamblea Constituyente son la inevitable consecuencia del principio o la ley de lo posible, de lo factible, del principio de factibilidad. El autor es consciente de ello, pero recuerda que hay líneas rojas que no se pueden pasar: los principios. Es esta etapa, camino a la Asamblea Constituyente, en la parte que le corresponde a Rafael Correa como miembro del poder constituyente, el balance general es que no ha traicionado los principios. Sin embargo se identifican ciertos riesgos que puede debilitar dicho poder constituyente por parte de quien ejerce el liderazgo: a) la falta de experiencia política para solventar algunos conflictos diplomáticos; b) las dificultades para el diálogo y desencuentros con movimiento sociales (vgr. movimiento indígena) que pueden impedir la consolidación de la hegemonía insurgente; c) cuidar la humildad en el ejercicio del liderazgo. Por cinco ocasiones insiste el autor en ello.

Cerramos esta primera etapa indicando un aspecto que nos resulta especialmente importante. La Asamblea Constituyente cumple su función con la elaboración del texto constitucional. La criatura es la Constitución, en vigor desde el 20 de octubre de 2008. El documento jurídico político tiene en su articulado el derecho a la resistencia. El autor, asesor de la Mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, de la Asamblea Constituyente, informa que sugirió la incorporación del derecho a la resistencia a Alberto Acosta y a la Comisión integrada por Virgilio Hernández. Este derecho históricamente había sido progresivamente expulsado por la nueva clase burguesa de las constituciones creadas desde el siglo XVIII, a pesar de que llegó al poder, como clase, amparándose en dicho derecho. F. Engels, en su Introducción (1895) a la Lucha de Clases en Francia, afirma que si hay algún derecho realmente histórico es el derecho a la revolución. El derecho al a revolución es mucho más que el derecho a la resistencia a la opresión o el derecho a la rebelión. Es el derecho que movió al poder constituyente insurgente del pueblo ecuatoriano. Siendo una parte del derecho a la revolución, fue una victoria el reconocimiento y la incorporación del derecho a la resistencia en el texto de la constitución.

La estabilización del poder constituido

La etapa de estabilización del poder constituido, la institucionalización del poder insurgente, ocupa en el texto lo acontecido desde el primer gobierno de Rafael Correa hasta la Asamblea Constituyente, así como lo que ocurrirá después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, en 2008.

El primer gobierno de Rafael Correa es un poder instituido del viejo orden que tiene la misión de abrir la puerta al poder constituyente, siempre en acción (E. Sieyès). Un gobierno que en su composición no refleja las clases sociales; más bien pareciera conformar “un club de amigos”. Ni en su seno ni en la Asamblea Constituyente la izquierda supo disputar su hegemonía en la correlación de fuerza con la derecha. En palabras del Ministro de Gobierno (Interior) de entonces, Gustavo Larrea, “[l]a Constitución que proponemos no va a llamar al país socialista ni mucho menos”. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, transformadora aunque no revolucionaria, el poder insurgente comienza a estabilizarse en su institucionalización.

Algunas de las luces de esta fase que el autor subraya son: a) la declaración ilegítima de parte de la deuda externa y su renegociación; b) Odebrecht es expulsada del país por incumplimientos de sus obligaciones contractuales (luego volverá); c) expulsión del Jefe de la CIA, Marx Sullivan; d) la no renovación de la base militar de Manta a los Estados Unidos; e) la resistencia al golpe de Estado (en su doble expresión de apelación al poder popular constituyente y de intervención del poder constituido); f) avances hacia una integración regional antiimperialista y bolivariana (Unasur, Mercosur, Celac, Alba); g) política exterior antiimperialista (vgr. crítica con la intervención militar en Libia y Siria, y el reconocimiento del Estado Palestino); h) los intentos de consolidar con el IAEN el Instituto José Peralta, escuela diplomática para una formación menos elitista y más representativa del país plurinacional; i) resistencia a la firma de acuerdos de espionaje entre Estados Unidos y Ecuador; j) denuncia de la presencia militar de Estados Unidos en Ecuador (agregados militares de la embajada, en 2014); k) la protección de Julián Assange; l) la resistencia a la firma de los tratados de libre comercio.

Son relevantes también las sombras, las cruces, los riesgos que Kintto Lucas encuentra en este momento de institucionalización. Ellas son semilla y expresión del proceso que llevará luego a que el poder instituido pierda progresivamente la legitimidad y hegemonía originarias: a) la burocracia (de las comisiones que cambian los sentidos de las leyes, a veces a oscuras, con su propia lógica, no necesariamente de izquierda o derecha; del funcionariado administrativo, etc.); b) la perdida de “pueblo” en el ejercicio del poder (de participación popular); c) la dificultades para el diálogo horizontal con el pueblo; d) la cooptación de los cuadros, dirigentes, de movimientos como Alianza País por la burocracia del aparato administrativo; e) el oportunismo político que corrompe el servicio a los intereses comunes desviándolo a satisfacer intereses privados.

También en esta etapa el autor fue actor. En su calidad de Vicecanciller del Ecuador estuvo detrás de muchas de las orientaciones y decisiones que se tomaron durante su gestión en política exterior. Precisamente la coherencia contra la firma del acuerdo de libre comercio con Europa le llevó a dejar su cargo en el Ejecutivo en 2012.

El regreso del poder constituyente

Es una ley histórica que la estabilización del poder constituido termina por distanciarse del carisma insurgente del poder constituyente. Una de las luchas históricas de los pueblos es para que la relación dialéctica (vivificante) entre ambos poderes se extienda lo más en el tiempo para evitar la pronta fetichización y muerte de las nuevas instituciones.

A lo largo de la obra, el autor reclama algunos senderos para mantener y poder recuperar esa dialéctica: a) el diálogo político del poder constituido en simetría con los movimientos sociales; b) la conversión de Alianza País en un movimiento y un frente, en un partido de cuadros y partido de masas; b) la conformación de verdaderos Comités populares de defensa de la revolución ciudadana (CDR); c) la muerte cruzada; d) la obligación de todo poder constituido de “llenarse de pueblo”.

La última crónica del libro, 24 de agosto de 2017, termina constatando dos realidades: a) que el gobierno de Lenin Moreno nace debilitado para defender los intereses populares; b) que, entre otras cosas por las disputas internas de Alianza País, el proceso de la revolución ciudadana ha llegado a su fin. El libro termina aquí.

Está por ver qué depara históricamente para el Ecuador el derecho a la revolución del pueblo ecuatoriano, el poder constituyente en acción.

Estoy seguro que Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana trascenderá como un documento histórico imprescindible para entender la década 2007-2017 en Ecuador. Es un honesto testimonio de que “hacer es la mejor forma de decir”, en palabras de José Martí. El texto permite llenar de carne y sangre, de testimonios en primera persona, de hechos y circunstancias, la dialéctica entre la irrupción carismática del poder constituyente y sus tensiones con el poder constituido. Desde la experiencia, el texto además deja abierta la discusión sobre importantes asuntos para la izquierda: a) qué se entiende por revolución; si es un momento o un proceso; si son posibles momentos revolucionarios en un proceso que no lo es; o qué hace revolucionario a un proceso de transformación social; b) qué es el socialismo del siglo XXI; c) cómo se crea un partido que sea frente y movimiento de masas y cuadros; d) cómo se llena de pueblo la praxis política.

* Antonio Salamanca /Docente de Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Texto de la Presentación del libro realizada el 14 de diciembre de 2017.
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook

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1) La múltiple discriminación de las madres solas

2) Desigualdad de género en Latinoamérica

3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”

4) Las sospechosas de siempre
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 545 / Lunes 18 de diciembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) La múltiple discriminación de las madres solas
Más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental son pobres, lo que termina por nutrir aún más la pobreza infantil
Rosana Saiz Villar (CTXT)

El dato habla por sí solo: más de la mitad de las mujeres responsables de familias monoparentales o madres solas son pobres, y con ellas sus hijos e hijas, y la mayoría de ellas no trabaja o lo hace en condiciones altamente precarias. La normativa a este respecto es insuficiente, no específica y no atiende a las peculiaridades, necesidades y demandas más significativas de estas mujeres y sus familias.

El contexto de crisis económica que venimos arrastrando ha complicado aún más su situación de precariedad, vulnerabilidad y exclusión, ahondando en la ya antigua y progresiva feminización de la pobreza, una feminización que acaba afectando a los menores que están a su cargo, y que alimenta y cronifica la espiral de pobreza y exclusión social en que están inmersas.

Según el Instituto de la Mujer, el 88,6% de las familias monoparentales están encabezadas por la figura materna, frente al 11,4% de hombres. De modo que nos encontramos de entrada ante una discriminación dual: la que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, y la que añade el hecho de conformar una familia de carácter monoparental. Como consecuencia de esta desigualdad y discriminación surgen brechas salariales injustificables, grandes problemas para acceder al empleo y para permanecer en él, pésimas condiciones laborales, economía sumergida, dificultades en los procesos de promoción, formación y reciclaje y, cómo no, el desempleo. Con este panorama tan poco alentador, el fenómeno de feminización de la pobreza se agranda, se agrava y, como consecuencia inmediata, acaba nutriendo la pobreza infantil. La envergadura de este problema viene siendo denunciada en diferentes informes de Save the Children (2015), UNICEF España (2014) o EAPN (2017), entre otros, y ha sido el foco de atención en un buen puñado de recomendaciones de organismos internacionales, en especial de la Unión Europea.

Desde el punto de vista de las políticas de empresa, se continúa discriminando a la mujer, más aún si es madre sola, ya que el empresario prejuzga su situación y acaba considerando, en no pocas ocasiones, que no va a ser capaz de atender a su familia y, al mismo tiempo, desempeñar el trabajo correctamente. Según la Fundación Adecco, el estigma social de las madres solas es aún muy considerable y se sigue observando prejuicios y falsas creencias en el seno de las empresas; así, se tiende a creer sin fundamento que su compromiso con la organización será menor, cuando lo cierto es que estas mujeres “desean trabajar y aportan fidelidad, estabilidad y motivación, valores que se convierten en garantía de éxito en el desempeño del puesto”.

El papel de los convenios colectivos

En el marco de nuestro trabajo de investigación (Workforall Project), se ha llevado a cabo un estudio específico, titulado Discriminación laboral de las mujeres responsables de familias monoparentales, en el que se analiza la Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres, la normativa sobre conciliación de la vida laboral y familiar, el Estatuto de Trabajadores, los convenios colectivos, así como los planes de empresa a fin de constatar objetivamente la discriminación que sufren las madres solas y subrayar la necesidad de contar con una legislación acorde a las demandas y la realidad de estas familias en el contexto actual.

Dado que, como hemos comentado, la situación de las familias monoparentales implica y atañe en mayor medida y de manera especial a las mujeres, resulta imprescindible la perspectiva de género en su consideración, tratamiento e intervención.

La principal particularidad de las fuentes del Derecho del Trabajo es el convenio colectivo y su fuerza vinculante; sin embargo, la Ley orgánica 3/2007 de igualdad ha querido otorgar un papel importe a los representantes de los trabajadores en materia de igualdad; entre sus facultades estarían la negociación con el empresario, información, consulta, vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, colaboración para implantar medidas de conciliación, así como la prevención y represión del acoso sexual y moral por razón de sexo y la información a sus representados.

Sin embargo, a pesar de que los convenios colectivos estatales de sector hacen referencia en muchas ocasiones a cláusulas genéricas que intentan respetar el principio de no discriminación, en los casos analizados no dejan de mostrarse como medidas de buena voluntad que bien pudieran cumplir una labor de sensibilización pero que en la práctica poseen poca repercusión normativa, y, por ende, no están surtiendo efecto.

En relación con la distribución de la jornada y la organización del trabajo, la negociación colectiva de sector la atribuye en todos los convenios colectivos estudiados al empresario, sin tenerse en cuenta ninguna medida específica de conciliación para las mujeres. Las familias monoparentales, por su parte, no son tenidas en cuenta, ni mencionadas, ni tan siquiera con intención de visualizarlas. Por tanto, los avances en este ámbito y para estas mujeres son nulos.

Los convenios colectivos de empresa analizados reflejan aún menos avances en este sentido, ya que el proceso regulador sobre igualdad y conciliación es menor que en los convenios colectivos del sector, con un panorama todavía peor en lo que se refiere a las madres solas. Con respecto a los planes de igualdad, en aquellas empresas obligadas a ponerlos en marcha, todos los casos analizados han reproducido estrictamente, en total o en parte, lo que indica la ley.

En definitiva, los convenios colectivos de sector no están obligados a la negociación de los planes de igualdad, con lo cual estos remiten a los convenios de empresa, que, o no mencionan nada, o se remiten a la ley, o, para aquellas empresas obligadas, delegan en los planes de igualdad, los cuales a su vez se llenan de medidas programáticas y de buena voluntad, de información, concienciación, etc. Se trata, como puede observarse, de un círculo vicioso del que resulta imposible salir. Y dentro de todo ese complejo proceso, las madres solas, pese a ser un grupo vulnerable, y desoyendo las recomendaciones de la UE y otros organismos internacionales, no son consideradas por la normativa laboral en ninguna de sus fuentes.

Por todo lo señalado, consideramos necesaria una ley estatal sobre estos nuevos modelos familiares que considere de manera integral y específica sus características, necesidades y demandas actuales. La ley debería partir de los principios fundamentales recogidos en la Constitución española y desarrollar normativamente toda una serie medidas que contemplen, en primera instancia, la naturaleza actual, distintiva y plural de estas estructuras familiares: la responsabilidad de cuidado, atención y crianza de los hijos centrada en una única persona. La evolución socio-histórica y la realidad actual han propiciado que esta responsabilidad única recaiga principalmente en las mujeres. En ese sentido, la ley estatal debería partir y contemplar la cuestión laboral como eje central sobre el que desarrollar medidas que den respuestas efectivas a las necesidades de estas mujeres y sus hijos. Estas medidas, sustentadas en la perspectiva de género, deberían diseñarse desde la integralidad y la transversalidad, con el objetivo final de hacer real la inclusión social plena de estas familias.

Para ello se propone la implementación de medidas que contemplen y hagan posible la no discriminación laboral, con todo lo que ello implica en la introducción de cambios significativos en materia normativa laboral: cláusulas sociales para entidades del tercer sector social que desarrollen proyectos de apoyo e intervención social con este tipo de familias; medidas de sensibilización y bonificación para las empresas que contraten a estas mujeres; medidas que pongan en marcha estrategias activas de empleo que desarrollen las habilidades y competencias de las madres solas y mejoren su empleabilidad; programas formativos específicos pre-laborales y de reciclaje profesional; programas personalizados de inserción socio-laboral; medidas de conciliación laboral y familiar concretas, flexibles y adaptables a las circunstancias específicas de cada familia; medidas de coordinación de los servicios sociales y servicios de empleo para generar dispositivos integrados que actúen atendiendo a las necesidades y demandas de estas familias de una manera rápida y sostenida en el tiempo; programas de apoyo educativo para acompañar, asesorar y tutorizar a los hijos en cada nivel formativo; medidas que faciliten el acceso y el uso de calidad de los servicios sanitarios (con especial atención al seguimiento pediátrico de los menores); medidas de acceso y utilización de viviendas adaptadas a sus necesidades específicas (proximidad a los colegios y centros sanitarios, etc.) y que les proteja en caso de impagos y desahucios; medidas de fomento de redes sociales y participación social en la comunidad; medidas fiscales que contemplen las distintas necesidades, perfiles y momentos por los que atraviesan estas familias.

En definitiva, una ley estatal que se desarrolle y se aplique en todo el territorio nacional, haga efectivos en la práctica los principios de igualdad y no discriminación, y establezca las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para que estas familias dejen de ser contempladas como grupos vulnerables.

-Rosana Saiz Villar, investigadora de Workforall Project, Universidad de Oviedo.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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2) Desigualdad de género en Latinoamérica
Si eres hombre te pago 15, si eres mujer te pago 10
Lucía Converti (CELAG)

El Foro Económico Mundial elabora desde 2006 un informe anual[1], que evalúa la diferencia de género existente en cada país (fueron evaluados 144 países en el último informe). Con estos datos elabora un índice que cruza variables tanto de ingresos como de participación y oportunidades, educación, empoderamiento político, salud y supervivencia. Para el 2017 el informe muestra una brecha de desigualdad promedio de 68 %, sin embargo, este índice disminuye a 58 % cuando se considera el subíndice relacionado con la participación económica y las oportunidades.

En el análisis de temas económicos, el indicador de desigualdad del ingreso es uno de los más importantes para evaluar cómo se distribuyen los recursos en las sociedades que estudiamos y sus posibilidades de desarrollo. La desigualdad de género, sin embargo, no se utiliza con tanta frecuencia. Su estudio es mucho más frecuente en el campo de la sociología, la ciencia política o la antropología, aún cuando el tema se supone parte de la agenda económica regional desde hace cuatro décadas.[2]

Esta nota evidencia la importancia que la desigualdad de género ejerce sobre la estructuralidad de la pobreza en la región. Es importante aclarar que se hará énfasis en la diferencia entre el género femenino y masculino exclusivamente, sin embargo, la desigualdad se extiende y hasta se agrava si se considera otras identidades de género. Asimismo, se estudiará la desigualdad de género en el ámbito laboral, dejando pendiente el análisis de otras desigualdades existentes.

Las cifras de la desigualdad

Del total de la población en edad de trabajar, el 52,1 % son mujeres. Sin embargo, sólo la mitad trabaja o está buscando trabajo y del total empleado solo el 41,1 % son puestos ocupados por mujeres[3].
En el mercado laboral, los varones cobran 50 % más que las mujeres.[4]
El 53,7 % de las mujeres tiene un empleo informal mientras que los varones llegan hasta un 47,8 %.
Mientras que el 22,8 % de las mujeres tienen trece o más años de educación, solo el 16,2 % de los varones alcanza o supera este resultado, sin embargo, el 78,1 % de las mujeres ocupadas trabajan en sectores de baja productividad y tienen poco acceso a los cargos de mayor jerarquía.[5]
El 26 % de las mujeres mayores de quince años reciben como remuneración menos de un salario mínimo.[6]
El desempleo de las mujeres alcanza el 9,1 %, mientras que la de los varones es de 6,3 %.[7]
La proporción de mujeres sin ingresos propios (es decir, sin trabajo ni trasferencia del estado) asciende a un 28,9 % en 2014[8].
Teniendo en cuenta estos números puede entenderse el fenómeno de feminización de la pobreza. Mientras que ésta cayó de un 43,9 % en 2002 a un 28,2 % en 2014, el índice que mide la proporción de mujeres que viven en hogares pobres aumentó 1,1 puntos entre 2002 y 2013[9]. Esto ocurrió especialmente en los países de mayor ingreso per cápita (Argentina, Chile y Uruguay).

Una sociedad hecha a la medida de los varones

Así como podemos definir al sistema económico en el que vivimos como capitalista, debemos definir a nuestras sociedades como patriarcales. Se entiende como sociedad patriarcal aquella en la que los varones dominan a las mujeres.

A este dominio se debe que la mujer esté un 40 % menos escolarizada en la etapa preescolar que los varones, siendo discriminada desde su educación, en la niñez, hasta en el trabajo, en su adultez. Esta discriminación se ve reflejada, como muestran las cifras mencionadas, en el bajo nivel de acceso al trabajo, en la desigualdad de remuneración por igual trabajo, en el tipo de trabajo y en el nivel de precarización. Cada una de estas formas de discriminación se acentúa si son mujeres trabajadoras rurales, indígenas, afrodescencientes o migrantes.

Debido a la división sexual del trabajo establecida internamente en nuestras sociedades existe un tipo de actividad donde la mujer se inserta mayoritariamente. Este trabajo es el relacionado con el cuidado del hogar y de la familia. Según la OIT (2012), el mismo concentra el 15,3 % de la ocupación femenina en el mercado de trabajo.

En la mayoría de los países la legislación laboral a la que están sujetas las empleadas domésticas es más limitada que las que regulan el resto de las actividades asalariadas, dejando a esta actividad prácticamente por fuera de los derechos laborales. Esto evidencia el desprecio social y económico que se asigna a esta ocupación. Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados alcanza el 15,2 % del PIB, compitiendo con cualquier actividad económica del país.

Asimismo esta ocupación no sólo la ejerce el 15,3 % de las mujeres mal remuneradas por esta labor, sino también el resto. La equidad en el trabajo doméstico en el hogar, aún deja mucho que desear.

Un estudio realizado en 2014, en cinco países de la región, demostró que la suma de la cantidad de horas remuneradas y las no remuneradas (dedicadas al cuidado y la reproducción del hogar) es mayor en las mujeres que en los varones. En algunos países la cantidad de horas de trabajo no remunerado es equivalente o mayor a una jornada laboral completa, y estas siguen concentradas en manos de las mujeres de la familia.

Siguiendo con esta línea, el 30 % de las mujeres que no tienen ingresos también dedican su tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Esa condición libera a la mujer de la suma de ambos trabajos pero condiciona su libertad, pues se genera una subordinación y dependencia del varón que limita su capacidad de decidir cómo o con quién vivir, lo que las hace más vulnerables al abandono del jefe del hogar e incluso a la violencia.

Estas mujeres representan el porcentaje de población más vulnerable a caer en la pobreza o incluso en la indigencia de un momento a otro. A la vez, esta condición de vida – tanto en la pobreza del abandono como en la de la violencia- se extiende a los hijos, lo que reproduce el círculo de exclusión y vulnerabilidad social.

Conclusiones

Los números presentados reflejan una fotografía estática: la brecha de desigualdad está cerrándose continuamente, debido a las constantes luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en igualdad con los de los varones. De no poder estudiar a ir a la universidad libremente y compartir aula con los varones hay un gran paso, pero las diferencias persisten y si se mantienen en la invisibilidad de lo “natural” y no se observan sus consecuencias, se limita el avance.

En la última década la brecha disminuyó, pero también volvió a agrandarse en cada crisis o caída de la actividad, situación que refleja lo casual y no del cambio. La condición de doble opresión que viven las mujeres del mundo y de la región, es un problema estructural ya que son las prácticas cotidianas las que estigmatizan y discriminan.

Según el foro mundial global la paridad se alcanzará en cien años, pero el año pasado eran ochenta y siete. Es esencial avanzar en la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para poder combatir efectivamente la pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en el menor tiempo posible.

Notas:
[1] The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial.
[2] Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres en Naciones Unidas.
[3] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mujeres y OIT en noviembre de 2013.
[4] La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL, 2016.
[5] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[6] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[7] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONUMujeres y OIT en noviembre de 2013.
[8] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[9] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
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Lucía Converti, @ConverL, investigadora CELAG.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”
Mariana Carbajal.(Página 12)

“El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera”, sostiene la activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con Página/12. Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir cómo configura las violencias que las afectan. Fue una de las oradoras del Foro Feminista frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y trans.

En diálogo con este diario, Rodríguez destacó la importancia de la perspectiva feminista para analizar el tema, frente a otras miradas más tradicionales, “porque tiene una visión del trabajo, que es ampliada, que incluye el económico y remunerado, el invisible, el informal. Justamente la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres tiene que ver con eso, con esa nueva perspectiva del trabajo, que nos da una explicación mucho más acabada de cómo el capital crea mecanismos de control”, señaló la activista, que también forma parte de la Articulación de Mujeres Brasileras y del Instituto Equit, de Río de Janeiro, que trabaja por los derechos de las mujeres.

Al ser consultada sobre la decisión del Gobierno de Cambiemos de rechazar el ingreso al país y deportar a activistas que viajaban a la Argentina para participar de las actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la brasilera fue muy crítica: “Ha sido una actitud absolutamente autoritaria del gobierno argentino pero no ha sido una decisión aislada. En esta ola neoliberal conservadora que estamos viviendo, es una punta de lanza para disminuir la participación de la sociedad civil en los espacios multilaterales, donde hemos logrado influir con nuestras posiciones”, denunció.

En América Latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género, sostiene Rodríguez: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender aún más sus dobles jornadas de trabajo.

-¿Cómo se involucró con esta temática?
-Empecé a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres en una organización feminista en Brasil a finales de los ’80 y decidimos analizar el tema de las políticas económicas porque nos dimos cuenta de que la situación de las mujeres estaba ligada a su desigual incorporación al mercado de trabajo. Nos fuimos dando cuenta de que las desigualdades de género como las de raza son estructurantes del mercado de trabajo, porque son eficientes y funcionales al capital. Y al ser funcionales nos hemos dado cuenta que había que meterse a pensar las políticas macro, las negociaciones internacionales de comercio, de inversiones, para ver cómo eso tenía impacto en la vida de las mujeres y en esa situación de fortalecimiento de la desigualdad como un elemento del beneficio de las empresas. Y en la globalización se vio claro, cada vez se fue poniendo más evidente. Usaban a la mano de obra para bajar la tasa salarial, porque era más barato contratar mujeres o gente discriminada, en algunos países las personas negras, en otros de alguna etnia. Fuimos viendo como eso iba definiendo el mercado. Nos fuimos incorporando por ahí. Estuvimos primero en la negociación contra la incorporación al ALCA, contra la OMC después. Fuimos parte de la creación de la Red de Género y Comercio, que fue muy activa en los años en que fueron parando las negociaciones de la OMC en 2009.

-¿Por qué relaciona la globalización del comercio con los feminicidios en Ciudad Juárez?
-La globalización financiera trajo la incorporación de grandes contingentes de mujeres al mercado de trabajo en México, China, Indonesia, India. El caso de México en la maquila ofrece un ejemplo muy evidente de lo que ha sido el impacto de la liberalización comercial. Esta liberalización fue imponiendo una migración de las personas del área rural hacia otros lugares buscando empleo, hacia asentamientos urbanos o Estados Unidos, desagregando los tejidos sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y en el caso de las maquilas, particularmente, llevando a las mujeres a esos territorios sobre todo del norte del país, en donde están aisladas, separadas de sus comunidades y su entorno de seguridad y expuestas a vulnerabilidades. El feminicidio fue un producto de ese fenómeno, se dio en esos territorios, y se dio por la expansión del libre comercio que destruyó la producción agraria. Mexico pasó de ser exportador de maíz a ser importador de ese mismo producto de EEUU. Y destruyó los tejidos sociales. Esa es la relación que pensamos.
El foro y la asamblea feminista fueron parte de la Cumbre de los Pueblos, que sesiona en paralelo con la XI Reunión Ministerial de la OMC. Rodríguez participó del panel “Las tramas de la violencia económica y el impacto del libre comercio”, junto a la uruguaya Alma Espino, de la Red de Género y Comercio – CIEDUR y las argentinas Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CIEPP-CONICET y Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus sigla en inglés) y Verónica Gago, investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo Ni Una Menos.

-¿Por qué este foro feminista en el marco de las discusiones de la OMC?
-Estuvimos discutiendo justamente cuánto tiene que ver la OMC con nuestras vidas, con la vida cotidiana de la gente y particularmente de las mujeres. El tema de la producción alimentaria y de la soberanía alimentaria, o sea la capacidad que tienen los países de garantizar la llegada de alimentos de calidad a la mesa de las personas, es un tema que está extremamente afectado por las negociaciones de la agricultura de la OMC. Este tema ha sido el más central. Porque se le viene prometiendo a los países desarrollados una solución, frente a la falta de apoyo que tiene y que no puede tener –por las reglas de la OMC—la agricultura de los países más pobres. Este tema está profundizando la desigual distribución del trabajo en el mundo, la migración de millones de personas de los territorios más pobres de África, Asia, India, América latina, hacia los países del norte, con toda la problemática que eso significa. Pero ahí no terminan. En la OMC se negocian todos los temas de servicios, y ahí tenés millones de cuestiones, los servicios de acceso a agua, a la educación, a la salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros. Algunos hablan de servificación de la economía, en el sentido de que cada vez más son los servicios los que ocupan gran parte del PBI de los países, entre el 60 y el 80 por ciento de las economías están destinadas a un conjunto de los servicios. De alguna forma eso feminiza el mercado de trabajo porque los servicios tienen mucha presencia de mano de obra femenina. Ya el empleo y el salario está siendo cada vez menos importante como categoría de inclusión al mercado y está siendo mucho más relevante todo el aspecto de financierización extendida de la vida cotidiana de las personas y su endeudamiento. Hablamos también de los flujos ilícitos de capital que también están proponiendo gran parte de los entretejidos de esta vitalidad económica que tienen los territorios y que está impactando directamente en las mujeres.

-¿A qué se refiere?
-Un ejemplo es lo que está sucediendo en Rio de Janeiro donde el tráfico de drogas y toda la circulación de ese recurso ilegal ha cambiado la cara de la economía local con el apoyo también del lavado de flujos ilícitos que hacen las iglesias pentecostales de mercado, como las llamo, que en alianza han creado toda una perspectiva económica muy activa en las favelas. Y tiene importancia cómo impactan en la vida de las mujeres, en las violencias que ellas sufren, en las redes de trata.

-¿Qué otros temas no se pueden dejar afuera?
-La expansión agrícola en la Amazonia o la Patagonia argentina, que impone una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, que son los que han conservado esos territorios, vinculada a la especulación inmobiliaria y de tierras que tienen que ver con los agro-negocios. Le ves la ligación a todo. Otro tema que no se puede dejar afuera en esta negociación de la OMC es el debate sobre el comercio electrónico y esa discusión también tiene que ser central para pensar cómo se expande la sociedad del control de los datos de la población. Está en juego cómo se crean reglas para esa liberalización que en la práctica significa las grandes empresas transnacionales que tienen el control Amazon, Apple, Facebook Microsoft y Google y hay que mencionar también a la plataforma de comercio on line china Alibaba. Los datos van a ser el nuevo petróleo de la economía mundial, como dicen algunos economistas. ¿Cómo le impacta a las mujeres? Hasta lo ahora hemos estudiado relativamente poco. Vemos que las mujeres tienen un dominio digital menor y esto significará ampliar la brecha de desigualdad de las mujeres pero tenemos que empezar a hilar más fino.

-¿Cuáles son las alternativas en este escenario de Latinoamérica con gobiernos que giran a la derecha?
-Pensar las alternativas es muy complejo porque hay todo un debate sobre las posibilidades de transición, cómo disputarle al capital esta mercantilización de la vida. Mucha gente la está encontrando al salir de los circuitos, otros lo piensan en controlar a las corporaciones o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en un momento histórico civilizatorio donde es importante decir cómo el capitalismo se ha separado de cualquier regulación que lo controle y está autonomizando su forma más salvaje. Hay otros que pensamos que dentro del capitalismo no hay solución para este tema. ¿Cómo haces para construir procesos alternativos? Creo que el feminismo tienen mucho que aportar: nuestra posición viene a partir de la sustentabilidad de la vida y de un trabajo pensado en términos amplios y en cuestionar la división sexual del trabajo. Tenemos que disputar mucho ahí. Pero va a ser un trabajo arduo. No va a ser de un día para el otro.

COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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4) Las sospechosas de siempre
Entre las múltiples agresiones enfrentadas por las mujeres, está esa duda constante…
Carolina Vásquez Araya (Rebelión)

Tenía 18 años y un embarazo complicado. Doloroso y cargado de riesgos. Mi médico luchó por evitar un aborto, pero al final terminó llevándome al hospital a punto de morir desangrada. Era finales de los años sesenta en un país conservador apegado a la iglesia como la manera más sólida de validar sus prejuicios, y las instituciones del Estado no se libraban de esa visión fundamentalista. Recuerdo muy bien la mirada de la enfermera que me recibió en la sala de emergencia: dura, inclemente, acusadora, cargada de desprecio… “¿te lo provocaste, jovencita?”. La rabia y la impotencia de la agresión en un momento tan crítico para una mujer como es perder un embarazo, es inimaginable. La imposibilidad de defenderse cuando estás más vulnerable que nunca y dependes de otros, de su atención profesional y objetiva, de su empatía, de su sensibilidad humana, se agolpa en la garganta impidiendo pronunciar palabra.

Recordé este episodio casi olvidado pensando en cuánta violencia enfrentan las mujeres en Guatemala y otros países de la región y el mundo, en todos los estadios que rodean su vida sexual y reproductiva. Víctimas de un sistema patriarcal tan inclemente y duro como la enfermera de mi historia, cualquier manifestación relacionada con su capacidad reproductiva es objeto de duda y desconfianza. Las mujeres somos sospechosas desde el nacimiento y, a pesar de cuánto hemos avanzado en la defensa de nuestros derechos, esa nube gris posada sobre nuestra cabeza permanece inalterable. Es así como miles de mujeres alrededor del mundo sufren condenas de prisión por haber abortado, no importando si la pérdida fue voluntaria o espontánea, porque la culpa se instala a priori sin mayor investigación.

Este castigo, injusto pero tolerado por amplios sectores de la sociedad, se aplica con especial saña contra las mujeres más pobres, aquellas cuya falta de información y acceso a los servicios de salud y educación las condenan al silencio y a la resignación. Para ellas hay violencia incluso cuando dan a luz, porque ese procedimiento se realiza en las condiciones sanitarias menos apropiadas, enfrentando en cada parto un peligro de muerte. El Estado, cuya obligación es proporcionarles una atención digna y adecuada, está ausente para la mayor parte de ese sector de escasos recursos y, por ende, condenado a embarazos y partos de alto riesgo.

La actitud de desconfianza está también firmemente instalada en el momento de denunciar una violación sexual, favoreciendo la impunidad de quienes cometen este vil crimen contra niñas, niños y mujeres adultas. Considerada por algunos como “una falta” cometida bajo la influencia del alcohol, las drogas o el “entusiasmo del grupo”, la violación sexual representa una de las mayores amenazas contra la integridad física y psicológica de millones de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo es a ellas a quienes se les exige revivir el episodio una y otra vez, ilustrando los detalles de su dramática experiencia frente a policías, investigadores y juzgadores insensibilizados por un sistema permisivo y machista.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido ignorados de manera deliberada por aquellos Estados sometidos a las presiones de la iglesia, pero sobre todo aliado de un sistema político y económico que mantiene a la población en la ignorancia, desinformada y sumisa con el fin de impedirle alcanzar el empoderamiento ciudadano indispensable para exigir el respeto de todos sus derechos. En este escenario, las mujeres enfrentan la doble tarea de romper los estigmas y demandar justicia.
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Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora se puede seguir a Comcosur también en Facebook
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1) Exigen obras al Hotel Carrasco tras otorgarle beneficio millonario

2) TLC entre Mercosur y Unión Europea incluye liberalización de las telecomunicaciones.

3) Reglamento de la ley de medios prevé multas de hasta US$ 200 mil.

4) UPM: Qué necesidad de vender el patrimonio de los orientales a tan bajo precio

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2156 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Exigen obras al Hotel Carrasco tras otorgarle beneficio millonario
Intendencia preocupada porque no presentó el nuevo plan de negocios.
Andrés López Reilly (El País)

Durante mucho tiempo, el Hotel Casino Carrasco pareció caminar por la cuerda floja. O al menos eso fue lo que el concesionario hizo notar a buena parte del espectro político y a sus propios empleados, muchos de los que fueron al Seguro de Paro. Palabras más, palabras menos, la firma comunicó a la Intendencia que si no le cambiaba las condiciones del contrato —haciéndolo más flexible y rebajándole el canon— el negocio se iría a pique, con la consiguiente pérdida de fuentes laborales y de un icono de Montevideo.

Finalmente, la Intendencia —con la anuencia de la Junta Departamental— accedió al pedido, aunque con ciertas condiciones. Algunas quedaron en el papel y otras fueron palabra empeñada. A su vez, por un acuerdo entre privados, la IMM se libró de un juicio multimillonario en dólares que cargaba sobre sus hombros desde que concedió la gestión a la firma Codere (ver nota aparte).

La finalidad de todos los beneficios que se le concedieron al concesionario del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & SPA era básicamente una: que cambiara su plan de negocios para captar apostadores VIP internacionales, como figura en el plan de la empresa desde hace años, pese a que nunca lo haya concretado. Se trata de apostadores muy diferentes al común de los mortales: personas a las que se les paga traslados aéreos, hospedaje, comida, bebidas, vehículo particular y obsequios. Y que pueden llegar a gastar un millón de dólares en un fin de semana.

Pero pese a que la empresa obtuvo lo que se propuso, los cambios prometidos no se han visibilizado. A esto se suma que, al finalizar la negociación del nuevo contrato, Codere concluyó su relación con el gerente general y contraparte con el Estado uruguayo, el español Ignacio García. La firma tiene ahora otras autoridades, que según el Partido Nacional carecen de expertise en salas de juego como para poder llevar adelante los cambios anunciados.

El director de Casinos de la Intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia, dijo ayer a El País que el nuevo contrato, más flexible y económico para el concesionario, se hizo para potenciar el juego del apostador VIP, aunque admitió que "no lo están haciendo y nosotros se lo hemos reclamado insistentemente. Yo personalmente lo he hecho. Y me consta que se han hecho gestiones al más alto nivel para que esto se concrete".

Pedido de informes.

Desde el sector Alianza Nacional, del Partido Nacional, se presentó a nombre del edil Javier Barrios un pedido de informes a la Intendencia para conocer el estado de situación tras el acuerdo alcanzado con la empresa.

Este sector político destaca que, entre otras cosas, la concesionaria se obligó a invertir US$ 4.000.000 en obras de acondicionamiento y mejoras de la infraestructura interior y exterior; pasar la sala de juegos del subsuelo a la planta baja, cambiar el ingreso al casino, construir una sala de conferencias y adaptar el espacio externo trasero para la realización de eventos. Tiene 36 meses la ejecución y han transcurrido casi doce.

El líder de la lista 250, diputado Jorge Gandini, dijo a El País que "todo eso se suponía que lo iban a hacer, pero no han hecho nada". Y que "el intendente Daniel Martínez debe hacer cumplir el acuerdo".

"Lo primero que a mí me preocupa es que el contrato se elaboró sobre la base de un nuevo plan de negocios, que no ha sido presentado. El plan de negocios tiene que ver con una nueva modalidad de explotación que hace crecer la sala de juegos y la cambia de lugar, colocándola más cercana al público y cambiándole el ingreso para que no quede por atrás sino por el costado. Se tiene que hacer una sala de conferencias y una nueva sala VIP de mayor tamaño", indicó Gandini.

"A mí me da la impresión de que la empresa quedó feliz con el canon que tiene que pagar, que no piensa hacer mucho y que si empata, empata", agregó el legislador nacional. Y advirtió: "Quiero que sepan que los estamos mirando, porque esta gente recorrió todo el sistema político pidiendo contemplación para cambiar un contrato que se les dio a partir de una licitación muy complicada y recurrida".

Fuera del papel.

El director de Casinos dijo "coincidir con Gandini" en cuanto a que el nuevo plan de negocios "es el elemento central, porque esas obras que se deberían hacer, como llevar la sala de juegos arriba, no tienen sentido si no se desarrolla un plan para ese universo de apostadores VIP. Que es además el que necesita la explotación comercial, para aspirar a tener un negocio lucrativo".

Aunque Gandoglia señaló que la empresa "nunca ha dicho que no vaya a hacer las obras", aclaró que "hay temas que están formalizados por escrito y otros que forman parte de lo que siempre se conversó, pero que no están exactamente puestos por escrito". Entre los requerimientos que no quedaron establecidos por escrito, estarían las obras para cambiar el casino de lugar, hacer una nueva sala de conferencias y otro salón VIP para los apostadores, explicó.

Un juicio contra la IMM que se diluyó

Las negociaciones con la empresa incluyeron la renuncia al juicio que la propietaria del otro 50% de Hípica Rioplatense mantenía con la Intendencia de Montevideo por la concesión del Hotel Carrasco. El nuevo contrato transformó a la empresa Codere —que en el mismo proceso adquirió el 50% restante de Hípica Rioplatense— en el principal concesionario de juegos de apuestas en Uruguay.

De acuerdo al diputado Gandini, pasó a ser concesionaria del 100% del Hipódromo de Maroñas, del Hipódromo de Las Piedras "y a participar en la administración de varios hipódromos del interior, a través de Hípica Rioplatense, titular de cinco salas de juego mixtas en Montevideo y Canelones y un casino de administración privada de origen departamental"

Según el legislador, "Liberman (oferente que quedó en segundo lugar en el llamado a licitación) se llevó US$ 30 millones, dio de baja el reclamo y se sacó de encima el problema de ser socio de Codere, que no es fácil".

Nuevo acuerdo

Tras el cambio de contrato, el adjudicatario se vio beneficiado en una reducción del canon que originalmente había ofertado y debería pagar a la Intendencia durante 30 años, según la Licitación Pública Internacional N°268/2007. Con la oferta original, la concesionaria debía abonar un canon fijo de unos US$ 500.000 por mes, más uno variable según el monto de juego, por lo que el canon anual podría alcanzar los US$ 8 millones.

En la actualidad, el canon es enteramente variable, con un piso mínimo anual de US$ 1.500.000. La reducción fue significativa en monto anual y mucho más en monto total al final del contrato. Por otra parte, se le aceptó refinanciar en 24 meses la deuda que el concesionario mantenía con la comuna por incumplimiento de pago del canon original, que a septiembre de 2016 ascendía a $ 78.202.683.

El director de Casinos de la IMM, Hugo Gandoglia, dijo a El País que "la garantía que tenían que constituir de US$ 8 millones en un aval bancario de primer requerimiento, está constituida" y que "han cumplido rigurosamente con el calendario de pagos, tanto del canon como de la cuota del pago de la deuda".

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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2) TLC entre Mercosur y Unión Europea incluye liberalización de las telecomunicaciones. MIEM asegura que TLC Mercosur-UE no afectará a Antel y explica por qué no se pudo excluir telecomunicaciones
Natalia Uval (La diaria)

El capítulo de liberalización del comercio de servicios del Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian el Mercosur y la Unión Europea (UE) tiene 38 páginas. Según el borrador filtrado por Greenpeace Holanda, fechado el 5 de octubre de 2017, varias disposiciones del TLC son idénticas a las que se negocian en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) del que Uruguay se retiró en 2015. Por ejemplo, la exigencia a los gobiernos de que sus políticas públicas en materia de servicios se adopten de forma “razonable, objetiva e imparcial”. Esta es una cláusula ambigua y está sujeta a interpretación, y es una de las más utilizadas por empresas transnacionales para demandar a los estados ante los tribunales de arbitraje.

En el caso del TLC entre el Mercosur y la UE, todavía no se conoce cuál será el organismo de solución de controversias, pero se presume que los europeos propondrán, como ya lo han hecho en otros foros internacionales, crear un Tribunal Multilateral de Inversiones que sustituya a otros organismos, como el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones.

Al igual que el TISA, el capítulo sobre comercio de servicios de este TLC establece que los requisitos para otorgar licencias deben ser “objetivos”, “claros y no ambiguos” y que, en caso de haber competencia para otorgar la licencia, los procedimientos deben ser “imparciales y transparentes”.

Al comienzo del capítulo sobre comercio de servicios, se observan diferencias entre la UE y el Mercosur similares a las de otros capítulos del TLC. La propuesta del Mercosur establece que la liberalización debe “respetar los objetivos de política nacional y reconocer los distintos niveles de desarrollo de las partes, no sólo en términos generales, sino también a nivel sectorial”. Agrega que la UE deberá “asistir a Paraguay para que pueda cumplir con las obligaciones del capítulo”, así como proporcionarle un “trato especial y diferenciado”. En cambio, la UE no está de acuerdo con esta propuesta y sugiere un texto que solamente señala: “La UE no se opone al principio de reconocer las asimetrías respecto de Paraguay, pero considera que este principio debe ser parte de las disposiciones generales del acuerdo”.

En cambio, sí hay acuerdo de ambas partes en aclarar que nada en el capítulo implicará la necesidad de cualquiera de los países de “privatizar servicios públicos” y en señalar que el capítulo no aplicará a los sistemas de seguridad social. Otros servicios excluidos del TLC son el cabotaje marítimo, los servicios aéreos, la minería, la energía nuclear, los servicios audiovisuales y la producción de armas.

La liberalización del comercio de servicios implica que los países no podrán limitar el número de proveedores de servicios en una actividad determinada, bajo la forma de “cuotas, monopolios y derechos exclusivos”. Tampoco podrán establecer limitaciones a la concentración de mercado, ni a la participación del capital extranjero en una inversión, ni exigir un número total de personas empleadas.

Se establece la cláusula de “trato nacional” –una disposición que atraviesa todo el TLC–, que implica que los proveedores de servicios europeos deberán recibir el mismo trato que los nacionales en cada país del Mercosur, y viceversa. Se estimula el intercambio de servicios entre profesionales independientes y se establece la necesidad del reconocimiento mutuo de las calificaciones educativas y la experiencia laboral.

Telecomunicaciones y bancos

En el TLC que Uruguay firmó con Chile, se excluyeron de la liberalización los servicios financieros y las telecomunicaciones, por considerarlos temas sensibles para el país. En cambio, en el TLC entre el Mercosur y la UE no sólo están incluidas estas actividades, sino que además son de las pocas que tienen disposiciones específicas: se destinan seis de las 38 páginas del capítulo a las telecomunicaciones y cinco páginas a servicios financieros.

En cuanto a la liberalización de los servicios financieros, se aclara que los países no están impedidos de tomar medidas para proteger a los inversores y los depósitos, así como para asegurar la “integridad y estabilidad del sistema financiero” en cada país. También se aclara que no se exigirá a las partes que revelen información relacionada con cuentas de clientes individuales ni cualquier información confidencial en posesión de entidades públicas. Se disponen mecanismos para cooperar en materia de transparencia financiera, en los que Uruguay ya ha avanzado en los últimos años.

Finalmente, se aclara que ninguna de las disposiciones en materia de liberalización de los servicios financieros implica que los países no puedan adoptar medidas con miras a proteger la vida humana, animal o vegetal. Los países también están habilitados a tomar medidas destinadas a conservar los recursos naturales, siempre que estas medidas sean igualmente restrictivas para los consumidores y los proveedores domésticos que para los extranjeros. Se aclara que los países podrán adoptar medidas necesarias para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico y arqueológico. El Mercosur propuso en esta parte que también se habilite a los países a adoptar medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero en esto todavía no hay acuerdo con la UE.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, dijo a la diaria que la liberalización de los servicios financieros contenida en el acuerdo no afectará negativamente a Uruguay. “No hay demasiada complicación porque nosotros somos muy abiertos en servicios y en particular en los financieros. O sea que estamos muy bien posicionados para negociar en la materia. No hay nada relevante que nos puedan ‘arrancar’ por ese lado”, aseguró.

En telecomunicaciones, la pregunta es cuánto afectará a las actividades de Antel la liberalización prevista. Esto no puede responderse sin conocer la lista de excepciones y exclusiones que plantea Uruguay, que no es pública.

El capítulo filtrado sostiene que la autoridad regulatoria de los servicios de telecomunicaciones deberá tener una entidad legal distinta y ser funcionalmente independiente de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, algo que en Uruguay ya es así. Se establece además que las decisiones de la autoridad regulatoria deberán ser “imparciales respecto a todos los participantes del mercado”, y allí se agrega una nota en borrador: “Las partes deberán evaluar sobre la reserva planteada por Uruguay respecto a las asignaciones de espectro”.

Otra disposición sobre telecomunicaciones establece que los procedimientos para asignar y usar “recursos escasos, incluidas frecuencias”, deberán realizarse de forma “objetiva, transparente, no discriminatoria y con plazos”.

Pero la parte más complicada para Antel es la obligación que el capítulo impone a la empresa estatal de poner a disposición de las empresas transnacionales la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye antenas y la fibra óptica. Esta obligación fue uno de los puntos críticos para Uruguay en las negociaciones del TISA. La disposición contenida en el acuerdo establece que “cada parte deberá asegurar que el principal proveedor en su territorio otorgue acceso a la infraestructura esencial”, en condiciones “razonables y no discriminatorias” en términos de precio, estándares técnicos y calidad.

La directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, dijo a la diaria que en las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Uruguay propone que se respete la normativa nacional en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, el acuerdo “no representa para nuestro país ninguna innovación ni lesiona a Antel en tal sentido”, aseguró la jerarca.

Explicó que en este caso no pudo excluirse de las negociaciones el capítulo sobre telecomunicaciones, tal como se hizo en el caso del TLC entre Uruguay y Chile, porque se trata de una negociación entre bloques. “En el caso de la negociación con Chile, Uruguay trasladó su interés y logró exceptuar telecomunicaciones, situación que no puede aplicarse en el caso de Mercosur-UE, porque el interés de Uruguay no es compartido por el resto del Mercosur”, señaló Cardona. La jerarca hizo notar “la complejidad de negociar primero entre la región y luego con el otro bloque o región, en este caso con la UE, por lo que Uruguay no siempre puede lograr plasmar sus intereses particulares”.

Destacó de todos modos que en el acuerdo con la UE se está negociando por listas de ofertas y no por listas negativas, como se negoció en el TLC con Chile o en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA), del que Uruguay se retiró en 2015. Con las listas negativas “el principal riesgo radica en no dejar de nombrar nada que se quiera excepcionar, debiendo prever muy bien qué bienes o servicios presentes o futuros se pretende resguardar, porque si no se mencionan quedan incluidos en el acuerdo”; por otra parte, en la negociación por listas de ofertas se puede hacer “aclaraciones o puntualizaciones que ayudan a identificar más detalladamente qué bienes o servicios específicamente son los ofertados, y no otros”.

Requisitos para los árbitros

Hoy concluye la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires, sin resultados sustantivos en materia de liberalización del comercio. La conferencia sirvió de marco para las intensas negociaciones técnicas y políticas entre el Mercosur y la UE, con miras a avanzar hacia la suscripción del acuerdo. Si bien el presidente brasileño, Michel Temer, se mostró optimista en cuanto a que el TLC podría firmarse el 21 de diciembre en Brasilia, durante la cumbre del Mercosur, la negociación no avanzó lo suficiente y la esperanza de arribar a consensos se postergó para el año próximo.

El martes, luego de participar en una reunión de cancilleres del Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo que la UE sigue sin mejorar su oferta en carne y etanol, pese a que el Mercosur “hizo un esfuerzo” e incorporó 90% de los bienes a su oferta de apertura de mercados. “Uruguay casi que no ha puesto nada, porque la mejor oferta de todas era la de Uruguay. La peor era la de Argentina, porque venía del gobierno anterior, pero ahora hizo un gran esfuerzo. En contrapartida, estábamos esperando que ellos mejoraran su oferta. No les pedíamos más apertura, sino que mejoraran su oferta en dos elementos importantes para el Mercosur, como la carne y el etanol”, pero “lamentablemente no lo hicieron”, dijo Nin. Según recogió el sitio web de Presidencia, el canciller uruguayo afirmó que en las negociaciones se acordaron “en beneficio de Uruguay” algunos temas que despiertan “algunas sensibilidades que siguen apareciendo y son viejas” en relación con el efecto que podría tener el tratado “en materia de comunicaciones y servicios financieros”.

Según dijeron a la diaria fuentes vinculadas a la negociación, la UE pretende que el Mercosur otorgue mayores concesiones en propiedad intelectual, compras públicas, servicios, reglas de origen, indicaciones geográficas y medidas sanitarias y fitosanitarias, y el Mercosur pretende una mejor oferta en agricultura. El Mercosur garantizó 90% de apertura de mercado en un plazo de cinco años y no de 80% en siete años, como había propuesto antes.

El capítulo de solución de controversias del TLC es uno de los que no están cerrados todavía. Cardona señaló que se trata de un tema “de difícil abordaje”, no sólo por el costo que implica que los estados se sometan a tribunales arbitrales, sino por “la falta de experiencia que estados como el nuestro tienen en la materia”. “Uruguay ha planteado requisitos que, entiende, deben cumplir no sólo los árbitros sino que deben cumplirse en el propio procedimiento arbitral, a efectos de establecer condiciones claras de elección, independencia e incompatibilidades, procedimientos de selección garantistas, entre otros, con especial énfasis en que esa competencia no recaiga en el CIADI [Convenio sobre Arreglo de Inversiones]. Entendemos que esta posición fue recibida y aceptada en el marco de las negociaciones”, aseguró.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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3) Reglamento de la ley de medios prevé multas de hasta US$ 200 mil. Habrá sanciones leves, graves y muy graves para los medios
Martín Natalevich (El Observador)

Desde un simple apercibimiento a una sanción de más de US$ 200 mil, la reglamentación de la ley de medios que hizo el Poder Ejecutivo establece 63 tipos de infracciones -categorizadas en leves, graves y muy graves- por el incumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa.

Una falta leve, por ejemplo, se considera la vulneración de la independencia de periodistas. El Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) -un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la ley- tendrá que diseñar un "mecanismo de denuncia de presiones directas e indirectas que se puedan ejercer sobre los comunicadores", según se establece en el artículo 9 del decreto al cual accedió El Observador.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a El Observador que esa disposición se incluyó "respetando el espíritu de la ley que promueve la libertad de expresión en toda su extensión". El CCA tendrá entre sus propósitos la formulación y aplicación de los lineamientos vinculados a la protección y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual en seguimiento de las políticas que decida el Poder Ejecutivo en este tema.

Cosse señaló que la norma se centra en los sujetos de derecho y no en el contenido de los programas, aunque indicó que los medios pueden cumplir una función educativa. "Tenemos un cambio civilizatorio que todos estamos viviendo y los medios tienen un papel a jugar ahí para ayudar a contrarrestar este cambio que empuja hacia la individualidad y el egoísmo", dijo la ministra.

En este sentido el CCA cumplirá una función de "protección de derechos de usuarios y consumidores" que se refiere de forma exclusiva al "contralor de contenidos", señala el decreto. De hecho, la difusión de manera reiterada de programación en "violación al derecho de no discriminación y a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes" recibirá una sanción acorde a una falta "muy grave".

Accesibilidad

En materia de "derechos de las personas" el proyecto de decreto obliga, de forma gradual, a la televisión abierta a poner lenguaje de señas para programas que sean una producción o coproducción propia. A partir del 2 de mayo de 2018, los canales de televisión abierta deberán incluir en un cuadro dentro de la imagen a un intérprete de lengua de señas que traduzca en tiempo real los contenidos verbales de todos los programas informativos incluidos en su grilla.

Para el 1º de agosto de 2018, los servicios de televisión abierta deberán incorporar el lenguaje de señas o un sistema de subtitulado para todos los programas informativos y de tres programas periodísticos, de debate, deportivos, culturales o de interés general. A partir del 2 de mayo de 2019, la intérprete o el sistema de subtitulado será para todos los programas periodísticos, de debate, deportivos, culturales o de interés general de producción coproducción propia incluidos en su grilla.

Cosse explicó que se adoptó un criterio de "gradualidad" para poder lograr el objetivo de conciliar el derecho de las personas "con capacidades diferentes" con las posibilidades de la media. "Dimos un tiempo para que los medios se puedan ir adaptando", subrayó. El incumplimiento de estas disposiciones será considerada como una falta grave y podrá tener una multa de hasta 1.500 unidades reajustables (US$ 52.800 hoy).

Transmisión de fútbol

El capítulo II de la reglamentación está dedicado al acceso a "eventos de interés general" y específicamente establece los criterios de transmisión de los partidos de la selección uruguaya de fútbol y básquetbol por televisión abierta en directo y simultáneo. "Hubo una oportunidad en la reglamentación de definir varias cosas para poder aportar claridad para todos", subrayó Cosse.

En primer lugar se define el concepto de "actividades oficiales en torneos internacionales" como la totalidad de las competencias organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y su filial FIBA Américas, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paraolímpico Internacional (CPI) y la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).

También se define lo que se entiende como "instancias definitorias" siguiendo los mismos criterios empleados hasta ahora por la Ursec: la semifinal y final del torneo. "En caso en que el sistema de disputa del torneo no prevea final y semifinales se emitirán (…) los dos últimos partidos de la serie, siempre que la selección nacional mantengan chance matemática de hacerse con el título del torneo", establece la norma.

El decreto también estipula que en las competencias que sean clasificatorias a un torneo internacional (eliminatorias) deberán emitirse por televisión abierta todos los partidos cuyo resultado pueda determinar directamente la clasificación o eliminación de la selección nacional.

Se debe utilizar la transmisión original tal cual la emite quien sea dueño de los derechos de transmisión (incluyendo la pauta publicitaria) y ninguna de estas disposiciones implica la posibilidad de modificar los derechos contractuales del titular de los derechos de emisión. "Se garantiza que no se toca la publicidad del titular de los derechos. Eso fue algo que lo tuvimos bien en cuenta", dijo Cosse. Negar el acceso a eventos de interés general es considerada una infracción "leve" y puede tener una multa de hasta 300 unidades reajustables (US$ 10.560 hoy).

Retransmisión y producción

Cuando las señales de radio o televisión quieran retransmitir su programación por más de cinco horas el Consejo de Comunicación Audiovisual analizará para cada caso la aplicación de criterios de acumulación territorial, es decir, el número de localidades donde se pretende hacer la retransmisión.

Cosse señaló que la razón del límite de cinco horas es la promoción de la igualdad en el acceso a los contenidos, evitar la concentración y promover la producción nacional. "Tiene que haber un equilibrio entre contenidos locales y que todo el mundo acceda a contenidos de interés general", dijo la ministra.

Para el caso de los canales de Montevideo la ley estableció que un 60% de la programación total debe ser de producción propia. El presente reglamento fija que "al menos 20% de la programación total de los servicios de televisión que emitan fuera de Montevideo deberá ser de producción local". Asimismo se le impone a las radios la obligación de emitir al menos 30% de música nacional.

Publicidad regulada

El proyecto de decreto de la reglamentación de la ley de medios establece que el espacio en televisión publicitario deberá estar marcado al inicio y al final a través de una placa visual acompañada de una indicación sonora. La ley había fijado el máximo de 15 minutos de publicidad por hora. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a El Observador que ese es el criterio que regirá para Montevideo pero no para el interior. "En el interior el minuto de publicidad vale diez veces menos. Entonces establecimos diferencias y lo hicimos conversando con medios del interior", dijo la jerarca.

Esperan por la Chasca para seguir

El Ministerio de Industria, Energía y Minería espera por la definición de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) para enmendar –si fuese necesario- y publicar el proyecto de decreto reglamentario de la ley de medios. El Ejecutivo envió el texto de la norma a principios de noviembre y aguarda que se expida dicho organismo para "evaluar el camino a seguir", dijo Cosse.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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4) UPM: Qué necesidad de vender el patrimonio de los orientales a tan bajo precio
Gustavo Buquet

La tónica del contrato refleja el excesivo poder que el gobierno uruguayo transfirió a UPM. En primer lugar, el compromiso de llevar adelante las inversiones de infraestructura, independientemente de si UPM hace o no la inversión.

La inversión del gobierno y la rentabilidad de UPM

La inversión en infraestructura, ferrocarril central, caminería en torno a la planta y el dragado del puerto, según las propias cifras que maneja el gobierno, sumaría un total de 1.200 millones de dólares. Según el gobierno, estas inversiones se van a implementar mediante contratos de participación público-privada (PPP). Tomando en cuenta la experiencia de Uruguay en esta materia, el gobierno, como mínimo, ha pagado 20% de la inversión por año durante 20 años.(1) Es decir, el gobierno deberá pagar por esta inversión y su mantenimiento, como mínimo, 240 millones de dólares por año durante 20 años, lo que es lo mismo que un Valor Actual Neto (VAN) de casi 3.200 millones de dólares.(2)

Por su parte, UPM se compromete a pagar un canon, además de invertir en algunos otros ítems, como una partida para contribuir a descontaminar el río Negro, proveer el saneamiento de Paso de los Toros, realizar la conectividad para la transmisión de la energía eléctrica, una partida de formación y otra de innovación. Todos estos aportes de UPM generan un VAN de 146 millones de dólares.

Hasta ahora, Uruguay pone 3.200 millones de dólares y recibe 146 millones. El saldo negativo para Uruguay es de 3.054 millones de dólares.

Uruguay invierte para UPM 3.054 millones de dólares; ¿qué recibe?

UPM invierte 2.200 millones de dólares y, según las cifras oficiales, esto generará una ocupación de 4.000 empleos en la construcción de la planta durante tres años, y también 4.000 empleos directos e indirectos permanentes una vez que la planta esté operativa. Generará unas exportaciones de 1.000 millones de dólares por año, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, una recaudación tributaria de 120 millones de dólares por año, y un crecimiento del producto de 10% en los departamentos donde el proyecto impacta de forma directa: Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo.

Estas cifras no miden correctamente el impacto de la planta. Para ello habría que comparar cuál es la actividad con la planta y cuál sin la planta, de forma tal que la diferencia midiera el impacto real. Por ejemplo, la actividad forestal, producto de los establecimientos ya existentes, tendrá actividad con la planta o sin la planta. Según un estudio realizado por CPA Ferrere, la cadena forestal representa 3,6% del PIB.

En este sentido se podría estimar cuál es el valor del PIB de la actividad forestal sin la planta. La capacidad de la planta de UPM será de dos millones de toneladas de pulpa de celulosa, para lo que se requieren 6,7 millones de metros cúbicos de madera por año, es decir, unos 420 millones de dólares por año.(3) Por lo tanto, la actividad de la planta no generará un incremento del producto permanente de 2%, sino de un poco más de 1%. En estas condiciones, el impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal será bastante menor que los valores estimados por el gobierno. Lo mismo vale para el desarrollo local pronosticado.

Lo que UPM se llevará

Otro dato que no se ha dado es cuáles serán los beneficios obtenidos por UPM al año. Según los balances de UPM I, que produce un millón de toneladas de pulpa de celulosa al año, los beneficios promedio de 2015 y 2016 fueron de unos 175 millones de dólares por año. La nueva planta, que producirá por lo menos el doble, va a obtener beneficios aproximados por valor de 350 millones de dólares al año. Si los beneficios de UPM serán de 350 millones de dólares al año, del crecimiento de 2% del PIB comunicado por el gobierno, UPM se llevará 0,7% en forma de utilidades remitidas a la matriz. Del impacto de los 2 puntos porcentuales, entre el PIB de la forestación, más las utilidades que se lleva la empresa, el impacto de la planta quedará en torno a 0,5 del PIB.

También Uruguay se comprometió a extender las condiciones del contrato de la planta UPM I a UPM II, lo que significaría una extensión de la exoneración de impuestos durante 16 años más. Unos 52 millones de dólares más por año, equivalente en VAN a 360 millones.

Ahora las cuentas son: Uruguay invierte 3.054 millones de dólares en términos netos (inversión menos aportes recibidos). Mientras que UPM, en términos netos, se lleva 1.360 millones de dólares (VAN de beneficios anuales de UPM II durante 30 años, más VAN de beneficios anuales de UPM I durante 16 años, menos inversión –3.200 dólares + 360 dólares– 2.200 dólares). A su vez, sumando salarios, beneficios de las pymes proveedoras de la planta, e impuestos, quedan para Uruguay menos de 300 dólares por año.

Qué podría hacer Uruguay con 240 millones anuales durante 20 años

La pregunta que debería hacerse el gobierno uruguayo es: ¿qué otro destino podría tener la inversión de 240 millones de dólares por año durante 20 años, o los 3.054 dólares en su forma VAN?

Para hacer una comparación gráfica, con 240 millones de dólares se podría construir cuatro instituciones de salud como el Hospital de Clínicas por año. Alineándonos con los objetivos del gobierno, se podría promover el desarrollo de los cuatro departamentos mencionados, y el resto de Uruguay, con encadenamiento productivo, empleo, exportaciones y recaudación fiscal, formación técnica, polos tecnológicos, innovación tecnológica, etcétera. Lo más importante es que de esta decisión alternativa se disminuiría la dependencia con UPM y el resultado del crecimiento del PIB quedaría para Uruguay.

El contrato con UPM y los compromisos asumidos por Uruguay

Todas las especificaciones técnicas del contrato están hechas especialmente para la planta. Incluso con estas exigencias,la cláusula del Contrato 4.3 del Cronograma establece: “Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas y el Contrato Complementario haya sido suscrito”.

Además, el contrato obliga a UTE a comprar la energía que producirá la planta a un precio elevado que implicaría que UTE le transfiriera por lo menos diez millones de dólares más por sobreprecio por año;(4) monto que, por cierto, supera la suma de todos los conceptos que UPM paga a Uruguay.

El contrato también establece el precio máximo que Uruguay podrá cobrar por tonelada transportada en el ferrocarril. Dicho precio, por dos millones de toneladas, podría alcanzar un valor total de tres millones de dólares por año; poco más de 1% de lo que Uruguay se compromete a pagar por las obligaciones contraídas con las PPP.

Por otra parte, el poder que transfirió el gobierno a UPM se da en dos cláusulas sustantivas. La primera es el Acuerdo de Precios Anticipados (APA), que define el precio que pagará la planta por tonelada de madera que recibe de sus propios establecimientos forestales. En caso de que el precio acordado sea lo suficientemente bajo, se les estará concediendo, por la vía de los hechos, la condición de zona franca también a los establecimientos forestales de UPM. En el contrato queda bien claro en el literal c del capítulo 3.1.2, “Asuntos tributarios”, que “[…] La firma de dicho APA será Condición Necesaria para la Decisión Final de Inversión de UPM”.

En este mismo sentido, en el literal c del punto 3.6.10, “Mecanismos de prevención y solución de conflictos”, el contrato establece que “UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del Proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una Decisión Final de Inversión positiva”.

Es decir, Uruguay debe fijar todas la condiciones que le garanticen el funcionamiento y la máxima ganancia posible a UPM –infraestructura, precio de la energía, precio del transporte–; pero en aquellos asuntos sensibles en los que Uruguay no ha llegado todavía a un acuerdo, UPM intentará pagar el menor monto posible por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas de sus establecimientos forestales, y establecer las restricciones máximas a posibles conflictos laborales. UPM establece expresamente que estas dos cláusulas serán determinantes para la decisión final que adopte. ¿Por qué Uruguay no le exigió a UPM que estos dos puntos tan sensibles quedaran saldados?

Es obvio que con la infraestructura construida, la capacidad de negociación del gobierno será muy baja para imponer condiciones que beneficien a Uruguay, tanto al Estado y su capacidad de recaudación, como a la libertad de acción del movimiento sindical. Esto le proporciona a la empresa un poder desmedido. Por ejemplo, su decisión positiva o negativa previa a las elecciones de 2019 influirá claramente en el resultado electoral. Qué necesidad de perder soberanía al mismo tiempo que vender el patrimonio uruguayo a tan bajo precio.

(1). Según el promedio de los siete pliegos licitatorios en estudio o ya adjudicados por el gobierno, esta cifra sube a 25% y 22 años. En el caso específico del pliego licitatorio del Ferrocarril Central (6/12/2017), el período es de 18 años; pero el pliego no cuenta con un precio máximo. Esta situación generará un impacto mayor que el previsto en este artículo.
(2). Esto es el valor que obtendría hoy el gobierno si se endeudara por 20 años, a pagar 240 millones de dólares por año a una tasa de interés de 3,52% anual. La tasa se tomó como costo de oportunidad del gobierno, ya que la última emisión de bonos en dólares a 20 y 50 años se fijó a esa tasa. Dicha emisión se hizo el 13 de julio de 2016.
(3). Se considera que un metro cúbico de madera rinde 0,3 de tonelada de pulpa de celulosa seca, y el precio de madera puesto en el puerto de Montevideo es de 63 dólares el metro cúbico.
(4). Actualmente UTE paga en torno a 63 dólares por MWh y se comprometió a pagar 72,5 dólares hasta un Tera. La diferencia de precio por esta cantidad da en torno a diez millones de dólares por año.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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