COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 685/ lunes 17.05.2021 – Hoy:
1) Colombia: La organización feminista y el pueblo tomó las calles
2) Chile: La pandemia sumó obstáculos al acceso al aborto voluntario
3) México: Sin política para atender a infancia en orfandad por feminicidio
4) Palestina: Las tonalidades de la ira
5) Perú: Mujeres víctimas de esterilizaciones marcharon para exigir justicia
6) Uruguay: Mujeres charrúas narran su proceso identitario y la reconstrucción de la memoria colectiva
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 685 – Lunes 17 de mayo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) COLOMBIA: LA ORGANIZACIÓN FEMINISTA Y EL PUEBLO TOMÓ LAS CALLES
Por Claudia Korol
“En los doce días que han transcurrido entre el 28 de abril y el 9 de mayo, al menos 20 departamentos de los 32 que conforman el territorio nacional han estado con acciones de bloqueo, plantones, movilizaciones y ollas comunitarias. Algunos bloqueos han sido transitorios, otros han sido permanentes como pasa en la región del Norte del Cauca y el Sur del Valle, la región que conecta el epicentro de toda la acción que sigue inspirando el paro nacional» explica Sofía Garzón, del Proceso de Comunidades Negras, a Las12. Compañeras feministas de diferentes movimientos, son voceras de estas acciones. Sigue Sofía: «Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente que hay en Latinoamérica. Quisiera contarles que Siloé y el distrito de Aguablanca, Puerto Resistencia, son áreas que se han construido a partir de la expulsión de gente negra de las tierras del sur del Valle y el Norte del Cauca, actualmente llenas de monocultivo de caña. Ustedes no habrán olvidado el episodio que ocurrió con la masacre de cinco jóvenes en Llano Verde, Cali, hace poco. Lo que está pasando ahora es el hartazgo, por el asesinato de líderes sociales, por la declaración de la legalidad de la aspersión con glifosato, porque cuando debió haber solidaridad por parte del Estado colombiano para garantizar que las familias no estuviéramos en situaciones de precarización no se consiguió. No se consiguió para nosotras programas especiales como Agro Ingreso Seguro, programa de transferencia monetaria ideado para que las familias no pasáramos hambre. Al contrario, se encontraron varios equívocos en su entrega, como que primero se lo entregaron a familias que estaban vinculadas con la fuerza pública. A nosotras nos quedó la redistribución y a eso nos dedicamos, al trueque y a hacer radio. Esas mujeres que no hemos dejado de estar en movilizaciones, simplemente nos sumamos al paro, porque ya veníamos de una jornada de protesta por los asesinatos que se concentran en el suroriente colombiano y en áreas como el Catatumbo, Urabá y Arauca. El país ya estaba levantado en algunos puntos, y lo que hace esta situación es reforzar y ampliar, darle más caña a una situación que era insostenible. Ya no solamente somos las comunidades rurales las que estamos levantadas. Esta movilización que hubo a finales de noviembre del 2019 se junta, se amplía, potencia y articula, como está pasando en este momento con el movimiento estudiantil, la guardia indígena, la guardia cimarrona, y la guardia campesina”.
Las voces son diferentes y también las miradas, pero todas nacen y viven en la Resistencia. Olga Marín es una de las representantes del feminismo insurgente en el partido Comunes, la fuerza alternativa revolucionaria del común (FARC), y una de las firmantes de los acuerdos de paz, que el gobierno de Duque está dinamitando con sus políticas de muerte. Nos decía: “En Colombia, a diferencia del resto de países de América Latina a comienzos del siglo XX, triunfó el conservatismo, mientras en otros países triunfaron los liberales. Con una característica de la burguesía colombiana, que es que siempre ha gobernado con el terror y ha utilizado el asesinato tanto colectivo como selectivo como una forma de hacer política. En este siglo XX y este periodo del siglo XXI, en Colombia se ha utilizado la guerra como como forma de gobernar. Eso había enmascarado el desarrollo de la corrupción y de las mafias metidas en todas las esferas económicas sociales y políticas del país. Con la firma del Acuerdo de Paz sobresale el problema de la corrupción. El gobierno de Uribe Vélez creó las condiciones para aumentar esa corrupción. Se firmó el acuerdo con Santos, pero él no generó las bases para que se implementara el Acuerdo de Paz. Gana luego la ultraderecha con Iván Duque, un títere de Uribe, y empiezan a hacer trizas el Acuerdo. Han utilizado la herramienta de la estigmatización y del engaño para confundir a la población, identificando las protestas con el accionar de la guerrilla. Eso como estrategia que tampoco les ha servido, porque las condiciones que vienen de atrás y que han sido profundizadas por la pandemia, han llevado a que una buena parte de la población ya esté harta, y este paro lo ha demostrado.”
Gloria Cuartas es defensora de derechos humanos. Fue alcaldesa en San José de Apartadó, en un tiempo muy duro para las comunidades afectadas por crímenes de Estado. Ella reflexiona: “El proceso que se vive en Colombia, si bien hace parte del paro nacional, muestra varios aspectos muy importantes. Son dinámicas urbanas que no son espontáneas, que están mostrando una compleja realidad, que el Covid contribuyó a hacer visible en el sistema de salud, de educación, de alimentos, en las políticas de viviendas. Se fue haciendo visible cada vez más la desigualdad y la inequidad. Especialmente lo que ha significado la privatización de la salud. La medicina preventiva desaparece, colapsa, y las campañas se reducen especialmente a los plantones, a dejar en paro, que algunos lo han llamado paro de quiebre, para mitigar y prolongar la llegada de pacientes a los UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). No se desarrolló un plan en este año y medio para fortalecer estos caminos. El gobierno aprovechó la pandemia para profundizar políticas que fueron concentrando mayores poderes al Presidente la República, recursos a las empresas, a los bancos y endeudamiento externo. Se han generado muchos endeudamientos también de las personas. Esto fue más visible con la Reforma Tributaria, que toca los intereses de los sectores más empobrecidos, demostrando que a lo poco que la gente tiene, se le iba a cobrar mayores recargas fiscales. Mientras hay 14 billones para los bancos de ganancias en el tiempo de la pandemia, la gente acude a unos endeudamientos que se van volviendo situaciones muy, muy precarias, especialmente para los hogares con menos condiciones. La situación de la mujer ha sufrido un especial impacto. Las violencias contra las mujeres, los feminicidios. Las primeras personas despedidas de los puestos de trabajo son mujeres. A ellas se les duplicaron los trabajos en casa, la atención a pacientes con situaciones especiales por discapacidad o por enfermedades, la atención a adultos mayores, porque las cuidadoras de las que pueden pagar no podían desplazarse hasta sus hogares por lo que llamaron prevención. Una situación similar se produce con toda la red educativa, cuando se demuestra que ante las políticas de conectividad del Estado las comunidades no logran tener acceso. En los lugares rurales que durante los 50 años han vivido los impactos del conflicto, es donde con mayor dificultad se ven estas realidades”.
“Ser líder social no es delito”
Durante estos años de “Acuerdos de Paz”, desde los círculos del poder han venido exterminando de manera sistemática, o judicializando y criminalizando a las y los líderes sociales. Una de las mujeres permanentemente hostigada es Marylen Serna, lideresa del Movimiento Campesino de Cajibio, del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y portavoz nacional de Congreso de los Pueblos. Ella relata: “El paro se mantiene, se ha fortalecido muchísimo. Todas las vías en las carreteras de acceso a las ciudades están cerradas. En Cali, donde es muy fuerte la movilización, donde la juventud ha salido a las calles a protestar, ha habido una altísima represión policial que ya se ha ido desfigurando hacia un ataque de civiles de vehículos muy lujosos acompañados por la policía. En varias oportunidades se ha constatado que esos “civiles” son personas de la Policía Nacional que no tienen uniforme, no tienen ninguna identificación. Se sufrieron varios ataques en Cali: la guardia indígena que iba entrando a la ciudad, fueron atacados con armas de fuego de personas de un barrio muy lujoso donde viven empresarios del Valle del Cauca, que fueron resguardados por la Policía Nacional y con sobrevuelos de helicópteros de la Policía Nacional. Resultaron ocho indígenas heridos, varios hombres y mujeres. En la noche se estaba realizando una asamblea popular en la Universidad del Valle -el sitio donde pernoctan varios de los grupos campesinos, indígenas y afros que están movilizados-, y fueron rodeados por la policía, por el ESMAD, con sobrevuelo de helicópteros. Se dio un momento muy duro, muy tenso, y fueron atacados. Hay también un ataque muy fuerte a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, atacados a balas, con armas de fuego de largo alcance”.
Las mujeres en la primera línea
Las mujeres campesinas, indígenas, negras, como madres, como hermanas, como jóvenes, como defensoras de derechos humanos, están en la primera línea de la rebelión. Por eso han sido especialmente atacadas, siendo denunciados al menos diez casos de violencia sexual.
Olga Lucía Quintero Sierra, campesina, dirigente de las comunidades del Catatumbo en la defensa de los territorios, una de las voceras de Marcha Patriótica afirma con contundencia en el diálogo: “¿Cómo ha sido la participación de las mujeres? Muy activa. Estamos en aras de ayudar a tender puentes, pero también con una posición muy fuerte por la defensa de la vida, de los Derechos Humanos. Es muy grave que se siga atentando contra la democracia del país, y que se le atribuyan al paro situaciones que vienen siendo estructurales. El hambre, la escasez, la falta de garantías no es efecto del paro, es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que garanticen la dignidad y la integralidad del pueblo colombiano, sobre todo de esas mayorías olvidadas o excluidas por parte del Estado. La gente está pidiendo no sólo abajo la reforma tributaria, la reforma laboral, previsional; sino también decir No a la fumigación con glifosato, No a la erradicación manual forzada que es uno de los problemas con mayor crisis en este momento; y Sí a la implementación del punto 4 del acuerdo final de paz. El gobierno de Iván Duque sólo ha implementado un 4 por ciento de la totalidad del acuerdo final de paz. Esto evidencia la falta de voluntad política por parte de este gobierno en avanzar en la construcción de paz y eso trae los efectos que son los tambores de la guerra, que le ha costado la vida ya a 1100 líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país y a 271 firmantes del acuerdo de paz”.
Norma Bermúdez, de la Escuela de Travesías Políticas dice: “Las mujeres hemos tenido situaciones complejas. Ha habido denuncias de mujeres que han sido violadas por el ESMAD, que han sido abusadas, golpeadas, perseguidas. Estamos muy adoloridas, porque es una generación que sale con sus carteles a decir lo que les estamos dejando: un país, un planeta devastado y solamente les quedan deudas y nada más que perder. La juventud está volcada a la calle, gritando que hay 7 millones y medio más de pobres desde el año pasado debido a la tal pandemia y a las medidas para enfrentar la pandemia. Ya no hay vuelta atrás, la gente está volcada a la calle, la gente está resuelta a pelear su dignidad, a pelear los escasos derechos que tenemos, y que también vienen por ellos”.
Sofía Garzón agrega: “Quería compartir con ustedes que sí, que tenemos mucho dolor, pero estamos aprendiendo que el dolor y el miedo han sido por mucho tiempo instrumentos que nos inmovilizan. No estamos dispuestas a seguir inmovilizándonos. Ésa tal vez es la gran lección que nos dejó la movilización de Madres del Pacífico. Básicamente la consigna de las compañeras era: “yo soy madre y parí hijos, y antes de que se decidiera o se les impusiera la fuerza pública, antes de que se siguiera por otros caminos, somos madres y tenemos el derecho y la potestad de decidir hacia dónde deben orientarse los caminos de esta movilización. Acá en el Norte del Cauca están tomadas las instalaciones de Celsia, que es lo que quedó de un consorcio que se llamaba EPSA, que construyó La Represa de Salvajina, uno de los principales megaproyectos que expulsó gente del Norte del Cauca. Ahora son familiares, hijas e hijos de los que fueron desplazados por la construcción de La Represa Salvajina quienes estamos en el Distrito de Aguablanca y en Siloé resistiendo. Hay puntos de bloqueo y ollas comunitarias en Caloto, Guachené, Villa Rica, municipios del Norte del Cauca, y nos estamos declarando en asambleas permanentes en Santander de Quilichao. Empieza a ser una práctica en común de algunos sectores de Bogotá, inspiradas por la experiencia peruana y por la experiencia chilena.”
¿Diálogo? ¿Quiénes y cómo?
El gobierno colombiano está realizando llamados al diálogo a distintos sectores, lo que genera debates sobre la oportunidad, la representación y las condiciones para el mismo. Marylen Serna señala: “Hoy el gobierno ha llamado al Comité Nacional de Paro, como el espacio de donde salió la iniciativa de la movilización del 28 de abril. Surgen unas discusiones muy importantes: una es que el Comité Nacional de Paro no representa a la globalidad de la gente que está en la movilización. Por otro lado se está diciendo que ese Comité no puede negociar con el gobierno nacional cuando en las calles se está asesinando a la gente”.
La rebeldía, la resistencia continúa. Los debates sobre su proyección también. Pero lo que es seguro es que las mujeres, los y las jóvenes, el pueblo colombiano, siguen escribiendo historia, memoria, con coraje y con experiencia aprendidas en años de lucha constante. El SOS que lanzan a la comunidad internacional, para multiplicar la denuncia y acuerparlos, requiere una respuesta contundente. Por eso desde los feminismos, y desde los distintos movimientos populares en el mundo, reforzamos la solidaridad plurinacional, internacionalista, como el oxígeno necesario para que la llama siga ardiendo.
Página 12 / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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2) CHILE: LA PANDEMIA SUMÓ OBSTÁCULOS AL ACCESO AL ABORTO VOLUNTARIO
¿Qué sucede con la atención en salud sexual y reproductiva, y el acceso al aborto legal en tiempos de coronavirus? ¿Cómo ha impactado la pandemia en las atenciones de servicios de salud reproductiva? ¿Se ha garantizado el acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron el segundo monitoreo social que la Mesa Acción por el Aborto de Chile y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales, que tuvo la mirada puesta en la implementación de la ley de aborto por causales, a casi cuatro años de su sanción. Lo presentaron el pasado martes 11 de mayo en conferencia de prensa.
—Yo no la voy a atender—dice una matrona de una Unidad de Alto Riesgo Obstétrico al sur de Chile.
—Yo soy objetora—le contesta una enfermera.
Frente a ellas tienen a una mujer que quiere interrumpir su embarazo. A casi cuatro años de su sanción, el camino de implementación de la ley de aborto voluntario, bajo las causales establecidas, en Chile no ha sido lineal y todavía presenta resistencias por parte de las y los profesionales de la salud: uno de cada dos facultativos se niega a realizar la práctica en casos por causal violación.
Por segunda vez, desde la aprobación de la ley de aborto por causales, la Mesa Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales, realizaron un monitoreo de su implementación y la atención a la salud sexual y reproductiva en general, al que tuvo acceso LatFem. La presentación del informe se hizo de manera virtual el martes 11 de mayo y participaron Francisca Crispi, Presidenta del Colegio Médico Santiago; Gloria Maira, Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Karina Sepúlveda, de la Colectiva Madre Nativa de Arica.
Las conclusiones a las que llegaron son similares a las del primer monitoreo que se hizo entre noviembre de 2019 y marzo 2019. Solo que a los déficits ya detectados -como la ausencia de información sobre la ley, las falencias en los primeros niveles de atención, la falta de capacitación del personal de salud y el obstáculo que representa los altos índices de objeción de conciencia en la entrega de la prestación- la crisis sanitaria sumó más complicaciones para la atención de la salud sexual y el aborto legal. “La pandemia evidenció las debilidades propias de la insuficiencia de recursos en personal técnico y profesional, infraestructura y de equipamiento, frente a las necesidades del 80% de la población que utiliza la red asistencial pública, mostrando cómo las precariedades del sistema público son una de las tantas muestras de la profunda desigualdad en Chile”, dice el monitoreo.
Los números de objetores no han cambiado respecto al primer monitoreo: del total de 1214 médicos y médicas obstetras contratadas por la red pública de salud, 223 se declara objetor/a la primera causal, 307 a la segunda causal, y 559 a la tercera causal. Es decir, en la práctica, casi la mitad se niega a interrumpir un embarazo que la mujer ha solicitado por esta razón. La resistencia más grande se encuentra en torno a la tercera causal: embarazo debido a violación.
Todos los estudios e investigaciones internacionales venían advirtiendo, desde el comienzo de la pandemia, cómo el acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos se podían ver afectados en tiempos de catástrofes como la del Covid-19 y eso traía consecuencias permanentes en la vida de las personas. Es por eso que se vuelve necesario desde los Estados redoblar esfuerzos, sumar campañas de comunicación y aportar guías/recomendaciones. Este monitoreo es la evidencia del impacto que tuvo la crisis sanitaria. Mamografías, papanicolaou, entre otros estudios se postergaron y se puso el foco sólo en las personas gestantes.
Cánceres no detectados a tiempo, embarazos no deseados, aumento del embarazo adolescente, mayores tasas de contagio de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades ginecológicas no detectadas, problemas durante el climaterio, el aumento de casos de violencia sexual, y las complicaciones post parto: son algunas de las consecuencias, producto de las medidas de confinamiento y las limitaciones que impuso el coronavirus.
En concreto, el impacto en los abortos legales en Chile se ve expresado en los números: la cantidad de casos en 2020 fue 22% menor al atendido en 2019. Al inicio de la crisis sanitaria, de acuerdo al relevamiento que hicieron las organizaciones, no hubo instrucciones en torno a la ley IVE, salvo la de seguir otorgando la prestación. Tampoco lxs profesionales de la salud tenían información sobre cómo actuar en caso de presencia de un PCR positivo con sintomatología. A partir de las orientaciones de junio de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación se estableció que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal.
A su vez, entró en juego como un nuevo obstáculo el miedo y la desinformación de la propia población que postergó su propia salud por temor al contagio. La distancia entre los centros de salud y las niñas, mujeres, lesbianas y personas trans se hizo más ancha. Las consecuencias de la suspensión y/o el aplazamiento en el otorgamiento de prestaciones en servicios de salud sexual y reproductiva es conocido: según un informe preparado por el departamento de derechos humanos y de género del Ministerio de Salud, el ingreso a controles prenatales y el número de controles realizado entre enero y mayo de 2020 bajaron en un 12% y 20% respectivamente. En el mismo periodo, se contabilizaron solo 53% de controles ginecológicos que se realizan en tiempos habituales de atención: 367.496 frente a 195.43310.
Este segundo monitoreo se realizó entre julio y octubre de 2020. El trabajo se hizo en alianza con seis organizaciones territoriales: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos.
Además de una perspectiva feminista, el monitoreo se llevó a cabo desde un enfoque interseccional. Entre las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de entrevistar y reportear se encuentran: la pertencia a un pueblo originario o afro, el mundo rural, la condición de migrante, ser lesbiana, persona trans, o vivir con alguna discapacidad.
Las entrevistas dieron cuenta de las dificultades de la salud intercultural en los territorios donde existen centros comunitarios de salud indígena. Las deficiencias se presentan no sólo en las atenciones relacionadas con la maternidad, sino en la inclusión de los saberes de los pueblos originarios en las atenciones de salud.
En la Región de Arica y Parinacota, donde se atienden a algunas usuarias aymara, las entrevistadas destacaron una muy buena iniciativa en la sala de parto aymara. Sin embargo, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta en el nuevo contexto que planteaba la pandemia. En la zona norte del país, por ejemplo, las autoridades médicas aymaras de toda la región, han debido permanecer en sus casas y atender por teléfono, lo que ha sido complejo considerando que es importante para la medicina aymara el “tocar” a la usuaria, práctica que es parte del diagnóstico y el tratamiento, en el caso de gestantes.
“Las mujeres han estado mucho más solas en estos procesos”, describió una matrona de la región sur de Chile entrevistrada para este monitoreo.
Las investigadoras entrevistaron usuarias de los consultorios incluidos en el monitoreo y profesionales de la salud de la Atención Primaria (APS) y de las Unidades de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), que es donde se realizan los abortos. También conversaron con informantes claves, como colectivos y redes feministas territoriales. Y, a su vez, realizaron solicitudes de información por ley de transparencia. En total, el estudio abarcó un total de 130 entrevistas semiestructuradas a personal de salud y usuarias. Además, llevaron a cabo dos grupos focales: uno con organizaciones de la diversidad o disidencia sexual y de género, y otros con organizaciones de personas viviendo con alguna discapacidad.
De las 59 personas entrevistadas como usuarias, 3 de ellas se autoidentificaron como usuarias. La mayoría habitaba zonas urbanas pero también entrevistaron mujeres y jóvenes rurales. Hay testimonios de mujeres heterosexuales, lesbianas y bisexuales. A su vez, las experiencias de doce mujeres mapuche, dos aimaras y un chono, tres afrodescendiente y dos son migrantes quedaron registradas en el monitoreo.
“En las 6 regiones, la constitución de equipos IVE en las unidades de alto riesgo obstétrico ARO y la rutinización de algunos procedimientos de derivación y atención en la red asistencial están hoy instalados, y esto es un logro de los profesionales comprometidos, y no necesariamente de una política estatal”, dicen desde la Mesa Acción por el Aborto de Chile y Fondo Alquimia.
El desconocimiento de la ley como barrera objetiva
El monitoreo demuestra que no es suficiente con la legislación y aprobación del Congreso. Cuando no hay decisión política de comunicar el nuevo derecho, se hace más difícil que la ciudadanía exija lo que le corresponde. “El hecho concreto es que las mujeres y personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas y que esa interrupción debe hacerse de manera expedita, sin afectación de su dignidad y derecho a decisión. En las entrevistas las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios”, dice el monitoreo que tiene cien páginas. Y agrega: “Es grave comprobar que esa ausencia de información se mantiene durante el 2020 cuando se conoce, en los peores meses de la pandemia, del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres, adolescentes y niñas. Este año, la desigualdad de acceso a la información se acrecentó por las brechas de conectividad y de alfabetización digital que transparentaron las medidas de confinamiento”.
Así como no se registraron estrategias de información o grandes campañas, tampoco se advirtió una capacitación sostenida al personal de atención primaria. Estas dos grandes debilidades se potencian de manera mutua y se robustecen como un obstáculo en sí mismo, una barrera objetiva, para acceder al derecho. Los relatos que se desprenden de las entrevistas dan cuenta de que las capacitaciones han sido escasas y de ninguna manera permanentes. Hay establecimientos donde se realizó una capacitación al inicio de la implementación de la ley, y no se han repetido. Esto quiere decir que, si hubo rotación, hay personal que no ha sido capacitado; y, que no se han incorporado mejoras en las capacitaciones.
El trabajo en duplas
En los seis territorios monitoreados, la investigación remarca la importancia de las duplas psicosociales en la información y acompañamiento a las usuarias en los procesos de atención y acceso a la interrupción del embarazo. Las investigadoras, también, resaltan cómo se han consolidado los equipo IVE por el compromiso de lxs propixs profesionales y no por una decisión gubernamental.
Como dificultades para el desempeño de sus labores emerge la necesidad de contar con mejor infraestructura para una atención más personalizada, fuera de los espacios ligados a la maternidad, y que permita mayor confianza con las usuarias.
En distintos momentos en la ruta de atención aparecen relatos de violencia institucional: quienes sube el volumen en una ecografía para que las embarazadas escuchen el latido fetal, o se las felicita por sus embarazos aun en conocimiento de la situación que están enfrentando. Estos eventos de violencia obstétrica se concentran, según el informe, en adolescentes y jóvenes. También están quienes solicitan mayores evaluaciones de las necesarias para establecer un diagnóstico, y obstruyen con ello la posibilidad de decisión de las mujeres.
“A tres años de la implementación de la ley se hace necesario revisar y actualizar protocolos y procedimientos para incorporar la experiencia y conocimiento acumulado por los equipos médicos y psicosociales, así como definir cursos de acción que permitan resolver las brechas de acceso existentes que la pandemia ha profundizado”, concluyen las investigadoras.
Es importante que se revise la implementación desde una perspectiva intercultural y se incorporen las necesidades de las mujeres de pueblos indígenas y los saberes de sus culturas en la atención de la SSR y las orientaciones respecto del acceso a la IVE. La ley IVE debe difundirse e implementarse con una perspectiva antirracista.
Recomendamos la despenalización total del aborto y la ampliación de la actual ley de aborto agregando un sistema de plazos que respete la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Latfem / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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3) MÉXICO: SIN POLÍTICA PARA ATENDER A INFANCIA EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO
Desde que Nadine Gasman Zybelmann anunció la creación de un plan para atender a la infancia en orfandad por feminicidio, en julio de 2020, este sigue solo en papel, en tanto el feminicidio, sigue creciendo con todas su implicaciones. Desde julio de 2020 hasta marzo de 2021, han sido asesinadas 634 mujeres, según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque no se sabe cuántas de ellas eran madres, ni si hay, niñas y niños que quedaron en orfandad y sin posibilidad de restituir un plan de vida roto después del asesinato violento de sus madres.
Mientras se siguen sumando asesinatos de mujeres y aumenta la cifra de menores de edad en orfandad, este proyecto de protocolo, que aún no es público, continúa en desarrollo. Para que sea eficaz, señalan especialistas consultadas por Cimacnoticias, debe garantizar atención integral, de largo plazo y tomar en cuenta las opiniones de las familias de las víctimas, de las niñas y niños, quienes no sólo necesitan apoyos económicos, sino tener una familia, estar en la escuela, crecer en un entorno de seguridad, y sobre todo recibir atención a su salud emocional.
En entrevistas por separado, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez; la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo; y la investigadora y psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, destacaron que la niñez necesita de políticas públicas que los sostengan ante un evento crucial como el asesinato de sus madres.
En 2017 Cimacnoticias publicó la investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que reveló el desinterés gubernamental para reconocer y atender esta situación, lo cual se refleja en las escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedan a la deriva y son invisibles para el Estado. A cuatro años de esa documentación, el gobierno federal continúa “analizando” cómo resolver la falta de políticas públicas en la materia.
El borrador de “Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio” considera a esta población víctima directa e indirecta del feminicidio, debido a la desprotección en que quedan después de la muerte violenta de la madre, quien en la mayoría de los casos es asesinada por su pareja. Sin embargo, han pasado diez meses desde que se anunció y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación en todo el país.
Aunque el trauma y el duelo de la infancia en orfandad se suman a afectaciones a su integridad y la vulneración a sus derechos, todavía no existe un plan de atención integral. En estados como el de México, Coahuila y Jalisco, se han creado programas centrados en transferencias económicas y a nivel federal se dice que se trabaja en una ruta que se centra en actuar ante una escena del crimen donde haya niñas, niños y adolescentes.
Una propuesta inacabada
La orfandad por feminicidio es un problema que data desde que se comenzó a documentar el feminicidio, en la década de los años 90, en el estado de Chihuahua; pero fue el 20 julio de 2020 cuando, por medio de un comunicado, la presidenta del Inmujeres, junto con representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunciaron la creación de un protocolo nacional como un hecho pero no hay más.
Ese día aseguraron que este documento sería resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.
Nueve días después del anuncio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró en la conferencia mañanera del presidente de la República, que “se presentó y se publicó” el Protocolo, sin que esto fuera verdad. Frente a Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero dijo: “La primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo a través de este protocolo -y quiero ser muy enfática- a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”.
Un año y tres meses antes de aquel anuncio en papel, el 6 de marzo de 2019, al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zybelmann, señalaron, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que como parte de un plan de atención a la violencia contra las mujeres integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.
“También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas”, dijo esa mañana de 2019, Gasman Zybelmann.
Pese a todos esos anuncios, lo real, es que por ahora el protocolo sigue sin publicarse y no hay claridad de si aquel padrón que presentaron está en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el mes de marzo de 2021, de acuerdo con el borrador con el que cuenta Cimacnoticias, el Inmujeres ubicó por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República.
Por otra parte, de acuerdo con el Renavi, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2014 al 13 de febrero de 2020, se reconoció a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.
Nadie a cargo de la atención
Pero no sólo no se ha publicado el protocolo final, sino que tras su anuncio público en 2020 no hay institución que se haga responsable de la concreción. Pese a solicitar entrevistas con las personas titulares involucradas en este Protocolo, las áreas de comunicación del Sipinna y el DIF expusieron que no les correspondía coordinar esa política pública, porque únicamente “participaban de forma colateral”. Por su parte el Inmujeres refirió que su desarrollo estaba a cargo del DIF.
Mientras las autoridades se deslindan y se avientan una a otra la responsabilidad, la infancia en orfandad por feminicidio sigue desprotegida.
Al respecto, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, expuso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, establece que las Procuradurías de Protección, en particular la federal que se encuentran dentro de la estructura del DIF nacional, son quienes deben proteger los derechos de esta población y la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, establece la reparación integral para las víctimas.
En consecuencia, señaló la también perita en materia de psicología, estas instancias son quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de estas infancias, desde atender la depresión y el duelo, acompañar los interrogatorios ante autoridades penales hasta garantizar que no vivan más violencia del feminicida, en caso de que sea su familiar. Es decir, deben coordinar y ofrecer un acompañamiento integral y desde un enfoque psicosocial, educativo y familiar.
Sin embargo, el Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio de 93 hojas, obtenido en diciembre de 2020 por medio del mecanismo de acceso a la información, establece que la ruta de atención comienza cuando hay una llamada de emergencia al 911 para dar cuenta de un feminicidio. En estas listas de actividades a seguir se consideran acciones como preguntar si hay niñas o niños en el lugar y en su caso informar a la Procuraduría de Protección (a cargo del DIF). La lista de pasos llega hasta la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos.
El proyecto parte del supuesto de que cuando una mujer es asesinada sus hijas e hijos se encuentran en la escena del crimen, por lo que la primera persona en responder es la policía ministerial, que de acuerdo con el documento, debe estar capacitada en atención a la niñez y encargarse de resguardar a las personas menores de edad, solicitar atención médica o psicológica en caso de ser necesario y trasladarles al Ministerio Público junto a la Procuraduría de Protección.
En esta ruta de atención es primordial el papel del DIF, quien evadió responder a esta agencia sobre la publicación del documento, pese a que, en la conferencia matutina del 29 de julio de 2020, Sánchez Cordero dijo que este organismo era quien tenía “más clara” la situación de la orfandad. En aquel momento la directora general del Sistema nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró: “Este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas, esa es la razón de este protocolo, para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de estas personas que nos necesitan”.
Una realidad más compleja
La falta de concreción del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio provoca que los caminos que recorren las familias que se quedan el cuidado de las niñas y niños sean más complejos. Por ejemplo, deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas, además deben buscar y pagar de su bolsillo atención psicológica porque las autoridades no les ofrecen ningún tipo de apoyo o compensación del daño.
Para la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien fue asesinada el 26 de julio de 2017 por su esposo Luis Ángel Reyes, en el Estado de México, la falta de una política de protección la llevó a lidiar con la familia del feminicida para poder rescatar al hijo de Verónica, de tres meses de edad.
Luego de la impresión por la crueldad del feminicidio, a la cabeza de Juana Isabel Benítez Vega, hermana de Guadalupe, llegó la preocupación por el futuro de su sobrino. Al indagar sobre el paradero del bebé, se enteró que la madre de Luis Ángel se lo había llevado. Para rescatar a su sobrino, Juana tuvo que solicitar el apoyo de policías, quienes le reclamaron a la hermana por no avisarles antes que había un menor de edad involucrado en el caso.
La revisión médica del bebé fue en el Ministerio Público, donde permaneció cerca de siete horas en diligencias. Al final del día la familia pudo reunirse con él. Para la madre de Verónica y Juana, la maternidad se hizo presente de golpe a sus 60 años, en un tris dejó de ser abuela para volver a convertirse en madre. En tanto Juana y su padre se abocaron en encontrar justicia para Verónica.
En 2019 Luis Ángel fue sentenciado a 62 años de prisión, pero, aunque el estado de México es una de las tres entidades que tienen apoyos económicos para las hijas e hijos de víctimas feminicidio, ninguna autoridad ha informado a la familia de Juana sobre estos programas y tampoco han logrado obtener la custodia definitiva del hijo de Verónica, quien hoy tiene cuatro años de edad.
Esta historia se repite para decenas de madres y hermanas de las víctimas de feminicidio que tratan de rescatar a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. Así sucedió con los cinco hijos de Betsabé, asesinada el 9 de septiembre de 2015, quienes se quedaron a cargo de sus abuelos maternos; también pasó con los tres hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004, criados por su abuela materna; y con los dos hijos de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada el 20 de febrero de 2001, quienes también fueron criados por su abuela materna.
“Hemos escuchado a las familias de las mujeres víctimas, a los jóvenes en orfandad por los feminicidios y sabemos que, si bien algunas han logrado salir adelante, el Estado mexicano nunca más debe dejarlos solos ni solas”, aseguró Olga Sánchez Cordero el 29 de julio del año pasado. Diez meses después de esta declaración cada mujer hace lo que puede para criar a niñas y niños, a quienes les arrancaron a sus madres de forma violenta.
Programas basados en dinero
Tres entidades ya tomaron acciones en este tema. El antecedente del Protocolo Nacional de Atención a la Orfandad por Feminicidio son las políticas emprendidas en los estados de México, Jalisco y Coahuila, cuyos programas se han reducido en compensaciones económicas y a la fecha no se ha medido su efectividad.
El primer programa que se instauró fue el de Jalisco, en 2017. Por medio de este programa se ofrece a la fecha 3 mil pesos bimestrales. Aunque lleva cuatro años en práctica, no cuenta con un diagnóstico que identifique las causas que generan la problemática que atiende ni indicadores que muestren si se ha logrado resarcir el daño a estos menores de edad.
Una evaluación que el propio gobierno estatal hizo en 2018 por medio de una consultora externa, llamada Numera S.C., reveló que había información para medir el impacto de este programa. El programa continúa vigente con la entrega de apoyos económicos. Este 2021 las transferencias serán para 347 niñas y niños. De acuerdo con el gobierno, este monto se entregaría a 74 por ciento de los 464 menores de edad que están en condiciones de orfandad por feminicidio, según el cálculo del gobierno.
Al no existir un registro nacional sobre las niñas y niños que permanecen en el desamparo por el asesinato de sus madres, este programa parte de estimaciones. En Jalisco, a partir de la tasa de fecundidad local, que es 2.2 hijas e hijos por mujeres, y el número de casos de feminicidio en la entidad, se proyecta que hay 464 menores de edad en orfandad por feminicidio.
Jalisco también es la única entidad con un modelo de intervención psicológica para que la niñez tenga un proceso de duelo ante la pérdida abrupta y violenta de sus madres, y para que las personas que asumen su cuidado -en su mayoría adultas mayores- tengan herramientas de “crianza positiva”. En 2020 crearon el “Modelo de intervención psicológica, psicoeducativa y de cuidados integrales para hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, dirigido al personal de psicología de las instituciones públicas jaliscienses que tienen contacto con las niñez en estas condiciones.
Este programa se diseñó por demanda de las víctimas. Lo mismo sucedió en el estado de Coahuila. En 2018, derivado de exigencias de familiares de víctimas de feminicidio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el estado se creó un programa para apoyar únicamente a 18 menores de edad. Hasta 2020 la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), que se encarga del programa, entregó 32 apoyos.
En el caso del Estado de México existen dos programas de apoyos económico y alimenticios dirigidos a todos los integrantes de familias que enfrentan el asesinato de una mujer por razones de género. También existe uno más nombrado “Programa Valentina” que otorga un apoyo económico mensual de 2 mil pesos para menores de edad en orfandad, no sólo por el feminicidio de sus madres, también si las mujeres fueron víctima de desaparición.
El “programa Valentina” surgió después que el 6 de septiembre de 2018 se dio a conocer que Nancy Nohemí Huitrón Solorio, de 28 años de edad, desapareció con su hija Valentina , de 2 meses de edad, en Ecatepec, Estado de México. Días después, Nancy Nohemí fue encontrada asesinada y se supo que su hija fue vendida por el feminicida. Luego de recuperarla, la menor de edad fue entregada a su abuela materna quien se quedó a cargo de ella y de las otras dos hermanas de Valentina, también menores de edad.
Cada estado ha definido las vías que considera oportunas para entregar los apoyos a las niñas y niños y sus familias. En el Estado de México la Comisión de Atención a Víctimas es la encargada del programa; en Coahuila la ejecución está a cargo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y en Jalisco, es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
La falta de una política integral que articule las políticas para atender a la infancia en orfandad por feminicidio lleva a que cada estado atienda el problema según lo considere adecuado, señaló la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo.
Lo que se tiene hasta ahora, asegura la experta, son procedimientos administrativos que no garantizan el interés superior de la niñez. Para ella la atención debe partir de la salud emocional de la niñez porque son víctimas de delitos de alto impacto, por tanto, requieren atención psicológica profunda, que derive de protocolos muy claros y con personal profesional. Lo que se supone estaría haciendo el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio si realmente existiera.
La entrega de dinero ha sido el eje para atender a la niñez. Como muestra, en noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el DIF suscribieron un convenio para ofrecer becas económicas a niñas, niños y adolescentes en orfandad derivada de la pandemia causada por el virus de COVID-19.
Escobar del Razo, quien también trabajó en la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi) aseguró: “eso es más de lo mismo. ¿Por qué no están hablando del caso específico de niños víctimas de un delito de alto impacto como es el feminicidio y todo lo que conlleva restaurar una vida? Hay que reconstruir una historia de vida dañada. Darle una beca no le soluciona la vida a nadie”. Las becas, dijo, están diseñadas para cualquier niña o niño que está en vulnerabilidad por pobreza.
¿Y la atención al trauma y al duelo?
La pérdida violenta de la madre y la ausencia del padre, quien en muchas ocasiones es el feminicida, provoca un daño transgeneracional. En un artículo publicado en 2017 por la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien formó parte del equipo que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Campo Algodonero (sobre tres asesinatos de mujeres ocurridos en noviembre de 2001 en Chihuahua), señaló que estas niñas y niños quedan excluidos de políticas de atención especializada, no tienen alternativas claras para remontar el daño causado y su cotidianidad se ve severamente afectada.
La psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, quien trabajó con hijas e hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Chihuahua, (Cedehm) expuso que las instituciones que atienden a estas víctimas aún tienden a utilizar una rama de la psicología muy clínica que no responde a las necesidades de la infancia.
En Chihuahua, por ejemplo, detalló que la CEAV ofrece atención psicológica, pero no existe un enfoque que repare a las víctimas ni una mirada que incluya un proceso de sanación. Hasta ahora, se sigue pensando que a las niñas y niños hay que regresarlos a la situación en la que estaban antes del feminicidio, cuando es probable que antes de ese hecho vivieran violencia constante que provocó el crimen.
La psicóloga aseguró que para elaborar un protocolo o plan de atención a la infancia se deberían organizar mesas de escucha con niñas y niños víctimas o familiares, para que expresen sus necesidades y dejar de lado el ángulo adulto-centrista de estas políticas públicas. De entrada, expuso, hacer una ruta de atención que inicia en una escena del crimen es sólo ver la cúspide del problema, el feminicidio. Antes, dijo, tuvieron que pasar muchas violencias para llegar a ese punto.
Por su parte Mónica Herrerías Domínguez destacó como fundamental que un protocolo salvaguarde el interés superior de la niñez y su integridad física cognitiva y emocional, la cual ya está dañada por un evento de alto impacto. Toda atención, consideró, debe empezar por contención y terapia mínima, pero no se debe dejar de lado la salud física, cognitiva y emocional y la seguridad económica y jurídica.
¿Con quién vivirán estos niños, estarán al cuidado de sus abuelas, permanecerán con la familia del agresor, en qué localidad se ubicarán, quién tendrá su custodia legal, cómo participarán en el proceso de justicia para sus madres, seguirán en el sistema escolar, cómo resolverán el duelo? A partir de preguntas como éstas se tiene que planear un programa de acompañamiento que debe durar años, expusieron las expertas.
Pese a que hace diez meses, cuando se anunció el Protocolo, Nadine Gasman Zybelmann sostuvo que “la orfandad de madre o cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de Estado” y aun cuando Olga Sánchez Cordero aseguró que las mujeres de este gobierno ven y escuchan a las mexicanas y que “la patria es sólo aquella que realmente equilibra y garantiza los derechos de todas y todos”, hoy no existe el protocolo que presentaron como una política vigente para atender a la infancia y adolescencia en orfandad por feminicidio.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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4) PALESTINA: LAS TONALIDADES DE LA IRA
Rafeef Ziadah *
Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje.
Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria.
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas los tonalidades de la ira.
Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mí
abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa.
Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que, dicen, ya no es mío; pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar.
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
¿Escucharon gritar a mi hermana ayer, mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica?
Llamó a su hija nacida, Jenin.
¿Y escucharon gritar a alguien « ¡estamos retornando a Palestina! » detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda?
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí sólo te traerá tu próximo terrorista:
barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata.
¿Tú me dices que yo mando mis hijos a morir? pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo.
Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo…
¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba?
¿Y quién entrenó a Osama primero?
Mis abuelos no corrían en círculos, como payasos, con capas y capuchas blancas en la cabeza linchando negros.
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
«¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación?»
Perdón. ¿Debería no gritar? ¿olvidé de ser todos tus sueños orientalistas? el genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe,
Sí, amo.
No, amo.
Gracias por los sándwich de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo.
Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos «daño colateral».
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí sólo te traerá tu próxima rebelde.
Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra.
Soy una mujer árabe de color… ten cuidado, ten cuidado, De mi ira.
* Rafeef Ziadah es artista de la palabra hablada y activista canadiense-palestina y miembro fundador de la Coalición Contra el Apartheid Israelí, que promueve la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS). Su poesía forma parte del libro Poesía palestina, una antología de poesía escrita por mujeres palestinas.
Enviado por Jorge Zabalza / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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5) PERÚ: MUJERES VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES MARCHARON PARA EXIGIR JUSTICIA
Un grupo de víctimas del caso esterilizaciones forzadas realizó una protesta fuera del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, para exigir que el Poder Judicial no archive el proceso que se le sigue al expresidente, Alberto Fujimori, y exministros involucrados en los presuntos delitos en su contra.
El plantón, que se realizó desde esta mañana y mientras se desarrollaba una audiencia virtual del caso ante el Poder Judicial, se da como reacción al intento de la defensa de Alberto Fujimori de que la denuncia fiscal sea declarada improcedente.
“Es algo indignante. Por eso hemos venido a hacer un plantón, no solo de Lima sino también de provincias. Estamos pidiendo que no sea archivado porque un delito de lesa humanidad no puede ser archivado”, reclamó María Elena Carbajal, presidenta de la asociación Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao.
“El responsable mayor ha sido Alberto Fujimori y posteriormente, sus exministros de salud. Esto tiene que ser visto ya, el fiscal ya sustentó los cargos, presentó las 182 pruebas convincentes de que esto fue un delito en el que compraron a personal de salud, usaron todos los medios para hacer esta violación de nuestros derechos”, añadió.
Carbajal reclamó, en esa línea, que tanto el expresidente como los exministros que encabezaron el sector Salud entre los años 1996 y 2000 “no se pueden lavar las manos ante este crimen”.
El Ministerio Público ha presentado una denuncia formal contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, a quienes acusa de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.
El proceso, luego de más de 20 años de investigación y con más de 1.200 casos todavía pendientes de ser formalizados o archivados dentro del Ministerio Público, está a cargo del juez Rafael Martín Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.
Esta semana, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que los delitos que imputa la fiscalía de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte no son imprescriptibles, por lo que luego de 15 años el caso debía ser archivado.
El Comercio / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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6) URUGUAY: MUJERES CHARRÚAS NARRAN SU PROCESO IDENTITARIO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA
De niña, Emilia Carballo disfrutaba de trepar a los árboles. Subía a lo más alto y pasaba largo rato pensando en un sentimiento que no comprendía. Era como una gran ausencia. Vivía en Bella Unión con su familia cuando en tercero de escuela la maestra Barbarita le contó que, en Uruguay, mataron a todos los indígenas. La ausencia creció. Esa idea no le cerró por ningún lado a Emilia, porque le bastaba con ver las caritas de sus compañeros para darse cuenta de que no era posible. Fue la primera vez que se hizo una pregunta que la acompañaría por mucho tiempo: “¿Dónde están los que yo conocía?”.
Ahora, sentada en las escalinatas de la Intendencia de Montevideo (IM), Emilia es una mujer de 45 años de pelo negro, pómulos salientes y ojos rasgados. Su existencia desafía siglos de colonialismo aplastante. De a poco, va narrando esas primeras preguntas sin respuestas, esas sensaciones que no podía explicar de niña, y esa certeza que le transmitieron cuando preguntó por la matanza de los charrúas. “El camino que vos estás eligiendo es muy difícil”, le dijo su madre. Luego, el silencio.
“Me tuve que presentar al mundo como charrúa para seguir estando sana y empezar a pelearla, a explicar que no nos mataron a todos”. Emilia Carballo
Contar de a poco
La situación por la que Emilia decidió nombrarse charrúa no fue agradable. Tenía 19 años cuando se bajó de un ómnibus frente al hotel Radisson, al lado de un auto de lujo con chapa de Punta del Este. Del auto salían dos hombres que la vieron pasar. Uno la señaló y le dijo al otro: “Vos que molestas preguntando dónde están los charrúas, mirá, ahí va caminando una”. “Empecé a reconocer de una buena vez lo que sentía y lo que otros veían en mí. Me tuve que presentar al mundo como charrúa para seguir estando sana y empezar a pelearla, a explicar que no nos mataron a todos”, relata Emilia. Antes, había intentado adecuarse “a la sociedad como está establecida, pero me di cuenta de que hay un orden jerárquico de colores al cual no iba a acceder nunca, porque tengo este color de piel, esta cara y esta forma de ser”. Luego se adentró en la militancia con el colectivo charrúa Bascuadé Inchalá, que forma parte del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha).
Para las personas que se autodeterminan indígenas en Uruguay, la búsqueda de la identidad propia y colectiva es un proceso largo, y una lucha que creen necesaria. Victoria Guevara (27) y Gabriella Puyol (24) están sentadas una frente a la otra con una infusión de hierbas y miel entre las manos. Ambas pertenecen hace un año a la comunidad charrúa Jaguar Berá (también parte del Conacha), y recuerdan las primeras preguntas que se hicieron sobre su identidad indígena.
Hace unos cuatro años, Victoria salía de un chapuzón en el río Negro cuando se preguntó por primera vez si sería charrúa. Seguía el activismo del Conacha y, a pesar de su existencia urbana, sentía una necesidad cada vez más presente de estar en el monte, de nutrir su vínculo con la tierra. Así empezó a indagar en su ancestría: “En mi familia, cuando les pregunto, no sólo no saben, sino que, además, lo niegan sin saber. Me dicen ‘acá somos vascos, no busques que no vas a encontrar nada’. Yo la veo a mi madre y es la más parda de su familia de ocho hermanos, y ahí te das cuenta de cómo se ha dado la discriminación interna. Cuanto más morocho, más tenés que esforzarte por ser aceptado socialmente”.
“Encontré costumbres que hacía mi abuela y las empecé a relacionar con la memoria de los demás charrúas. La memoria colectiva sirve para eso”. Victoria Guevara
Victoria empezó a hilar fino con la búsqueda y encontró ciertas prácticas en su familia que se comparaban con las de sus compañeros charrúas: “Encontré costumbres que hacía mi abuela y las empecé a relacionar con la memoria de los demás charrúas. La memoria colectiva sirve para eso. Me enteré de que enterraban los cordones umbilicales de los recién nacidos bajo el ombú o que cortaban la leña en la fase de la luna creciente para que el árbol no sufriera tanto”. Debido a la pandemia, Victoria no ha podido viajar a Rivera, donde tiene a parte de su familia, y seguir investigando sobre su ancestría.
En el caso de Gabriella, su padre trabajaba en el monte de sol a sol. Allí se crio y jugó de pequeña. Él le transmitió los conocimientos sobre “las plantas y los árboles, en qué fechas podar y lo que se puede comer en el bosque nativo”. Desde siempre supo que su familia paterna tenía ancestría gitana, pero no sabía nada de su familia materna, que vivía su ancestría como un tabú. Logró hablar con una tía abuela, que le contó que tenía familia guaraní. “Sentí que encontré al fin de dónde venía, el eslabón perdido, la necesidad del monte la vine a encontrar ahí”, dice Gabriella. A pesar de tener sangre guaraní, ella se siente charrúa: “Estar en Jaguar Berá fue encontrar ese lugar que me pertenece, ahí me di cuenta de que mi sentir es charrúa. Siento el dolor de las antepasadas, el llamado de la luna, de la tierra, del agua”.
La antropóloga social Francesca Repetto asegura que algunos autores y personas indígenas en Uruguay hablan de la “macroetnia charrúa”, término con el que engloban a las demás poblaciones indígenas, y entienden que tienen un origen común. En lo que respecta a la identidad charrúa, las entrevistadas expresan que lo primero es la “autodeterminación” y, luego, el reconocimiento de la comunidad.
En general, las familias con ancestría charrúa en Uruguay lo ocultaron por mucho tiempo. Como dice Victoria, “las familias lo que han hecho es guardarse lo más que se pueda en las casas y contar de a poco”. Mónica Michelena tiene 58 años y más de tres décadas en la militancia charrúa. Ha sido una de las principales referentes del Conacha en Uruguay y en el exterior. A través de una pantalla dice que se enteró que tenía un bisabuelo charrúa a los 18 años. Ahí empezó una búsqueda de su identidad que la llevó a entender el dolor de su madre y de sus abuelos. “A mi madre la mandaron a los cinco años a las estancias, iba de estancia en estancia. La mandaban al arroyo a lavar la ropa, y vivió intentos de violación por parte de los patrones. Nunca fue a la escuela. La historia de mi madre se refleja en la historia de muchas mujeres. Me empoderé de esa historia y es por todas esas mujeres que soy activista”, dice Mónica.
“La generación de mi madre hizo un pacto de silencio para no transmitir ese dolor verbalmente, pero lo transmitió igual, de otras formas”. Mónica Michelena
Pero si bien la palabra charrúa o indígena ni se pronunciaba en las familias, las prácticas se fueron pasando de generación en generación, y la memoria, a través de las manos y el conocimiento. “Que mi madre se quedara horas mirando el fuego en cuclillas”, cuenta Mónica. “Que mi madre me pidiera: ‘agarrá un vasito con agua, ponele sal y mburucuyá y rocialo alrededor de la casa’”, dice Emilia. La propia Emilia lo vio en sus cuatro hijos cuando descubrió que de niños jugaban con piedras y les hacían preguntas; luego supo que sus antepasados hacían música con ellas. Cuando Mónica le cuestionó a su madre por qué nunca le había contado sobre sus ancestros, su respuesta fue precisa: porque tenía miedo de que la discriminaran. “Esa generación hizo un pacto de silencio para no transmitir ese dolor verbalmente, pero lo transmitió igual, de otras formas”, explica.
Poner el cuerpo
Uruguay no reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio ni sus derechos, y la creencia popular del “país sin indios” aún tiene vigencia, pese a que el Estado niega la Matanza de Salsipuedes de 1831 como genocidio. Paradójicamente, 5% de la población uruguaya cree tener ascendencia indígena, según el último censo nacional de 2011, y ya en la década de 1980 comenzaron a emerger los colectivos que reivindican su ancestría charrúa. Según resultados recientes de las investigaciones genéticas que ha aportado el Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, 37% de la población uruguaya tiene al menos un ancestro indígena, y en departamentos como Tacuarembó asciende a 62%. Sin embargo, según las últimas investigaciones del departamento, aún no se ha encontrado linaje indígena por la vía paterna en Montevideo.
Para la arqueóloga Mónica Sans, eso comprueba que en Salsipuedes se mató a los hombres charrúas. A las mujeres, niñas y niños los repartieron de forma planificada en las estancias y en las casas de Montevideo con fines de esclavitud doméstica y sexual. Pero lo que pasó con estas mujeres se conoce muy poco, porque si la existencia charrúa en Uruguay es invisible, la existencia de las mujeres charrúas lo es mucho más. “La historia sobre los indígenas del Uruguay […] se enfoca en la presencia masculina y en cómo los dominios coloniales interfirieron en esas vidas”, escribe Repetto respecto de esa invisibilización.
Las únicas manifestaciones y resistencias que se conocen de las mujeres charrúas de la época se remontan al Montevideo de 1831, cuando lloraban, gritaban y se arrancaban los cabellos de dolor por sus hijas e hijos robados. También se sabe que muchas de ellas fueron “devueltas por inútiles” a la calle o a las cárceles. Esta invisibilización persiste en la actualidad. Mónica denunció en el portal Hemisferio Izquierdo que “a pesar de los avances del Estado uruguayo en clave de derechos humanos, en nuestro país persiste el colonialismo, la discriminación, sexismo, racismo, y exclusión, lo que remarca la invisibilización de las mujeres indígenas, y por ende el ejercicio pleno de nuestros derechos”.
¿Cómo es transitar el espacio público con cuerpo de mujer indígena? Emilia, que es artesana, se encontraba vendiendo con su paño frente a la Intendencia de Montevideo en marzo de 2021, cuando personal de la comuna le ordenó que se retirara. Decía que les había llegado una denuncia con su nombre y foto. Emilia preguntó por qué al resto de los vendedores no se les pidió que se retiraran, le respondieron que la denuncia anónima sólo tenía su nombre. No podía volver a trabajar allí. “Estábamos en el Mes de la Mujer, en la intendencia había una feria de mujeres emprendedoras”, recuerda Emilia. “Yo ni siquiera soy reconocida como mujer, mucho menos como indígena o como emprendedora. Esa tarde me quedé sin trabajar. ¿A dónde voy a pedir ayuda? ¿A quién voy a recurrir?”.
“Hay inchalás a quienes, al preguntar a sus familias por sus antepasadas, les han dicho que provienen de charrúas prostitutas del Ejército cuando, en realidad, fueron mujeres entregadas al Ejército y violadas”. Gabriella Puyol
Guardianas de la memoria
Las mujeres charrúas reclaman el derecho a conocer las historias de sus antepasadas repartidas y separadas de sus hijos después de la Matanza de Salsipuedes. “Hay inchalás [hermana/hermano] a quienes, al preguntar a sus familias por sus antepasadas, les han dicho que provienen de charrúas prostitutas del Ejército cuando, en realidad, fueron mujeres entregadas al Ejército y violadas. Es mucha la impotencia que nos da saber que una inchalá en la repartición sufrió tanto y que luego su descendencia niegue su historia. Nos llena de rabia, queremos saber qué pasó con las mujeres charrúas”, dice Gabriella.
Con sus décadas de militancia, Mónica asegura que fueron las mujeres las que primero se reivindicaron como charrúas y las que lideraron principalmente los activismos de la región. También dice que son las “guardianas de la memoria”, las que cuidaron lo que perduró de las tradiciones y costumbres charrúas, porque son las que quedaron con vida después del etnocidio de Salsipuedes. Aunque, para ella, el rol de mujer guardiana de la memoria es intrínseco a su cultura: “Sobre plantas medicinales sabemos más las mujeres. La presentación del niño a la luna la hacemos las mujeres de la familia para que la luna le transmita al niño toda su energía. También le pedimos a la guidaí [luna] cuando el corazón nos aprieta. El curar con la palabra [curandera o vencedora] es un conocimiento que se transmite entre las mujeres”.
Mónica y Emilia les dan mucha importancia a los encuentros de mujeres. Allí es donde se atreven a contar historias familiares que nunca han contado. Y tienen una misión de vida: la de armar el “gran quillapí de la memoria”, como explica Mónica: “Cada una de nosotras tiene un pedacito de memoria que, aunque no lo saquemos para afuera, está muy adentro nuestro. Entre todas lo estamos armando, estamos cosiendo ese quillapí. Esa tarea es continua y de mucho entusiasmo. Nos reunimos, a veces grabamos, nos hablamos de esas memorias que quedan ahí, en ese instante. Quedan dentro nuestro”. Históricamente, el quillapí es una capa confeccionada con pedazos de cuero cosidos por las mujeres charrúas colectivamente.
En este (re)hacer la memoria, las mujeres charrúas reivindican la historia de las mujeres guerreras. Luisa Tiraparé fue una “mujer de armas tomar”, según Mónica, que luchó hasta 1862 para mantener a un grupo de indígenas reunidos en un pueblo a las orillas el río Yi. También rescatan del olvido a Guyunusa, la única mujer entre los cuatro charrúas secuestrados y llevados a París a un zoológico humano en condiciones penosas en 1833. Dicen que Guyunusa dejó un hijo de ocho años en este territorio, y que en París tuvo una niña que le quitaron. “Algunas de nosotras somos madres y hay algo muy fuerte, porque a Guyunusa la secuestraron y se la llevaron estando embarazada. Nos ponemos en la piel de esa mujer secuestrada de forma socialmente consensuada. Es una barbarie. Guyunusa para nosotras es un ancla en la tierra”, dice Emilia.
Será por eso que uno de los primeros reclamos de las mujeres charrúas madres es poder parir como ellas desean y necesitan, en cuclillas. “Tenemos un trauma en común que es el quirófano donde vamos a dar a luz, acostadas en una camilla, de piernas abiertas, expuestas a no sabemos qué”, cuenta Emilia. “Estamos recabando historias muy fuertes, como la de Sofía, que por decidir parir en cuclillas tuvo una fuerte discusión con el personal de salud en medio del trabajo de parto”.
¿Quién soy?
Además del trabajo de las mujeres guardianas de la memoria, la recuperación interna de la historia charrúa se hace desde las primeras asociaciones charrúas. Para eso apelan a los “círculos de la memoria”, con el “bastón de la palabra”, que pasa de mano en mano y concede el momento de hablar a quien lo sostiene. “Nuestros antepasados usaban un bastón de piedra, ahora usamos uno de madera. Nos sirve cada vez que tenemos algo importante que decir o para dirimir un conflicto interno. Eso nos ordena y nos centra, no tenemos que levantar la mano ni nos hablamos encima. Lo hace comunitario”, cuenta Mónica. En estos círculos han conocido los problemas que arrastran las familias charrúas: el alcoholismo, los femicidios, la violencia, la pobreza.
En uno de los últimos estudios biológicos de la arqueóloga Mónica Sans se comprobó que existe mayor proporción de ancestría indígena en la población de menor nivel socioeconómico de Montevideo. “De un pueblo que ha sido hostigado no salen todas las cabezas piolas, buenas. Estamos llenos de problemas y encima somos de los más pobres del país”, dice Victoria. Según las jóvenes, viven en una tensión constante entre “la cabeza nativa y la cabeza occidental”. “El charrúa del siglo XXI tiene que deconstruir varias generaciones de un sistema que le impusieron. Cuando estamos tratando de pensar con las cabecitas nativas, se nos cruzan cosas de la cabecita occidental impuesta. Ahí pensás ‘por qué estoy haciendo esto que va en contra de todo lo que pienso y quiero’, y esas contradicciones te generan fantasmas. Cuando estás en medio de la comunidad, y ves que a otros inchalás les pasa lo mismo, eso se suma y genera bronca, resentimiento y violencia interna. Nos estamos esforzando mucho para romper con eso y cuesta un montón”, cuenta Gabriella.
Como parte de la visibilización de la cultura y presencia charrúa, Victoria cree importante que Uruguay se declare Estado plurinacional, como lo es Bolivia o Ecuador: “Eso implica que en la educación se enseñe que los charrúas existen y que haya una educación intercultural, para que los niños charrúas no se olviden de su cultura, y que la puedan seguir nutriendo en sus vidas. Lo otro es la salud, nosotros vamos muy poco a los médicos. Es todo a base de yuyos y alimentación, es importante que haya una salud que reconozca nuestra medicina nativa”.
Según Emilia, “seguir negándonos como pueblo charrúa es absurdo. Entonces, ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿no existo? Si nos niegan siguen haciendo un vacío legal”. En su recorrido, reconocerse charrúa fue fundamental para reencontrarse con las ausencias que sentía de pequeña, las memorias de sus antepasados. Ella repite: “Si negamos una parte vital nuestra, nos enfermamos. Nadie puede negar quien es”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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