COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 -No. 457/ Miércoles 15 de julio de 2015
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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NOTICIAS
AMÉRICA LATINA
LAS CIFRAS DE ONUSIDA
BRASIL
1) EL DOBLE CASTIGO DE LAS MUJERES PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS
2) SÃO PAULO TENDRÁ ALBERGUE PARA TRAVESTIS Y TRANSEXUALES
MEXICO
26 MUJERES PERIODISTAS AGREDIDAS EN PROCESO ELECTORAL
SUDÁN DEL SUR
NIÑAS ENTREGADAS COMO INDEMNIZACIÓN POR LA SANGRE DERRAMADA.
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
ENTREVISTAS
I – “DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA ES ECONOMÍA FEMINISTA PURA”
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AMÉRICA LATINA
LAS CIFRAS DE ONUSIDA
La epidemia en América Latina se concentra en determinados grupos de población, así como en las ciudades, los puertos y las rutas comerciales.
Las muertes derivadas del sida en la región bajaron 29 por ciento entre 2005 y 2014, cuando murieron 41.000 personas por esa causa.
En 2014, había 1,7 millones de personas seropositivas en los países latinoamericanos, incluidos 33.000 niños y niñas. Del total, 65 por ciento, o 1,1 millones, eran hombres. La principal vía de transmisión del virus es la sexual.
Más de 75 por ciento de las 87.000 nuevas infecciones por VIH que se produjeron en la región en 2014 se reparten en orden descendente entre Brasil, con aproximadamente 50 por ciento del total, México, Colombia, Venezuela y Argentina.
Las pruebas recientes de VIH oscilaron entre siete por ciento en Perú y 100 por ciento en Panamá, seguido por El Salvador, con 66 por ciento. Once de 16 países que presentaron informes estaban por debajo de 50 por ciento.
Menos de 2.000 niños y niñas contrajeron el VIH en 2014 en América Latina. La alta cobertura de la prevención en la transmisión de madre a hijo ayudó a reducir las nuevas infecciones en esta población. Así, 79 por ciento de las 20.000 embarazadas seropositivas en la región recibieron medicinas antirretrovirales.
IPS / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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BRASIL
1) EL DOBLE CASTIGO DE LAS MUJERES PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS
Un informe del Ministerio de Justicia divulgado recientemente sobre la población carcelaria brasilera señala que el 63% de las mujeres están en situación de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas: 5.096 son acusadas de tráfico, 421 por tráfico internacional y 832 por asociación con el tráfico. La variedad de acusaciones se verifica desde la promulgación de la Ley 607.431, de 2006, que hizo más severos los castigos por tráfico; al establecer nuevos criterios que no aclaran quién debe ser considerado usuario y quién traficante, la ley abrió un margen para interpretaciones que contribuyeron al encarcelamiento por tráfico.
«El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder familiar sobre los hijos”. Juliana Belloque, defensora pública en el Estado de São Paulo.
En 2005, antes de la aprobación de la Ley, el 34% de la población carcelaria femenina respondía por delitos vinculados con el tráfico. En menos de 10 años, esa proporción sobrepasa el doble. Esta información se vincula con un fenómeno internacional de aumento del encarcelamiento femenino por la criminalización de las drogas: el 60% de la población femenina mundial responde por delitos de esa naturaleza.
En Estados Unidos, país con la mayor población carcelaria mundial, el aumento de detenciones de mujeres por tráfico aumentó un 800% en los últimos 30 años. Los datos son de la organización internacional de derechos humanos The Witchcraft and Human Rights Information Network (WHRIN), que divulgó una infografía, el pasado 26 de junio, día de la Acción Global «Support, Don’t punish” (Apoyo, no castigo). La campaña tiene como objetivo discutir las políticas de drogas bajo una perspectiva de apoyo y preservación de los derechos humanos de los usuarios.
«Estas mujeres no representan nada para el tráfico, cometen delitos menores y sólo comprueban la falencia del sistema carcelario, que con una política de encarcelamiento llena las prisiones y no resuelve el verdadero problema”, critica Juliana Belloque, defensora pública en el Estado de São Paulo.
Para ella, uno de los mayores problemas del encarcelamiento femenino es lo que considera la «extensión de la pena”, más allá de la libertad perdida por las detenidas: la familia.
Maternidad amenazada
«El peor castigo de la mujer es la pérdida del poder familiar sobre los hijos”, se lamenta. Sin embargo, su denuncia tiene el carácter de sentencia en la mayoría de los casos en que, en los tribunales, el lado de los acusados está ocupado por mujeres. Mientras son presas provisoriamente y pasan meses a la espera de un juicio, su maternidad es amenazada por la Justicia: en muchos casos, al final de la pena judicial, la egresada encuentra que, en libertad, ha perdido la custodia de sus hijos, enviados para adopción.
Para evitar estas situaciones, el proyecto Madres en la Cárcel surgió a partir de demandas de grupos de la sociedad civil que hacen un seguimiento del problema, como la Pastoral Carcelaria. Instituido en mayo de 2014, el programa es una asociación entre la Defensoría Pública y el Sistema de Administración Penitenciaria (SAP). A partir de la prisión, el Convive, grupo de la SAP responsable del relevamiento y el envío de las informaciones, recibidas por núcleos de situación carcelaria de la Defensoría Pública y por núcleos de la Infancia y Juventud, se realiza un registro de la detenida. De esa forma, hay un trabajo para que haya una defensa del ejercicio de la maternidad dentro del sistema carcelario del Estado de São Paulo, con el seguimiento de historias como la de una madre que, debido a su embarazo de riesgo, cumplió su detención provisoria con carácter domiciliario. Sin embargo, el niño falleció, y la mujer, incluso en período de luto, respondió a la intimación judicial. En el tribunal, se decretó su prisión.
«El juez la miró y no vio el luto, sólo el hecho de que ella no ejercía la maternidad y no tenía motivos aparentes para continuar en casa. Sabiendo de este caso, pudimos intervenir”, cuenta Bruno Shimizu, defensor público y coordinador auxiliar del Núcleo Especializado de Situación Carcelaria de São Paulo. Señala que, en el Estado de São Paulo, en la mayoría de los casos, las madres tienen sólo seis meses garantizados para el amamantamiento de los hijos recién nacidos, tiempo que, en la Ley de Ejecución Penal, es considerado mínimo. En 2009, la resolución Nº 3 del Consejo de Política Criminal y Penitenciaría (CNPCP) presenta recomendaciones específicas para la situación de hijos de madres encarceladas, e instituye el plazo mínimo de un año y nueve meses para que queden en contacto, norma que no es respetada en el Estado de São Paulo, según el defensor.
Conservadorismo del Poder Judicial
Shimizu responsabiliza al «compromiso ideológico con el conservadorismo” del Sistema Judicial Brasilero, que extrapola la Ley y sus recomendaciones. «Es una postura de exterminio de clase y de machismo. La mujer, cuando es juzgada, es moralmente expuesta. El juez insiste en exponer que no la considera digna del ejercicio de la maternidad, ya que cometió una infracción y sobrepasó los límites de lo que él considera que es el lugar de la mujer en la sociedad”, explica. También señala cómo las prisiones, en esos casos, son más punitivas para las mujeres: mientras que los hombres reciben visitas de esposas y compañeras, los visitantes de las prisiones femeninas son madres y hermanas, que muchas veces incluso dependen del sustento de la encarcelada.
Las declaraciones de los defensores también son confirmadas por números y otras informaciones recogidas durante nueve meses por las profesoras Bruna Angotti, antropóloga y profesora de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, y por Ana Gabriela Mendes Braga, doctora en Criminología y profesora de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), en el informe «Dar a luz en la sombra”. La investigación, publicada en noviembre de 2014, es parte del proyecto»Pensando el Derecho”, una serie de iniciativas de la Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia (SAL/MJ), para que sean accesibles para la sociedad civil datos sobre la práctica legislativa brasilera.
En el caso del informe, el objetivo era hacer el seguimiento de modelos penitenciarios que buscaban atender a las demandas de la Ley relacionadas con la maternidad. Además de la consulta a especialistas, a empleados del sistema carcelario y otras informaciones de cuño oficial, las investigadoras entrevistaron a 80 detenidas, que denunciaron la violación de derechos básicos, principalmente el de defensa.
Durante la investigación se constató que sólo seis estados tienen políticas dirigidas a la maternidad en situación de cárcel: Ceará, Bahía, Paraná, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. En esos estados, se implantaron sectores de maternidad y programas como Madres de Cárcel. Sin embargo, las investigadoras constataron que no hay, en ninguna de ellas, respeto integral a las leyes sobre la maternidad, principalmente en relación con la resolución Nº 203. En el informe también se constata el defasaje de la atención pública a la defensa: las mujeres están sujetas a la tasa nacional de 16.043 detenidos por defensor.
«Específicamente en relación con el acceso a la justicia, pudimos percibir el doble impacto de su precariedad, el primero de orden material, identificado en la falta de acceso a la información, poca participación en el proceso criminal y civil, y ejercicio precario de la autodefensa y defensa técnica; el segundo subjetivo, con aumento de la ansiedad generada por la sensación de abandono, impotencia y angustia frente al sistema de justicia y a su propio destino”, se relata en el documento.
Para Angotti, además de las informaciones en relación con el ejercicio de la maternidad en las prisiones, en el informe se expone aún más el problema de las detenciones provisorias, ya que buena parte de las mujeres encarceladas están en esa condición. El tenor de los delitos demuestra, para la investigadora, cómo el Poder Judicial no tiene capacidad para evaluar la complexidad de los casos, que están lejos de ser considerados como de una «alta peligrosidad” que justifique el encarcelamiento.
«Muchas mujeres cometieron los delitos por ser madres. Porque no tenían condiciones para sustentar a su familia y necesitaban changas, trabajos adicionales a otros que ya tenían. El Poder Judicial no tiene capacidad para entender que está deteniendo sólo a mulas, o víctimas del tráfico, que cometieron el delito sólo por una cuestión de supervivencia”, se lamenta.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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2) SÃO PAULO TENDRÁ ALBERGUE PARA TRAVESTIS Y TRANSEXUALES
Travestis y transexuales de la ciudad de São Paulo podrán contar, hasta fin de este año, con un albergue municipal femenino exclusivo para ellas, en Bom Retiro, Centro de la capital paulista. Al principio, serán 30 las vacantes, con prioridad para las participantes del Programa Transciudadanía, iniciativa del Gobierno Municipal de São Paulo que promueve la formación escolar y el trabajo de la población LGBT [Lésbicas, Gays, Bisexuales y Transexuales].
Athena Joy da Silva cree que el centro de referencia va a inhibir el prejuicio y la violencia contra la población LGBT.
«Cuando comenzamos a concebir el programa, nos dimos cuenta que la mitad de las personas de la fila de atención vivía en situación de calle o en lugares donde también sufren prejuicio. Es otra acción para reinsertar a esta población”, afirma el coordinador de políticas LGBT de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y ciudadanía, Alessandro Melchior.
El programa tiene 100 vacantes. Las participantes reciben una beca de R$ 820 para volver a la escuela, realizar cursos de capacitación profesional y de formación en ciudadanía. La expectativa es que el número de vacantes se amplíe a partir del año que viene. «A fin de julio, realizaremos la primera evaluación del programa con el alcalde, sobre los seis primeros meses de funcionamiento. Ya tenemos óptimos resultados: ninguna evasión y participantes formados en la Enseñanza Media. Todas ellas van a dar el Enem (Examen Nacional del Enseñanza Media) a fin de año”, cuenta Melchior.
El inmueble donde funcionará el albergue está pasando, en ese momento, por una reforma. Desde octubre del año pasado, los tres albergues municipales ubicados en la avenida Zaki Narchi, en la zona norte de la ciudad, reservan, cada uno, un cuarto para travestis y transexuales, que serán mantenidos, inclusive con la inauguración del albergue exclusivo. Para competir por una vacante, los interesados deben pasar por una selección en la Asistencia Social.
«Tenemos que tener la oportunidad de estudiar y trabajar con dignidad, como cualquier ser humano. Lo que nosotros queremos es una oportunidad de trabajo para no volver a la calle. Esta ciudad necesita transexuales en los negocios de venta, en los bancos, en las empresas y en todos los lugares. Somos personas capaces. Yo probé esto en todos los lugares por donde pasé”, afirma Aline Marques, participante del programa. Transexual y víctima de preconceptos en la familia y en la escuela, ella dejó de estudiar en la cuarta-serie y se fue de la casa familiar. Con el apoyo en el centro de referencia, volvió a la escuela y busca empleo. «Está siendo maravilloso”.
«A los 20 años, me fui lejos de mi familia y viví muchos años en la oscuridad de la noche. Vi muchas amigas muriendo, por drogas, a manos de los proxenetas y por peleas en la calle. Fui engañada para ir a Italia, con la promesa de ser peluquera. Allá, tuve que prostituirme y fui presa”, cuenta Aline. «Cuando volví, procuré a mi madre, la encontré en una situación muy vulnerable y usé el dinero que tenía para construir una casa para ella. Hice el curso de peluquera y fui ejemplar, pero no conseguía empleo y tuve que continuar prostituyéndome, porque era la única cosa que podía hacer. Ya estaba desistiendo de vivir y una amiga me habló del proyecto. Desde que vine acá, no voy más a la calle, porque recibo una beca de R$ 820. No es una ‘beca-travesti’, como critican. Es una ayuda inicial para que yo pueda cambiar de vida”.
Unidad móvil
Por la mañana, la Secretaría Municipal de Derechos Humanos de São Paulo inauguró la primera Unidad Móvil de Ciudadanía LGBT, un vehículo equipado y adaptado para realizar hasta tres atenciones simultáneas para víctimas de homofobia y para divulgar los servicios del Centro de Ciudadanía LGBT, ubicado en la Calle del Arouche 23, 4º piso, en el Centro.
En los dos primeros meses de funcionamiento, la unidad móvil se estacionará en el Largo del Arouche, de jueves a domingos, de 18h a 23h. Después de esto, la unidad también se quedará en la calle Augusta, en las noches de los sábados. Los lugares fueron identificados como los dos principales puntos de encuentro del público LGBT en la ciudad de São Paulo. Además de recibir información sobre los programas del Gobierno Municipal y acompañamiento jurídico en los casos de violencia, los usuarios también podrán realizar pruebas rápidas de VIH. Los domingos, parte del equipo del centro de referencia hará una guardia en la unidad móvil, teniendo por lo menos un abogado, un psicólogo y un asistente social.
Antes de fin de año, la ciudad tendrá dos nuevas unidades móviles de atención a la población LGBT y antes de fin de 2016, otras dos. Los cinco vehículos actuarán una en cada región de la ciudad. «En la unidad móvil vamos a realizar la atención inicial de las personas que fueron discriminadas o que tuvieron sus derechos violados. Los funcionarios van a acompañar a las víctimas de violencia hasta la delegación de policía para registrar la denuncia”, dijo Melchior, durante la inauguración del equipamiento.
«Todos los días, vemos en los medios de comunicación y en las estadísticas a las travestis siendo asesinadas. Estamos casi en una caza a los LGBTs. Me siento muy insegura porque mañana también puedo convertirme en un número de la estadística”, se desahoga la travesti Athena Joy da Silva, que trabaja como recepcionista en el centro de referencia. «Ya sufrí violencia verbal después que me convertí en travesti y durante el proceso recibí un golpe en el rostro, en plena tarde, en la calle Rego Freitas. No hice la denuncia porque quedé desesperada, pero esa violencia quedó gravada en mí para siempre”.
«Toda persona que sufre una violencia por homofobia o incluso se siente aborrecida en la calle podrá ahora procurar a esa unidad móvil. Esto ya es un gran avance para nosotros. Además, creo que sólo la presencia de equipamientos como éstos en regiones estratégicas hace que el prejuicio y la violencia contra la población LGBT se inhiban, al menos en esos lugares», afirma Athena.
«Es inaceptable que alguien sufra violencia por ser mujer, negro, por tener determinada religión y por su orientación sexual. El mundo está caminando hacia la aceptación de la diversidad y el respeto mutuo. Es así que se construye una ciudad. En São Paulo, somos 12 millones y tenemos que lidiar con la diversidad”, dijo el alcalde Fernando Haddad. «La unidad móvil es una demanda del público que desea más presencia del poder público para cohibir o inhibir cualquier forma de violencia en la ciudad.”
Rede Brasil Atual / Adital / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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MEXICO
26 MUJERES PERIODISTAS AGREDIDAS EN PROCESO ELECTORAL
Durante el reciente proceso electoral en México, 26 mujeres periodistas fueron agredidas por su labor informativa, en particular por cubrir los comicios a nivel municipal, y resultando como principal agresor el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunciaron organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El monitoreo “Elecciones 2015 y agresiones contra periodistas y el derecho a la libertad de expresión”, realizado por Propuesta Cívica, Periodistas de a Pie, Reporteros sin Fronteras, el International Center of Journalists (ICFJ) y FreedomHouse, revela que durante el proceso electoral fueron agredidos 62 periodistas de los cuales 26 fueron mujeres.
De acuerdo con el reporte, 31.57 por ciento de las agresiones a periodistas estuvieron relacionadas con el PRI, 18.42 con el Partido Acción Nacional (PAN), y otro 18.42 por ciento con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los estados que registraron más violencia contra el gremio fueron Guerrero (seis casos que involucran a siete periodistas y un medio de comunicación); Colima (cuatro casos con 10 periodistas); Veracruz (cuatro casos con seis periodistas y un medio), y Guanajuato (cuatro casos con siete periodistas agredidos).
Asimismo, las organizaciones destacaron que 50 por ciento de las agresiones contra la prensa están vinculadas a la cobertura de los procesos municipales; mencionaron además que las agresiones se relacionaron con candidatos, representantes o miembros de partidos, simpatizantes, e incluso autoridades electorales.
Las agresiones fueron desde demandas jurídicas, intimidación por medios digitales, hasta agresiones psicológicas y físicas.
Cabe decir que según el análisis del Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), de 2002 a 2013 se documentaron 184 casos de violencia contra mujeres periodistas.
Con información de Cimac / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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SUDÁN DEL SUR
NIÑAS ENTREGADAS COMO INDEMNIZACIÓN POR LA SANGRE DERRAMADA.
La desigualdad de género en Sudán del Sur es tan extrema que una joven tiene tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que terminar la educación básica, denuncia Plan Internacional, una de las principales organizaciones mundiales dedicadas al desarrollo de la infancia.
Una gran mayoría de las niñas de este país de África oriental habrá sido víctima de al menos una forma de violencia de género en sus vidas, pero las oriundas del estado de Ecuatoria Oriental padecen una práctica particularmente aborrecible, tradicional en al menos cinco de las 12 tribus locales: su entrega en “indemnización por la sangre derramada”.
«Una niña se toma como una mercancía que puede darse a cambio de la pérdida de vida de alguien, o como ‘dinero por la sangre derramada’, para mantener a la familia y la comunidad en paz”: Shanti Risal Kaphle.
“Cuando una persona mata a otra persona, la familia afligida espera que se le dé ‘dinero sangre’ como compensación por la sangre derramada”, explicó Dina Disan Olweny, directora de la no gubernamental Coalición de Organizaciones de Mujeres y Jóvenes del Estado, a IPS.
La mayoría de las tribus exigen compensación cuando se quita una vida en uno de los conflictos habituales sobre el ganado y las pasturas, asesinatos por venganza y otros motivos de fricción entre las aldeas.
Aunque muchas tribus reclaman entre 20 y 30 cabras como indemnización, Olweny indicó que “la mayoría de las familias no pueden pagar o no están dispuestas a hacerlo, y prefieren entregar a una de sus hijas”.
Según la especialista en protección infantil, Shanti Risal Kaphle, ” Una niña se toma como una mercancía que puede darse a cambio de la pérdida de vida de alguien, o como ‘dinero por la sangre derramada’, para mantener a la familia y la comunidad en paz”.
Kaphle explicó que la vida de la niña se negocia “sin su información ni consentimiento y está sujeta a la violencia, el abuso y la explotación”.
Esta práctica no escapa a la atención del gobierno, que fijó en unos 500 dólares el monto por la indemnización de una vida, pero la población tribal aún prefiere recibir a una niña como pago, con el argumento de que la cifra determinada por el Estado es insuficiente.
Los expertos señalan que una chica también es preferida como compensación por los familiares afligidos porque de esta manera puede casarse con uno de los suyos sin tener que pagar la dote, o puede ser dada en matrimonio cuando cumpla los 12 años y, a cambio, la familia recibirá un rebaño de cabras.
Muchas de las niñas entregadas por este concepto tienen apenas cinco años de edad. Se espera que se olviden de sus familias biológicas y empiecen de nuevo, cortando todo contacto con sus familiares naturales.
En este punto sus vidas pueden tomar un giro dramático para peor. Estas chicas pueden ser “sometidas a trabajo infantil y al abuso sexual, físico y emocional. Para escapar de este infierno, ahora muchas prefieren suicidarse”, denunció Olweny.
Los residentes de aquí dicen que las leyes consuetudinarias que perpetúan y legitiman estas formas de abuso tienen un papel fundamental en la resolución de los conflictos, ya que se considera un método barato y accesible, y las decisiones se toman sobre la base de las costumbres con las que están familiarizados.
También se considera que las leyes y las decisiones consuetudinarias son más amigables y llevan menos tiempo, según Kaphle.
Sin embargo, esta práctica es solo una más de los innumerables abusos que sufren las niñas en Sudán del Sur.
El estado de Bahr El Ghazal Occidental, por ejemplo, tiene una tradición que obliga a muchas jóvenes a abandonar sus estudios para contraer matrimonios precoces.
Linda Ferdinand Hussein, directora de la organización no gubernamental Organización de Mujeres para la Formación y Promoción, explicó a IPS cómo funciona esta tradición.
“Cuando la esposa de un hombre muere por algún motivo, el hombre puede exigir que se le devuelva la dote que pagó por la novia”, cuyo valor es variable, indicó. “Pero la mayoría de las familias no están dispuestas a pagar… así que le dan al hombre una de las hermanas menores de la esposa difunta en concepto de indemnización”, agregó.
Cuatro años después de la independencia de Sudán del Sur en 2011, los especialistas en protección de la infancia levantan la voz de alarma.
“La violencia de género contra las niñas sigue siendo perpetrada en una diversidad de maneras, tanto en tiempos de paz como durante el conflicto armado”, dijo Hussein.
Un informe publicado el 30 de junio por la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur reveló que el Ejército Popular de Liberación de Sudán y otros grupos armados asociados emprendieron una campaña de violencia contra la población de este país, caracterizada por su “brutalidad e intensidad”, la cual incluye la violación de niñas y jóvenes y su posterior inmolación dentro de sus casas incendiadas.
Un informe publicado en 2014 por la organización humanitaria Care, titulado “La chica no tiene derechos: la violencia de género en Sudán del Sur”, destacó las injusticias que padecen las niñas en el país africano.
Según Plan International, 7,3 por ciento de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 15 años y otro 42,2 por ciento se habrán casado entre los 15 y 18 años. Aunque 37 por ciento se matriculan en la escuela primaria, apenas siete por ciento concluyen sus estudios y solo dos por ciento avanzan al nivel secundario.
IPS / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – “DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA ES ECONOMÍA FEMINISTA PURA”
Entrevista a Sandra Ezquerra, activista social y profesora de Sociología en la Universidad de Vic
Brais Benítez
Socióloga e integrante del comité organizador del V Congreso Estatal de Economía Feminista, Ezquerra reivindica potenciar la perspectiva de género en la economía crítica
Sandra Ezquerra (Barcelona, 1976) es activista social y profesora de Sociología en la Universidad de Vic, donde coordina el Grupo de Investigación en Sociedades, Políticas y Comunidades Inclusivas (SoPCI). Entre el 2 y 4 de julio, la universidad ha acogido el V Congreso Estatal de Economía Feminista. Como integrante del comité organizador, Ezquerra valora de forma muy positiva que el certamen esté creciendo edición tras edición, y que este año haya contado con la participación de cerca de 400 personas. “A partir del estallido de la crisis comienza a haber un creciente interés entre el feminismo por cuestiones de economía”, subraya la socióloga, que destaca que “es uno de los pocos congresos que está consolidando un diálogo entre la Universidad y la sociedad civil”.
Para situarnos. ¿Qué es la economía feminista?
Es un área de conocimiento y de acción propios que en gran parte surge como crítica a los paradigmas económicos dominantes. Una crítica al hecho de que la economía convencional sólo considera economía aquello que implique un intercambio monetario, y se centra en el mercado laboral y en actividades mercantilizadas. Esto desde una perspectiva más analítica. Y desde una perspectiva más propositiva, el análisis de que los preceptos económicos dominantes están priorizando los intereses y las lógicas de las élites económicas y financieras por encima de la generación y regeneración de la vida. Reivindica actividades que garantizan el bienestar colectivo, humano, familiar, que históricamente es llevado a cabo por parte de las mujeres, y la creación de una economía que ponga esta generación de bienestar en el centro, no sólo del conocimiento sino también de las políticas públicas.
En este sentido, promueve indicadores de bienestar distintos a los actuales, como puede ser el PIB.
El PIB no refleja el nivel de bienestar, ni de la situación laboral, ni incluso de términos tan convencionales como es la productividad. Ya a partir de los años 80 se empieza a reclamar el valor de todas estas actividades no remuneradas, no mercantilizadas, pero que garantizan que la clase trabajadora vaya al trabajo cada día, que los niños vayan a la escuela, todo el cuidado emocional… Si fuesen parte de lo que llamamos la economía real, en el caso de Cataluña estaríamos hablando del 40% del PIB, así que no es una cosa menor.
O en el caso de la EPA, que nos habla de población económicamente activa e inactiva, y resulta que en la segunda no sólo hay mucha gente que está en el mercado laboral informal –muchas de las cuales son mujeres-, sino también las personas que están garantizando que la población ocupada, o la futura población ocupada, vayan avanzando.
Se hace una crítica a toda esta serie de indicadores, y surgen propuestas como las encuestas de usos del tiempo, que proponen no sólo contar cuánta gente está en el mercado laboral, sino qué hace cada uno a lo largo de la semana y cómo se distribuyen otras categorías a lo largo del tiempo, incluyendo el trabajo remunerado y no remunerado de las personas.
¿El trabajo de cuidados debería estar remunerado?
Es un debate histórico dentro del feminismo. En el congreso tuvimos la suerte de contar con Silvia Federici, que fue una de las protagonistas de la campaña que impulsó el feminismo en los años setenta pidiendo un salario para el trabajo doméstico. Para ellas era una manera de señalar la importancia de darle valor. Pero no ha habido nunca consenso entre el movimiento feminista, porque si bien podía servir para darle valor y otorgar autonomía a las mujeres que están haciendo este tipo de trabajo, existen dos críticas principales: que el hecho de remunerarlo no rompe con la división sexual del trabajo, en cierta manera la perpetúa; y que, como hemos visto con la ley de dependencia, estamos hablando de pagas de 400 euros, así que estás perpetuando la precarización de las mujeres.
¿Cómo ha afectado a las mujeres el aumento de la desigualdad que hemos experimentado en los últimos años?
La posición más vulnerable de la mujer en términos económicos se agrava con la crisis. Se ha hablado mucho de que si con la crisis las mujeres vuelven a casa, pero el hecho es que estamos trabajando más que nunca en el mercado laboral, por toda la destrucción de ocupación masculina que se ha producido en los últimos siete años, y estamos trabajando más que nunca en el hogar por toda la destrucción de servicios públicos que ha habido en los últimos cinco años. Existe una doble precarización y un aumento de la carga de trabajo global.
Desde hace años existe una creciente demanda de cuidados y una decreciente oferta de cuidadoras, lo cual pone en manifiesto que la organización tradicional de los cuidados en el contexto capitalista no funciona, y eso con la crisis económica se incrementa. Este ha sido un análisis muy periférico incluso dentro de la izquierda y de la economía crítica de la crisis, y no se pueden entender todos los efectos de la crisis si esta perspectiva no se tiene en cuenta.
¿Echa de menos un mayor peso de las cuestiones de género en las nuevas formaciones políticas de izquierdas?
En el caso de Podemos, y pienso en las elecciones europeas, con la Ley Gallardón sobre la mesa y que era un momento de mucha emergencia, escogieron tres o cuatro ideas fuerza (crisis de partidos, corrupción, regeneración democrática…) que analizaron que generaban consenso de manera transversal. Y en este sentido no consideraron que el derecho al propio cuerpo fuera una de esas ideas transversales, de manera muy equivocada desde mi punto de vista. También pasa por la presencia de mujeres en lugares de visibilidad, como sucede con el gobierno griego o en las mismas caras visibles de Podemos… Creo que tienen mucho trabajo a hacer y hace falta revisar cómo se está haciendo esta nueva política.
Por otro lado sí me gustaría destacar trabajos como los que se están haciendo por ejemplo en Barcelona En Comú, que tienen un eje de género muy potente y que a nivel de gobierno municipal ha creado una concejalía con gente muy fuerte, con un equipo sobre todo de mujeres, pero no sólo, de lo mejor a nivel activista y técnico que existe en estos momentos en España. Así que también hay estas sorpresas positivas que espero que se vayan contagiando.
¿Qué importancia tiene la llegada a las instituciones de colectivos procedentes de los movimientos sociales que hace años que desarrollan nuevas prácticas que sitúan en una posición central a los cuidados y la vida?
Creo que es fundamental. Estamos hablando de la capacidad de generar hegemonía, de que estos discursos dejen de ser marginales y reciban una atención central. En el caso de Barcelona, con mucha gente que viene de la PAH, defender el derecho a la vivienda es economía feminista pura, estamos hablando de la reproducción de la gente, y de garantizar las condiciones de vida básicas y los derechos humanos. El trabajo que ha hecho la PAH la hora de ubicar la vivienda en el centro del debate político y social en los últimos años me parece fundamental. ¿Por qué no hacerlo con las guarderías? Que los padres y madres se movilicen para que sus hijos tengan acceso a una educación gratuita y de calidad universal. O con las becas comedor. Se debe crear hegemonía en el sentido de no acercarte al centro sino desplazar el centro hacia estas ideas. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de que esto suceda, y el movimiento feminista tiene mucho a contribuir.
En las jornadas ha habido una participación importante de mujeres de América Latina. ¿La situación de las trabajadoras del textil es paradigmático de la precariedad que impone en ciertos sectores, en el que las mujeres tienen un papel destacado?
Por supuesto. Esta edición ha sido el congreso en el que ha habido más mujeres latinoamericanas y también más mujeres migradas residentes en España. La presencia sobre todo de compañeras de Nicaragua fue impresionante. Hablaron de las condiciones de vida de las trabajadoras en las maquilas, en Centroamérica, y fue muy interesante el hilo que se dibujó entre las condiciones de vida de las mujeres en América Latina y las condiciones de vida de las mujeres en Europa, y cómo a pesar de las diferencias hay vínculos que se pueden movilizar para librar frentes comunes.
Uno de los plenarios se hizo sobre el TTIP, con mujeres que están luchando en Europa desde una mirada feminista, y con toda la resistencia latinoamericana contra los tratados de libre comercio, que sobre esto nos pueden explicar muchísimo ellas a nosotras. Fue todo un lujo y muy emotivo.
El Congreso aprobó una declaración contra el TTIP y también de apoyo al pueblo griego. ¿Qué lectura se puede hacer del resultado del referéndum en Grecia desde la perspectiva de la economía feminista?
Básicamente se trata de un rechazo a las políticas económicas que está impulsando la troika, de reducir más las pensiones, de hacer más recortes… Una defensa del ‘no’ no considero que sea una defensa entusiasta del gobierno de Syriza, porque hay muchos matices, pero en todo caso es una excelencia noticia de que por primera vez un gobierno se levante ante los acreedores. Desde la economía feminista es un ejemplo de cómo priorizar el garantizar el bienestar sobre los beneficios económicos.
¿Llegará algún día a desaparecer la coletilla de “feminista” porque esta serie de valores se hayan integrado en la concepción económica imperante?
Esta es la intención. Una de las claves que contaba Silvia Federici es que la economía como ciencia social y ámbito de conocimiento ha sido seguramente el área más impermeable a cualquier crítica, ya sea desde el feminismo, desde el anticolonialismo… Con todos los avances que ha habido en las ciencias, la economía ha sido la más inamovible, y la principal razón es porque es la ciencia social que más cerca está de poder, y eso ha hecho que se mantenga en su burbuja. Estoy muy de acuerdo con eso. La sociología, e incluso las ciencias políticas, se han dejado alimentar más por estos contra-relatos… Pero esto está abierto, y esperamos seguir empujando para que estos relatos y estas alternativas a la hora de analizar, de proponer y de construir vayan teniendo cada vez más relevancia.
La Marea / COMCOSUR MUJER No. 457 – 15/07/2015
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
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