1) Declaración de AMARC Uruguay ante las amenazas del Director Nacional de Telecomunicaciones Dr. Guzmán Acosta y Lara /Amarc
2) Uruguay: La Asociación Mundial de Radios Comunitarias rechazó “amenazas” del director de Telecomunicaciones y cuestionó su desconocimiento sobre el sector
3) Uruguay: Causa FUSNA, Gavazzo declara como indagado este viernes por teleconferencia /La Diaria
4) Uruguay: El Centro Militar plantea preocupación por la revisión histórica que propone el gobierno /La Diaria
5) Uruguay: Recortes y pujas internas debilitan áreas esenciales del Ministerio de Ambiente /Víctor L. Bacchetta
6) Un Far West denominado Tierra
Más balas que seres humanos /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2276 / miércoles 25.11.2020
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1) DECLARACIÓN DE AMARC URUGUAY ANTE LAS AMENAZAS DEL DIRECTOR NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DR. GUZMÁN ACOSTA Y LARA
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Uruguay /23.11.2020
AMARC Uruguay rechaza las amenazas realizadas por el Director Nacional de Telecomunicaciones Dr. Guzmán Acosta y Lara en declaraciones al diario El Telégrafo de Paysandú, publicadas el 23 de noviembre de 2020, sobre el inminente cierre de radios comunitarias.
Las radios comunitarias somos medios de propiedad social, propiedad colectiva, por lo que constituimos un sector de la comunicación que responde a los intereses de las comunidades en las que trabajamos, y no a los partidos políticos, ni a instituciones religiosas. Eso nos diferencia de los medios estatales, que son controlados por los gobiernos de turno, y los medios comerciales, que en su mayoría son controlados por empresarios, y que en algunos casos también responden a partidos políticos.
Las adjudicaciones de frecuencia a las radios comunitarias han sido realizadas conforme a la ley, con mecanismos transparentes y participativos, a diferencia de lo que han sido las adjudicaciones de frecuencia en la historia de nuestro país.
Por otra parte la ley uruguaya de Radiodifusión Comunitaria (Nº 18.232) ha sido referencia a nivel mundial y destacada por varios organismos internacionales por ser vanguardia en materia de libertad de expresión. Desde AMARC lamentamos que el nuevo director de DINATEL desconozca lo concerniente a la ley, al sector y a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Reafirmando su desconocimiento, además de efectuar amenazas generalizadas hacia el sector, amenaza directamente a Horizonte FM de Paysandú, radio que funciona hace más de 15 años en la ciudad de Paysandú, y que desde 2008 opera de forma regularizada bajo la Ley 18.232 “Servicio de radiodifusión comunitaria”.
Desde AMARC nos solidarizamos con Horizonte FM de Paysandú por el ataque sufrido y exigimos que el Ministerio de Industria, Energía y Minería explique los dichos de su director y la política que llevará adelante, y que el Director Nacional de Telecomunicaciones aclare sus dichos inmediatamente.
Invitamos a las autoridades a informarse sobre qué es el sector comunitario de radiodifusión, quienes somos, de dónde venimos y que fines perseguimos.
Voceros:
Orlando Santos, integrante de Horizonte FM – Paysandú – Cel +598 99 447 710
Alexis Espíndola, representante de AMARC en la CHASCA – Cel +598 95 511089
Miguel Dell Acqua, Mesa Nacional de AMARC – Cel +598 99 934 137
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Uruguay
www.amarcuruguay.org
mesanacional@amarcuruguay.org
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2) URUGUAY: LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS RECHAZÓ “AMENAZAS” DEL DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y CUESTIONÓ SU DESCONOCIMIENTO SOBRE EL SECTOR
La Diaria /24 de noviembre de 2020
Guzmán Acosta y Lara dijo que las frecuencias se dieron al “tun tun” durante los gobiernos frenteamplistas.
El director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo este lunes a El Telégrafo que las radios comunitarias “que no cumplen la finalidad y compiten en forma ilegal, sin lugar a dudas van a cerrar”. Se refirió a las radios que “hacen actividad religiosa” y a “las que son clubes políticos encubiertos” y aseguró que “no podrán seguir” o se tendrá que modificar la Ley de Radiodifusión Comunitaria (18.232), aprobada en 2007.
El jerarca cuestionó el proceso de entrega de frecuencias a las radios comunitarias durante los gobiernos frenteamplistas y dijo que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) está trabajando para “hacer algo en forma planificada y organizada, y no como se dieron en estos 15 años que se daban al tun tun”.
Para Acosta y Lara es una “vergüenza” lo que “ocurrió en estos 15 años con las radios comunitarias, como la que ustedes tienen en un contenedor en plena plaza pública, es vergonzoso”, en referencia a la radio Horizonte FM Paysandú, que transmite desde la plaza de deportes de la ciudad.
“Cuando a las radios comerciales se les exige una potencia y a las radios comunitarias amigas se les da potencia de más, eso es vergonzoso y es corrupción. Eso va a cambiar, vamos a poner la cancha en orden”, afirmó.
Ante estas declaraciones, la sede uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Uruguay) emitió un comunicado en el que rechazó las “amenazas” del jerarca sobre el “inminente” cierre de radios y cuestionó el desconocimiento del director nacional de Telecomunicaciones sobre el funcionamiento y la regulación de los medios comunitarios en el país.
En el comunicado, Amarc explica que las radios comunitarias son “propiedad social” y “colectiva”, por lo que responden “a los intereses de las comunidades” y “no a los partidos políticos, ni a instituciones religiosas”. Se afirma que las adjudicaciones de frecuencias “han sido realizadas conforme a la ley, con mecanismos transparentes y participativos, a diferencia de lo que han sido las adjudicaciones de frecuencia en la historia de nuestro país”.
“Lamentamos que el nuevo director de Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) desconozca lo concerniente a la ley, al sector y a los estándares internacionales de libertad de expresión”, sostiene AMARC en el comunicado y rechaza las amenazas al sector y en particular a Horizonte FM de Paysandú, una radio que funciona hace 15 años.
Un poco de historia
Un primer paso para regularizar la situación de las radios comunitarias fue el censo nacional en 2008. El objetivo era hacer un mapa de radios comunitarias en Uruguay y analizar qué radios cumplían con los criterios de la ley. En ese proceso, muchas radios fueron descartadas porque tenían una orientación comercial o religiosa, explicó Alexis Espíndola, representante de AMARC en la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca).
“El proceso fue abierto y público. Tuvimos que presentar nuestros proyectos comunicacionales, ir a audiencias públicas y si cumplías con los requisitos se hacía la regulación”, explicó. En ese sentido, dijo que Acosta y Lara “diga que hubo corrupción por lo menos demuestra una importante ignorancia”.
Desde 2008, la ley de servicios de radiodifusión comunitaria regula el proceso de adjudicación de frecuencias: el Estado hace un llamado, las radios presentan proyectos y se realiza una audiencia pública. El Poder Ejecutivo, en base a un informe técnico de la Ursec y la opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determina si cumple o no con los requisitos. El concurso es “abierto y público”. Con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se toma lo dispuesto por la ley 18.232, en el artículo 141.
Para Espíndola, lo que es “vergonzoso” es que el director de Dinatel amenace con cerrar Horizonte FM, una radio que cumplió con todo ese proceso, solo “porque no le gusta el lugar físico donde transmite. El hecho de que una radio esté en una plaza pública es simbólico. Ahí claramente hay una diferencia de cómo entendemos la comunicación”.
Orlando Santos, integrante de Horizonte FM, contó a La Diaria que el trámite para poder transmitir en la plaza de deportes duró 18 meses, se presentó un proyecto y se firmó un comodato por cinco años con el Ministerio de Turismo. “No creo que este señor conozca el lugar donde está la radio, ni el proyecto comunicacional o el rol de 15 años que ha tenido la radio en la comunidad”, señaló Santos. A modo de ejemplo, contó que los estudiantes del liceo 6 de Nuevo Paysandú y de la escuela 71 han hecho programas en la radio como parte del proceso educativo.
“Es una caja de chapa, pero cumple una función social”, resaltó Santos. Al primer censo nacional se presentaron 412 radios,
Horizonte FM fue una de las 35 primeras en recibir la adjudicación. “No es poca cosa”, valoró, y explicó que tienen personalidad jurídica y cumplen con todos los requisitos para transmitir. “Hay un montón de condiciones que cumplir. No es un juego hacer radio. Tenemos las mismas obligaciones que una radio comercial, pero no las mismas ventajas. No entiendo qué molestia podemos causar”, concluyó.
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3) URUGUAY: CAUSA FUSNA, GAVAZZO DECLARA COMO INDAGADO ESTE VIERNES POR TELECONFERENCIA
La Diaria, 23.11.2020
La jueza habilitó su testimonio de forma no presencial por razones de salud.
El coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo declarará este viernes ante la jueza penal de 26º turno Ana de Salterain y el fiscal en lo penal de 2º turno Gilberto Rodríguez por la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la sede del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) entre 1972 y 1985.
Por razones de salud, la jueza permitió a Gavazzo declarar por videoconferencia desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria. Los abogados denunciantes, Rodríguez y De Salterain estarán en la sala de videoconferencias de la Oficina Penal Centralizada, ubicada en Juan Carlos Gómez y Reconquista.
En diálogo con la diaria, Ríos señaló que Gavazzo declarará como indagado sobre su conocimiento y participación en los hechos ocurridos en el Fusna, donde decenas de militantes fueron recluidos y torturados, y en algunos casos permanecieron varios años en el predio militar.
Pese a que la causa fue abierta en 2012, aún se encuentra en etapa de presumario, debido a diferentes recursos presentados por la defensa de los denunciados que alargaron el proceso. De todas formas, quedan pocas diligencias que concretar antes del pronunciamiento fiscal, para el que será necesario revisar las diferentes etapas de la causa, en la que participaron varios jueces y fiscales. Si bien se trata de una causa por violación a los derechos humanos, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe debió excusarse por conocer a alguien de la parte denunciante.
Los denunciantes son unas 50 víctimas del terrorismo de Estado, en su mayoría militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y del Grupo de Acción Unificadora que estuvieron detenidos en la sede del Fusna, que funcionaba en el Puerto de Montevideo.
En 2014 la jueza actuante, Julia Staricco, realizó una inspección ocular en el lugar, en la que unos 20 ex presos políticos reconocieron varios de los lugares donde fueron recluidos y torturados, pese a que el edificio sufrió algunas modificaciones.
El Fusna fue utilizado como centro clandestino de reclusión con prácticas sistemáticas de tortura, y allí los enlaces de inteligencia se comunicaban directamente con los jefes de unidad o con el comandante en jefe. Según declaró el ex comandante en jefe de la Armada Juan Fernández Maggio, el Fusna tenía la función de, “mediante investigación propia o datos que se le pasaban, hacer allanamientos, detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”.
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4) URUGUAY: EL CENTRO MILITAR PLANTEA PREOCUPACIÓN POR LA REVISIÓN HISTÓRICA QUE PROPONE EL GOBIERNO
La Diaria /12 de noviembre de 2020
Ex militares quieren participar del proceso si es “objetivo”: “si hablamos seriamente es una cosa, si es la versión de los tupas o de los comunistas es otra cosa”.
El Ejército inició un proceso de revisión de la currícula de la educación militar sobre los hechos del pasado reciente, ocurridos en los últimos 60 años. La iniciativa surge del Comandante en Jefe, Gerardo Fregossi, y tiene el visto bueno del ministro de Defensa y del presidente de la República. El objetivo, según indica el Ejército en un comunicado, es “fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza sobre la realidad histórica del período 1958-2020, a partir de una visión amplia, procurando desarrollar la capacidad individual para la interpretación del período a ser analizado”.
Rápidamente llegaron reacciones del gobierno y de la oposición, pero también de otros actores de la sociedad. Por un lado, según informa este jueves Búsqueda el coronel retirado Carlos Silva Valiente, presidente del Centro Militar, que nuclea a retirados de las Fuerzas Armadas, dijo que no tiene claro “cuál es la maniobra ni su alcance”.
Destacó que se enteraron del tema por la prensa y que buscarán comunicarse con el Ejército para conocer en profundidad la iniciativa. “En términos generales los militares están preocupados con el tema, por ver por dónde salta la liebre. A mí personalmente me preocupa saber de qué se trata”, sostuvo el presidente del Centro Militar.
Silva Valiente agregó que el colectivo solicitará ser invitado al debate porque tienen “gente con nivel académico” para realizar aportes, siempre y cuando la revisión que plantea el Ejército sea objetiva. “Si hablamos seriamente es una cosa, si es la versión de los tupas o de los comunistas es otra cosa. Lo que quiero saber es si se trata de invitar a gente que no conoce al Ejército y habla, si prevalece la opinión de esa gente, porque el 62% de la población tiene una opinión favorable de las Fuerzas Armadas y es una minoría que trata de jorobar con eso de que las Fuerzas Armadas no son queridas”.
Por otra parte, la revisión propuesta por el Ejército fue bien recibida por Crysol, la asociación que reúne a expresos políticos. La organización asegura que es “imprescindible para afirmar la democracia que el Ejército reflexione críticamente sobre el papel desempeñado” y piden enfocarse en lo ocurrido desde que Jorge Pacheco Areco impuso las medidas prontas de seguridad en junio de 1968.
La Diaria
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5) URUGUAY: RECORTES Y PUJAS INTERNAS DEBILITAN ÁREAS ESENCIALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE
La incertidumbre de los contratos del personal técnico del área ambiental debido a limitaciones presupuestales y diferencias políticas pone en cuestión la función de la nueva cartera.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada
El vencimiento el 31 de diciembre próximo de los contratos de 81 funcionarios técnicos en el novel Ministerio de Ambiente desató una crisis semejante a la de junio último cuando vencieron 71 de esos mismos vínculos laborales. Las demoras en la renovación hizo que los trabajadores afectados estuvieran más de dos meses sin cobrar su salario, pero los inconvenientes trascienden los perjuicios laborales y económicos.
La revisión de contratos que antes eran renovados casi automáticamente está alterada por las decisiones del nuevo gobierno que, para enfrentar un elevado déficit fiscal y la presión tributaria, redujo en 15% los gastos del Estado en 2020 en comparación con 2019. Las reducciones presupuestales nunca son parejas y dan lugar a una lucha por prioridades que tiene como trasfondo las políticas del área en cuestión.
Esas circunstancias se acentúan al tratarse de un organismo donde, más allá del consenso legislativo en su creación, existen diferentes enfoques sobre la manera de ejecutar sus responsabilidades. Entre ellas se encuentran la preservación de los ecosistemas y el control de las cianobacterias en las corrientes de agua, o las autorizaciones ambientales de proyectos como la nueva planta de celulosa de UPM y la disposición final de la basura.
Las condiciones de creación del ministerio agudizaron las dificultades de gestión. En el inicio del gobierno el área quedó a cargo de Cabildo Abierto, se previó que luego sería asignada al Partido Nacional, pero la imprevista renuncia de Talvi a la Cancillería lo hizo caer en el Partido Colorado. Mientras no sea sancionada la Ley de Presupuesto, Cabildo Abierto siguió firmando resoluciones del nuevo ministerio.
Con el colorado Adrián Peña, de Ciudadanos, como ministro, el nacionalista Gerardo Amarilla, del sector Todos, como subsecretario, y de subdirectores Eduardo Andrés, de Cabildo Abierto, o Andrés Saizar, de la Lista 15, entre otros, el nuevo ministerio es un ‘Frankenstein político’ cruzado por orientaciones y personalidades disímiles, en donde los funcionarios no encuentran una dirección segura frente a la cual plantear sus problemas.
En junio de este año, la Dinama poseía 106 profesionales, administrativos y técnicos especializados en distintas áreas de la temática ambiental con contratos a término. Todos habían ingresado por llamado público, tenían una antigüedad media de cinco años, 10% con antigüedad mayor de 10 años. El vínculo contractual es de Servicios Personales, por lo que deben afiliarse a la Caja de Profesionales y al BPS.
De ese total existente en junio, no fueron renovados 10 contratos correspondientes a cinco técnicos del área de Información, Planificación y Calidad Ambiental, y cinco del área Ecosistemas. Asimismo, en los nuevos contratos se incorporaron reducciones horarias no voluntarias afectando del 20 al 50 por ciento del horario anterior de ocho funcionarios, cinco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Trabajar sin cobrar
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, el lunes pasado, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó que «ya hay una veintena de contratos renovados en la Dinama, más siete que están en camino» y agregó que más del 90% de los contratos van a ser renovados a fines de diciembre. Sin embargo, los funcionarios no tienen noticias de tales renovaciones.
En los últimos días, una delegación de funcionarios reclamó al titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Eduardo Andrés, iniciar la renovación de los contratos que están por vencer en un mes. El trámite de renovación tiene una demora de dos a tres meses donde estos funcionarios, además de verse obligados a trabajar sin cobrar, deben seguir cumpliendo los aportes profesionales y al BPS.
«El clima de incertidumbre provocó la renuncia de trabajadores en áreas claves para la Dinama, lo que sumado a los contratos que no fueron renovados en junio, debilita las capacidades de algunas áreas, sobre todo de personal con presencia en el territorio, como el SNAP y del Departamento de Gestión Costero Marino», declaró a Sudestada la socióloga Soledad Ávila, en representación de los funcionarios contratados.
Obviamente, la desarticulación de los equipos técnicos implica pérdida de capacidades adquiridas en varios años, muy difíciles de compensar en el corto plazo. La paradoja de haber creado un Ministerio de Ambiente con el fin de fortalecer la política ambiental y -en cambio- estar debilitándolo, no es un resultado casual sino el producto de diferentes enfoques sobre el rol que este organismo debería desempeñar en esta coyuntura.
La inestabilidad de la situación de los funcionarios llegó al extremo de que se realizó un concurso para un contrato de seis meses y, luego de adjudicado, se plantea reducirlo a tres. En el nuevo ministerio, los funcionarios comenzaron a formar el sindicato correspondiente, con la diferencia de que ahora buscarán reunir a los funcionarios presupuestados y contratados en la misma organización.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2276 / miércoles 25.11.2020
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6) UN FAR WEST DENOMINADO TIERRA
Más balas que seres humanos
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
Cada año se fabrican en el mundo 12.000 millones de balas. Suficientes como para matar a toda la población terrestre. Las Naciones Unidas calculan que circulan en el mundo mil millones de armas cortas, utilizadas en el 50% de todas las muertes violentas -en el quinquenio 2010-2015-, que significa unas 200 mil víctimas anuales. Las balas matan tanto como el hambre y las pandemias. Aunque las víctimas de los conflictos se diluyen, muchas veces, en estadísticas, y solo ocupan, muy de vez en cuando, las tapas de los diarios.
El comercio de armas sigue creciendo a ritmo acelerado. El 70 % de las ventas están en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.
En pocos días, el domingo 29 de noviembre, el electorado suizo se pronunciará en las urnas sobre una Iniciativa Popular contra la industria armamentística. Cada día suenan más fuertes las voces críticas de la sociedad civil del norte ante la doble moral de los países ricos. Quienes, al mismo tiempo que firman tratados de control del comercio mundial de material bélico y acuerdos de desarme, siguen lucrando con las guerras y conflictos.
Industria de la muerte en expansión
El volumen de transferencias de las principales armas entre el 2015 y el 2019 fue un 5.5% mayor que en el quinquenio anterior. Y un 20% superior al del periodo 2005-2009. Los principales exportadores: Estados Unidos, Rusia, Francia. Alemania y China. Y los importadores más activos Arabia Saudita, India, Egipto, Australia y China.
En el último lustro, el aumento más significativo de las ventas fue hacia al Oriente Medio (61%) y hacia Europa (3.2%), subraya el último informe del Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo (SIPRI, según sus siglas en inglés), publicado en el primer semestre del 2020. (www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019.pdf).
Las razones son diversas según los autores del estudio: los conflictos en Medio Oriente; la modernización de equipamientos militares que no está relacionada con los conflictos inmediatos; así como la voluntad de la defensa en el mundo entero.
La publicación destaca también que Estados Unidos y Francia se encuentran entre los países que más aumentaron sus exportaciones de material bélico. Además de liderar la venta de armamento mundial, el país norteamericano incrementó un 23% su comercio. Francia, por su parte, vendió un 72% más que hace cinco años.
Esta tendencia creciente no es nueva: desde hace dos décadas el comercio de armas no deja de engrosarse, igual que el gasto de defensa en numerosos países. Según el SIPRI, el gasto militar mundial en 2017 representó 1.74 billones de dólares, la cifra más alta desde el final de la Guerra Fría.
En el continente europeo, Francia -3er exportador de armas a nivel mundial- vendió entre el 2015 y el 2019 el 7,9% de todo el armamento a nivel planetario. Los principales receptores de sus productos fueron Egipto, Qatar e India, que priorizan sobre todo los aviones de combate Rafale, que representan un cuarto de las exportaciones galas. Francia concibe la industria armamentística como una base necesaria de su autonomía estratégica y política. Sin embargo, la demanda interna es insuficiente (…) por eso promueve la exportación de armas con vigor, señala uno de los expertos que participaron en la elaboración del informe SIPRI.
Actualmente, Arabia Saudita importa el 12% de las armas del mundo, el porcentaje más elevado a escala internacional. En 2019, Amnistía Internacional exigió públicamente un parate de las ventas militares a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dada su implicación en el conflicto en Yemen. Demanda que no fue considerada por los exportadores: varios países, entre ellos, Francia, España y Estados Unidos, mantienen inalterable el comercio con el país saudita.
Con respecto a América Latina, los dos principales importadores de material militar del continente son Brasil (puesto 34 en la escala mundial) y México (36). Brasil prioriza materiales provenientes de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. El país azteca, pone el acento en las compras a Estados Unidos, España y Francia en ese orden de prioridad. Cada uno consume el 0.6% del total de las importaciones mundiales.
Voces ciudadanas críticas
En el primer semestre del año en curso las empresas suizas exportaron material bélico por algo más de 500 millones de francos -unos 550 millones de dólares estadounidenses. Casi el doble que en el mismo periodo del 2019. Las ventas van a 55 países. El principal destino es Indonesia que en el primer medio año del 2020 desembolsó 110 millones de francos. Comprador *distinguido* en el continente africano, Botsuana, que adquirió vehículos acorazados por 64 millones de francos.
El último informe del SIPRI ubica a Suiza en el puesto 13 entre los exportadores mundiales de armamento con un 0.9% del total de las ventas. A pesar de su pequeñez geográfica y poblacional, se ubica, en este sector, por delante de potencias como Canadá y apenas detrás de muchas de las grandes naciones europeas, por ejemplo, Italia, que ocupa el 9no puesto.
En su edición del 18 de noviembre el cotidiano helvético Le Courrier titulaba “Las armas suizas también matan”. El mismo retoma la indignación del Grupo por una Suiza sin ejército (GSsA, según sus siglas en francés) dado que Bangladesh, Indonesia y Brasil se encuentren entre los principales compradores de armas helvéticas en los dos últimos años. Las tres naciones conocidas por problemas repetidos en el respeto de los derechos humanos. Y cita a la ONG suiza Terre des Hommes, activa en Brasil, quien a fines de octubre había expresado su inquietud por el destino de las armas exportadas al gigante sudamericano. “La política represiva de Jair Bolsonaro a nivel de orden público alimenta la violencia armada y de parte de la policía en las favelas…Existe un alto riesgo que las armas vendidas a las fuerzas de seguridad sean utilizadas contra la población civil”, expresaba uno de sus portavoces. Recordando que en el año 2019, policías brasileros fueron responsables de 6357 muertes.
Un artículo de swissinfo.ch (la antigua Radio Suiza Internacional) titulaba en febrero de este año: ¿Cómo llegan las armas suizas a las zonas de conflicto? Afirmaba que “las exportaciones autorizadas de armas también fueron a parar a países como Pakistán, Israel y otros territorios de Oriente Medio” … (así como) a países involucrados en la guerra de Yemen, incluyendo Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Enfatizando que existe preocupación dado que las exportaciones suizas de armas a países involucrados en conflictos internos o externos están aumentando. “También hay informes que señalan que, aunque esté prohibido, armamento helvético ha estado llegando a países como Siria, Libia y Yemen”.
Las exportaciones de armas y material bélico suizos acaparan, desde años, numerosas críticas. Dos iniciativas populares han puesto a la industria armamentista suiza en la mira. Una de ellas, “Por una prohibición del financiamiento a los productores de materiales bélicos” será votada el próximo domingo 29 de noviembre. La misma pretende poner fin a las inversiones helvéticas en este ramo. Su objetivo es que el Banco Nacional Suizo, las cajas de pensiones y los fondos privados de previsión no puedan invertir en empresas que obtengan más del 5% de su volumen de ventas a partir de fabricación de material de guerra. (www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20201129/initiative-populaire-pour-une-interdiction-du-financement-des-producteurs-de-materiel-de-guerre.html).
Los promotores de esta propuesta son el Grupo por una Suiza sin ejército y sectores progresistas -Verdes, socialistas, izquierda extraparlamentaria etc. Para ellos, en tanto nación neutra, la Confederación Helvética “debe renunciar a obtener beneficios de las víctimas de guerra”.
Aunque las encuestas no le dan chances de triunfo, esta Iniciativa Popular logró en los últimos meses avivar el debate sobre el tema en una coyuntura en el que el Gobierno -con el respaldo justo del 50.1% de la ciudadanía en las urnas el pasado 27 de septiembre- va a renovar su flota de aviones de combate por un monto de 6.000 millones de francos. Temática muy contestada por el 49.9% de los votantes que disiente con esta tendencia militarista.
Otra iniciativa, todavía sin fecha para su votación, y que tendría mayor posibilidad de triunfo, propone impedir la venta de armamento y equipos a países en guerra civil o que violen de forma grave los derechos humanos.
En los papeles, teóricamente regulado
Una parte importante de este negocio mundial de material bélico se da a pesar de los esfuerzos formales de la comunidad internacional por regularlo. El 24 de diciembre de 2014 las Naciones Unidas aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas
(unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Espa%C3%B1ol1.pdf) que busca “establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar … el comercio internacional de armas convencionales”. El documento que no fue ratificado por algunas de las principales potencias mundiales busca prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales, así como su desvío. En la perspectiva, como dice el texto, de “contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional y reducir el sufrimiento humano”.
El cumplimiento del Tratado implicaría que antes de que se produzca una transferencia de armas, el Gobierno proveedor debe evaluar los riesgos asociados a la transacción conforme a estrictos criterios como, por ejemplo, si las armas pueden utilizarse en crímenes de guerra o violaciones de los derechos humanos. Si existe un riesgo sustancial de que esto ocurra, el vendedor no debería autorizar la transferencia.
Entre los dichos y los hechos existe un largo trecho dominado por la propia industria bélica mundial, muy insertada en las esferas del poder en la mayor parte de las naciones más enriquecidas del planeta. Éstas zigzaguean continuamente entre el derecho internacional, la intervención militar directa o la comercialización de armas y municiones, las que en manos locales terminan siempre haciendo estragos incalculables.
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2276 / miércoles 25.11.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
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SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
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