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LA CRISIS CLIMÁTICA AL ROJO VIVO – comcosur informa 2017 – 20.08.2021

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021 – Hoy:

1) La crisis climática al rojo vivo /Sergio Ferrari
2) Ecuador: El gobierno quiere vender los medios incautados durante la gestión de Rafael Correa
3) Uruguay: Las vaquitas son ajenas /José Antonio Rocca
4) Uruguay: Coordinación por una Comunicación Democrática sostiene que el proyecto de Rendición de Cuentas perjudica a emisoras comunitarias.
5) Uruguay: La postergada reparación histórica a afrodescendientes del Barrio Sur /Eduardo Delgado
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Teatro Florencio Sánchez: “La bailarina de maguncia”
II. De la vieja estirpe – Música
III. “Los extranjeros” en la Cantina Urreta – Música
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021¬¬
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1) LA CRISIS CLIMÁTICA AL ROJO VIVO
El planeta arde

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

Los incendios se expanden aquí y allá, en tanto las inundaciones se multiplican. El planeta padece un hoy dramático. Los científicos lo acaban de reiterar. Sin embargo, gobiernos y poderes económicos, así como muchos comportamientos individuales y colectivos, no condicen con la magnitud del cataclismo, uno de los peores de la vida desde el origen de la Tierra.

Enormes extensiones de Turquía y Grecia están hoy bajo las llamas. Más de 93.000 hectáreas, en diversas islas de esa región y hasta en las afueras de Atenas, quedaron reducidas a cenizas entre el 29 de julio y mediados de agosto. De 2008 a 2020, unas 2.300 hectáreas se incendiaron, como promedio, en agosto de cada año.

La región más fría de la Siberia oriental también explota a paso redoblado. Según la agencia meteorológica rusa Rosguidromet, más de 3.4 millones de hectáreas de bosques se han quemado. Y el fuego continúa a propagarse. El humo y las cenizas recorren 3.000 kilómetros desde la Sajá-Yakutia, epicentro actual del fuego, hasta el Polo Norte, diseñando a su paso un fenómeno nunca antes visto. En el extremo oriente, enormes extensiones de Australia siguen evaporándose bajo las llamas.

Apenas algunas semanas atrás, en julio, la Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania, así como la Renania del Norte-Westfalia y zonas de Baviera, se vieron arrasadas por inundaciones con el lastre de centenares de muertos y desaparecidos. Todo con una magnitud desconocida hasta ahora. Los Países Bajos, Bélgica y Suiza vieron sus ríos y lagos desbordados anegando regiones enteras, con el corolario de pérdidas significativas en la infraestructura y la producción agrícola.

Canadá y regiones de Estados Unidos estallaron debido a temperaturas superiores a los 50° y las llamas, incontrolables, causadas por tanto calor. Regiones importantes de España se confrontaron en días pasados a una fuerte ola de calor. Sicilia y Cerdeña, al sur de Italia, registraron la semana pasada, las temperaturas más elevadas de la historia europea (superando los 48 grados centígrados de Atenas en 1977).

También la Amazonia, el año pasado, protagonizó incendios de dimensiones continentales. Los huracanes en serie, más devastadores que nunca en América Central y el Caribe en noviembre-diciembre del 2020, y los tifones trágicos en el Asia lejana, confirman que las condiciones climáticas del planeta entero están empeorando.

Y esta lista es solo escueta. En la actualidad, casi en cada país o región se producen fenómenos climáticos particulares –sequías prolongadas, bajantes de ríos, inundaciones descontroladas, entre muchos otros etc.– resultantes, en gran parte, de las alteraciones aceleradas del ecosistema.

Drama global

Los expertos coinciden en señalar que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una velocidad sin precedentes. Anticipan, incluso, que algunos de estos cambios, tienen ya consecuencias irreversibles por miles y, aun, cientos de miles de años. El medicamento es simple: solo una acción enérgica y duradera para reducir los gases de efecto invernadero puede limitar el impacto de estas alteraciones.

La segunda semana de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés) (www.ipcc.ch/languages-2/spanish/ ) publicó un nuevo informe que demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas son responsables del calentamiento del planeta en un 1.1° grados centígrados entre el periodo 1850-1900 y el presente. Más alarmante aún: predice que, a este ritmo, durante los próximos 20 años la temperatura global continuará recalentando al planeta otros 1.5 grados centígrados o más. Previsiones que anticipan en una década los plazos de deterioro previstos en estudios anteriores.

Según el VI Informe de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que acaba de publicarse en Ginebra, Suiza (www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/) en 2019 la concentración atmosférica de CO2 fue la más alta en los últimos 2 millones de años. En tanto que la de gas de efecto invernadero fue la más elevada de los últimos 800 mil años. Por otra parte, el aumento acelerado del nivel de los mares y océanos supera todo lo acontecidos en los últimos 3 mil años.

Síntomas principales

Este último informe detalla algunos de los síntomas más corrientes de la enfermedad climática planetaria.

La intensificación del ciclo del agua. Lo que produce lluvias más intensas, y hace que las inundaciones y sequías sean más comunes. Así también, el cambio en los patrones de lluvias. En perspectiva, en las latitudes altas, la precipitación posiblemente aumentará, mientras que se proyecta una disminución en las zonas subtropicales. La precipitación de los monzones variará, siendo diferente en cada región.

Las áreas costeras sufrirán la subida del nivel de las aguas a lo largo del siglo XXI, lo que producirá mayores inundaciones en las zonas más bajas y una creciente erosión. Los fenómenos extremos en las costas, que antes se producían cada cien años, ahora serán anuales.

Por otra parte, este mayor calentamiento amplificará el deshielo de la capa de permafrost y la pérdida de la nieve de temporada, así como el derretimiento de los glaciares y la destrucción de la capa ártica durante el verano.

Los cambios oceánicos conducirán a mayores olas de calor marinas, un aumento en la acidificación del agua y una reducción de los niveles de oxígeno. Modificaciones que se prevén para todo el siglo con graves consecuencias para los ecosistemas marinos.

En los centros urbanos, diferentes aspectos del cambio climático se amplifican a niveles hasta ahora casi desconocidos, como el aumento acelerado de las temperaturas, la frecuencia de las inundaciones por las lluvias y el incremento del nivel del mar en las urbes emplazadas en zonas costeras.

Pareciera que no se hace nada

Este informe también es clave porque presenta el estado actual del conocimiento científico sobre el cambio climático: la evidencia del origen antrópico del calentamiento es cada vez más evidente y cada rincón del planeta se ve seriamente afectado.

Las reflexiones de Sonia Seneviratne, investigadora suiza y coautora del mismo, no dejan de sorprender por su franqueza. Seneviratne llega a la conclusión que, desafortunadamente, el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a un 1.5° está cada vez más fuera de alcance. Por esta razón, hay que actuar de inmediato si se quiere evitar superar este umbral.

Para esta experta en clima, que se encuentra entre las más prestigiosas a nivel mundial, una novedad importante del documento de las Naciones Unidas es el reconocimiento de que se han dado eventos extremos – catastróficos— que muy probablemente no hubieran ocurrido sin la influencia humana.

Sin embargo, el aspecto más preocupante es que todos estos cambios excepcionales se corresponden con lo que muchos expertos ya anticipaban. Concretamente, que mientras se preservara el mismo modelo económico y se bloquearan políticas significativas de reducción de emisiones – un escenario ideal de business-as-usual– no podía esperarse otra cosa que un deterioro significativo de las condiciones climáticas planetarias. “Es como si no hubiéramos hecho nada por el clima”, subraya Sonia Seneviratne en una entrevista con swissinfo.ch.

La investigadora que coordinó la elaboración del capítulo sobre “hechos extremos” del Informe, se resiste a aceptar el concepto de “nueva normalidad. Lo esencial, según ella, es estar conscientes de que mientras el calentamiento continúe intensificándose, también estos eventos seguirán intensificándose. Si no se reducen significativamente las emisiones, lo que la tierra experimentará en los próximos diez años será de una magnitud y de una gravedad mucho mayor que la que se observa hoy.

Seneviratne concluye con dos reflexiones torales. Estamos comenzando a presenciar eventos que no hubieran ocurrido sin el calentamiento global. No solo aumenta la frecuencia de las olas de calor y las fuertes lluvias, sino también una serie de trastornos climáticos nunca antes vistos. Por otra parte, estamos observando la presencia de múltiples desastres en una misma región y cataclismos combinados en diferentes regiones. Por ejemplo, Suiza, en 2018, padeció una importante ola de calor extremo que también afectó a muchos otros países de Europa, Asia y América del Norte. Este verano nuevamente se viven realidades extremas, casi simultáneamente, en varias zonas del planeta. Esta multitud de fenómenos simultáneos y en ocasiones en una misma región, dificulta cualquier proceso de adaptación.

¿Prevenir o adaptarse a la crisis climática? Pregunta esencial que comienza a circular en un mundo científico que se reconoce desbordado por el impacto, casi inconmensurable y exponencial, de la crisis climática.

La reflexión de Seneviratne ayuda para situarse. Una mayor precisión en las investigaciones puede facilitar la anticipación de los cataclismos. Pero no hay seguridad alguna de que permita evitar desastres. “El calentamiento es tan rápido, que las medidas de adaptación luchan por mantenerse al día. Se necesitan años para adaptar las infraestructuras e intervenir para que las viviendas sean más resistentes al calor o a las lluvias extremas. Un marco de tiempo que no tenemos”, enfatiza.

Adicionalmente, precisa, debemos rendirnos a la idea de que no seremos capaces de hacer frente a todos los eventos que estamos presenciando ahora: habrá consecuencias negativas incluso si intervenimos con medidas de adaptación. Según esta investigadora, la única opción estratégica para evitar desastres, es la reducción de las emisiones.

El VI Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), fue elaborado por 200 expertos de más de 65 países quienes trabajaron sobre la base de 14.000 publicaciones científicas. La primera parte presenta estudios actualizados sobre la crisis climática y eventuales desarrollos futuros. La segunda parte, que se publicará en febrero del 2022, pondrá el acento en posibles medidas de adaptación. La tercera, sobre la reducción de gases de efecto invernadero, está prevista para marzo del mismo año. Una versión integral en formato sintético se difundirá en septiembre del año venidero.

Desde su creación en 1988, el IPCC ha publicado cinco informes de evaluación científica y numerosos estudios especiales. Es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Se propone ofrecer al mundo una visión científica del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas.

Código rojo, mínima esperanza

Un artículo de las Naciones Unidas sobre el Informe del IPCC subraya que “una reducción enérgica y duradera de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero pueden limitar la magnitud del cambio climático”. (news.un.org/es/story/2021/08/1495262 ). Según su proyección científica, dicha reducción podría aportar rápidos beneficios para la calidad del aire; de todas maneras, podría tomar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas de la Tierra se estabilizaran.

Este informe, aprobado por los 195 gobiernos que forman parte del citado Grupo, “proporcionan una contribución inestimable a las negociaciones y la toma de decisiones relacionadas con el clima”, enfatiza la ONU. Y reconoce que a menos que haya una inmediata reducción a larga escala de los gases de efecto invernadero, será imposible limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra a esa barrera o incluso a la de los 2°.

La humanidad enfrenta un “código rojo”, climático, según las Naciones Unidas. Para los analistas y expertos, los tiempos se acortan y muchos de los daños se acompañan ya del trágico concepto de irreversibilidad.

Todos somos responsables

Dos ironías universales. La primera, que un informe tan dramático, que viene preparándose desde hace años, se publique justo en agosto del 2021, en medio de un planeta en llamas.

La segunda, la doble moral de gobiernos y esferas de poder económico que suscriben un estudio de contenido preocupante, pero casi sin inmutarse ante la urgencia de modificar sus políticas nacionales a fin de adoptar las reducciones necesarias. Reconocen la catástrofe en puerta, pero sin cambiar en nada los caminos ni rectificar las causas que conducen hacia ella.

Miopía terminal que afecta, también, a una parte importante de los habitantes del planeta con poder de consumo. A pesar del grito desesperado de minorías militantes a favor del clima, se multiplican actitudes cotidianas contraproducentes: turistear en las Bahamas, Tailandia, Recife o Tenerife; usar cada día nuestro propio auto hasta para ir tan solo a la esquina; consumir plástico como caramelos; climatizarnos cada instante en el verano o calefaccionarnos con petróleo en el invierno; o bien, depositar las reservas familiares en bancos que invierten fortunas en proyectos antiecológicos.

La Tierra arde y pareciera que no hay código rojo que valga.

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021
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2) ECUADOR: EL GOBIERNO QUIERE VENDER LOS MEDIOS INCAUTADOS DURANTE LA GESTIÓN DE RAFAEL CORREA

Observacom Ecuador, 17 de agosto de 2021

El Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, aseguró que el gobierno quiere poner a la venta los medios privados incautados durante la gestión de Rafael Correa, incorporados al sistema público en 2017 por el ex Presidente del país, Lenin Moreno.

“Existe la voluntad política de vender todos los medios privados incautados”, afirmó Bonilla según El Universo. Sin embargo, el funcionario reconoció que existen restricciones legales que impiden la venta inmediata, por eso el gobierno está trabajando en la revisión de aspectos legales y administrativos de la Empresa de Medios Públicos de Ecuador (EMP).

Asimismo, como publicamos en Observacom, el gobierno anunció que prepara una Ley de Medios Públicos.

Como publicamos en este portal, la EMP fue creada en 2016 por el ex Presidente Rafael Correa e incluye más de 20 medios como El Telégrafo, El Tiempo, Ecuador TV, Pública FM, la imprenta Editoragram, así como los siete medios privados incautados que fueron incorporados al sistema público por Moreno en 2017. En 2020, Moreno decidió extinguir EMP en el marco de una reorganización general de empresas públicas. Luego, mediante Decreto Ejecutivo 1160, el gobierno definió la transferencia de los activos de los medios al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

De un total de 13 medios incautados que se encuentran en manos del Estado, solo cuatro se encuentran activos: Cadena Ecuatoriana de Televisión (TC), El Tiempo, Radio Difusora del Pacífico Rapasa y Electroquil. Por el contrario, nueve están en fase de disolución y liquidación la Compañía Televisión del Pacífico Teledós (Gamavisión), Cablevisión, América Visión, Editorial Uminasa, Radio Bolívar (Super K800), Organización Radial C.A., radio La Prensa, Movidad y Editores e Impresores Edimpres.

Observacom
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021
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3) URUGUAY: LAS VAQUITAS SON AJENAS

José Antonio Rocca /16/08/2021

Las exportaciones de carne vacuna, subproductos, ganado en pie baten records durante el período enero-julio de 2021. Los ingresos de este conjunto de rubros incrementaron un 40% respecto al mismo lapso de 2020 (1), en un marco general de fuerte incremento de exportaciones de cadenas primarias (2).

Las cifras superan los registros previos a la pandemia. Precios internacionales, faena y cantidades vendidas, se conjugan para impulsar la tendencia. El “viento de cola” que representa el auge de la demanda China que concentra el grueso de las compras, las políticas de Argentina de proteger el consumo interno, explican el auge.

Gobierno y cadena pastoril lanzan campanas a vuelo por lo que significan estos datos como signo de recuperación económica. Los denominados “malla oro” por el presidente caminan con velocidad y en su relato supuestamente arrastrarán al conjunto de la economía.

La estructura económica de las grandes cadenas exportadoras no avala tanto optimismo. La bonanza “engorda” esencialmente la billetera de accionistas en el exterior, que ven crecer sus dividendos. En el caso de los encadenamientos de base pastoril algunos grupos de frigoríficos jurídicamente brasileros como Minerva y Marfrig son los mayores beneficiados.

De todas maneras, una cuota de los ingresos llega hacia latifundistas locales, invernadores y criadores de ganado, aunque la elevada concentración de tierras y haciendas, concentra también frutos.

La magnitud del crecimiento exportador no “derrama” sobre el conjunto de la economía en proporciones acordes a la intensidad del boom. Tampoco es de esperar que se genere un impulso importante sobre la dinámica de complejos cárnicos cuyo crecimiento está acotado-entre otros factores- por las necesidades de forraje para alimentación de bovinos y ovinos.

El número de unidades ganaderas por hectárea promedia menguadas tasas de crecimiento en el largo plazo. Transformaciones de composición de stock ovino a bovino y ciclos vinculados a la reproducción animal, clima y pasturas diseñan trayectorias onduladas que no alcanzan a ocultar la tendencia histórica.

Además no es posible prever la extensión en el tiempo del explosivo crecimiento de la demanda de China y sus efectos sobre los precios.

Las consecuencias inmediatas del aumento de cantidades exportadas y precios internacionales de la cadena bovina son de diferente signo. Por una parte atenúan los efectos globales de la crisis, especialmente sobre el empleo. Por otro lado, incrementan precios locales de un alimento básico en la dieta de los uruguayos. Es probable además que aumentos de precios de la carne vacuna, se expandan hacia otros tipos de de carnes como la ovina, porcina y aviar, acentuando el descenso del poder de compra de salarios muy castigados.

En el plano financiero el incremento del ingreso de divisas, aumenta la oferta frenando la evolución de la cotización del dólar en un marco de políticas del gobierno que retornan a utilizarlo como ancla para el IPC mediante emisión de deuda pública para atraer capitales especulativos y elevación de tasas de interés.

También en esto, los efectos son contradictorios. El rezago en la evolución de la cotización del billete verde y el consecuente aumento de los precios internos en dólares merma la competitividad internacional de actividades locales.

La estructura y comportamientos de mercados y mercaderes tienen multitud de efectos que suelen ser contradictorios, aunque en el saldo, la balanza se inclina a favor de los más poderosos.

GOTITAS DE ECONOMÍA

Los aumentos de precios de combustibles en Uruguay han provocado reacciones adversas de sectores empresariales vinculados esencialmente al transporte de mercancías, agro, comercio El gobierno adapta precios internos a la paridad de importación del petróleo que representa el grueso de los costos. Los “mercados” tal cual son, no responden a promesas o fantasías teóricas del liberalismo económico.

Las denominadas devoluciones de impuestos por las conducciones económicas locales, que benefician esencialmente a cadenas exportadoras, significaron en el primer semestre de 2021 una reducción de recaudación fiscal de la dirección general impositiva del 10.8% (3).

El BCU aumentó de 4.5% a 5% la tasa de interés de referencia, privilegiando en teoría el ahorro sobre el consumo. Uno de los efectos es la mayor atracción de capitales especulativos del exterior que aumenten la oferta de dólares y controlen su evolución. La contra partida son mayores pagos por intereses de deuda pública, aumentando gastos públicos.

Datos de Cepal señalan que la inversión extranjera directa en América latina y el Caribe pasó de un entorno de 160 mil millones de dólares en 2019 a poco más de 100 mil en 2020.

La evolución de su magnitud ha perdido vigor desde 2015, a medida que han ido absorbiendo los emprendimientos más rentables. La pandemia hizo el resto.
Los datos de la revista Fortune Global de 2021, indican que entre las 500 mayores empresas del mundo, 143 son catalogadas como Chinas y 133 de Estados Unidos (4).

En Perú el 58% de la población economicamnete activa está desocupada, sub ocupada o es informal según datos del INE del país mencionado.

Notas:
(1) Los ingresos por venta de carne bovina representaron 1224 millones de dólares, con un crecimiento de 42% respecto al 2020, mientras que los subproductos pasaron de 24 a 44 millones de dólares.
(2) Como hemos señalado en artículos precedentes, soja y eucaliptus acompañan la tendencia. Aunque en estos casos el incremento corresponde esencialmente a precios.
(3) Cuadro final del Boletín estadístico de la DGI correspondiente a junio de 2021, último mes de registro.
(4) Hebdomadario económico de Xinhua.

José Antonio Rocca / La economía de a pie
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021
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4) URUGUAY: COORDINACIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA SOSTIENE QUE EL PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERJUDICA A EMISORAS COMUNITARIAS

Observacom Uruguay, 18 de agosto de 2021

La Coordinación por una Comunicación Democrática sostiene que los artículos 147 a 150 de la Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento perjudican a las emisoras comunitarias al generar retrocesos en la Ley de Radiodifusión Comunitaria.

Las críticas apuntan al cambio en la autoridad de control sobre las radios comunitarias en la modalidad de frecuencias compartidas gestionadas por grupos sin personería jurídica, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Coordinación considera que la redacción actual de la Rendición de Cuentas abre la posibilidad de que algunas de ellas (radios comunitarias) sean autorizadas por diez años si se convierten en asociaciones civiles”, pero “establecen que las emisoras cuyas autorizaciones no hayan sido renovadas o no puedan convertirse en asociaciones civiles deberán cerrar en un plazo máximo de dos años”, informó La Diaria.

Según la organización, esto genera dos problemas: por un lado, se “eliminará de un día para otro a muchas emisoras cuyas autorizaciones no fueron renovadas por omisión estatal y no por responsabilidad propia”. Por otro, aquellas radios que no puedan formar una asociación civil -difícil de conseguir en localidades pequeñas del interior del país- no podrían mantener sus frecuencias.

Además, la Coordinación por una Comunicación Democrática sostiene que la Rendición de Cuentas contradice a la Ley de Radiodifusión Comunitaria, que establece que el Estado es el garante del “servicio de radiodifusión comunitaria como servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro”.

Por último, la organización indica que los tiempos de discusión la Rendición de Cuentas no permiten el “imprescindible debate democrático ni la participación de los actores involucrados”. El proyecto está siendo tratado en la Cámara de Diputados y el viernes vence el plazo para su aprobación, luego pasará al Senado.

Como publicamos recientemente, representantes de radios comunitarias, así como el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, advirtieron que el proyecto de Rendición de Cuentas plantea un retroceso para los medios comunitarios. Así, la Coordinación por una Comunicación Democrática se suma a las críticas.

Observacom
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5) URUGUAY: LA POSTERGADA REPARACIÓN HISTÓRICA A AFRODESCENDIENTES DEL BARRIO SUR

Eduardo Delgado /La Diaria /14 de agosto de 2021

Se presentará en el Parlamento un informe sobre las familias desplazadas de conventillos Mediomundo y Ansina durante la dictadura.

Un informe con recomendaciones al Estado –que incluye medidas de reparación integral– por los daños causados a la población afrodescendiente como consecuencia de los desplazamientos forzados de los conventillos Mediomundo y del Barrio Reus al Sur (Ansina) en 1978 y 1979 será presentado en el Palacio Legislativo el 18 de agosto.

“Este informe pretende echar luz sobre una verdad silenciada por más de 40 años y que revela situaciones de vulneración de derechos en múltiples dimensiones. El objeto de este trabajo pretende rescatar una realidad signada por la violencia; el desplazamiento forzado; la segregación territorial y la precariedad en términos de vivienda a partir de la perpetuación de una situación que terminó asentando de forma permanente las condiciones de vida y la localización territorial de una importante proporción de la población afrouruguaya”, sostiene el documento elaborado por un grupo de trabajo que cuenta con el aporte y apoyo de vecinos que fueron desplazados de los conventillos, de organizaciones de afrodescendientes, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y de la Universidad de la República (Udelar).

El grupo de trabajo recolectó información de diferentes fuentes en Uruguay y de normativa internacional en derechos humanos, e indagó sobre experiencias de reparación a comunidades afro en Colombia y Sudáfrica.

Aunque el informe aborda la experiencia de parte de la población afrodescendiente en el marco del terrorismo de Estado, no idealiza la vida en los conventillos. Se marcan sus carencias, pero también se reafirma su valor comunitario y cultural, y se señalan las consecuencias que los desplazamientos tuvieron para sus habitantes, trasladados primero, para vivir en condiciones precarias, a construcciones llamadas “hogares municipales” y luego a zonas alejadas de los barrios Sur y Palermo, con menos servicios y mayores niveles de pobreza e inseguridad. Uno de los participantes en talleres con desplazados que se hicieron en el marco de este informe expresó: “Lo que nos hicieron fue como un sistema de terror”.

Tratamiento carcelario

El documento señala que los desplazamientos forzosos de más de 800 personas, la mayoría de ellas afrouruguayas, del conventillo Mediomundo ocurrieron en diciembre de 1978 y de Ansina en enero de 1979. Agrega que como parte de esta operativa se concretó en simultáneo el traslado de estas personas a hogares “de emergencia” que, según las autoridades a cargo del procedimiento, serían “transitorios”, con la promesa de la entrega de una vivienda en mejores condiciones.

La promesa nunca se cumplió. Se crearon tres recintos para realojar a las personas “desalojadas de las fincas ruinosas”: los hogares Uruguayana (Martínez Reina, ex
fábrica La Aurora), Garibaldi y Arenal Grande. A estos se le sumó el Corralón Municipal, en Barrio Sur. Todos fueron adaptados como “hogares transitorios de emergencia”.
Los testimonios referidos a la vida en Martínez Reina marcan un régimen similar al de presos con salidas laborales. Allí fueron trasladadas decenas de familias, con unos pocos muebles (camas y sillas, pero no roperos ni juguetes), con militares apostados en diferentes puntos, baño compartido y un comedor administrado por el Instituto Nacional de Alimentación donde iban a buscar comida, ya que no se les permitía cocinar.

De noche se cerraban las habitaciones –en las que en algunos casos se obligaba a vivir a personas de diferentes familias– y se apagaban las luces, en tanto los guardias tenían copia de las llaves de cada cuarto y vigilaban que nadie saliera. En la entrada del edificio había un portero acompañado de policías (la puerta se abría a las 6.00 y se cerraba a las 20.00, permitiendo que ingresaran hasta las 22.00 quienes retornaban de trabajar).

El informe expresa que entre 1981 y 1995 muchos de estos núcleos familiares fueron nuevamente realojados mediante un proceso de adjudicación de viviendas, las categorizadas como Núcleos Básicos Evolutivos, en forma de apartamentos en la Unidad Habitacional N° 3, en Cerro Norte.

Entre 1983 y 1984 otras familias, acompañadas por organizaciones sociales, conformaron cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que edificaron en Gruta de Lourdes y Nuevo París. Algunas familias fueron ubicadas en tres conjuntos habitacionales en Capurro, Jardines del Prado y el barrio Lavalleja. Las últimas 100 familias que quedaron en el hogar Uruguayana fueron realojadas por medio de un convenio con el gobierno en la unidad habitacional ubicada en el barrio Casavalle.

Segregación que continúa

Entre sus numerosas citas, el informe menciona una de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria de 2019, que refleja y sintetiza en gran medida el contenido del documento: “Se trató de una segregación en razón de la condición afrouruguaya de los habitantes, la que se perpetuó y profundizó en los años siguientes en tanto las condiciones edilicias de los lugares a los que fueron destinados distaban de las mejoras que establecía el decreto por el que fueron desalojados. En consecuencia, la desocupación de los conventillos, bajo el pretexto de proteger a la población que los habitaba y de mejorar sus condiciones de vida, sólo tuvo en realidad por objeto su realojo en la periferia de la ciudad y la dispersión de las familias que allí vivían. Junto a esta expulsión se afectó profundamente la vida de un sector fundamental de la población afrouruguaya, reforzando el racismo estructural y estigmatizando su identidad cultural”.

En ese sentido se afirma que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el proceso de elaboración de este informe, los barrios a los que fueron trasladadas estas personas atravesaban una situación de extrema marginalidad y se vivía una violencia institucional e interpersonal cotidiana.

En la actualidad estos barrios todavía muestran altos niveles de pobreza según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. El informe agrega que esta población continúa encontrando su cotidianidad signada por situaciones de inseguridad ciudadana al vivir en las zonas de la ciudad de Montevideo que presentan mayores índices de homicidios, hurtos y rapiñas.

Además, el documento suma datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y del Servicio Paz y Justicia en el sentido de que los jóvenes que habitan estas zonas de la ciudad sufren a diario episodios de violencia policial en mayores niveles que los que viven en otros barrios de Montevideo. “De esta manera puede evidenciarse el continuum de violencia a la que se ha sometido a la población afrouruguaya, entendiendo este continuum como la suma de la violencia simbólica, estructural e interpersonal”, sostienen.

Camino iniciado

Olguita Celestino tenía 12 años cuando, junto a su familia, fue obligada a dejar su casa en el conventillo Mediomundo y vivió el traslado forzoso a la ex
fábrica Martínez Reina y el posterior realojo en Cerro Norte. Su trabajo con personas desplazadas de Mediomundo y Ansina ha sido fundamental para la concreción del documento que se presentará el miércoles. Celestino comenta que “el primer objetivo está cumplido: este informe para presentarle al Estado nuestras propuestas de reparación, que incluye a un conjunto de vecinos que fundamenta los planteos. Nunca se había hecho con referencia a nosotros algo así después de los desalojos masivos de 1978 y 1979 y estamos felices de poder hacerlo”.

Juanita Silva fue una de las personas que iniciaron el proceso de elaboración del informe. Recuerda que cuando planteó el tema en la INDDHH –en 2018– todavía vivía el padre de Olga, Antonio Celestino (uno de los desplazados de Mediomundo), que fue el primero al que fue a hablarle a su pequeña casa en Cerro Norte. “Le dije: tío, estoy en esto, quiero ayudar, lograr algo para reparar esto que les hicieron. Él me comentó: ‘si vos me decís que voy a volver a vivir a Cuareim, te sigo’”.

Antonio falleció un año y medio después, pero el camino ya estaba iniciado.

Cinco categorías de reparación

Las medidas efectivas de reparación integral por los daños causados a la población afrodescendiente como consecuencia de los desplazamientos forzados se agrupan en cinco categorías: reparación simbólica, reparación del daño al proyecto de vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derechos culturales.

Esfera simbólica

La reparación simbólica incluye –entre varios puntos– reconocer como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos a las personas que fueron desplazadas forzadamente de sus viviendas en Mediomundo y Ansina durante el terrorismo de Estado (1973-1985) y que la reparación abarque a las víctimas directas, sus hijos/as y nietos/as (primera y segunda generación).

A esto se le sumaría la aprobación de una ley que establezca una instancia permanente que continúe la actividad cumplida por el grupo que hizo el informe y que analice las adecuaciones normativas que establezcan medidas de reparación integral para esta población.

También se señala la necesidad de incluir en los textos oficiales del sistema nacional de educación pública el estudio de estos desplazamientos forzados de población afrodescendiente, con énfasis en el contexto político-institucional en el que se llevaron a cabo; sus motivaciones; y las consecuencias que estas medidas generaron y generan hasta el presente sobre las víctimas.

Daño al proyecto de vida y derecho a la vivienda

El texto recomienda disponer las medidas necesarias para la reparación del daño al proyecto de vida, que implica considerar tanto los aspectos patrimoniales como la reparación de los aspectos no patrimoniales o inmateriales relacionados con las personas víctimas del accionar ilícito del Estado.

También, hacer efectiva, mediante medidas sistemáticas de reparación, la garantía de restitución de vivienda, lo que incluye la recuperación de las construcciones existentes y la realización de viviendas para familias afrodescendientes desplazadas forzadamente. A esto el documento suma continuar ampliando la población objetivo y mejorar el desarrollo y alcance de iniciativas dirigidas a la reparación histórica y de derecho a la ciudad para familias afrodescendientes.

Se recomienda también a la Intendencia de Montevideo que establezca una cuota para el destino de las fincas en desuso o el suelo urbano que integran su cartera de tierras en los barrios Sur y Palermo, de entre 8% y 12% como piso, para destinar a viviendas de interés social, uso público y/o colectivo para iniciativas provenientes de la comunidad afrouruguaya, con prioridad a dar respuesta a la necesidad de vivienda de las víctimas de estos desplazamientos.

Derecho a la salud

El documento recomienda implementar las medidas necesarias para garantizar la cobertura de un espacio de salud integral que proporcione atención y acompañamiento psicosocial –en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud– a las personas comprendidas en este informe. También sugiere desarrollar espacios colectivos de escucha, memoria y de elaboración del duelo, como forma de habilitar espacios de salud mental y potencializar positivamente las experiencias de las víctimas de los desplazamientos forzados como construcción de la ciudadanía democrática.

Derechos culturales

Reconocer que los desplazamientos forzados de sus barrios tradicionales causaron daños en la cultura e identidad de la población de los barrios Sur y Palermo de Montevideo es una de las recomendaciones incluidas. A su vez, implementar programas para la recolección de testimonios y archivos fotográficos, documentos públicos y gubernamentales, así como archivos hemerográficos para su digitalización y armado de acervo. Contribuir a visibilizar la existencia de vulneraciones a los derechos de la comunidad afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado por medio de muestras fotográficas itinerantes, producciones audiovisuales y presentaciones públicas.

También generar y desarrollar espacios de asesoramiento y empoderamiento jurídico que permitan promover un proceso a las medidas de reparación que se implementen en el marco de estas recomendaciones de forma participativa y protagónica.

Eduardo Delgado /La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2017 – 20.08.2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. TEATRO FLORENCIO SÁNCHEZ: “LA BAILARINA DE MAGUNCIA”
Viernes 20 de agosto – 21 horas – Grecia 3281, Cerro

Desde su vejez hasta la época en que fue una adolescente fuerte, saludable y atravesada por la energía incandescente de la juventud que lleva a cometer actos temerarios persiguiendo un ideal de justicia.

Luce no eligió el camino fácil: en el último año de la guerra y llegado un momento que creyó definitivo, tiró su mochila con la documentación que podría salvar su vida, pero que la asociaba al fascismo de su familia, y prefirió ser encerrada en un campo con los enemigos del Reich.

Autora: Sandra Massera Actriz: Noelia Campo
Diseño de escenografía, vestuario e iluminación: Álvaro Domínguez
Maquillaje: Agustín Rabellino
Asistencia de dirección: Romina Grassi
Difusión, diseño gráfico y edición digital de sonido: Carlos Rehermann
Producción: Teatro del Umbral Dirección general: Sandra Massera

Entrada libre
Reservas al 1950 8921 o por orden de llegada
florencio.montevideo.gub.uy/evento/la-bailarina-de-maguncia
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II. DE LA VIEJA ESTIRPE – MÚSICA
Sábado 21 de agosto – 21 horas – Sala Experimental Malvín – Decroly 2971

La Sala Experimental de Malvín es una Sala barrial donde funcionan distintos talleres para niños, adolescentes y adultos, se presentan exposiciones y diversos espectáculos. Gestionada por ANEP, la IM y Asociación Civíl La Experimental. Salón de actos de la Escuela La Experimental.

De la vieja estirpe es un grupo de música uruguaya que mixtura ritmos criollos y arreglos tradicionales, con una impronta muy particular y un virtuosismo en sus guitarristas que dan un gran espectáculo para todo el público.

De la vieja estirpe son: Fabián Pintos. Guitarra y voz. Gabriel Tesija. Bajo y voz. Miguel Zorrilla. Guitarra. Denis Godoy. Guitarra. Roque Duarte. Batería. Gustavo Risso. Acordeón.

Sábado 21 de agosto a las 21 horas en Decroly 2971 esquina Michigan
www.facebook.com/DeLaViejaEstirpeOficial
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III. “LOS EXTRANJEROS” EN LA CANTINA URRETA – MÚSICA
Martes 24 de agosto – 21 horas – Canstantt 2966

Sensacional noche de música en vivo: Los extranjeros & Hermanos Hernández.

Siguiendo con lo que ya es una especie de ciclo, volvemos a la Cantina del Urreta. Esta vuelta junto a los capos del dúo Hermanos Hernández.

El dúo Hermanos Hernández está integrado por los hermanos Mauro y Ramiro Hernández. Tocan juntos desde niños, incursionando en distintos géneros hasta afianzarse en el tango hacia 2011.Desde entonces comenzaron a recorrer el circuito milonguero montevideano interpretando tangos clásicos con su impronta, e incorporando poco a poco composiciones propias. Disco Humo – 2017

Integrantes: Mauro Hernández (guitarra y voz), Ramiro Hernández (bandoneón),
La entrada es libre y a voluntad. En la cantina hay cosas buenas.

Nos vemos en la cantina del Club Urreta en la calle Canstantt 2966 a las 21 horas.
www.facebook.com/events/1244956159277390?ref=newsfeedI.

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2016 – 13.08.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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URUGUAY: OLLAS POPULARES EXIGEN QUE “EL ESTADO SE TIENE QUE HACER CARGO” – comcosur al día 2307 – 18.08.2021

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021 Hoy:

1) Uruguay: Ollas populares exigen que “el Estado se tiene que hacer cargo” para “terminar con el negocio del hambre”
2) Uruguay: Falleció el represor y capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau en el Hospital Militar /Heidy Esteves
3) Uruguay: Glifosato en el agua /Camila Méndez y Natalia Uval
4) Ecuador: Asociación de Radiodifusión presentó proyecto de Ley de Comunicación; hay tres iniciativas que se debaten en la Asamblea Nacional
5) Ecuador: Para Coordinadora de Medios Comunitarios, proyecto de Ley de Libre Expresión genera retroceso en derechos y participación ciudadana
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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1) URUGUAY: OLLAS POPULARES EXIGEN QUE “EL ESTADO SE TIENE QUE HACER CARGO” PARA “TERMINAR CON EL NEGOCIO DEL HAMBRE”

La Diaria /18 de agosto de 2021

En la plaza Independencia distintos colectivos y redes de ollas populares prepararon la cena para cientos de personas que se concentraron bajo la consigna “Decimos basta”
“Nos estamos acostumbrando a ver fila de ollas populares. No deberían existir como tal. El Estado debe hacerse cargo de resolver lo alimentario y no mediante el trabajo voluntario de las ollas”, expresó a la diaria Andrea Dorta, de la Olla Popular de Palermo, integrante de la Red de Ollas al Sur y de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) Ollas por Vida Digna. Esta coordinadora convocó el martes a una concentración en la plaza Independencia bajo la consigna “Por trabajo, pan y techo. Las ollas decimos basta”, a la que asistieron centenares de personas vinculadas a los merenderos y ollas populares que desde el año pasado vienen sosteniendo la alimentación diaria de miles de uruguayos.

“Estamos diciendo basta, después de un año y medio en que las ollas populares aparecieron tapando espacios que el gobierno había dejado vacíos, cubriendo las tareas de un Estado ausente. En ese tiempo, las ollas han entendido que la organización, el articularse en redes, es la respuesta solidaria que desde el pueblo hay que hacer para problematizar esto. Porque hay que encarar una reflexión política y social sobre por qué hay ollas populares en este país, y por qué estamos haciendo de algo precario algo permanente” dijo Esteban Corrales, también de la Olla Popular de Palermo.

Para Corrales, “no es tanto que el problema sean las ollas populares sino las carencias de derechos, el hambre, la falta de trabajo, de vivienda digna, de salud, de educación. La crisis alimentaria está atada a la carencia de todo. Esa es nuestra responsabilidad, asumir un compromiso por la defensa de esos derechos”.

En la plaza se montaron gazebos en los que distintas coordinaciones de ollas y merenderos prepararon la cena para los que fueron a la concentración y para “quien se arrime, si lo necesita”. Sandro Lavega, de la Olla Telba Juárez, de La Tablada, contó a la diaria que esta olla empezó “el año pasado, con gurises más jóvenes”, de entre 20 y 22 años –él tiene 38–. “Arrancamos todo a pulmón, yendo por los almacenes, pidiendo a las vecinas, haciendo rifas, y eso continúa hasta hoy. Cocinamos lunes, miércoles y viernes al mediodía y llegamos a repartir 300 viandas, pero lo normal son 150”, agregó.

“Gobierno ausente, ollas presentes”, decía una enorme pancarta desplegada de cara a la Torre Ejecutiva. Además de decenas de pancartas y carteles de todo tipo, hubo petardos, cuerdas de tambores, estampado de remeras con distintos motivos relacionados con la concentración, y hasta una delegación multitudinaria de Solidaridad Carbonera, que llegó por 18 de Julio con banderas aurinegras gritando: “Si esto no es el pueblo, el pueblo donde está”. Este grupo de hinchas de Peñarol impulsó la creación de decenas de merenderos y ollas durante la pandemia.

En la proclama que la CPS hizo circular, se expresa que durante el último año y medio “el gobierno no hizo lo necesario para asegurar la alimentación de todas y todos”, y que “hoy hay más de 60.000 nuevos desocupados, los salarios se ajustaron a la baja, las tarifas aumentaron y aumentaron de manera escandalosa los productos básicos de la canasta familiar”. En ese marco “cientos de iniciativas solidarias surgieron desde los barrios con la misión impostergable de que la gente no pasara hambre”. “Al día de hoy sabemos que más de 200.000 personas se encuentran en inseguridad alimentaria en Uruguay y 320.000 son las personas en situación de vulnerabilidad social.

Semanalmente las ollas de la Coordinadora que se encuentran organizadas en 17 redes y/o coordinadoras sirven 150.000 porciones de comida en ollas y merenderos”, agrega la proclama.

En el texto también se critica el accionar de la organización Uruguay Adelante, que firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social para proveer de alimentos a alrededor de 300 ollas y merenderos.

Según la coordinadora, “en este mismo momento donde hay cientos de personas haciendo cola para comer, los mercaderes del hambre que administran los fondos cedidos por un Estado ausente en los problemas de fondo hacen sus cuentas. Se vuelcan importantes recursos públicos para que una organización sin la más mínima idoneidad técnica les dijera a miles de personas lo que tenían que comer, tratando de resolver la emergencia alimentaria como si fuese el catering para un cumpleaños de quince”.

La CPS exige que “se termine con el negocio del hambre”, y expresa que las ollas “no pueden ser una política pública, la precariedad no puede ser solución a la crisis, mucho menos privatizar, tercerizar y desmantelar el Estado”. “De una vez por todas el Estado se tiene que hacer cargo. En este país que exporta comida, donde se festejan las tremendas ganancias que da la exportación de carne, no puede haber una sola persona pasando hambre”, añaden.

La Diaria

Nota complementaria:

Uruguay: Coordinadora Popular y Solidaria. Ollas por vida digna

Comunicado de prensa /17 de agosto de 2021

Queridos vecinos y vecinas, compañeros y compañeras:

El 9 de agosto del año pasado nacía desde el corazón de los barrios un nuevo movimiento popular: La Coordinadora Popular y Solidaria. Ollas por vida digna.

Al comienzo de la pandemia y sabiendo que en las crisis quienes más sufren son los que menos tienen, surgieron cientos de ollas populares llevadas adelante por vecinas, vecinos y organizaciones sociales.

La pandemia y sus consecuencias económicas y sociales pegan, y pegan duro. En mayo de 2020 Economistas de la Universidad de la República auguraban que si el estado no intervenía cien mil personas caerían por debajo de la línea de pobreza.

Quienes sostenemos hace una año y medio las ollas sabemos que el gobierno está ausente, que no destinó los recursos necesarios para evitar el descalabro económico de miles de familias. El gobierno no hizo lo necesario para asegurar la alimentación de todas y todos. En este año y medio aumentó el desempleo, hoy hay más de 60 mil nuevos desocupados, los salarios se ajustaron a la baja, las tarifas aumentaron y aumentaron de manera escandalosa los productos básicos de la canasta familiar.

Arrancamos el año 2021 efectivamente con 100 mil personas más bajo la línea de la pobreza de las que 27 mil son niñas y niños.

En ese marco cientos de iniciativas solidarias surgieron desde los barrios con la misión impostergable de que la gente no pasara hambre. Parece mentira pero estamos diciendo, hambre. La intuición y el saber que nacen de la tarea solidaria formaron redes y desde ahí las distintas realidades de los barrios hicieron causa común.

La Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna (CPS) nace en aquel primer encuentro en FUCVAM como un movimiento popular horizontal y solidario. Donde el poder lo tenemos todos y todas, donde la autonomía de nuestra organización nos garantiza tomar las decisiones que nuestros ideales y principios nos dicten, evitando cualquier intromisión de intereses externos.

La participación de todas para dar legitimidad a las resoluciones, procurar los insumos para que las Ollas sigan adelante y promover una reflexión crítica sobre la realidad económica, social y política. Todo ello sin renunciar a un profundo sentido crítico y político de la realidad. Quienes formamos parte de las ollas populares trabajamos día a día para tener una sociedad con derechos plenos, igualdad y justicia social, caminando junto a todo el movimiento popular del que formamos parte. No estamos solos y las causas de muchos son nuestras también.

Al día de hoy sabemos que más de 200.000 mil personas se encuentran en inseguridad alimentaria en Uruguay y son más y 320 mil son las personas en situación de vulnerabilidad social. Semanalmente las ollas de la Coordinadora que se encuentran organizadas en 17 redes y/o coordinadoras sirven 150.000 mil porciones de comida en ollas y merenderos.

Pero en este mismo momento donde hay cientos de personas haciendo cola para comer, los mercaderes del hambre que administran los fondos cedidos por un Estado ausente en los problemas de fondo, hacen sus cuentas. Se vuelcan importantes recursos públicos para que una organización sin la más mínima idoneidad técnica le dijera a miles de personas lo que tenían que comer, tratando de resolver la emergencia alimentaria como si fuese el catering para un cumpleaños de quince.

Nada nuevo para un gobierno al que le resulta problemático que los niños y niñas repitan el almuerzo en la escuela y que terceriza y se desentiende de la alimentación de la gente.

Exigimos que se termine con el negocio del hambre, denunciamos la tercerización de los recursos a una organización privada con grandes perjuicios para las Ollas Populares y sus usuarios. Las Ollas no pueden ser una política pública, la precariedad no puede ser solución a la crisis, mucho menos privatizar, tercerizar y desmantelar el estado. De una vez por todas el Estado se tiene que hacer cargo.

En este país que exporta comida, donde se festejan las tremendas ganancias que da la exportación de carne, no puede haber una sola persona pasando hambre. El eslogan que utiliza el gobierno es juntos podemos, y la pregunta que nosotros le hacemos es ¿qué aportan lo que más tienen y acumulan en nuestra sociedad, los que depositaron en el exterior miles de millones de dólares? ¿Qué pasa con la desigualdad?

Quienes cocinamos en las ollas populares sabemos muy bien la cara que tiene la desigualdad, quienes son los que están pagando el precio de la crisis y el ajuste. Es cara de niño y niña, de mujer, de desempleado, de trabajador precarizado, de familias enteras que tienen que elegir entre pagar las tarifas y comer con dignidad. Este país no es un país pobre, es un país desigual. La brecha entre los ricos y pobres es cada vez más ancha. El 1% de los que más tienen acumula el 20% de las riquezas y detenta más del 50% de los recursos financieros.

La Coordinadora de ollas no se resigna y trabaja día a día para construir un movimiento popular solidario que mire más allá de la alimentación. Por esto en este año de rendición de cuentas no podemos dejar de exigir presupuesto para crear políticas públicas que atiendan la alimentación, la vivienda y la educación. Pero por sobre todo exigimos al gobierno trabajo para garantizar que todas las personas tengan un techo donde comer y vivir dignamente. Trabajo, pan y techo.

Si hay una palabra para definir lo construido en este año y medio por las ollas populares es emoción. Emoción de acompañarnos, de abrazarnos, de compartir la comida, pero también emoción que es enojo e impotencia cuando doscientas porciones no alcanzan y todavía hay gente en la fila. Cuando ves personas haciendo cola bajo la lluvia por un plato de comida. Las ollas son el pueblo acompañando al pueblo, no somos la solución ni políticas públicas, la solución es que las personas coman en sus casas.

Por trabajo, pan y techo hoy las ollas juntas ¡decimos basta!
¡Basta de hambre!
¡Basta de desigualdad!
¡Basta de negociar con la necesidad de la gente!
Las Ollas Populares estamos presentes sigamos juntas y juntos construyendo comunidades solidarias.

Coordinadora Popular y Solidaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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2) URUGUAY: FALLECIÓ EL REPRESOR Y CAPITÁN DE FRAGATA JUAN CARLOS LARCEBEAU EN EL HOSPITAL MILITAR

Condenado como autor de 29 homicidios durante la dictadura y por ser uno de los represores del Plan Cóndor.

Heidy Esteves /Grupo R Multimedios /17 de agosto de 2021

Falleció en la madrugada del lunes el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray. Quien estaba condenado por 29 homicidios durante la dictadura. Larcebeau tenía 75 años y según informaron falleció por una enfermedad que padecía.

El fallecimiento lo hizo de público conocimiento la periodista Georgina Mayo y confirmó Telemundo con fuentes del Ministerio del Interior. Además Telemundo informó que el 18 de junio Larcebeau había ido al Hospital Militar para realizarse un estudio y desde ese momento quedó internado, hasta el día de su fallecimiento.
En el año 2007 se procesó al represor Juan Carlos Larcebeau, por reiterados delitos de desaparición forzada, llevados a cabo en el marco de la coordinación represiva Plan Cóndor. Dos años más tarde, se condenó a Larcebeau como autor de veintinueve delitos de homicidio muy especialmente agravados. Las penas a cumplir fueron de veinticinco y veinte años de penitenciaría respectivamente.

El 9 de julio de 2021 el Tribunal Supremo de Italia confirmó la cadena perpetua para 14 represores acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, entre los que estaba Larcebau. Condenado por la desaparición forzada de una veintena de italo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes. En el marco de la represión coordinada entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

Esta sentencia marcó el fin a un proceso de más de 20 años, en el que familiares de desaparecidos denunciaron, en Roma, sus casos.

Heidy Esteves /Grupo R Multimedios
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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3) URUGUAY: GLIFOSATO EN EL AGUA

Monitoreo de Ursea halló glifosato en el agua potable de muestras de Florida, Soriano y Colonia, pero en niveles permitidos

Camila Méndez y Natalia Uval /La Diaria /14 de agosto de 2021

También se encontraron coliformes y valores por encima de lo permitido de arsénico, cloroformo y otros componentes en 65 muestras de 14 departamentos en 2019 y 2020.

El agua potable debe cumplir con los parámetros establecidos en el Reglamento Bromatológico Nacional. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), junto con la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar), llevan adelante el Plan de Vigilancia de Calidad del Agua Potable, donde se monitorea aproximadamente 200 localidades y se toman 500 muestras anuales. Es un monitoreo complementario y no busca ser representativo de la calidad del agua potable, sino ayudar a la fiscalización. A través de un pedido de acceso a la información pública la diaria obtuvo los datos del monitoreo en todo el país durante 2019 y 2020.

En la escuela rural 107, ubicada a tres kilómetros de Melo (Cerro Largo), se detectó 266 μg/l de cloroformo; el valor máximo permitido es 150 μg/l. También se tomó muestras en la ciudad y los resultados fueron similares (264 μg/l y 208 μg/l). “El cloroformo es el trihalometano más común y principal subproducto de la desinfección presente en el agua de consumo clorada”, señala la Guía para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se destaca que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer lo clasificó como posible cancerígeno, ubicándolo en el grupo 2B. Los efectos tóxicos que se observan con mayor frecuencia son lesiones en el hígado.

En la escuela rural 37 de Quebracho, también en Cerro Largo, se encontraron niveles por encima del máximo permitido de fluoruro: 1,93 mg/l sobre 1,5 mg/l. En bajas dosis, puede ayudar a que los niños no desarrollen caries, pero en altas concentraciones puede tener efectos contrarios. “Las ingestas elevadas de fluoruro pueden producir efectos más graves en los tejidos óseos. Se ha concluido que existe un claro riesgo adicional de efectos óseos adversos si la ingesta total es de 14 mg/día e indicios que sugieren un incremento del riesgo de efectos en el esqueleto cuando la ingesta total de fluoruro supera los 6mg/día”, apunta la guía de la OMS. La Ursea añadió aclaraciones al pedido de acceso a la información. Sobre la situación particular de esta escuela planteó que “no había muestreado con anterioridad esta localidad” y que se “deberá plantear un plan de acción para resolver este incumplimiento”.

También se detectaron niveles por encima del máximo permitido de nitrato en un puesto de muestreo en Conchillas (Colonia), tanto en 2019 como en 2020. Según el Reglamento Bromatológico Nacional, el valor máximo permitido es 50 mg/l y se halló 73 mg/l en 2019 y 61 mg/l en 2020. El nitrato se utiliza en fertilizantes inorgánicos; según la guía de la OMS, los valores pueden aumentar “por filtración o escorrentía de tierras agrícolas” y por “la contaminación por residuos humanos y animales”. Se agrega que los niveles de nitrato altos son peligrosos para los bebés lactantes porque pueden desarrollar grandes concentraciones de metahemoglobina, provocando que “no pueda transportar oxígeno por el organismo”.

Ursea explicó que en Conchillas se habilitó una “nueva perforación” para resolver un incumplimiento anterior del valor de arsénico, pero “con la explotación se han incrementado los valores de nitratos”. Detalló que OSE está “ajustando la operativa para producir la mezcla de aguas de las distintas perforaciones en el tanque”, y que se “continuará monitoreando”.

En Cuchilla Alta, Los Titanes y Piedras de Afilar (Canelones), Colonia Miguelete (Colonia), Trinidad (Flores) y Mal Abrigo (San José), se encontró la bacteria Escherichia coli. Según la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está presente en grandes concentraciones en la microflora intestinal normal de las personas y animales, y generalmente es inocua. Pero en otras partes del cuerpo puede generar infecciones de las vías urinarias, bacteriemia –presencia de bacterias en el torrente sanguíneo- y meningitis.

En el relevamiento también se detectó la bacteria Pseudomonas aeruginosa en Cuareim (Artigas), Araminda (Canelones), Artilleros (Colonia), Rosell y Rius, Villa del Carmen (localidades de Durazno), Ismael Cortinas (Flores), Casupá (Florida), Florida, Piedras Coloradas (Paysandú), Paso de la Cruz (Río Negro), Chuy, Santa Teresa (balnearios de Rocha), Libertad, Mal Abrigo (localidades de San José) y Paso Bonilla (Tacuarembó). La OMS indica que es un organismo común en el medioambiente, que se encuentra en heces, suelo, agua y aguas residuales. Puede causar diversos tipos de infecciones, pero según la guía no suele causar enfermedades graves en personas sin algún factor predisponente.

El cloro se utiliza para desinfectar el agua y no se han encontrado posibles afectaciones a la salud; su valor máximo establecido es de 2,5 mg/l. En Barker (Colonia) y Mataojo de Solís (Lavalleja) se detectó el doble. La Ursea planteó que fueron casos “puntuales” y que se continuará monitoreando.

En José Batlle y Ordoñez (Lavalleja) también se encontró niveles por encima del máximo establecido de hierro, que según explica la Ursea fue producto de un evento de “olor y color” en la usina, por la presencia de hierro en el embalse. Los muestreos a partir de marzo de 2019 fueron conformes a la normativa.

La microcistina-LR es la toxina de la cianobacteria; según la guía de la OMS, afecta principalmente al hígado. Agrega: “Se han documentado numerosos casos de envenenamiento en el ganado y en la fauna silvestre. Se han publicado pruebas de su papel como promotor tumoral”. El valor máximo permitido en el agua potable es 1 ug/l, pero en la usina de Laguna del Sauce ubicada en Punta Ballena (Maldonado) se detectó 1,32 ug/l. Ursea planteó que “en todos los casos en que se obtuvieron valores en el agua bruta mayores a 1 ug/l, se obtuvieron valores conformes en el agua potabilizada para todos los casos”.

Valores de arsénico por encima del máximo permitido

En Barrio Baccino, Casablanca, Piedras Coloradas (localidades de Paysandú), Punta de Tabárez (San José), Radial Hernández, Campana (localidades de Colonia) y José Enrique Rodó (Soriano) se observó valores superiores al máximo permitido de arsénico. El arsénico es “un contaminante importante del agua de consumo, ya que es una de las pocas sustancias que se ha demostrado que producen cáncer en el ser humano por consumo de agua potable”, informa la guía de la OMS. Agrega: “Hay pruebas abrumadoras, de estudios epidemiológicos, de que el consumo de cantidades altas de arsénico en el agua potable está relacionado causalmente con el desarrollo de cáncer de varios órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones”. En varias partes del mundo las enfermedades producidas por el arsénico “constituyen un problema significativo de salud pública”. La concentración de arsénico suele estar vinculada con pozos profundos.

Sobre la situación de Barrio Baccino, la Ursea manifestó que se encuentra en elaboración un “proyecto de extensión de red desde Paysandú” con el objetivo de “resolver el incumplimiento”. Sobre Casablanca indicó que el abastecimiento es “en base a la mezcla de agua tratada y perforación” y que OSE “realizó ajustes en la forma de operación y presentó resultados conformes en el primer semestre de 2020”. En Piedras Coloradas se está “monitoreando el parámetro” porque en los diferentes muestreos se obtienen valores “por encima y por debajo” del máximo permitido.

En Punta Tabárez se tomó dos escuelas como punto de recolección de datos sobre la cantidad de arsénico; la 75 y la 93. Sobre la primera remarcó que en 2019 se muestreó por primera vez el sistema, que OSE “continuará monitoreando” y que “si se identifica la persistencia de resultados se solicitará partida de agua de beber y cocinar a ANEP”. Sobre la segunda escuela, la Ursea estableció que no había sido “muestreada con anterioridad”.

La unidad reguladora indicó que en Radial Hernández el incumplimiento corresponde a mayo de 2019 y que los muestreos en el segundo semestre estuvieron “muy por debajo del valor máximo permitido”. Una situación similar se observó en Campana y José Enrique Rodó, donde los niveles están “conformes”.

Cuidar las fuentes naturales

Guillermo Chalar pertenece a la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Sobre los resultados del monitoreo expresó que hay “varias inconformidades que sobrepasan los valores establecidos en la norma”. “Cuanto peor es la calidad del agua en las fuentes, más difícil es asegurar un agua potable de calidad a la población”, afirmó.

Remarcó que el agua de la canilla “no pasa sólo por el tratamiento” y que “es más difícil garantizar el 100% de las aguas de buena calidad cuando provienen de fuentes naturales en muy mal estado que reciben contaminantes, plaguicidas, coliformes”. Se refirió a la detección de la bacteria Pseudomonas aeruginosa: “Es transmisora de enfermedades y viene de la contaminación fecal”.

Agregó que “el cuidado de las fuentes es lo único que te garantiza agua de calidad. Las soluciones tecnológicas, vía tratamiento, en algún momento fallan, por cuestiones humanas. No son infalibles, se filtran contaminantes a la red, ya sean transmisores de enfermedades o productos inorgánicos, plaguicidas”.

Implicancias del glifosato +AMPA en el agua potable

El Reglamento Bromatológico Nacional establece que el valor máximo permitido de glifosato, el principio activo de uno de los herbicidas más vendidos a nivel mundial, junto con AMPA, su principal metabolito de degradación, es de 700 μg/l. En los datos que brindó la Ursea se encontró la “presencia” de glifosato y AMPA –si bien no se determina la cifra exacta, estaría dentro de los 700 μg/l– en las usinas de agua filtrada previo a clorar de Paso Severino, Fray Marcos (Florida), y en la de Mercedes (Soriano); también en las usinas de agua decantada de Florida y Carmelo (Colonia). En el monitoreo de agua potable de URSEA de los años 2017 y 2018, difundido por la diaria
Silvina Niell es doctora en Química por la Udelar e integrante del polo Abordaje Holístico al Impacto de Agroquímicos sobre Alimentos y Ambiente. Explicó a la diaria que existen diferentes tipos de análisis para determinar los residuos de los plaguicidas y están sujetos a las propiedades fisicoquímicas de los compuestos. Algunos productos pueden ser analizados de forma conjunta, incluso entre más de 100 compuestos a la vez. Otros, como el glifosato, no pueden ser analizados de esta forma y deben estudiarse en forma individual. “Si querés saber de entre 100 pesticidas qué residuos de pesticida tiene el agua, podés hacer un análisis multirresiduo, pero si querés saber si tiene glifosato tenés que hacer otro tipo de análisis”, manifestó. También existen variedades de análisis para el glifosato: algunos que son más rápidos y baratos, como la técnica de inmunoensayo “Elisa”; o análisis de espectrometría de masas, que son más específicos y permiten llegar a límites de cuantificación muy bajos, que determinan inequívocamente presencia de glifosato y AMPA. “No hay que minimizar el problema del glifosato, me parece que requiere otros estudios para saber las implicancias que puede tener, dado el actual uso. Pero hay una gama de compuestos que son toxicológicamente más relevantes. En general, los más peligrosos son los insecticidas, después los fungicidas y después los herbicidas, pero hay excepciones en los tres grupos”, señaló Niell. Según la Dirección General de Servicios Agrícolas, hay 2.695 productos fitosanitarios autorizados y aptos para uso en el país. La doctora en Química apuntó que es necesario fomentar que “la gente se interese por este tema, que pida la información y que los informes y los estudios realizados se hagan públicos”. “Es importante saber si estamos teniendo detecciones, presencia, y cuánto de residuos de pesticidas. Deberíamos preguntarnos: ¿están llegando a los alimentos?, ¿están llegando al agua potable?, ¿están quedando en nuestros suelos y llegando a nuestros arroyos, donde se pueden afectar organismos importantes?, ¿qué riesgos implica esto?”, inquirió.

Camila Méndez y Natalia Uval /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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4) ECUADOR: ASOCIACIÓN DE RADIODIFUSIÓN PRESENTÓ PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN; HAY TRES INICIATIVAS QUE SE DEBATEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Observacom Ecuador, 11 de agosto de 2021

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. La iniciativa fue recibida por el asambleísta Luis Almeida (Partido Social Cristiano, PSC), que será su relator en la Asamblea Nacional.

Según informó El Universo, el documento propone reducir la participación extranjera en medios de comunicación del 49% al 40%, reconoce el derecho a la participación ciudadana, exime a los medios privados de la responsabilidad de difundir contenidos de interculturales y propone derogar el artículo de la ley vigente referido a la información de circulación restringida.

De este modo serían tres las iniciativas que se tramitarían en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional: la de los medios privados (AER), el proyecto presentado por el presidente Guillermo Lasso; y el de los legisladores Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio, denominado Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación que, según El Comercio, incorpora las definiciones de libertad de opinión, prensa y expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, interés público, real malicia e información falsa.

Por su parte, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE) anunció que también enviará a la Asamblea un proyecto y que se encontraba recopilando información para armar una propuesta que recupere la interculturalidad en los medios de comunicación, temas de contenidos en la franja horaria para los niños y adolescentes y que promueva concursos trasparentes para las frecuencias de radio, entre otros aspectos.

Como publicamos en Observacom, en una reciente presentación ante la Comisión de Relaciones Internacionales, Eduardo Guachamín, secretario Ejecutivo de CORAPE aseguró que el proyecto del Ejecutivo representa un retroceso en derechos para medios comunitarios y populares y participación ciudadana.

Previamente, a través de una carta conjunta, el sector de medios comunitarios también había manifestado su descontento con la iniciativa de Lasso.

Observacom
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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5) ECUADOR: PARA COORDINADORA DE MEDIOS COMUNITARIOS, PROYECTO DE LEY DE LIBRE EXPRESIÓN GENERA RETROCESO EN DERECHOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Observacom Ecuador, 10 de agosto de 2021

Eduardo Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE), sostuvo que el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, presentado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, representa “un retroceso en materia de derechos y participación ciudadana”.

En su presentación ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, Guachamín dijo que la iniciativa oficialista barre con una serie de derechos consagrados en la ley vigente para los medios populares y comunitarios.

“Nosotros hemos luchado por una ley orgánica que defienda los derechos de información y comunicación; en este sentido, se requiere mantener una institucionalidad que garantice políticas públicas que garanticen la creación y fortalecimiento de medios comunitarios”, dijo según Ecuador en positivo.

El Secretario Ejecutivo de CORAPE planteó además que se debe fortalecer a los medios comunitarios con medidas afirmativas. En este sentido señaló que la ley debe incorporar los concursos públicos de frecuencias, distribución equitativa de frecuencias radioeléctricas (manteniendo la reserva del 34% para medios comunitarios), el respeto a la adjudicación directa de frecuencias para medios comunitarios de pueblos y nacionalidades y que exista una distribución equitativa de los espacios de publicidad estatal.

Como publicamos en Observacom, el sector comunitario había expresado en forma conjunta, en una carta enviada al Congreso, el retroceso de derechos que implica el proyecto que busca reemplazar a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), sancionada durante el gobierno de Rafael Correa.

Observacom
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2307 /miércoles 18.08.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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Problemas técnicos con los boletines de Comcosur

Estimades suscriptores, amigas y amigos de Comcosur:

Motivos técnicos que no pudimos resolver más rápido, impidieron el envío de varios boletines del mes de agosto.

Pedimos disculpas si a muchas y muchos lectores no les llegaron algunos o todos estos boletines.

Les recordamos que si esto se repite otra vez y nos les llega nuestro boletín informativo por correo, pueden encontrarlos rápidamente en: Facebook Comcosur y en Blog: nuevo.comcosur.org/

Enviaremos los boletines de agosto que no llegaron a ustedes.

Gracias por comprendernos. Carlos Casares y Carlos Dárdano /Comcosur

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SOLO POR ESO, PORQUE ÉRAMOS MUJERES – comcosur mujer 700 – 30.08.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 700 /lunes 30.08.2021 – Hoy:

1) Argentina: Educación Sexual Integral: un paradigma de derechos que lleva 15 años
2) Chile: El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual
3) México: Una de cada cinco personas sufrió violencia física en esta pandemia
4) México: La paridad debe ser un piso, no un techo.
5) Uruguay: Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo
6) “Solo por eso, porque éramos mujeres”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 700 – Lunes 30 de agosto de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: UN PARADIGMA DE DERECHOS QUE LLEVA 15 AÑOS

La educación sexual integral nació en 2006 y establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en todas las escuelas, sean públicas o privadas. ¿Qué implica esa integralidad?

Desde el 23 al 27 de agosto se celebra en Argentina la semana de la Educación Sexual Integral (ESI), que busca promover acciones educativas para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Dicho programa se creó a partir de la Ley 26.150 (2006) con el fin de garantizar el derecho de los/as estudiantes de recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, estatales y privados del ámbito nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires.

Dicha concepción «integral» tiene que ver con pensar a la educación sexual a partir de incluir miradas biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. De allí, que los objetivos de la ESI sean la transmisión de conocimientos pertinentes y actualizados sobre distintos aspectos de la educación sexual, la promoción de actitudes responsables, la prevención de problemas relacionados con la salud sexual, general y reproductiva y procurar la igualdad de trato y oportunidades tanto para los varones como para las mujeres, además de promover la no discriminación por orientación sexual, identidad de género u otro motivo.

Con el fin de lograr estos objetivos, el Estado impulsa distintas actividades como trabajar en los planes educativos de las diferentes jurisdicciones, informar y capacitar a los docentes para que adquieran habilidades y conocimientos sobre una correcta implementación de la ESI y producir y distribuir material pedagógico y educativo.

Asimismo, con respecto a los contenidos, la normativa especifica que deberán estar basados en los “lineamientos curriculares” que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2008 y que indican cuáles son los contenidos básicos que deben transmitirse según el área y el nivel educativo de cada jurisdicción. De este modo, cada comunidad educativa deberá incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto de su ideario institucional y de las convicciones de sus miembros, con el fin de lograr que todos los estudiantes pertenecientes a una edad determinada reciban la misma educación.

ESI: transversal, integral y obligatoria

Una de las características de la ESI es su carácter de transversalidad, que significa que deberá formar parte de los programas del plan educativo, atravesando los contenidos como una materia más, la otra es su carácter obligatorio.

Por otra parte, el hecho de que tenga un enfoque “integral” permite plantearla desde diferentes disciplinas y visiones. Con respecto a esto, en una entrevista para el programa del ministerio de Educación, “Sigamos Educando” que transmite canal 7, la profesora de Educación para la Salud, Evangelina Trebissacce, explicó que esta concepción posibilita ver cómo se vincula cada persona con su género con relación a la sociedad, por eso la importancia de impartir esta educación en los niveles inferiores: “Desde el nivel maternal empiezan a suceder cosas que tienen que ver con la educación sexual, si a una nena de 1 o 5 años, le das las muñecas, le das lo rosa, la hacés ser suave, ahí la estás posicionando frente al mundo de una determinada forma y al varón lo mismo. Entonces, lo que va a venir a decir la educación sexual es que todo es cuestionable, que vamos a pensar otras formas de habitar el mundo y eso se relaciona con formas más justas de habitarlo”.

A pesar de las dudas y el rechazo que, en muchos casos, generó llevar a la práctica la ESI, el ministerio de Educación aclaró que recibir información sobre la sexualidad es un derecho avalado por ley, por lo tanto, los docentes están obligados a garantizar su cumplimiento y, para esto, es pertinente informar a las familias sobre los contenidos y, así, facilitar el proceso educativo.

Elizabeth Pontoriero / Agencia Paco Urondo / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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2) CHILE: EL RECHAZO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN PORTAZO MÁS A LAS DEMANDAS DE MUJERES Y LA DIVERSIDAD SEXUAL

“Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía”, señalaron las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile ante el rechazo en la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara del proyecto que buscaba despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

El pasado lunes 09 de agosto la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación, elaborado por Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

La iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018. El proyecto de ley planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización al aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

El debate contó con la exposición de abogadas, diversas trabajadoras de la salud e integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes dejaron claro que criminalizar el aborto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava.

En esa línea, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile queremos recordar que no estaríamos en esta situación si nuestra actual Constitución garantizara los derechos sexuales y reproductivos, como hemos demandado desde nuestras organizaciones.

En ese sentido, queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sostuvo que: “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma” y añadió: “Nos preocupa muchísimo que, en lugar de legislar para proteger a las mujeres y las niñas, el parlamento chileno esté validando una determinada convicción valórica, conforme a la cual las mujeres deben ser tuteladas, perseguidas como si fueran criminales y castigadas por sus decisiones”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile seguiremos insistiendo en la urgencia de dar este paso, ahora en el marco del debate constituyente que enfrenta nuestro país y que brinda una oportunidad para la construcción de un nuevo Chile, un Chile con mayores niveles de justicia y equidad, y que, por lo tanto, respete las decisiones y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Medio a Medio/ COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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3) MÉXICO: UNA DE CADA CINCO PERSONAS SUFRIÓ VIOLENCIA FÍSICA EN ESTA PANDEMIA
Muchas familias han vivido un aumento de la violencia durante el confinamiento por la COVID-19. Así lo muestra una investigación realizada por el Dr. Raúl Alcázar Olán, académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, durante los meses del verano de este año.

De acuerdo con lo recabado en una encuesta, el 89.5 por ciento de los participantes afirmó haber sido víctima de violencia psicológica por parte de un familiar enojado, generalmente el cónyuge. Asimismo, el 94.4 por ciento de las mujeres y el 91.6 por ciento de los hombres han ejercido, estando enojados, algún tipo de violencia psicológica hacia algún familiar durante estos más 16 meses de pandemia.

Alcázar Olán, doctor en Psicología, desarrolló una investigación sobre el enojo y la violencia familiar durante la pandemia por COVID-19, en el estado de Puebla, con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), y con la colaboración de alumnos y de la docente Graciela Isabel Wilson Corral.

Este trabajo, que incluyó propuestas para la creación de políticas públicas que contribuyan a reducir el problema, reveló que durante la pandemia una de cada cinco personas ha sido víctima de violencia física por parte de algún familiar enojado, especialmente la pareja.

Asimismo, la investigación realizada durante este verano, la cual incluyó una muestra de 665 adultos, da a conocer que en la pandemia el 33.5 por ciento ejerce violencia física contra algún familiar, la mayoría de las veces hacia la pareja, aunque también hacia los hijos.

Alcázar Olán, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, subraya que el enojo excesivo, entre otros factores, es un elemento que aumenta las reacciones violentas, especialmente las de carácter psicológico. En consecuencia, afirma, el manejo emocional se vuelve indispensable para disminuir dichos episodios de violencia.

De acuerdo con el especialista y creador de la Escala de Pensamientos de Enojo ─reconocida por la American Psychological Association (APA)─, si bien no se trata de un problema nuevo, muchas familias han padecido un aumento de la violencia a partir de una serie de causas derivadas del confinamiento por COVID-19.

“Si bien los gobiernos federal y estatal han realizado esfuerzos para combatir la violencia familiar, mediante programas que buscan remediar el problema o sancionarlo, no hay, o son pocas, las iniciativas para la prevención”, recalcó el académico de la IBERO Puebla.

El especialista de la Universidad jesuita de Puebla asegura que existe más información estadística sobre la violencia hacia las mujeres que hacia los hombres. Sin embargo, varios estudios señalan que la violencia más recurrente está en las relaciones de pareja, en la cual hombres y mujeres han ejercido varios tipos de violencia hacia su cónyuge.

Como parte de la investigación realizada se trabajó en propuestas para una política pública que busque reducir el problema del enojo excesivo y la violencia familiar, entre las que destacan: implementar de medidas preventivas para fomentar el autocontrol del enojo y el cuidado mutuo en las relaciones familiares.

Así como también concientizar a la población sobre el problema mediante diversas actividades y medios; aumentar la participación de la sociedad civilcomo promotores de la lucha contra la violencia familiar, y reconocer los daños del enojo excesivo y la violencia familiar.

Las investigaciones Enojo excesivo y violencia familiar: Informe para maestros y padres de familia y Enojo excesivo y violencia familiar: hacia una propuesta de política pública en el Estado de Puebla fueron realizadas en colaboración con la profesora de la IBERO Puebla, Graciela Isabel Wilson Corral, y los alumnos de Psicología Gabriela Bermúdez Cruz, Jenifer Azuleni Martínez de la Cruz y Pedro Rivera Martínez. Estos informes serán publicados como libros en los próximos meses.

Sofía Villafuerte Guillén / IBERO Puebla / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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4) MÉXICO: LA PARIDAD DEBE SER UN PISO, NO UN TECHO, ASEGURAN EXPERTAS

Hasta 2018 las mujeres buscaron que el Congreso de la Ciudad de México se integrara por igual número de diputadas y de diputados, pero después de las elecciones de 2021 explican que la paridad “es un piso y no un techo”, es decir, existe la posibilidad de que ellas ocupen más del 50 por ciento de las curules.

Este es uno de los argumentos que las integrantes de la “Red Mujeres en Plural” entregó a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que lo tome en cuenta al analizar nueve juicios relacionados con la asignación de diputaciones por representación proporcional en la capital del país.

En un documento conocido como “amicus curiae”, que fue entregado este 23 de agosto por defensoras de la participación política como Rosario Guerra Díaz, Gloria Ramírez Hernández, Teresa Hevia Rocha, Patricia Olamendi Torres y Claudia Castello Rebollar, entre otras, pidieron a las y los magistrados que juzguen e interpreten la ley con perspectiva de género y aseguren la mayor presencia de mujeres legisladoras.

El Congreso capitalino se integra con 66 diputaciones, 33 electas por mayoría de votos y 33 asignadas por representación proporcional. El resultado de la jornada electoral del 6 de junio fueron 20 mujeres electas por voto directo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) asignó a las mujeres 14 diputaciones por representación proporcional. Es decir, habría 34 mujeres y 32 hombres en la siguiente Legislatura.

Sin embargo, en la sesión del 3 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) quitó a dos candidatas las diputaciones plurinonominales que obtuvieron y las sustituyó por hombres, argumentando que ellos obtuvieron mejor votación y que a pesar de los cambios los partidos mantendrían la paridad, es decir el 50-50.

Tribunal Electoral alteró paridad

En entrevista, Claudia Castello Rebollar, explicó que la Red presentó argumentos jurídicos y este 25 de agosto tuvo una audiencia con la magistrada María Silva Rojas y los magistrados Héctor Romero Bolaños y Jose Luis Ceballos Daza para presentar sus alegatos de viva voz.

En esta reunión, las integrantes de Mujeres en Plural expusieron sus razones para impedir que el Tribunal Electoral local altere la lista definitiva de candidaturas asignadas por el IECM, por el principio de representación proporcional, la cual favorecía la participación política de las capitalinas.

“El tema del 50 por ciento para las mujeres debe ser un piso, no un techo”, expuso Castello Rebollar, quien también detalló que históricamente los congresos locales se han conformado por una mayoría de hombres.

El cambió a favor de la presencia de mujeres como legisladoras ocurrió después de la reforma constitucional de 2014 y de 2019. Ésta última se conoce como “Paridad en todo” porque amplió este principio a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“¿Cuál es el argumento de que no haya más mujeres en un Congreso, cuando siempre ha habido mayoría de hombres? Esa es la incógnita o la interrogante ¿por qué no toleran que las mujeres hayan sido mejor votadas?”, expresó la también vicecoordinadora nacional de Nueva Izquierda

Las firmantes de este “amicus”, explicó Castello Rebollar, buscan construir democracias representativas que promuevan la plena participación y el liderazgo de las mujeres en condiciones de igualdad y corregir la distribución del poder entre mujeres y hombres, conforme lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Diputaciones plurinominales

Después de 2014, con la reforma que reconoció la paridad como principio constitucional, los partidos políticos postularon igual número de candidatas y candidatos, por ambos principios. Es por eso que en la Ciudad de México en las elecciones de 2015 y 2018 las autoridades electorales también pudieron asignar a las mujeres más curules de representación proporcional. Este avance se iba a repetir en 2021.

En la sesión del 12 de junio el Instituto Electoral capitalino asignó 14 curules a mujeres y 19 a hombres, por representación proporcional. Sin embargo, el TECDMX modificó la asignación y quitó las diputaciones a Frida Jimena Guillén Ortiz y su suplente, Ahichell Sánchez Valle, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Isabela Rosales Herrera y su suplente, Alicia Medina Hernández, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su lugar, entregaron el triunfo a Rodrigo Miranda Berumen y su suplente, Luis Paris Oviedo Guarneros, del PAN y a José Luis Rodríguez Díaz de León y su suplente, Francisco Medina Padilla, de Morena. También quitó la diputación a Manuel Talayero Pariente, candidato del Partido Verde, quien fue sustituido por Elizabeth Mateos Hernández.

Con estos cambios el Congreso se integraría por 33 mujeres y 33 hombres por ambos principios, eliminando la posibilidad de que las diputadas sean mayoría, con 34 curules. No obstante, falta conocer la resolución de la Sala Regional del TEPJF, que debe estar lista antes de septiembre, cuando se integre la próxima Legislatura del Congreso capitalino.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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5) URUGUAY: CUANDO LAS CIFRAS HABLAN DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO

Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo

La Comisión de Género del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con el apoyo del INEFOP, presentó este jueves la encuesta “Violencia y desigualdad de género en el trabajo” con el objetivo de establecer un diagnóstico aproximado a dichas temáticas y a partir del mismo, delinear acciones de trabajo hacia la erradicación de todas las formas de violencia. La presentación estuvo a cargo del equipo técnico que llevó adelante el trabajo. Según se explicó esta mañana, la pandemia imposibilitó que la encuesta se realizara en las condiciones originalmente previstas, visitando los distintos ámbitos de trabajo. Por ello, el equipo técnico consideró que la vía web también permitiría conocer datos e informaciones relevantes para el análisis de la temática propuesta.

Según explicó Federico Pérez, responsable técnico de la encuesta «Violencia y desigualdad de género en el trabajo», a partir del contacto inicial con los sindicatos que integran el Proyecto Industria Integrada se buscó lograr la participación de un universo mayor de trabajadoras. Para lograr este objetivo, se apeló a las redes sociales y así fue que se llegó a recabar la opinión de 500 trabajadoras, 50% de la industria y 50% de otros ámbitos laborales.

En tanto, Tatiana Antúnez, referente del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte, dijo al Portal del PIT-CNT que la encuesta evidenció que «hay constantes, por ejemplo que la violencia física se produce fundamentalmente en el seno del hogar y las restantes violencias mayoritariamente se dan en los ámbitos de trabajo» y que 2/3 de las encuestadas manifestaron haber vivido alguna situación de violencia, mientras que 1/3 asegura vivirla de manera semanal. Según Antúnez, la encuesta también confirmó las asimetrías de poder y cómo se visibilizan de acuerdo a los estereotipos marcados en la sociedad. Otro de los aspectos que Antúnez mencionó fue la necesidad de herramientas para acompañar los procesos de las personas que sufrieron o sufren situaciones de violencia.

Según los datos obtenidos, un 32% de las trabajadoras de la industria considera que en su trabajo suceden “a diario o varias veces por semana” situaciones de violencia (acoso sexual, agresión verbal o física, acoso moral o psicológico, entre otros) y en otros ámbitos laborales la cifra asciende al 45%. En tanto un 46% de las mujeres de la industria considera que esos casos suceden “en forma muy esporádica” y en otros ámbitos laborales la cifra llega al 34%.

Apenas un 16% de las trabajadoras de la industria que participaron de la encuesta cree que esos casos “nunca suceden”, mientras que en otros ámbitos laborales es el 21%.

La encuesta también preguntó a las trabajadoras por las situaciones de acoso sexual y los ámbitos en los que lo padecieron. De quienes aseguraron haber vivido alguna situación, el 50% dijo que sucedió en su lugar de trabajo, el 15% en su hogar, el 26% en un lugar público y el 15% virtualmente. También se mencionaron otros espacios como el de la militancia o lugar de estudio.

Otro de los aspectos que reveló la encuesta indica que las trabajadoras de la industria que afirman haber sido acosadas, el 48% tuvo a su jefe como acosador, en el 39% de los casos fue un compañero de tareas y el 6% de los casos fue un subordinado. En otros ámbitos laborales, la cifra asciende al 60% de casos de acoso por parte de un jefe, 28% de compañeros y 9% de subordinados.

Miradas

Según explicó la responsable de género de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Flor de Liz Feijoo, el feminismo da herramientas a las mujeres trabajadoras para que, desde el mundo sindical, se pueda visualizar con otra perspectiva las situaciones que en el trabajo cotidiano pueden pasar desapercibidas.

Flore de Liz Feijoo señaló la necesidad de observar la realidad desde una mirada integradora y así lo puso en práctica la propia comisión de género de la CSI. “No queremos ser las mujeres de la comisión de género, nosotras queremos ser las mujeres y los hombres que visualizan las problemáticas para poder transformar la realidad desde otro lugar”.

Flor de Liz dijo que las mujeres están afrontando una dura batalla contra la explotación que persiste “en el mundo del trabajo y en el mundo del hogar” y “ni que hablar cuando las mujeres salimos a militar, que no somos muchas porque estamos limitadas al mundo del trabajo y del hogar”. La responsable de género de la CSI recordó cuando en plena ronda de negociación colectiva un representante le dijo “para qué quieren ustedes aumento si son el complemento del salario de sus maridos”. Flore de Liz reveló que “gracias a eso pusimos el tema de la inequidad arriba de la mesa como para concientizar lo que nos estaba pasando, porque incluso nosotras mismas a veces normalizamos la situación de nuestra vida”.

En relación al trabajo de la comisión de género de la CSI, dijo que se está trabajando en el plano organizativo, para lograr estar presente en todas las fábricas y ámbitos de trabajo, también se está desplegando el trabajo de propaganda para difundir los temas generales y los particulares de género, y un tercer eje social, que presta especial atención a la situación de las trabajadoras y trabajadores que está desocupados en la industria.

La mirada amplia

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó el trabajo realizado en la encuesta y dijo que son un aporte para superar las situaciones que allí quedan evidenciadas.
“El capital nos domina y el patriarcado predomina, porque como dijeron aquí las compañeras, se naturalizan cosas que luego están internalizadas, interiorizadas”. En este sentido, Abdala se refirió al trabajo considerado en la actualidad como mercancía, en un marco de dominio y explotación del sistema. “Nosotros aspiramos a que el trabajo sea una actividad creativa que permita la felicidad del ser humano”, tal como acontece con la cultura o el deporte, entre otros. En este sentido, agregó que “se naturalizan otros dominios y explotaciones que son las que queremos superar”.

Desde su perspectiva, Abdala sostuvo que un movimiento sindical efectivamente democrático, clasista y de masas, que no incorpore las perspectivas de género, no es del todo clasista ni del todo transformador. ”Yo no soy del todo crítico y revolucionario si no actúo frente a las más diversas formas de violencia y discriminación”, sentenció.

PitCnt / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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6) “SOLO POR ESO, PORQUE ÉRAMOS MUJERES”

Por qué los crímenes sexuales han sido considerados efectos colaterales de las guerras y por qué es necesario construir justicia desde los feminismos.

«¡Violemos a sus caballos y huyamos en sus mujeres!», decían los Monty Python en un guiño a esa parte del imaginario colectivo que sabe que la frase está al revés.

Históricamente, la violencia sexual y de género se ha considerado una consecuencia más de la guerra. Como la destrucción de un puente. O como una crisis económica. Nunca como un delito en sí mismo que debe ser enjuiciado. Estos crímenes han sido entendidos tradicionalmente como un efecto colateral. No se les ha dado la misma visibilidad ni el mismo nivel de importancia que se ha otorgado a otras violaciones de los derechos humanos en estos contextos, como las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las masacres. Las desigualdades de género estructurales hacen que los conflictos armados tengan repercusiones desproporcionadas en las mujeres y en las niñas. También hombres y niños, aunque en menor medida, han sido víctimas de este tipo de violencia.

“Después de los golpes, vendada y atada me pasaron a la sala de tortura, me desnudaron, me manosearon, eran varios hombres que todo el tiempo decían que me iban a violar, luego me pasaron la picana eléctrica por el cuerpo, con especial ensañamiento en la vagina, los pezones, la boca y, por si eso no alcanzaba, después me violaron. En los años de la dictadura había un trato degradante con las mujeres. Solo por eso, porque éramos mujeres”, decía una de las testigos el libro Grietas en el silencio, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de estado en Argentina.

Corrían los años 70 en el Cono Sur latinoamericano. El terrorismo de estado secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas —enemigas internas las llamaban—En un proceso sin precedentes a escala mundial, Argentina se propuso juzgar a los torturadores que habían sembrado el terror de la Doctrina de Seguridad Nacional. Fueron juzgadas más de 900 personas, sin embargo, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, solo el 13 por ciento de esas sentencias abordan los delitos sexuales y de género de manera autónoma. Durante casi tres décadas estos crímenes han quedado bajo la figura penal de “tormentos”, cuando las investigaciones han demostrado que las prácticas de abuso, violación, tocamientos, violencia obstétrica y abortos forzados, entre otros vejámenes y humillaciones, fueron prácticas extendidas en todo el territorio argentino de forma sistemática.

El botín de guerra

Los méritos viriles de los guerreros vencedores, como la fuerza, el vigor corporal, el ímpetu o la potencia sexual son reconocidos y fortalecidos a través de la violación de las mujeres de los vencidos. Las mujeres han sido eso en todo el mundo y a lo largo de la mayor parte de la Historia: un botín de guerra. La relatora especial sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Rad-hika Coomaraswamy, señaló que asociar la violencia contra las mujeres a la protección y el honor refuerza los estereotipos de feminidad. Pues el paradigma del honor está vinculado a las las ideas de castidad, pureza y virginidad.

Por ejemplo, en Argentina los abusos sexuales se incluían dentro de las torturas que padecían los secuestrados y secuestradas en los centros clandestinos de detención. Esto fue hasta 2010, cuando por primera vez un tribunal enunció “que los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos y dirigidos contra ellas por su condición de mujer, en una clara intencionalidad discriminatoria”.

“Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras. Son innumerables los casos, forman parte de la cultura de la guerra y en esto no fue una excepción. Hubo muchas variedades. Y sí hubo un tratamiento diferencial entre secuestrados hombres y secuestradas mujeres, evidentemente”, dijo Silvia Labayrú, en 2013, en uno de los juicios del centro de detención clandestina más importante de la Argentina.

Lo simbólico de lo femenino

“La violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme, era para que yo escuchara, al punto que uno de esos días me hacen tocarla para ver que estaba colgada o atada, desnuda absolutamente, y juegan y hacen obscenidades y las relatan”, relata uno de los testigos —marido de una de las víctimas— que colaboró con la investigación argentina Grietas en el silencio.

Los cuerpos de las mujeres se posicionaron como el espacio sobre el que es posible castigar a los hombres, reforzando así la idea de que las mujeres son una pertenencia. A lo largo de la Historia la violencia sexual ha sido tratada como perjuicio del honor y nombre de la familia, en lugar de posicionar a las mujeres como sujetos de derecho.

Niños y hombres, aunque en menor proporción, también han sido —son— víctimas de estos abusos sexuales. El robusto aparato teórico y crítico que aportan los feminismos nos ayuda a entender el simbolismo y la subjetividad que pretenden estas tácticas practicadas también contra hombres. Derribar el patriarcado tiene muchos vértices. Uno de ellos es reflexionar sobre los pactos centrales de esta cultura hegemónica: la solidaridad elemental entre hombres. Otro punto interesante que mencionan las investigadoras del libro Grietas en el silencio son los valores del prototipo de héroe. En la tradición occidental un enemigo es un igual, hay que respetarlo. Quien degrada al otro se degrada a sí mismo, por lo que violar hombres es deshumanizar al enemigo. Es tratarles “como si fueran mujeres”. Destruir a los hombres “feminizándolos”. Como parte de los efectos de esa misma moneda, las violaciones masculinas rara vez se denuncian.

La filósofa india Gayatri Spivak afirma que la violación sexual es perpetrada por el grupo de los vencedores como “una celebración metonímica de la adquisición territorial”. Rita Segato, antropóloga argentina, continúa esa idea de la extensión territorial: apropiarse del cuerpo de las mujeres para usarlo, para abusar de él, es una expresión clara del poder de dominación que el agresor busca ejercer sobre el cuerpo de las mujeres.

La mayoría de las víctimas sufre en silencio. Las dificultades que experimentan las disuaden de denunciar o de buscar ayuda. Regularmente, marginadas y estigmatizadas, las posibilidades de que sus atacantes sean llevados ante la justicia son mínimas. En el libro Putas y guerrilleras, que escribieron las argentinas Olga Wornat y Miriam Lewin, se puso en evidencia el doble castigo patriarcal que pesaba sobre las víctimas de crímenes sexuales: sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se puso el “algo habrán hecho” para sobrevivir.

Guatemala

Demecia Yat de Xol tenía 28 años cuando fue forzada a esclavitud sexual y doméstica por los militares durante el conflicto armado guatemalteco. Eran los años 80. La pequeña aldea de Sepur Zarco fue considerada sospechosa de ayudar a la guerrilla. Fueron ferozmente atacados por el Ejército del General Ríos Montt. Masacres y desapariciones. Los soldados se llevaron a los hombres sus esposos, quemaron las casas. Las mujeres se quedaron sin nada y fueron llevadas al destacamento militar donde harían tareas sexuales y domésticas. Un soldado declaró cómo los oficiales les daban directrices : “Hoy van a degollar o a guindar con alambres, hoy violan a todas las mujeres. (…) Las ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en la vagina”.

A la edad de 61 años, doña Demecia se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, a la espera de un veredicto. Iba acompañada por otras diez supervivientes q’eqchi’es: las Abuelas de Sepur Zarco. Después de más de 30 años tendrían justicia. El Tribunal, en 2016, condenó a dos de los exoficiales que habían participado en su tormento a 120 y 240 años de cárcel. La Fiscalía también ordenó que continúen las exhumaciones hasta encontrar los restos de sus esposos.

Mercedes Hernández, directora de la asociación Mujeres de Guatemala, destaca que “la esclavitud sexual, como tal, no había sido juzgada en ningún tribunal local del mundo y no había sido juzgada tampoco en un contexto de conflicto armado, como ocurrió en el caso de Sepur Zarco”.

Bosnia

La guerra de Bosnia estaba en sus primeras etapas, allá por 1992. Elma tenía poco más de 20 años, estaba recién casada y embarazada de cuatro meses. “Los vi llevarse a mi padre y a mi hermano pequeño”, cuenta para Amnistía Internacionalen el relato de cómo sus vecinos mataron brutalmente a su familia. Ese fue el principio del terror. Después la llevaron a lo que se conocía como “campo de violación”. Un lugar donde los grupos de paramilitares que volvían de sus misiones violaban cada día de manera colectiva. “Me pegaban y me violaban, a mí y a otras jóvenes”, añade. Como consecuencia de la brutalidad perdió a su bebé y sufrió lesiones en la columna vertebral de las que nunca se ha recuperado.

Las estadísticas calculan que entre 20.000 y 30.000 mujeres sufrieron abusos sexuales durante el conflicto. Después de más de 20 años, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, solo ha condenado a 33 personas por estas violaciones. Ahora son los Estados nacionales los que deberían juzgar estos crímenes. Sólo un uno por ciento de los casos juzgados en Bosnia responden a violencia sexual.

Irak

Nadia Murad Basee y cientos de mujeres yazidíes —una minoría religiosa que el autoproclamado Estado Islámico considera infiel— fueron secuestradas de Sinjar, una región en el norte de Irak. Después vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo. “A esa práctica la llaman yihad sexual”, contaba Murad en 2018 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. En el grupo había unas 150 niñas, algunas de 10 y 12 años.

Las podían retener más, pero normalmente las vendían después de un día. Nadia Murad estuvo tres meses con el hombre que la secuestró. «Les pregunté por qué hacían eso con nosotras ¿Por qué mataron a nuestros hombres? ¿Por qué nos violan violentamente? Me contestaron: ‘Los yazidíes son infieles, no son un pueblo de las escrituras. Ahora sois botín de guerra. Se merecéis esto, sois infieles. Los yazidíes deben ser destruidos’”, decía Murad mientras denunciaba que esta situación continúa sucediendo. Ella consiguió escapar.

Colombia

“En la noche teníamos relaciones con civiles, a veces hasta con 12 hombres y en el día llegaban ellos (los paramilitares) del monte y nos encerraban. Nos daban almuerzo y agua, y no nos pagaban nada”, relatan su pesadilla de prostitución forzada y esclavitud sexual que duró aproximadamente un mes dos hermanas de 22 y 23 años fueron secuestradas en la Amazonia colombiana.

Ante la falta de comida y atención médica, enfermaron. Los paramilitares, entonces, “ordenaron que se fueran a otra zona, porque ya estaban muy feas”. Las llevaron a otro negocio donde además de prostituirse eran obligadas a realizar servicios domésticos. Fueron liberadas en junio de 2001 cuando cayó una granada en el nuevo lugar y tuvieron que transladarlas a urgencias donde pudieron contactar con la familia.

Durante el conflicto armado colombiano, a los paramilitares “se les impartían directrices orientadas a aleccionar, creando vergüenza y humillación, como barrer las calles, cortarles el cabello e imponerles horarios”. En los retenes de carretera separaban a las mujeres de los hombres y aprovechaban para violarlas. O se metían violentamente en las casas y se justificaban diciendo que aquellas mujeres que violaban estaban “ayudando a la guerrilla”.

Estos fueron algunos de los testimonios que permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir episodios de la guerra que vive Colombia hace más de 50 años. Sin embargo, muchas de las víctimas se han mantenido en silencio por miedo a represalias.

La legislación internacional

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos especialmente atroces e inhumanos que forman parte de un plan de ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Son cometidos por un Estado o una organización. En 1968 se aprobó la imprescriptibilidad de estos crímenes, es decir, no importaba el tiempo que pasase, siempre podrían ser denunciados. Varios países también establecieron que no podían ser objeto de amnistía o cualquier otra forma de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley. Para su enjuiciamiento existe el principio de jurisdicción universal, por el que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar a sus autores independientemente del lugar donde los crímenes fueron cometidos. Por ejemplo, bajo estas características fueron juzgados los delitos cometidos durante la dictadura en Chile de Pinochet, así como la llamada Querella Argentina trata de juzgar a la dictadura franquista.

La primera mención incluyendo la violación en estos crímenes nos lleva hasta la Cuarta Convención de Ginebra en 1949. Entonces la violación no fue considerada un crimen de guerra grave. Los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, por ejemplo, no reconocían explícitamente los delitos sexuales ni de género. No fue hasta después de las guerras de los Balcanes y Ruanda casi 50 años después (en 1998), que el Derecho Internacional definió mejor estos crímenes incluyendo prostitución forzada, embarazo forzado o esclavitud sexual. La primera sentencia que consideró la violación sexual como delito de lesa humanidad fue el caso Akayesu, en Ruanda, por las violaciones a las mujeres tutsi.

En 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU afirmó por primera vez que las formas de violencia sexual son crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad. Por esta resolución se reconoce la violencia sexual como táctica de guerra y como parte del impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad. Pero no fue hasta finales del año 2010, cuando se empezó a elaborar un plan concreto para acabar con la violencia sexual asociada a las situaciones de conflicto.

El papel de las víctimas

Entre la dicotomía de víctimas y actoras sociales. Ese es el papel atribuido a las mujeres en las guerras. Sobre todo por miedo a perpetuar su indefensión y vulnerabilidad al situarlas sólo como víctimas. Como si ser víctima fuese lo contrario a tener un rol activo en el tejido social o incluso ser agentes del conflicto en sí mismo.

Para la investigadora Luz Piedad Caicedo, el reconocimiento de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es además de un derecho, una oportunidad para redefinir los arreglos de género en la sociedad desde la lógica de la igualdad. “Ser víctima no es, desde una perspectiva de derechos, una minusvalía”, expresaba en una ponencia sobre el proyecto ‘Estrategias para la incidencia en judicialización de crímenes de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado colombiano’.

Para pensar los crímenes de lesa humanidad confluyen tres puntos: una persona con derechos, otra persona que los vulnera y un Estado con responsabilidades sobre la acción de vulneración que se cometió. Desde una perspectiva feminista, para que haya justicia, es necesario que los delitos cometidos contra las mujeres sean valorados en “igualdad de gravedad” que los perpetrados contra los hombres, que obtengan la misma atención y celo de investigación y que sean del mismo interés para toda la sociedad.

El primer paso para que las supervivientes de delitos sexuales y de género puedan obtener justicia son las investigaciones imparciales, oportunas y profesionales. Tienen derecho a contar su historia en un entorno seguro y propicio para su empoderamiento. Para que esto suceda las personas encargadas de investigar deben contar con las herramientas necesarias, como entender eufemismos o expresiones locales. Este análisis de contexto ayudará a resignificar política, histórica y jurídicamente los crímenes sexuales de los conflictos armados como parte de un plan y no como hechos aislados.

Estamos en camino, pero no es suficiente

Una mujer víctima de abusos sexuales durante la dictadura argentina, que no quiso hacer público su nombre, dijo que el tribunal provincial en el que estaba declarando no aceptó el delito que estaba denunciando. “No lo aceptaron como un ataque de violación”, explicaba como demostración de la poca predisposición judicial sobre el asunto.

El objetivo de juzgar estos crímenes contra la humanidad es la reparación. Por un lado la reparación institucional formal (material, como una ayuda económica, o simbólica, como un reconocimiento público) y, por otro lado, y dependiente de esta primera, de reparación psicológica. Es necesario que el sistema jurídico y la sociedad les den la suficiente credibilidad a las víctimas.

Para este año está previsto que en Argentina se realice el juicio específico ESMA-Delitos sexuales donde se juzgarán a represores que violaron o abusaron de mujeres detenidas en ese centro clandestino de detención. Ese juicio debía comenzar en el mes de marzo de este año pero se suspendió debido a la pandemia de la Covid-19.

Beatriz Hernández Pino / Pikaramagazine / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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SOLO POR ESO, PORQUE ÉRAMOS MUJERES – comcosur mujer 700 – 30.08.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 700 /lunes 30.08.2021 – Hoy:

1) Argentina: Educación Sexual Integral: un paradigma de derechos que lleva 15 años
2) Chile: El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual
3) México: Una de cada cinco personas sufrió violencia física en esta pandemia
4) México: La paridad debe ser un piso, no un techo.
5) Uruguay: Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo
6) “Solo por eso, porque éramos mujeres”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 700 – Lunes 30 de agosto de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: UN PARADIGMA DE DERECHOS QUE LLEVA 15 AÑOS

La educación sexual integral nació en 2006 y establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en todas las escuelas, sean públicas o privadas. ¿Qué implica esa integralidad?

Desde el 23 al 27 de agosto se celebra en Argentina la semana de la Educación Sexual Integral (ESI), que busca promover acciones educativas para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Dicho programa se creó a partir de la Ley 26.150 (2006) con el fin de garantizar el derecho de los/as estudiantes de recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, estatales y privados del ámbito nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires.

Dicha concepción «integral» tiene que ver con pensar a la educación sexual a partir de incluir miradas biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. De allí, que los objetivos de la ESI sean la transmisión de conocimientos pertinentes y actualizados sobre distintos aspectos de la educación sexual, la promoción de actitudes responsables, la prevención de problemas relacionados con la salud sexual, general y reproductiva y procurar la igualdad de trato y oportunidades tanto para los varones como para las mujeres, además de promover la no discriminación por orientación sexual, identidad de género u otro motivo.

Con el fin de lograr estos objetivos, el Estado impulsa distintas actividades como trabajar en los planes educativos de las diferentes jurisdicciones, informar y capacitar a los docentes para que adquieran habilidades y conocimientos sobre una correcta implementación de la ESI y producir y distribuir material pedagógico y educativo.

Asimismo, con respecto a los contenidos, la normativa especifica que deberán estar basados en los “lineamientos curriculares” que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2008 y que indican cuáles son los contenidos básicos que deben transmitirse según el área y el nivel educativo de cada jurisdicción. De este modo, cada comunidad educativa deberá incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto de su ideario institucional y de las convicciones de sus miembros, con el fin de lograr que todos los estudiantes pertenecientes a una edad determinada reciban la misma educación.

ESI: transversal, integral y obligatoria

Una de las características de la ESI es su carácter de transversalidad, que significa que deberá formar parte de los programas del plan educativo, atravesando los contenidos como una materia más, la otra es su carácter obligatorio.

Por otra parte, el hecho de que tenga un enfoque “integral” permite plantearla desde diferentes disciplinas y visiones. Con respecto a esto, en una entrevista para el programa del ministerio de Educación, “Sigamos Educando” que transmite canal 7, la profesora de Educación para la Salud, Evangelina Trebissacce, explicó que esta concepción posibilita ver cómo se vincula cada persona con su género con relación a la sociedad, por eso la importancia de impartir esta educación en los niveles inferiores: “Desde el nivel maternal empiezan a suceder cosas que tienen que ver con la educación sexual, si a una nena de 1 o 5 años, le das las muñecas, le das lo rosa, la hacés ser suave, ahí la estás posicionando frente al mundo de una determinada forma y al varón lo mismo. Entonces, lo que va a venir a decir la educación sexual es que todo es cuestionable, que vamos a pensar otras formas de habitar el mundo y eso se relaciona con formas más justas de habitarlo”.

A pesar de las dudas y el rechazo que, en muchos casos, generó llevar a la práctica la ESI, el ministerio de Educación aclaró que recibir información sobre la sexualidad es un derecho avalado por ley, por lo tanto, los docentes están obligados a garantizar su cumplimiento y, para esto, es pertinente informar a las familias sobre los contenidos y, así, facilitar el proceso educativo.

Elizabeth Pontoriero / Agencia Paco Urondo / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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2) CHILE: EL RECHAZO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN PORTAZO MÁS A LAS DEMANDAS DE MUJERES Y LA DIVERSIDAD SEXUAL

“Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía”, señalaron las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile ante el rechazo en la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara del proyecto que buscaba despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

El pasado lunes 09 de agosto la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación, elaborado por Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

La iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018. El proyecto de ley planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización al aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

El debate contó con la exposición de abogadas, diversas trabajadoras de la salud e integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes dejaron claro que criminalizar el aborto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava.

En esa línea, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile queremos recordar que no estaríamos en esta situación si nuestra actual Constitución garantizara los derechos sexuales y reproductivos, como hemos demandado desde nuestras organizaciones.

En ese sentido, queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sostuvo que: “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma” y añadió: “Nos preocupa muchísimo que, en lugar de legislar para proteger a las mujeres y las niñas, el parlamento chileno esté validando una determinada convicción valórica, conforme a la cual las mujeres deben ser tuteladas, perseguidas como si fueran criminales y castigadas por sus decisiones”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile seguiremos insistiendo en la urgencia de dar este paso, ahora en el marco del debate constituyente que enfrenta nuestro país y que brinda una oportunidad para la construcción de un nuevo Chile, un Chile con mayores niveles de justicia y equidad, y que, por lo tanto, respete las decisiones y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Medio a Medio/ COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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3) MÉXICO: UNA DE CADA CINCO PERSONAS SUFRIÓ VIOLENCIA FÍSICA EN ESTA PANDEMIA
Muchas familias han vivido un aumento de la violencia durante el confinamiento por la COVID-19. Así lo muestra una investigación realizada por el Dr. Raúl Alcázar Olán, académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, durante los meses del verano de este año.

De acuerdo con lo recabado en una encuesta, el 89.5 por ciento de los participantes afirmó haber sido víctima de violencia psicológica por parte de un familiar enojado, generalmente el cónyuge. Asimismo, el 94.4 por ciento de las mujeres y el 91.6 por ciento de los hombres han ejercido, estando enojados, algún tipo de violencia psicológica hacia algún familiar durante estos más 16 meses de pandemia.

Alcázar Olán, doctor en Psicología, desarrolló una investigación sobre el enojo y la violencia familiar durante la pandemia por COVID-19, en el estado de Puebla, con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), y con la colaboración de alumnos y de la docente Graciela Isabel Wilson Corral.

Este trabajo, que incluyó propuestas para la creación de políticas públicas que contribuyan a reducir el problema, reveló que durante la pandemia una de cada cinco personas ha sido víctima de violencia física por parte de algún familiar enojado, especialmente la pareja.

Asimismo, la investigación realizada durante este verano, la cual incluyó una muestra de 665 adultos, da a conocer que en la pandemia el 33.5 por ciento ejerce violencia física contra algún familiar, la mayoría de las veces hacia la pareja, aunque también hacia los hijos.

Alcázar Olán, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, subraya que el enojo excesivo, entre otros factores, es un elemento que aumenta las reacciones violentas, especialmente las de carácter psicológico. En consecuencia, afirma, el manejo emocional se vuelve indispensable para disminuir dichos episodios de violencia.

De acuerdo con el especialista y creador de la Escala de Pensamientos de Enojo ─reconocida por la American Psychological Association (APA)─, si bien no se trata de un problema nuevo, muchas familias han padecido un aumento de la violencia a partir de una serie de causas derivadas del confinamiento por COVID-19.

“Si bien los gobiernos federal y estatal han realizado esfuerzos para combatir la violencia familiar, mediante programas que buscan remediar el problema o sancionarlo, no hay, o son pocas, las iniciativas para la prevención”, recalcó el académico de la IBERO Puebla.

El especialista de la Universidad jesuita de Puebla asegura que existe más información estadística sobre la violencia hacia las mujeres que hacia los hombres. Sin embargo, varios estudios señalan que la violencia más recurrente está en las relaciones de pareja, en la cual hombres y mujeres han ejercido varios tipos de violencia hacia su cónyuge.

Como parte de la investigación realizada se trabajó en propuestas para una política pública que busque reducir el problema del enojo excesivo y la violencia familiar, entre las que destacan: implementar de medidas preventivas para fomentar el autocontrol del enojo y el cuidado mutuo en las relaciones familiares.

Así como también concientizar a la población sobre el problema mediante diversas actividades y medios; aumentar la participación de la sociedad civilcomo promotores de la lucha contra la violencia familiar, y reconocer los daños del enojo excesivo y la violencia familiar.

Las investigaciones Enojo excesivo y violencia familiar: Informe para maestros y padres de familia y Enojo excesivo y violencia familiar: hacia una propuesta de política pública en el Estado de Puebla fueron realizadas en colaboración con la profesora de la IBERO Puebla, Graciela Isabel Wilson Corral, y los alumnos de Psicología Gabriela Bermúdez Cruz, Jenifer Azuleni Martínez de la Cruz y Pedro Rivera Martínez. Estos informes serán publicados como libros en los próximos meses.

Sofía Villafuerte Guillén / IBERO Puebla / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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4) MÉXICO: LA PARIDAD DEBE SER UN PISO, NO UN TECHO, ASEGURAN EXPERTAS

Hasta 2018 las mujeres buscaron que el Congreso de la Ciudad de México se integrara por igual número de diputadas y de diputados, pero después de las elecciones de 2021 explican que la paridad “es un piso y no un techo”, es decir, existe la posibilidad de que ellas ocupen más del 50 por ciento de las curules.

Este es uno de los argumentos que las integrantes de la “Red Mujeres en Plural” entregó a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que lo tome en cuenta al analizar nueve juicios relacionados con la asignación de diputaciones por representación proporcional en la capital del país.

En un documento conocido como “amicus curiae”, que fue entregado este 23 de agosto por defensoras de la participación política como Rosario Guerra Díaz, Gloria Ramírez Hernández, Teresa Hevia Rocha, Patricia Olamendi Torres y Claudia Castello Rebollar, entre otras, pidieron a las y los magistrados que juzguen e interpreten la ley con perspectiva de género y aseguren la mayor presencia de mujeres legisladoras.

El Congreso capitalino se integra con 66 diputaciones, 33 electas por mayoría de votos y 33 asignadas por representación proporcional. El resultado de la jornada electoral del 6 de junio fueron 20 mujeres electas por voto directo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) asignó a las mujeres 14 diputaciones por representación proporcional. Es decir, habría 34 mujeres y 32 hombres en la siguiente Legislatura.

Sin embargo, en la sesión del 3 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) quitó a dos candidatas las diputaciones plurinonominales que obtuvieron y las sustituyó por hombres, argumentando que ellos obtuvieron mejor votación y que a pesar de los cambios los partidos mantendrían la paridad, es decir el 50-50.

Tribunal Electoral alteró paridad

En entrevista, Claudia Castello Rebollar, explicó que la Red presentó argumentos jurídicos y este 25 de agosto tuvo una audiencia con la magistrada María Silva Rojas y los magistrados Héctor Romero Bolaños y Jose Luis Ceballos Daza para presentar sus alegatos de viva voz.

En esta reunión, las integrantes de Mujeres en Plural expusieron sus razones para impedir que el Tribunal Electoral local altere la lista definitiva de candidaturas asignadas por el IECM, por el principio de representación proporcional, la cual favorecía la participación política de las capitalinas.

“El tema del 50 por ciento para las mujeres debe ser un piso, no un techo”, expuso Castello Rebollar, quien también detalló que históricamente los congresos locales se han conformado por una mayoría de hombres.

El cambió a favor de la presencia de mujeres como legisladoras ocurrió después de la reforma constitucional de 2014 y de 2019. Ésta última se conoce como “Paridad en todo” porque amplió este principio a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“¿Cuál es el argumento de que no haya más mujeres en un Congreso, cuando siempre ha habido mayoría de hombres? Esa es la incógnita o la interrogante ¿por qué no toleran que las mujeres hayan sido mejor votadas?”, expresó la también vicecoordinadora nacional de Nueva Izquierda

Las firmantes de este “amicus”, explicó Castello Rebollar, buscan construir democracias representativas que promuevan la plena participación y el liderazgo de las mujeres en condiciones de igualdad y corregir la distribución del poder entre mujeres y hombres, conforme lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Diputaciones plurinominales

Después de 2014, con la reforma que reconoció la paridad como principio constitucional, los partidos políticos postularon igual número de candidatas y candidatos, por ambos principios. Es por eso que en la Ciudad de México en las elecciones de 2015 y 2018 las autoridades electorales también pudieron asignar a las mujeres más curules de representación proporcional. Este avance se iba a repetir en 2021.

En la sesión del 12 de junio el Instituto Electoral capitalino asignó 14 curules a mujeres y 19 a hombres, por representación proporcional. Sin embargo, el TECDMX modificó la asignación y quitó las diputaciones a Frida Jimena Guillén Ortiz y su suplente, Ahichell Sánchez Valle, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Isabela Rosales Herrera y su suplente, Alicia Medina Hernández, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su lugar, entregaron el triunfo a Rodrigo Miranda Berumen y su suplente, Luis Paris Oviedo Guarneros, del PAN y a José Luis Rodríguez Díaz de León y su suplente, Francisco Medina Padilla, de Morena. También quitó la diputación a Manuel Talayero Pariente, candidato del Partido Verde, quien fue sustituido por Elizabeth Mateos Hernández.

Con estos cambios el Congreso se integraría por 33 mujeres y 33 hombres por ambos principios, eliminando la posibilidad de que las diputadas sean mayoría, con 34 curules. No obstante, falta conocer la resolución de la Sala Regional del TEPJF, que debe estar lista antes de septiembre, cuando se integre la próxima Legislatura del Congreso capitalino.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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5) URUGUAY: CUANDO LAS CIFRAS HABLAN DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO

Cuando las cifras hablan de violencia y desigualdad de género en el trabajo

La Comisión de Género del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con el apoyo del INEFOP, presentó este jueves la encuesta “Violencia y desigualdad de género en el trabajo” con el objetivo de establecer un diagnóstico aproximado a dichas temáticas y a partir del mismo, delinear acciones de trabajo hacia la erradicación de todas las formas de violencia. La presentación estuvo a cargo del equipo técnico que llevó adelante el trabajo. Según se explicó esta mañana, la pandemia imposibilitó que la encuesta se realizara en las condiciones originalmente previstas, visitando los distintos ámbitos de trabajo. Por ello, el equipo técnico consideró que la vía web también permitiría conocer datos e informaciones relevantes para el análisis de la temática propuesta.

Según explicó Federico Pérez, responsable técnico de la encuesta «Violencia y desigualdad de género en el trabajo», a partir del contacto inicial con los sindicatos que integran el Proyecto Industria Integrada se buscó lograr la participación de un universo mayor de trabajadoras. Para lograr este objetivo, se apeló a las redes sociales y así fue que se llegó a recabar la opinión de 500 trabajadoras, 50% de la industria y 50% de otros ámbitos laborales.

En tanto, Tatiana Antúnez, referente del Proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte, dijo al Portal del PIT-CNT que la encuesta evidenció que «hay constantes, por ejemplo que la violencia física se produce fundamentalmente en el seno del hogar y las restantes violencias mayoritariamente se dan en los ámbitos de trabajo» y que 2/3 de las encuestadas manifestaron haber vivido alguna situación de violencia, mientras que 1/3 asegura vivirla de manera semanal. Según Antúnez, la encuesta también confirmó las asimetrías de poder y cómo se visibilizan de acuerdo a los estereotipos marcados en la sociedad. Otro de los aspectos que Antúnez mencionó fue la necesidad de herramientas para acompañar los procesos de las personas que sufrieron o sufren situaciones de violencia.

Según los datos obtenidos, un 32% de las trabajadoras de la industria considera que en su trabajo suceden “a diario o varias veces por semana” situaciones de violencia (acoso sexual, agresión verbal o física, acoso moral o psicológico, entre otros) y en otros ámbitos laborales la cifra asciende al 45%. En tanto un 46% de las mujeres de la industria considera que esos casos suceden “en forma muy esporádica” y en otros ámbitos laborales la cifra llega al 34%.

Apenas un 16% de las trabajadoras de la industria que participaron de la encuesta cree que esos casos “nunca suceden”, mientras que en otros ámbitos laborales es el 21%.

La encuesta también preguntó a las trabajadoras por las situaciones de acoso sexual y los ámbitos en los que lo padecieron. De quienes aseguraron haber vivido alguna situación, el 50% dijo que sucedió en su lugar de trabajo, el 15% en su hogar, el 26% en un lugar público y el 15% virtualmente. También se mencionaron otros espacios como el de la militancia o lugar de estudio.

Otro de los aspectos que reveló la encuesta indica que las trabajadoras de la industria que afirman haber sido acosadas, el 48% tuvo a su jefe como acosador, en el 39% de los casos fue un compañero de tareas y el 6% de los casos fue un subordinado. En otros ámbitos laborales, la cifra asciende al 60% de casos de acoso por parte de un jefe, 28% de compañeros y 9% de subordinados.

Miradas

Según explicó la responsable de género de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Flor de Liz Feijoo, el feminismo da herramientas a las mujeres trabajadoras para que, desde el mundo sindical, se pueda visualizar con otra perspectiva las situaciones que en el trabajo cotidiano pueden pasar desapercibidas.

Flore de Liz Feijoo señaló la necesidad de observar la realidad desde una mirada integradora y así lo puso en práctica la propia comisión de género de la CSI. “No queremos ser las mujeres de la comisión de género, nosotras queremos ser las mujeres y los hombres que visualizan las problemáticas para poder transformar la realidad desde otro lugar”.

Flor de Liz dijo que las mujeres están afrontando una dura batalla contra la explotación que persiste “en el mundo del trabajo y en el mundo del hogar” y “ni que hablar cuando las mujeres salimos a militar, que no somos muchas porque estamos limitadas al mundo del trabajo y del hogar”. La responsable de género de la CSI recordó cuando en plena ronda de negociación colectiva un representante le dijo “para qué quieren ustedes aumento si son el complemento del salario de sus maridos”. Flore de Liz reveló que “gracias a eso pusimos el tema de la inequidad arriba de la mesa como para concientizar lo que nos estaba pasando, porque incluso nosotras mismas a veces normalizamos la situación de nuestra vida”.

En relación al trabajo de la comisión de género de la CSI, dijo que se está trabajando en el plano organizativo, para lograr estar presente en todas las fábricas y ámbitos de trabajo, también se está desplegando el trabajo de propaganda para difundir los temas generales y los particulares de género, y un tercer eje social, que presta especial atención a la situación de las trabajadoras y trabajadores que está desocupados en la industria.

La mirada amplia

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó el trabajo realizado en la encuesta y dijo que son un aporte para superar las situaciones que allí quedan evidenciadas.
“El capital nos domina y el patriarcado predomina, porque como dijeron aquí las compañeras, se naturalizan cosas que luego están internalizadas, interiorizadas”. En este sentido, Abdala se refirió al trabajo considerado en la actualidad como mercancía, en un marco de dominio y explotación del sistema. “Nosotros aspiramos a que el trabajo sea una actividad creativa que permita la felicidad del ser humano”, tal como acontece con la cultura o el deporte, entre otros. En este sentido, agregó que “se naturalizan otros dominios y explotaciones que son las que queremos superar”.

Desde su perspectiva, Abdala sostuvo que un movimiento sindical efectivamente democrático, clasista y de masas, que no incorpore las perspectivas de género, no es del todo clasista ni del todo transformador. ”Yo no soy del todo crítico y revolucionario si no actúo frente a las más diversas formas de violencia y discriminación”, sentenció.

PitCnt / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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6) “SOLO POR ESO, PORQUE ÉRAMOS MUJERES”

Por qué los crímenes sexuales han sido considerados efectos colaterales de las guerras y por qué es necesario construir justicia desde los feminismos.

«¡Violemos a sus caballos y huyamos en sus mujeres!», decían los Monty Python en un guiño a esa parte del imaginario colectivo que sabe que la frase está al revés.

Históricamente, la violencia sexual y de género se ha considerado una consecuencia más de la guerra. Como la destrucción de un puente. O como una crisis económica. Nunca como un delito en sí mismo que debe ser enjuiciado. Estos crímenes han sido entendidos tradicionalmente como un efecto colateral. No se les ha dado la misma visibilidad ni el mismo nivel de importancia que se ha otorgado a otras violaciones de los derechos humanos en estos contextos, como las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las masacres. Las desigualdades de género estructurales hacen que los conflictos armados tengan repercusiones desproporcionadas en las mujeres y en las niñas. También hombres y niños, aunque en menor medida, han sido víctimas de este tipo de violencia.

“Después de los golpes, vendada y atada me pasaron a la sala de tortura, me desnudaron, me manosearon, eran varios hombres que todo el tiempo decían que me iban a violar, luego me pasaron la picana eléctrica por el cuerpo, con especial ensañamiento en la vagina, los pezones, la boca y, por si eso no alcanzaba, después me violaron. En los años de la dictadura había un trato degradante con las mujeres. Solo por eso, porque éramos mujeres”, decía una de las testigos el libro Grietas en el silencio, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de estado en Argentina.

Corrían los años 70 en el Cono Sur latinoamericano. El terrorismo de estado secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas —enemigas internas las llamaban—En un proceso sin precedentes a escala mundial, Argentina se propuso juzgar a los torturadores que habían sembrado el terror de la Doctrina de Seguridad Nacional. Fueron juzgadas más de 900 personas, sin embargo, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, solo el 13 por ciento de esas sentencias abordan los delitos sexuales y de género de manera autónoma. Durante casi tres décadas estos crímenes han quedado bajo la figura penal de “tormentos”, cuando las investigaciones han demostrado que las prácticas de abuso, violación, tocamientos, violencia obstétrica y abortos forzados, entre otros vejámenes y humillaciones, fueron prácticas extendidas en todo el territorio argentino de forma sistemática.

El botín de guerra

Los méritos viriles de los guerreros vencedores, como la fuerza, el vigor corporal, el ímpetu o la potencia sexual son reconocidos y fortalecidos a través de la violación de las mujeres de los vencidos. Las mujeres han sido eso en todo el mundo y a lo largo de la mayor parte de la Historia: un botín de guerra. La relatora especial sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Rad-hika Coomaraswamy, señaló que asociar la violencia contra las mujeres a la protección y el honor refuerza los estereotipos de feminidad. Pues el paradigma del honor está vinculado a las las ideas de castidad, pureza y virginidad.

Por ejemplo, en Argentina los abusos sexuales se incluían dentro de las torturas que padecían los secuestrados y secuestradas en los centros clandestinos de detención. Esto fue hasta 2010, cuando por primera vez un tribunal enunció “que los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos y dirigidos contra ellas por su condición de mujer, en una clara intencionalidad discriminatoria”.

“Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras. Son innumerables los casos, forman parte de la cultura de la guerra y en esto no fue una excepción. Hubo muchas variedades. Y sí hubo un tratamiento diferencial entre secuestrados hombres y secuestradas mujeres, evidentemente”, dijo Silvia Labayrú, en 2013, en uno de los juicios del centro de detención clandestina más importante de la Argentina.

Lo simbólico de lo femenino

“La violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme, era para que yo escuchara, al punto que uno de esos días me hacen tocarla para ver que estaba colgada o atada, desnuda absolutamente, y juegan y hacen obscenidades y las relatan”, relata uno de los testigos —marido de una de las víctimas— que colaboró con la investigación argentina Grietas en el silencio.

Los cuerpos de las mujeres se posicionaron como el espacio sobre el que es posible castigar a los hombres, reforzando así la idea de que las mujeres son una pertenencia. A lo largo de la Historia la violencia sexual ha sido tratada como perjuicio del honor y nombre de la familia, en lugar de posicionar a las mujeres como sujetos de derecho.

Niños y hombres, aunque en menor proporción, también han sido —son— víctimas de estos abusos sexuales. El robusto aparato teórico y crítico que aportan los feminismos nos ayuda a entender el simbolismo y la subjetividad que pretenden estas tácticas practicadas también contra hombres. Derribar el patriarcado tiene muchos vértices. Uno de ellos es reflexionar sobre los pactos centrales de esta cultura hegemónica: la solidaridad elemental entre hombres. Otro punto interesante que mencionan las investigadoras del libro Grietas en el silencio son los valores del prototipo de héroe. En la tradición occidental un enemigo es un igual, hay que respetarlo. Quien degrada al otro se degrada a sí mismo, por lo que violar hombres es deshumanizar al enemigo. Es tratarles “como si fueran mujeres”. Destruir a los hombres “feminizándolos”. Como parte de los efectos de esa misma moneda, las violaciones masculinas rara vez se denuncian.

La filósofa india Gayatri Spivak afirma que la violación sexual es perpetrada por el grupo de los vencedores como “una celebración metonímica de la adquisición territorial”. Rita Segato, antropóloga argentina, continúa esa idea de la extensión territorial: apropiarse del cuerpo de las mujeres para usarlo, para abusar de él, es una expresión clara del poder de dominación que el agresor busca ejercer sobre el cuerpo de las mujeres.

La mayoría de las víctimas sufre en silencio. Las dificultades que experimentan las disuaden de denunciar o de buscar ayuda. Regularmente, marginadas y estigmatizadas, las posibilidades de que sus atacantes sean llevados ante la justicia son mínimas. En el libro Putas y guerrilleras, que escribieron las argentinas Olga Wornat y Miriam Lewin, se puso en evidencia el doble castigo patriarcal que pesaba sobre las víctimas de crímenes sexuales: sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se puso el “algo habrán hecho” para sobrevivir.

Guatemala

Demecia Yat de Xol tenía 28 años cuando fue forzada a esclavitud sexual y doméstica por los militares durante el conflicto armado guatemalteco. Eran los años 80. La pequeña aldea de Sepur Zarco fue considerada sospechosa de ayudar a la guerrilla. Fueron ferozmente atacados por el Ejército del General Ríos Montt. Masacres y desapariciones. Los soldados se llevaron a los hombres sus esposos, quemaron las casas. Las mujeres se quedaron sin nada y fueron llevadas al destacamento militar donde harían tareas sexuales y domésticas. Un soldado declaró cómo los oficiales les daban directrices : “Hoy van a degollar o a guindar con alambres, hoy violan a todas las mujeres. (…) Las ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en la vagina”.

A la edad de 61 años, doña Demecia se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, a la espera de un veredicto. Iba acompañada por otras diez supervivientes q’eqchi’es: las Abuelas de Sepur Zarco. Después de más de 30 años tendrían justicia. El Tribunal, en 2016, condenó a dos de los exoficiales que habían participado en su tormento a 120 y 240 años de cárcel. La Fiscalía también ordenó que continúen las exhumaciones hasta encontrar los restos de sus esposos.

Mercedes Hernández, directora de la asociación Mujeres de Guatemala, destaca que “la esclavitud sexual, como tal, no había sido juzgada en ningún tribunal local del mundo y no había sido juzgada tampoco en un contexto de conflicto armado, como ocurrió en el caso de Sepur Zarco”.

Bosnia

La guerra de Bosnia estaba en sus primeras etapas, allá por 1992. Elma tenía poco más de 20 años, estaba recién casada y embarazada de cuatro meses. “Los vi llevarse a mi padre y a mi hermano pequeño”, cuenta para Amnistía Internacionalen el relato de cómo sus vecinos mataron brutalmente a su familia. Ese fue el principio del terror. Después la llevaron a lo que se conocía como “campo de violación”. Un lugar donde los grupos de paramilitares que volvían de sus misiones violaban cada día de manera colectiva. “Me pegaban y me violaban, a mí y a otras jóvenes”, añade. Como consecuencia de la brutalidad perdió a su bebé y sufrió lesiones en la columna vertebral de las que nunca se ha recuperado.

Las estadísticas calculan que entre 20.000 y 30.000 mujeres sufrieron abusos sexuales durante el conflicto. Después de más de 20 años, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, solo ha condenado a 33 personas por estas violaciones. Ahora son los Estados nacionales los que deberían juzgar estos crímenes. Sólo un uno por ciento de los casos juzgados en Bosnia responden a violencia sexual.

Irak

Nadia Murad Basee y cientos de mujeres yazidíes —una minoría religiosa que el autoproclamado Estado Islámico considera infiel— fueron secuestradas de Sinjar, una región en el norte de Irak. Después vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo. “A esa práctica la llaman yihad sexual”, contaba Murad en 2018 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. En el grupo había unas 150 niñas, algunas de 10 y 12 años.

Las podían retener más, pero normalmente las vendían después de un día. Nadia Murad estuvo tres meses con el hombre que la secuestró. «Les pregunté por qué hacían eso con nosotras ¿Por qué mataron a nuestros hombres? ¿Por qué nos violan violentamente? Me contestaron: ‘Los yazidíes son infieles, no son un pueblo de las escrituras. Ahora sois botín de guerra. Se merecéis esto, sois infieles. Los yazidíes deben ser destruidos’”, decía Murad mientras denunciaba que esta situación continúa sucediendo. Ella consiguió escapar.

Colombia

“En la noche teníamos relaciones con civiles, a veces hasta con 12 hombres y en el día llegaban ellos (los paramilitares) del monte y nos encerraban. Nos daban almuerzo y agua, y no nos pagaban nada”, relatan su pesadilla de prostitución forzada y esclavitud sexual que duró aproximadamente un mes dos hermanas de 22 y 23 años fueron secuestradas en la Amazonia colombiana.

Ante la falta de comida y atención médica, enfermaron. Los paramilitares, entonces, “ordenaron que se fueran a otra zona, porque ya estaban muy feas”. Las llevaron a otro negocio donde además de prostituirse eran obligadas a realizar servicios domésticos. Fueron liberadas en junio de 2001 cuando cayó una granada en el nuevo lugar y tuvieron que transladarlas a urgencias donde pudieron contactar con la familia.

Durante el conflicto armado colombiano, a los paramilitares “se les impartían directrices orientadas a aleccionar, creando vergüenza y humillación, como barrer las calles, cortarles el cabello e imponerles horarios”. En los retenes de carretera separaban a las mujeres de los hombres y aprovechaban para violarlas. O se metían violentamente en las casas y se justificaban diciendo que aquellas mujeres que violaban estaban “ayudando a la guerrilla”.

Estos fueron algunos de los testimonios que permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir episodios de la guerra que vive Colombia hace más de 50 años. Sin embargo, muchas de las víctimas se han mantenido en silencio por miedo a represalias.

La legislación internacional

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos especialmente atroces e inhumanos que forman parte de un plan de ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Son cometidos por un Estado o una organización. En 1968 se aprobó la imprescriptibilidad de estos crímenes, es decir, no importaba el tiempo que pasase, siempre podrían ser denunciados. Varios países también establecieron que no podían ser objeto de amnistía o cualquier otra forma de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley. Para su enjuiciamiento existe el principio de jurisdicción universal, por el que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar a sus autores independientemente del lugar donde los crímenes fueron cometidos. Por ejemplo, bajo estas características fueron juzgados los delitos cometidos durante la dictadura en Chile de Pinochet, así como la llamada Querella Argentina trata de juzgar a la dictadura franquista.

La primera mención incluyendo la violación en estos crímenes nos lleva hasta la Cuarta Convención de Ginebra en 1949. Entonces la violación no fue considerada un crimen de guerra grave. Los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, por ejemplo, no reconocían explícitamente los delitos sexuales ni de género. No fue hasta después de las guerras de los Balcanes y Ruanda casi 50 años después (en 1998), que el Derecho Internacional definió mejor estos crímenes incluyendo prostitución forzada, embarazo forzado o esclavitud sexual. La primera sentencia que consideró la violación sexual como delito de lesa humanidad fue el caso Akayesu, en Ruanda, por las violaciones a las mujeres tutsi.

En 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU afirmó por primera vez que las formas de violencia sexual son crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad. Por esta resolución se reconoce la violencia sexual como táctica de guerra y como parte del impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad. Pero no fue hasta finales del año 2010, cuando se empezó a elaborar un plan concreto para acabar con la violencia sexual asociada a las situaciones de conflicto.

El papel de las víctimas

Entre la dicotomía de víctimas y actoras sociales. Ese es el papel atribuido a las mujeres en las guerras. Sobre todo por miedo a perpetuar su indefensión y vulnerabilidad al situarlas sólo como víctimas. Como si ser víctima fuese lo contrario a tener un rol activo en el tejido social o incluso ser agentes del conflicto en sí mismo.

Para la investigadora Luz Piedad Caicedo, el reconocimiento de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es además de un derecho, una oportunidad para redefinir los arreglos de género en la sociedad desde la lógica de la igualdad. “Ser víctima no es, desde una perspectiva de derechos, una minusvalía”, expresaba en una ponencia sobre el proyecto ‘Estrategias para la incidencia en judicialización de crímenes de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado colombiano’.

Para pensar los crímenes de lesa humanidad confluyen tres puntos: una persona con derechos, otra persona que los vulnera y un Estado con responsabilidades sobre la acción de vulneración que se cometió. Desde una perspectiva feminista, para que haya justicia, es necesario que los delitos cometidos contra las mujeres sean valorados en “igualdad de gravedad” que los perpetrados contra los hombres, que obtengan la misma atención y celo de investigación y que sean del mismo interés para toda la sociedad.

El primer paso para que las supervivientes de delitos sexuales y de género puedan obtener justicia son las investigaciones imparciales, oportunas y profesionales. Tienen derecho a contar su historia en un entorno seguro y propicio para su empoderamiento. Para que esto suceda las personas encargadas de investigar deben contar con las herramientas necesarias, como entender eufemismos o expresiones locales. Este análisis de contexto ayudará a resignificar política, histórica y jurídicamente los crímenes sexuales de los conflictos armados como parte de un plan y no como hechos aislados.

Estamos en camino, pero no es suficiente

Una mujer víctima de abusos sexuales durante la dictadura argentina, que no quiso hacer público su nombre, dijo que el tribunal provincial en el que estaba declarando no aceptó el delito que estaba denunciando. “No lo aceptaron como un ataque de violación”, explicaba como demostración de la poca predisposición judicial sobre el asunto.

El objetivo de juzgar estos crímenes contra la humanidad es la reparación. Por un lado la reparación institucional formal (material, como una ayuda económica, o simbólica, como un reconocimiento público) y, por otro lado, y dependiente de esta primera, de reparación psicológica. Es necesario que el sistema jurídico y la sociedad les den la suficiente credibilidad a las víctimas.

Para este año está previsto que en Argentina se realice el juicio específico ESMA-Delitos sexuales donde se juzgarán a represores que violaron o abusaron de mujeres detenidas en ese centro clandestino de detención. Ese juicio debía comenzar en el mes de marzo de este año pero se suspendió debido a la pandemia de la Covid-19.

Beatriz Hernández Pino / Pikaramagazine / COMCOSUR MUJER Nº 700- 30/08/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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