1) Cayó el jefe de la banda que lavó más de 1.600 millones de dólares /Fabián Werner
2) Lava Jato: Estudio de Ignacio De Posadas ayudó a lavar 10,6 millones /Fabián Werner
3) Abogado uruguayo confesó que lavó 8 millones de euros /Fabián Werner
4) Mentiras y medios: auge de la mentira como “verdad objetiva” /Luis E. Sabini Fernández
Atención: Del día 12 al 31 de agosto no editaremos los boletines del Comcosur. Nos reencontramos con ustedes a partir del 1 de setiembre.
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2222 / Miércoles 07.08.2019
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1) CAYÓ EL JEFE DE LA BANDA QUE LAVÓ MÁS DE 1.600 MILLONES DE DÓLARES DESDE URUGUAY
Darío Messer fue detenido en San Pablo luego de 16 años prófugo. Es el líder del grupo que integraban los doleiros detenidos en Montevideo en 2017
Fabián Werner / Sudestada /31.07.2019
El operativo que permitió la captura del doleiro Darío Messer este miércoles 31 en San Pablo llevó el nombre “Rock City” y contó con la participación de 120 policías federales, con la orden de ejecutar un mandato de prisión preventiva (contra Messer), cinco mandatos de prisión temporaria y 33 mandatos de búsqueda y aprehensión en 15 municipios de cinco estados brasileños
Messer, que había elegido a Uruguay como su centro de operaciones, está acusado en Brasil de ser el principal responsable del lavado de 1.652 millones de dólares a través de las más de tres mil empresas offshore con sede en 52 países. A su vez en Paraguay enfrenta los cargos de lavado de dinero y asociación criminal.
Su captura se produce después de 16 años de huida por varios países de América Latina, hasta que finalmente se alojó en Paraguay, donde fue cobijado por el expresidente Horacio Cartes, quien por ese entonces ya era un famoso y cuestionado empresario tabacalero.
Para continuar con sus maniobras millonarias de lavado de dinero, Messer había montado una compleja estructura que tuvo a Uruguay como pieza fundamental. Varios de los miembros de su banda vivieron durante años en nuestro país, especialmente Montevideo y Punta del Este, y desde aquí realizaban transferencias bancarias, abrían sociedades fantasmas y blanqueaban activos.
Los datos que permitieron conocer la forma de proceder de Messer y cómo se conformó la red se lograron gracias a la colaboración de dos de sus integrantes, los cambistas Vinicius Claret Vieira Barreto (alias “Juca Bala”) y Claudio Fernando Barboza (alias “Tony”), quienes fueron detenidos en Uruguay y extraditados a Brasil a finales de 2017.
Juca Bala y Tony participaron del esquema que había utilizado el exgobernador de Rio de Janeiro Sergio Cabral para lavar decenas de millones de dólares de sobornos cobrados durante su gestión al frente del gobierno carioca).
Cabral tomó contacto con Juca Bala y Tony a través de sus dos doleiros “personales”, los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, quienes admitieron sus limitaciones para blanquear dinero negro y decidieron “tercerizar” la maniobra y recurrir a la red que lideraba Messer y tenía a Juca Bala y Tony como sus dos operadores en Uruguay.
Antes que Messer, Juca Bala y Tony cayeron otros integrantes de la banda, pero varios de ellos lograron evadir la cárcel a pesar de las contundentes pruebas en su contra.
Ese fue el caso de Chaaya Moghrabi (también conocido por los sobrenombres de Yasha o Monza) un miembro de la banda de Messer que fue detenido en la mañana del miércoles 3 de abril en el aeropuerto de Carrasco a pedido del juez brasileño Marcelo Bretas, quien tiene a su cargo la causa de la investigación “Lava Jato” en Rio de Janeiro.
Moghrabi hacía negocios de cambio de divisas y lavado de dinero desde 2006 con los principales operadores de la red en Montevideo, “Juca Bala” y “Tony”.
También fueron detenidos en Montevideo el año pasado los doleiros brasileños Jorge Davies Cellini de 59 años, nacido en Río de Janeiro y residente en Uruguay desde 2003, y su hermano Raúl Fernando Davies Cellini, de 48 años, nacido en Río de Janeiro y residente en Uruguay desde 2012. Junto a ellos la policía también detuvo a los uruguayos Francisco Muñoz Melgar de 36 años, quien vivió en Brasil y regresó a Uruguay en 1998, y Raúl Alberto Zóboli Pegazzano de 53 años, quien volvió al país en el 2003. Ambos tienen ciudadanía brasileña.
Estos cuatro miembros de la banda de Messer fueron detenidos en Montevideo en mayo de 2018 en el marco de la denominada operación “Cambio. Desligo” (Cambio y fuera), que se desarrolló de manera simultánea en cinco estados brasileños, Paraguay y Uruguay.
Cuando se confirmó la detención de los doleiros en Montevideo de inmediato se accionó el proceso de extradición desde Brasil. Sin embargo, en octubre del año pasado la Jueza María Helena Mainard decidió no conceder la extradición, a pesar de los informes remitidos por la justicia norteña.
Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia
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2) LAVA JATO: ASÍ FUE CÓMO EL ESTUDIO DE IGNACIO DE POSADAS AYUDÓ A LAVAR 10,6 MILLONES DE DÓLARES
Desde las oficinas del bufete en Carrasco controlaban a la empresa uruguaya Hayley. La usó el testaferro de un exdirector de Petrobras para ocultar las coimas. Sudestada revela los documentos que lo prueban
Fabián Werner / Sudestada / 29.07.2019
Otra vez el estudio jurídico y contable que lleva el nombre del exministro de Economía Ignacio de Posadas aparece señalado en una causa judicial en el exterior como el articulador de maniobras de lavado de dinero. En este caso, fue uno de los principales exdirectivos de la empresa Petróleos Brasileiros SA (Petrobras) el que se valió de sus servicios para ocultar el rastro del dinero.
En el curso de la investigación, la Policía Federal brasileña definió al estudio Posadas, Posadas & Vecino como “responsable de la administración de las empresas extranjeras” de un escritorio de Rio de Janeiro denominado “JRF Consultoria Empresaria Ltda”. Este bufete, según los investigadores, se dedica “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.
JRF son las iniciales del abogado José Reginaldo Filpi, dueño del estudio y centro de las maniobras para ocultar el origen ilícito de millones de dólares de sobornos. Filpi murió en mayo de 2015. Quienes, a través de su confesión, permitieron desenredar la madeja y revelar la operativa fueron la abogada Christina María da Silva Jorge (socia de Filpi) y João Antônio Bernardi Filho, un exfuncionario de la constructora Odebrecht que ofició como testaferro del exdirector de Petrobras Renato de Souza Duque.
Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia
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3) ABOGADO URUGUAYO CONFESÓ QUE LAVÓ 8 MILLONES DE EUROS DE POLÍTICO ESPAÑOL CONDENADO POR CORRUPCIÓN
Fernando Belhot usó dos sociedades uruguayas para asistir en el lavado a Eduardo Zaplana, el expresidente de la Comunidad Valenciana y antiguo hombre fuerte del Partido Popular.
Fabián Werner / Sudestada / 30.08.2019
El abogado uruguayo Washington Fernando Belhot Fierro confesó ante un juez valenciano que fue él mismo quien se ofreció a montar una estructura societaria en Uruguay para que Eduardo Zaplana, exministro del gobierno del Partido Popular español, pudiera ocultar su dinero sucio.
La declaración de Belhot, a cuya transcripción oficial tuvo acceso Sudestada, se produjo el pasado 25 de enero mediante una videoconferencia. El encargado de realizar el interrogatorio fue el juez José Ramón Santamaría Blasco, junto al fiscal Pablo Ponce.
Un mes antes, y con la presencia del mismo fiscal Ponce, el domicilio de Belhot en Carrasco había sido allanado, al igual que las oficinas de su estudio, South Capital Partners, ubicado en la calle Rivera 6329 oficina 205. Aquel procedimiento judicial, solicitado por el Juzgado de Instrucción de Valencia No. 8, también incluyó, en el mismo edificio, las oficinas de su antiguo socio Juan Carlos González Lerena, con quien compartió durante años la titularidad del bufete BGL Asesores Legales y Fiscales SRL.
Este es un edificio muy particular. En la oficina 106 funciona al mismo tiempo el estudio BGL Asesores Legales y Fiscales SRL, que tiene la representación del banco suizo PKB; ambos aparecen de manera permanente en denuncias de lavado de dinero en Brasil y en España. También funciona allí (en la oficina 205) South Capital Partners, el escritorio que fundó Belhot luego de irse de BGL, aunque manteniendo su inicial en la razón social, sus negocios en Panamá y sus relaciones familiares con González Lerena.
Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia
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4) MENTIRAS Y MEDIOS: AUGE DE LA MENTIRA COMO “VERDAD OBJETIVA”
Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/
Nota previa.
El abordaje que aquí presento fue hecho desconociendo los alcances institucionales y organizacionales de la red verificado.uy. Indudablemente amplios.
Lo que presento adquiere, impensadamente, una gravedad mayor puesto que, de acuerdo con mi punto de vista, la falta de lógica, los recursos formales para invalidar ciertas críticas, adquieren aun mayor gravedad, por la amplitud de su alcance.
Algo que señalo en la nota, “una presunta representatividad presentada como amplísima” ha resultado equivocado, por cuanto verificado.uy tendría esa amplísima representatividad.
Lo que queda en pie, en cambio, es el análisis del comunicado: sostener que no hay despojo, por ejemplo, a la patria potestad, y a renglón seguido confundirla con una apropiación judicial de decisiones sobre menores.
Dado que la nota no sólo tiene el auspicio de todas las universidades existentes en el Uruguay, de buena parte de la estructura mediática del país y de una serie de instituciones nacionales y extranjeras muy relevantes, entiendo que es importante radicar el texto por mí analizado entre quienes figuran como autores y/o editores. Esta nota, entonces, alude al texto escrito por Brurno Scelza, Juan I. Berro y Albano Bello. Que habría contado con la edición de Ana Matyszczyk, Nausicaa Palomeque y Ana L. Pérez. Titulado “Es falso que los menores de edad pueden cambiar de sexo sin autorización de sus padres”.
Con la irrupción electrónica y mediática de los trolls, se ha generalizado una modalidad canalla que ya era característica en la prensa escrita, oral y televisiva, pero que parece ahora arreciar.
Me refiero a la modalidad de negar lo evidente, pero haciéndolo con pretensión documental.
Ante la fiebre mediática en que nos encontramos, cierto periodismo crítico y/o de investigación ha ido montando, afortunadamente y como expresión de resistencia, sitios como wikileaks o chequeado.com para desentrañar escamoteos o analizar fake news. A la vez, surgen sitios dedicados a propagar determinados mensajes, por ejemplo “la revolución de género”, pero no bajo bandera militante, tradicional, aquella por la cual los socialistas defienden ideas socialistas, los conservadores ideas conservadoras, los veganos ideas veganas, sino ubicándose en un lugar supuestamente neutral y objetivo desde el cual se presume que desmontan mentiras.
Dos rasgos característicos: el ya anunciado de control e invocada objetividad y otro; una presunta representatividad presentada como amplísima.
Tal parece ser el caso de Verificado.uy, un sitio-e uruguayo que se presenta como compuesto por una coalición muy amplia de medios de comunicación, que abarcan desde los más tradicionales de la derecha democrática hasta expresiones de un progresismo fuerte y de medios críticos; que cuenta también con el apoyo o auspicio de las cuatro universidades que actúan hoy en nuestro país (la de la República −la única pública−, la de Montevideo, de origen hispano, la Universidad Católica del Uruguay, de digna actuación durante la dictadura, 1973-1985 y la ORT, del Estado de Israel). Cuenta además con apoyo de organizaciones de la sociedad civil tanto del país como ajenas, como la británica First Draft (tramitando al parecer su establecimiento en EE.UU.)
Es tanta su representatividad que bien podríamos decir que algo que representa a todo, no representa a nadie (salvo, obviamente, a sí mismo).
Para “afrontar el problema de la desinformación”, como reza entre sus objetivos.
Vayamos a su comunicado del 25 julio ppdo. Una suerte de comunicado, apodíctico: “Es falso que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin autorización de sus padres”. Verificado.uy nos está advirtiendo que no hay cambio de sexo (¿o de género?) sin autorización de sus padres.
Bien, vayamos buscando las pruebas que dicen esgrimir.
A mediados de ese mismo mes, quienes están tratando de juntar firmas para derogar la Ley Integral de Personas Trans, aprobada por el Poder Legislativo uruguayo en octubre de 2018, habrían sostenido que la ley en cuestión elimina la patria potestad y en general el derecho y la obligación de los padres a resolver lo mejor para sus hijos menores de edad.
Verificado.uy niega esa preocupación. Cita el comunicado crítico a la ley aprobada: «que el artículo 6 de la norma “permite el cambio de sexo y de nombre en documentos identificatorios a menores, éstos aún sin consentimiento de sus padres [sic], violando el instituto de la patria potestad reconocido por nuestro ordenamiento jurídico”. Pero esta afirmación es inexacta.»
»Lo que el artículo precisa es que en el caso de que los menores de edad no cuenten con el aval de sus representantes legales, se debe recurrir a los artículos 110 del Código Civil, al 404 del Código General del Proceso y a los artículos 8 y 11 bis de la ley 17.823. En ellos se detalla el procedimiento que debe transitar el interesado para que un juez sea quien defina los pasos a seguir. La Justicia es, en última instancia, la encargada de aprobar o denegar el cambio de sexo y/o nombre.». Hasta aquí, la cita de los citantes.
¿Acaso los padres son los que deciden? ¡No, los jueces, lo acaban de decir ellos! Queda claro que los progenitores pierden el derecho a la patria potestad, pese a la aseveración en contrario. Porque lo que ahora necesita el menor que ha encontrado atractivo o “de onda” un cambio de sexo, ups, perdón, de género, es un juez sensible a su demanda.
Por la misma razón por la cual hoy, a los refractarios a la fiebre de género se les hace casi imposible ejercer el derecho democrático de plebiscitar esa ley, porque es casi imposible alcanzar el 25% del electorado, para colmo en poco tiempo, a los progenitores se les hará difícil enfrentar dicha ley.
Así como “la ley de género” salió fácilmente aprobada por 62 legisladores, tan sensibles a las presiones que no llevan el calificativo de presiones, los jueces van a ceder, en la mayoría de los casos, a “clamores populares”, de defensa de la identidad, de defensa de derechos individuales “a decidir sobre mi cuerpo” y otras consignas hoy muy actuales.
Toda una fraseología que parece ampliar nuestra libertad. Y que en realidad es solo una afirmación narcisista en una sociedad con una galopante crisis de vínculos, cada vez más cibernéticos, que van haciendo cada vez más arduo tener vinculaciones directas. Como son, o han sido, por ejemplo, a lo largo de la historia, la pareja humana, el amor a los hijos.
Como acabamos de verificar, Verificado.uy no trepida en negar críticas sin embargo pertinentes y procura hacerlo mediante enunciados demoledores y “definitivos”.
No es la única cita tramposa. El comunicado comienza citando un texto aparecido en Facebook el 13 jul 2019: “afirma que la Ley Integral para las Personas Trans autoriza a los menores de edad a iniciar procedimientos quirúrgicos para cambiar su sexo biológico de forma gratuita y sin el aval de sus padres, y les otorga, además, la libertad para modificar su nombre. Esta información, que hasta el martes 23 fue compartida más de 1500 veces, es falsa.”
Más abajo, martilla con el mismo argumento:
Comenta: «que el artículo 21 de la norma “habilita intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad”. Eso es falso. La ley es inequívoca: “Para que las personas menores de dieciocho años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto”, dice su articulado.
»El término “precepto” significa, según la Real Academia Española, “mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito” [vocabulario ideológicamente llamativo]. Por lo tanto, es obligatorio e imprescindible que el menor que desee operarse el sexo cuente con el consentimiento de sus padres o responsables legales.” »
Estamos ante la misma estratagema: si los padres se niegan, el menor puede recurrir al juez. Que, dados los vientos “dominantes” tenderá mucho más a conceder que a negar “los avances de género”.
Vemos que lo que es falso es el enunciado de que el menor depende de sus progenitores cuando la Ley Trans los hace depender de jueces.
Verificado.uy resuella por la herida por otra formulación de los críticos a la ley de marras: «la ley “prioriza el acceso a la educación, cultura, empleo, becas, viviendas, entre otros a un sector de la sociedad [trans] en detrimento de otros que también son vulnerables”. Esta afirmación no es chequeable.
»Considerar que una norma beneficia a un sector de la población sobre otro es un concepto sujeto a la interpretación del autor del posteo. Objetivamente, esa afirmación no se expresa en ningún punto de la ley trans. Idéntica cuestión ocurre con el uso del término “vulnerables”.»
¿Por qué dicen los críticos a la Ley Integral de Personas Trans que se les da prioridad a dichas personas en detrimento de otras? Por una sencilla razón: porque dicha ley asegura porcentajes, cupos en distintas áreas, laborales, por ejemplo, para personas trans. El cálculo en sencillo: si una población X constituye, digamos, el 1% de la población general y el cupo asignado para la población X es del 2%, entonces hay un doble de prioridad de acceso para dicho grupo… en detrimento de otros.
Significativamente, Verificado.uy parrafea sobre el tema pero no cita el texto de la ley. Habla de subjetividades, pero no menciona los porcentajes.
Verificado.uy emplea el mismo método para negar que la ley otorgue gratuidad a los tratamientos de hormonización, quirúrgicos y los consiguientes maltratos corporales, pero veamos: «el artículo nunca establece la gratuidad de esos procesos, sino que se afirma que “toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género”, conforme a los postulados que se determinan en el artículo 45 de la ley que dio creación al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), en 2007.»
El texto de Verificado.uy prosigue: «El Ministerio de Salud Pública (MSP) es el encargado de definir cuáles son los tratamientos que los prestadores de salud están obligados a ofrecer de manera gratuita [negritas nuestras]. No es necesaria ninguna ley adicional para que el ministerio defina nuevas prestaciones básicas que las mutualistas y servicios de salud deben brindar sin costo a sus usuarios. Por lo tanto, la Ley Trans no define la gratuidad de los tratamientos. El que sí lo hace es el Ministerio de Salud Pública a través de la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud.»
¿En qué quedamos? ¿Hay gratuidad? Y la hay. ¿Por qué se la niega cuando la ley en cuestión ha establecido nuevas causas de tratamiento?
En resumen, vemos llegar una oleada militante con la voz de combate de que no son militantes, presentándose como administradores de la verdad; en suma, nuestros salvadores.
Como dice un viejo adagio: ‘dios nos salve de los salvadores, porque aquí los salvados son los únicos crucificados y los salvadores, los únicos que se salvan.’
Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2222 / Miércoles 07.08.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
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Kintto Lucas (Ecuador)
Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza
Con noticias de: Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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