1) Chile: Justicia y reparación para mujeres torturadas en dictadura: deuda pendiente
2) Argentina: Victoria (Entre Ríos) aprueba cupo laboral para personas Trans
3) Ecuador: se registran más de 60 femicidios en lo que va del año
4) Honduras: La hija de Berta Cáceres denuncia pacto entre militares y empresarios para asesinar a su madre
5) México: Mujeres defensoras contra el extractivismo
6) Por primera vez una mujer gana Premio de Literaturas Indígenas
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 16 /No. 614 – Lunes 16 de setiembre de 2019 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) CHILE: JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA MUJERES TORTURADAS EN DICTADURA: DEUDA PENDIENTE
Al cumplirse 46 años del Golpe de Estado, hemos presenciado los daños producidos en memoriales, declaraciones de personajes políticos avalando los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y la inactividad del Consejo de Monumentos Nacionales ante la posible demolición de Venda Sexy, entre otros.
Así, los temas suman y siguen. Sin embargo, algo que pareciera estar oculto, invisible, es la fuerte presencia de la violencia de género en la dictadura y la impunidad presente en estos casos.
Una ex presa política señala: “A nosotras nos golpeaban por ser políticas y mujeres. Ellos tenían la orden de destruirnos la vagina para que ninguna mujer tuviera hijos miristas o revolucionarios”. Este extracto puede resumir, a mi parecer, muchas complejidades que las mujeres tuvieron que enfrentar.
Al término de la dictadura cívico-militar, esta realidad fue invisibilizada, la neutralidad y caracterización masculina de la figura del “detenido desaparecido” o “del ex preso político” se adueñó de esta parte de la historia.
En los años 70, la apropiación de espacios públicos y especialmente políticos para la mujer era la ruptura del lugar de sumisión en el espacio privado al que la historia le ha condenado. Ser mujer con opinión política, de izquierda y dirigente para el patriarcado es la construcción de la mala mujer.
Muchas “malas mujeres” fueron detenidas, algunas por su fuerte labor política, otras porque para la dictadura sólo eran la “pareja de”, invisibilizando absolutamente su rol como sujeta política.
Sufrieron otro tipo de torturas, pues no sólo se enfrentaban al régimen político, sino que su presencia era un enfrentamiento al patriarcado. Fueron violadas, abusadas, acosadas, denigradas, no sólo en contexto de interrogatorios, sino por funcionarios policiales que abusaban o las violaban en otros contextos.
La aplicación de muchos métodos de tortura, en especial, la aplicación de electricidad, eran focalizadas en vagina y senos, prácticas que se extendían al vientre en el caso de las mujeres embarazadas.
Al término de la dictadura cívico-militar, esta realidad fue invisibilizada, la neutralidad y caracterización masculina de la figura del “detenido desaparecido” o “del ex preso político” se adueñó de esta parte de la historia.
La violencia de género es una realidad invisibilizada en las políticas de justicia transicional del Estado. En la toma de relatos de la Comisión Valech y Rettig, si bien existe una mención a las brutales agresiones sexuales, los relatos no fueron orientados a contener a las mujeres para que pudieran develar estos hechos, siendo que la misma CEDAW ha señalado que la violencia por razón de género puede constituir tortura y que la calificación de estos como tortura requiere un enfoque de género, cosa que estuvo totalmente ausente en la construcción de la Comisión Valech y Rettig.
Por otra parte, las mujeres afectadas por crímenes de lesa humanidad no han obtenido justicia, ya que en muchos casos se ha invisibilizado la violencia que sufrieron sólo por el hecho de ser mujeres y es subsumida como una práctica más de tortura o en el contexto de desapariciones forzosas.
El silencio de los 50 años ha impedido a las mujeres tener acceso a la información y de esta forma la utilización de ésta para procesos judiciales. La visibilización de estas situaciones forma parte de un proceso de reparación inconcluso en el país.
A 46 años del Golpe, como ABOFEM hacemos un llamado al Gobierno a repensar y reconstruir las políticas de reparación y búsqueda de la justicia para todas aquellas mujeres políticas que se vieron afectadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellas agresiones sexuales que tan profundamente han afectado su indemnidad.
Además, queremos realizar un llamado al Estado a reconocer expresamente la violencia sexual como un método de tortura grave al ser perpetrada por agentes estatales abusando de su poder y considerando la especial vulnerabilidad a la que se encontraban expuestas las personas afectadas.
Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general a no olvidar, a reconocer la verdad de estas historias para que nunca más se repitan y a reconocer que la violencia de género ha estado presente a lo largo de nuestra historia estableciendo un vínculo de opresión de lo masculino por sobre lo femenino y también violentando a las diversidades y disidencias sexuales, la represión sigue presente criminalizando a quienes no cumplen con el mandato de género impuesto.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
2) ARGENTINA: VICTORIA (ENTRE RÍOS) APRUEBA CUPO LABORAL PARA PERSONAS TRANS
Victoria se convirtió este miércoles 11 de septiembre en la segunda localidad de la provincia de Entre Ríos, luego de Paraná, en aprobar el cupo laboral travesti-trans y fue aún más allá: estableció mediante una ordenanza la inclusión a la vivienda, la salud y educación, y la cultura y el deporte del colectivo. Las iniciativas venían siendo impulsadas por organizaciones de la diversidad sexual y derechos humanos.
El Concejo Deliberante de Victoria sancionó la ordenanza de inserción integral de personas trans, que promueve un cupo del 1 por ciento de la totalidad del personal de planta permanente y transitoria del municipio para travestis, transexuales y transgénero, hayan o no realizado el cambio registral establecido en la Ley N°26.743 de Identidad de Género, mayores de 18 años que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo.
Acceso a la vivienda para trans y travestis
Un aspecto a destacar es la inclusión a la vivienda que propone el texto. Según lo aprobado, se garantizará su acceso a familias trans, disponiendo el 1 por ciento del total de las adjudicaciones de lotes o viviendas con financiamiento municipal, provincial y nacional.
Hubo un aplauso cerrado en el recinto este miércoles por la tarde, cuando les concejales de la ciudad levantaron la mano y votaron por unanimidad la iniciativa que promovieron organizaciones vinculadas al colectivo LGBTIQ+ y de derechos humanos.
El texto, presentado por la concejala Nelly Amilibia, acompañada por la bancada del Frente para la Victoria, fue defendido por la militante trans Karen Bruselario en la banca ciudadana.
“Este proyecto es esperanza para nuestro colectivo. Esperanza de poder acceder a un trabajo, de dejar la prostitución, de que a mis compañeras dejen de matarlas porque los travesticidios y transfemicidios han aumentado en lo que va de 2019″ , dijo a Presentes Karen Karen Bruselario, referente de Diversidad Victoria, y una de las compañeras que más luchó porque saliera la iniciativa.
“Diversidad Victoria armó este proyecto con mucho amor y dedicación, estuvimos en todos los detalles para que saliera un proyecto hermoso, que pudiera respetarse —recordó Karen—. Y nos parecía fundamental que este proyecto saliera porque Victoria es una ciudad bastante conservadora, católica, excluyente y discriminadora. Nosotras fuimos muy discriminadas y excluidas de la sociedad y esto es devolvernos algo, de esa deuda histórica hacia el colectivo trans travesti”.
Una puerta a la diversidad
“Diversidad Victoria me presentó el proyecto y lo acompañé. Porque es una lucha de años de personas que están buscando una inserción laboral, porque el Estado debe garantizar realmente el derecho de todos, así que por suerte se aprobó por unanimidad del cuerpo”, explicó a Presentes la concejala Nelly Amilibia.
La edila destacó el avance de la sanción del cupo laboral travesti- trans así como la creación del Área de Diversidad, la promoción de acceso a la vivienda y la capacitación para que puedan terminar los estudios, tanto como el acceso a la salud, entre otros logros. “Es una ordenanza muy completa, hemos tratado de contemplar todas las necesidades y las que falten, porque seguramente van a surgir nuevas, serán planteadas a través del área de la Diversidad”. Del mismo modo, la concejala aseguró que “esto es una puerta que se abre y una posibilidad importantísima para quienes transitan por el grupo trans-travesti”.
Resultado del trabajo de las organizaciones
“Estamos muy contentos y celebramos este hecho histórico para la ciudad y para todo nuestro colectivo«, dijo a Presentes Alexis Taborda, referente trans de Diversidad Victoria y de la Agrupación Violeta y Verde-Ate Entre Ríos, algunos de cuyos miembros viajaron para acompañar este acontecimiento. Desde mayo, mes en el que se presentó el texto, hasta ahora, »insistimos para que ver qué iba a pasar con el proyecto, que se venía estudiando, y para sorpresa nuestra no solamente se aprobó la inclusión laboral trans sino también el área de Diversidad a nivel local y el acceso a la vivienda para personas del colectivo trans y travestis. Es decir que todas las modificaciones fueron para mejor”.
“Hicimos realidad nuestra primera Ordenanza Municipal«, celebraron desde Diversidad Victoria a través de redes sociales. Y destacaron que »es el resultado del trabajo de la organización local y de diferentes proyectos que se desplegaron en el Consejo Deliberante, uno de ellos el de Inclusión Laboral Trans y Travesti (Ley Lohana Berkins de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias)”.
“El Estado tiene una deuda histórica con nuestro colectivo trans travesti, es momento de que empiece a reconocer las políticas públicas para nosotres, y se empiece por algo básico y fundamental como el trabajo”, agregó Karen.
El proyecto nacional de ley Diana Sacayán
El proyecto de ley nacional de cupo laboral travesti-trans duerme en el Congreso de la Argentina desde julio de 2018, y ya había sido sido presentado en 2016 (pero perdió estado parlamentario).
El Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán de Cupo Laboral Travesti Trans -integrado por más de veinte organizaciones de todo el país- viene luchando para que esta iniciativa sea ley en todo el país. El proyecto recoge la lucha de la activista y defensora de derechos humanos que supo impulsarlo, y busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
La provincia de Buenos Aires fue la primera en aprobarlo, el 17 de septiembre de 2015, pero hasta ahora no lo reglamentó ni aplicó.
Alcances de la letra chica
La Ordenanza aprobada crea además el Área de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. “Tendrá como función el diseño y ejecución de acciones que aporten a la garantía de los derechos humanos aplicados a la Orientación Sexual y la Identidad y Expresión de Género”, se lee en la iniciativa.
Asimismo prevé que “el Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la inclusión de personas travestis, transexuales y transgénero en los organismos descentralizados y autárquicos municipales, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos empresariales donde la Municipalidad de Victoria tenga participación mayoritaria en el capital. Y garantizará la realización de un Registro de Aspirantes al empleo de personas travestis y trans de la ciudad, bajo confidencialidad”, del cual será seleccionado el postulante para la incorporación en el cargo vacante. En este proceso la Junta de Calificación y Disciplina contará con un representante de alguna agrupación social con trabajo en la diversidad sexual.
Sobre la inclusión en el acceso a la salud y la educación, el artículo 8 dispone que el Ejecutivo local garantizará capacitaciones sobre espacios de salud libres de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, destinadas a la totalidad del personal de salud municipal. Asimismo, asegurará las articulaciones con efectores de salud provincial. También celebrará convenios con la Dirección Departamental de Escuelas para la inclusión de los trabajadores municipales en la terminalidad educativa en los niveles primario y secundario.
Acerca de la inclusión en el acceso a la cultura y el deporte, se favorecerá la participación y la inclusión de personas trans en el desarrollo de actividades culturales y deportivas.
Presentes / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
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3) ECUADOR: SE REGISTRAN MÁS DE 60 FEMICIDIOS EN LO QUE VA DEL AÑO
Ecuador registra en lo que va de año más de 60 femicidios, de acuerdo a los datos difundidos este lunes por una plataforma de seguimiento de los casos de violencia machista llamada Alianza Mapeo, que engloba a diferentes organizaciones.
En concreto y según datos de la organización, desde el 1 de enero y hasta el pasado 8 de agosto se contabilizaron 62 mujeres que fueron violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres.
De las víctimas de este tipo de asesinatos que en la nomenclatura legal ecuatoriana se consideran femicidios, cuatro eran de nacionalidad colombiana, una peruana y otra venezolana, mientras que el resto se presume que era nacionales de Ecuador.
La mayor proporción de femicidios se dio en la provincia de Guayas, donde se ubica Guayaquil, seguida por la de Latacunga con 8 víctimas mortales, y Pichincha con Quito, donde se registraron 7 mujeres asesinadas por el hecho de serlo.
La plataforma de monitoreo reportó que en el 54 por ciento de los casos los agresores emplearon armas blancas para cometer los crímenes, y que cinco de ellos se suicidaron y otros tres protagonizaron intentos de quitarse la vida.
El 34 por ciento murieron apuñaladas, el 15 por ciento estranguladas, el 14 por ciento asfixiadas, el 7 por ciento degolladas, y otro 30 por ciento heridas, disparadas o decapitadas.
En el 62,7 por ciento de los casos (37 en total) los femicidas fueron parejas de las víctimas, mientras que en el 37,3 por ciento eran terceras personas o desconocidos.
El 47,5 por ciento de las mujeres asesinadas (28) eran madres de menores de edad y en ocho casos las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas.
Una de las fallecidas por este tipo de agresiones era una menor de 17 años, y otra, una adulta mayor de 86 años de edad.
De acuerdo al censo de esta coordinadora desde 2014, año en que se tipifican este tipo de delitos como tales, 684 mujeres han sido asesinadas en Ecuador por razones de género, lo que representa a tres cada día.
“Sus familiares y todas las personas cercanas han sufrido una perdida irreparable por la violencia machista sistémica que existe en este país”, indica en un comunicado la Alianza que integra la Fundación Aldea, a la Red Nacional de Casas de Acogida, al Taller de Comunicación Mujer Cedhu, y el apoyo de otros movimientos.
Sus estadísticas se basan en reportes de organizaciones de mujeres, medios de comunicación, Policía Nacional y Fiscalía y contrastan con las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Así, el organismo oficial informó, por ejemplo, de que en 2018 fueron asesinadas en Ecuador por violencia machista 59 mujeres, mientras que la plataforma Alianza Mapeo reveló que fueron en total 88.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
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4) HONDURAS: LA HIJA DE BERTA CÁCERES DENUNCIA “COLUSIÓN ENTRE MILITARES Y EMPRESARIOS” PARA ASESINAR A SU MADRE
El 25 de septiembre se reanuda el proceso contra un acusado de ser el actor intelectual del crimen, aunque Berta Zúñiga no confía en la justicia. «Tratan de ocultar a los máximos responsables»
Empresarios, militares en activo y políticos hondureños se conchabaron para asesinar a la ambientalista hondureña Berta Cáceres, según denunció este martes en Guatemala su hija, Bertha Zúñiga. El crimen se cometió el 2 de marzo de 2016 en la casa de la activista —a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital. En una conferencia de prensa organizada en la Casa de la Memoria de Ciudad de Guatemala, Zúñiga afirmó: «Los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de Desarrollos Energéticos S.A. [DESA] y personal militar activo», afirmó Zúñiga, quien informó en entrevista con EL PAÍS que la fiscalía de Honduras le comunicó hoy que la audiencia inicial contra David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y señalado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, se reanudará el 25 de septiembre. La familia espera que él sea enjuiciado y condenado.
El juicio contra Castillo fue suspendido en septiembre del año pasado, después de que familiares de Cáceres denunciaran irregularidades en el proceso. La fiscalía de Honduras afirma en su acusación que Castillo pidió al jefe de seguridad de DESA, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen,según la Fiscalía. Zúñiga asegura que participarán en el proceso contra Castillo, aunque no confía en la justicia hondureña. «Se han demostrado muchas irregularidades que tratan de ocultar a los máximos responsables. David Castillo es un actor intelectual, pero él es un subordinado de los intereses de los directivos, de los dueños de la empresa que siguen en la impunidad», afirma Zúñiga a este diario. La mujer dice que «no hay voluntad política» del Estado hondureño para esclarecer un caso emblemático, que ha atraído la atención internacional. A pesar de la «negligencia del ministerio público, hay mucha información sobre este caso, una violación a los derechos humanos. La causa para la búsqueda de justicia por Berta Cáceres se quiere cerrar con David Castillo».
DESA, propiedad de la poderosa familia Atala, se ha deslindado de los hechos. Berta Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo. «La justicia verdadera no llegará hasta que sean enjuiciados los máximos responsables y sea cancelada la concesión a ese proyecto de muerte, que se mantiene vigente por 50 años», dice su hija.
Bertha Zúñiga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres y así «neutralizar su resistencia al proyecto». «Ellos interceden con ministros y personas con alto nivel en Honduras, para tener presencia policial y militar en la región y atacar a la comunidad. Se asociaron ilícitamente para atacar a Berta Cáceres porque pensaron que asesinándola iban a detener su lucha».
Un informe publicado por expertos internacionales en noviembre de 2017 denunciaba que «la evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento» del asesinato. El plan se gestó en noviembre de 2015, según el documento titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, elaboraron por juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. Ellos, además, denunciaron una «conspiración» para obstruir la justicia. «Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro», el único testigo del crimen de la reconocida ecologista.
En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2016, Castro contó que los sicarios entraron por la cocina de la casa de Berta Cáceres. Uno de ellos se dirigió a la habitación de la activista. “No se esperaban que yo estuviese en la casa. Pensaban que Berta iba a estar sola, porque la noche anterior su hija había volado a la Ciudad de México. Estaba todo planeado”. Uno de los sicarios disparó contra el también ecologista. “Me salvé por una milésima de segundo, si me hubiese movido un poco antes o después, estaría muerto”.
Honduras es considerado el país más peligroso del mundo para los ecologistas, según un informe de la ONG internacional Global Witness, que documenta los crímenes contra ambientalistas a nivel internacional. El organismo ha denunciado que entre 2010 y 2017 han sido asesinados 123 ecologistas en el país centroamericano. En estos crímenes, ha advertido, han estado ligados “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños. Este martes, desde Guatemala, Bertha Zúñiga exigió «la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales» del asesinato de su madre, en su lucha incansable por lograr justicia. «Las autoridades hondureñas parecen ser bastante ineficientes, no han respetado los estándares internacionales. Sin embargo, hay muchas pruebas. Más allá de confiar en el Ministerio Público, confiamos en esas pruebas, en que es clara la culpabilidad de David Castillo y en que no hay manera, si se respeta el debido proceso, de detener ese juicio».
El País / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
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MÉXICO: MUJERES DEFENSORAS CONTRA EL EXTRACTIVISMO
Con la justificación de que “el desarrollo” llegaría a cada región de nuestro país muchos son los megaproyectos que se han construido -o pretenden construirse- por encima de las necesidades de los pueblos y sus habitantes; por ello, hay muchos pobladores que luchan por no quedar bajo el agua de una presa; por no ser fumigados con agroquímicos o por no desplazados por grandes carreteras o vías ferroviarias; todos estos proyectos, a decir de los empresarios, necesitan “el sacrificio” de comunidades enteras.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, señaló que México registra más de 500 conflictos ambientales. Buena parte de ellos se debe a la proliferación de megaproyectos ligados a los sectores de minería, hidrocarburos, termoeléctricas, y otros que han generado desequilibrios locales y regionales (La Jornada, 17 de julio del 2019).
A pesar del discurso en pro del medio ambiente de los gobiernos, de acuerdo con el Anuario de Actividades Extractivas 2018 de Fundar, Centro de Análisis y Distribución A.C.: “los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de estos proyectos extractivos siempre han quedado al margen de las prioridades de los gobiernos”.
Quienes han sacado más la casta en esta lucha por su territorio en contra del llamado extractivismo son las mujeres de cada uno de los pueblos afectados; son ellas quienes participan en la toma de decisiones y en la defensa de sus tierras en condiciones de igualdad.
“Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio, además nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental en las luchas”, dice parte del pronunciamiento que tuvo como resultado del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.
Este Encuentro Nacional se llevó a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. En éste, 69 mujeres de 16 estados del país, se reunieron para intercambiar experiencias y compartir la diversidad de estrategias que han construido contra proyectos extractivos de minería, gasoductos, oleoductos y fracking; presas, acueductos y termoeléctricas; carreteras y vías ferroviarias; pero también de proyectos vinculados a la agroindustria.
Desde Quintana Roo hasta Baja California Norte, las mujeres concuerdan que la participación igualitaria que buscan, comienza desde la repartición justa de responsabilidades. Hay quienes realizan trabajo doméstico, tienen un empleo para percibir ingresos y se encargan del cuidado de sus hijos; por ello, el defender su territorio, no debe ser una jornada extra, sino que se debe construir: “un piso parejo entre mujeres y hombres”.
Además, saben que sólo en condiciones de igualdad, las mujeres podrán llegar a ocupar parte de los cargos de toma de decisiones en sus comunidades. Tal como lo dice el artículo 37 de la Ley Agraria:
“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres”.
Lo que las mujeres defensoras del territorio tienen muy claro, es que su unión es lo que las hace más fuertes.
Después del Encuentro Nacional de Mujeres, las asistentes recalcaron su apoyo y solidaridad ante las diversas luchas que se llevan a cabo en todo el país, ya que saben que si hacen alianza, difícilmente, podrán quebrarlas.
“Ya no sólo nos sobamos el hombro, eso es para políticos. Aquí nos “hermandamos”, tu lucha es mi lucha. Te joden a ti, me joden a mí. El pueblo salva al pueblo”, dijo Margarita Juárez, defensora de Temacapulín, Jalisco contra la presa El Zapotillo y participante del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.
A continuación, presentamos tres de las diversas luchas que se están desarrollando en México por la defensa del territorio, y el papel fundamental que las mujeres llevan a cabo en ellas.
Los más de 20 años de lucha de Choréachi, son un ejemplo de la discriminación y el constante desconocimiento que sufren los pueblos indígenas en México. Esta comunidad rarámuri, está ubicada en la sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo al sur de Chihuahua. Durante mucho tiempo se ha enfrentado a la violencia mortal contra quienes defienden su existencia y reconocimiento legal.
La distancia de 15 horas entre Choréachi y la capital de Chihuahua siempre ha dejado al pueblo en aislamiento y constante contacto con el narcotráfico, pero el despojo de sus bienes naturales y territoriales comenzó en el año 2000, cuando el ejido Pino Gordo, reclamó como suyas las tierras en las que se encuentra hoy la comunidad rarámuri.
De acuerdo con el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara 2016, fue en aquel entonces cuando 162 indígenas demandaron al ejido Pino Gordo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5) de Chihuahua, alegando posesión ancestral. La sentencia fue favorable, sin embargo, fue impugnada por el ejido y quedó sin efecto.
Sin haberse solucionado el conflicto con Pino Gordo, en 2007, se ejecutaron resoluciones de ampliación del territorio a favor de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, sobreponiéndose esta última ante la superficie de Choréachi.
El conflicto se acentuó con la autorización de permisos de explotación forestal otorgados por la Semarnat a favor de Coloradas de los Chávez, sin una consulta previa e informada a la comunidad indígena.
Aunque el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dice: “Cuando una autorización pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad”, la Semarnat autorizó los permisos de explotación forestal en la Sierra Tarahumara, bajo el argumento de que la comunidad indígena es inexistente.
Pasaron 11 años, y hasta el 23 de octubre el 2018, el Tribunal Superior Agrario reconoció el derecho de territorio de Choréachi, al demostrar su preexistencia al ejido Pino Gordo y la comunidad agraria Coloradas de los Chávez. En total se reconocieron 32 mil 832 hectáreas.
La celebración duró poco, pues horas después fue asesinado el líder y defensor del municipio, Julián Carrillo, quien vivía en Coloradas de la Virgen, una comunidad aledaña a Choréachi.
Este acto de violencia contra defensores indígenas, no ha sido el único en Choréachi, pues en 2016 y 2017, también fueron asesinados Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.
Ante este panorama, la participación de la mujeres en la defensa de Choréachi también es riesgosa. Catalina García Ruíz es una de las defensoras de la comunidad rarámuri, y en el Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo, compartío la situación de no reconocimiento que sufren las mujeres sobre sus tierras. Señaló que a pesar del reconocimiento del Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se amparó para seguir sin reconocer la existencia de comunidades indígenas como propietarias de sus tierras.
“En Chihuahua, una mujer no es dueña de su tierra, si se muere su esposo, ella tiene que regresar de donde viene, porque no puede ser dueña de su territorio”, explicó Catalina.
Así lo confirma el Anuario 2017, Las actividades extractivas en México, de Fundar: “En buena medida, las mujeres no son dueñas de la tierra que suelen defender cuando ésta se encuentra amenazada por proyectos extractivos”.
Hopelchén, Campeche
A lo largo de 30 años, los sectores de inmobiliaria, turístico, agroindustrial y energético, se han expandido más allá de las necesidades de la población de la península de Yucatán, afectando los ecosistemas, territorios e incluso la salud.
En el 2013 con la Reforma Energética, y en el 2016 con la subasta eléctrica, fue impulsada la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera, ocupando hectáreas de territorio maya.
Por otro lado, en el 2011 se creó el Proyecto Transversal Trópico Húmedo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), con el objetivo de incrementar la superficie cultivable. Y a su vez se fomentaron los cultivos agroindustriales como la soya transgénica.
Para Angélica María defensora de la comunidad Hopelchén, el reto principal que enfrentan en la península es el extractivismo, en el que las siembras de soya transgénica o el Tren Maya en Calakmul, están acabando con todo lo que tienen.
“Duele que los proyectos están acabando con todo lo que tenemos. En el caso de la soya transgénica: la deforestación y el uso excesivo de agroquímicos, que con avionetas están fumigando nuestros niños”, reiteró Angélica María.
En la comunidad de Hopelchén su fuente de ingreso principal es la apicultura; sin embargo, el uso de agroquímicos ha llegado a afectar en su producción, desde el envenenamiento de abejas hasta el riesgo de contaminar con polen transgénico su miel.
“Los pueblos no queremos soya transgénica en nuestro municipio y las autoridades no nos están tomando en cuenta”, agregó.
Además, expuso las altas consecuencias de contaminación que dichos megaproyectos podrían tener en nuestra agua, provocando a su vez enfermedades; e insistió en la importancia de unirse a la lucha porque todos consumimos de la misma agua.
“Nosotras defendemos la tierra porque la tierra es nuestra madre, nos da de comer. […] Y es algo que nos llena de valor, de seguir luchando y decirle a más mujeres que debemos unirnos, alzar la voz y decir que aquí estamos, porque nosotras defendemos lo que es la vida y damos vida”, enfatizó.
Huexca, Morelos
Desde el 2011 con el ex presidente Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó la Central de Ciclo Combinado (CCC Centro), uno de los proyectos con más ambición en Morelos.
Parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) incluía la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, la cual busca llevar energía al oriente de Morelos donde se encuentran diversas empresas trasnacionales.
En el 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, prometió respeto a la voluntad del pueblo ante la pugna entre defensores del territorio que buscaban detener el territorio, sin embargo, tiempo después la Policía, bajo órdenes del dirigente, disolvieron un plantón.
Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reactivar las obras por medio de una revisión a pesar de que en el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya dado por concluido el PIM por ser violatorio de los derechos humanos de la gente.
Para Teresa Castellanos Ruiz, defensora de Huexca, ahora es el momento de que el presidente cumpla, “él dice que cumple con su palabra, que él no nos falla a los pueblos. Es momento de que cumpla cuando dice que está en contra de la minería, los gasoductos y todos aquellos”.
Chicas Paralelo / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
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6) POR PRIMERA VEZ UNA MUJER GANA PREMIO DE LITERATURAS INDÍGENAS
Ninguna mujer había ganado antes el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA), que revaloriza la escritura y lectura de las lenguas originarias.
La escritora mexicana de origen maya Marisol Ceh Moo fue la ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2019 (PLIA) en su séptima edición, con la obra Pasos Perdidos, convirtiéndose en la primera fémina en alcanzar este lauro.
De acuerdo con Joel Torres, miembro del jurado, la autora yucateca mereció el reconocimiento por su empeño de revalorizar las lenguas originarias mexicanas, así como por apoyar las de los pueblos del continente.
En el certamen literario participaron un total de 26 obras de ocho países, vía internet, para un total de 17 lenguas originarias de América Latina.
Ceh Moo, quien recibió la noticia vía telefónica, expresó su agradecimiento por el premio, “genera en mí una responsabilidad más grande para poder contribuir en la literatura de México en nuestras lenguas originarias, también contribuir a reforzar y prevalecer la literatura en lenguas originarias del mundo”.
El reconocimiento será oficialmente entregado en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y consiste en una estatuilla y un estímulo económico de 300 mil pesos mexicanos.
El Premio de Literaturas Indígenas de América reconoce, desde hace siete años, la trayectoria de escritores y creadores que contribuyen a hacer cotidiana y factible la escritura de las lenguas indígenas, así como a aquellos que estimulan su lectura e insisten en la importancia de tener representaciones gráficas en estas lenguas.
De acuerdo con la directora de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alejandra Rodríguez Martínez, en América más de 40 millones de personas pertenecen a los pueblos originarios, donde se habla más de 500 lenguas. En México el 6.8 por ciento de los habitantes hablan alguna de las 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes que aún persisten en el país.
La funcionaria explicó, además, que uno de sus objetivos es que estas sean lenguas de habla cotidiana y con presencia en los medios de comunicación públicos.
Telesur / COMCOSUR MUJER Nº 614 – 16/09/2019
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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