1) Chile: Mujer Mapuche Elisa Loncon presidirá la Convención que creará la primera Constitución participativa de la República de Chile
2) Estados Unidos: “Sólo quiero recuperar mi vida”: Britney Spears pide el fin de la tutela “abusiva” de su padre
3) Honduras: Corte IDH condena al Estado por el asesinato de Vicky Hernández
4) México: Ángeles Cruz y las raíces del cine indígena como retrato de la comunidad
5) México: Un Estado más: Congreso de Hidalgo despenaliza el aborto
6) Turquía: Miles de mujeres protestan contra retirada de Turquía de Convenio de Estambul
7) Uruguay: Organizaciones sociales lanzaron campaña contra proyectos de tenencia compartida
8) América Latina: Las deudas con los derechos de la población LGBTI+
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 692 – Lunes 5 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) CHILE: MUJER MAPUCHE ELISA LONCON PRESIDIRÁ LA CONVENCIÓN QUE CREARÁ LA PRIMERA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
«Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democrático, participativo. Por eso, esta convención transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hace realidad, es posible refundar este Chile», dijo Loncón.
Elisa Loncón Antileo, mujer Mapuche, fue electa como presidenta de la Convención Constitucional que tiene la misión de redactar una nueva Constitución Política en la República de Chile. Esta será la primera vez en la historia de este país que su Carta Magna será redactada por ciudadanos elegidos, en un sistema paritario entre hombres y mujeres y con participación de pueblos originarios.
La elección de Loncon como presidenta de la Convención es otro hito iniciado con el estallido social del 18 de octubre de 2019 para desmontar el modelo político y de administración del Estado impuesto bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet.
En su primer discurso, la presidenta de la Convención Constitucional, en idioma Mapudungun, envió «un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, en la isla, a todo el pueblo que nos está escuchando».
«Estamos instalando aquí una manera de ser plural, democrático, participativo. Por eso, esta convención transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hace realidad, es posible refundar este Chile», dijo Loncón.
La presidenta además solicitó un minuto de silencio por todos los muertos Mapuche hace 500 años con la llegada de los europeos, luego con la ocupación de los territorios por parte del Estado chileno y de colonos; por los muertos de la dictadura de Pinochet; y las victimas del estallido social iniciado en octubre de 2019 y que dio paso a los cambios políticos que se están generando en Chile.
«¡Arriba los pueblos! Arriba las naciones originarias! Este es un sueño de nuestros antepasados, es posible refundar Chile y una nueva relación. ¡Libertad y vida a los que resisten!», afirmó también la Presidenta de la Convención Constitucional.
Mapuexpress / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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2) ESTADOS UNIDOS: “SÓLO QUIERO RECUPERAR MI VIDA”: BRITNEY SPEARS PIDE EL FIN DE LA TUTELA “ABUSIVA” DE SU PADRE
La cantante dijo ante una corte judicial que fue medicada contra su voluntad, obligada a actuar y que no le permiten volver a tener hijos.
“Tengo mucho para decir, así que ténganme paciencia”. De esta forma Britney Spears, de 39 años, comenzó la declaración que realizó el miércoles, en formato virtual, ante la jueza Brenda Penny, para solicitar el fin de la tutela que su padre ejerce desde hace 13 años sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. En 24 minutos, la estrella del pop describió una serie de situaciones a las que fue sometida debido a esta custodia –el término legal en inglés es conservatorship–, que vulneran derechos y, en algunos casos, constituyen episodios de violencia.
Todo empezó en 2007, cuando Britney tuvo una crisis nerviosa tras una serie de escándalos públicos y una disputa con su exesposo por la tenencia de sus dos hijos, entre otros problemas. Ese fue el año en el que rompió los vidrios del auto de un paparazi con un paraguas. Las fotos de ese incidente rápidamente se hicieron virales –hoy es un clásico meme– y sirvieron para que los medios más sensacionalistas la tildaran de “loca”, “inestable” e incluso “mala madre”.
El titular hubiera sido distinto si el protagonista hubiera sido un hombre. Sólo por poner un ejemplo: Justin Bieber, otro ícono del pop, tiene un historial de agresiones verbales y físicas contra periodistas y fotógrafos en distintas ciudades del mundo, pero nadie se atrevió nunca a decir que estaba loco o que era incapaz.
En realidad, el episodio del paraguas ilustró muy bien el hartazgo que tenía Britney con la prensa en ese momento, como quedó plasmado en Framing Britney Spears, el microdocumental producido por The New York Times y estrenado a principios de año. Allí queda en evidencia la cobertura misógina y cruel de los medios durante toda su carrera –que inició a los 17 años–, y la constante intromisión en su privacidad.
En 2008, tras una decisión judicial, Britney fue declarada incompetente para hacerse cargo de su propia vida –eso es lo que sustenta la concesión de una conservatorship– y su padre, James Spears, quedó a cargo de su patrimonio millonario. En ese entonces, la artista estuvo de acuerdo con la decisión de que otra persona manejara su dinero, si bien se oponía a que el tutor fuera su padre. Con el correr del tiempo, saldrían a la luz detalles que dejarían entrever que el control paterno –o, mejor dicho, paternalista– no era sólo sobre sus finanzas: la cantante tampoco podía elegir cuándo, cómo y con quién trabajar, no le permitían manejar su auto y tenía restringidas las visitas. Por supuesto que tampoco tenía (ni tiene) la libertad de definir su propia representación legal. Desde hace más de una década, la artista estadounidense no es considerada una mujer adulta responsable.
Las declaraciones que hizo la cantante esta semana ante una corte de Los Ángeles revelaron otras aristas de esta vida tutelada, que mostraron que tampoco tiene decisión sobre su carrera, su cuerpo o su salud reproductiva, física y mental. Lo que dio a entender, en líneas generales, es que durante todos estos años estuvo presa de su propia familia. Sobre lo que quiere en el futuro inmediato, fue clara y directa: poner fin a la tutela sin necesidad de ser evaluada psicológicamente, para volver a ser dueña de su dinero y sus decisiones. Acerca de su padre y el equipo que lo asesora, sugirió, sin vueltas: “Deberían estar en la cárcel”.
“Nunca tuve voz en mi agenda”
Britney le dijo a la jueza Penny que la tutela era “abusiva” y que le impedía vivir “una vida plena”. La última vez que compareció por su caso, en mayo de 2019, había dicho al tribunal que la habían obligado a permanecer en una clínica psiquiátrica y a realizar presentaciones contra su voluntad. Esta vez, confesó que en esa audiencia no se sintió escuchada: “La última vez que hablé con usted, […] me hizo sentir como si estuviera muerta. Como si no importara. Como si no me hubieran hecho nada. Como si usted pensara que estaba mintiendo o algo así. Se lo digo de nuevo, porque no miento. Quiero sentirme escuchada. Y les digo esto de nuevo para que puedan comprender la profundidad y el grado del daño que me hicieron en ese entonces. Quiero cambios y quiero cambios en el futuro. Me los merezco”.
Agregó más adelante que lo que vivió en los últimos años es “vergonzoso y desmoralizador”, y dijo que no se pronunció “abiertamente” sobre el tema hasta ahora porque pensaba que nadie le iba a creer. “Por eso les vuelvo a contar esto dos años después. Después de mentir y decirle al mundo entero que estaba bien y feliz. Es mentira. […] He estado en negación. Estuve en shock. Estoy traumatizada”, aseguró. Y reveló que no puede dormir, está deprimida y llora “todos los días”.
Ahora rompió el silencio. La necesidad de hacerlo era tan arrolladora que la jueza tuvo que interrumpirla un par de veces para pedirle que hablara más despacio. Entre otras cosas, denunció que fue medicada contra su propia voluntad con litio, una medicación tan fuerte que hizo que se sintiera “borracha”. “Ni siquiera podía mantener una conversación con mi mamá o mi papá. Les dije que estaba asustada. Y mi médico hizo que seis enfermeras diferentes vinieran a mi casa y se quedaran conmigo para controlarme con esta nueva medicación que, para empezar, nunca quise tomar”, relató. En otro tramo de la comparecencia, dijo que ese doctor “ilegalmente abusó” de ella “por el tratamiento” que le indicó. “Y, para ser totalmente honesta, cuando falleció, me arrodillé y le di las gracias a Dios”.
También dijo haber sido “forzada” a realizar una gira en 2018, pese a que no sentía que estuviera en condiciones físicas y mentales. “Mi mánager dijo que si no hacía la gira tendría que encontrar un abogado y, por contrato, mi propio equipo podría demandarme si no cumplía con la gira. Me entregó una hoja de papel cuando me bajé del escenario en Las Vegas y dijo que tenía que firmarla. Fue muy amenazante y aterrador, y con la tutela ni siquiera pude conseguir mi propio abogado, así que, por miedo, seguí adelante e hice la gira”. Cuando terminó ese tour, empezó a ensayar para un nuevo espectáculo en Las Vegas, pero según la cantante “fue difícil, porque había estado haciendo [shows en] Las Vegas durante cuatro años y necesitaba un descanso entremedio”. Pidió ese break pero, una vez más, no se lo permitieron. Ese fue el último año que Britney se subió a un escenario.
En su testimonio, Britney llegó incluso a compararse con una víctima de trata con fines de explotación sexual. “Trabajaba siete días a la semana, sin días libres. En California, lo único parecido a esto se llama tráfico sexual: hacer que cualquier persona trabaje, trabajar en contra de su voluntad, quitarle todas sus pertenencias, tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte, y colocarla en el hogar donde trabaja con las personas que viven con ella”.
También aseguró que no tenía privacidad ni en su propia casa, en la que convivía con guardias de seguridad, enfermeras y un chef, entre otras personas desconocidas. “Me veían cambiar, todos los días, desnuda. De mañana, al mediodía y de noche. Mi cuerpo: no tenía intimidad, ni puerta para mi habitación. Daba ocho galones de sangre por semana. Si no hacía ninguna de mis reuniones y trabajaba de ocho a seis de la noche, que son diez horas al día, siete días a la semana y sin días libres, no podía ver a mis hijos ni a mi novio. Nunca tuve voz en mi agenda. Siempre me dijeron que esto era lo que tenía que hacer”.
Maternidad y “coerción reproductiva”
Quizás una de las revelaciones más impactantes sobre la sistemática vulneración de los derechos de Britney tuvo lugar cuando dijo que tampoco tiene permitido casarse y volver a tener hijos. “Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. Quería removerlo para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero no me dejan ir al médico a que me lo saque porque no quieren que tenga más hijos”, denunció la artista.
Britney tiene dos hijos, de 14 y 15 años, con su exesposo, Kevin Federline. Desde 2019, la cantante tiene 30% de la custodia sin supervisión. Actualmente está en pareja con Sam Asghari, quien en distintas ocasiones se manifestó contra la tutela y el día de la audiencia ante la jueza subió a Instagram una foto en la que lucía una remera con el hashtag #FreeBritney.
Casi al final de su declaración, la cantante volvió a abogar por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo: “Merezco tener los mismos derechos que cualquiera a tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas”.
Alexis McGill Johnson, la presidenta de Planned Parenthood, citó esa última frase en Twitter y calificó la situación como “coerción reproductiva”. “Nos solidarizamos con Britney y todas las mujeres que enfrentan la coerción reproductiva. Tu salud reproductiva es tuya y nadie debería tomar decisiones por ti”, escribió.
Britney también dijo que tiene derecho “a usar su voz” y “defenderse”. Por eso, le pidió ayuda a la jueza para que ponga fin a la tutela, sin pasar por una evaluación psicológica y con la posibilidad de elegir a su propio abogado. “No debería estar bajo una tutela si puedo trabajar y proporcionar dinero y trabajar para mí y pagar a otras personas. No tiene sentido, las leyes tienen que cambiar. ¿Qué estado permite a las personas poseer el dinero y la cuenta de otra persona y amenazarlos diciéndoles: ‘No puedes gastar tu dinero a menos que hagas lo que queremos que hagas’?”, alegó. “Sólo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente”.
Liberen a Britney
El hashtag #FreeBritney fue utilizado por primera vez en 2009, en una página administrada por fans que rechazaban los términos de la tutela, según rastreó The New York Times. Sin embargo, se convirtió en el emblema de una campaña más amplia en 2019, después de que la artista fue internada en un centro de salud mental con el argumento de que tenía “angustia emocional” por una enfermedad de su padre. Los fans aseguraban que Britney era obligada a mantener el acuerdo y, desde ese entonces, presentaron distintas peticiones con miles de firmas a las autoridades de Estados Unidos para que interrumpieran la tutela. También convocaron a manifestaciones para expresar el apoyo a Britney durante las audiencias judiciales. La de esta semana no fue la excepción.
Además, el movimiento #FreeBritney es muy activo en las redes sociales. De hecho, desde hace meses le piden a su artista favorita que envíe señales de ayuda en sus publicaciones de Instagram, como vestirse de un color específico o citar determinada canción, pero Britney se mantuvo en silencio e indiferente a las solicitudes. Al menos, hasta ahora: el día después de romper el silencio ante la corte, hizo una publicación en Instagram en la que les pidió perdón a sus seguidores por “pretender” durante los últimos dos años que “estaba bien”. Quizás este sea un primer paso para recuperar, por fin, su voz.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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3) HONDURAS: CORTE IDH CONDENA AL ESTADO POR EL ASESINATO DE VICKY HERNÁNDEZ
En el Día Internacional del Orgullo LGBTI y el décimo segundo aniversario del golpe de Estado de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado de Honduras en la muerte de Vicky Hernández, mujer trans asesinada en el marco del toque de queda instaurado por las fuerzas públicas el 28 de junio de 2009
En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.
El Tribunal también determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández.
Además, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.
¿Quién era Vicky Hernández?
Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa». La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la norteña ciudad de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.
Una patrulla de la Policía Nacional habría intentado detenerlas. Debido al contexto de violencia del que eran víctimas por formar parte de la comunidad LGBTI, Vicky y sus amigas intentaron huir por diferentes vías. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades hondureñas y el caso permanece impune.
Durante la primera de dos audiencias del caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, el perito Carlos Zelada Cuña señaló que en el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBTI. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia. Diez de ellas eran miembras del «Colectivo Unidad Color Rosa». Once de estos crímenes ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.
Corte IDH ordena medidas de reparación
La Corte IDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Sumado a esto y debido a las violaciones, ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Honduras entre las que se encuentran el promover y continuar las investigaciones por el homicidio de Vicky Hernández, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la realización de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
De igual forma, ordenó la creación de una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; la creación e implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Asimismo, la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
Desde el golpe de Estado de 2009, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas reporta 388 muertes violentas de personas LGBTI y una desaparecida; de estos casos, 83 han sido judicializados, obteniéndose únicamente 34 sentencias condenatorias: 4 de lesbianas, 17 de hombres gays y 13 de mujeres trans. Sin embargo, ninguna de estas sentencias contempla como móvil del crimen, el agravante genérico establecido en el Código Penal por discriminación o prejuicio basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
Tras el anuncio de la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky Hernández, la Red Lésbica Cattrachas publicó en sus redes que «se trata de un gran precedente para las personas LGBTI en la región». Además, agregó que «#JusticiaParaVicky es el reconocimiento de la identidad de género. Al honrar su nombre y su memoria, estamos buscando la protección de todas las personas trans en nuestra región».
Criterio.hn / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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4) MÉXICO: ÁNGELES CRUZ Y LAS RAÍCES DEL CINE INDÍGENA COMO RETRATO DE LA COMUNIDAD
Re pensar el cine, “es un camino para construir equidad, es abrir una-o muchas puertas a la diversidad” y soñar con otras posibilidades. En palabras de Ángeles Cruz, directora indígena, escritora y actriz de cine de Oaxaca, México, es “construir nuevos universos y nuevas preguntas, ya que el cine tiene un poder humanitario”.
El cine, como retrato de la comunidad, es una experiencia colectiva de memoria que visibiliza narrativas propias y de la otredad, entre ellas la de las mujeres indígenas, que históricamente se han ocultado y negado. Es comunicación, discurso y a la vez denuncia, es resistencia y reflexión colectiva que reconstruye estereotipos contra distintas formas de opresión y marginación.
Así, sus cortometrajes “Tiricia o cómo curar la tristeza” (2012), “La Carta” (2014), “Arcángel” (2018) ahondan sobre diversos temas que son transversales en distintos territorios en Abya Yala: el colonialismo, despojo, segregación, el abandono, la violencia sexual infantil, la discriminación, la exclusión contra la diversidad sexual, el machismo, la pobreza, la diáspora, entre otros.
La narrativa de su cine, es también semilla para abrir reflexiones y diálogos a temas complejos y muchas veces no representados, para “hablar de lo que somos, para hablar en nuestros propios términos, y tomar conciencia sobre nosotras mismas, sobre nuestras vidas. Es traer a la luz otras narrativas, desde otras miradas”.
Se trata de un cine horizontal y colaborativo en miras al Bien Común, realizado desde la comunidad indígena, cuyo proyecto en un principio, se expone y decide en asamblea, y que por lo demás cuenta con actores y actrices de la comunidad.
Para la creación de las realizaciones, “se pide permiso, y se hace una ofrenda a la Tierra puesto que no estamos solos en el mundo ni estamos compitiendo, necesitamos colaborar, es el sentido de la Comunidad”.
En Wallmapu y Chile, el Festival Internacional de Cine y Las Artes Indígenas en Wallmapu, estrenará su largometraje “Nudo Mixteco” (2019), que estará disponible durante dos días, a partir de hoy viernes 18 de junio a las 22 hrs, de forma abierta y gratuita vía internet. Una hora antes, desde las 21 hrs, el Festival realizará una conversación entre Ángeles Cruz, la actriz Myriam Bravo y Ange Cayuman, productor del Festival. (Enlace: Ficwallmapu)
A continuación, extendemos una breve entrevista realizada a Ángeles Cruz:
-En Abya Yala, entre territorio Mixtecto y Mapuche tenemos problemáticas en común, entre ellas el colonialismo, capitalismo y patriarcado, que afectan particularmente a las mujeres indígenas, invisibilizadas por los discursos del cine de mercado. Ante ello, el cine indígena y comunitario que usted realiza, posicionado política y socialmente, nos muestra nuevas narrativas, evidencia otras voces. ¿Cómo puede aportar el Cine Indígena y comunitario a la transformación social?
Considero que a través del cine se pueden perpetuar o romper ciertas barreras, por eso es fundamental que nuestras voces desde nuestras comunidades, ganen un espacio para romper estereotipos y crear nuevos referentes. Yo siento que el cine me permite preguntarme lo que no entiendo y compartir mis inquietudes con otras personas con realidades parecidas. Sin embargo, siempre hemos sido retratadas desde fuera, generando una imagen con la que no nos sentimos identificadas, nuestro territorio sonoro, visual e identitario también nos ha sido arrebatado. El contar nosotras nuestras propias historias, nos permite transformar y adueñarnos de nuestra cosmovisión, replantearnos el universo y romper el círculo impune del retrato superficial.
-¿Por qué es relevante que las comunidades se apropien de sus historias, experiencias, sabidurías (por medio del cine y de otras formas de comunicación) y también, sean críticas con los distintos tipos de violencias internas y externas?
Somos parte de este universo plural y diverso, la historia hegemónica no me representa con justicia y dignidad, hemos sido utilizadas las comunidades como parte de un discurso racializado y discriminatorio, por eso es fundamental que seamos nosotras las que contemos nuestras historias, con la complejidad y diversidad que tenemos, con autocrítica y aprendizaje, pero desde nuestro corazón. No me interesa hacer un discurso panfletario, me interesa hacer una película donde me sienta identificada, cuestionada, emocionada de sentirme parte y compartir mis preocupaciones y anhelos.
-¿Qué otras temáticas, narrativas e historias deben ser visibilizadas a su parecer a partir del Cine indígena?
Tengo muchas cosas de las cuales quisiera hablar, trato en lo posible de escribir por lo menos una línea todos los días de alguna imagen, noticia o algo que veo en la calle. No tiene que ser importante ni trascendental, de hecho, creo que la importancia de la vida radica en las pequeñas acciones cotidianas. Hablo de lo que me conmueve, me enoja o trato de entender. Esa es la semilla o primer contacto con lo que después se convertirá en guion y más tarde si trabajo en ello, en película.
-¿Cuál es la reflexión que usted realiza a partir de Nudo Mixteco?
Nudo mixteco me deja con más preguntas, pero sé que ese pequeño espacio que tienen mis personajes femeninos para decidir su destino, es una gran conquista de nuestro territorio cuerpo.
Referencias:
-Festival Internacional de Cine y Las Artes Indígenas en Wallmapu. Enlace www.ficwallmapu.cl/
-Las Cineastas. Diálogos con creadoras cinematográficas. Tania Castillo y Ángeles Cruz. Enlace: www.youtube.com/watch?v=M8BEtH1qKgA
– “Nudo Mixteco”, Película dirigida por Cineasta Mixteca Ángeles Cruz se estrenará en Ficwallmapu. Enlace: radiojgm.uchile.cl/nudo-mixteco-pelicula-dirigida-por-cineasta-mixteca-angeles-cruz-se-estrenara-en-ficwallmapu/
Martina Paillacar Mutizábal/ Mapuexpress/ COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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5) MÉXICO: CONGRESO DE HIDALGO DESPENALIZA EL ABORTO
Aborto legal en México. Hidalgo se convierte en el tercer Estado en permitir la interrupción del embarazo
El Congreso de Hidalgo aprobó, con 16 votos, la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, con lo que se convierte en el tercer estado en avalar la interrupción del embarazo.
Con este proyecto de decreto avalado se reforman los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal el Estado de Hidalgo, además de modificaciones y adiciones a la Ley de Salud local.
Esta iniciativa permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12. Hacerlo después de ese tiempo implica permanecer de 6 meses a 1 año de prisión y de 10 a 40 días de multa a la mujer que realizó el aborto que, para ese momento, sería considerado un delito.
Establece que la interrupción del embarazo debe ser garantizada por el gobierno estatal mediante los Centros de Reinserción Social, en instituciones públicas, privadas y sociales que presenten los servicios de salud en la entidad provean la interrupción del embarazo de manera gratuita, en condiciones de calidad y salubridad para las mujeres.
Además, las y los médicos tienen derecho a argumentar una objeción de conciencia para evitar realizar el aborto, pero deben referir a la mujer solicitante a un médico o médica que no tenga ese tipo de objeciones.
Hidalgo se une a Oaxaca (2019) y a la Ciudad de México (2007) como los estados que han despenalizado el aborto.
Provida
Tras la irrupción de 40 miembros de Provida al Congreso estatal y mientras rezaban un rosario, los legisladores se cambiaron de sede, reanudaron la sesión, sometieron a votación la iniciativa y la aprobaron.
Los integrantes de Provida son de las organizaciones Ola Celeste, Unión Nacional de Padres de Familia, Frente Nacional por la Familia y el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo. Llegaron portando crucifijos, rosarios e imágenes religiosas, junto con cartulinas contra el aborto.
La noche del martes, alrededor de diez personas Provida se instalaron, desde sus autos estacionados, afuera del Congreso del Estado para hacer una “velada de oración”, pero fue interrumpida por la lluvia y optaron por rezar un rosario por Zoom y otras oraciones contra lo que llaman “asesinato de niños”, publicó la jornada.com.mx.
Celebra Marea Verde
Contrario a los Provida, ninguna integrante de Marea Verde ni organizaciones feministas que se manifestaron la semana pasada en demanda de la despenalización del aborto e hicieron pintas en la Basílica Menor de Pachuca hizo acto de presencia en el Congreso estatal.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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6) TURQUÍA: MILES DE MUJERES PROTESTAN CONTRA RETIRADA DE TURQUÍA DE CONVENIO DE ESTAMBUL
Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron este jueves en decenas de ciudades turcas contra la retirada de Turquía del Convenio de Estambul -un tratado internacional para combatir la violencia machista- que se hizo efectiva hoy.
Bajo gritos como «El Convenio da la vida», «No callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos» o «No caminarás sola», varias miles de activistas se congregaron en un extremo de la céntrica calle Istiklal en Estambul para protestar contra la retirada del Convenio.
«Es más importante que nunca que estemos hoy en la calle. Desde que se anunció la salida del convenio nada ha mejorado. Por lo contrario, todo ha empeorado. El Estado debe proteger a las mujeres», dijo a Efe la activista Tugçe Sönmez.
«No aguantamos más. Se debe aplicar el convenio, no confiamos en una ley local. Está claro que no saben prevenir la violencia», subrayó otra participante, que se identificó como Firde.
Cargas policiales
En Estambul, la policía permitió inicialmente la marcha pero, tras recorrer unos centenares de metros por la céntrica avenida, la policía bloqueó el camino y ante la insistencia de las activistas lanzó cargas con gas lacrimógeno y balas de plástico.
Algunas participantes en la mancha respondieron haciéndose con un escudo policial y balanceándolo contra la fila de agentes.
También en Esmirna, la tercera ciudad de Turquía, agentes antidisturbios cargaron con gas pimienta contra una marcha de cientos de mujeres, informa el diario «Evrensel».
En otras ciudades grupos de mujeres salieron a la misma hora a las calles o plazas, mientras que en la capital, Ankara, tuvieron lugar varias marchas en distintos distritos, con la policía intentando impedir algunas.
Salida a partir de hoy
Hoy se hace efectiva la retirada del Convenio de Estambul, anunciado de forma sorpresiva en marzo pasado por el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, pese a que él mismo había firmado este tratado, siendo entonces primer ministro, en 2011 y había promovido su ratificación en el Parlamento en 2012.
El Convenio es un tratado legalmente vinculante que obliga a los países a tipificar la violencia machista y a disponer recursos para combatirla.
Aunque su implementación ha sido deficiente en Turquía, a juicio de las organizaciones feministas, sí ha sido una herramienta fundamental para avanzar en la lucha contra el machismo en el país eurasiático.
Promesas de Erdogan
El propio Erdogan prometió hoy que su Gobierno continuará combatiendo la violencia machista, al desvelar un plan nacional pensado para cuatro años que prevé, entre otras actividades, abrir nueve refugios para mujeres.
«Nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres no empezó con este tratado ni terminará con la retirada del tratado», dijo el mandatario turco en un discurso.
«Combatir la violencia contra las mujeres es parte de nuestras prioridades. Apoyo todos los pasos que se han dado. He tratado personalmente los problemas que han surgido», aseguró.
En verano pasado, algunas voces cercanas al partido de Erdogan, el islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, propusieron que el país se diera de baja en el Convenio.
En ese momento, las intensas protestas feministas, a las que se sumaron voces de organizaciones de mujeres del propio AKP, hicieron que el plan, aparentemente, se devolviera al cajón.
Críticas islamistas
Sin embargo, un sector islamista y nacionalista continuó haciendo campaña para acusar al Convenio de destruir los valores de la familia y de promover la homosexualidad, pese a que el tratado no menciona la homosexualidad en ninguna parte.
No obstante, las propias organizaciones LGBT empezaron a reivindicar el Convenio como algo propio, asegurando incluso que había sido concebido para proteger «a mujeres y homosexuales».
Finalmente, en marzo, el Gobierno justificó su decisión de salir del Convenio alegando que éste «había sido secuestrado por un grupo que intenta normalizar la homosexualidad».
Cada año, entre 300 y 400 mujeres mueren en Turquía asesinadas por sus parejas, exparejas o pretendientes, pero también por sus propios familiares.
La vida sexual de una mujer soltera o divorciada se puede llegar a interpretar en Turquía como una afrenta al honor de sus parientes.
En lo que va de año, 189 mujeres han sido asesinadas, según datos de la plataforma «Pararemos los asesinatos de mujeres», lo que arroja una incidencia, en proporción a la población, entre dos y tres veces superior que la habitual en España.
Lara Villalón / EFE / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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7) URUGUAY: ORGANIZACIONES SOCIALES LANZARON CAMPAÑA CONTRA PROYECTOS DE TENENCIA COMPARTIDA
Para los colectivos, las iniciativas pretenden “volver al Código de 1934, donde los niños eran objetos de tutela y control por parte del Estado y no sujetos de derecho”
“Una ley innecesaria que daña la infancia” es la consigna de la campaña que lanzaron este lunes seis organizaciones sociales que nuclean a cientos de asociaciones y colectivos vinculados con temáticas de infancia y género en rechazo a los proyectos de ley que elaboraron el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, que están en plena discusión en la Comisión de Constitución y Legislación en el Senado.
Los impulsores de las iniciativas –Carmen Asiaín y Graciela Bianchi por el PN y Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano por CA– trabajan actualmente en unificar los proyectos y, según supo la diaria, ya tienen un borrador bastante avanzado, que presentarán en la comisión en las próximas semanas. Asimismo, buscan conseguir el apoyo del Partido Colorado, que tiene reparos sobre el contenido de las iniciativas, según lo reconocieron legisladoras coloradas días atrás.
Los proyectos recibieron críticas desde varios frentes: varias de las organizaciones sociales que impulsan la campaña ya habían manifestado su preocupación por el contenido de las iniciativas en intercambio con la comisión; el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, que preside el Ministerio de Educación y Cultura, hizo un informe en el que califica de “regresivas” las modificaciones normativas propuestas, e incluso la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, en su comparecencia ante la comisión se mostró preocupada por el contenido de los proyectos, lo cual le valió cuestionamientos por parte de senadores oficialistas.
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista lanzaron una campaña que busca informar a la ciudadanía sobre el contenido de estos proyectos y la necesidad de “colocar a las niñas y niños en el centro de toda actuación legislativa, judicial o administrativa que les involucre”, promoviendo una “visión de protección y respeto de sus derechos, donde se privilegie el análisis particularizado de las situaciones”.
Una legislación que ya existe
En un conversatorio virtual que hizo de puntapié para el lanzamiento de la campaña, referentes de varias organizaciones destacaron que la legislación actual en nuestro país ya permite la tenencia compartida de los hijos ante la separación de los padres, siempre y cuando se considere que es lo mejor para el niño, niña o adolescente en su situación particular. En ese sentido, consideraron que “imponer la tenencia compartida” significa “anteponer el interés de los adultos al de los niños, niñas y adolescentes”, además de que “plantear la división del niño 50% entre los adultos es una cosa casi salomónica”.
“En esta división arbitraria no se consideran los diferentes modelos de familia y prima el interés de los adultos. ¿Cómo van a construir vínculos en su comunidad, a participar en la vida de sus barrios?”, se preguntó Gastón Cortés, del CDNU, en referencia a los niños y niñas sometidos a este tipo de tutela “sin contemplar si [la tenencia compartida] es viable para cada caso y beneficiosa para cada niño, niña y adolescente en particular”.
Asimismo, los colectivos resaltaron el peligro al que se expone a esta población en caso de violencia o abuso por parte de uno de los progenitores, a causa de las limitaciones que ponen ambos proyectos a las medidas cautelares, incluso aunque medie una denuncia por violencia. “La sentencia firme puede llevar años, y eso implica exponer a niños, niñas y adolescentes a situaciones terribles. ¿Cómo vamos a garantizar una vida libre de violencia si permitimos esto?”, reflexionó Cortés.
Por otro lado, el coordinador del CDNU dijo que los proyectos “desconocen la voz de los niños” y la ponen “en tela de juicio al hablar de voz ‘autorreflexiva y autónoma’”. En su opinión, la legislación impulsada “pretende volver al Código [del Niño] de 1934, donde los niños eran objetos de tutela y control por parte del Estado y no sujetos de derecho”.
Las organizaciones también destacaron que estas iniciativas van en contra de convenios internacionales que Uruguay ha ratificado en materia de protección de derechos de las infancias, por lo que aprobar este tipo de normativa sería dar “un paso hacia atrás muy grave”.
Contra la imposición de un único criterio
Por su parte, Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista, subrayó que la campaña iniciada hoy “no cuestiona la idea de la tenencia compartida ni la corresponsabilidad de los cuidados”, puesto que las organizaciones consideran que “la tenencia compartida puede ser perfectamente una forma de organización familiar, y sin dudas la corresponsabilidad es un horizonte a alcanzar”; por el contrario, el cuestionamiento parte de que “no se tome en cuenta cada situación y se pretenda imponer esta forma de organización en todos los casos”.
Para Tuana, esta imposición “daña porque cuando existen conflictos entre los padres, cuando no existe posibilidad de dialogar, cuando hay padres que se encuentran en una guerra, en un fuego cruzado, colocar a los niños en tenencia compartida les puede generar situaciones muy complicadas en cuanto a las lealtades; son padres que no van a estar priorizando sus necesidades, sino que se cumpla con rigidez ese acuerdo de tenencia compartida”, explicó.
Asimismo, insistió en que de aprobarse esta legislación “puede poner en serio peligro a los niños y niñas, porque abre la puerta a que abusadores sexuales puedan acceder libremente a ellos, que violentos puedan hacer uso de esa violencia y generar sufrimiento a su expareja como forma de perpetuar la violencia que había antes de la separación”.
Por otro lado, señaló que “los planteos de quienes impulsan estos proyectos es que una gran mayoría de las denuncias [por violencia de género] son falsas. Muchos de quienes están impulsando estos proyectos pretenden volver a instalar una pseudoteoría sin base científica, que es el falso síndrome de alienación parental”. Tuana calificó este concepto como “un instrumento de tortura que se utiliza para entregar a los niños a adultos y adultas agresores”.
El proyecto impulsado por Asiaín y Bianchi fue elaborado originalmente por la organización Todo por Nuestros Hijos y ya había sido presentado en 2016 por el entonces senador y actual presidente de la República Luis Lacalle Pou. En una reciente comparecencia ante la comisión, la organización de varones pidió profundizar el alcance de los proyectos para “contrarrestar” los efectos de la Ley 19.580, de violencia basada en género, a la que calificaron de “inconstitucional”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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8) AMERICA LATINA: LAS DEUDAS CON LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI+
Pese a los avances para alcanzar la igualdad de derechos que se han registrado en varios países de América Latina y el Caribe, los Estados siguen teniendo deudas estructurales con la población LGBTI+, que ha peleado por justicia en las calles y en los tribunales mientras ha visto cómo la precariedad y la violencia ha crecido con fuerza en los últimos años.
Según datos de Amnistía Internacional (AI), al menos 287 personas trans y de género diverso han sido asesinadas en el continente en 2020. Brasil es el país que ha concentrado el mayor número de estas muertes. La cifra asciende a 3.200 si se contabilizan los crímenes desde 2014.
En paralelo, naciones como Argentina o varios estados de México han dado pasos significativos con la aprobación del matrimonio igualitario y de una reciente Ley de cupo laboral trans, que permitirá a travestis, transexuales y transgénero del país del sur acceder a trabajos en el sector público y bajo todos los beneficios formales.
Sin embargo, la pandemia también ha afectado de manera particular a la población LGBTI+ de la región. El último informe de AI da cuenta de que los sistemas de salud se centraron en la atención a la COVID-19, por lo que servicios clave como el asesoramiento en materia sexual y de salud mental no estuvieron del todo disponibles. En muchos países se suspendieron las pruebas de detección del VIH.
Por el día del Orgullo, Efeminista hace un repaso de la situación de la población LGBTI+ y el avance de derechos en la región más desigual del planeta.
Las deudas con la población LGBTI+
Los países de América Latina y el Caribe registran un avance dispar con relación a los derechos de la población LGBTI+. Mientras unos, como Argentina, llevan la delantera, aún hay nueve países que criminalizan las relaciones entre el mismo sexo.
Para Yahir Zavaleta, coordinador del proyecto Diversxs de Amnistía Internacional de las Américas, aún hacen falta leyes que tipifiquen la violencia y discriminación, que más países aprueben el matrimonio igualitario y leyes de identidad trans que les permita tener una vida digna en el reconocimiento de sus derechos.
“Vemos con preocupación la violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ, especialmente la violencia que sufren en toda la región“, afirma en una entrevista con Efeminista.
Según los datos que maneja, en Puerto Rico, México, toda Centroamérica y Brasil, “la violencia y discriminación hacia las personas LGBTQ está en aumento”
Hace unas semanas, por ejemplo, el asesinato de Andrea González, una activista y dirigente LGBTI+ guatemalteca, dio la vuelta la mundo. En la misma semana se registraron otros dos crímenes.
Un 33 % del total de muertes registradas son de personas trans, cuya esperanza de vida no supera los 40 años. “Y es preocupante porque, además de la violencia, no tienen acceso a un empleo decente o a una vivienda”, agrega.
Zabaleta explica que, si bien muchos países permiten el cambio de nombre de las personas transgénero, ponen “muchísimos obstáculos” para realizarlo. “En los juzgados y en las instituciones públicas el personal no está capacitado para esto y reciben casos que no están bien documentados y dilatan los procesos”
Con respecto al matrimonio igualitario, solo se ha aprobado en Argentina, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. En otros países hay “algún tipo de unión civil”, pero que, según Zavaleta, no garantiza “los mismos derechos que a las parejas heterosexuales”.
Argentina: por la conquista de más derechos
Argentina tiene estándares muy altos en relación a legislación en materia de diversidad sexual y este año, tras la reciente aprobación del la Ley de cupo laboral trans, la población LGBTI+ va por más derechos.
Esta nación se convirtió en 2010 en el décimo país en el mundo en lograr el matrimonio igualitario con adopción. Tiene una Ley de identidad de género que no patologiza a las identidades trans y una salud pública que incluye que los tratamientos hormonales y las cirugías estén cubiertas, tanto por los hospitales públicos como por los privados. Todas, conquistas de los movimientos sociales.
Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, cuenta a Efeminista que hay un movimiento muy fuerte que hoy tiene una importante participación en los debates en el Parlamento.
Sin embargo, dice, también “hay una coyuntura actual muy difícil de mitigar”. “La población LGBT+ siempre ha estado en emergencia, sobre todo la población trans. La pandemia ha hecho que esa crisis se profundice y que se genere mucha discriminación y violencia institucional”, explica. Desde las organizaciones sociales se han volcado a intentar paliar esta “crisis humanitaria” de alimentación y de vivienda.
Además, la vocera afirma que en Argentina la igualdad jurídica “no se plasma en los cotidiano”. “Tenemos problemas por el incumplimiento de las legislaciones y hacen falta políticas públicas específicas que nos ayuden a achicar esa brecha”. La falta de sanción de los delitos de odio son parte de estos incumplimientos.
“El año pasado hubo más de 100 crímenes de odio y este vamos por 152. ¿Cómo es posible que solo tengamos doce o trece sentencias? Algo pasa ahí. Hay un déficit, sin duda, en el acceso a la justicia”, sostiene.
La consigna de este Orgullo será pedir la actualización de la Ley anti discriminatoria que data de 1988 y una Ley integral trans. Además, junto al movimiento de mujeres, se pide una reforma judicial trans feminista para que las investigaciones se realicen bajo esa perspectiva.
Ecuador: sin estadísticas no hay políticas públicas
Aunque Ecuador ha aprobado el matrimonio igualitario, el cambio de género en la identificación y la inscripción de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, las desigualdades estructurales persisten y les impiden tener una vida digna y libre de violencia.
La activista Pamela Troya lo sabe bien. Ella, junto a su expareja, fue la cara visible del matrimonio igualitario. Una conquista histórica que le trajo un costo político, emocional y económico “muy alto”.
“He recibido mucho odio y desprecio. Implicó hasta un desempleo direccionado. He pasado una situación económica absolutamente deplorable. No es fácil ser activista en sociedades donde todavía existe mucho machismo y LGTBIfobia“, recuerda la vocera de la fundación Acción Igualitaria.
Sin embargo, cree que pocas cosas pueden mejorar si no se generan datos sobre la situación de la población LGBTI+ que a su vez permitan generar políticas públicas. “No hay interés del Estado de recabar información actual. Y mientras no existan datos sobre violencia, sobre indefensión, sobre acceso a derechos, todo está bien”, afirma.
Los últimos datos oficiales datan de 2013 y ya ahí se registra que el 70,9 % de la población LGBTI+ sufría discriminación en el entorno familiar. “Ha sido siempre importante para un Estado y una sociedad homofóbica tenernos silenciados e invisibilizados para decir que no tenemos problemas”.
Sin embargo, cree que el poder y la fuerza del activismo ha conseguido que se pongan los temas sobre la mesa y que se hable, como sucedió en las elecciones de febrero y abril pasado, de sus derechos. “Ya no pueden decir que tenemos todos los derechos, porque hemos visibilizado con esa fuerza que no los tenemos”.
México: avances hacia la igualdad
En el último mes, México ha avanzado en reconocer el matrimonio igualitario en dos estados: Sinaloa y Baja California, los cuales se unen a otros veinte en los que ya es legal. Sin embargo, en lugares como Durango, Veracruz, Yucatán, Estado de México, entre otros, la población LGBTI+ tiene que recurrir a un amparo para poder casarse.
Para José Javier Apolinar, director de la Red de Juventudes Diversas de la Ciudad de México, México ha progresado en la protección de la población LGBTI+, pero hay entidades que están muy rezagadas. “Hay muchas carencias en algunos estados, sobre todo al sur y al norte”.
En la actualidad se puede ver a diputados y senadores de la población LGBTIQ+ ocupando puestos de poder y participando en la toma de decisiones como es el caso Adolfo Cerqueda, quien ganó las recientes elecciones del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, quedando como presidente municipal.
Apolinar da crédito a este avance al “boom de colectivos LGBTI+, que son los que ayudan a concientizar” para que se rompa “el tabú de que las personas de la diversidad sexual solo son peluqueros o comerciantes”. “Ahora es diferente, ya podemos ver diputados y senadores que son de sexualidades diversas”.
En paralelo a estos avances, la violencia no para. De acuerdo Observatorio nacional de crímenes de odio contra las personas LGBT, se han documentado 209 casos entre 2014 al 2020. Los estados de Veracruz, Michoacán y Guerrero son los que registran mayores asesinatos.
Apolinar señala que la religión sigue jugando “un papel fundamental en esta cuestión dicotómica entre lo bueno y lo malo”, al igual que la cultura y educación.
Colombia: el acceso a los derechos es limitado
La crisis por las protestas sociales ha mermado el camino hacia la igualdad de derechos que venía recorriendo Colombia, asegura Heriberto Mejía, de la Fundación Arenosa Vive (Fundarvi).
Mejía afirma que las exigencias de los colombianos seguirán, ya que “se han ido acumulando durante décadas por parte de las bases de la sociedad y en la que se incluye a la población LGTBI”.
En este país existe el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el cambio de sexo en la documentación, pero, pese a las garantías que ofrece el Estado, las rutas de acceso a estos derechos no han sido del todo posible.
“Hemos tenido muchas conquistas, pero el problema en Colombia es la falta de gobernabilidad de las instituciones. Es decir, poner a funcionar esos derechos”, ha mencionado. Los hombres y mujeres trans siguen siendo la población más afectada.
El acceso a la justicia es otro de los problemas, pues la población LGTBI+ siente que no hay garantías suficientes para realizar denuncias tras una agresión. Sufren de revictimización y no ven resultados contundentes.
Mejía es defensor de Derechos Humanos y toma su lucha como “un compromiso” con sus “amigos que han partido, con gente que voy conociendo y que ha sido discriminada, violentada o asesinada por ser diferente o por amar diferente“. Y lamenta que se esté “posicionando nuevamente un discurso de odio por parte de la extrema derecha”.
Chile: entre la visibilidad y la discriminación
Chile ha avanzado con la unión civil de personas del mismo sexo, pero tiene pendiente legalizar el matrimonio igualitario. Un debate que ha tomado fuerza en las últimas semanas después de que el presidente Sebastián Piñera dijera que “ha llegado el tiempo” de aprobar el matrimonio gay y otorgara carácter de “urgencia” a su tramitación.
Durante estos años, distintas organizaciones y colectivos han luchado para mejorar las condiciones de vida de la población LGBTI. Sin embargo, según datos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), los crímenes de odio han aumentado.
Solo en 2020 se registraron 1.266 casos de abusos contra la población LGBTI, un 14,7 % más que en 2019.
El Movimiento ha señalado en un informe que resulta “incomprensible e intolerable que el Estado siga en grave deuda con las personas y familias LGBTI+ y que las denuncias por discriminación vengan en explosivo aumento desde el 2018”.
En el mismo documento, la organización cuestiona la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, la cual prohíbe la discriminación por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, pues la consideran insuficiente. “Las personas que han sido agredidas tienen que demostrar que han sido víctimas de agresiones, lo cual muchas veces no es posible”, señala el organismo.
Cristina Bazán y Alma Zamora/ Efeminista / COMCOSUR MUJER Nº 692 – 05/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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