1) Argentina: Diputados da media sanción a ley de cupo travesti–trans y aprueba paridad de género en medios
2) Colombia: Asesinan a Beatriz Cano, comunicadora indígena del Cauca
3) Cuba: La organización global Oxfam advierte sobre el impacto del bloqueo de EEUU en las mujeres
4) El Salvador: Lanzan “Mujeres de sal” en formato radioteatro
5) México: Observadores electorales alertaron sobre violencia política contra las mujeres
6) México: Violencia machista expulsa a estudiantes y académicas de instituciones educativas
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 689 – Lunes 14 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: DIPUTADOS DA MEDIA SANCIÓN A LEY DE CUPO TRAVESTI–TRANS Y APRUEBA PARIDAD DE GÉNERO EN MEDIOS
El proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti–trans obtuvo media sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Además de fijar un mínimo del 1 por ciento para todo el personal del Estado nacional, el proyecto que lleva el nombre de Diana Sacayán y Loahana Berkins, dos históricas militantes del colectivo travesti-trans, prevé incentivos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida. Las organizaciones que impulsan el proyecto desde hace años, y que participaron en la elaboración del articulado final, celebraron la media sanción y advirtieron que “vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes y sea ley”.
“El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”, se lee en el artículo 5 del proyecto que obtuvo media sanción con una contundente mayoría: 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.
El proyecto aclara que, para acceder a los puestos de trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se creará un Registro Único de Aspirantes en el que las personas interesadas podrán anotarse. La inscripción al Registro tampoco será un requisito obligatorio, sino que tiene el objetivo de proveer listados de candidaturas a las reparticiones demandantes.
De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley nacional a través de la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’”. El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans. A diferencia del decreto, el proyecto tratado por el Congreso presenta una serie de puntos que alcanzan al sector privado.
“Se suma ese sector a través de incentivos que promueven la contratación. El Estado nacional está muy presente en Buenos Aires, pero en el resto de las provincias la estructura nacional es más chica, por lo que pensar en un cupo federal para el interior del país es más complejo. Por eso pensamos los incentivos a privados como algo esencial”, dijo a Página 12 Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) y redactora de uno de los 15 proyectos que terminaron unificándose en noviembre del año pasado en las comisiones de Mujeres y Diversidad, de Legislación del Trabajo, y de Presupuesto y Hacienda, de las que participaron referentes de las organizaciones.
“Nos dimos el espacio para escuchar todas las voces e identidades, y por primera vez en la historia, en una reunión institucional, travestis y trans tomaron la palabra pública y dejaron registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. El dictamen del proyecto fue conmovedor e histórico”, recordó en su discurso de este jueves la diputada Monica Macha (FdT), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y autora de otro de los proyectos que se unificaron.
La diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta, destacó que este proyecto, como el de equidad de género en los medios, que también se iba a tratar esta madrugada en la Cámara de Diputadas, apuntan “a ampliar derechos”.
Uno de los beneficios para el sector privado que establece el texto del proyecto radica en que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”. Además, el artículo 10 prevé que estas empresas tendrán “prioridad en las contrataciones del Estado, las compras de insumos y provisiones”.
Por otro lado, también se estipula la creación de líneas de crédito específicas por parte del Banco Nación “con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
Además del cupo y los incentivos para el sector privado, el proyecto incorpora una serie de principios de “no discriminación” que serán obligaciones del Estado. En principio, se establece que, para acceder a los puestos laborales, “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo”. Si las personas aspirantes no completaron la escolaridad, “se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos”, y será el Estado quien deba garantizar los medios para que esto se cumpla.
Según se lee en el artículo 7 del proyecto, tampoco podrán ser considerados para el ingreso los antecedentes contravencionales de la persona postulante, mientras que los antecedentes penales “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
Ya en la madrugada del viernes, mientras en los balcones del recinto les militantes cantaban “al calabozo no volvemos nunca más”, Alejandro García, diputado del Pro, adelantó que no acompañaría al proyecto al criticar el artículo 7: “Es un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no”, consideró.
A esto respondió Mara Brawer (Fdt), quien remarcó que “los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans, por eso festejo el artículo 7. Justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones y por los antecedentes penales, porque la mirada del Estado hacia la población travesti trans fue una mirada de cacería”.
“Estamos ante uno de los temas más crueles de nuestra sociedad, no hay otros motivos del desempleo estructural de las personas travesti-trans más que su identidad de género. Son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con las fuerzas de seguridad y las ha empujado al anonimato social”, advirtió Macha en este sentido. “Si el Senado la aprueba, será una Ley con legitimidad de origen que brindará respuestas concretas a un colectivo que históricamente fue violentado, excluido y vulnerado en sus derechos fundamentales”, agregó por su parte Estévez.
Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans celebraron la media sanción y recordaron que el colectivo “tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal”. Hasta el momento, además del decreto presidencial, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa tienen leyes de cupo e inclusión laboral.
“Este es un acto de reparación por parte del Estado frente a todos los años de olvido y exclusión sistemática hacia nuestro colectivo. Vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes y sea Ley”, aseguró Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha indicó que “luego de décadas de exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos”.
En tanto, Thiago Galván, secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, afirmó que “es un paño de esperanza para las niñeces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos soñar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanción que nos legitima como sujetos de derecho”.
Santiago Brunetto /Página 12/ COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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2) COLOMBIA: ASESINAN A BEATRIZ CANO, COMUNICADORA INDÍGENA DEL CAUCA
La mujer recibió tres impactos de bala cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado por hombres que emprendieron la huida luego de haberse cobrado la vida de dos patrulleros de la Policía Nacional.
Beatriz Cano, comunicadora indígena del Tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, es otra de las víctimas de la incursión armada ocurrida en Santander de Quilichao el pasado 4 de junio y que dejó en su momento dos policías y dos indígenas muertos.
Cano, de 34 años, falleció a causa de las heridas propinadas por tres impactos de bala recibidos en dicho ataque. Su deceso ocurrió en horas de la tarde del 7 de junio en la clínica Valle del Lili de Cali, donde previamente se le diagnosticó un cuadro de muerte cerebral.
La noticia de su muerte fue compartida en Twitter por Martha Peralta Epieyú, dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, y por el congresista Feliciano Valencia. Éste último escribió: Con profunda tristeza despedimos hoy a Beatriz Cano, comunicadora y madre, guerrera de voz dulce que fue silenciada por las balas de quienes nos han declarado la guerra. Mi solidaridad con su familia y amigos
Valencia, quien fue exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha sido uno de los líderes políticos más comprometidos en las denuncias contra ataques a la vida de indígenas en Colombia.
Los hechos
Dados a conocer por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque armado se presentó después de las nueve horas del pasado 4 de junio, cuando atacantes que se desplazaban en una camioneta negra abrieron fuego contra las instalación policial ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao.
En el cruce de disparos fue impactada una Jeep de servicio público en la que se desplazaban varios comuneros indígenas que se dirigían a la vereda San Pedro, en cercanías de la cabecera municipal.
Entre las primeras víctimas se encontraban una mujer de 54 años de nombre Aleida Perafán, habitante de Vilachí y un joven de 21 años llamado Juan David Guegue, autoridad u’kawe’sx del resguardo de Munchique los Tigres. Ambos murieron en el hospital de Santander de Quilichao.
Según el comunicado emitido por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos entre las personas heridas se encontraban cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija Ayelén Guetio de cinco años de edad, así como el comunero Floresmiro Tróchez.
Por la gravedad de las heridas de Cano y su hija, ambas fueron remitidas a Cali para ser tratadas en la clínica Valle del Lili; en Santander, permanecieron César Galarza, con heridas en las piernas, y el comunero Tróchez.
Por parte de la Policía Nacional, las víctimas fueron María Isabel Angulo Ribera y Carlos Giovanny Delgado Jiménez, dos patrulleros que recibieron impactos con arma de fuego.
El ataque armado fue atribuido a la disidencia de las Farc, frente Dagoberto Ramos, que hace presencia en el sur de Colombia.
El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó las bajas de los patrulleros y ordenó las respectivas investigaciones: “Rechazamos cualquier atentado o afectación que tenga la Policía Nacional. Lamentamos que esta mañana dos patrulleros en Santander de Quilichao fueran asesinados por un fusil, presuntamente, por las disidencias de las Farc”.
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos exigió el cese el fuego a los actores armados cuya presencia altera la región.
Beatriz Cano se desempeñaba como comunicadora comunitaria con un destacado trabajo en Radio Payumat, que contaba con el respaldo de las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia.
Al momento de cierre de esta nota, se espera parte de salud de su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad, víctima del acto armado del 4 de junio.
Colombia Informa / COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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3) CUBA: LA ORGANIZACIÓN GLOBAL OXFAM ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DEL BLOQUEO DE EEUU EN LAS MUJERES
La confederación global Oxfam presentó un nuevo informe en el que pide levantar las sanciones de EEUU contra Cuba y alerta sobre el impacto del bloqueo a la isla para las mujeres y la lucha contra el covid-19.
“Oxfam pide que se levante el bloqueo de EEUU. Durante más de un año, estas sanciones han representado un obstáculo real para la adquisición de ventiladores mecánicos, máscaras faciales, kits de diagnóstico, reactivos, jeringas de vacunación y otros materiales necesarios para hacer frente al covid-19”, dice en un comunicado la representante de la organización en Cuba, Elena Gentili.
Añade que Oxfam “apoya la campaña por una vacuna popular que sea gratuita y accesible lo antes posible para todos, en todas partes”.
En ese sentido, resalta que Cuba está desarrollando cinco candidatas a vacunas propias, dos de las cuales se encuentran actualmente en las fases finales de los ensayos clínicos, “sin embargo, al bloquear el comercio y las transacciones comerciales, el bloqueo estadounidense está retrasando la vacunación generalizada en la isla”.
El informe de Oxfam “Derecho a vivir sin bloqueo: El impacto de las sanciones de EEUU en la población cubana y en la vida de las mujeres”, explica cómo la política de Washington bloquea a las personas para que desarrollen sus capacidades y ejerzan su liderazgo para perseguir sus objetivos y ejercer plenamente sus derechos, afectando especialmente a los grupos más vulnerables.
A su vez, recuerda que la administración de Donald Trump (2017-2021) impuso más de 240 sanciones para endurecer el bloqueo financiero contra la isla, “55 de las cuales se aplicaron en el contexto de la pandemia de covid-19”.
Oxfam cita una encuesta realizada en la isla por la Cuba Standard Business Confidence Survey que en 2020 reveló que más del 60 por ciento de los empresarios consideraban que el daño que la pandemia había causado a sus negocios en el último año era igual a las consecuencias del bloqueo estadounidense.
“El embargo contra Cuba no ha conseguido nada a lo largo de sus décadas de existencia más allá de contribuir al sufrimiento humano, especialmente el de las mujeres de la isla”, dice en el prólogo del informe el presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), Geoff Thale.
Thale añade que “este informe es esencial para poner de manifiesto la actual crisis sanitaria en Cuba y cómo la política de EEUU ha agravado los daños”.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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4) EL SALVADOR: LANZAN “MUJERES DE SAL” EN FORMATO RADIOTEATRO
La Colectiva Amorales junto a Histéricas al Aire lanzaron en podcast la obra de teatro “Mujeres de Sal”. Esta pieza de radioteatro rescata la memoria de las mujeres en la guerra, sobre todo las diferentes violencias que vivieron y su invisibilización en el proceso revolucionario. El podcast está en Spotify y consta de tres capítulos.
La artista, Lissania Zelaya explica que Mujeres de Sal es una obra para el rescate de la memoria histórica de las mujeres en el conflicto armado de El Salvador “la obra nace de la necesidad de hablar de nosotras, de las mujeres desde una perspectiva feminista, porque hay muchos temas que se hablan cotidianamente de la guerra, pero hay muchas cuestiones que le sucedieron a las mujeres específicamente y no se dicen”. Comenta Zelaya.
La obra se presentó en Sala en 2015. La Colectiva Amorales presentaría la obra nuevamente en 2020, sin embargo por la pandemia del Covid-19 no fue posible, ya que los teatros estaban cerrados, explica, Andrea Duke, integrante de Histéricas al Aire y editora de los podcasts.
Para montar Mujeres de Sal, la Colectiva Amorales ha entrevistado a diversas mujeres que participaron en la guerra. Quienes han compartido sus testimonios, esperanzas, dolor y culpas que han quedado después de este proceso histórico.
“Mujeres de sal permitió reconocer los dolores y la culpabilidad que las mujeres cargan, por ejemplo, de haberse ido a la montaña a luchar y no haber estado con sus hijos, pero no tiene la misma carga de culpabilidad la figura del guerrillero heroico. Historias que cuentan sobre el compa que podía tener una mujer en un cerro y otra mujer en otro cerro, pero si la mujer tenía otra pareja la ponían al frente para que la mataran” dice Zelaya.
Ruth Cubías, integrante de la Colectiva Amorales, realizó la ilustración de cada capítulo. Para ella ha sido importante participar en este proceso. “Lo hago con colores, formas, con esencia que trate de dar un poco de paz, más que el sufrimiento y traumas. Me hace sentir que soy parte de un cambio algo bonito, que es como curarnos y sanarnos”.
La musicalización de la obra estuvo a cargo de “Luna de Anatolia”. Estella Zelaya comenta que ha sido algo diferente para el grupo. Pues implicó generar atmósferas para el desarrollo de los tres capítulos.
“Mujeres de Sal” en podcast fue presentada el pasado sábado 5 de junio en Casa Bruja. Donde se colocaron celulares con audífonos para que las personas que llegaran escucharan los capítulos que duran entre siete y quince minutos.
Clanci Rosa / Revista La Brújula / COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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5) MÉXICO: OBSERVADORES ELECTORALES ALERTARON SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
La Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que monitoreó las elecciones del 6 de junio, manifestó su preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana, incluyendo la violencia sexista contra las mujeres y los ataques a la prensa.
En el informe preliminar de la Misión, encabezada por Santiago A. Cantón, se destaca que la principal amenaza de este proceso electoral fue la violencia, que se reflejó en el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, integrantes de los equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas.
Sin embargo, destacó, este proceso electoral también evidenció avances significativos en materia de inclusión, con acciones afirmativas y medidas tendientes a garantizar la plena y libre participación política de mujeres, pueblos indígenas y la adopción de medidas de acción afirmativa para personas afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual y migrantes.
Violencia, una amanera durante el proceso electoral
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre el 4 de marzo y el 21 de mayo se registraron 398 casos de candidatas y candidatos víctimas de violencia, de los cuales 226 fueron de hombres y 172 mujeres. Esta cifra incluye 13 homicidios (aunque esta información no está desagregada por sexo), 101 víctimas de agresiones y 187 víctimas de amenazas.
Además de estos datos, la Misión tuvo conocimiento de información recopilada por consultoras privadas que contabilizaron que, entre septiembre de 2020 y fines de mayo de 2021, ocurrieron al menos 35 asesinatos de aspirantes a las elecciones. Estos asesinatos fueron de 22 personas precandidatas y 13 personas inscritas formalmente como candidatas, de acuerdo con la consultora Etellekt.
También se reportaron homicidios de 14 familiares de candidatas y candidatos, así como de entre 51 y 59 políticos, incluyendo funcionarios y ex funcionarios públicos, dirigentes de partido e integrantes de las campañas.
La Misión consideró que las manifestaciones de violencia no se limitaron a ataques físicos. El equipo de expertos reconoció que las organizaciones feministas integradas en la Observatoria Ciudadana Todas Mx documentaron que durante la etapa preelectoral se registraron más de 85 reportes de comunicación sexista, violenta y excluyente, amenazas y violencia política de género a mujeres en diversas entidades, realizada por medios de comunicación, candidatos, partidos y legisladores.
Los 36 observadores extranjeros de 16 países también recibieron información sobre agresiones contra periodistas, incluyendo asesinato, agresión física, amenazas, estigmatización y desacreditación de periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con el monitoreo de la Red Rompe el Miedo, al 5 de junio se registraron 32 casos de agresiones contra periodistas durante el período electoral.
Por otro lado, aunque el informe no lo menciona, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 29 agresiones contra mujeres periodistas que cubrieron esta fuente de información, de las cuales 9 ocurrieron el día de los comicios. Los casos se dieron del 8 de enero al 6 de junio de 2021, en 14 estados del país.
Los expertos de la OEA reconocieron la adopción de legislación para combatir la violencia política en razón de género, vigente desde abril de 2020. La aprobación de la reforma legal, señalaron, es un avance clave para sancionar y erradicar esta violencia y es una conquista de los movimientos de mujeres.
También reiteraron que la violencia no cabe en la democracia. Sin embargo, expusieron que a pesar de contar con una legislación sobre violencia política contra las mujeres, han recibido información de que en las instituciones de cada estado se aplican criterios distintos para determinar si existe o no violencia política de género, de forma que actos violentos similares pueden recibir distintas sanciones.
Ante esto recomendaron armonizar las legislaciones estatales y avanzar en la definición de estándares para la identificación, prevención, atención, sanción y reparación en materia de violencia política de género, así como fortalecer las capacidades institucionales de los organismos públicos locales electorales, para lo cual, expusieron, el Estado mexicano puede solicitar el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres.
Paridad, norma de avanzada
La Misión aseguró que México cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados del mundo en materia de derechos políticos de las mujeres e igualdad de género. En 2014 se incorporó a la Constitución Política federal la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales. El nuevo marco jurídico generó un cambio estructural que resultó en un aumento histórico de la representación política de las mujeres en las elecciones de 2018.
Además, este año, por primera vez en la historia del país, la paridad aplicó también a las candidaturas a las gubernaturas de las 15 entidades federativas. Esto se dio después de la reforma a la Constitución Política, vigente desde junio de 2019, conocida como “Paridad en Todo” que, por primera vez en la historia de la región, estableció la paridad en todos los órganos autónomos y poderes del Estado.
El efecto de este marco normativo fue que en el proceso electoral de 2021 se registraron en total 138 mil 830 candidaturas, de las cuales más de 71 mil fueron ocupadas por mujeres.
En este contexto, la Misión reconoció a las legisladoras y funcionarias que desde las instituciones electorales a nivel federal y local, desde los organismos encargados de las políticas de género o desde las redes de mujeres y organizaciones feministas de la sociedad civil lograron un impulso decisivo a la agenda de la paridad y de la erradicación de la violencia política contra las mujeres.
Entre las agrupaciones civiles que la Misión mencionó estuvo la Observatoria Ciudadana Todas Mx, Auna y la Red de Candidatas Electorales, que han acompañado y asesorado a las candidatas en situación de violencia política. La Misión destacó que tuvo interlocución con algunas de estas agrupaciones, quienes les informaron que las mujeres políticas enfrentan obstáculos para lograr acceso efectivo a la justicia. El equipo de especialistas recomendó implementar programas de formación, asesoría y consultoría jurídica en esta materia.
Por otro lado, las y los observadores llamaron a identificar mecanismos que permitan una aplicación efectiva de la “Declaración 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, para evitar que personas que violenten mujeres y derechos familiares accedan a las candidaturas y a los cargos de elección. Esta declaración se implementó por primera vez en esta elección y fue impulsada por las mujeres del movimiento feminista.
Además, como señalaron los expertos de la OEA en el proceso electoral de 2018, en estos comicios de nuevo observó que los partidos políticos mexicanos continúan enfrentando importantes retos para democratizar su funcionamiento interno, por ello la Misión recomendó fortalecer los mecanismos de democracia al interior de estas agrupaciones para favorecer la participación de las mujeres, y que, pasada la elección, se evalúe y establezca un marco normativo claro de sanciones.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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6) MÉXICO: VIOLENCIA MACHISTA EXPULSA A ESTUDIANTES Y ACADÉMICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Las distintas violencias que enfrentan las mujeres en los recintos escolares (que también son centros de trabajo) son poco visibilizadas y atendidas, lo que las orilla a desistir de la carrera, tener menos oportunidades de trabajo e incluso cometer suicidio, coincidieron académicas y estudiantes de diversas universidades mexicanas.
Durante el conversatorio “Participación y derechos de las mujeres frente a la violencia en la educación y el trabajo” –organizado por el colectivo “Cineastas Unidas”–, las académicas y estudiantes provenientes de universidades como la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad del Istmo (Unistmo) y la Universidad Autónoma de Yucatán, explicaron que en las aulas prevalece una “pedagogía machista”, en particular en las áreas de las ciencias y matemáticas, que posiciona a las mujeres en un plano menor que el hombre. Esto repercute en que los profesores y los estudiantes no vean a sus compañeras como iguales y, después, las agredan.
De acuerdo con las académicas y estudiantes, entre las principales violencias que enfrentan en el ámbito escolar está recibir menor remuneración laboral que sus pares hombres, el robo de la propiedad intelectual e ideas, no tener horarios definidos de trabajo, recibir chantajes por medio de fotografías o videos y propuestas sexuales a cambio de obtener una beca o un cargo, limitación en la libertad de expresión y de participación, acoso, hostigamiento, abuso sexual y violencia sexual. Los principales agresores son los directivos, profesores o personal masculino de las instituciones.
Ejemplo de ello, agregaron, es el caso de la exdocente de administración pública de la Universidad del Istmo (Unistmo) de Oaxaca, Virginia Illescas Vela. Esta profesora fue despedida por la institución educativa luego de que acompañó a denunciar ante la Fiscalía de Justicia de esta entidad a víctimas de violencia sexual ejercida por parte de profesores, ya que la universidad no había ejercido ninguna acción contra los agresores a pesar de que las alumnas habían declarado sus vivencias en varias ocasiones.
Virginia Illescas relató que hasta ahora no ha sido notificada legalmente por la universidad sobre su destitución formal, sin embargo, después de apoyar a las alumnas le dejaron de pagar desde noviembre de 2020 bajo el argumento de que “había realizado cursos en otra institución educativa”. Illescas considera que su despido es una forma de represión y control para que las y los profesores se abstengan de apoyar a las estudiantes.
Actualmente, dijo, hay dos profesores vinculados a proceso por el delito de abuso sexual y hostigamiento sexual en la Fiscalía oaxaqueña, y la Unistmo no ha querido reinstalarla, le quitó el seguro médico, no ha ejercido acciones contra el resto de los agresores y despidió a los que están involucrados en las denuncias para “deslindarse de responsabilidades de no atender los casos de las alumnas desde antes”.
En marzo de 2021, diputados federales de Oaxaca anunciaron que conformarían una comisión revisora de los casos de acoso sexual contra las estudiantes oaxaqueñas y de violencia laboral contra Virginia Illescas, mientras que las legisladoras federales Wendy Briseño, Rocío Villarauz y Beatriz Rojas dijeron que apoyarían a la académica con su caso y buscarían que las víctimas obtuvieran protección, de acuerdo con medios locales.
Este suceso, relataron las académicas y estudiantes, refleja la ausencia o poca ayuda que dan las universidades a las alumnas, en consecuencia, son ellas mismas las que generan espacios libres de violencia, redes de apoyo, buscar asesoría jurídica y exigir justicia para sus casos por su propia cuenta. Estas acciones ya se llevan a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán, toda vez que, de acuerdo con la estudiante Rosa Elena Cruz, los módulos de atención y protocolo desarrollados hasta ahora no generan ninguna solución para detener las agresiones.
En la Universidad de Yucatán, además, un grupo de estudiantes formaron un proyecto estudiantil para luchar contra el acoso en las aulas y realizar actividades simbólicas, una de ellas fue un “tendero de las violencias” en el que registraron 550 casos de agresiones, algunos de ellos hacían referencia a abuso sexual por parte del personal de la institución, profesores o directivos.
“Hicimos este tendero como prevención y decirle a la universidad que este es un diagnóstico de la violencia que ocurre en sus aulas y la gente no denuncia porque no hay herramientas. Algunos casos sí obtuvimos resultados efectivos, llegaron a la denuncia y se despidió al agresor”, declaró Elena Cruz.
La violencia en los espacios educativos, coincidieron las universitarias, es peor para las profesoras o estudiantes de comunidades indígenas, ya que en sus aulas se les discrimina por su etnia, son violentadas sexualmente y sus familias no les permiten ir a la escuela porque las obligan a cuidar de la casa, de sus hermanos o padres, cocinar y demás actividades. Esta discriminación y violencia orilla a las indígenas a no seguir con sus estudios.
Ante este contexto, concluyeron, es importante que se cambie la “pedagogía machista” que abunda en las aulas para impulsar un cambio cultura de no violencia contra las mujeres; se impulsen protocolos contra violencia de género en las universidades y módulos de atención que sean efectivos; y las alumnas continúen promoviendo estos proyectos estudiantiles que buscan visibilizar las agresiones contra ellas e insistir porque se reconozca a las mujeres al igual que los hombres.
En este evento también participaron, la docente de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Iska Rojas; y la académica de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, Rosa Xochiteotzin Salazar Pérez.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 689 – 14/06/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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