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COLOMBIA: “LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN ARMA DE GUERRA PREMEDITADA EN EL PARO” – comcosur mujer 686 – 24.05.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 686/ lunes 24.05.2021 – Hoy:

1) Brasil: Estudio mapea relación del cáncer de mama con agrotóxicos
2) Colombia: “La violencia de género es un arma de guerra premeditada en el paro”
3) México: CIDH condena violencia sexual contra mujeres detenidas en Chiapas
4) Perú: Conversatorio «Mujeres indígenas del bicentenario»: la brecha continúa.
5) Puerto Rico: Exigen la implementación del Estado de Emergencia por violencia de género tras dos femicidios
6) Uruguay: Los desafíos del trabajo con varones que ejercen violencia de género
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 686 – Lunes 24 de mayo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) BRASIL: ESTUDIO MAPEA RELACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA CON AGROTÓXICOS

El suroeste de Paraná, Brasil, donde se concentra la investigación de Unioeste, tiene un 30% más de casos por año de cáncer de mama que el promedio nacional.

El curso de Medicina de la Universidade Estadual do Oeste (Unioeste), Campus Francisco Beltrão, está mapeando la relación entre la exposición a agrotóxicos y el desarrollo del cáncer de mama.

El trabajo es el eje central del proyecto “Mapeo del cáncer de mama familiar en el suroeste de Paraná y estudio de la asociación del riesgo con la exposición ocupacional a agrotóxicos”, coordinado por la profesora del curso, Carolina Panis y supervisado por la oncóloga, Daniel Rech.

El mapeo sólo fue posible gracias a una asociación entre el curso, el Hospital do Câncer (Ceonc) y el Instituto Nacional del Cáncer (Inca).
La encuesta cubre datos del 8º Departamento Regional de Salud de Paraná, que incluye 27 municipios de la región suroeste del estado.

Según el mapeo, el suroeste de Paraná tiene una alta tasa de casos de cáncer de mama.
Para tener una idea, el promedio nacional es de 63 casos de cáncer de mama por año; en la región, esa cifra salta a 90, una cifra preocupante, ya que corresponde a una diferencia de aproximadamente un 30% más que las estadísticas del resto del país.

El proyecto cuenta con una base de datos con mil muestras, de pacientes diagnósticos.
Según estudios científicos comprobados, la exposición a plaguicidas eleva la producción de estrógenos más allá de lo normal, lo que favorece el desarrollo de tumores malignos.

La investigadora Carolina Panis informa que el proyecto identificó que el cáncer de mama en las mujeres agricultoras es más agresivo.
Una razón es el contacto más estrecho con los pesticidas (sustancias utilizadas para el control de plagas).

“Nuestro enfoque es estudiar la exposición severa que se presenta a las mujeres que trabajan semanalmente manipulando el veneno”, reafirma la coordinadora del estudio.
Actualmente, una serie de estudios científicos apunta a la exposición a pesticidas como factor de riesgo para desencadenar el cáncer de mama.

Estos estudios refuerzan la tesis de que la exposición a estos pesticidas puede alterar la actividad promotora para inducir el aumento de estrógenos, por tanto, la proliferación de células cancerígenas.

Para formar parte del proyecto, la mujer ingresa como voluntaria, firmando un término de compromiso que aclara información sobre cómo se realiza el mapeo, así como la confidencialidad de los datos. En la pandemia del nuevo coronavirus, el proyecto no paró y mantuvo la encuesta también de forma remota.

También participan en el proyecto el Programa de Postgrado Stricto Sensu de Ciencias Aplicadas a la Salud de Francisco Beltrão y la liga académica de oncología clínica y quirúrgica. Por el momento, el equipo cuenta con cuatro becarios de extensión e investigación.

Revista Instituto Humanitas Unisinos / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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2) COLOMBIA: “LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN ARMA DE GUERRA PREMEDITADA EN EL PARO”

Colombia lleva 21 días de Paro Nacional consecutivo con movilizaciones en todo el país. En este contexto organismos de derechos humanos monitorean la situación ante el incremento de violencia policial y del ejército contra las y los manifestantes.

Alicia Suaza, abogada defensora de derechos humanos y asesora legal en el Área de Incidencia y Litigio Estratégico de Temblores ONG, advirtió que la situación de violencia en el país es realmente muy grave. En este sentido, hizo referencia a la situación de personas desaparecidas y afirmó que “la situación de desaparecidos es bastante complicada. Nuestra organización no ha podido contabilizar estas personas. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo hay al rededor de 500 personas desaparecidas en tres semanas de Paro Nacional, sospechamos que son más porque todo el tiempo vemos carteles de personas buscando a sus familiares”.

La abogada también destacó que, “dentro de la institucionalidad también están desapareciendo personas, quienes son retenidas en los CAI, en las inspecciones de policía no regresan a sus casas. En el Río Cauca que pasa por Cali, que es una de las ciudades más afectadas por la violencia, han aparecido cuerpos flotando”. Alicia Souza advirtió sobre la gravedad institucional por parte de los referentes políticos y afirmó que “los líderes del partido del gobierno y los comandantes de la fuerza pública y del Ejército incentivan a los agentes de policía a que cometan violaciones a los Derechos Humanos, es decir, están criminalizando el ejercicio de la protesta social”.

Además, la abogada de Temblores agregó que ven con preocupación el aumento en los casos de violencia por razones de género en el contexto del paro nacional, lo cual consideran que,

“Es una forma directa de atacar a las marchantes, es un arma de guerra que se usa de manera premeditada. Hay 18 mujeres abusadas y 5 mujeres acosadas a las que se les amenaza de ser abusadas. En 21 días de Paro han violentado casi a una mujer por día. La fuerza pública siempre ha sido una de las mayores violentadoras de mujeres y es algo que vemos en el marco jurídico y que el país no está prohibiendo la violencia sexual, sino que más bien la está como administrando. La cifra de impunidad en casos de violencia sexual en Colombia es del 96 por ciento y solo el 20 por ciento de mujeres violentadas se atreven a denunciar. Esto nos lleva a pensar que la violencia sexual está casi que permitida.”

“Frente al paro, desde Temblores y junto a otra organización. Enviamos un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de ellos, intercedan en los puestos de mando, en donde se dan las órdenes hacia los agentes en el marco del paro. Por otro lado, que estas cifras aparezcan en las recomendaciones que la CIDH le hace a los países anualmente con el fin de que Colombia sienta la presión de la comunidad internacional para empezar a garantizar Derechos Humanos en el marco de la protesta”, concluyó Suaza.

FM La Tribu / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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3) MÉXICO: CIDH CONDENA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NORMALISTAS DETENIDAS EN CHIAPAS Y EXIGE INVESTIGACIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia sexual contra algunas de las 74 mujeres normalistas de Mactumatzá, Chiapas, que fueron detenidas junto con 19 hombres de la Normal el pasado 18 de mayo, luego de ser reprimidos por la policía estatal durante una protesta.

“Según testimonios públicos, algunas mujeres detenidas fueron víctimas de agresiones sexuales como tocamientos y desnudamientos. Las personas detenidas habrían sido acusadas por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a vías de comunicación”, señaló la CIDH a través de su cuenta de Twitter.

La CIDH exigió al Estado mexicano una investigación sobre las agresiones sexuales y el uso desproporcionado de la fuerza que la policía de Chiapas ejerció contra los estudiantes, quienes el 18 de mayo iniciaron una jornada de protestas en distintas vialidades de Mactumatzá para exigir que el proceso de la aplicación y obtención de fichas del nuevo ingreso a la Normal sea de manera presencial, pues muchos no cuentan con los recursos para realizar el proceso por internet.

La Comisión también llamó al gobierno mexicano a determinar la situación jurídica de los normalistas detenidos conforme a los estándares de derechos humanos y, “con la debida diligencia reforzada y enfoque de género, las denuncias de agresiones sexuales”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos K´untik interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas para solicitar el inicio de un expediente de queja y medidas cautelares por desaparición forzada de al menos 125 normalistas desaparecidos tras la represión del 18 de mayo.

El representante legal y director de K´untik, Diego Cadenas Gordillo, explicó a Chiapas Paralelo que, en un inicio, ni el gobierno ni la Fiscalía General del Estado dieron una lista de todos los detenidos.

Señaló que el boletín de la FGE posteriormente indicó que eran 95 detenidos, por lo que faltaba localizar a 20 personas, pero que mientras no se emitiera una lista oficial con los nombres de los detenidos, había 125 personas desaparecidas de manera forzada.

Cadenas Gordillo agregó que la desaparición forzada implica que hay testimonios, videos y pruebas de que personas fueron detenidas y que después de un tiempo determinado no se sabe su paradero.

Añadió que defensores presionaron para entrar a las instalaciones de la Fiscalía, donde observaron que las mujeres están hacinadas en grupos de 25 en tres celdas de 6×6 metros, mientras que los hombres se encuentran en una sola celda. Todos manifiestan golpes y las mujeres denunciaron los tocamientos y desnudamientos por parte de las autoridades.

Desde la detención de los normalistas de Mactumatzá, varias escuelas Normales del país se organizaron para protestar y exigir la liberación inmediata de sus compañeros, así como para denunciar la brutalidad policial y la represión del gobierno.

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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4) PERÚ: CONVERSATORIO «MUJERES INDÍGENAS DEL BICENTENARIO»: LA BRECHA CONTINÚA

Desde su declaración en 2020, cada 18 de mayo es el Día de las Mujeres Indígenas para conmemorar sus luchas ante las desigualdades históricas, tanto en su participación pública como en oportunidades individuales.

Desde el Programa Mujer de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se realizó el conversatorio “Mujeres indígenas del Bicentenario”, donde participaron representantes indígenas, especialistas y una representante del Ministerio de Cultura.

Allí, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo expuso sobre derechos de las mujeres indígenas en el Perú a partir de un detallado diagnóstico y efectuó recomendaciones.

Mujeres indígenas del bicentenario

El foro fue dirigido por Judith Nunta del Programa Mujer de ORAU, y contó con la asistencia de Berlin Diques, presidente de la organización indígena, quien dio las palabras de bienvenida.

“El pedido es que nos consideren parte de la sociedad, que nosotros podemos contribuir en todo aspecto del desarrollo”, expresó Diques sobre las luchas indígenas, señalando que tienen muchos años y escasos logros.

Instó a las lideresas indígenas a seguir luchando y sumando esfuerzos. “Sin la unidad de todos, no podemos lograr objetivos concretos”.

También participó Angela Acevedo, viceministra de interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien en su discurso de inauguración resaltó la brecha histórica indígena que se hace más fuerte con las mujeres.

Otras participantes fueron Rocilda Nunta, del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); Bety Rubio, de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Cucaray y Arabela.

Así también, participó Elizabeth Vallejo, del programa Pro-Bosques de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), quien resaltó la nula información oficial sobre mujeres en el sector forestal peruano.

Pese a que no hay estudios suficientes, afirmó que hay datos destacables como la falta de reconocimiento de la participación de mujeres en el sector forestal y casos de violencia sexual.

Otros participantes fueron Jhon Salcedo, gerente regional de desarrollo de los pueblos indígenas de Ucayali; Carlos Quispe, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); y Zulema Guevara, lideresa de la comunidad nativa Unipacuyacu.

Representando a la Defensoría del Pueblo participó Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos indígenas, quien presentó un diagnóstico sobre mujeres indígenas, del cual presentamos algunos datos resaltantes a continuación.

Deficiencias en atención de salud

De las 5 984 708 personas que se autoidentifican como parte de los 55 pueblos indígenas peruanos, el 52 % son mujeres, según el Censo Nacional de INEI en 2017.

Actualmente, un 65% de la población que habla una lengua indígena cuenta con Sistema Integral de Salud, cifra que ha subido un 36 % respecto al censo de 2007.

Sin embargo, más de la mitad de las comunidades nativas y campesinas no cuentan con un centro de salud cercano y deben trasladarse a otras localidades para atención médica, generando riesgos y gastos.

Respecto a la maternidad en adolescentes indígenas que pone en riesgo la salud de las mujeres, el 37.4 % de adolescentes indígenas de la Amazonía estuvo embarazada alguna vez.

En comunidades quechuas son el 16.5 % y el 7.6 % en comunidades de habla aymara, según la Encuesta Demográfica de 2018.

Asimismo, entre los años 2016 y 2017, al menos 174 de estas mujeres presentaron complicaciones por el parto y hubo 199 muertes de los neonatos al nacer.

Desigualdad en educación

Tan solo el 24 % de mujeres de comunidades nativas ha recibido educación secundaria, mientras que en comunidades campesinas solo alcanzan el 40 %, según el Censo de Comunidades Nativas de 2017.

Cabe destacar que actualmente el 24 % de mujeres indígenas, que equivale a 565 423 censadas, no saben leer ni escribir, frente al 10 % de hombres en las mismas condiciones.

Ello indica una considerable brecha de género en el ámbito educativo. Cabe recordar que aún permanece cierto imaginario en algunas comunidades donde se considera que solo los hombres deben recibir educación.

Recomendaciones

A partir del diagnóstico, se señalan recomendaciones generales para mejorar la situación de las mujeres indígenas. Algunas de ellas son las siguientes:

Para garantizar servicios públicos con pertinencia cultural se sugiere tomar en cuenta las necesidades y las cifras del informe para el diseño y gestión de políticas, programas y proyectos.

Se recomienda incluir las variables de lengua materna y autoidentificación étnica en herramientas de gestión en entidades públicas a nivel nacional y a ello desagregar la información recopilada a nivel de género.

Se señala que solo así se podrá visibilizar y atender las brechas que afectan a las mujeres indígenas de forma particular.

También se plantea evaluar y adoptar medidas afirmativas en el ámbito nacional, regional, local y comunal, para garantizar la participación política de las mujeres en espacios de decisión y promover la paridad.

Servindi / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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5) PUERTO RICO: EXIGEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO TRAS DOS FEMICIDIOS

Los cánticos “ni una menos, viva nos queremos” y “estamos puestas pa’l problema, estamos hartas del sistema” retumbaron nuevamente frente a La Fortaleza, hasta donde llegaron ciudadanos para pedir acción de la administración de Pedro Pierluisi ante la ola de violencia de género que arropa la Isla.

Cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas respondieron al llamado de la Colectiva Feminista en Construcción, organización que inició hoy un Plantón Feminista contra la Violencia Machista, en respuesta a los 18 feminicidios reportados en lo que va de año.

“Aquí en lo que va de año se reporta que han asesinado a 18 mujeres, y si fuésemos a hacer la proyección y la estadística, podemos establecer que en Puerto Rico asesinan a una mujer cada siete días. Ahora piensen en ese número, una mujer cada siete días”, expresó durante la protesta Shariana Ferrer, portavoz de la Colectiva.

La manifestación se da a casi 100 días de que el gobernador Pedro Pierluisi decretara un estado de emergencia en la Isla por la violencia de género. Sin embargo, los manifestantes denunciaron que la situación ha empeorado, y que el gobierno de Pierluisi no ha tomado acciones concretas para atajar esta crisis.

“¿Cómo es posible que, en 99 días de haberse declarado un estado de emergencia, el comité (PARE) asignado para manejar la implementación de dicho estado se ha reunido tres veces? Dicen que se han reunido más, pero los informes en la página de Fortaleza solamente hay dos. Dicen que han hecho, pero no han dicho qué es lo que han hecho. Nosotras no vivimos de promesas”, señaló Ferrer.

El pasado jueves fueron asesinadas Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz.

El cuerpo de Andrea fue encontrado parcialmente calcinado en Cayey el jueves; su expareja Miguel Ocasio Santiago confesó el crimen. Salió a relucir que Andrea acudió a los tribunales en busca de ayuda, pero no tuvo éxito. La última querella de violencia que solicitó fue el pasado 26 de marzo, pero la jueza Ingrid Alvarado no encontró causa para arresto contra el individuo.

El cadáver de Keishla fue hallado en la laguna San José, tras ser reportada como desaparecida por sus familiares el jueves. El boxeador Félix Verdejo se entregó a las autoridades por este crimen y podría enfrentarse a la pena de muerte.

Entre los reclamos expresados durante la manifestación están el que las agencias pertinentes le den prioridad a los casos de violencia de género, que se realice una campaña educativa y de prevención, y que se implemente la educación con perspectiva de género en las escuelas del País.

Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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6) URUGUAY: LOS DESAFÍOS DEL TRABAJO CON VARONES QUE EJERCEN VIOLENCIA DE GÉNERO

La pandemia y la alta tasa de deserción son las principales problemáticas a las que se enfrenta el programa de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia impulsado por la Intendencia de Montevideo.

“Lo esencial para lograr una sociedad menos machista es un cambio cultural, eso lleva mucho tiempo. Se logra trabajando con los niños desde muy pequeños”, afirmó Clyde Lacasa, co-coordinadora de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS). Para lograrlo, son necesarias las organizaciones que posicionan el cambio cultural del lugar de los varones y las mujeres en una sociedad que es machista y patriarcal. “Cuantas más organizaciones de varones existan y muestren que el cambio es posible, el cambio se puede hacer”.

Dentro de esas de organizaciones, se encuentra el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género (CMASG), que trabaja específicamente con hombres que ejercen violencia de género. Fernando Rodríguez es psicólogo y coordinador del programa de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia. Explicó que es un servicio que tiene la División de Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM). Por convenio de trabajo, con licitación mediante, el programa lo lleva a cabo el CMASG, que es una asociación civil.

Comentó que en los últimos años se ha empezado a promover activamente desde organismos internacionales y organizaciones de trabajo por los derechos de las mujeres, niñas y niños, el trabajo con varones. Aunque esto está en las comisiones internacionales desde hace más de una década, el enfoque de trabajo con varones para que tomen la responsabilidad de cambio es muy reciente.

Apuntó ‒a título personal‒ que entre los últimos cinco o siete años hubo un cambio de paradigma en Uruguay. Las personas que trabajaban con las mujeres en situaciones de violencia de género pasaron a pensar que también es necesario trabajar con los varones. “Además del trabajo con las mujeres, que es imprescindible, hay que hacerlo con los hombres. Para ambas estrategias tiene que haber espacio, presupuesto y defensa para poder llevarlo adelante”, manifestó Rodríguez.

Lacasa comentó que la RUCVDS trabaja de forma coordinada entre las distintas organizaciones que la integran, incluido el CMASG, que es la única que trabaja con varones. Pusieron como ejemplo una situación en que una de las organizaciones está atendiendo a una mujer y saben que su pareja varón se atiende en el CMASG; en ese caso las organizaciones se comunican y coordinan con los técnicos los aspectos que están trabajando, para ver la evolución.

Rodríguez agregó que ellos hacen seguimiento con las parejas y exparejas de forma telefónica, para ver los niveles de riesgo, porque “proteger a las víctimas es el objetivo principal.” De eso se encarga una persona del equipo técnico del centro de estudios que no es facilitador de grupo. “Los que realizan esta tarea tienen una formación específica para determinar niveles de riesgo. Si los derechos de la pareja o expareja están siendo vulnerados, se le facilita información para que se ponga en contacto con algún dispositivo que trabaja con mujeres”, contó el psicólogo.

El programa funciona por medio del trabajo en grupo, tiene dos horas de duración y se lleva a cabo todos los lunes. Junto al grupo trabajan dos facilitadores, un varón y una mujer. Rodríguez aclaró: “La terapia en grupo es el nivel uno del tratamiento. Hay otros niveles de trabajo donde se puede hacer terapia individual u otras opciones. Ahí se va a poder seguir mejorando lo que se trabajó en el grupo”.

Todos los participantes tienen que pasar por un par de entrevistas previas donde se hace una evaluación del riesgo y se toman datos personales, para evaluar si cumple con las condiciones para integrarse al grupo. Es un requisito importante reconocer que se ejerce violencia y tener el deseo de aprender a resolver esas conductas de forma saludable. Por lo tanto, llegan algunos hombres por su propia voluntad, derivados por psicólogos, asistentes sociales o por el Ministerio de Desarrollo Social. Son varones que no tienen denuncias ni medidas cautelares impuestas.

También llegan muchos varones, aproximadamente la mitad, con medidas cautelares y derivados por la Justicia. “Esto es a modo orientativo, porque tienen que pasar por la entrevista; no porque los mande la Justicia tienen que entrar sí o sí”, aclaró el coordinador. Los hombres que llegan tienen que reconocer que ejercen violencia y estar dispuestos a trabajar en ello; si no lo hacen, se informa a la División de Asesoría para la Igualdad de Género y ellos delegan al juzgado que corresponde.

La primera herramienta que se da a los asistentes es respetar los espacios para hablar: cuando alguien tiene la palabra, pedir permiso, esperar que el otro termine para empezar a hablar y que no se transforme en una cuestión de que hable el que lo haga más fuerte. La siguiente herramienta es el compromiso con el otro y con uno mismo de hacer un cambio. Luego se plantea la estrategia del retiro ante una situación de fricción, que consiste en irse del lugar durante una hora y generar un momento de conexión con uno mismo y bajar la tensión.

“En general, la estrategia del retiro a los hombres les sorprende mucho”, señaló el psicólogo, porque los hombres no están entrenados para, en situaciones de tensión, tomar la decisión de irse sin generar conflictos. “Se entrena para que los hombres entiendan que no tiene sentido ese camino, que la violencia puede tener riesgo de vida tarde o temprano, y así generar estrategias saludables”, dijo Rodríguez.

El problema de la deserción

El trabajo que se lleva a cabo en el programa se basa en el modelo Cecevim. Según Rodríguez, es una metodología que se lleva adelante en el mundo desde hace alrededor de 30 años, con modificaciones sistemáticas y revisiones continuas por quienes se formaron en ella. El creador del modelo es el doctor mexicano Antonio Ramírez. Una de las estrategias del programa se basa en estar en contacto con Ramírez para consultarle sobre situaciones que lo ameriten.

Los facilitadores que trabajan con el grupo están capacitados específicamente en la metodología Cecevim y todos los años asisten a instancias de reunión en México con Ramírez y otros grupos que hacen el mismo trabajo. “Hay una revisión continua para ajustar la metodología, considerando que es un trabajo que se hace sobre una dinámica de trasfondo cultural. Por lo tanto, en la medida en que pasan las décadas y de acuerdo a la sensibilización de la población, el cambio en las leyes y las políticas públicas que se han implementado, se van haciendo transformaciones” explicó Rodríguez.

La IM, a través de una licitación, requiere que los facilitadores sean profesionales con licenciaturas dentro del área de las ciencias sociales, la salud o la educación. Además, todos están capacitados en temáticas de abordaje de situaciones de violencia de género y para el trabajo con varones y masculinidad, que es la especialidad del centro de estudios. Consultado sobre qué tipo de masculinidad intentan construir desde el programa, Rodríguez respondió: “Se busca generar una masculinidad más sensible, más saludable, en el sentido de generar vínculos no violentos, y que sean hombres más autónomos que puedan medir qué consecuencias van a tener sus acciones”.

El principal objetivo es detener la violencia, sobre todo la física y sexual, más allá de que todas las violencias son igual de importantes para trabajarlas y detenerlas. “Si bien es posible lograr cambiar comportamientos violentos, es muy difícil erradicarlos de raíz”, reconoció el psicólogo. Dijo que “el modelo parte de una concepción de que todos los hombres ejercen violencia cotidianamente hacia las mujeres por cómo se han constituido subjetivamente en la cultura en que viven”. Aclaró que “no todos los hombres le pegamos cotidianamente a la mujer, ni ejercemos violencia sexual. Pero sí ejercemos violencia a nivel psicológico, quizás de forma más sutil. Eso es más cotidiano que suceda”.

A nivel internacional, los distintos dispositivos de trabajo con varones no tienen un buen nivel de adhesión. “Acá en Montevideo no hay una sistematización que nos pueda dar un número exacto, pero el porcentaje es bajo”, lamentó Rodríguez. La principal causa es que hay una alta deserción: son pocos los hombres que cumplen con todo el proceso, que lleva 24 encuentros, seis meses si van todas las semanas. La mayoría de los que pasan la mitad del proceso lo terminan, y esos son los que más herramientas se llevan.

“Si tenemos la pretensión de que alguien que pase por el servicio salga con un diploma que diga que no va a ejercer violencia durante toda su vida, es la peor mentira que nos podemos hacer, sería fracasar seguro”, afirmó Rodríguez. Agregó que “el éxito de estos programas es que existan, que vengan hombres y que algunos tengan una transformación significativa de su vida que implique mayor bienestar para ellos y su entorno”.

A la hora de criar hijos varones, tener un varón saludable como modelo a seguir es importante para que la violencia no se siga repitiendo de generación en generación. Es un proceso micro que apunta a lo macro: el objetivo final es la transformación hacia una cultura de paz. “Por supuesto que no lo vamos a lograr sólo con el grupo de la IM, pero aporta su granito de arena y es significativo para conseguir esa transformación”, planteó el psicólogo.

Aseguró que se han tomado medidas para lograr una mayor adhesión al programa, como que la atención comience desde la primera llamada telefónica. “Hay una compañera del centro de estudios que recibe las llamadas telefónicas y coordina con los hombres. Desde ese lugar ya está haciendo una intervención para que el hombre se comprometa, desde cómo lo escucha y le habla. Desde el vamos se genera un compromiso con el que solicita el servicio, se hace hincapié en que va a ocupar un lugar que otro está necesitando, que lo aproveche. Eso nos ha dado mejores resultados”.

Destacó que la principal herramienta para lograr bajar la deserción es “un grupo fuerte”, en el sentido de que sea respetuoso y trabaje en serio. La función de los facilitadores de grupo es tratar de que el grupo funcione casi de manera autónoma, se busca que los hombres aprendan a generar autónomamente su equilibro y no dependan de la asistencia de un psicólogo ni de un médico. Sin embargo, señaló que no todos los hombres se sienten cómodos con este modelo de trabajo; por lo tanto, tienen que haber diferentes estrategias.

Cuando un hombre deja de ir al programa no hay un mecanismo de ir buscarlo para que vuelva, porque “eso sería ponerse a su servicio”. Reforzaría ese poder patriarcal de decir “yo hago lo que quiero y que los demás estén a mi disposición”, dijo Rodríguez, y señaló que lo importante es estar de igual a igual y que sea la persona la principal involucrada en su transformación. Si ven que alguien abandona y hay una pareja o expareja en riesgo, se toman medidas de prevención: “Nosotros reportamos a la División de Asesoría para la Igualdad de Género y desde ahí se gestiona y se toman las decisiones que correspondan” explicó.

Las consecuencias de la pandemia

Por otro lado, Lacasa manifestó que uno de los daños colaterales que implica la reducción de la movilidad por la pandemia es la exposición más prolongada de mujeres y niñas a varones violentos. “El momento del ‘quedate en casa’ fue el más complicado, las mujeres y niñas ya no podían ir a buscar ayuda a lugares como la escuela, policlínicas, hablar con algún técnico”. A raíz de esto, apuntó en contra de los números del Ministerio del Interior que señalan una baja en los delitos de violencia de género. Según la coordinadora, “quizás los números de denuncia pueden haber bajado, pero es lógico que si no puedo salir a la calle no puedo ir a hacer la denuncia”.

Rodríguez contó cómo se adaptó el programa para trabajar los problemas que puede traer el encierro por la situación sanitaria. Durante varios meses se suspendió el trabajo en grupo y, para compensarlo, se hizo un seguimiento individualizado por parte de los psicólogos a través de llamadas, con el objetivo de saber cómo estaban llevando el encierro.

Además, quedaron aproximadamente 50 hombres en lista de espera. Pero cuando bajaron los casos de covid-19 en 2020 y se pudo volver al trabajo en grupo, fueron incorporados todos los que estaban en espera. El retorno fue con todos los protocolos sanitarios, se dividió el grupo en dos y se pasó a trabajar los lunes y los martes. El coordinador destacó que, como se hicieron las cosas “muy bien”, no hubo focos de contagio.

Con el crecimiento de casos de coronavirus que ha habido desde marzo, en la semana previa a Turismo se tomó la decisión de suspender el grupo. Se pasó a hacer un seguimiento a través de entrevistas presenciales, con una mampara protectora y tapabocas y sin que los usuarios se crucen entre sí. Se hacen tres entrevistas para lograr que no se alejen del dispositivo y evitar situaciones de riesgo o de vulnerabilidad. “En el momento en que se pueda volver a la presencialidad intentaremos volver a la forma de trabajo original; mientras tanto, usaremos las estrategias artesanales que esta situación nos demanda a todos y todas” aseguró Rodríguez.

El programa no instrumentó herramientas psicológicas en función de las consecuencias de la covid-19. Rodríguez explicó que “la pandemia no la ponemos nosotros sobre la mesa, lo hacen los propios varones. No es necesario cambiar la metodología para hablar de la pandemia, porque todo el tiempo estamos hablando de la cotidianidad. Diría que metodológicamente no es necesario introducir herramientas nuevas”.

La Diaria / Leandro Fernández / COMCOSUR MUJER Nº 686 – 24/05/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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