COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 – Hoy: 1) Comandante en Jefe del Ejército uruguayo. Relevamiento o más bien destitución de Guido Manini Ríos /Luis E. Sabini Fernández 2) Nuevo jefe del Ejército integró tribunal militar que amparó conducta de represores /Walter Pernas y Fabián Werner 3) La sorpresiva ampliación de la suma «estafada» a Julio César Lestido /Walter Pernas 4) La suspicacia y el poder /Walter Pernas ______ COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 1) COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO URUGUAYO RELEVAMIENTO O MÁS BIEN DESTITUCIÓN DE GUIDO MANINI RÍOS Por Luis E. Sabini Fernández La crisis planteada a partir de los últimos avances de la cúpula militar y su entorno ha llevado a la presidencia, por no decir que ha obligado al presidente, a remover al comandante de un puesto al que el militar Guido Manini Rìos había empezado a cargar de contenido político, algo totalmente ajeno a las potestades constitucionales. Ya hace muchos decenios, siglos, que sabemos que si vamos a deliberar hombres armados y hombres desarmados, siempre tendrán la razón… los armados. Por eso, toda democracia que realmente se precie de tal, no otorga el ejercicio político a los militares. Eso “lo dejamos” para las dictaduras. El episodio tiene, tendrá, sus consecuencias políticas. Porque el desplazado y quienes con él se identifican tratarán de sacar provecho del “sacrificio”, el “avasallamiento”, o como se designe lo acontecido. En año electoral, esta “movida” tendrá inevitables consecuencias. Sin entrar en especulaciones sobre el enroque, las alianzas, me interesa abordar el imaginario ideológico que campea en las fuerzas armadas del país. Las que fueran exoneradas, perdonadas, rehabilitadas con la movida colorado-frenteamplista del Pacto del Club Naval. Un vocero oficioso de los militares, el portal aborda la situación y vale la pena, entiendo, analizar sus presupuestos ideológicos, aquellos ni siquiera formulados (y posiblemente, ni siquiera asumidos). El autor de la nota, Gabriel Portillo, comunica la sustitución a que hemos hecho referencia. Explica los motivos de la destitución: “Si bien no han trascendido oficialmente las causas de la decisión, la exposición mediática que el comandante en jefe ha tenido recientemente, con un alto grado de apoyo y admiración [sic] tanto en filas del Ejército como así también la población […] no habrían sido del agrado del presidente […] que consideraba[n] que se estaba realizando proselitismo, lo cual está prohibido para los militares en actividad.” Un acierto al final en medio del sesgo ideológico, que surge enseguida: “[…] la reunión se suponía iba a tratar temas de la reforma de la Ley Orgánica Militar, situación que también generaba desencuentros entre los militares y el gobierno, pues básicamente todo el análisis de las modificaciones se había realizado sin tener en cuenta las opiniones de los mismos afectados por los cambios y quienes se supone son los profesionales en el tema.” Portillo remata su artículo con una confusión radical entre profesionalidad militar y profesionalidad económica, financiera. La decisión presupuestaria no pertenece al ámbito castrense sino a la política económica general de la nación. Tengamos en cuenta que una jubilación baja de población sin armas anda por los 10 mil pesos y se puede obtener cuando uno ha cruzado los 60 años, y que una jubilación baja de hombres armados anda por los 25 mil pesos y es obtenible desde los 38 años… a la edad en que algunos civiles empiezan a tener un trabajo reconocible para la jubilación. Con un agravante; la oficialidad joven armada, con menos de 50 años, puede tener jubilaciones entre 50 mil y 100 mil pesos, mientras que las jubilaciones de los ciudadanos sin armas se pueden lograr con edad ya madura, y se la considera ya excelente si alcanza los 50 mil pesos… Son estas diferencias odiosas y lesivas para la sociedad civil las que se escamotean. La nota va ahondando su ombliguismo y paranoia: “Tanto la reforma en el sistema de retiros militares como la Ley Orgánica Militar son vistos desde la oposición como modificaciones motivadas por revanchismos”. Aquí la primera sorpresa: ¿a santo de qué invoca Portillo a “la oposición”? Indudablemente la nota está permeada por las elecciones inminentes. Porque se trata de diferencias entre el gobierno y cuerpos armados, institucionales, del país. Hasta ahora, no había aparecido el personaje introducido por Portillo; la oposición. Es evidente que algunos conectados con la nota quieren malquistar gobierno y oposición. Malquistados ya están, se podría decir. Es cierto: pero es evidente que se le quiere otorgar “un papel” en el presupuesto militar, a lo que hoy es oposición. ¿Y de qué revanchismos habla? Revanchismos “políticos desde filas de la izquierda uruguaya, que gobierna el país desde hace varios lustros.” ¿No se ha dado cuenta Portillo que el gobierno del Frente Amplio es todo menos revanchista? ¿Que ha sido conciliador hasta extremos sólo comparables, con los del Pacto del Club Naval? Portillo analiza los motivos del gobierno para la destitución de GMR. Que éste acusó a la justicia de actuar al margen del derecho, “sin dar garantías a los acusados, aplicando un criterio de culpable antes del proceso […]”. Portillo discurre así sin la menor vergüenza respecto de la conspiración de silencio que mantuvo la corporación militar a lo largo de todos estos años de democracia, prolongando la del tiempo de la dictadura y hasta burlándose del “poder civil” cantando errado y haciendo dar pasos en falso a la presidencia y a los jueces y no una sino varias veces. Frente a los malos tratos, torturas y asesinatos cometidos bajo tutela militar y la falta bastante generalizada de responsables, ¿qué le queda al aparato judicial sino avanzar con cierta vehemencia? Si la comandancia del ejército en lugar de proteger a militares incursos en delitos aberrantes hubiera optado por defender a la justicia y a la verdad histórica estaríamos en otra situación. Pero de pronto no podíamos pedirle peras al olmo. A la justicia no vamos a llegar implorando a quienes podían burlarse de ella. Portillo avanza invocando la soga en la casa del ahorcado. Nos recuerda que hubo “decisión por voto popular en dos ocasiones de mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que otorga protección a militares y policías que operaron durante la dictadura.” Hubo decisión y dos veces, es cierto. Pero no por voto popular. El plebiscito de 1989 otorgó efectivamente un 57% de votos a quienes aprobaban no enjuiciar a los militares y fuerzas represivas en general actuantes durante la dictadura (1973-1984). Y un 43% del electorado, minoría, entendió que había que ejercer justicia con los delitos ocurridos en ese tiempo. En 2009 se llevó a cabo un nuevo plebiscito. Y un 48% de la población entendió que los militares debían rendir cuentas, como cualquier hijo de vecino. Pero a diferencia de la instancia de 1989, con voto amarillo ganador y verde, perdedor, aquí hubo, por picardía del gobierno (presidencia Mujica) una única boleta, partidaria de acabar con la impunidad. Si se hubiera puesto a votación otra boleta queriendo mantener ‘el abandono a la pretensión punitiva del estado’, en 2009 dudo que hubiese alcanzado el 15 %. Pero los paniaguados de siempre salieron a “contar” el 52% como “la mayoría” que quería “mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que otorga protección” a los delitos cometidos por “militares y policías que operaron durante la dictadura.” Luego de este penoso recorrido por el pensamiento militar vigente, en 2019, nos encontramos el remate, la perla editorial que nos permite verificar cuan poco ligadas siguen, todavía, nuestras fuerzas armadas con la más elemental democracia. En un pie de artículo se nos informa: “Todos los derechos reservados. Este artículo no puede ser fotocopiado ni reproducido por cualquier otro medio sin licencia otorgada por la empresa editora.” Significativa limitación a la circulación de ideas, que se rige, en principio por el respeto de las citas, la remisión a fuentes, etcétera. Y remata: “Queda prohibida la reproducción pública de este artículo, en todo o en parte, por cualquier medio, sin permiso expreso y por escrito de la empresa editora.” Esta última frase, insensata, generalizándose cortaría todo lo que se conoce como debate, diálogo, crítica… todo quedaría supeditado a que el autor de un texto admitiera que se lo citara, se lo mencionara, se lo publicara. Sería la liquidación final de la libertad de expresión. Ese mundo, sí que no lo queremos. Porque es asfixiante, porque es necio, porque nos inmovilizaría espiritualmente y no nos dejaría avanzar. Ni como seres humanos ni como sociedad. Tampoco lo admite la Constitución de la República. Luis E. Sabini Fernández COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 ________ 2) NUEVO JEFE DEL EJÉRCITO INTEGRÓ TRIBUNAL MILITAR QUE AMPARÓ CONDUCTA DE REPRESORES Vázquez destituyó a Manini Ríos, pero nombró a José A. González quien también niega que haya pruebas contra Gavazzo y Silveira, condenados por 28 asesinatos Walter Pernas / Fabián Werner / Sudestada, 14.03.2019 El presidente de la República, Tabaré Vázquez, adoptó una resolución que pareció mostrar firmeza contra la conducta de un jefe del Ejército que desde hace tiempo coquetea con la política partidaria a fuerza de extralimitarse en sus declaraciones para cuestionar al gobierno frenteamplista. También lo ha hecho para marcar su perfil de derecha en defensa de la llamada “familia militar” asociada a la aquiescencia o respaldo de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de terrorismo de Estado. Pero si destituir a Guido Manini Ríos como comandante del Ejército pudo reposicionar al Poder Ejecutivo como autoridad política efectiva sobre las Fuerzas Armadas, sustituirlo con un general que mantiene la filosofía de amparo, salvaguarda administrativa, y en los hechos defensa de graves violadores a los derechos humanos, echa todo por la borda. De acuerdo a la resolución D/1322 de Presidencia de la República / Ministerio de Defensa, fechada el 12 de marzo, el Tribunal de Honor que entendió en el expediente de los militares sobre los que pesa sentencia de condena firme por 28 casos de homicidio muy especialmente agravado “consideró que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción (de) que los oficiales faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios”. El órgano militar entendió –según el documento– que una de las razones para no sancionar, por los homicidios, a los sentenciados en la justicia penal es la “imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos”. El Tribunal de Honor decidió sancionar a Gavazzo y Silveira porque, como oficiales del Grupo de Artillería Nº 1, dependencia militar involucrada en la detención en 1973 de Roberto Gomensoro, “no le comunicaron a la justicia penal ordinaria” que el coronel Juan Carlos Gómez (recluido tres años y medio en esta causa), era “inocente” de ese asesinato. Tanto el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, como la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron que la prueba para condenar a estos militares por los 28 homicidios es “francamente agobiante en su capacidad incriminatoria compartiéndose íntegramente la valoración efectuada, tanto por el Ministerio Público al acusar como por el señor juez al sentenciar”, y subrayaron que la “participación y responsabilidad… siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas”. El caso fue revisado en todas las instancias de alzada posibles de acuerdo al Derecho: sentencia de la sede de primera instancia, fallo del Tribunal Penal, y decisión de la SCJ. Al menos diez magistrados analizaron el expediente, valoraron la prueba, y en consecuencia dictaron condena. Pero los militares que integraron el Tribunal del Ejército –quiénes no tienen la formación jurídica que le permita juzgar técnicamente la prueba de un expediente penal– se despachan contra la apreciación de elementos probatorios y los fallos condenatorios del Poder Judicial. Ese Tribunal militar está integrado –de acuerdo a la resolución del Ministerio de Defensa que obtuvo Sudestada– por el ahora comandante en jefe del Ejército, José Ariel González. Por resolución 71259 de 1 de setiembre de 2017, el Ministerio de Defensa resolvió “integrar el Tribunal Especial de Honor para oficiales superiores del Ejército Nacional, a efectos de entender en el caso correspondiente a los señores coroneles en situación de retito don Jorge Silveira, don Ernesto Rama(s), don Gilberto Vázquez, don Luis Maurente y teniente coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, con los señores oficiales generales que a continuación se mencionan: Titulares: generales don Gustavo Fajardo, don José A. González y don Alfredo Erramún”, señala el documento. Desde el Ministerio de Defensa se confirmó a Sudestada que, efectivamente, el nuevo comandante en jefe del Ejército, actuó en el Tribunal de Honor, así como el nuevo jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún (quien apenas fue designado por el Poder Ejecutivo reveló su intención de promover una amnistía al estilo sudafricano para los represores uruguayos). El Poder Ejecutivo / Ministerio de Defensa tiene, naturalmente, la potestad de cesar en la función a quienes cometan errores inexcusables en la aplicación del Derecho, de las leyes que regulan los procedimientos sancionatorios para los militares. No se trata de una simple mirada diversa sobre un asunto, sino que a todas luces se esgrimen las omisiones –más por intención deliberada que por negligencia o ineptitud– en la aplicación de las reglas de la sana crítica, por las cuales si bien existe cierto margen de variabilidad en la apreciación de una prueba, la valoración no puede ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional. Resulta anacrónico que a 34 años del final de la dictadura, el poder político permita que los tribunales militares tomen decisiones por “libre convicción”, yendo contra un cúmulo innegable de pruebas incriminatorias. Es un hecho que en estas tres décadas el Frente Amplio no ha logrado modificar la filosofía reinante en las Fuerzas Armadas, que se opone abiertamente a que se haga justicia y se sancione al personal superior y subalterno de las tres armas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos bajo Terrorismo de Estado. Posturas como las de este Tribunal de honor integrado por el actual comandante en jefe del Ejército, no solo dañan la imagen institucional de las Fuerzas Armadas –las que luego reclaman mayor empatía con la sociedad– y del Ministerio de Defensa (de todo el gobierno), sino que muestran sin ambages que los nuevos jerarcas militares –aunque no hayan actuado, por razones de edad, durante la dictadura– están dispuestos a perpetuar la negación de la barbarie, de la ignominia que representan los responsables de las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas. Walter Pernas / Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 ________ 3) LA SORPRESIVA AMPLIACIÓN DE LA SUMA «ESTAFADA» A JULIO CÉSAR LESTIDO Al conocer que la contadora prófuga había sido detenida, la empresa denuncia que el monto robado es de siete millones de dólares Walter Pernas /Sudestada /01.03.2019 Tan misteriosa como la desaparición de la contadora Mónica Rivero –ahora procesada por estafa y falsificación de documento– es la ampliación de la denuncia penal por parte de la Julio César Lestido SA. Hasta hace dos años –unos días después de que la mujer se esfumara sin dejar rastros– el faltante de dinero, según las auditorías de la empresa, era de 2,5 millones de dólares. A esa suma se llegó luego de detectar que Rivero, como jefa de contabilidad de Lestido, se había robado unos 200 mil dólares: la verificación informática, y también manual –factura contra asiento contable, documento de pago contra movimiento de cuentas– arribó a la conclusión de que la estafa era 12,5 veces mayor. Sobre esa denuncia actuó la justicia, y desde entonces nada varió en la sede de Crimen Organizado, que indaga si de la apropiación indebida (delito precedente de lavado de activos) puede verificarse el blanqueo de capitales. La sociedad presidida por el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas y dirigida por Julio Lestido entendió durante todo este tiempo que la contadora le había robado 2,5 millones de dólares. Pero 24 horas después de conocerse que la mujer prófuga había sido detenida, la firma se presenta al juzgado para “precisar” que en realidad la maniobra es de siete millones de dólares. “De las actividades de control, verificación de saldos con acreedores y deudores de la empresa, la realización de conciliaciones bancarias, control de gastos y revisión de correos electrónicos, surge que la indagada realizaba asientos contables inexistentes, falsificación de estados de cuenta a proveedores como Man y Audi por un monto superior a los dos millones de dólares, sin perjuicio de la ampliación realizada en el día de hoy de hasta siete millones de dólares por parte de la defensa del denunciante”, señaló la Fiscalía al solicitar el procesamiento de la contadora. De esta manera, la representante del Ministerio Público, Sylvia Gari, expresa que lo que tiene confirmado mediante pruebas es el delito por 2,5 millones de dólares, y no una maniobra casi tres veces mayor. Varios medios de prensa ya dieron por válido lo que afirma la empresa y titularon que la contadora cometió una estafa de siete millones de dólares. Sin dejar de presumir que esto pueda ser posible, lo cierto es que la justicia no ha llegado a esa conclusión. La representante “exclusiva” de los autos “Man, Volskwagen y Audi en Uruguay” debe explicar los pasos que siguió desde su noticia criminal inicial hasta la sorpresiva ampliación de la denuncia. Y cómo la cifra del desfalco pasó de estar congelada durante los dos años en que la contadora se encontró prófuga a crecer casi 300 por ciento, apenas se supo que la mujer había sido detenida en la Barra del Chuy. Mónica Rivero La condición de ludópata de Rivero puede explicar su comportamiento delictivo al cometer la estafa, pero queda pendiente confirmar si además parte del dinero fue invertido en bienes, negocios, o enviado a cuentas bancarias o destinos que acrediten lavado de activos. En ese caso, las sospechas no solo pesan sobre la mujer, sino también en familiares o eventuales socios. Paralelamente, y mientras la enjuiciada se encuentra tras las rejas, se activan las demandas civiles por las que Lestido buscará ser resarcida de una u otra forma, y donde no es lo mismo reclamar dos que siete millones de dólares. A los efectos impositivos, de certificación fiscal, o de justificación ante otros contralores oficiales, tampoco es lo mismo asentar una que otra cifra como dinero desaparecido bajo el rubro “estafa”. En estos momentos la experta en maquillaje financiero parece ser la contadora Rivero. Se ha hecho la fama y ahora duerme en una celda. Walter Pernas / Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 ________ 4) LA SUSPICACIA Y EL PODER Sudestada en el caso Lestido: la postura de un periodista “temerario” al que le mandaron leer los expedientes Walter Pernas / Sudestada /09.03.2019 En estos últimos días seguidores, aliados y aliadas de Sudestada, me ha pedido una opinión, una respuesta ante ciertas afirmaciones que yo desconocía. Me enviaron algunas capturas de tuits de una periodista que, sin arrobar ni nombrar específicamente al medio en el que trabajo ni a quien escribe, alardean sobre cómo realizar un trabajo periodístico, me tildan de “temerario” y llaman a no replicar un artículo de Sudestada, uno que se titula: “La sorpresiva ampliación de la suma estafada a Julio César Lestido”. No suelo discutir en redes sociales, aunque me convoquen/provoquen. Quizás en circunstancias muy concretas aclaro abiertamente alguna información, si es necesario. Debe entenderse que aunque tenga un prontuario de casi tres décadas de periodismo –y agradezco los cumplidos al respecto– eso no deja a nadie exento de cuestionamientos. Aunque prefiero no transitar por ese camino –el de la ególatra pelea mediática–, afrontar las críticas y hasta los cometarios más duros, el agravio, la ofensa mordaz, el ánimo de escarnio o el afán de descalificación, es parte de la profesión, del oficio de ser periodista. Voy a aclarar ahora que –por no contar con la información pertinente– en la nota que escribí para Sudestada no se publicó que en mayo de 2017 la empresa Lestido había realizado una ampliación de denuncia para rectificar el monto de la estafa, que pasó de 2,5 millones de dólares a 7,6 millones de dólares. Como otros medios, el diario en el que trabaja la periodista cometió ese error durante dos años, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Sudestada se hace cargo de que, en cuanto a la fecha, no informó con exactitud. La periodista que refriega lo que parece una enseñanza –“hay que leer los expedientes para hablar con seguridad”–, también opina que la nota “desliza suspicacias que no existen” y eso, la verdad, se aparta de cualquier manual básico de periodismo. ¿Alcanza con acceder a los expedientes (sospecho siempre de aquella parte interesada que ofrece los documentos, porque en general llegan con cortapisas en forma directa o velada) si no se aplica una interpretación periodística de los hechos judiciales? En los cimientos del periodismo profundo, de la investigación periodística, se encuentra la suspicacia, la desconfianza, el recelo, la duda, la prevención de que bajo lo formal y solemne –como el cuello blanco– puede ocultarse el verdadero interés maquiavélico, artero en la trama, y muchas veces espurio en su finalidad. Se trata de una lógica de trabajo, de una idea de partida que luego debe sospesarse con el resto de la información recolectada, y así atar cabos, falsear hipótesis, redirigir la idea si es necesario, y afirmar con pruebas contundentes o, si no se ha llegado a ese punto, presentar a las audiencias la situación en su complejidad, lo que conlleva contar (mediar) los hechos y exponer a todos los implicados, sobre todo si se trata de figuras públicas. Con todos esos elementos, sin retaceos autoinfringidos, ni amputaciones editoriales convenientes, quienes reciben la información pueden interpelar la historia y a los protagonistas, y formular, alimentar, ignorar o descartar todas las suspicacias que entiendan pertinentes, y también cuestionar el enfoque o la interpretación periodística. La suspicacia es parte fundamental de nuestra tarea como periodistas, pero aún más la que implica sospechar de cualquier tipo de poder, y sobre todo, en estos tiempos, del poder que ostentan los grandes grupos económicos. Por todo esto, si Sudestada se hubiese enterado en mayo de 2017 de que Lestido ampliaba en cinco millones de dólares el monto de la estafa denunciada, la nota a redactar hubiera sido muy similar a la que se publicó el viernes 1 de marzo. Eso porque no es tan importante la fecha de la acción como el hecho en sí mismo, el acto que aumenta en un 300 por ciento la suma “estafada” a una poderosa empresa, dirigida por Julio Lestido y presidida por el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas. Walter Pernas / Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2204 / Miércoles 20.03.2019 ________ “La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.” Joao Pedro Stedile – MST (Brasil) _______ COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano. Colaboran: Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL. Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros Sergio Ferrari (en colaboración con swissinfo.ch) Kintto Lucas (Ecuador) Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza Con noticias de: Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay) DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/ Blog: nuevo.comcosur.org Contacto: comcosur@comcosur.com.uy Puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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