1) Cinco militares condenados por el crimen de María Claudia
2) Fiscal de Corte criticó controles del Banco Central al Cambio Nelson
3) “En el FA no todos están de acuerdo con la paridad”
4) Informe del BPS detectó 286.000 puestos «en negro»
5) Uruguay tiene problemas serios de corrupción y faltan controles
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2118 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de marzo de 2019 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Cinco militares condenados por el crimen de María Claudia
Jueza: Crímenes de la dictadura fueron parte “de una ideología”
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)
La Justicia condenó a cinco militares por el crimen de María Claudia García; la violencia empleada fue parte del plan ejecutado en forma sistemática para la eliminación del enemigo.
Los crímenes cometidos durante la última dictadura no fueron actos aislados, dirigidos “a sujetos pasivos seleccionados al azar, como acontece diariamente con la delincuencia urbana que ocupa la labor de las sedes judiciales”, sino que emergen como “acciones ejecutivas producto de una ideología que desplegó organización, planificación y tecnología, contando con la legitimación del uso de las armas que les concedía detentar el poder del Estado, para alcanzar sus cometidos”.
Así lo afirmó la jueza Penal de 2º Turno, Marcela Vargas, al dictar la condena de cinco militares por el secuestro y desaparición de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman y madre de la diputada Macarena Gelman. Días atrás, la magistrada dictó la condena de los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge “Pajarito” Silveira y del ex policía Ricardo “Conejo” Medina a la pena de 30 años de penitenciaría como coautores responsables del “homicidio muy especialmente agravado” de María Claudia García.
En este marco, la magistrada -en línea con la requisitoria del fiscal Ariel Cancela- consideró probado que el crimen de la joven argentina fue cometido en el marco del Plan Cóndor, el operativo supranacional conformado por las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay), para la persecución de “los elementos considerados subversivos y enemigos de los Estados creadores de la Red, identificados con el marxismo”.
La jueza valoró que “las conductas desplegadas comprendieron acciones en la República Argentina y (en) nuestro territorio, emergiendo plena prueba que señala a los imputados, actuando en primera línea, en ambas márgenes del Río de la Plata, ejecutando conductas tendientes a alcanzar con total eficacia el resultando criminal perseguido”.
“Las posiciones que ocupaban los imputados, les permitió controlar plenamente el resultado típico perseguido”, es decir, “la supresión de la vida en territorio uruguayo, de la joven de nacionalidad argentina María Claudia García”. “Asistimos a la conformación de una organización delictiva, que usando el aparato del Estado, contó con plena disposición de los medios necesarios para ejecutar las acciones ilícitas”, señala el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.
“La organización mentada asentada en el aparato del Estado, persiguió estratégicamente desaparecer todo elemento material que pudiera significar un rastro de sus conductas ilícitas en proyección y devenir histórico, por consiguiente los medios de prueba que obran en autos, son perfectamente consecuentes a la naturaleza de los hechos y plenamente acordes a Derecho”, dijo.
En este marco, la magistrada recordó que María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires la madrugada del 24 de agosto de 1976, junto con su esposo, Marcelo Gelman, y trasladados al centro de detención clandestino “Automotores Orletti”, dirigido por Aníbal Gordon. “El mismo era operado por grupos para militares y militares argentinos, con la cooperación entre otros de militares uruguayos”, señala la magistrada. A principios de octubre, Gelman fue retirado por militares argentinos y ejecutado junto a otros tres detenidos, todos enterrados como NN en un cementerio de Buenos Aires. Sus restos fueron identificados en 1989.
En tanto, María Claudia García -que estaba embarazada- fue trasladada en forma clandestina a Uruguay en junio de 1976 junto a un grupo de presos políticos uruguayos, en su mayoría integrantes del PVP, detenidos en Buenos Aires como parte de operativos conjuntos entre los servicios militares de Argentina y Uruguay. Todos ellos -integrantes del denominado “Primer Vuelo”- fueron alojados en la casona de Punta Gorda y posteriormente al local del Servicios de Información y Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar.
Se agrega que a mediados de octubre de 1976, los detenidos uruguayos en el SID se enteraron de la existencia en el lugar de una joven argentina que no pertenecía a ninguno de sus grupos políticos, que estaba embarazada. La joven permaneció en el piso principal del edificio, hasta que a fines de octubre fue llevada al Hospital Militar, donde dio a luz a una niña. “Luego del parto, volvió al SID junto con su hija, siendo ubicada en una habitación de la planta baja, separada de los demás detenidos, a excepción de otros dos niños, los hermanos Victoria y Anatolle Julián, con quienes se encontraba en la misma pieza”.
La niña -Macarena- fue apropiada por los militares y entregada a la familia de un ex policía, que tenía vínculos con el “Conejo” Medina, señala la jueza. “En cuanto a María Claudia García, luego del parto y de que fue separada de su hija, se procedió como corolario final del plan mentado, a quitarle la vida, seguramente por ejecución como acontecía habitualmente, procediendo seguidamente a enterrar sus restos en el Batallón Nº 14 o en el Nº 13”.
“El contundente material probatorio que obra en autos, impone al intérprete tal conclusión no siendo concebible otra en el orden de la razón de los hechos probados. La errónea indicación acerca de la ubicación de los restos de María Claudia García, proporcionada en el informe realizado por el Comando del Ejército al Presidente de la República, implica abiertamente el reconocimiento por parte de la institución militar, que dieron muerte a la joven”. “La no aparición de su cuerpo a la fecha, solo permite concluir racionalmente en la verosimilitud de los datos aportados acerca de la existencia de la Operación Zanahoria de desenterramiento de restos y consecuente manipulación del objeto del delito para sustraerlo a la acción de la justicia”, agregó la magistrada.
En este sentido, “emerge plenamente acreditado en autos, la participación de los encausados en el operativo militar que comprendió actuaciones con detenidos en la República Argentina y su traslado al territorio nacional”. La magistrada detalló, en cada caso, las pruebas que los involucran en los hechos y destaca que la mismas, pese a sustentarse en testimonios e indicios, son suficientes para concluir que se alcanzó la plena prueba, por cuanto los militares actuaron amparados por el Estado, en un contexto que habilitó su actividad criminal.
Control de los hechos
La jueza Marcela Vargas justificó la condena de los militares en que estos “ejecutaron la actividad […] revistiendo funciones como agentes del Estado, mediando un concierto ideológico previo entre los mismos, y desenvolviendo un plan a través de la organización del SID y la OCOA, que suponía la división funcional de tareas, en una estructura jerárquica y de obediencia de las Fuerzas Armadas, determinaron causalmente con sus conductas el resultado muerte de la víctima, ejerciendo plenamente el control del acontecer de los hechos como figuras no intercambiables de un aparato de poder organizado”.
“No se aprecia como argumenta la Defensa, que la calidad de subalternos de los encausados, los hubiera determinado a ser meros ‘instrumentos’ de ejecución de órdenes. Por el contrario emerge acreditado en forma palmaria, la activa y necesaria participación de los enjuiciados adoptando decisiones en el operativo que trasladó a María Claudia García a nuestro país, manteniéndola en cautiverio hasta el nacimiento de su hija, la entrega de la criatura a una familia y la posterior ejecución de la madre. El rol desenvuelto por los agentes no se aprecia intercambiable en ningún segmento del iter criminis, doctrina jurídico penal de la ‘fungibilidad del intermediario’, que confiere el dominio del hecho al autor de escritorio”, argumentó la magistrada.
En este marco, “el alcance supra territorial de sus conductas ejecutadas en coordinación con agentes integrantes de organismos militares y para militares de la República Argentina, animados del mismo propósito delictivo, condujo a los encausados en su incursión al centro de reclusión Orletti, al traslado hacia nuestro país de la joven María Claudia García Iruretagoyena, despreciando su vida por tratarse de la pareja de un militante político argentino”. Esto es “consecuente con la dimensión del plan pergeñado, de aniquilar al ‘enemigo’ suprimiendo más allá de su vida también su descendencia”.
“Tras el nacimiento de la niña, la joven María Claudia García fue retirada del recinto donde permanecía recluida, poniendo en marcha la acción letal de ejecución, procedieron a darle muerte, ocultando sus restos hasta el día de la fecha. Emerge en consecuencia de forma notoria la conexión psíquica entre el homicidio cometido y la privación ilegal de libertad en que fue mantenida la víctima y sustracción de la criatura recién nacida. De la secuencia de hechos plenamente acreditados en autos se releva claramente la referencia subjetiva del tipo, ejecución ‘para’ ocultar el delito, lo que se desprende del ardid montado para entregar la niña a otra familia”, señala el fallo.
Por su parte, la intención criminal “emerge de la dimensión de la violencia empleada como sustento del plan ejecutado en forma sistemática, contra el ‘enemigo’”. “La aplicación como método de interrogatorio de la tortura, la supresión de la vida y posterior desaparición de cualquier signo material que recordara su existencia, son parte de los presupuestos acreditados en autos, los mecanismos causales puestos en marcha de naturaleza militar prevaliéndose de la disposición de las armas y la tecnología de su época, fueron plenamente idóneos para ello”, expresa.
“La maquinación del crimen resulta un dato que puede inferirse de la ocultación del cuerpo de la víctima hasta el día de la fecha y pese a las gestiones cumplidas por las más altas autoridades de Gobierno. Como agravantes genéricas; la alevosía, al actuar sobre seguro ante la más plena y más absoluta indefensión en que se pueda encontrar la víctima, una joven de 19 años de edad, que no pertenecía a grupos armados, empleada de fábrica y estudiante de filosofía, embarazada a término, que perdía a su compañero a quién acababan de asesinar, trasladada a otro país donde no conocía a sus captores ni a las restantes víctimas que eran torturadas, y es trasladada a darle muerte apenas dio a luz a su hija, de la cuál separan”, destacó la magistrada.
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2) Fiscal de Corte criticó controles del Banco Central al Cambio Nelson
(El Observador)
«Deberían tener los recursos para controlar a un cambio en el principal balneario de este país», dijo Jorge Díaz
Para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, es sencillo de comprender: «A mí me enseñaron desde chico que la plata se deposita en un banco o en el colchón en el peor de los casos». El comentario hacía referencia al Cambio Nelson y fue realizado al principio de su ponencia durante el seminario «Compliance Day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero», organizado por el estudio jurídico Brum & Costa ayer martes 21.
«Yo por las dudas me traje una especie de recordatorio para que le quede claro a todos los presentes como si fueran niños de 4 años, que los cambios no hacen captación masiva de ahorros. Yo creía que en el Uruguay de hoy eso estaba absolutamente claro. Parece que a la luz de los últimos acontecimientos, eso no estaba del todo claro y un cambio por lo menos hacía captación masiva de ahorros», dijo ni bien comenzó su presentación, que se centró en el rol de la Justicia de Crimen Organizado con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que se pondrá en marcha en su totalidad a partir del 16 de julio de este año.
El fiscal de Corte criticó el accionar del Banco Central del Uruguay por considerar que no hubo suficientes controles para evitar que el cambio -ahora investigado a nivel judicial y policial- operara como un banco, cuando no puede hacerlo. «Si dispone de recursos para controlar que en una pequeña ciudad del interior alguna estación de servicio realice un cambio de moneda de US$ 100 y a multar por eso, deberían tener los recursos para controlar a un cambio en el principal balneario de este país que está realizando una actividad financiera que es ilícita, dijo y agregó: «Hay una investigación en curso. Veremos hasta dónde llega. Ahora rige el principio de presunción de inocencia. Pero en este país siempre pasa lo mismo: el día después todos sabíamos lo que había, el día antes nadie sabe nada. Ahora empieza la caza de brujas».
Díaz aclaró que operar como un banco sin serlo no es un delito, sino que tiene una sanción económica.
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3) “En el FA no todos están de acuerdo con la paridad”
(La República)
En los primeros días de abril, la Cámara de Representantes empezará a analizar el proyecto de ley de Cuota Política, que tuvo su aprobación en el Senado de la República. Legisladoras y dirigentes políticas admitieron que lo aprobado tuvo “sabor a poco”.
En el Senado, el FA presentó un proyecto de paridad que no fue defendido a capa y espada sino que se buscó una propuesta consensuada para asegurar la aprobación de una ley de cuota política. Sin embargo, hay mujeres frenteamplistas que consideran que en la izquierda existen hombres que no comparten la propuesta paritaria porque su aprobación puede significar la pérdida de poder.
La diputada Berta Sanseverino explicó que aceptar la paridad, en un partido como el FA, donde los cuadros políticos están conformado mayoritariamente por hombres, puede representar una pérdida de poder. “Ese uno y uno, de hombre y mujer, es perder importante espacios políticos de participación, en cargos de gobierno y en cargos políticos”, admitió la legisladora.
Sanseverino indicó que los argumentos para no aceptar una ley paritaria pueden ser muchos; “como que la sociedad no está preparada, pero en realidad está compitiendo por cuotas de poder, y la paridad es un cambio revolucionario que muchos no lo van a llevar”. Sanseverino admitió que parecería que todavía no llegó la hora para alcanzar la paridad, sino a una ley de cuotas mejor a la que teníamos, “que con ello sería un avance importante.” Finalmente expresó que la paridad es lo ideal y se camina hacia ello”.
Propuesta de consulta popular
Recientemente, el dirigente del FA, Andrés Colpemayer, lanzó una propuesta a través de una columna de opinión, de impulsar una consulta popular entre los frenteamplistas para definir las características de la ley de participación política. Manejó tres opciones: que directamente no haya ley de cuota política, la aprobada por el Senado de “dos hombres y una mujer” o la paridad. “Más allá de los resultados concretos, el debate que promovería esta consulta popular nos permitiría liderar el proceso de la inclusión de género con la legitimidad de saber que rumbos y cuales compromisos representa más y mejor el sentir frenteamplista”, planteó Colpelmayer en su columna de opinión.
Con respecto a este planteo, la dirigente de la agrupación IR, Romina Napilotti enfatizó que el FA aún no tiene una definición orgánica sobre la propuesta de paridad. “Está claro que no todos están de acuerdo porque de practicarse significaría una pérdida de privilegios”, indicó. Enfatizó que el FA no tiene una síntesis sobre la propuesta paritaria y dijo que esto queda evidenciado en las diferencias de criterios en el armado de las listas. Aclaró que el FA aplicó un criterio minimalista de la ley, porque en las ternas mayormente hay una sola mujer.
“Agotar los espacios institucionales”
Sobre un posible planteo de consulta popular para definir si se está de acuerdo con una ley paritaria dijo que se necesitaría una movilización y una síntesis política que requiere de un esfuerzo enorme. “Hay que acordarse de que los derechos no se plebiscitan”, dijo la dirigente y activista.
Consideró que aún falta mucho para llegar a una instancia de plebiscito. Aclaró que dada la movilización del pasado 8 de marzo, la idea de una consulta “no es del todo descabellada”. No obstante advirtió que el FA tiene una estructura orgánica a la cual podemos se le puede exigir y demandar. Dijo ser partidaria de agotar todas las instancias y espacios institucionales previstos en la interna del FA para debatir la propuesta de mayor representatividad posible de las mujeres.
“Una cosa es lo que se hace a nivel de las redes sociales y otro a través de las estructuras orgánicas. No se pueden vaciar los espacios estructurales y no jerarquizarlos. Los logros no se alcanzan solamente con presión a través de las redes sociales; la marcha del 8 de marzo no se logró solo con gente sensibilizada sino con una articulación de la izquierda social”, indicó la dirigente.
La cuota uruguaya
Actualmente, en el Parlamento hay nueve senadoras en un total de 30 parlamentarios, y en Diputados, 19 mujeres de un total de 99 legisladores. El promedio de participación femenina en el Parlamento es inferior al 20%, ubicándose por debajo del promedio latinoamericano que se ubica en el 22%. Hay países como Bolivia y Ecuador que tienen una presencia muy fuerte de mujeres, que ronda el 40%; sin embargo, en Brasil, la participación es menor a la uruguaya
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4) Informe del BPS detectó 286.000 puestos «en negro»
(El País)
Estudio de la evasión en 2015 dice que 209.000 podrían formalizarse.
El Banco de Previsión Social (BPS) tiene detectados unos 209.000 puestos de trabajo que están «en negro» y podrían formalizarse, lo que implicaría no sólo regularizar los derechos de trabajadores sino ampliar los recursos del organismo, ya que desde el año pasado se anticipaba que 2017 superaría los US$ 500 millones de déficit.
Dentro del gobierno se maneja que más allá de que la próxima Rendición de Cuentas pueda incluir modificaciones tributarias para incrementar los ingresos, se debe reducir la evasión. El propio vicepresidente Raúl Sendic dijo que presentará un informe sobre los datos de evasión a DGI y BPS y lo que podría hacerse con esos fondos. Solo la evasión del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas alcanza más de US$ 600 millones. Las cifras del BPS no son despreciables tampoco.
El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País TV que en 2016 se concretaron 10.000 actuaciones de fiscalización en las que en un 60% se detectó irregularidades. «Esto determinó deudas en el orden de los $ 500 millones, y también significó la regularización de 28.000 trabajadores: 13.000 que estaban en negro y 15.000 que tenían el sueldo subdeclarado», afirmó.
Según un estudio de la contadora Nadya Camerosano del BPS titulado «Evasión en puestos de trabajo año 2015», ese año había 286.368 puestos sin declarar. La cifra, que no considera la aportación rural, supone una evasión por no declaración del 17,95% de la potencial plantilla. Si bien este porcentaje de evasión tuvo un leve repunte en 2015 respecto de 2014, ha venido bajando sustancialmente desde 2004 cuando alcanzaba a 37,49%, lo que hacía suponer que había 450.951 puestos que no estaban cotizando en el BPS.
El análisis publicado entre los Comentarios de Seguridad Social del cuarto trimestre 2016 del organismo, combinó información de los registros administrativos del BPS, las proyecciones de población, las tasas de actividad y desempleo que publica el INE, y los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2015.
Para llegar a los puestos de trabajo «en negro» de la economía en 2015, se partió de que en función de varios parámetros ese año hubo un total de 1.595.319 cotizantes potenciales a amparar por el BPS, de los cuales 92% estaban en localidades de más de 5.000 habitantes, 6% en localidades de menos de 5.000 habitantes, y un restante 2% en zonas rurales. En ese sentido los 286.368 surgen de la diferencia entre esa proyección y los 1.308.951 registrados como cotizantes al BPS.
El informe sostiene que «de un total de 286.368 puestos no declarados, un 26,8% podría ser considerado de difícil captación». «Estos puestos se relacionan con actividades de un alto grado de informalidad ya que corresponden, entre otras, a venta ambulante, mano de obra familiar y servicio doméstico», explica. El problema en estos casos es que generalmente se realizan «en ámbitos familiares o lugares y horarios no fijos, de difícil detección, y que frecuentemente carecen de habitualidad». Así es que el estudio contabiliza unos 28.220 no dependientes sin local, 6.291 trabajadores no remunerados, y 42.225 del sector doméstico, de difícil captación.
El resto, los 209.632 puestos que por el contrario sí «serían de captación más probable», corresponden a «trabajadores dependientes no declarados en el sector de Industria y Comercio, Construcción y a trabajadores patronos de Industria y Comercio», afirma el análisis.
El organismo ve como probable captar 153.398 patronos no dependientes, 9261 dependientes de Industria y Comercio y 46.973 dependientes de la Construcción. En este sector es donde hay mayor evasión, según el análisis del BPS. Cuatro de cada 10 trabajadores está en negro (42,07%), mientras que se evaden los aportes de tres de cada 10 personas del sector doméstico (36,92%), y casi dos de cada 10 empleos en el sector de Industria y Comercio es informal (17,40%). En cantidad de personas esto representa 42.225 puestos que no hicieron aportes al BPS dentro del sector doméstico, 197.170 dentro de Industria y Comercio, y 46.973 en la construcción, sostiene el informe.
Galli expresó que para la detección de irregularidades se realiza una selección de casos para los que se cruzan 600 variables con un 70% de éxito. Pero más allá de eso el organismo se basa en las denuncias de trabajadores, y dos de cada tres se comprueban. El presidente del BPS dijo que «el sector que tuvo mayor cantidad de denuncias de trabajadores fue el doméstico, donde se comprobó que el 80% estaban subdeclaradas o no registradas».
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5) Uruguay tiene problemas serios de corrupción y faltan controles
(El Observador)
Para el presidente de la Jutep, los corruptos tienen «sensación de impunidad»
Estamos dispuestos en serio a movilizar al país para combatir la corrupción?». En tiempos en que investigaciones como la del Lava Jato en Brasil o la ruta del dinero K en Argentina sacuden la región, esa es la pregunta que se deben hacer los sistemas político y judicial uruguayos, según el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne. Según Gil, a pesar de que Uruguay es destacado como el país de la región con mejores niveles en el tema, «tiene problemas serios en materia de corrupción».
«Es maravilloso estar mejor que otros países pero la cosa en la región está complicada y parece difícil que estemos bien. Yo no creo que estemos bien, creo que estamos mejor que otros. El punto es el vaso medio vacío: qué tenemos que hacer para que dentro de cinco o diez años no nos pase lo que está pasando en los países de la región», dijo ayer martes 21 durante una ponencia en el seminario Compliance day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero, organizado por el estudio jurídico Brum & Costa.
Según el presidente de la Jutep, uno de los principales problemas es que en el país no existe un sistema pensado para combatir la corrupción. «Hoy tenemos actores que funcionan por separado pero no hay un sistema claro y definido para combatir la corrupción. Hay actores que actúan –y capaz que muy bien– pero no tenemos una estructura concebida para que esto sea eficaz y tengamos los resultados que tenemos que tener para prevenir la corrupción y castigarla», afirmó a 45 días de haber asumido su cargo. El resultado de esa falta de sistema, indicó el presidente de la Jutep, es «una percepción de impunidad» por parte de «los corruptos, que les permite hacer cosas que no se deberían permitir.
«Desde la Jutep una de las preocupaciones mayores que tenemos no es qué protagonismo tiene, sino qué deberíamos hacer dentro de un sistema de combate a la corrupción. Qué lugar nos toca, qué deberes debemos cumplir para que nuestra parte sea efectiva. Estoy hablando de un conjunto de actores que deberíamos trabajar articuladamente para que combatir la corrupción», agregó y mencionó al Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y actores de la sociedad civil, entre otros.
Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que cerró el seminario, destacó que en Uruguay la falta de un sistema integrado por diferentes organismos con el único objetivo de combatir la corrupción, lleva a pensar que esos casos son menores. «Hay un problema. Es la falta de priorización», señaló.
Según el fiscal, a nivel judicial de Crimen Organizado, los juzgados que tienen entre sus objetivos penar delitos relacionados con corrupción no deberían seguir existiendo como tales con la implementación a partir del 16 de julio de este año del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con las modificaciones al viejo CPP, los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones –que hoy realizan los jueces– y estarán especializados en diferentes áreas.
«(Los juzgados de Crimen Organizado) van a seguir funcionando pero a nivel de fiscalía no queremos más esta subdivisión del trabajo, porque en lugar de avanzar hoy hay un retroceso y las investigaciones cada vez más lentas. Vamos a distribuir la carga de trabajo de manera distinta a como se viene haciendo», sostuvo. De esa manera, los fiscales se especializarán según tipo de delito.
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