1) Organizaciones ambientalistas presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la ley de riego
2) Enrique Viana renuncia a la Fiscalía: “El nuevo CPP es amoral”
3) Zonas francas: reporte de la OCDE apura cambios
4) Vázquez apura TLC con Chile y FA se reúne con Nin Novoa
5) La invasión de la rana toro en Uruguay, "una estupidez gigante" de la mano del Estado
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2148 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 20 de octubre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Organizaciones ambientalistas presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la ley de riego
(La Diaria)
La Cámara de Senadores no dejó pasar ni un día para ratificar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y aprobar definitivamente la ley de riego. Fue el miércoles de tarde; el tema se incorporó a último momento en el orden del día y la sesión no tuvo repercusión pública. Los senadores frenteamplistas Constanza Moreira y Marcos Carámbula pidieron que se postergara el tratamiento de la iniciativa, pero el resto de la bancada frenteamplista se inclinó por aprobarlo de urgencia.
Entre otras disposiciones, la iniciativa modifica la composición de las sociedades agrarias de riego, habilitando la incorporación de inversores externos a la producción, y crea la figura del operador de riego, que podrá vender agua a los productores. En defensa de la ley hablaron el senador colorado Pedro Bordaberry, el nacionalista Álvaro Delgado y los frenteamplistas Daniel Garín y José Mujica, el primero ex subsecretario de Ganadería y el segundo ex ministro de Ganadería, ambos del Movimiento de Participación Popular. Garín destacó que la iniciativa cuenta con los votos de todos los partidos políticos y estimó que será “una importante contribución al aumento de la producción agropecuaria”, poniendo “en valor el agua”. Delgado consideró que la ley “se queda corta” y que debería haber incorporado más incentivos fiscales.
Mujica, en tanto, comenzó afirmando que “es imposible convencer a quien no se quiere convencer”, sin aclarar si se estaba refiriendo a sí mismo o a quienes se oponen a la ley de riego. “Este proyecto intenta arrimar alguna herramienta para que se utilice un poco más esa inmensa cantidad de agua que se va al mar y que, por lo tanto, no está disponible, y hay que hacer algunas obras para detener algo”, argumentó.
La senadora nacionalista Carol Aviaga fue la única legisladora que votó en contra de la iniciativa. Sostuvo que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo facultades excepcionales para habilitar que fondos y capitales extranjeros tengan dominio sobre el agua. “Es una ley que está direccionada hacia el agronegocio, privatiza el agua y no tiene en cuenta que no sólo es un recurso productivo, sino que esencialmente es un bien fundamental para la vida. Este proyecto avanza hacia la creación de un mercado del agua. Habilita la posibilidad de crear grupos financieros que controlen el agua del país”, denunció la legisladora. Agregó que esta situación “amenaza a la calidad del agua y el funcionamiento de los sistemas hídricos”, y que el modelo que subyace en la ley de riego “no sólo contradice el principio de gestión sustentable, sino que desconoce y pone en riesgo la prioridad del uso de agua dulce para potabilizar”. La senadora cuestionó que no se haya tenido en cuenta la opinión de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que advirtieron sobre los efectos de esta iniciativa en materia ambiental.
La ley de riego establece que para otorgar permisos se deberá tener en cuenta el “caudal ecológico”, para que el uso de agua para riego no afecte otros usos, como el consumo humano o la recreación. Tanto Aviaga como Moreira advirtieron que este concepto de “caudal ecológico” no está definido. “No se puede otorgar permisos sin esta información y sin estos estudios”, remarcó Aviaga. Mujica les dijo a las legisladoras que debían “confiar en los organismos del país”, porque “no somos tan primitivos, existe información para promediar el caudal ecológico”. Moreira propuso conformar un grupo de trabajo “que evalúe paso a paso las consecuencias” de esta política.
Qué previa
La aprobación de la ley de riego se produjo en vísperas de la IX Marcha Nacional por la Vida y en Defensa de los Bienes Naturales, organizada por la Asamblea Permanente (ver recuadro). Los grupos que organizan la marcha ya adelantaron la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
Carmen Sosa, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), dijo a la diaria que la aprobación de la ley es un “golpe duro” y que el sindicato y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida analizarán las acciones a tomar, entre ellas, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. “Es una ley absolutamente inconstitucional, que agravará el tema de la eutrofización y afectará la potabilización, y que crea un mercado del agua, algo que está prohibido por la Constitución”, sostuvo. Álvaro Jaume, uno de los organizadores de la marcha de hoy, dijo ayer a Radio Uruguay que se emprenderá “una campaña contra la constitucionalidad de esta ley”.
Por otra parte, ya hace tiempo que Redes-Amigos de la Tierra anunció que pretende presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Redes entiende que la posibilidad de que las corporaciones les vendan el agua a los productores viola el artículo 47 de la Constitución, que establece que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público. Además, le preocupa el impacto ambiental de la construcción de embalses en diferentes zonas del territorio, dijo a la diaria María Selva Ortiz, integrante de la organización.
Motivos para marchar
La Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales realizará hoy la IX Marcha Nacional “Por la Vida”. A las 17.30 habrá una concentración en la Explanada de la Universidad, desde donde partirá la marcha a las 18.30 hasta la plaza Independencia. La convocatoria apunta a la defensa del agua “como un elemento necesario e indispensable para la vida”. “El gobierno pretende privatizar el control del agua”, sostiene. La movilización también se lleva a cabo en contra del monocultivo de soja y de eucaliptos, de la nueva planta de celulosa de UPM y de la utilización de agrotóxicos. Se rechaza un modelo de agronegocio que beneficia “al gran capital, que contamina cultivos criollos y destruye la apicultura”, y que es “incompatible con el modelo de producción de alimentos sanos”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
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2) Enrique Viana renuncia a la Fiscalía: “El nuevo CPP es amoral”
(Caras y Caretas)
“Es una decisión que la vengo meditando hace dos meses y finalmente lo decidí. El nuevo CPP nos hace hacer cosas reñidas con la moral y no voy a ser parte de eso”, dijo Enrique Viana.
El fiscal de Adolescentes, Enrique Viana, conocido en algunos ámbitos como “el fiscal verde”, decidió renunciar a su cargo en la Fiscalía General de la Nación (FGN), en virtud de su férrea oposición a los preceptos del Código del Proceso Penal (CPP), que entrará a regir el próximo 1º de noviembre, y que consagra un sistema acusatorio, oral y público.
“Este CPP que entrara a regir nos obliga a todos los fiscales a hacer cosas reñidas con la moral y reñidas con la Constitución de la República -por eso en este tiempo presente varias acciones de inconstitucionalidad contra diversas normas-, y no voy a ser parte de eso. No voy a hacer cosas reñidas con la moral”, afirmó Viana, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
El rumor sobre la renuncia de Viana se maneja desde hace varias semanas en los corrillos del Poder Judicial. Finalmente, Viana confirmó la información durante una entrevista con Radio Imparcial. En diálogo con Caras y Caretas Portal, el fiscal explicó que la idea la viene manejando desde hace unos dos meses, pero la confirmó hace un mes cuando se acordó el cambio en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para consagrar el sistema acusatorio en el sistema penal adolescente.
“Lo conversé en el ambiente, con mi familia, y algunos integrantes de los Juzgados de Adolescentes ya lo saben. No voy a ser parte de esto”, insistió. Viana dijo que su actitud es la misma que asumió en 1997 cuando el ex fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, impulsó un cambio en el CPP. “Peri decía que yo no iba en la misma nave y por eso me trasladó varias veces, y no iba en la misma nave porque un fiscal no puede ser rebaño”, expresó.
En este marco, el fiscal cuestionó duramente los preceptos del nuevo CPP, ya que plantea convertir a la Fiscalía en un agente del gobierno: “Se sustrae el Poder Judicial por una agencia de gobierno, que definirá quien va preso y quien no”. “Hay un intento por dominar las decisiones de la Justicia. El Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo y todo el poder lo ejerce un agente del gobierno”. Esto es contrario al Estado de Derecho, valoró.
Esa idea se sustancia mediante la eliminación de la independencia técnica de los fiscales en base a la aprobación de Instrucciones Generales. “Un fiscal sometido a instrucciones generales no es un fiscal independiente y aún no entró en vigencia el CPP y ya existen seis instrucciones dictadas; nos llegan instrucciones todos los días, imagínese lo que se viene”. “Se convirtió a los fiscales en meros funcionarios administrativos”, agregó.
En efecto, Viana cuestionó los preceptos del proceso abreviado que consagra el CPP, que consagra -a su criterio- un sistema de pactos y acuerdos entre la Fiscalía y los acusados. Estos acuerdos entre las partes implican una sistema de privatización del derecho penal y obliga a los fiscales a pactar con la criminalidad algo reñido con la moral.
El proceso abreviado “es un intercambio perverso, incluso algunos reconocidos autores dicen que esa casi como un tortura medieval […] Según los datos, el 80% de los casos se transará en las comisarías -si está el abogado-, en los pasillos de los Juzgados o en unos salones que se instalaron en la Fiscalía. Entonces se deja de lado el juicio oral, que se suponía era más garantista por este sistema, que se parece a una extorsión. No puedo formar parte de esta arbitrariedad, que consagra un sistema clasista, subrepticio, que viola el derecho de legalidad y de igualdad”, insistió.
A esto se le suma, que el texto legal habilita, ”con el aval de la propia Suprema Corte de Justicia”- la prisión preventiva sin semiplena prueba, durante la audiencia de formalización. “Es una rebaja de garantías, las personas pueden ser enviadas a prisión sin pruebas, y después se inicia el juicio. Por eso es que los fiscales y los jueces salieron corriendo a contratar seguros de responsabilidad, porque se pueden cometer mucho daño y no porque los fiscales sean malos, sino porque el sistema los llevará a cometer daños”, dijo. A esto se le suma el posible hostigamiento que podrían sufrir víctimas y testigos al declarar en un juicio oral, frente al victimario.
Viana ingresó al Ministerio Público a mediados de 1991, por lo que lleva 26 años en la institución y afirma que su renuncia se produce con cierta tristeza por visualizar en lo que se convirtió la misma. “Se destruyó el Ministerio Público y no puedo ser parte de algo que ya no es lo que era. Cuando entré al Ministerio Público se respiraba libertad, ahora no. […] Lamento dejar algo que ya no es lo que era, lo destruyeron; vinieron a destruirlo”, expresó.
Según el fiscal, lo peor de esa destrucción de la Fiscalía es que se hizo con anuencia de los fiscales y de todo el sistema político. “Se liquidó con los votos de todos los partidos, incluso de aquellos legisladores que ahora hablan del Frankestein o del caos, pero que levantan sus manos para aprobar los cambios. […] Hoy hay una nueva ideología: desde una agencia de gobierno se toma por asalto el Poder Judicial”, concluyó Viana. El fiscal dejará su cargo entre el 1º y el 2 de noviembre.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
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3) Zonas francas: reporte de la OCDE apura cambios
Incluyó a Uruguay dentro de jurisdicciones con “incentivos fiscales dañinos”.
Mathías Da Silva (El País)
Mientras el Parlamento trata la iniciativa del gobierno de una serie de modificaciones legales al régimen de zonas francas, un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Uruguay entre las jurisdicciones con "incentivos fiscales dañinos" y cuyas normas no respetan la acción 5 del Plan BEPS para el combate a la evasión.
La revisión entre pares que realizó el organismo multilateral, advirtió sobre el régimen global de zonas francas —cuyos cambios legales está discutiendo la Comisión de Hacienda de Diputados (ver aparte)—, los beneficios dados al sector del software y la biotecnología —fueron modificados en la última Rendición de Cuentas—, y los centros de servicios compartidos. Ese reporte de la OCDE señala que en el caso de Uruguay esos régimenes están "en proceso de modificación".
También menciona como regímenes perjudiciales la aplicación del principio de la fuente (que grava únicamente las rentas en territorio nacional) y la Ley de Promoción de Inversiones, aunque sostiene que ambos temas están fuera del alcance del reporte.
La evaluación hecha por el Foro de Prácticas Impositivas Nocivas de la OCDE indagó en las leyes tributarias de los países que adhirieron al Marco Inclusivo BEPS (Uruguay lo suscribió en 2016) y las comparó con lo establecido en la "Acción 5" del plan BEPS. Dicha medida está enfocada en "los incentivos fiscales (regímenes tributarios preferenciales) que se aplican a los ingresos comerciales móviles, a los ingresos financieros y de servicios, y a los ingresos de la propiedad intelectual", explicó la OCDE en su web.
En un artículo, el organismo repasó que de los 164 regímenes inspeccionados en los últimos 12 meses en más de 100 jurisdicciones, se detectaron 99 que requieren cambios (en 93 de estos casos las modificaciones se han completado o están en curso como en Uruguay). Para la OCDE el foco está en cumplir con "el requisito de que los contribuyentes que se benefician de un régimen deben asumir por sí mismos la actividad comercial principal, asegurando la alineación de los impuestos con la sustancia comercial genuina".
En ese sentido, el profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, Fabián Birnbaum, dijo a El País que "se apunta a evitar que las empresas multinacionales puedan hacer estructuras internacionales que le permitan tener una tasa de tributación global menor". Para alcanzar eso, se pretende intensificar los controles sobre "el intangible y la sustancia" de las compañías que acceden a regímenes preferenciales, para evitar que "aprovechen una exoneración si no generaron una ganancia" o si el beneficiario es "una empresa de papel".
Modificaciones.
Ya en julio al comparecer ante el Parlamento, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había advertido que el conjunto de cambios propuesto por el gobierno al régimen de zonas francas "responden a la necesidad de avanzar en mejoras a efectos de que Uruguay no sea incluido en una lista negra y que, por lo tanto, quienes producen servicios desde zonas francas, software o biotecnología no tengan problemas a la hora de exportar".
Birnbaum dijo que con la anterior legislación para los servicios de software "podías acceder a una exoneración y no te pedían que el software fuera creado en Uruguay". En la Rendición de Cuentas se estableció que los beneficios se otorgarán aplicando una regla de proporción "en función de los gastos en que haya incurrido (la empresa) para generar" los activos, detalló el tributarista.
Añadió que es similar el cambio introducido respecto a las exoneraciones para los servicios de biotecnología. Es decir que ambos aspectos ya fueron corregidos por Uruguay, aunque entrarán a regir en 2018.
Otra observación de la OCDE apunta al régimen de zonas francas y Birnbaum manifestó que la exigencia es "que hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder" al esquema de incentivos. Meses atrás, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Fernando Serra, dijo en el Parlamento que los cambios buscan "que se otorguen beneficios siempre que el Estado pueda controlar que realmente se hace una actividad de carácter sustantivo".
Acerca de la advertencia sobre el principio de la fuente, el profesor de la ORT explicó que en Uruguay puede darse que "tengas una sociedad local y ganes dinero afuera sin pagar impuestos, lo que puede provocar que las empresas quieran migrar parte de sus activos para aprovechar eso".
La OCDE señaló que "las jurisdicciones cuyos regímenes tengan características dañinas" deberán ajustar su normativa "a más tardar en octubre de 2018". Birnbaum subrayó que la revisión "no tiene ninguna base jurídica ni implica que Uruguay deba hacer lo que le dicen", pero es una decisión alinearse con los estándares de transparencia.
Normas BEPS.
El plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión y erosión fiscal empresarial) fue elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y aprobado en 2013. Incluye 15 acciones para luchar contra la planificación impositiva que realizan las multinacionales.
Economía consensuó artículos con las empresas.
La Comisión de Hacienda de Diputados tiene bajo estudio dos proyectos de ley vinculados a las zonas francas: uno ya aprobado en el Senado con un conjunto de cambios a la normativa vigente y siete artículos que fueron desglosados de la Rendición de Cuentas. El primero de los textos lleva varios meses de debate en el Parlamento y ayer asistieron para brindar su postura las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Allí presentaron un sustitutivo para el artículo 9 del proyecto que llegó con consenso político desde la Cámara Alta porque insisten que hay riesgo de evasión al habilitar a las zonas francas del interior a tener oficinas en Montevideo. El diputado blanco, Jorge Gandini, informó a El País que la nueva redacción "le busca una vuelta, pero en los hechos impide (abrir locaciones en la capital) porque (el MEF) sostiene que eso arriesga que la OCDE tenga una visión negativa sobre todo el régimen de zonas francas". Añadió que el Partido Nacional respetará el acuerdo alcanzando en el Senado y no votará el sustitutivo, restando saber qué hará el oficialismo, donde ya hubo discrepancias entre el astorismo y el resto de los sectores acerca de este tema.
Respecto a los demás artículos en análisis y tras las quejas planteadas por la Cámara de Zonas Francas (CZFU) en el Parlamento, hubo una negociación con el MEF que derivó en que se elimine el artículo 260 —la CZFU había advertido que podría afectar el e-commerce— y se presente una redacción de consenso para el artículo 257 —considerado inconstitucional según un informe del constitucionalista Martín Risso, ya que vulnera derechos adquiridos. Sobre esto último, Gandini señaló que el nuevo texto "relativiza" la medida original que permitía reducir el plazo de autorización a una zona franca cuando se constatara que no contribuía a los objetivos planteados en la ley que creó el régimen promocional. El legislador dijo que espera que ambas iniciativas sean votadas en la Comisión a principios de noviembre para luego ser tratadas en el Plenario.
La normativa bajo la lupa de OCDE:
RÉGIMEN GLOBAL
La OCDE pretende que las empresas que accedan a los regímenes especiales tengan sustancia (una actividad real). La normativa local se va a modificar en ese sentido y otorgará beneficios siempre que el Estado pueda corroborar que se realiza una actividad sustancial.
SOFTWARE
Desde 2018 se otorgarán exenciones fiscales a los servicios de software aplicando una regla de proporción en función de los gastos de la empresa para generar los activos. Hasta ahora no se exigía que el software fuera producido en Uruguay.
LEY DE INVERSIONES
Aunque está fuera del ámbito del informe, la OCDE advierte por la Ley de Inversiones y el principio de la fuente para gravar las rentas. Ambas modalidades podrían ser aprovechadas por las firmas multinacionales para erosionar su base fiscal en otros países.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
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4) Vázquez apura TLC con Chile y FA se reúne con Nin Novoa
(El País)
Mesa Política fijará el viernes posición sobre el tratado que hace siete meses está a estudio del Parlamento.
El presidente Tabaré Vázquez envió un mensaje a la bancada oficialista: quiere que se apruebe cuanto antes el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. En medio de divisiones internas sobre el proyecto que está hace meses a estudio del Parlamento, el canciller Rodolfo Nin Novoa contestará preguntas sobre él en el Secretariado del Frente Amplio.
El tema genera rispideces internas, pero a pesar de las diferencias la definición es inminente. El viernes la Mesa Política deberá tratar dos informes que se elaboran en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa). Uno a favor del acuerdo elaborado por el Frente Líber Seregni y otro en contra en el que están trabajando Casa Grande (sector de la senadora Constanza Moreira) y el Partido Comunista.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) está esperando dos informes técnicos para fijar una posición, dijeron fuentes del grupo. La definición que asuma es fundamental, dado que es el que inclina la balanza dentro de la coalición por tener la mayoría de legisladores. Durante el primer gobierno de Vázquez, el sector de José Mujica se opuso a la firma del TLC con Estados Unidos
Al igual que el MPP, el Partido Socialista no resolvió si apoyará o no al TLC. El ala ortodoxa se inclina por no apoyar la iniciativa, ya que así lo ha dejado en claro el diputado Roberto Chiazzaro: “No veo que a Uruguay le reporte beneficios el firmar este tipo de acuerdos”.
El Tratado de Libre Comercio con Chile fue firmado entre ambos gobiernos involucrados en 2016, pero requiere la aprobación legislativa para ratificarse. El Parlamento no puede hacer modificaciones, solo aceptar o rechazar la iniciativa.
La única forma que no se apruebe es que el Frente Amplio en bloque se niegue, algo que parece poco probable dado que se espera que Lucía Topolansky termine de alinear a su bancada ahora que juega un rol clave de articuladora como vicepresidente. Si algún grupo de la coalición no da su voto, igualmente se podría sancionar con el respaldo de los partidos de la oposición.
Las preguntas a Nin.
En paralelo al debate por el TLC con Chile, el Frente Amplio recibirá al canciller el próximo lunes 23. Nin Novoa pidió para la ocasión que le eleven las preguntas por escrito para preparar las diferentes respuestas con anticipación, dijeron fuentes políticas.
Obviamente el TLC con Chile será uno de los temas centrales en el encuentro, pero también se abordarán otras diferencias con la gestión del canciller. En la lista está el posicionamiento asumido con respecto a Venezuela, ya que Uruguay votó en Mendoza la suspensión del país caribeño del Mercosur.
Las declaraciones del canciller sobre la intención de Cataluña de independizarse tampoco conforman a la coalición de izquierda. “La Constitución española establece que España es una única unidad política indivisible”, sostuvo el canciller en rueda de prensa. Sus palabras cayeron mal en una interna donde hay diferentes opiniones sobre el tema. El MPP fue uno de los sectores que respaldó el plebiscito en Cataluña al manifestar su preocupación por “el uso de medidas en contra del pueblo catalán, así como sus organizaciones sociales y políticas”.
El choque del canciller con el oficialismo se produjo casi inmediatamente a su asunción. Más de una vez se lo acusó de aplicar una política de regionalismo abierto por fuera de lo establecido en el programa de gobierno. Algo que enfáticamente Nin Novoa negó leyendo textuales del documento consensuado.
A su vez dos nombramientos de embajadores que iba a realizar Nin Novoa fracasaron por la oposición oficialista. Es el caso del exvicepresidente Luis Hierro López en Perú y Carlos Barros en Venezuela.
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5) La invasión de la rana toro en Uruguay, "una estupidez gigante" de la mano del Estado
Martín Otheguy (Montevideo Portal)
En el año 1987, casi una veintena de granjas introdujeron en el Uruguay la rana toro, incentivadas por el propio Estado a raíz de una experiencia similar que se llevaba a cabo en Brasil. La motivación era la oportunidad de negocios que brindaba criar y vender las ancas de rana al exterior. "Luego de esto, Uruguay siguió introduciendo especies categorizadas como las más peligrosas del mundo", dijo a Montevideo Portal el biólogo Gabriel Laufer, que combate la invasión de la rana toro en Aceguá.
Varios expertos advirtieron entonces que la Lithobates catesbeianus es una de las especies invasoras más dañinas del mundo, por su gran capacidad para prosperar y desplazar anfibios nativos, lo que la convertía en un riesgo serio de no controlarse estas poblaciones (como lo indica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Sin embargo, el plan siguió adelante y tuvo consecuencias negativas, y no solamente ambientales. Económicamente el proyecto fue un fracaso, los criaderos cerraron y las ranas, liberadas, comenzaron a expandirse en unos pocos puntos. "Podríamos haberlo evitado simplemente con alguien que supiera de negocios, no se precisaba un biólogo", dijo a Montevideo Portal el biólogo Gabriel Laufer.
Laufer fue uno de los primeros en advertir los problemas de la presencia de la rana toro en el país, ya en el 2005. En el 2008, en una publicación realizada junto a Andrés Canavero, Diego Núñez y Raúl Maneyro, recomendaba tomar medidas para evitar su expansión, luego de comprobar que en los alrededores de uno de los criaderos cerrados (en Rincón de Pando) había ejemplares en estado salvaje, reducidos a uno o dos estanques. En la última década, Laufer siguió investigando, publicó otros trabajos junto a sus colegas y pidió a la Dirección Nacional de Medio Ambiente que tomara medidas, tras comprobar que el animal prosperaba en zonas de Canelones, Soriano y Cerro Largo. En el caso de Canelones y Soriano no volvieron a registrarse ejemplares, aunque según el biólogo pueden persistir en densidad muy baja.
El problema central con la rana toro no es que muerda al ganado o a los humanos, como se difundió incorrectamente en los últimos días, sino el daño que ocasiona a nivel ambiental, al desplazar a muchas especies nativas en su rol de depredadora y competidora. No sólo comparte la dieta con anfibios nativos, sino que también actúa como reservorio del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que causa una enfermedad que ha sido asociada a una mortandad importante en anfibios, al menos en países como Costa Rica y Australia (en Uruguay aún no hay estudios específicos).
Este año, el biólogo publicó junto a sus colegas Noelia Gobel, Claudio Borteiro, Álvaro Soutullo, Claudio Martínez Dabat y Rafael O de Sá un nuevo artículo en la revista Biological Invasions en el que hace una actualización del estado de la invasión de esta especie. Destaca especialmente la situación en Aceguá (Cerro Largo), donde la rana toro continúa expandiéndose, y revela que se detectó algún ejemplar suelto incluso en Montevideo (nada menos que dentro del propio Instituto Clemente Estable, probablemente al "escaparse" de manos de los científicos). Aunque pasaron 30 años de la introducción de esta especie, aún estamos a tiempo de controlarla o erradicarla, advierte Laufer. Y de hecho, es a lo que se está dedicando actualmente.
Escape en Aceguá
En los últimos días se difundió en medios la situación de Aceguá, luego de que el Comité de Emergencias de Cerro Largo anunciara que "se mantiene alerta ante una posible invasión de las ranas toro, luego de que varios ejemplares se escaparan de la planta de una empresa que se dedicaba a su comercialización". La situación, en realidad, no es nueva ni los ejemplares se acaban de escapar, explicó Laufer a Montevideo Portal. La posible invasión es una realidad y la Dinama, ahora, tuvo una apertura mayor para encarar el problema, lo que también colaboró en la difusión del fenómeno.
En Aceguá, la rana toro fue detectada en 23 cuerpos de agua permanentes. "Básicamente la idea es pescarlas, sacarlas de ahí, y sacrificar adultos y renacuajos. En algunos casos, se puede hacer un secado temporal y drenar el agua para controlar la expansión", dijo el biólogo.
En estos casos no hay lugar para romanticismo, considerando los riesgos que implica para la conservación de la biodiversidad nativa. "Cuando hay una invasión biológica en esta fase, se usa la fuerza bruta y se da un buen golpe al problema. Con una invasión más expandida hay que ver qué técnicas se usan", aclaró el biólogo. En Aceguá, los biólogos no sólo han dado charlas en la escuela y la UTU, en colaboración cercana con la alcaldía y la Comisión de Cultura, sino que también instan a la población a cazar y comer estas ranas, a fin de evitar su propagación. "Son absolutamente dóciles. No muerden ni tienen comportamiento agresivo", aclaró el especialista.
Laufer aclaró que las invasiones de especies exóticas suelen tener una fase en la que quedan estables y luego se empiezan a expandir. En el caso de Aceguá, esta "estabilidad" se quebró a partir del 2012. Si bien ya no hay criaderos abiertos de ranas toro en Uruguay, Laufer dijo que en otro punto sensible, como San Carlos (Maldonado), pueden quedar algunos ejemplares en forma privada.
En el artículo de Biological invasions, los autores recuerdan que el hecho de que estemos en una etapa temprana de la invasión en áreas restringidas (menos de 6 kilómetros cuadrados en Aceguá y un kilómetro cuadrado en San Carlos) "proporciona una oportunidad única para una erradicación exitosa".
Ahora y siempre contra el invasor
¿Cómo fue posible que el propio Estado, ya no sólo emprendedores privados, fomentara la introducción de un animal que podía convertirse en un problema?
"El argumento era que la especie no tenía una afinidad climática con Uruguay, lo que era incorrecto incluso con la información que se tenía. Es una especie muy usada en producción y como modelo de investigación y se conoce bien, ya había estudios. En realidad el clima acá era óptimo para las ranas", explicó Laufer. Es decir, la información necesaria ya estaba disponible en el país en 1987, pero se decidió seguir adelante. "Después de eso, Uruguay siguió introduciendo especies categorizadas como las más peligrosas del mundo. El visón para pieles, por ejemplo, o la tilapia, un pez que se convierte en plaga", señaló el biólogo.
La decisión no sólo enojó a los especialistas sino a los criadores, por el fracaso económico que representó. "Lo mismo ocurrió con la tilapia y el visón. Es diferente con el esturión, que puede convertirse en un problema pero al menos hay beneficios económicos. En estos otros casos, en que se introdujo especies peligrosas sin beneficios, fue una estupidez gigante ", sentenció Laufer.
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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