1) Dueños de Inmobiliaria Kosak venden un obelisco de US$ 1,5 millones a la Intendencia
2) Ministerio del Interior trasladará al INR a sus policías denunciados por violencia de género
3) Guatemala, 20 años después de los acuerdos de paz / Sergio Ferrari
–
COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1799 – jueves 30.03.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
1) DUEÑOS DE INMOBILIARIA KOSAK VENDEN UN OBELISCO DE US$ 1,5 MILLONES A LA INTENDENCIA
Los hermanos Kosak Satorski se quedan con el 50 por ciento y la otra mitad es para la gerenta general del hotel Regency Golf, Ilana Gateño, en una operación de pasaje de manos de 48 horas
Sudestada 30/03/2017
Aunque la autenticidad de la frase que se atribuye al filósofo romano Marco Tulio Cicerón esté en discusión, el agente inmobiliario, Isidoro Kosak, comparte este pensamiento (al menos en sus cuentas de Twitter y Facebook):
“El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada” y entre otras cosas la “gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.
De ser verdadera, la reflexión es difundida en las redes como del año 55 antes de Cristo. Es decir que 2067 años después goza de vigencia, y más que nunca de actualidad, si se traslada el concepto al presupuesto, tesoro, deuda pública y actitud de funcionarios de la Intendencia de Montevideo, y de algunos empresarios y empresaria que han aprendido cómo hacer un negocio excepcional con el gobierno departamental, pero a costas del contribuyente.
Por resolución de la Intendencia (801/17 de16/2/2017) se adjudicó la Licitación Pública Nº 318045/1 “aceptando la oferta presentada por los señores Ilana Esther Gateño Aljanati, Roberto Kosak Satorski e Isidoro Kosak Satorski”.
Así, estos tres empresarios le vendieron al gobierno encabezado por Daniel Martínez un inmueble del barrio Brazo Oriental por la suma de un millón 490 mil dólares, cuando 48 horas antes del cierre de la licitación lo habían comprado por 750 mil dólares.
La resolución firmada por el intendente –a la que accedió Sudestada– establece la “participación de cada una de las personas físicas oferentes”: 50% para Ilana Esther Gateño Aljanati, 25% para Roberto Kosak Satorski y 25% para Isidoro Kosak Satorski, de quienes consta inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado.
Los hermanos Kosak Satorski son dueños de la Inmobiliaria Kosak, que dice tener por misión-visión “ser una herramienta dinamizadora del mercado inmobiliario uruguayo” y “colaborar con el desarrollo económico del país contribuyendo al bienestar y satisfacción de sus ciudadanos”.
Sudestada. Periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1799- 30/03/2017
__________
2) MINISTERIO DEL INTERIOR TRASLADARÁ AL INR A SUS POLICÍAS DENUNCIADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Santiago Sánchez / 30.03.2017
La decisión del Ministerio del Interior (MI) de determinar el “pase en comisión” de sus funcionarios policiales al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que sean presuntos “ofensores de violencia doméstica y/o de género” no acumuló muchas simpatías.
La resolución fue firmada el 24 de marzo, y dice basarse en el “protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género en el ámbito del Ministerio del Interior”. Según establece, en los casos en que se aplica este protocolo, “al presunto ofensor funcionario policial del Subescalafón Ejecutivo” se le retirará “en forma preventiva el arma de reglamento” y también se concretará “su pase en comisión al INR, a efectos de que le sean asignadas tareas propias de dicho
Subescalafón compatibles con su situación”. La resolución incluso dispone que las jefaturas y direcciones remitan a la Dirección General de Secretaría de la cartera la lista de efectivos que se encuentran actualmente en la situación antedicha, “a los efectos de la realización de la resolución correspondiente”.
“Cuando nos llegó la notificación pensamos que era inventado. Nos descolocó”, describió Patricia Rodríguez, de la Unión de Sindicatos Policiales. La resolución, sostuvo, “no tiene asidero” y “es mala por muchos motivos”, entre otros, porque “no se pensó en sus consecuencias”. “Supongo que se deben estar dando cuenta de que es inviable: no todos los casos de violencia doméstica están comprobados, pero además el protocolo se le aplica tanto a la víctima como al victimario, por lo que la resolución debería haber exceptuado a las víctimas, [a las] que ahora les estamos dando el mensaje de que no denuncien porque, si no, se irán a trabajar al INR”.
Asimismo, Rodríguez consideró que la sanción impone el trabajo del INR “como castigo”, por lo que “desvaloriza la tarea del guardia de las cárceles”. “Además, a los trabajadores de la cárcel les mandás un tipo con problemas y vamos a terminar promoviendo más problemas a una institución que ya los tiene, además del eventual conflicto que ya puede tener con las demás personas que trabajan allí y con los propios internos”.
Por último, Rodríguez cuestionó que existen muchos tipos de efectivos dentro del MI, como bomberos o integrantes de la Policía de Tránsito, y se preguntó si todos los denunciados irán a parar igualmente al INR. Según la dirigente, “o quieren bajar las tasas de violencia doméstica incentivando que no se denuncie [dentro del MI], o se quiere aprovechar esa gente para cubrir las carencias de las cárceles; pero la realidad es que, en vez de poner énfasis en la Guardia Republicana, deberían haberlo hecho en el sistema carcelario, que se cae a pedazos”.
Por su parte, el abogado del sindicato, el ex diputado colorado Washington Abdala, dijo que estos funcionarios “no van a estar preparados psicológica y cognitivamente” para trabajar en una institución como el INR, y que en muchos casos tampoco tiene sentido que los propios policías que estuvieron persiguiendo delincuentes vayan a parar con los mismos que tuvieron que detener anteriormente. “Creo que hubo buena voluntad, pero torpeza jurídica y poca reflexión de fondo. Quiero creer que lo van a enmendar. Es una solución escalofriante”.
Por su parte, Mauro Tomassini, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), dijo que debería existir un “abordaje diferente”. “Todo lo que funciona mal en el MI lo mandan a las cárceles, siempre fue así”, afirmó. Agregó que por más que este tipo de funcionarios fueran designados a tareas administrativas dentro de las cárceles, en esos casos “tendrían que ser personas con determinadas características técnicas, y esto no sería lo más deseable”. Según dijo, el tema parece abordarse como un “castigo solapado”.
Respuesta ministerial
El actual director del INR, Gonzalo Larrosa, se excusó de hacer declaraciones. Consultado por la diaria respecto del tipo de perfil ideal para una institución como el INR, dijo que aún no podía responder esa pregunta porque se encuentra “trabajando en esa área”. El que dio la cara por la decisión fue el director general de secretaría del MI, Charles Carrera, quien dijo que la resolución se tomó “por razones de servicio” y que obedece a un “criterio de buen manejo de recursos humanos”. Según informó, existen unos “500 funcionarios a nivel nacional” que han recibido denuncias, y -si bien se les retira el arma- es necesario igualmente darles alguna función. “Entonces definimos que vayan a prestar servicios al INR que sean compatibles con su situación”, explicó.
Carrera, además, sostuvo que esta solución laboral transitoria permite darles un ingreso para compensar la pérdida de la partida que se les paga por tener su arma.
“Mientras se desencadena el procedimiento, lo que estamos haciendo nosotros es, por un criterio de buen manejo de recursos humanos, darles una función a estas personas que necesitamos”, explicó el jerarca.
También aseguró que en un establecimiento carcelario “hay muchas funciones que puede realizar un funcionario que sean compatibles con su situación”. Y aunque “no van a trabajar en la rehabilitación directa porque no tienen las capacidades para eso, sí pueden desarrollar otras tareas, como hacer vigilancia en el patio o los repartos en las habitaciones. ¿Qué dificultad puede haber en vigilar cuando los internos están haciendo patio o tomando sol? ¿Qué menoscabo hay para la persona privada de libertad o para el funcionario?”, se preguntó.
Carrera también desmintió lo dicho por Rodríguez respecto de que el procedimiento de violencia doméstica o de género se aplicaría en este caso tanto para la víctima como para el victimario, y dijo que la resolución sólo será válida para estos últimos. Lo que sí admitió es que dentro del subescalafón ejecutivo se incluye a efectivos de varios tipos, como los policías de tránsito o los bomberos, que en caso de recibir denuncias de violencia doméstica o de género también deberán engrosar las filas del INR.
Santiago Sánchez / La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1799- 30/03/2017
__________
3) GUATEMALA, 20 AÑOS DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ
“Las restricciones migratorias de USA aumentan la conflictividad social centroamericana”
Entrevista con el Obispo Álvaro Ramazzini
Por Sergio Ferrari*
La nueva recomposición geopolítica internacional a partir de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca no deja a nadie indiferente. Mucho menos en América Central, región que vive una estrecha dependencia económica, comercial, financiera y migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica. “Si siguen cerrando las fronteras aumentará la conflictividad social en toda nuestra zona” enfatiza Álvaro Ramazzini, Obispo católico romano de la diócesis de Huehuetenango en el oeste de Guatemala, fronterizo con México y hábitat de varios pueblos-idiomas originarios. A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre del 2016) entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla de ese país – que cerró una guerra interna de 36 años-, la hora del balance es oportuna. Aunque la frustración ocupa parte del escenario nacional, aparecen algunas señales de esperanza en una realidad muy compleja para una gran parte de la población que se confronta con la pobreza e incluso el hambre, explica Monseñor Ramazzini, invitado a Suiza por la Guatemalanetz, Acción de Cuaresma de los católicos suizos y Pan para el Prójimo.
P: ¿Cuál es la realidad cotidiana en su diócesis, en un departamento como el de Huehuetenango con determinante presencia indígena, campesina y explotación minera multinacional?
AR: Constatamos la existencia de mucha pobreza y de una lucha diaria por la sobrevivencia. Si se recuerda que el año pasado hubo muy escasas lluvias y se perdió una parte de las cosechas – en particular de maíz, producto esencial de la dieta diaria-, existe incluso mucha gente que pasa hambre. Lo que motiva el sueño creciente de emigrar hacia el norte como salida de escape a la difícil realidad cotidiana.
P: El sueño de emigrar, justo en un momento en que, especialmente, a partir de las nuevas medidas del Gobierno de Donald Trump, se construyen muros para frenar, principalmente, la inmigración desde México y de Centroamérica, e incluso se intensifican las deportaciones…
R: Si el Señor Trump cumple con lo que ha anticipado a nivel migratorio, puede ser dramático para Guatemala. Hay que pensar que en el 2016 las remesas enviadas por los inmigrantes guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos reportaron más de 6.400 millones de dólares (ndr: más de 7 mil millones según datos oficiales). Si el país no ha colapsado es en gran parte gracias a esos ingresos. Si se reducen, cortan, o se le aplican los impuestos en discusión, las consecuencias serán nefastas. Nuestra situación social actual – si se une a la de El Salvador, Honduras y a la México-, puede incluso anticipar nuevos focos de conflictos civiles. Tal vez tengo una mirada muy pesimista, pero las señales actuales no son buenas y el cierre migratorio tendrá consecuencias impensadas.
P: ¿Una región inviable?
R: La iglesia católica guatemalteca y también a nivel regional lo estamos advirtiendo porque las señales son muchas y preocupantes Mi país exige cambios económicos y del sistema de justicia inmediatos. No se ve que ni el poder ejecutivo ni los congresistas (poder legislativo) den respuestas a estas prioridades y exigencias.
P: En diciembre 2016 se celebraron los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna de casi cuatro décadas, con un saldo de un saldo de al menos 200 mil muertos, medio millón de exiliados etc. ¿Cuál es su balance del cumplimiento de esos Acuerdos, si se analiza la coyuntura actual?
R: Estamos viviendo un momento de mucha pena y tristeza. Incluso con algunas señales casi peores que durante el mismo conflicto: mucha violencia; tasa de homicidios altísima; un país que sufre la presión de las maras (bandas juveniles violentas), como sucede también en El Salvador y Honduras. Y un Estado muy debilitado. Pienso que no se cumplió ni un 25 % de lo previsto en los Acuerdos. Hay muchos factores que pueden explicarlo. Uno de ellos es que el empresariado solo participó en la negociación como observador. Y no podemos olvidar que el poder político está dominado por el económico.
P: Volvamos a la situación actual…
R: Nos referimos a un presente sumamente complejo. Todo este modelo de globalización, que crea en mi país niveles crecientes de desempleo; sin oportunidades reales para una gran parte de la juventud; con un énfasis total en el modelo agroexportador de ciertos productos agrícolas, como el azúcar, bananos, café etc. Con agriculturas intensivas que no resuelven el problema de la pobreza. A lo que se le agrega un Estado sumamente debilitado; la corrupción creciente y el aumento del crimen organizado ligado a la droga -incluso en tanto productores de amapola en algunas regiones como San Marcos-, determinan un panorama difícil. Los Acuerdos intentaban, parcialmente, replantear el modelo económico, que no se pudo reformar.
P: ¿Una gran frustración?
R: Para una mayoría sí. Para ciertos grupos campesinos organizados, como las comunidades en resistencia o los que lucharon para el acceso a la tierra, ha sido más positivo, Debido a fuertes movilizaciones sociales lograron la condonación de la deuda que tenían con el Fondo de Tierras. Pero no se logró reestructurar dicho Fondo. Para el gran empresariado estas décadas han sido buenas. Especialmente para el sector azucarero: Guatemala es el cuarto productor mundial de ese producto.
P: ¿A pesar de la complejidad, existen señales de esperanza?
R: Varias. La primera, la creación de un nuevo partido político con participación de movimientos y organizaciones sociales, que compitió en las últimas elecciones. Si bien los resultados fueron negativos, puede tener perspectivas de cara a las próximas elecciones si se hacen correcciones y se renueva la dirigencia. Otro elemento importante, la reivindicación del territorio por parte de las comunidades indígenas. Aunque debemos orientarlas para evitar divisiones y cualquier discurso violento. Otro elemento importante: una preocupación creciente del empresariado por la situación del país. Nos reunimos hace tres meses con la dirigencia del CACIF (central empresarial) y sentimos una preocupación por lo que se vive en Guatemala y apertura al diálogo social. No menos importantes el proceso de investigaciones en curso promovidos por el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Aunque se debe actuar con un gran criterio para evitar posibles excesos.
P: ¿Cuál es la posición de la Conferencia Episcopal?
R: Mantenemos nuestra actitud de denuncia y de invitación al diálogo entre todos los sectores. Nos proponemos como puentes de comunicación, mediadores, para fomentar los encuentros. Estamos siempre en las luchas para acompañar al pueblo. Tratando de reorientar a aquellos que hablan de violencia. Y nos sentimos, en esta etapa, reforzados y en sintonía con el Papa Francisco. Lo que él piensa y dice es lo que siempre hemos pensado nosotros y una gran parte de la Iglesia latinoamericana. Lo importante es que ahora ese pensamiento se hace público y es común para la Iglesia universal.
P: ¿Qué espera en esta etapa de la comunidad internacional? ¿Qué tipo de solidaridad?
R: Hay un aspecto central. Me refiero a todo el aporte desde Suiza y desde Europa, para que avancen las nuevas normas de respeto de derechos humanos y ambientales de las empresas multinacionales que operan en nuestros países. Es un tema debatido y promovido desde el 2011 por las Naciones Unidas. Esto es muy importante, porque las empresas dicen que ellas son socialmente responsables porque construyen una clínica o dan trabajo. Pero eso es insuficiente. Hay que promover una perspectiva diferente y es muy esperanzador los planteos que buscan el bien común planetario. Si la sociedad civil sigue comprometida en este sentido y los gobiernos europeos asumen estos principios, le dará mucha fuerza a una visión más solidaria con nuestros pueblos.
Otro tema esencial es la apertura hacia los migrantes, los refugiados. Claro que a Suiza no llegan tantos emigrantes de mi región sino de otros países. Pero no importa. No deben tener miedo por el bienestar en tanto naciones ricas. La caridad y la solidaridad deben prevalecer a la insensibilidad propia de un modelo de globalización que promueve la indiferencia egoísta y el individualismo extremo.
* Sergio Ferrari en colaboración con Swissinfo y Le Courrier
COMCOSUR INFORMA Nº 1799- 30/03/2017
__________
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: nuevo.comcosur.org/
Ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
—