1) Cuando enciende nuevas rebeldías. Duele la memoria. Duele, porque obliga.
2) Argentina: Trabajo Infantil: “Los niños y las niñas no están para trabajar, están para formarse”
3) Argentina: El Senado aprueba el cupo laboral travesti-trans
4) Argentina: Aprueban ley de equidad de género en los medios de comunicación
5) Brasil: País violento. A Marielle Franco la asesinaron con una subametralladora alemana
6) Gibraltar: Se despenaliza el aborto.
7) México: La Corte mexicana sin perspectiva de derechos de las mujeres y la niñez
8) Uruguay: Juzgados de violencia de género: SCJ envió anteproyecto de ley al Parlamento para postergarlos hasta julio de 2022
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 691 – Lunes 28 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) CUANDO ENCIENDE NUEVAS REBELDÍAS. DUELE LA MEMORIA. DUELE, PORQUE OBLIGA
El 25 de junio, casi en las vísperas del 48 aniversario del golpe de estado en Uruguay, murió José Nino Gavazzo, el paradigmático militar torturador y asesino que aterrorizó desde la impunidad a cientos y cientos de uruguayas y uruguayos durante la dictadura. Se llevó a la tumba con él la Verdad, pero aseguran siempre las ex presas que lo sufrieron que no habrá ni olvido ni perdón.
Reproducimos acá el prólogo de Claudia Korol, al libro Los ovillos de la memoria, publicado por ex presas políticas en 2006. NdeR: Cecilia Duffau /Comcosur Mujer
Los duelos de la memoria y la memoria de la rebeldía
¿Dónde vive la memoria? ¿Quién la muere? ¿Por qué nos duele? ¿Hasta cuándo el duelo? ¿Qué recuerda la memoria? ¿Cuánto olvida? ¿Quién la enciende? ¿Quién la apaga? ¿Cuánta memoria marcha un 27 de junio, un 11 de septiembre o un 24 de marzo por las calles? ¿Cuánta memoria se va de ferias? ¿Cuánta se levanta un monumento? ¿Cuánta memoria se vuelve mercancía? ¿Cuánta se disuelve en los despachos del poder?
Más de 30 años transcurrieron desde los golpes de estado que establecieron en el Cono Sur las dictaduras militares más feroces de nuestra historia. El terrorismo de Estado, con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y de complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía.
Si éste se estableció en nuestras tierras sobre la base del genocidio de la población originaria y de los pueblos afrodescendientes traídos como esclavos; si después fue necesaria una nueva «Conquista del Desierto», un Salsipuedes, para sentar las bases de la «modernización» realizada por la generación del 80; los artífices de estas últimas dictaduras, herederos muchos de ellos de aquella oligarquía «fundadora de la Nación», volvieron a recurrir al genocidio, para aplacar toda resistencia.
Llamaron «proceso de reorganización nacional», a lo que fue un nuevo momento de recolonización cultural, sostenido en una contrarrevolución preventiva, cuyos datos sobresalientes volvieron a ser el exterminio, la impunidad, el racismo, el crimen organizado.
Los golpes de estado en el Cono Sur, fueron parte de la política imperialista para América Latina, que tuvo como instrumento contrainsurgente el «Plan Cóndor». Se trataba de detener el proceso de ascenso de los movimientos revolucionarios que alentados por la revolución cubana y por otros hechos significativos del contexto internacional –triunfo sobre el fascismo, revolución china, mayo del 68, Vietnam–, desparramaban por América Latina la certeza de que el cambio no sólo era necesario, sino que también era posible.
La máquina de matar se puso en marcha para aplastar toda insurgencia. Se trataba no sólo de liquidar al pez, sino de dejarlo sin agua. Por eso el indiscriminado asesinato de hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Por eso los mecanismos del terror: la desaparición forzada de personas, los campos de concentración, la maquinaria de delaciones organizada para romper toda solidaridad. Por eso la guerra cultural, promoviendo el «sálvese quien pueda», y «el silencio es salud»; con la complicidad de periodistas que aún hoy infectan los medios de comunicación. Por eso el aliento a la traición, a la ruptura de los lazos de solidaridad, y la inoculación de la desconfianza.
El paso siguiente era la impunidad, basada en la desmemoria.
Pasaron treinta años. Vale la pena sacar algunas cuentas. La dictadura logró su cometido en varios sentidos: la desarticulación de las organizaciones revolucionarias de aquel momento, del sindicalismo de liberación, de las ligas agrarias, de un movimiento estudiantil combativo, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, y de numerosos movimientos populares que fueron diezmados, y desestructurados.
La pérdida más grande e imposible de nombrar sin sentir escalofríos: la ausencia de una generación de hombres y mujeres revolucionarios, generosos, dispuestos a cambiarse a sí mismos para cambiar al mundo, empeñados en la creación del «hombre nuevo» –ellos no se imaginaban la posibilidad de «la nueva mujer»–.
Y como consecuencia también de esta historia, la deserción de muchos sobrevivientes de aquella generación, que adaptaron la idea de «tomar el poder», a la de «acercarse al poder»; y cuando se acercaron, se quedaron gustosos. Ahora desde el poder, tratan a los que resisten de «inadaptados», «duros», «inmaduros», versiones diversas del «imberbes» de otros tiempos, y no vacilan en cercar la plaza cuantas veces se sienten amenazados.
La dictadura militar, fue la condición para que se estableciera en el país el capitalismo privatizador, «neoliberal», que destruyó la soberanía nacional, devastó los bienes de la naturaleza, extranjerizó la economía, destruyó identidades clasistas y populares, multiplicó el posibilismo, como justificación ideológica del «no se puede».
Ellos lograron bastante. Pero no nos derrotaron.
La derrota significa, en términos políticos, destruir la voluntad de resistencia. Y allí, es donde no pueden con nosotros Allí, precisamente allí, es donde se encuentra el valor de la terca, mágica, y rebelde memoria.
La memoria nos permite recordar que no hubo lugar del país, en el que no existieran gestos luminosos de resistencia.
Aún en las regiones más oscuras y sórdidas, en los campos de concentración, tenemos manos tendidas, gente destrozada por la tortura que no entrega a sus compañeros, hombres y mujeres que callan hasta olvidar, información que atraviesa las zonas de la «no existencia», denuncias que se filtran hasta comenzar a hacerse oír.
Aún en los lugares más duros, como las cárceles, hemos escuchado relatos de inmensa dignidad, de mujeres que desafiaban la condena al mundo monocolor, tejiendo telares con hilos de colores ingresados clandestinamente, de hombres que aprendían a leer y a escribir, para comunicarse con el mundo.
Aún en el lugar más insondable de la subjetividad, la de una madre que ve desaparecer a su hijo o hija en un cono de sombras, encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo y la quietud en marcha, que vuelve público lo privado socializando la maternidad, y alimentando la rebeldía. Aún en esos «años de alambradas culturales», como los llamó Julio Cortázar, hubo quien escribió, quien dijo su palabra, quien hizo su poema, quien cantó su canción, quien actuó a teatro abierto.
Hubo dignidad en la resistencia, coraje, amor, e incluso alegría. No es cierto que sea triste la lucha. Triste es cuando nos cansamos de luchar.
La resistencia engendró una memoria implacable y fértil. Hijos que escrachan a los genocidas. Jóvenes que miran a los ojos a sus abuelas, y desgarrándose el alma les dicen: «aquí estoy, soy el nieto que buscabas». Ex detenidos desaparecidos, ex presos y presas que no se refugian en la historia, sino que se empoderan de la memoria para luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy.
La memoria fértil tiene muchos colores, nombres, rostros.
Una no sabe si llorar o reír cuando ve marchar la memoria por las calles, y descubre tras cada cartel, de cada foto, a un amigo, a una compañera, a un ser querido que desapareció pero allí está, sin embargo, junto a nuestra caminata.
En estos días una siente que ellos te empujan, que te hablan al oído. Que te invitan a desempañar los vidrios de la melancolía, y a enarbolar los sueños de siempre. Los que sueñan los pueblos originarios: tierra y libertad. Miles de sueños segados de la superficie de nuestra utopía, que resistieron clandestinamente como raíces, como semillas, esperando el momento de florecer.
¿Para qué sirve la memoria? Para identificar a los enemigos de siempre. Para escracharlos en sus cuevas. Para que nadie se confunda. Para que cada cual sepa que ellos no actuaron solos. Que hay una cadena de complicidades, que abrieron las puertas de la impunidad. Sirve la memoria cuando no se vuelve complaciente. Cuando no se calla. Cuando no se rinde. Cuando no se olvida.
Cuando enciende nuevas rebeldías. Duele la memoria. Duele, porque obliga.
Claudia Korol /Argentina, 24 de marzo de 2006.
Los ovillos de la memoria /Editorial Senda /COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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2) ARGENTINA: TRABAJO INFANTIL: “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO ESTÁN PARA TRABAJAR, ESTÁN PARA FORMARSE”
Así se expresó María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), en el marco de la campaña “Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil”.
En el año internacional por la erradicación del trabajo infantil, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) participa de la campaña comunicacional “Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil”, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil.
En ese marco, María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), y Mariana Núñez, integrante de la mesa directiva de la organización, se refirieron, entre otros puntos, a cómo la pandemia afectó a lxs trabajadores del sector. También contaron acerca del rol que ocupa SACRA en la Mesa de trabajo doméstico que impulsa el Ministerio de Trabajo; a la valorización del trabajo en los últimos años, y a la importancia de políticas públicas que generen condiciones dignas que eviten que niños, niñas y adolescentes tengan que salir a trabajar.
–El sindicato de amas de casa forma parte de la mesa sobre trabajo doméstico que impulsa el Ministerio de Trabajo. ¿Qué rol les cabe?
María Colombo: Nuestro sindicato abarca a todas las mujeres argentinas porque atendemos nuestro propio hogar, y trabajamos para que nuestro trabajo sea considerado trabajo. Luchamos para que tengan los derechos de los trabajadores: salario, obra social, jubilación y sindicato.
En ese universo de mujeres hay mujeres que, además de ser amas de casa, trabajan fuera de su hogar, algunas en forma registrada, otras no.
Cuando se formó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fuimos invitadas como contraparte de las empleadas, y nosotras aceptamos porque, aunque no somos estrictamente empleadoras, pensamos que una parte de nuestra población objetivo es empleadora. Podíamos cumplir un rol beneficioso, tanto para las compañeras trabajadoras de casas particulares como para el conjunto social, al poner en valor que lo que se hace en el hogar es trabajo, sea que lo realice la empleada que cobra, el ama de casa, que no sólo no cobra, sino que no es considerada trabajadora.
–En esas mesas, ¿cómo es el diálogo con el sector sindical de las empleadas de casas particulares?
MC: Nosotras estamos ahí procurando generar un equilibrio entre la necesidad de que el sector de trabajadoras en casas particulares vaya ganando legalidad de su trabajo; porque hay otros trabajadores que hacen muchos más años que forman parte de comisiones paritarias, hay sindicatos muy poderosos que tienen un 70% inscripto y 30% no inscripto. En cambio, en el caso de las trabajadoras en casas particulares probablemente sea al revés se dice que dos de cada tres trabajadores en casa particulares todavía no están registradas.
Pero, al mismo tiempo, nosotras pensamos que debemos con legitimidad expresar a la familia que tienen que pagar el trabajo en casas particulares. La propia definición de ese trabajo que está en la ley y lo vemos. El trabajo en casas particulares no genera lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no gana un dinero porque alguien cocinó en tu casa o limpió, lavó la ropa, o cuidó a tus hijos.
Sin embargo, es evidente que abre la posibilidad para la familia que emplea hacer una actividad lucrativa. Por ejemplo, si una familia tiene una empleada doméstica y de pronto se les ocurre, ¿y si los sábados hacemos empanadas y vendemos? Lo hacen la empleadora y la empleada. La empleada tiene las condiciones para reclamar que en ese momento la están empleando para una tarea lucrativa.
Nosotros esperamos trabajar para que el conjunto social valore la tarea, cuidamos que las familias empleadoras puedan sentirse reflejadas en nuestra representación. Entonces, siempre estamos buscándolo ese equilibrio, pensando que las personas que emplean son ellos mismos empleados trabajadores que dependen de otras paritarias.
–¿Se avanza en la valorización del trabajo?
MC: Para nosotros lo que muestra el atraso en el debate es que la comisión casi no logra salir o darle la misma entidad al debate sobre otras cuestiones de la condición laboral. Teóricamente, la comisión no es sólo para las discusiones salariales, es para las condiciones laborales dentro de las cuales los salarios son una cuestión importantísima pero son una parte. Fuimos incluyendo zonas desfavorables, como la Patagonia, o lugares que están muy retirados.
Hace 3 años que discutimos la posibilidad de incorporar la antigüedad. Nos pusimos de acuerdo los dos sectores en aumentar a partir de 2013 un punto porcentual por año trabajado, que a nosotros nos parecía que era re importante porque ayuda a valorar el trabajo.
Nosotras no aceptamos de ninguna manera que se descuente en cuestiones que en otros trabajos se hacen como es el presentismo y la puntualidad; el cumplimiento y la puntualidad incitó a la tarea y si alguien no cumplió o no pudo llegar se debería poder considerar. La relación con el trabajador tiene que tener ese costado de comprensión de lo que nos pasa. Si vos estás cuidando un niño en una casa y a la parte empleadora la demoran en el trabajo vos no te irías, pero tampoco te irías si no tenés la llave para cerrar un taller.
En cada reunión planteamos que no hablemos sólo de salarios que hablemos de una campaña de registración; somos parte interesada en eso porque una campaña de registración es una campaña de valoración del trabajo y defendemos la palabra doméstico porque doméstico es el hogar
–¿Pensás que en la pandemia el ámbito del trabajo doméstico se resintió?
Mariana Núñez (MN): Nuestra organización en las distintas provincias recibe consultas; además tenemos una página web. El año pasado pudimos, en colaboración con OIT, hacer un proyecto para relevar justamente las consultas que estuvimos recibiendo tanto de empleadoras como de empleadas.
Efectivamente se plantea una tensión muy clara en la dificultad de las familias que habían perdido los ingresos, para sostener el salario de las empleadas domésticas. Fue un momento en que la familia en sí mismas estaban en tensión; la cotidianidad se centró dentro del hogar. El sindicato de amas de casa lo que le planteó al gobierno nacional fue la posibilidad de que así como se hizo un acompañamiento a las empresas para poder sostener los salarios de sus empleados, se ofreciera algo similar a la familia para poder sostener los salarios de las empleadas domésticas, teniendo en cuenta a su vez la imposibilidad de despedir del sector doméstico, imposibilitado de asistir aún cuando había mucha gente necesitada igual de asistencia. Según las estadísticas el 95% del empleo doméstico está en cabeza de mujeres.
–En la pandemia muchas mujeres salieron a hacer sus trabajos o a buscar otros. ¿Cómo impactó en los niños y niñas que a su vez estaban en las casas?
Para quienes eran trabajadores esenciales permitían que las empleadas fueran a su hogar; pero podría haber ocurrido que la empleada doméstica fuera una persona de riesgo y no concurriera, o que no tuviera la posibilidad de dejar el cuidado de sus hijos en su hogar… se producía la tensión.
Y en relación a los niños, se dio una situación de crisis. La mujer necesariamente tenía que salir a trabajar porque todas esas cuestiones de la cotidianidad se rompieron, todas las estrategias con que las familias resolvemos todos los días para la cotidianidad no estaban disponibles. Entonces, seguro hayan cambiado su situación en relación a los cuidados y se hayan transformado en niños cuidadores en vez niños cuidados.
¿Qué reflexión puede hacer sobre los límites entre aprendizaje del cuidado y trabajo infantil doméstico?
María Colombo: Históricamente, aunque muchas cosas se han perdido, los aprendices, los jóvenes aprendían mirando lo que sus mayores hacían. En esa división sexual del trabajo una mirada machista en parte todavía persiste; pero aún en esa división tajante, hablando de la relación de los niños con el trabajo, había una interesante oportunidad de formación en oficios y para las mujeres de aprender a llevar adelante un hogar.
Los niños y las niñas no están para trabajar, están para formarse. Pero al mismo tiempo parte de la formación de los chicos tiene que ser la responsabilidad y la importancia que el trabajo tiene en la vida de las personas y la familia. Si no hay trabajo las familias se desmoronan. El trabajo te da una relativa independencia en un mundo interdependiente. Entonces, les enseñas a tus hijos que tienen que poner la mesa, dejar el baño limpio cuando lo usan, no dejar ropa tirada y, al mismo tiempo, el adulto tiene que tener la responsabilidad de saber qué cosas puede hacer un chico y que cada cosa según su edad. Siempre con la razonabilidad de que la tarea tiene que estar de acuerdo a la edad y la madurez de la persona.
Se objeta que los hermanos, y principalmente las hermanas, ayuden en las crianzas de sus hermanas o hermanos menores. Sin embargo, también una piensa que lo mejor que aprendemos lo aprendemos de lo que vemos, por lo tanto las hermanas mayores son ejemplo de formación para sus hermanos menores.
Ahora, si vos decís que hay una niña de 9 años está a cargo de un bebé, el Estado y las organizaciones que tiene esa comunidad están faltando en estar presentes.
–¿Qué políticas puede ejecutar el Estado para evitar que esos niños o niñas queden a cargo? ¿Políticas como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia?
MC: Me parece importante la mirada del Estado en este reconocimiento de que para muchas familias el trabajo doméstico es una alternativa.
La Asignación Universal por Hijo, aunque no es universal, amplió a los sectores populares en condiciones más vulnerables. Permitió que participaran de un derecho que las familias argentinas tienen desde hace varias décadas, al tener un recurso extra para atender las necesidades básicas. Es un derecho que administran los adultos pero que proviene del hecho de que haya niños a los cuales cuidar.
Eso es extraordinario porque amplió a 4 millones de chicos, que son como el 10% de la población. Lo más extraordinario que la presidenta en ese momento, Cristina Fernández, hizo que la AUH fuera percibida por la madre porque todavía hoy estamos lidiando con el hecho de que hay familias en las que uno de los padres, generalmente no la mujer, no cumplen con las obligaciones alimentarias que tiene legalmente con respecto a sus hijos.
1.900.000 mujeres pudieron tener un cierto monto que, aunque no será mucho, permite ordenar la administración de la casa. El IFE, en cambio, en la situación de emergencia es un recurso de extra.
–¿Cuánto hemos avanzado en reconocimiento del trabajo de cuidado?
MC: Las primeras medidas sobre el trabajo doméstico se toman con Eva Perón. Se aprobó la ley Delia Parodi para que el trabajo doméstico estuviera regulado. Con la dictadura del ’55 se suspendió esa ley. Luego, del ’55 al 2013, tomó 58 años para que se pudiera aprobar algo.
En la lucha del movimiento de mujeres un registro de deudores alimentarios no es una política para las mujeres, es una política para una sociedad. Es más importante que vos le debas a tus hijos a que le debas a Frávega. Sin embargo, si te atrasas con las cuotas en una tarjeta de crédito en Frávega te van a poner en el veraz sin ninguna duda.
–¿Es necesario mayor control?
Más que un control necesitamos trabajar un compromiso de la sociedad. Por un lado, lo del trabajo decente cumple un papel porque cuando empieza a haber trabajo decente mejora la inscripción. Cuando hay oportunidades laborales, mejora la proporción entre trabajo registrado y no registrado. También en relación al empleado doméstico, lo que nos falta para conformar una sociedad con justicia social. No es cuestión de ir a controlar si una familia deja la hija de 9 años a cargo del niñito de 2; es cuestión de generar las condiciones para que ninguna familia tenga que hacerlo.
*FARCO es parte de la campaña Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil, de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil
COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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3) ARGENTINA: EL SENADO APRUEBA EL CUPO LABORAL TRAVESTI-TRANS
El cupo laboral travesti-trans ya es ley en Argentina. Por amplia mayoría, el Senado de la Nación aprobó la norma, una de las más urgentes demandas del colectivo travesti- trans, que lleva el nombre de dos de sus históricas referentes: Diana Sacayán y Lohana Berkins. Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo celebraron con emoción el nuevo avance en la ampliación de derechos en el país. La ley estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de “no discriminación” en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.
A las 18.30 de este jueves llegó a su fin el tratamiento en el Senado de la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’”. Tras la media sanción de Diputados y los años de lucha de las organizaciones militantes, el tablero de la Cámara Alta marcó 55 votos a favor, 1 en contra y seis abstenciones, y la norma quedó sancionada.
El debate comenzó a las 16, cuando tomó la palabra Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer y miembro informante del proyecto: “Tenemos la oportunidad como legisladores y legisladoras de revertir una realidad de discriminación y violencia a la que se ha sometido a las personas travestis, transexuales y transgénero”, expresó. La senadora agregó: “Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación”.
Antes del inicio de la sesión, cerca del mediodía, las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para exigir la sanción. “Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo”, expresó, una vez aprobada la norma, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
“Nos llena de emoción que la ley sea aprobada. Es un reconocimiento a una lucha histórica y a que nuestras vidas valen, que tenemos derecho a una ciudadanía plena, a elegir nuestros proyectos de vida y a desarrollarlos libremente”, dijo a Página 12 Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha, subrayó que “fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte”.
En concreto, la norma aprobada estipula, entre otros puntos, que el Estado nacional “comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado” tiene que destinar “una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”. El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans.
Página 12 / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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4) ARGENTINA: APRUEBAN LEY DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Argentina se convirtió en el primer país del mundo en legislar para avanzar en la paridad de géneros en el periodismo, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación. La nueva normativa tiene como objetivo fomentar la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual.
La ley fue elaborada en colaboración con distintos sectores como el colectivo Periodistas Argentinas y Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y estipula que en los medios públicos el principio de equidad será obligatorio en todos los sectores y en todos los estratos, desde trabajadores transitorios hasta los roles de dirección y toma de decisiones.
Por otra parte, en el sector privado se establecerá un régimen de promoción que tendrá en cuenta los siguientes criterios para el análisis de los avances en materia de equidad: procesos de selección de personal fundados en la equidad; políticas de inclusión laboral con perspectiva de género; capacitaciones en género y comunicación; acciones de apoyo a la distribución de las tareas de cuidado; disposición de salas de lactancia y guarderías; promoción del lenguaje inclusivo y creación de protocolos de prevención de la violencia laboral y de género.
La aprobación de la nueva Ley se alcanzó en la madrugada del viernes 11 de junio. La Federación Internacional de Periodistas, FIP, expresó su apoyo al Proyecto de Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación e hizo votos para que la normativa sea sancionada “para continuar avanzando en la construcción de una comunicación más plural, igualitaria e inclusiva”.
FIP / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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5) BRASIL: PAÍS VIOLENTO
A Marielle Franco la asesinaron con una subametralladora alemana
Jóvenes y gente de color, principales víctimas
Sergio Ferrari
Las imágenes del ejército y la policía operando a gran escala en las favelas son cada vez más frecuentes y viralizadas. El flash del asesinato a mansalva de la dirigente feminista Marielle Franco, en marzo del 2018, marca aún la cotidianeidad de los movimientos sociales brasileros.
Brasil es uno de los países más violentos del continente sudamericano. Latinoamérica, a la vez, es una de las regiones más violentas del mundo y acapara casi 1 de cada 2 víctimas – en realidad el 42 %- de los homicidios a escala planetaria, según datos de las Naciones Unidas de 2019.
La violencia en Brasil, además de fenómeno social, se expresa con ciertas particularidades. Por ejemplo, impactar principalmente a los jóvenes negros. Así lo destaca el informe Violencia armada, violencia policial y comercio de armas, elaborado por el Instituto brasilero Sou da Paz y las ONG Terre des hommes (Tierra de Hombres) de Alemania y de Suiza, difundido recientemente.
Según los investigadores, en 2019, Brasil alcanzó una tasa de 21.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien significa una baja con respecto a los datos del 2017, que fue un año pico, el impacto de la violencia sigue siendo muy alto. El estudio, por el momento solo publicado en alemán, analiza esas particularidades, presenta casos emblemáticos y articula conclusiones y recomendaciones dirigidas tanto al Estado brasilero como a la comunidad internacional, fuente de aprovisionamiento de una parte de las armas que circulan en el país. ( www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/polizeigewalt/ )
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe de julio de 2019, con datos actualizados hasta fines del 201, señalaba que países como Argentina, Uruguay, Perú, y Chile estaban en la parte baja de la tabla de porcentajes en Sudamérica. Y subrayaba que Brasil, entre 1991 y 2017, acumuló la cifra récord de 1.200.000 homicidios (www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html ).
Principales objetivos de la violencia
Los jóvenes y las personas negras son las principales víctimas de esta violencia. En 2019, el 79% de los homicidios que se produjeron corresponde a la franja etaria de 15 a 29 años. Ese mismo año, el 74% de las víctimas fue gente de color, ya sea negros o mestizos. El 99% son hombres.
Se muestra, también, de forma evidente, la responsabilidad institucional en esta violencia. El Anuario Brasilero de Seguridad Pública devela que una de cada diez muertes violentas -exactamente el 13 % de los casos- ha sido, en 2019, resultado de la intervención policial. En algunos Estados particularmente conflictivos, como Río de Janeiro, llega hasta el 30%. Tendencia en aumento, sin pausa, desde 2013 hasta la actualidad.
Más del 70% de los homicidios se produjeron con armas de fuego. Lo que conduce a los responsables del estudio a subrayar la importancia de analizar “las dinámicas internas de circulación de armas” en el país. Según el Foro Brasilero de Seguridad Pública se contabilizaron 106.000 armas incautadas por parte de los diferentes cuerpos policiales en 2019. En su mayoría: revólveres, pistolas y rifles. El 6% de las mismas proviene de diversos países europeos.
Dato fundamental del informe es la baja tasa de esclarecimiento de los homicidios en el país, que según el Instituto Sou da Paz puede representar solo el 11% de los casos en algunos Estados. Esta impunidad se ve alimentada por “discursos políticos populistas que relativizan o, incluso, incentivan al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, enfatiza el estudio difundido esta semana.
Impunidad, no investigación de los hechos, e incluso ocultamiento de pruebas, son algunas de las inquietudes que en estos últimos meses repiten diferentes representantes de la comunidad internacional.
En mayo, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su particular preocupación por la operación policial antinarcóticos en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). La ONU denunció entonces posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para impedir que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos.
«Hemos recibido informes preocupantes según los cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación de esta trágica y letal operación», señaló entonces Rupert Colville, portavoz de la institución. La ONU, pidió en ese momento, que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este hecho teniendo en cuenta las normas internacionales.
Al menos 25 personas –entre ellas un agente de la policía– perdieron la vida en esa operación, la más cruenta en la historia de Río de Janeiro. Según informaciones oficiales, la redada policial tuvo por blanco una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos. La favela es base del Comando Rojo, principal grupo de narcotraficantes de la ciudad.
La oficina de la ONU señaló que la operación confirma «una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados habitados predominante por población afrobrasileña”.
Mercado de armas en expansión
El Gobierno federal, aprovechando una etapa de cierta inestabilidad en la regulación del mercado de armas, publicó entre 2019-2020 veinte decretos sobre el tema. Los mismos facilitaron el aumento en un 65% de las armas registradas que llegaron a 1.100.000 de unidades. En ese periodo fue significativo el incremento de armas registradas por civiles, las que pasaron de 346.000 a 595.000. También aumentó en un 58% — de 351.000 a 556.000– el registro de los cazadores, coleccionistas o tiradores deportivos. Un tirador deportivo puede comprar hoy hasta 60 armas de fuego y 180 mil municiones por año en el país sudamericano.
Según el informe elaborado por el instituto brasilero y las ONG europeas, la situación es todavía más preocupante debido a que esa flexibilización en el registro se acompañó de “retrocesos en los mecanismos de fiscalización y control de circulación de armas y municiones y de los mecanismos para enfrentar el crimen organizado”.
No menos importante en el informe presentado la primera semana de junio es el análisis del “discurso autoritario” que se ha venido intensificando desde la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. El actual presidente afirmó en diversas ocasiones en su carrera política y en su campaña presidencial, que había que matar a los criminales, y relativizó prácticas como la tortura, señala el informe.
El “Paquete Anticrimen”, elaborado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, proponía ampliar la lista de circunstancias por las cuales los policías podían ser exentos de cualquier castigo por causa de una muerte. Sugería, incluso, reducir a la mitad las penas por uso excesivo de violencia policial en circunstancias de “sorpresa o violencia emocional”. La intensa movilización de la sociedad civil y de sectores parlamentarios contra esta propuesta determinó su rechazo legislativo. Sin embargo, en el Congreso Nacional, están en curso de debate iniciativas semejantes.
Responsabilidad internacional
Pública contabilizó en 2019 más de 106.000 armas en posesión ilegal recuperadas por las fuerzas de seguridad pública, lo que representa la cifra más baja de los últimos 3 años –en 2015 fueron 130.000. El informe de Sou da Paz y Terre des hommes subraya “que la presencia de armas extranjeras es relevante, en especial entre las de mayor potencia ofensiva como fusiles y subametralladoras”.
De las unidades secuestradas cuyo origen pudo ser individualizado – algo más de un tercio del total– las armas provenientes de Europa constituyen entre un 6 y un 7%. Las originarias de Estados Unidos representan el 5.3%. De Argentina llega el 1.9%.
Austria, con un 5.1% de las armas secuestradas que pudieron ser rastreadas, constituye el país europeo más proveedor. De Turquía llega el 1.7% y de Italia el 1.3%. Aunque con porcentajes menores, hay unidades provenientes de Alemania, República Chica, España, Bélgica, Montenegro, Rusia, Francia y Suiza.
El informe concluye con recomendaciones claras y exigentes. A los representantes extranjeros –gobiernos, empresas y organizaciones en general—les recuerda que la circulación de armas tiene un impacto directo en la cantidad de homicidios y en la violencia social. Lo que aumenta la violación del derecho a la vida, sobre todo en sectores específicos de la población: personas negras, adolescentes y jóvenes.
Por tal motivo Sou da Paz y las ONG Terre des hommes de Alemania y de Suiza, llaman a un mayor control de todo lo que se refiere al comercio internacional de armas que involucre a Brasil. Incorporando en toda transacción una profunda evaluación de riesgo y de los impactos negativos eventuales que podría conllevar esa actividad o negocio en el respeto de los derechos humanos.
Para matar a mansalva a Marielle Franco, dirigente feminista negra, referente LGBT y lideresa de la oposición, en marzo del 2018, en Río de Janeiro, el sicario usó una subametralladora alemana Heckler y Koch MP5. El homicidio requiere un medio. Los más usados, son las armas de fuego. La industria armamentística europea, y norteamericana, las producen, las venden y facilitan su acceso, también, en países como Brasil. Todos somos responsables de todo, alegato conclusivo – tácito– de esta radiografía sobre la violencia brasilera.
Sergio Ferrari / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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6) GIBRALTAR: SE DESPENALIZA EL ABORTO
En un referéndum celebrado el pasado jueves, en este enclave británico en la península ibérica, el 62 por ciento de los gibraltareños se ha pronunciado para que el aborto deje de ser un delito que podía ser castigado hasta con la cadena perpetua.
La mayoría de los participantes en este referéndum han sido mujeres y la consulta también fue promovida por una mujer, Isobel Ellul, exultante tras el resultado.
«Hoy, Gibraltar ha votado sí. Sí a los derechos humanos, sí a las mujeres y las niñas, sí a la confianza en los médicos y en los profesionales de la salud», proclamó mientras las mujeres presentes gritaban «rompamos las cadenas».
Ahora la interrupción voluntaria del embarazo queda permitida hasta la semana doce de gestación, en caso de riesgo físico o mental para la mujer, o de riesgo significativo para el feto por una anomalía, poniendo fin a una de las leyes más restrictivas de Europa, sobre el aborto.
La campaña del no, que recogió un 37% de votos, estaba abanderada por el obispo de Gibraltar donde el 80% de la población es católica. Hasta ahora sólo se podía abortar si la vida de la madre estaba en peligro.
Euronews / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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7) MÉXICO: LA CORTE MEXICANA SIN PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA NIÑEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministras y ministros de Justicia, tres de ellos mujeres, quienes empezaron a dar señales preocupantes por su ignorancia o su confusión, cuando en noviembre pasado presentaron una actualización al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, y borraron del Capítulo primero, la discriminación por sexo en favor de las mujeres y las niñas y se incluyó la discriminación por identidad de género. ¿Querrá esto decir que la ideología queer se apoderó de la Corte Mexicana?
Es curioso que justo en junio, mes del orgullo de la diversidad sexual, de todos los pendientes que tiene la Corte en el tintero, decidieron discutir un recurso de inconstitucionalidad y un amparo en revisión que tenían más de 5 años de haber llegado a la Corte y que versa sobre vientres de alquiler o maternidad sustituta.
Dos estados mexicanos tienen legalizado y reglamentado el “alquiler de vientres”: Tabasco desde 1997 y Sinaloa desde 2013. Y tres estados lo tienen prohibido, San Luis Potosí, Querétaro y Coahuila, aunque al parecer Coahuila derogó la disposición y existen numerosas iniciativas en distintos congresos de los estados de la República y en el Congreso Federal para legalizar esta forma de explotación.
Y por eso pregunto: si sexo no es género ¿dónde quedan los derechos de las mujeres para la Corte Mexicana? ¿Cómo van a administrar justicia en temas como la discriminación y la violencia contra las mujeres o como la explotación sexual y reproductiva? Y justo lo que pasó con los vientres de alquiler es una clara muestra de lo que nos espera, en delitos que tienen más del 98 por ciento de impunidad, porque el derecho en México sigue siendo profundamente patriarcal y machista.
Lo que dio origen a los recursos legales que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que el congreso de Tabasco hizo una reforma al Código Civil en 2016 para prohibir que parejas extranjeras pudieran contratar la gestación por sustitución o “vientres de alquiler”, aunque eufemísticamente le llaman maternidad subrogada.
Esta acción del congreso de Tabasco dio pie a una acción de inconstitucionalidad trasnochada de la entonces Procuraduría General de la República que alegó que el congreso de esta entidad no tenía facultades para legislar en materia de salubridad general, por cuando a la disposición y uso de gametos. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Unión votó por 9 votos a favor que no tiene facultades.
Lo que nos llama la atención es por qué no lo hizo en 1997 o en 2013 y lo hace ahora que se legisló el limitar a extranjeros y al turismo reproductivo, y otros actores de la cadena de explotación como clínicas, agencias, hospitales, médicos, notarios, etcétera, etcétera.
La encargada de elaborar el proyecto de resolución del recurso de inconstitucionalidad fue la ministra Norma Lucía Piña. A esta acción de inconstitucionalidad le siguió un amparo en revisión presentado por la agencia de maternidad sustituta, FERTICARE, que alegó que esta limitación era discriminatoria a los extranjeros y violaba su derecho a la libertad de comercio.
Lo primero que llama la atención es que las y los ministros siguen llamando al alquiler de vientres como una técnica de reproducción asistida, cuando las técnicas de reproducción asistida se entienden como técnicas que ayudan a las parejas a procrear a sus propios hijos y los vientres de alquiler, o maternidad subrogada o útero sustituto no. Tampoco resuelven algún problema de salud reproductiva que pudieran tener las parejas o personas que aspiran a la paternidad o maternidad.
Se conoce como reproducción asistida a las técnicas que permiten reemplazar o facilitar los diferentes procesos naturales que tienen lugar en la reproducción de los seres humanos o animales.
Existen diversos trastornos que pueden dificultar o impedir la reproducción natural. Para superar estos trastornos, la ciencia ha desarrollado diferentes técnicas que forman parte de lo que conocemos como técnicas de reproducción asistida, por ejemplo: la inseminación artificial, que implica el uso de un instrumento artificial para introducir los espermatozoides en las trompas de Falopio, el cérvix o el útero.
Otra técnica popular de reproducción asistida es la fecundación in vitro, que permite desarrollar la fecundación afuera del cuerpo de la mujer. Por un lado, se extraen los ovocitos y por otro, los espermatozoides. Una vez que se logró la fecundación en un medio externo, el ovocito fecundado es implantado en el útero.
Otro argumento de la ministra Piña es que todas y todos tienen el derecho a fundar una familia y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, pero de SUS hijos e hijas, no de los hijos e hijas de mujeres pobres, en estado de necesidad.
Lo más grave es que la Corte votó con 9 votos a favor y dos en contra que los congresos de los estados pueden incluir en sus códigos civiles la reglamentación de los vientres de alquiler. El Ministro Pérez Dayan fue el único que cuestionó y votó en contra, porque manifestó su preocupación por la mercantilización de la maternidad y la violación del interés superior de la niñez. El Ministro Carrancá también voto en contra, pero por distintas razones, él más preocupado por respetar el derecho al libre comercio.
El perfil de las mujeres que son reclutadas para la explotación reproductiva es mujeres jóvenes de 18 a 35 años, pobres y en estado de necesidad, sanas y sin oportunidades, lo que obviamente abunda en nuestro país a partir de la grave recesión económica y el desempleo galopante de mujeres, por lo que el panorama no es alentador, máxime que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron que se podía pagar a las mujeres por sus servicios gestacionales o se podía llevar a cabo de forma altruista.
En suma, la Corte le está abriendo la puerta a la explotación reproductiva de las mujeres y a la compraventa de bebés por contrato que nacen sin derechos desde antes de existir.
Y lo cierto es que desde el 2010 la Suprema Corte empezó a abrir la puerta a estos temas, llegando a producir 5 tesis de jurisprudencia, y resolvieron el recurso de inconstitucionalidad y una sexta, creo, la más infamante contra las mujeres, ya que se trata de un amparo en revisión que está bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, que promovió una empresa de fertilidad y reproducción, en contra de los Artículos 380 Bis 3, párrafo 6, 380 Bis 4, Fracción I y penúltimo párrafo del Código Civil del estado de Tabasco, contra la prohibición normativa a empresas para la contratación de vientres de alquiler, así como el servicio de “reproducción asistida” a extranjeros.
Como la agencia ganó, las que perdieron son las mujeres pobres, sin oportunidades, en favor de las personas extranjeras con poder económico que vendrán a hacer turismo reproductivo, sin importarle a nadie qué consecuencias tenga sobre su salud y su integridad física y emocional y cuál es la suerte que correrán los bebés.
Estamos en pie de lucha y si es necesario intentaremos una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Lo cierto es que la visión patriarcal, liberal y machista de las y los ministros no tiene ningún efecto en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y sus hijas e hijos, ni su dignidad.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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8) URUGUAY: JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: SCJ ENVIÓ ANTEPROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO PARA POSTERGARLOS HASTA JULIO DE 2022
Legisladores del FA cuestionaron la solicitud del máximo órgano judicial por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, envió un anteproyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para prorrogar hasta julio de 2022 la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, creados en la Ley de Presupuesto (19.924). El argumento del máximo órgano judicial es la imposibilidad de instalar y poner en funcionamiento las tres sedes “en el actual marco presupuestal y competencial”.
El anteproyecto propone posponer hasta el 1º de julio de 2022 la puesta en funcionamiento de los juzgados, pero deja la posibilidad de adelantar la fecha si, a juicio de la SCJ, “se dieran las condiciones materiales necesarias”. En el texto se recuerda que “en múltiples diálogos y reuniones mantenidas con diversos jerarcas institucionales”, como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, la SCJ “puso de manifiesto que resultaba imposible la instalación y puesta en funcionamiento de los referidos juzgados en el actual marco presupuestal y competencial”. “Asimismo, el Poder Judicial manifestó, reiteradamente, que resulta imprescindible contar con locales adecuados para la instalación de los tres juzgados especializados en el interior del país”, agrega.
En cuanto a la negociación que la SCJ inició con los gobiernos departamentales para la obtención de locales por medio de contratos de comodato, el organismo señala que estas gestiones “aún se encuentran en trámite y, de concretarse, corresponde luego proceder a su acondicionamiento y adaptación, lo que insumirá un tiempo adicional, que se estima en 12 meses”, con lo cual justifica la necesidad de suspender la instrumentación hasta julio de 2022.
Para convertirse en proyecto de ley, la iniciativa requiere que alguno o algunos de los legisladores de la comisión lo presenten como tal. Esa no parece ser una opción para los senadores del Frente Amplio (FA), que cuestionaron la solicitud de la SCJ por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.
El presidente de la Comisión de Constitución y legislación, el frenteamplista Charles Carrera, dijo a la diaria que la SCJ “se comprometió a que se iban a instalar algunos juzgados” y que, por su parte, promoverá que “se cumpla con ese compromiso, porque son juzgados que son necesarios y existe una problemática en torno a este tema y una urgencia en la sociedad”. Aclaró que no lo conversó con los legisladores frenteamplistas, pero que personalmente no va a “participar en darle estado parlamentario a este proyecto”.
En tanto, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, calificó la propuesta de la SCJ como “totalmente desatinada”, y consideró que la falta de recursos a la que hace referencia se debe “encarar ahora, en la Rendición de Cuentas, y proveer los recursos para que, de inmediato, pueda ser ejecutado”. “Las cuestiones de género no admiten la prórroga o secundarizarlas. Estamos en las puertas de la Rendición de Cuentas, ese es el ámbito adecuado para solucionar el tema de inmediato y no cortar siempre por el mismo lado”, opinó.
Por su parte, los legisladores del oficialismo todavía no adoptaron una postura. La senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló en diálogo con la diaria que “probablemente se le dé prioridad” al asunto, por tratarse de un “tema importante”, pero no quiso adelantar su posición dado que por el momento no analizó el anteproyecto en profundidad. En la misma línea, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró, a título personal, que la solicitud “puede ser razonable”.
El tema ya generó debate cuando a fines de 2020 se trató el Presupuesto Nacional en el Parlamento. Inicialmente el gobierno no previó dinero para esto, en línea con el pedido de la SCJ de postergar la implementación de distintos temas derivados de la ley integral de lucha contra la violencia de género, de 2017. En la negociación parlamentaria y tras la intervención de la vicepresidenta Beatríz Argimón, se reasignaron 57 millones de pesos para la creación en el interior de tres juzgados especializados en violencia de género. La puesta en práctica de esto último es lo que ahora propone aplazar el órgano máximo del Poder Judicial.
“Inadmisible”
La Intersocial Feminista considera que la propuesta de la SCJ es “inexplicable”, “inentendible” e “inadmisible”, dijo a la diaria Valeria Caggiano, una de las voceras de la organización. “Siempre que se generan las condiciones para que se avance en el tema, tiempo después vuelve a aparecer la mención de que los recursos no alcanzan o no están. Es inentendible, porque indudablemente cuando dicen que no están dadas las condiciones, no sólo presupuestales sino también las otras, se refieren a algo a lo que están obligados por la ley. La situación es grave”, puntualizó.
Caggiano dijo que “ya es una situación muy de mínima que sólo se puedan instalar tres juzgados especializados en el interior”, algo que “no mueve la aguja para nada en la atención y el abordaje de estas situaciones ni en lo que hace al cumplimiento de la ley”. Por lo tanto, “que otra vez esté en tela de juicio la instrumentación mínima de la ley es una situación muy preocupante”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la iniciativa de la SCJ “vuelve a poner en contradicción dónde está el compromiso del Estado en poner fin a la violencia de género y cumplir una ley que está vigente. Un poder del Estado no puede desoír ni hacer caso omiso a una obligación que tiene”.
La Intersocial Feminista tiene previsto plantear el tema el martes en una reunión con la bancada bicameral femenina que, según comentó Caggiano, inicialmente fue solicitada para dialogar sobre los proyectos de tenencia compartida que están en discusión en el Parlamento.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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