COMCOSUR INFORMA
AÑO 13 – No. 1516 / jueves 12 de diciembre de 2013
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Selección y producción:
Beatriz Alonso y Carlos Casares
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol
BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau
HOLANDA: Ramón Haniotis
SUIZA: Sergio Ferrari
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)
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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS
«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
URUGUAY
1) “MAQUINEROS” TEMEN QUE SI TABARÉ VÁZQUEZ GANA ELECCIONES
PROHÍBA ESTA ACTIVIDAD
El diputado blanco Jorge Gandini dijo que recibió con beneplácito
esta marcha atrás porque le “consta” que los fabricantes y
operadores de estos slots financian las campañas políticas de
Asamblea Uruguay, la CAP-L y el Nuevo Espacio.
TEMAS DE COMCOSUR
I. URUGUAY: LA POLICIA Y EL MINISTRO
ABUNDANDO SOBRE LO BÁSICO
¿Por qué un policía no siente ningún tipo de frenos morales o
éticos que le impidan asesinar a sangre fría un pibe, sea en el
Marconi, sea en Santa Catalina, en Córdoba o donde fuere? / Jorge
Zabalza
II. URUGUAY: LA POLICIA Y EL MINISTRO
ARRANCAR EL PROBLEMA DE RAÍZ
Institución de Derechos Humanos recomendó mejorar formación y
reforzar controles para “erradicar” malos tratos policiales.
III. URUGUAY: NO A LA MINERÍA EN VICHADERO
CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE RIVERA
Los ciudadanos abajo firmantes, vecinos y productores de Vichadero y
zonas aledañas, que conformamos el grupo “No a la Minería en
Vichadero” e integrantes de la comisión “Rivera, por la Vida
Sustentable y el agua “; venimos a expresarle nuestra gran
preocupación por la situación actual y las perspectivas de
desarrollo de las explotaciones de oro a cielo abierto en el
territorio rural de nuestro departamento.
IV. URUGUAY: DERECHOS HUMANOS
CARTA DE ASOCIACION ¿DONDE ESTAN? AL PRESIDENTE JOSÉ MUJICA
Estimado Señor Presidente, como puede apreciar, son muchas nuestras
interrogantes y muy pocas las respuestas. Con el más profundo
respeto, le solicitamos que nos proporcione elementos para cambiar la
triste imagen dada por la justicia en el país que usted preside, que
es también el nuestro y que quisiéramos poder defender y cambiar
para que se haga justicia, se busque la verdad, se cultive la memoria
y se encuentren los desaparecidos.
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NOTICIAS
URUGUAY
1) “MAQUINEROS” TEMEN QUE SI TABARÉ VÁZQUEZ GANA ELECCIONES
PROHÍBA ESTA ACTIVIDAD
El diputado blanco Jorge Gandini dijo que recibió con beneplácito
esta marcha atrás porque le “consta” que los fabricantes y
operadores de estos slots financian las campañas políticas de
Asamblea Uruguay, la CAP-L y el Nuevo Espacio.
Pablo Alfano / CRONICAS
El gobierno resolvió frenar el proyecto de ley que pretendía
“regular” las más de 20 mil tragamonedas “barriales” que
funcionan en pequeños comercios al no tener los votos para su
aprobación y para limar asperezas con el precandidato oficialista
Tabaré Vázquez, partidario de su prohibición. El diputado blanco
Jorge Gandini dijo a CRÓNICAS que recibió con beneplácito esta
marcha atrás porque le “consta” que los fabricantes y operadores
de estos slots financian las campañas políticas de Asamblea Uruguay,
la CAP-L y el Nuevo Espacio.
Un proyecto de ley del gobierno que buscaba “regular” las llamadas
tragamonedas “barriales” y para ello preveía el funcionamiento de
hasta tres máquinas en bares, cantinas y pubs que vendan alcohol al
mostrador y no tengan vinculación con clubes deportivos, fue frenado
por el gobierno de José Mujica.
Algunas estimaciones oficiales señalan que existen más de 20 mil de
estas máquinas en bares, cantinas, clubes sociales y deportivos,
quioscos, almacenes, panaderías y hasta puestos de frutas y verduras.
El director nacional de Casinos, Javier Chá (Nuevo Espacio), estimó
que este entramado de máquinas diseminadas por los barrios de cada
ciudad y localidad del país deja una ganancia superior a los 170
millones de dólares por año. Sin embargo, varios actores vinculados
a los juegos de azar dijeron a CRÓNICAS que manejan una cifra más
jugosa: entre 200 y 250 millones de dólares anuales.
El proyecto que finalmente el gobierno no envió al Parlamento fue
redactado en la Dirección General de Casinos (DGC) en junio de 2010,
poco antes de que Chá asumiera como director de esa repartición.
Tras un largo análisis del ministro Fernando Lorenzo, quien le hizo
varios retoques el proyecto, quedó en el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) pronto para ser elevado al Parlamento.
Pero su envío fue frenado porque hay varios legisladores que están
en sintonía con el ex presidente Vázquez y son partidarios de
declararlos ilegales, dijeron a CRÓNICAS fuentes frenteamplistas.
A finales del mandato de Vázquez se envió al Parlamento un proyecto
de ley que buscaba prohibir el funcionamiento de estas tragamonedas y
que el juego clandestino dejara de ser una falta para convertirse en
un delito. “Quien explote juegos de azar sin autorización será
castigado con 3 a 24 meses de prisión”, establecía el texto que no
prosperó en la Cámara Baja.
El debate en la interna del FA navegó entre la prohibición total,
como planteó Vázquez, y una regulación del mercado de las
tragamonedas, como propuso el gobierno de Mujica.
El proyecto de Vázquez fue tomado como base para otros similares. El
diputado Gandini (Alianza Nacional), la diputada colorada Alma Mallo
(Vamos Uruguay) y el senador blanco Jorge Saravia redactaron proyectos
en un sentido similar.
Gandini dijo a CRÓNICAS que le “consta” que los fabricantes y
operadores de estas tragamonedas financian las campañas políticas de
Asamblea Uruguay (sector liderado por el vicepresidente Danilo
Astori), la CAP-L (encabezada por el ministro Eleuterio Fernández
Huidobro) y el Nuevo Espacio, que orienta el senador Rafael Michelini.
En tanto, el diputado oficialista Walter De León (MPP) también se
mostró partidario de la prohibición. “La sigo peleando, porque no
estoy para nada de acuerdo con legalizar una actividad clandestina,
pero en el caso que sea mandato del FA tendré que votar a favor del
proyecto que busca regular esta actividad”, dijo en diálogo con
CRÓNICAS.
El legislador consideró que el juego está regulado desde la época
de José Batlle y Ordóñez, por lo que la propuesta del gobierno
servirá para “estimular la participación de menores, porque vamos
a decir las cosas como son: no habrá capacidad para controlar
nada”.
“Cualquiera junta tres botellas, un par de vasos y arma un bar.
Entonces el verdadero negocio son las máquinas y no es muy difícil
darse cuenta que el alcohol y el juego son una mezcla explosiva”,
dijo De León quien cree que la idea de regularizar “es para no
dejar tiradas a las familias que viven de esto”.
En una postura similar están los socialistas quienes consideran que
con la regulación se busca blanquear la situación de gente que
trabaja en este rubro hace muchos años, explicaron CRÓNICAS fuentes
socialistas.
Por otra parte, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego
–que nuclea a todos los sindicatos del rubro– está en alerta
porque cree que los empresarios agrupados en la Asociación Uruguaya
de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje)
presionarán para que el proyecto de regulación sea tratado el
próximo año, ya que temen que si Vázquez gana las elecciones
reflote su idea de prohibir estos slots.
Pablo Alfano / CRONICAS
COMCOSUR INFORMA Nº 1516 – 12/12/2013
TEMAS DE COMCOSUR
I. URUGUAY: LA POLICIA Y EL MINISTRO
ABUNDANDO SOBRE LO BÁSICO
Primera pregunta básica: ¿por qué un policía no siente ningún
tipo de frenos morales o éticos que le impidan asesinar a sangre
fría un pibe, sea en el Marconi, sea en Santa Catalina, en Córdoba o
donde fuere?
Por Jorge Zabalza
Desde que el Ministerio inventó los famosos “megaoperativos”, se
indujo en la policía la creencia de que tiene derecho a invadir un
barrio con patrulleros y camionetas lanzados a toda velocidad, las
sirenas abiertas y las luces destellando (en Santa Catalina faltaron
solamente los helicópteros). Ese tipo de operaciones no está
dirigido a la investigación del delito cometido, sino a crear una
sensación de terror en el vecindario. Está emparentado con formas de
represión masivas empleadas en el pasado reciente del Uruguay y son
similares a las que emplea la policía israelí para “controlar”
los barrios de población palestina. La policía uruguaya lo está
haciendo sistemáticamente en los barrios de la periferia y sus
víctimas preferidas es la población joven.
Estas prácticas no forman al policía en el respeto a los demás. Son
demasiados los casos para creer que el de Santa Catalina fue algo
excepcional. El policía que asesinó a Sergio Lemos y los que se
ensañaron con Lorena Fagúndez y los otros pibes, carecen de todos
freno ético y moral, se creen dueños de la vida o la muerte de los
demás, creen tener el derecho de matar porque el Estado le otorga el
poder para hacerlo.
No tienen la más mínima idea de que actuaron contra los preceptos
morales y éticos. Nadie les ha inculcado conceptos éticos y morales
como el respeto a los demás, pese a que esas lecciones deberían
haber estado en la tapa del libro donde aprendieron procedimiento
policial. Por el contrario, en la desmesura de la arrogancia, los
policías están siendo inducidos a verse como una especie de
Schwarzenegger, a quienes les está permitido transgredir los
principios éticos y morales en nombre del Estado. El policía no es
un ser omnipotente, solamente puede usar su arma de reglamento en
condiciones muy definidas y dentro de límites muy estrictos. Ningún
policía tiene derecho a disparar contra un preso o contra un
sospechoso de haber cometido un delito. Esa clase de procedimientos
forman parte de la política del “gatillo fácil”, una forma
ilegítima de emplear la fuerza pública que lesiona profundamente las
garantías constitucionales de los ciudadanos y los derechos humanos
de la sociedad entera.
El instinto de supervivencia de la especie domina sobre las tendencias
agresivas y por eso es posible vivir en manada, tribu o cualquier tipo
de sociedad humana. Así es que una enorme cantidad de personas poseen
armas de fuego y no andan a los tiros matándose entre sí, de la
misma manera que no lo hacían en las comunidades primitivas, donde
cada cual poseía su lanza y su arco y flechas. En el capitalismo, en
cambio, se valora sobretodo la capacidad de triunfar sobre los demás
en la competencia, el mejor competidor es el mejor considerado
socialmente, aunque sea un energúmeno cuya gloria personal es dominar
a sus semejantes de cualquier manera, aunque para ello deban cometer
los peores crímenes. Sin embargo, el Ministerio del Interior inculca
a sus subordinados formas agresivas de relación, que implican una
filosofía antinatural, opuesta a la propia sobrevivencia de la
especie humana. La misma que inculca el imperialismo a sus soldados.
La segunda pregunta básica es: ¿por qué el Ministerio del Interior
no instruye a sus subordinados en el sentimiento de que los derechos
humanos son tan sagrados como la constitución o la biblia?
Ante todo porque no les interesa. Esa es la respuesta inicial. El
gobierno de Mujica no está comprometido con la Verdad y la Justicia,
abdicó de ellas en aras de triunfos electorales. No puede enviar a
los jóvenes policías un mensaje firme, claro y convincente de
respeto a los derechos humanos, porque es un gobierno incapaz de
jugarse por la Verdad y la Justicia. Se limita a tomar medidas para
llenar el ojo de las instituciones internacionales. Sus gestos y
señales indican que “eso de los derechos humanos es mero
palabrerío de intelectuales y grupos radicales, los crímenes contra
la humanidad fueron cosa del pasado, ahora hay que olvidarlos y
perdonar a los culpables”. Es más, hay hechos que indican que su
voluntad política es arrojar un manto de impunidad sobre crímenes
policiales que ocurrieron en plena democracia, después de 1985. El
ministro Bonomi ”olvidó” por ejemplo investigar los asesinatos de
Fernando Morroni y Roberto Facal, cometidos por la policía durante la
“Masacre de Jacinto Vera”, de la cual fue partícipe activo junto
con el presidente de la república y el ministro de defensa. Asimismo
ellos tres no se han preocupado por reabrir la investigación del
homicidio de Ronald Scarzella, antiguo compañero de ellos en el MLN
(T), cuyo asesinato huele desde siempre a “ejecución
extrajudicial”. Estos “perdones” de facto, otorgados en la
oscuridad y el silencio, indican a los policías que sus tropelías
gozarán de impunidad anticipada por mucha democracia republicana que
exista. Se sienten protegidos, con permiso para depredar impunemente.
Tercera pregunta básica: ¿por qué no se instruye a los policías en
las formas de proceder respetuosas de los ciudadanos y en el respeto a
sus garantías constitucionales?, ¿cuál es el sentido de incentivar
el espíritu represivo y la violencia policial en lugar de principios
humanistas y de solidaridad social?
Para atraer las inversiones extranjeras son más atractivos los
salarios bajos que las exoneraciones impositivas (contradigo al señor
presidente Mujica, de puro atrevido nomás). Por esa razón la
política salarial del gobierno mantiene a la tercera parte de los
habitantes con ingresos menores a 14.000 pesos, a menos de la cuarta
parte de la canasta de necesidades básicas. Es lo que requieren los
acuerdos con los sectores empresariales de la región y con las
corporaciones transnacionales.
Por lógica pura, como constantemente le están diciendo que el
producto y las exportaciones del país van cuesta arriba, el pueblo
trabajador aspira a que su poder adquisitivo crezca para vivir mejor.
Sin embargo sus aspiraciones están siendo reiteradamente postergadas,
por lo cual puede presumirse un incremento de la conflictividad
social, como cualquier conocedor de la historia puede corroborarlo. La
estrategia de mantener bajos los salarios puede entonces requerir una
policía preparada para dar palo, con capacidad rápida de respuesta y
un funcionamiento bien aceitado. El ministerio del interior ha asumido
esa responsabilidad histórica, la de instrumentar la concepción
policial que necesitan las corporaciones transnacionales y el capital
financiero.
Con la población más excluida y marginada, socialmente estigmatizada
y aislada, la policía está ensayando los procedimientos violentos
que luego emplearán contra el resto del pueblo trabajador. ¿Qué
víctimas más indefensas e impotentes podrían encontrar para
entrenarse en los novísimos métodos represivos? La violencia
policial es una política de control de la población. Esa es la
respuesta fundamental a las preguntas básicas.
Conclusión: en el asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina hay dos
tipos de responsabilidades. La directa e inmediata es la del brazo
ejecutor, el guardia de la Republicana, pero hay otra responsabilidad,
indirecta y mediata, que es la del Ministro del Interior, el que
decide cuáles serán las políticas y las estrategias policiales y
optó por desarrollar una fuerza policial preparada y aceitada para
reprimir. No alcanza con pedir disculpas, deberían cambiar la
concepción represiva global que domina en el gobierno de Mujica y que
conduce a actuaciones ilegítimas por parte de la fuerza pública.
Jorge Zabalza / Periódico El Municipal
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1516 – 12/12/2013
II. URUGUAY: LA POLICIA Y EL MINISTRO
ARRANCAR EL PROBLEMA DE RAÍZ
Institución de Derechos Humanos recomendó mejorar formación y
reforzar controles para “erradicar” malos tratos policiales.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ayer
un informe sobre “casos de violencia institucional e interpersonal
verificados”. Se refirió a las denuncias de maltratos policiales
luego de las marchas del 14 de agosto (Día de los Mártires
Estudiantiles) y 24 de agosto (aniversario de los hechos del hospital
Filtro) y a los abusos policiales en el barrio montevideano de Santa
Catalina. En algunos de estos casos actuó de oficio, y en otros en
base a denuncias de las víctimas o de organizaciones.
En un informe con varias referencias a recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la INDDHH comenzó valorando
positivamente la actitud del Ministerio del Interior (MI) por
“reconocer públicamente” y pedir “disculpas a toda la
sociedad” por intervenciones policiales que, a juicio de la cartera,
“han vulnerado derechos humanos de personas sujetas a protección
estatal”. “Este tipo de reconocimiento no es común en la historia
del país ni en nuestra región, lo que constituye un paso adelante en
la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su responsabilidad en
la defensa, protección y promoción de los derechos humanos”,
destaca la INDDHH. No obstante, alerta que esto “no es
suficiente”.
En el caso de la manifestación del 14 de agosto, la INDDHH “no
logró resultados en sus investigaciones” como para pronunciarse
sobre si la Policía hizo un “uso abusivo de la fuerza”, consigna
el informe. Distinto es el caso de la manifestación del 24 de agosto,
en el que hubo denuncias de abusos y “la falta de respuesta por
parte del MI” no logró “disipar las dudas razonables respecto a
que, luego de haber sido detenidas, estas personas fueron sometidas a
tratos degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de
Montevideo”. La INDDHH recuerda que en materia de derechos humanos
se entiende que “existiendo una duda razonable, debe decidirse en
favor de la parte más débil en la relación”. “El Estado tenía
la capacidad, a partir de una investigación conforme a Derecho, de
demostrar que la versión de los denunciantes no era correcta, cosa
que no hizo, a pesar de las reiteradas solicitudes de la INDDHH”,
señala.
En el caso de los malos tratos y del asesinato de Sergio Lemos en
Santa Catalina, se destacó la actitud del MI de instruir una
investigación y aportar elementos probatorios a la Justicia. La
INDDHH niega que la Policía nacional sea “de gatillo fácil”, ya
que para eso debería haber una aprobación implícita o explícita de
las autoridades y “la consolidación de la impunidad de los
responsables”, hechos que hoy no se constatan, según la
institución. Atribuye lo sucedido, en cambio, a “carencias en la
formación y capacitación de algunos funcionarios policiales, así
como a viejas prácticas corporativas, que se vienen arrastrando desde
hace décadas y que, a la fecha, el sistema político en su conjunto
no ha sido capaz de erradicar”.
Por hacer
Recomienda que el MI “incorpore nuevos métodos de formación y
capacitación continua sobre el uso de la fuerza y de las armas de
fuego”, así como “revisar el marco doctrinario policial,
estableciendo claramente como finalidad institucional el respeto de la
vida humana en cualquier circunstancia”. “Los malos tratos en
dependencias policiales deben ser erradicados, no solamente porque
constituyen hechos delictivos y graves faltas disciplinarias, sino
porque también lesionan seriamente la confianza entre la Policía y
las personas, y degradan la imprescindible función que la fuerza
pública desempeña en una sociedad democrática”, sostiene la
INDDHH.
El organismo también considera necesario fortalecer la Dirección de
Asuntos Internos con recursos para investigar este tipo de hechos, y
mantener “informadas a las víctimas y a los familiares sobre el
resultado de las investigaciones”.
En cuanto a las denuncias de que la Policía “infiltró” las
marchas del 14 y 24 de agosto, la INDDHH señala que “es imposible
que la Policía desarrolle su rol preventivo sin contar con la
información pertinente y oportuna”. No obstante, acota que esta
actividad tiene que tener “una adecuada regulación de su ejercicio
y fuertes mecanismos de control para evitar posibles excesos o
ilegalidades”. En ese sentido, recomienda reglamentar
“claramente” la actividad de inteligencia y someterla a controles
regulares por parte del Parlamento.
La Diaria
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1516 – 12/12/2013
III. URUGUAY: NO A LA MINERÍA EN VICHADERO
CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE RIVERA
Vichadero, 25 de noviembre de 2013.
Sr. Intendente de Rivera, Dr. Marne Osório
Presente
De nuestra mayor consideración,
Los ciudadanos abajo firmantes, vecinos y productores de Vichadero y
zonas aledañas, que conformamos el grupo “No a la Minería en
Vichadero” e integrantes de la comisión “Rivera, por la Vida
Sustentable y el agua “; venimos a expresarle nuestra gran
preocupación por la situación actual y las perspectivas de
desarrollo de las explotaciones de oro a cielo abierto en el
territorio rural de nuestro departamento.
El proyecto de la Mina Vaca Muerta, en Abrojal, es un claro ejemplo de
las limitaciones y perjuicios, ambientales, sociales y económicos que
traen consigo estas pequeñas explotaciones cuya finalidad es
prolongar la vida útil de las instalaciones de Orosur en Minas de
Corrales, donde la extracción del oro está llegando a su fin.
La Mina Vaca Muerta es una explotación de 25 meses de duración, para
extraer un mineral a ser procesado en Minas de Corrales. La minera
tendrá que remover 3:860.000 toneladas de roca para extraer 330.000
toneladas de mineral durante dos años y le quedara al sistema, que es
una área mucho mayor que el área propia de los superficiarios
involucrados la herencia de un terreno destruido, constituido por un
cráter de 5,2 ha y 90 metros de profundidad, una montaña de roca
estéril al costado y una laguna de aguas contaminadas, donde no será
posible retornar a las actividades productivas precedentes. Pero este
impacto no se reduce a los directamente afectados, sino que la
contaminación del suelo y las aguas (corrientes superficiales, napas
freáticas y aguas subterráneas) se extenderá por varios kilómetros
a la redonda, afectando a productores y familias establecidas en la
zona, que no tendrán ninguna compensación. Los impactos esperados
trascienden lo ambiental, afectando fuertemente lo social con
consecuencias no previstas.
Un proyecto análogo es el de la Mina Picaflor, a un kilómetro de
Minas de Corrales, con una duración de 14 meses, con la misma
herencia de destrucción irreversible en el lugar. Y siguen otros
proyectos similares.
¿Se puede considerar seriamente que esta es una perspectiva
promisoria de la minería en el departamento de Rivera? Se ha dicho
que la minería trae desarrollo de otros actividades, que trae empleo
y bienestar a la población.
¿Qué quedará en Minas de Corrales cuando se termine la extracción
de oro en la zona? ¿Qué actividades económicas subsistirán?
¿Cuál será la calidad del empleo que podrán encontrar los
desocupados de la minería? Todo es muy oscuro.
Cuando se trata del desarrollo minero de una región, hay que pensar
mucho más allá de un período de gobierno departamental o nacional.
Las riquezas minerales metalíferas de Rivera son pobres y solo sirven
de gran negocio para unas pequeñas empresas extranjeras que se llevan
la riqueza y dejarán amplias zonas del territorio devastadas y
contaminadas.
Sr. Intendente, el desarrollo futuro del departamento requiere miras
más altas. Las tierras fértiles de nuestro territorio, generosamente
regadas por las aguas, tienen un potencial de desarrollo y
sustentabilidad a largo plazo que la minería no posee. La
administración de Rivera sigue por los mismos caminos oscuros de la
DINAMA con el agravante de no haber cumplido con la ley 18308 de
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, por lo tanto los
pasivos de este cambio de actividad regional pasan a ser de entera
responsabilidad de esta administración comunal.
Para nosotros, el incumplimiento de la Ley de ordenamiento territorial
y la ausencia total de consideración para con los vecinos de la zona
en cuestión, ponen en evidencia que el gobierno departamental en vez
de ser un punto de apoyo para aportar luz y transparencia al conflicto
cumpliendo una función mediadora es mas bien un agravante de nuestro
actual contexto y por lo tanto responsable de las consecuencias.
Exhortamos a las autoridades a concentrar los esfuerzos en legislar
para el sistema y no de espaldas a este, configurando una actitud
cortoplacista propia de etapa preelectorales.
Lo saludan atentamente:
Por Grupo No a la Minería en Vichadero: Luis Mario Fros – Santiago
Soares de Lima Por Comisión Rivera, por La Vida Sustentable y el
Agua: Fabiana Campos – Ana Beatriz Cardozo – Susana Álvarez
Grupo No a la Minería en Vichadero – Comisión Rivera, por La Vida
Sustentable y el Agua
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1516 – 12/12/2013
III. URUGUAY: DERECHOS HUMANOS
CARTA DE ASOCIACION ¿DONDE ESTAN? AL PRESIDENTE JOSÉ MUJICA
Estimado Señor Presidente, como puede apreciar, son muchas nuestras
interrogantes y muy pocas las respuestas. Con el más profundo
respeto, le solicitamos que nos proporcione elementos para cambiar la
triste imagen dada por la justicia en el país que usted preside, que
es también el nuestro y que quisiéramos poder defender y cambiar
para que se haga justicia, se busque la verdad, se cultive la memoria
y se encuentren los desaparecidos.
Presidente de la República Oriental del Uruguay
Señor José Mujica Cordano
Paris, 6 de noviembre de 2013
Estimado Sr Presidente,
Como es de su conocimiento “La asociación ¿Dónde están? con sede
en Francia, lucha desde su creación en 1996 por la Verdad, por la
Justicia y la Memoria. En este año 2013 de aniversario de los golpes
de estado en Uruguay y en Chile, y de la muerte de Salvador Allende,
el 9 de enero 2013, tres organizaciones, la Associación de Ex-Presos
Politicos Chilenos – Francia (AEXPPCH), la asociación ¿Dónde
Están? contra la impunidad en Uruguay y France Amérique Latine
decidieron crear una “Coordinación América latina 40 años
después” para conmemorar la lucha contra las dictaduras, homenajear
a sus victimas y recordar la actualidad de su combate.
Se rendiría así también homenaje a la lucha por la justicia la
verdad y contra la impunidad llevada adelante por las organizaciones
de defensa de los derechos humanos en América Latina, cuyo alcance
internacional fue determinante en la adopción por la ONU el 20 de
diciembre 2006 de la Convención por la protección de las personas
víctimas de desapariciones forzadas, que hizo de este grave hecho un
crimen de lesa humanidad.
Quisimos al mismo tiempo agradecer a los ciudadanos franceses que
durante todos esos años negros, en Francia o en los países mismos,
acompañaron la lucha de los pueblos latino-americanos dando a veces
su vida por ello. Invitamos así a todas las personalidades y
organizaciones sensibles a esta conmemoración a asociarse a los
diversos actos que se realizarían en el curso de 2013.
En ese marco fueron organizados una serie de eventos. Entre ellos el
21 de mayo tuvo lugar un coloquio internacional sobre el tema “El
derecho de saber: los desaparecidos durante la dictadura, 1973-1985”
en una de las Salas del Senado de Paris, con el apoyo logístico de la
Embajada de nuestro país, con la importante intervención de juristas
de renombre internacional y que contó con un numeroso público.
Una invitación fue dirigida oficialmente a las autoridades de nuestro
país con la finalidad de poder entablar un debate contradictorio,
dichas autoridades no pudieron hacerse presentes, respondieron por
intermedio del Ministro de Educación y Cultura, Sr. Ricardo Erlich y
solicitaron el documento que resultara de los debates, el cual fue
oportunamente enviado. En la respuesta oficial del Sr Erlich había
una solicitud de continuidad relacional con respecto a las
conclusiones del coloquio. Las conclusiones del jurista francés
Philippe Texier fueron rápidamente enviadas a dicho Ministro.
También fue invitada la INDDHH, la cual envió una representante, la
ex fiscal, Sra Mirtha Guianze.
Este Coloquio tuvo sin duda mucha repercusión, no sólo en Francia,
sino también a nivel de la ONU y de otros países y planteó
nuevamente preguntas que continúan sin respuesta y dejan serias dudas
acerca de la situación del Poder Judicial en nuestro país y de la
aplicación de la justicia, la búsqueda de la verdad y el trabajo de
memoria, en particular respecto a nuestro pasado reciente, el del
periodo del terrorismo de Estado.
Usted no desconoce ciertamente la preocupación a nivel internacional
que ha causado el sorpresivo desplazamiento de su cargo de la Jueza
Mariana Mota por parte de la Suprema Corte de Justicia, el
desconocimiento de crímenes de lesa humanidad por parte de la misma,
de la denuncia más reciente del grupo de las 28 mujeres que tuvieron
la valentía de sacar a luz las graves violaciones de las que fueron
objeto.
Sobre ese tema fue realizado el 25 de Junio del presente año en el
prestigioso local de la Conferencia Episcopal de Francia, el
Encuentro, “ hablar 40 años después: para luchar contra el olvido
liberar la palabra”, que causó gran impacto y que ha llevado a la
proposición de publicación de un libro por parte de una importante
editorial francesa y a la invitación por parte del Ministerio de los
Derechos de la Mujer de una integrante del grupo de las 28 para
participar en un importante evento que tendrá lugar en St Denis en
noviembre de este año, sobre el tema de la violencia hacia las
mujeres.
La extremada preocupación acerca de la situación de la justicia y
del Poder Judicial, ha sido igualmente manifestada recientemente por
el Relator Especial de la ONU, Sr Pablo de Greiff, que ha llevado a
cabo una misión en Uruguay. También son motivo de preocupación los
graves hechos ocurridos recientemente, entre los que podemos mencionar
el procesamiento de siete militantes que participaron, junto a muchas
otras personas en un acto público donde se iba a recabar el juramento
a otros cargos de varios jueces entre los cuales se encontraba la
Jueza M.Mota.
Si hubo insultos, quejas, reclamos, protestas, que eso sea
criminalizable como dijo un órgano de prensa, no es digno de un país
democrático y peor aún en un país donde gobierna la izquierda que
durante toda su historia se ha manifestado en protestas y reclamos de
la más diversa índole ante el gobierno que fuera. El delito de
asonada, previsto en el art. 145 del Código Penal, utilizado en otras
épocas oscuras del país, se refiere a quienes en numero no menor de
cuatro, se reúnen para causar alboroto en el pueblo o para perturbar
con gritos o injurias o amenazas, una reunión pública, o para
celebrar alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los
particulares alguna cosa justa o injusta.
Es muy probable, por no decir seguro, que ese público haya insultado,
que haya habido cantos, gritos, manifestaciones de enojo para con la
SCJ, pero eso no es mas que manifestación de descontento para con la
actuación de un organismo del Estado.
Este enjuiciamiento parece querer decir que lo que haga o diga la SJC,
no se puede cuestionar. Creemos que es muy grave, porque se está
diciendo así que determinados funcionarios públicos, como lo son los
Ministros de la SCJ, no pueden ser objetados.
Las personas que manifestaron no sólo lo hicieron por el traslado del
que era objeto la jueza M. Mota, sino porque veían alejarse una
esperanza de avance en las investigaciones, un nuevo obstáculo a sus
reclamos de justicia y eso era un reclamo a la SCJ en sí. Cuando
nuestra Asociación y los juristas que benévolamente nos apoyan
leemos el procesamiento y las razones por las cuales la jueza Merialdo
desestima lo expuesto por las defensas de los enjuiciados, se puede
observar que sólo le preocupa proteger al Estado de algo tan poco
peligroso como los insultos o quejas de ciudadanos que concurren a un
acto público. En vez de ocupar un lugar en el Estado, como
representante de uno de sus poderes y como único órgano que tiene a
su cargo la tutela judicial de los derechos de las personas, esta
jueza se sitúa del lado de un poder que no quiere que le increpen,
sin oír las razones de ese descontento. Como afirma el PIT-CNT
también consideramos que esos procesamientos han sido «un error
jurídico que perjudica a la democracia».
Y entonces nos decimos que “una sociedad que no acepta las criticas
no avanza, una sociedad que segrega parte de sus miembros porque no
aceptan sus reglas no es una sociedad democrática”. Y que como
asociación nuestro deber es entonces “seguir luchando, seguir dando
a conocer la difícil situación que se vive en nuestro país, país
del cual muchas veces se desconocen estos graves hechos”.
Para agregar a este escenario de lamentables sucesos nos hemos
informado hoy por la Diaria que la SCJ, ha iniciado a la Jueza Mota
otra investigación administrativa, declaraciones que la Jueza hiciera
al diario El Pais que le solicitó su opinión respecto a la
criminalización de hechos que no tuvieron consecuencias graves para
nadie y que terminaron con el arresto de algunos militantes, a lo cual
la jueza como muchos otros ciudadanos opinó que no le parecía bien
que se criminalizaran estos hechos.
¿Sr Presidente, cual es su opinión respecto a estos numerosos
sucesos?
¿No se puede hoy expresar una opinión en nuestro país si esta es
contraria a la de la SCJ?
Estimado Señor Presidente, como puede apreciar, son muchas nuestras
interrogantes y muy pocas las respuestas. Con el más profundo
respeto, le solicitamos que nos proporcione elementos para cambiar la
triste imagen dada por la justicia en el país que usted preside, que
es también el nuestro y que quisiéramos poder defender y cambiar
para que se haga justicia, se busque la verdad, se cultive la memoria
y se encuentren los desaparecidos. Como lo admite la Declaración de
Derechos Humanos, todo ser humano tiene derecho a una tumba, sus
familiares a conocer su destino y como dijo el gran maestro Soler
Roca, a poder llevarle una flor.
Por la Asociación ¿Donde están? le saluda con todo el respeto que
usted merece,
Hector Cardoso Rodriguez
Presidente
Association ¿Dónde Están?
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1516 – 12/12/2013
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“Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido”.
Armando Tejada Gòmez
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
Correspondencia y/o envíos: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque
Rivera)
11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: www.comcosur.com.uy
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –
AMARC
COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no
cuenta con ningún tipo de apoyo Institucional ni personal.
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