1) Jueza, fiscal y denunciantes ingresarán en reconocimiento a Batallón en Maldonado
2) Argentina: Ex agente de la SIDE acusado por desaparición de dos uruguayos
3) Ejecutivo y VTV acordaron rescisión de canal de televisión digital
4) Partido Nacional llevará la compra de la casa de la calle Penco a la Justicia
5) Diputado y PIT-CNT constataron “severos problemas de seguridad laboral” en Arrozal 33
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2128 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 2 de junio de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Jueza, fiscal y denunciantes ingresarán en reconocimiento a Batallón en Maldonado
(La Diaria)
En la segunda mitad de 2011, un grupo de militantes llamó a “denunciar masivamente delitos de lesa humanidad” en las comisarías de todo el país, lo que llevó a que se presentara más de un centenar de causas nuevas. Muchas fueron derivadas a juzgados y comenzaron a ser investigadas. En Maldonado se presentó un conjunto de denuncias por “secuestro, torturas y desapariciones parciales” en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4, que finalmente terminaron en el juzgado.
Alicia Martínez Albergati, una de las denunciantes, informó que la jueza Adriana Morosini unió todas las denuncias en un solo expediente y decidió avanzar en la investigación: este viernes a las 11.00, procederá a ingresar al cuartel junto al fiscal Rodrigo Morosoli y los denunciantes para hacer un “reconocimiento” del lugar donde estos últimos estuvieron recluidos y donde se produjeron los delitos de lesa humanidad denunciados, informó FM Gente.
Martínez Albergati dijo a la diaria que “si bien hemos tenido jueces y fiscales que tienen intenciones y nos han convocado al reconocimiento”, esto no se pudo hacer antes porque “los abogados de los denunciados interponen chicanas con recursos que lo que hacen es alargar en el tiempo el expediente”. La denunciante precisó que “originalmente” fueron 13 denunciantes, pero desde 2011 hasta ahora “el expediente ha ido creciendo”.
Martínez Albergati dijo que entre los denunciados hay oficiales del Ejército, tres médicos y además otras personas vinculadas a los servicios de inteligencia militares. Contó que en un departamento como Maldonado, “los compañeros se cruzan en el supermercado con sus torturadores”, y que uno de los médicos denunciados trabajó durante años para la intendencia de ese departamento. “Era el que te hacía el carné de salud cuando ibas a sacarte la libreta de conducir”, añadió.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017
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2) Argentina: Ex agente de la SIDE acusado por desaparición de dos uruguayos
(Caras y Carestas)
La Fiscalía argentina acusó a un ex agente de la SIDE por el secuestro y desaparición de cuatro personas en Automotores Orletti, entre ellos, Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez.
El fiscal federal Pablo Ouviña -al frente de la investigación por los crímenes del Plan Cóndor- acusó formalmente al ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Alejandro Enciso -extraditado desde Brasil, tras permanecer prófugo-, por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Enciso fue acusado por el secuestro y desaparición de cuatro personas, entre ellos, dos uruguayos, Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez.
Asimismo, el fiscal formuló acusación contra tres ex efectivos de la Policía Federal que prestaron funciones en ese centro clandestino. El fiscal acusó al ex jefe de la Policía Federal, José Néstor Gerrer -que prestó servicios en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal- y a los ex inspectores de la División de Asuntos Extranjeros, Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, según informó el portal web de la Fiscalía Argentina.
En su alegato, el fiscal Ouviña contextualizó los crímenes perpetrados en Automotores Orletti, en el marco de la concertación represiva del Plan Cóndor. En este expediente -anexado al principal- la imputación incluyó los delitos cometidos contra nueve personas que fueron secuestradas por los servicios de seguridad, trasladadas a ese centro clandestino de detención y torturadas. En ese marco, Ouviña definió a Orletti como un enclave argentino del Plan Cóndor, asociado principalmente a la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos.
Ouviña detalló -en línea con la tesis presentada en el proceso principal- que las fuerzas represivas desarrollaron un “plan criminal”, que implicó el secuestro clandestino, el interrogatorio por torturas, alojamiento y tratamiento inhumano de opositores políticos, y su liberación o “disposición final”, un “eufemismo del asesinato y encubrimiento de todos los rastros mediante la técnica de desaparición, esta vez, de los cuerpos de las víctimas”. Para esto “se establecieron diversos tipos de mecanismos de coordinación y apoyo mutuo” entre las fuerzas represivas, de forma de compartir información de inteligencia y el desarrollo de operativos conjuntos.
En este sentido, el fiscal estableció que en la planta alta de Orletti “había una gran máquina con la que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás” que “las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso, que había sido inundado de agua y sal gruesa. Este era el método conocido como ‘la colgada’, ‘la máquina’ o ‘el gancho’ y que en Oreletti era usado junto con el traspaso de energía eléctrica al cuerpo del prisionero, que se intensificaba cuando se les arrojaban baldazos de agua”.
A esas técnicas de tortura se sumaron las “brutales golpizas”; el “teléfono”, que consistía en golpes en los oídos; el “submarino seco”, es decir, la asfixia con bolsas, o “el submarino mojado”, con inmersión de la víctima en agua u otros líquidos; las quemaduras con cigarrillos, el “plantón” -obligación de permanecer parado en extensos períodos-; simulacros de fusilamiento y la presencia de la tortura de seres queridos.
“Es necesaria esa visión conjunta, porque comprende un universo tan atroz que resulta difícil de imaginar. Que esa atrocidad sea difícil de imaginar tampoco es algo casual. Esto es así, porque no solamente fue un plan sistemático de represión. El ocultamiento y lo que implica la desaparición de personas, también fueron sistemáticos. Tuvieron una finalidad concreta. Eran formas de negar lo ocurrido, de lograr impunidad”, expresó Ouviña ante el Tribunal.
La banda de Gordon
El principal acusado en este expediente es el ex agente de la SIDE, César Enciso -extraditado desde Brasil, tras permanecer prófugo-. Enciso era un “matón” de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), integrante “de la banda de Gordon” -del agente parapolicial Anibal Gordon, que estuvo vinculado con la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A), que pregonaba -al igual que los demás integrantes- una ideología de extrema derecha.
En este marco, el fiscal Ouviña estableció que Enciso, (a) Pino o Polaco, tenía una estrecha relación con Gordon desde 1973 y que integró la SIDE como inorgánico al menos desde 1974. En 1976, se incorporó al equipo de represores que actuaron en Automotores Orletti y se mantuvo operativo al servicio de la SIDE, tras el cierre del centro clandestino. Ese mismo año, se casó con la hija del ex jefe de la SIDE, Otto Paladino.
Enciso “participó de la privación ilegítima de la libertad, sometimiento a tormentos y asesinatos perpetrados por la Banda de Gordon mientras ese centro clandestino de detención estuvo en funcionamiento”, aseveró el fiscal. Su participación en estas actividades fue certificada por el testimonio de varios sobrevivientes y por informes de inteligencia de la Policía bonaerense, ya que tras el retorno de la democracia fue investigado por crímenes comunes cometidos durante la dictadura por “la banda de Gordon”.
Sin embargo, el fiscal Ouviña sólo pudo imputar a Enciso por la privación ilegal de la libertad de cuatro víctimas, ya que así lo establece la sentencia de extradición del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que limitó la extradición a los hechos vinculados con personas que aún continúan desaparecidas, ya que Brasil no firmó la Convención contra la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad.
Según la jurisprudencia brasilera todos estos hechos están prescriptos, con excepción de las privaciones ilegítimas de la libertad de personas que permanecen desaparecidas, porque son delitos permanentes y hasta que la persona no aparece no cesa su comisión, señala el portal web de la Fiscalía Argentina. En este marco, la acusación incluye el secuestro y desaparición de los militantes del PVP, Gerardo Gatti y Julio Cesár Rodríguez y de las argentinas Manuela Santucho y su cuñada, Cristina Navajas.
Gatti -quien fue presidente del Sindicato de Artes Gráficas y fundador de la CNT- fue secuestrado el 9 de junio de 1976, trasladado a Orletti y brutalmente torturado. Tras su detención, los represores solicitaron un rescate por 2.000.000 de dólares. Gatti permanece desaparecido. Su hija Adriana fue secuestrada en 1977, mientras estaba embarazada, y fue asesinada y desaparecida. Su cuerpo fue sepultado como NN en un tumba del cementerio de la Chacarita; fueron identificados en 1983.
En tanto, Julio Cesár Rodríguez tenía 20 años y fue integrante de la ROE hasta que se exilió en la República Argentina junto a su esposa. Allí se integró al PVP. Fue secuestrado el 15 de junio de 1976, cuando ingresaba a la fábrica en la que trabajaba, donde lo estaban esperando dos personas de civil y miembros del Ejército. Después del paso por una comisaría, fue llevado a Orletti. Allí fue torturado; fue el último lugar donde se lo vio con vida. Desde entonces, permanece desaparecido.
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3) Ejecutivo y VTV acordaron rescisión de canal de televisión digital
(La Diaria)
En una resolución fechada el 23 de mayo, el Poder Ejecutivo acordó con la empresa Saomil SA (VTV) la rescisión anticipada del contrato para prestar servicios de televisión digital comercial en el área metropolitana. En 2013, tras un llamado público, el gobierno había asignado dos nuevas frecuencias para prestar servicios de televisión digital a VTV y al consorcio Giro, integrado por las cooperativas La Diaria y Demos. Con Giro rescindió el contrato en febrero de este año, y la semana pasada hizo lo propio con VTV.
Los motivos considerados en la resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez fueron los mismos en ambos casos. El Poder Ejecutivo reconoce que las condiciones de adjudicación de las frecuencias “se vieron sustancialmente alteradas” por el dictado de la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló el decreto 153/012, que estableció el marco regulatorio de la televisión digital. La sentencia del TCA fue a raíz de un recurso revocatorio presentado por el Grupo Clarín, que se vio perjudicado por la reserva y reorganización del espectro de frecuencias. Luego de la anulación, el gobierno dictó otro decreto para reorganizar frecuencias, pero omitió mencionar la fecha del apagón analógico, que sí estaba establecida en el decreto original. Esto, a juicio de las empresas adjudicatarias, determinó un cambio en las reglas de juego, ya que no podían competir en igualdad de condiciones con los actuales operadores, que seguirían operando sus frecuencias analógicas.
El Ejecutivo reconoce en la resolución de rescisión a VTV, y también a consorcio Giro, que la anulación del TCA “alteró sustancialmente la relación de equilibrio original entre el Estado y los adjudicatarios existente al tiempo del dictado de la resolución adjudicataria”, y constituyó “un impedimento por justa causa para que se pudiera ejecutar el contrato resultante del llamado en cuestión”, ya que la sentencia del TCA “cambió las condiciones objetivas originales” del llamado.
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4) Partido Nacional llevará la compra de la casa de la calle Penco a la Justicia
(Montevideo Portal)
El Partido Nacional trabaja para llevar a la Justicia el caso de la fallida compra del inmueble de la calle José María Penco y Regimiento 9 que iba a ser adquirido por la Intendencia al doble del valor que sus últimos dueños lo habían comprado dos días antes. Si bien, tras conocerse el hecho, el intendente Daniel Martínez dio marcha atrás en la compra y anunció una investigación administrativa, la oposición en la Junta Departamental quiso conocer los pormenores de las decisiones del negocio y no le fue permitido. La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas al constatar que el mismo padrón se había comprado dos días antes por 750 mil dólares, cuando la Intendencia lo adquirió por un millón y medio.
“Creemos que el FA no quiere citar a los funcionarios de carrera porque tienen temor de que mencionen a algún nombre de carrera política y el FA quiere cuidar al Intendente. El Frente Amplio no nos deja investigar más”, señaló el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez. “El pliego licitatorio es un traje a medida del inmueble. Es bastante curioso”, señaló Rodríguez quien hizo hincapié en que la Intendencia se retiró de la compra recién cuando el tema salió a luz. “La compra quedó sin efecto y los propios actores que vendían el inmueble no quisieron continuar con la operación. Si esto no salía a luz, el negocio seguía para adelante”, agregó.
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5) Diputado y PIT-CNT constataron “severos problemas de seguridad laboral” en Arrozal 33
(La Diaria)
El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez informó a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados (que él mismo integra) sobre lo constatado en la visita que hizo el viernes a Arrozal 33, “en el marco de las denuncias realizadas por la organización sindical del establecimiento”.
En una nota dirigida a la comisión parlamentaria, Núñez explica que “luego de recorrer las instalaciones de la planta” junto a representantes del sindicato y una delegación de la Mesa Departamental del PIT-CNT, se constataron “severos problemas de seguridad laboral”.
“En primer lugar, la fumigación realizada desde avionetas, con herbicidas y agrotóxicos, en el campo en el momento en que los trabajadores se encuentran desempeñando sus labores”, cuenta Nuñez, que agrega que “en diálogo” con el representante de Arrozal 33, Álvaro Platero, “la empresa reconoció que existen ‘problemas de comunicación’ entre quienes realizan la fumigación y los trabajadores en el campo a la hora de coordinar la evacuación del área que va a ser fumigada”.
El legislador también constató que “el transporte que lleva a los trabajadores de la planta al campo carece de las más mínimas condiciones de seguridad. El traslado se realiza en la caja de camiones y camionetas, que no cuentan con asientos, cinturones de seguridad, cabina cerrada, etcétera. La empresa también reconoció que estas dificultades existen”. El diputado del Partido Comunista añade que constató “problemas severos en el estado de los tractores”: varios “no cuentan con cabina, por lo que los trabajadores desarrollan su labor a la intemperie en cualquier situación climática”.
“Otros tantos tienen graves problemas de mantenimiento, como la ausencia de frenos o de cinturones de seguridad. En este punto, la empresa también reconoce las carencias”, dice el legislador. Según Núñez, Platero reconoció “todas” estas situaciones y se comprometió a instalar una comisión de seguridad, integrada por representantes de la empresa y del sindicato, y “supervisada por un técnico prevencionista, para trabajar sobre estos asuntos”.
“Sin embargo, a pesar de ‘reconocer la organización sindical’, la empresa realizó despidos y envíos a seguro de paro a varios de los dirigentes sindicales que encabezaron el conflicto, mientras mantenía la realización de horas extras por parte de otros trabajadores. Esto implica una clara señal de represión sindical, situación que hace complejo el panorama para la solución de los temas antes mencionados”, concluye el informe.
La empresa ya había sido multada por la Inspección General del Trabajo a fines de abril por realizar traslados de personal en vehículos inadecuados.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017
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